COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA

(Sesión celebrada el día 29 de setiembre de 2021).

(Jornada matutina).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:24).

                ‒La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a una delegación del Ministerio de Ambiente encabezada por el señor ministro, Adrián Peña, quien viene acompañado por el doctor Gerardo Amarilla, subsecretario; la directora de Cambio Climático, señora Natalie Pareja; el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, señor Eduardo Andrés; el director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, señor Gerardo Evia; la directora nacional de Aguas, señora Viviana Pesce; el gerente de Jurídica, doctor Marcelo Cousillas; la gerente de Planificación, señora Karen Tierney; la gerenta de Planificación Ambiental, señora Marisol Mallo, y el director general de Secretaría, doctor Diego Iglesias.

Señor ministro, le damos la bienvenida y con mucho gusto le ofrecemos la palabra.

SEÑOR MINISTRO.- Gracias, señor presidente.

                Muy buenos días. Es un gusto para el Ministerio de Ambiente participar en la sesión de esta comisión en la mañana de hoy. Y en lo personal es un gusto también saludar a mis excompañeros del Senado.

Vamos a comenzar con una primera introducción donde estaremos informando sobre lo realizado por el Ministerio de Ambiente en el año 2020.

Como ustedes saben, el ministerio surge producto de la ley de urgente consideración, y con el subsecretario Amarilla asumimos el 27 de agosto del año 2020, por lo cual parte de lo que vamos a estar anunciando tiene que ver con una etapa previa a nuestra asunción en nuestros cargos.

También quiero aclarar que los informes tienen que ver, básicamente, con dos unidades ejecutoras, que son la Dinama y la Dinagua. Desde el 1.º de enero de 2021 y como resultado de la ley de presupuesto nacional, la Dinama ya no existe. Se ha dividido en dos direcciones: la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. A su vez, también como consecuencia de la ley de presupuesto, mantenemos la Dirección Nacional de Aguas y hemos elevado al rango de dirección nacional a Cambio Climático, que hasta este momento era un departamento dentro del anterior Mvotma. Hemos entendido relevante y fundamental elevar la categoría de la hoy Dirección Nacional de Cambio Climático.

Por tanto, lo que vamos a informar hoy refiere a esas dos direcciones con las cuales funcionó el ministerio hasta el 31 de diciembre de 2020, que son la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Aguas.

El Ministerio de Ambiente instrumenta la política nacional ambiental y la política nacional de aguas. Diseñamos e implementamos los planes nacionales de protección del ambiente; la gestión integrada de los recursos hídricos, el agua potable y el saneamiento; así como el ordenamiento territorial y de conservación y uso de los recursos naturales, propiciando un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible que mejore la calidad de vida de la población, conserve los ecosistemas del país y contribuya al abordaje nacional e internacional del cambio climático y las demás cuestiones ambientales a nivel global.

Reunimos la experiencia institucional, funcional y técnica en esas materias y focalizamos los esfuerzos en innovar con eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

Reconocemos la importancia del agua para la vida, para la producción y la conservación, que requiere una actuación decidida que efectivamente priorice integrando la dimensión ambiental al desarrollo económico y social del país.

En relación a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, su misión es lograr una adecuada protección del ambiente, incluyendo la mitigación y adaptación al cambio climático, propiciando el desarrollo sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población y la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas, fortaleciendo las capacidades institucionales y de la población en la gestión ambiental.

El 2020 marcó un año de grandes cambios en la institucionalidad ambiental, generando nuevos desafíos en materia de ambiente. Los pilares de trabajo fundamentales para el período han sido el cuidado de la calidad del agua, la promoción del desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las funciones de control y autorización ambientales y la mejora en la gestión de residuos, para mejorar la efectividad y eficacia de los instrumentos de gestión ambiental y proteger el ambiente a través del fortalecimiento y modernización de los sistemas de autorizaciones y control ambiental.

Los indicadores globales de los procesos de autorizaciones ambientales involucrados en el año 2020 hablan de 110 clasificaciones de proyectos, 74 autorizaciones ambientales previas clasificadas A y 25 autorizaciones ambientales previas clasificadas B. En el mismo período se otorgaron 10 autorizaciones ambientales de operación y 85 permisos relativos a la faja de defensa de costas.

La Dinama ha continuado el trabajo para mejorar los tiempos de los procesos de autorizaciones ambientales y fortalecer el seguimiento de los mismos. Se destaca el proceso de seguimiento de emprendimientos de alta complejidad asociados a la construcción de la planta de celulosa UPM 2 y el proyecto del Ferrocarril Central, con un total de doce aprobaciones en el segundo semestre.

En el marco del proceso de seguimiento de las obras de la nueva planta de celulosa, se conformó la comisión de seguimiento Paso de los Toros, cuya primera reunión se celebró el 8 de octubre. Sobre este tema hablaremos también más adelante.

                Con relación al sector forestal, se definió una propuesta técnica para la regulación ambiental de las plantaciones forestales menores a 100 hectáreas y un ajuste de los criterios de autorización de las plantaciones, articulando este trabajo con la Dirección General Forestal y la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

                Las estrategias de control y mejora del desempeño ambiental del período se centraron en fortalecer el trabajo vinculado a la preservación y cuidado de la calidad ambiental, en particular del agua, en las cuencas definidas como prioritarias, apoyando el desarrollo de prácticas aplicables, sostenibles y sustentables a la producción industrial y agropecuaria y el control de las fuentes de contaminación.

                Durante el año 2020 se tramitaron 91 planes de gestión de residuos, 102 renovaciones de autorización ambiental de operación y 50 proyectos de plantas de tratamiento de efluentes industriales. El sistema de gestión de denuncias ambientales recibió y tramitó 885 denuncias.

                En cuanto a los logros del período 2020 en el sector vinculado a la producción, a la agropecuaria, lechería y ganadería, se continuó con el desarrollo de la estrategia interinstitucional con la participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Inale, el INIA, la Udelar, la UTEC y Conaprole, para la mejora del desempeño ambiental del sector en tambos. A finales del año 2020 se proyectó contar con sistemas de gestión de efluentes operativos para unos 400, 500 tambos de la cuenca del Santa Lucía, a los que se ha brindado asistencia técnica por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

                Como parte del desarrollo de las nuevas herramientas de control, se continuó con un proceso de implementación del sistema de monitoreo continuo de efluentes. En 2020 se conectaron 29 empresas, que constituyen el 51 % de las empresas que se prevé conectar en el plan. Se trata de un plan que finaliza este año. Actualmente, se están recibiendo unos 12.500 datos por día de estas empresas.

                En cuanto a desarrollo de planes y programas tendientes a promover la producción y el consumo sostenible, el objetivo es el desarrollo y aplicación de medidas integradas entre adaptación y mitigación del cambio climático. En ese marco existen acuerdos de trabajo entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se avanzó en el desarrollo de un convenio marco para trabajar en el desarrollo sostenible de la cuenca del río Santa Lucía, con el fin de desarrollar mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional para gestionar adecuadamente el desarrollo sostenible relacionado a las actividades vinculadas al área agropecuaria en el río Santa Lucía y su cuenca, de forma particular la protección de la calidad del agua y de los ecosistemas.

                Se continuó con la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Ambientalmente Adecuada de Plaguicidas, incluyendo cooperación internacional. Es un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y ejecutado con el apoyo del FAO. El proyecto tiene por objetivo fortalecer el marco legal y la capacidad institucional para el manejo de plaguicidas a lo largo de todo su ciclo de vida. En el marco del mismo se destacan como principales avances el fortalecimiento de la capacidad analítica en materia de plaguicidas, acreditados en laboratorio de Dinama; el análisis de 36 principios activos en agua bajo la norma ISO 17025:2017; la actualización del inventario de plaguicidas obsoletos, y la continuación de los procesos de capacitación y difusión de resultados.

                Se promovió la implantación de una gestión integral de residuos sólidos, priorizando la minimización, la generación y la valorización de residuos y el desarrollo de estrategias de inclusión social.

                En materia de residuos, en el segundo semestre del año 2020 se ha dado un fuerte impulso a la reglamentación de la ley de gestión integral de residuos y a los procesos de planificación que permiten lograr una mejora sustancial de la gestión en todas las corrientes. En ese sentido, en diciembre de 2020, en el ámbito de la Cotama, se realizó el lanzamiento del desarrollo del Plan Nacional de Gestión de Residuos, en el marco de un proceso ampliamente participativo, y se iniciaron las primeras acciones para la conformación de la comisión de coordinación y planificación sobre residuos dirigida a mejorar los procesos de coordinación en el sector público entre los ámbitos nacional y departamental. Hemos trabajado todo este año y estaremos presentando un avance del plan la semana que viene, el 7 de octubre, también en el ámbito de la Comisión Técnico Asesora de Medio Ambiente, que reflotamos sobre finales del año pasado. Nuestra aspiración es poder presentar el plan definitivo sobre finales de este año, tal cual nos trazamos en diciembre de 2020.

                En materia de residuos electro-electrónicos se continuó con  la ejecución del proyecto regional Residuos Electrónicos en América Latina.

                En octubre de 2020 se dio inicio al proceso de elaboración de las bases técnicas para la reglamentación de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en el marco de la Ley n.º 19829. En el marco de los procesos de seguimiento y mejora normativa, se elaboraron proyectos de modificación. Así, se modificó el Decreto n.º 182/013, de 20 de junio de 2013, que alcanza la gestión de residuos sólidos industriales, agroindustriales y de servicios. Se modificó el Decreto n.º 03/019, de 7 de enero de 2019, que reglamenta la Ley n.º 19655, de agosto de 2018, de uso sustentable de bolsas plásticas. Y se modificó  el Decreto n.º 373/003, que reglamenta la gestión ambientalmente adecuada de baterías plomo fuera de uso o desechadas.

En lo que tiene que ver con el trabajo en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos, como les comentaba al comienzo esto hoy es una nueva dirección nacional, una nueva unidad ejecutora, a nivel del Ministerio de Ambiente, pero en el año 2020 continuaba siendo una parte de la  ex-Dinama. Y el objetivo de toda el área de biodiversidad refiere a consolidar las estrategias nacionales de protección de la biodiversidad, desarrollando modelos de gestión integrada en áreas de alto interés ambiental. En el marco del Programa para la Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación forestal, conocido como REDD+, se ejecutaron acciones de restauración –Plantatón Uruguay–, con la introducción de especies nativas sobre cuatro sitios en tres departamentos del país. Estos departamentos fueron Cerro Largo, Colonia y Salto, donde se plantaron más de 1300 ejemplares de ellas. Las acciones contaron con un amplio apoyo de la comunidad local, organizaciones sociales, centros educativos, instituciones departamentales y nacionales y diversos colectivos sensibilizados con el cuidado ambiental. Este programa ha tenido un fuerte empuje en el año 2021. Hemos pasado de estos 1300 ejemplares. Estamos culminando, el fin de semana, con un Plantatón en Vichadero. Hubo uno el lunes en Punta del Diablo. Pero estamos superando los 3000 ejemplares, más que duplicando lo que se plantó en el año 2020. Y estamos trabajando en escalar esta iniciativa no solo en la cantidad, sino también en los abordajes para el próximo año 2022.

En cuanto a la gestión costera, al igual que en años anteriores se realizó la jornada de limpieza de costas con el involucramiento de la sociedad civil y Gobiernos departamentales, con una altísima adhesión voluntaria, que posibilitó retirar de las arenas de las playas en el orden de los 5000 kilos de residuos sólidos.

Se destaca la finalización de la primera etapa de las obras previstas, bajo coordinación con la Intendencia de Canelones, para la restauración de la zona de Parque del Plata y arroyo Solís Chico, lo que incluyó la reubicación y apertura de la desembocadura del arroyo Solís Chico y un importante movimiento de arena hacia la playa.

Lo importante para nosotros aquí es que desde el inicio del proceso se generó un ámbito de trabajo permanente de la comisión de seguimiento con el Municipio de Parque del Plata, en el que participan la alcaldesa, los concejales y los vecinos organizados, quienes acompañaron de cerca esta experiencia, que llevó adelante en principio la Dinama con la Intendencia de Canelones y que estamos replicando en otros casos. Con un sistema similar estamos comenzando a trabajar en unas propuestas de restauración en La Floresta. Es una experiencia donde el Gobierno nacional junto con el departamental y el local y la comisión de vecinos han trabajado de muy buena manera, y nos parece un modelo interesante a seguir replicando para el abordaje de estas soluciones.

Con apoyo del PNUD se ha materializado la instalación de bolardos, cartelería informativa y otras acciones de  conservación en procura de un manejo costero integrado con articulación de los Gobiernos locales y vecinos de los departamentos costeros del sur del país.

Se asistió al Municipio de Juan Lacaze para la habilitación de una nueva zona recreativa balnearia en las proximidades de la localidad de Villa Pancha. Elaboramos una propuesta preliminar con énfasis en el ordenamiento del tránsito vehicular, delimitación del acceso y senderos peatonales, proyecto de una pasarela elevada, conservación de la comunidad vegetal psamófila y otros aspectos relacionados con la higiene ambiental y atención e intervenciones vinculadas a la extracción artesanal de arena.

                Se creó el grupo de trabajo ad hoc para el estudio de la interacción de los deportes náuticos con el uso de áreas por aves acuáticas y de orilla en la laguna Garzón, dando sostén a la regulación de zonificación y limitación de la actividad del kitesurf sobre el área protegida de Laguna Garzón.

                En el año 2020, a partir del Decreto n.° 059/020 se ingresó a la laguna de Castillos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En coordinación con el Ministerio de Turismo se desarrolló el portal «Destinos naturales», que presentamos el 15 de diciembre. Dicho portal está destinado a los visitantes de áreas protegidas y dispone de información de utilidad para un mayor provecho de su visita, como ser información de ubicación y acceso a cada área y los servicios con los que cuenta, incluidos un mapa interactivo. Allí se presenta la posibilidad de actividades que pueden desarrollarse durante la visita, los sitios de interés a recorrer y los teléfonos de contacto del área protegida. Invito a todos los senadores a que ingresen a este sitio web donde verdaderamente hay acceso a esas 17 áreas protegidas que tiene Uruguay, y que son esos «Destinos naturales», que por efecto de la pandemia fueron muy visitados por los uruguayos, ya que se dio mucho turismo interno y tuvieron la posibilidad de descubrir estos lugares. No obstante, todavía sigue siendo algo desconocido para la mayoría de los uruguayos y esa posibilidad de acceso a través de esta plataforma es bien interesante para que conozcan los lugares y puedan planificar alguna visita. 

                En cuanto a la gestión sustentable de los recursos hídricos, los señores senadores saben que toda la parte vinculada a la calidad del agua depende de la exDinama y hoy de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.  El objetivo es preservar la calidad del agua y de los ecosistemas hídricos a través de la promoción de modelos de gestión sostenibles de cuencas y acuíferos, incorporando tecnología de punta en los procesos de evaluación y seguimiento, promoviendo la generación de conocimiento y fortaleciendo el desarrollo e instrumentación de medidas tendientes a la protección de los ecosistemas. Durante el año 2020 se continuó con la operación de la red de calidad de agua que integra 163 estaciones discretas. En cada una de estas estaciones se estudian al menos 40 parámetros ambientales. Estos datos permiten definir las medidas y acciones más apropiadas en cada caso; la información se comparte con otros organismos del Estado y la academia, y se pone a disposición de todos los uruguayos a través del sistema del Observatorio Ambiental Nacional, una plataforma digital de información ambiental y de libre acceso. Reitero que todos estos datos vinculados a la calidad del agua y de las 163 estaciones discretas están disponibles para cualquiera que quiera acceder a ellos. 

                Se profundizaron los ámbitos de trabajo intergubernamentales para mejorar la calidad de las aguas, fortaleciendo los abordajes integrales. En el segundo semestre de 2020 y bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente se ejecutaron avances importantes en relación con la iniciativa del Río Negro.

                En materia de desarrollo tecnológico aplicado a mejorar las capacidades para la evaluación de la calidad de las aguas, se destacan los avances desarrollados por la Dinama en la identificación de floraciones algales mediante imágenes satelitales. De esta forma comienza una nueva etapa de trabajo, que complementa el monitoreo tradicional que se hace en el lugar, con una actividad innovadora que da seguimiento a los cuerpos de agua en su extensión y que se realiza con mayor frecuencia.

                Como habrán podido ver, esta es una novedad de finales del año 2020. Se trata de un desarrollo en el que venía trabajando la Dinama hacía tiempo. Básicamente la información que se obtiene a través del satélite es almacenada, y eso luego es transformado en modelos matemáticos que permiten la predicción de la generación de cianobacterias y de posibles floraciones. Esto tiene un efecto muy positivo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la prevención en las zonas de baño.

                Esta es una muestra de la importancia del cruce entre tecnología y ambiente, porque más allá del control del lugar tenemos la oportunidad de aplicar este desarrollo en el que ha trabajado gente de la Facultad de Ciencias con la Dinama. 

                En cuanto al Observatorio Ambiental Nacional, señalamos que su función principal es fortalecer la operativa mejorando los procesos de evaluación de la calidad ambiental y consolidando el sistema de información ambiental para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de la información ambiental clave.

                Se continuó con el desarrollo del Observatorio Ambiental Nacional, que fue creado por ley. Se siguió con la protocolización de indicadores ambientales y su integración con los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Como principales avances del año 2020, se destacan los progresos en el desarrollo de herramientas de visualización y procesamiento de imágenes de aplicación satelital, como decíamos recién, a tiempo real, para la determinación de cianobacterias. Estos avances permitieron incorporar en el Observatorio Nacional Ambiental un visualizador interactivo para acceder a imágenes satelitales en punto relevantes, embalses y lagunas, y superponer procesamientos matemáticos que permiten visualizar la presencia de floraciones algares.

                Con relación al sistema de información ambiental se continuó con el desarrollo de las aplicaciones para la generación de información mediante sensores remotos para apoyar el trabajo de gestión ambiental, y se avanzó en la mejora de la calidad de datos.

                En cuanto a los procesos de participación y descentralización, se ha tratado de fortalecer las capacidades locales para mejorar la implementación integrada de la política ambiental a través de la descentralización para la gestión ambiental en el territorio, promoviendo la concientización a la población para el desarrollo sostenible, y profundizando los procesos de participación pública. Se continuó con el fortalecimiento de la herramienta de participación ciudadana, educación y relaciones con el medio. Se trabaja en coordinación con la red de educación ambiental para el desarrollo humano y sostenible que lidera el Ministerio de Educación y Cultura. Se resalta el fortalecimiento de los procesos de participación pública en particular en lo relacionado con los emprendimientos asociados a la instalación de la nueva planta de celulosa.

En el marco del proyecto Eccosur se realizó el lanzamiento del proyecto Eco Lavalleja sobre manejo agroecológico y cuidado del ambiente. Es un proyecto de gestión integrada de residuos orgánicos que tiene como objetivo principal disminuir la generación de residuos y el volumen del vertedero de Lavalleja. Para profundizar la coordinación interinstitucional y la participación de la sociedad en el asesoramiento para la elaboración de políticas públicas en materia de ambiente y desarrollo sostenible, en diciembre de 2020 volvió a conformarse la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente. La primera sesión del plenario tuvo lugar el 16 de diciembre contando con una amplia representatividad de las instituciones y las organizaciones que la componen, tanto del sector público como del sector privado, y las organizaciones de la sociedad civil. En este ámbito se anunció el lanzamiento del Premio Nacional de Ambiente y la convocatoria para la conformación de una Red de Promotores Ambientales con el objetivo de reforzar la capacitación de grupos locales para participar en la gestión ambiental. Ambas iniciativas ya transcurrieron en el presente 2021, ya culminamos el sábado pasado la última jornada de la Red de Promotores Ambientales en la que formamos a cientos de personas con inquietudes ambientales en todo el país, y el 5 de junio en el Palacio Legislativo con la presencia del presidente de la república entregamos el Premio Nacional de Ambiente, instancias que ya estamos planificando para el año 2022.

                En cuanto a la gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos se continuó con el funcionamiento del centro regional para la gestión de aguas subterráneas en América Latina y el Caribe, CeReGas, como centro de categoría 2 auspiciado por la Unesco. En este marco se continuó avanzando en el fortalecimiento de la protección de las aguas subterráneas destacándose en particular las actividades relacionadas con el acuífero Guaraní, cuestión que conecta, como veremos, en minutos, con la actividad central de la Dirección Nacional de Aguas.

 En cuanto al desarrollo de planes y programas tendientes a promover la producción de consumo sostenible, en este período se ha comenzado a ejecutar una consultoría en el marco de un proyecto denominado creación de capacidades institucionales y técnicas para aumentar la transparencia en el marco del acuerdo de París para dar insumos para desarrollar acciones para el cumplimiento del compromiso de la disminución de emisiones con gases de efecto invernadero originadas en el tratamiento anaeróbico de efluentes industriales. Los pilares de trabajo fundamentales para el período han sido el cuidado de la calidad del agua, la promoción del desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las funciones de control y las autorizaciones ambientales en la mejora de residuos.

Pasando a lo que tiene que ver estrictamente con la participación de la ciudadanía, además de la Comisión de Seguimiento de la obra de UPM 2 que constaba de la autorización ambiental previa, es una herramienta de suma importancia en el seguimiento del proyecto de UPM 2. Como decíamos anteriormente, el 8 de octubre del año 2020 se reunió por primera vez, pero ya lleva un par de instancias más de reunión, donde se va informando sobre los avances de la obra, los actores participan y se avanza sobre el desarrollo de la misma. Pero además de esa participación se armó un grupo de trabajo interinstitucional para la reglamentación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; también se inició en octubre de 2020, y está integrado por actores involucrados en la temática contando con representación del sector importador, de los fabricantes, del sector público, del ámbito académico y de la sociedad civil.

Además, la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente se reunió el 16 de diciembre de 2020 y el 10 de diciembre también se reunió la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas. Por tanto, se cuenta con diferentes ámbitos y mecanismos de participación de la sociedad civil en el diseño, evaluación y monitoreo de las políticas públicas. Esto para nosotros es muy importante.

                Con respecto a la Dirección Nacional de Aguas, su misión es formular las políticas públicas de agua, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la república. Se propende al uso sustentable de los recursos hídricos del país, garantizando a los habitantes el ejercicio de los derechos humanos, fundamentalmente de acceso al agua potable y al saneamiento. Gestionamos los recursos hídricos de manera integral y participativa con el resto de los actores involucrados, implementando medidas tendientes a prevenir y mitigar los efectos negativos que la variabilidad y el cambio climático tienen sobre el ciclo hidrológico. Uno de los objetivos es mejorar el sistema de otorgamiento de derechos de uso y agua, promoviendo su utilización eficiente y sustentable desde un enfoque técnico, legal y administrativo.

Entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del año 2020 se inscribieron en el Registro Público de Aguas, 418 derechos de aprovechamiento de agua, de ellos, 304 permisos, 70 concesiones de uso, 10 licencias de perforador y 34 contratos de suministro de agua. La información fue publicada y comunicada a los registros de traslación de dominio de todo el país. Se habilitó el Registro de Solicitantes de Usuarios de Aguas y la solicitud de derechos de uso de agua en forma online, y también se implementó el ingreso de la declaración jurada de las empresas perforadoras en forma online. Se alcanzó el 91 % de los trámites de Dinagua, que pueden realizarse en línea, contribuyendo al objetivo transversal del Estado uruguayo, en el sentido de que los trámites de la Administración Central estén disponibles en línea, con el apoyo de Agesic.

Se realizaron las tareas previas y de preparación del Proyecto Empatía, aplicación de inteligencia artificial en la detección en la toma directa de agua, llevado adelante por Dinagua mediante convenio entre el Ministerio de Ambiente e Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, cuyo objetivo consiste en el desarrollo e incorporación de una herramienta tecnológica que permita determinar tomas de extracción directas en los cursos de agua del país e innovar en los mecanismos de fiscalización de los recursos hídricos, generando conocimiento de las obras de aprovechamiento de aguas públicas. Se elaboró un proyecto para la inscripción de los contratos de suministro de agua a terceros en el Registro Público de Aguas, de acuerdo a las disposiciones de la Ley n.º 19553.

                En lo que tiene que ver con la promoción de la formación y la capacitación permanente para el desarrollo de capacidades técnicas de las distintas disciplinas vinculadas con los recursos hídricos y con el objetivo de desarrollar líneas de investigación e innovación que contribuyan a la gestión del agua, se realizó un curso web: Armonización de Marcos Legales en la Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos, una aproximación para América Latina y el Caribe. Esto fue realizado en el marco de una actividad internacional organizada conjuntamente por la Dinagua, el Ministerio de Ambiente de Uruguay y la Unesco. Se avanzó en definiciones para la implementación de un proyecto piloto de fortalecimiento de los espacios presenciales de participación, a través de la incorporación de herramientas digitales de participación y desarrollo de nuevos procesos de comunicación entre la Dinagua y Agesic. Se busca generar sinergias que promuevan proyectos de investigación y desarrollo de conocimiento y capacidades que contribuyan a la gestión integrada de los recursos hídricos y a la ejecución de los planes.

                En cuanto a lo que tiene que ver con la planificación de la gestión integrada, sustentable y participativa del agua, en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Aguas, de los planes de Cuencas y Acuíferos, del Plan de Aguas Urbanas, en particular, de las cuencas estratégicas, participaron los consejos regionales y las Comisiones de Cuencas y Acuíferos. Se ha procedido a evaluar los recursos humanos necesarios para administrar y controlar los recursos superficiales y subterráneos para promover el desarrollo sustentable de las cuencas y los acuíferos, considerando el efecto que la variabilidad y el cambio climático tienen sobre el ciclo hidrológico. Se ha continuado trabajando en el plan de mantenimiento y actualización de la red hidrométrica, sustituyendo equipos y ampliando la red del servicio hidrológico. Se actualizaron los reportes estadísticos.

En el marco de un convenio entre OSE y el Ministerio de Ambiente transitamos la etapa de instalación de piezómetros para la medición automática del nivel de conductividad de la temperatura para el monitoreo de aguas subterráneas en la zona aflorante del sistema del Acuífero Guaraní en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Artigas. Se ha trabajado en la etapa final de elaboración del plan de cuenca del Río Santa Lucía. Se encuentran en elaboración los planes de gestión integrada de las aguas del sistema del Acuífero Guaraní y de las cuencas de Laguna del Cisne, Río Negro y Laguna Merín. Se cocoordina con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para construir los atlas de las diferentes regiones hidrográficas y cuencas del país, que constituyen parte del diagnóstico de los planes de cuenca en conjunto con otros actores nacionales. En el marco del Consejo Nacional de Recursos Hídricos para la cuenca de la Laguna Merín se ha trabajado en acuerdo con la FAO en la ejecución de programas para formular un proyecto binacional con Brasil con el objetivo de promover la gestión integrada en la cuenca de la Laguna Merín y en las lagunas costeras. Se realizó un taller binacional de lanzamiento y hubo varias reuniones interinstitucionales para el armado del proyecto. Se realizan sinergias entre el plan de gestión integrada del agua de la Laguna Merín, que está en construcción, y el armado del proyecto para contribuir a la planificación armonizada a nivel de país y a nivel binacional.

En cuanto al sistema de gestión, de monitoreo e información de agua, el objetivo es mejorar la gestión del sistema de monitoreo e información del agua, actualizando la infraestructura y la tecnología para incrementar la capacidad de evaluación, planificación y toma de decisiones estratégicas de la Unidad Ejecutora. Se mejoraron y ampliaron las funcionalidades del sistema de información hídrico en el módulo del subsistema gestión de aprovechamiento. Se publica información de aprovechamientos y registros de derechos de uso en el visualizador web. Se desarrollan rutinas para cálculos estadísticos estandarizados y se publican los reportes. Se puso en producción el módulo subsistemas datos hidrológicos. Se prevé el desarrollo de rutinas de cálculos estadísticos e indicadores y publicación en el visualizador web. Se encuentra en desarrollo continuo para ambos módulos la publicación de la información básica de aprovechamiento y datos hidrométricos en el portal y en el visualizador de la web. Se ha continuado con la disponibilización de la información hidrológica de las bases de datos de niveles y caudales de las estaciones de monitoreo –las automáticas– y la información sobre inundaciones y drenaje urbano a través del geoportal de Dinagua y en el sitio web del Ministerio de Ambiente. Se generó un modelo de predicción preliminar en la cuenca del Río Santa Lucía para alerta temprana por inundaciones en la ciudad de Santa Lucía. Se ha mejorado y ha acondicionado la sala de situación de Dinagua, la que permite realizar el monitoreo, pronóstico y alerta hidrológica para el Sistema Nacional de Emergencias. Se aumentaron las capacidades del sistema operacional hidrológico, que fue previamente implementado en conjunto entre Dinagua y el Sinae. Dicho sistema fortalece a la sala de situación y permite importación de datos hidrometeorológicos en tiempo real, el procesamiento de datos, la ejecución de modelos operativos de pronóstico por inundaciones, que son parte de los sistemas de alerta temprana por inundaciones, y facilita la visualización de productos en tiempo real, que da un soporte al operador de la sala de situación y pronóstico en las tareas de alerta temprana. Se incorporaron indicadores de precipitación del sistema de información de sequía para el sur de Sudamérica.

 En cuanto a la elaboración de planes y programas para el acceso universal al agua potable, el objetivo es crear e implementar planes para lograr la universalización del acceso al agua potable y el saneamiento adecuado y diseñar sistemas adecuados para cada situación particular. Se concluyó el Proyecto de Apoyo a la implementación y gestión del sistema Condominiales, Cooperación SUR-SUR, llevado adelante por la Dinagua y por la Compañía de Saneamiento del Distrito Federal de Brasil. Allí se analizan nuevas tecnologías de saneamiento más simplificadas, de menores costos y con participación de la comunidad, lo que garantiza la universalización del saneamiento del Uruguay.

Se realizó un estudio de caso para la localidad de Fraile Muerto. Se ha desarrollado el proyecto BID de terminación de presencia del SARS-CoV-2 en sistemas de saneamiento –alerta epidemiológica–, llevado adelante por el Polo Tecnológico de Pando con el apoyo del Certs y Dinagua, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de detección de la presencia de los casos de covid-19 en la población a partir de la caracterización de efluentes domésticos. Se ajustó la técnica analítica, que se está aplicando, y se estableció un protocolo para el análisis de muestras de aguas residuales de alcantarillado público para la detección del virus.

Se finalizó la primera fase del Proyecto BID que busca generar información que sirva de base para proponer ajustes a los criterios de diseño y operación de los sistemas de saneamiento para pequeñas poblaciones en el que participan, además del Ministerio de Medio Ambiente, el Imfia, la Dinagua, OSE y Mevir.   

                Se finalizó el producto Herramienta de selección de alternativas de saneamiento en el marco de un proyecto del PNUD con Dinagua y el Imfia. Se firmó y se ha comenzado a trabajar en el Proyecto Bases para un Sistema de Vigilancia Epidemiológica como insumo de Planes de Seguridad de Saneamiento, financiado por CAF y liderado por Dinagua, con el objetivo de generar las bases para la conformación de un sistema de vigilancia epidemiológica de aguas residuales a partir de la detección del SARS-CoV-2, y la inclusión de protocolos como insumos de planes de seguridad en el saneamiento.

                En cuanto a los temas vinculados al uso sostenible de los recursos transfronterizos, cuyo objetivo es planificar y desarrollar acciones acordadas con los gobiernos, instituciones y organismos nacionales e internacionales –en este caso– con la finalidad de proteger de forma efectiva y sostenible los recursos hídricos, se destaca el proyecto GEF-Guaraní II, implementación del programa estratégico de acción del acuífero Guaraní, facilitando acciones regionales que se pondrán en marcha con los marcos de coordinación técnica y las herramientas de gestión regional previstas que permitirán la implementación coordinada y armonizada de las acciones prioritarias definidas en el proyecto Guaraní I entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se aguarda la firma del convenio Unesco-CAF para su ejecución.

                Se actualizaron las fichas con la información y los mapas de los seis acuíferos transfronterizos identificados para Uruguay en el marco de ese acuerdo. Se busca fortalecer la participación de Uruguay en los organismos internacionales, lo que tiene como objetivo promover la reciprocidad de cooperación para el intercambio de información y recursos en el proyecto de porte medio para la implementación del Programa de Acciones Estratégicas en la Cuenca del Plata, en el marco del Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata.

                Se realizaron periódicamente reuniones de coordinación. Se destacan los avances en acuerdos regionales para la ejecución de proyectos transfronterizos. Por ejemplo, a propuesta de Uruguay, fortalecer el sistema de soporte para la toma de decisiones de la Cuenca del Plata. Dinagua forma parte de la delegación uruguaya de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, que sesionó una vez más en el período de este informe.

                Se ha participado activamente en reuniones internacionales y regionales sobre las temáticas relativas al agua y la gestión integral y transfronteriza de unidades regionales en particular.

                En cuanto a la gestión de aguas pluviales urbanas, el objetivo de la unidad ejecutora es definir políticas nacionales relacionadas con la gestión de las aguas pluviales, promoviendo el drenaje sustentable. El trabajo realizado durante el 2020 se inició con la concreción del Plan de Aguas Pluviales Urbanas de la ciudad de Rivera, liderado por la Intendencia de Rivera, Dinagua y con el apoyo del Programa NAP Ciudades. Se desarrollaron medidas de adaptación de Dinagua como los planes de aguas urbanas en cuanto al avance de obstáculos, beneficios y costos. Se trabajó en la actualización del Manual de Diseño de Sistemas de Aguas Pluviales Urbanas, también con el apoyo del Programa NAP Ciudades.

                En cuanto a las políticas de prevención y previsión de inundaciones y sequías, el objetivo es desarrollar políticas de gestión de riesgo por inundaciones y sequías que incluyan medidas a adoptar para la prevención y mitigación, apoyar la implementación de directrices nacionales y guías de procedimiento y coordinar estas políticas con los Gobiernos departamentales y organismos involucrados. Se elaboró un atlas de inundaciones y drenaje urbano que incluye el estado de situación de las localidades, tipo de amenaza y niveles de riesgo, y se identifican las ciudades que tienen mapa de riesgo de inundación y sistemas de alerta temprana. Se construyó un Índice de Nivel de Riesgo de Inundaciones de Ciudades. Se elaboraron mapas de riesgo de inundaciones de Jaureguiberry y Juan Lacaze y se encuentran en elaboración para la región de Solís Grande, Piriápolis, Mercedes, Carmelo y Canelones.

                Se avanzó en el proyecto de análisis hidrológico e hidráulico del arroyo Canelón Chico, ciudad de Canelones, departamento de Canelones, un programa del PNUD y Dinagua, en el marco de NAP Ciudades, con el objetivo de identificar zonas de inundación y generar propuestas que reduzcan o eliminen las afectaciones, con un análisis de viabilidad y estimación de costos de implementación. Se define el déficit habitacional en zonas inundables y la cantidad de personas según necesidades básicas insatisfechas en zonas de riesgo alto y medio para el Plan Quinquenal de Vivienda. Se estudia la viabilidad de predios en relación a inundaciones en intercambio con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y también a solicitud del Plan Juntos, Mevir e intendencias.

                Se participa como contrapartida técnica en la consultoría y evaluación multiamenaza en cuatro zonas del Uruguay, considerando escenarios de cambio climático para las ciudades de Canelones, Juan Lacaze, Rivera y la cuenca del arroyo Pantanoso en Montevideo, contemplando escenarios futuros socioeconómicos y de desarrollo de cambio climático.

                Se ha trabajado intensamente en automatizar los procesos en el sistema operacional hidrológico de la sala de situación para estimación de indicadores de caudales para sequía hidrológica.

Se participó en el proceso de elaboración del primer plan quinquenal de gestión integral del riesgo de emergencias y desastres, que materializa los lineamientos de la Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres. Como parte de las actividades del sistema de alerta temprana por inundaciones, se realiza un monitoreo sistemático y la previsión hidrológica en las cuencas de los ríos Yí y Cuareim, por inundaciones en las ciudades de Durazno y Artigas, respectivamente, y se notifica al Sinae y a Cecoed. Se suma la ciudad de Santa Lucía –como decíamos anteriormente– con base en el modelo predictivo preliminar.

En articulación con los programas de rehabilitación y consolidación urbana habitacional, el objetivo es promover un hábitat seguro, asegurar a la población el acceso a la calidad y cantidad de agua potable y al saneamiento adecuado, en apoyo a la Dirección Nacional de Vivienda en la elaboración y concreción de los planes de realojos y planes de vivienda en las materias que competen a los cometidos señalados precedentemente.

Se realiza la evaluación de factibilidad de los sistemas de saneamiento construidos o a construir por Mevir, y estudios de viabilidad de saneamiento para las cooperativas con subsidio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en la etapa de selección del terreno. En ese sentido, se otorgaron doce avales de sistemas de saneamiento de cooperativas financiadas por el ministerio de vivienda, doce avales técnicos de sistemas de saneamiento para nuevos fraccionamientos, y tres estudios de factibilidad de sistemas de saneamiento para núcleos habitacionales construidos por Mevir.

Con respecto a los sistemas de agua potable, se otorgaron cuatro aprobaciones para proyectos presentados por OSE. Cabe destacar el 100 % del cumplimiento; todas las solicitudes que ingresaron en el año 2020 a Dinagua fueron respondidas.

En relación con los ámbitos de participación –que son muy importantes en materia de gestión de los recursos hídricos–, hemos definido no solo el mantenimiento de la política participativa, sino también su profundización. Se realizaron seis sesiones en los diversos ámbitos de participación, una en cada consejo regional de los recursos hídricos: el Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Uruguay, el Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río de la Plata y su Frente Marítimo, y el Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca de la Laguna Merín.

En todos esos ámbitos de participación estuve personalmente, tratando de jerarquizarlos y entendiendo que son fundamentales para la gestión del recurso porque contribuyen a la gestión integrada de las aguas, a la elaboración de los planes de cuenca y a la articulación institucional. Es en este marco que se conforman los grupos de trabajo específicos para abordar temas claves como, por ejemplo, el estado hidrológico del Río Uruguay, y se logran avances en aspectos específicos de los planes de cuenca.

Se avanzó mucho con la creación de la Comisión de la Cuenca del Arroyo Solís, que ya este año comenzó a funcionar, al igual que la Comisión de la Cuenca del Río Rosario, que era un viejo reclamo de los habitantes del departamento de Colonia, fundamentalmente, además de los de Soriano.

Tanto los consejos regionales como las comisiones de cuenca, cuyas sesiones se explicitan, se constituyen como ámbitos de participación, pero no solo eso, sino que a través de ellos se diseñan políticas, se evalúan y corrigen las políticas aplicadas y se institucionaliza la voz de la sociedad civil en cuanto a la forma en que se gestionan los recursos hídricos en el país.

Los planes de cuenca siguen los lineamientos del Plan Nacional de Aguas y se adaptan al contexto local. Integran aportes de las diversas instituciones que forman parte del ámbito de participación conformado por usuarios, sociedad civil y Gobierno, con una importante participación a la interna del Ministerio de Ambiente y de los principales organismos vinculados con la gestión del agua.

Vamos a señalar algunos de los desafíos para el presente 2021 en los que estamos avanzando. Están alineados con mucho de lo que decíamos en esta rendición de cuentas de 2020, con muchas de las cosas en que venimos avanzando fuertemente en el presente año.

Para este año 2021 el ministerio aspira a lograr la implantación efectiva de la estructura organizativa del nuevo inciso y de las respectivas unidades ejecutoras, así como el fortalecimiento de sus recursos humanos. Todavía estamos en el armado de la nueva institución, del inciso en sí, tenemos presupuesto desde el 1º de enero de este año, así que estamos redondeando toda la organización del ministerio y aspiramos a poder tener todo cerrado a fin de año.

En cuanto a mejorar la efectividad y eficacia de los instrumentos de gestión ambiental para proteger el ambiente a través del fortalecimiento y modernización de los sistemas de autorizaciones del inciso, de control, monitoreo y seguimiento, hemos tenido un gran avance en este sentido en  este año 2021, con números que han mejorado notoriamente.

Se prevé continuar con el seguimiento de los emprendimientos de alta complejidad asociados a la construcción de la planta de celulosa de UPM 2 y al proyecto del ferrocarril central, entre otros.

                La creación del ministerio coincide con la necesidad de la cartera de controlar una inversión que, si se suma la inversión pública a la privada, es la más importante de la historia del Uruguay. Estamos controlando a la vez cuatro proyectos de alta complejidad, no solo la planta de celulosa en Paso de los Toros, sino también el proyecto del ferrocarril central –que también es de altísima complejidad, quizás aún mayor– y, además, lo que tiene que ver con la terminal portuaria vinculada a UPM y la ampliación de la planta de químicos en Fray Bentos, la planta de Kemira en UPM 1, que va a abastecer de productos químicos a la nueva planta. Estos son los cuatro proyectos de alta complejidad que se van desarrollando simultáneamente, lo cual supone un esfuerzo importante para el ministerio. Nos estamos organizando como cartera, dándole forma, pero además tenemos el desafío de estar a la altura de poder controlar estos desarrollos importantísimos a nivel del país.

                Vamos a continuar con el análisis de la propuesta técnica para la regulación ambiental de las plantaciones forestales menores a 100 hectáreas. Este año queremos culminar con esa propuesta en la que comenzamos a trabajar a fines del año pasado, que refiere a la regulación ambiental de las plantaciones forestales menores de 100 hectáreas y un ajuste a los criterios de autorización de las plantaciones mayores a 100 hectáreas. Es un trabajo que hemos venido articulando con todos los actores y que estamos culminando, incluso, en estas horas.

                Queremos fortalecer el trabajo vinculado a la preservación y cuidado de la calidad ambiental, en particular del agua y las cuencas definidas como prioritarias, apoyando el desarrollo de prácticas sostenibles y sustentables a la producción industrial y agropecuaria y de control de las fuentes de contaminación. La semana próxima estaremos firmando un acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en lo que es la profundización del plan respecto a la cuenca prioritaria, la principal, la cuenca de Santa Lucía.

                Vamos a avanzar en definiciones tendientes a la mejora de la provisión de agua, en la alternativa de agua potable, en especial para la región metropolitana. Como ustedes saben, esto tiene un alto grado de avance y fue anunciado el 2 de marzo en la Asamblea General por el presidente de la república.

Otro de los objetivos es proteger la calidad de agua y de los ecosistemas hídricos a través de la promoción de modelos de gestión sostenible de cuencas y acuíferos, incorporando tecnología de punta en los procesos de evaluación y seguimiento, promoviendo la generación de conocimiento y  fortaleciendo el desarrollo y la instrumentación de medidas tendientes a la prevención de la contaminación de las aguas y la protección y restauración de los ecosistemas.

Desarrollar planes y programas tendientes a promover la producción y el consumo sostenible, integrando el desarrollo y la aplicación de medidas integrales de adaptación e investigación del cambio climático.

Continuar la ejecución del proyecto de fortalecimiento de las capacidades para la gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas. Actualmente estamos en la renovación de un nuevo financiamiento internacional con apoyo de FAO y próximamente vamos a firmar un acuerdo con la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que por primera vez establece una hoja de ruta de cinco años en la que vamos a incorporar dos observaciones que la FAO nos ha hecho: la actualización del registro de agroquímicos y la  incorporación de la evaluación de riesgo ambiental.

Establecer un abordaje integral en los sistemas de producción ganadera de Uruguay, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el marco del equipo técnico institucional de la huella ambiental ganadera que hemos creado este año 2021, integrada por la institucionalidad ambiental y también la fuerte presencia de instrucción agropecuaria.

Desarrollar el primer plan nacional de residuos en el marco de un proceso participativo. Aspiramos a presentar este plan a fines de este año; por primera vez habrá una mirada nacional e integral en la gestión de residuos.

Además, queremos consolidar el ámbito de trabajo entre el Gobierno nacional y los Gobiernos departamentales, a través de la formación de la Comisión de Coordinación y Planificación sobre Residuos que está prevista en la Ley de Gestión Integral de Residuos, para avanzar en la mejora de la gestión de residuos, en general y en la de los domiciliarios, en particular.

Disminuir el consumo de plásticos de un solo uso propiciando un enfoque de economía circular.

                Elaborar nuevas normas relativas a la aplicación del principio de responsabilidad extendida al productor, así como un conjunto de planes de acción dirigidos a la mejora de la calidad de las aguas, que impliquen medidas tendientes a promover la producción sostenible de las actividades productivas radicadas en las principales cuencas del país.

Como ustedes saben, en abril de este año hemos emitido dos resoluciones tendientes a disminuir el uso del plástico y a reducir y mejorar todo lo que tiene que ver con la recuperación en materia de envases.

Para nosotros es muy importante conformar la Comisión de Coordinación y Planificación sobre Residuos porque todo lo que queramos hacer en materia de corriente de residuos domiciliarios debe ser en conjunto y en acuerdo con las intendencias.

Continuar la ejecución del proyecto regional de residuos eléctricos y electrónicos. Ustedes saben que nuestra aspiración para este año es contar con los decretos reglamentarios de la corriente de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos –que son 40.000 toneladas al año en el Uruguay– y también con el decreto reglamentario referente a la corriente de residuos de obra de construcción.  Pretendemos avanzar en el proceso de reglamentación de la ley, básicamente en estas dos, para este período, pero también continuar con las opciones relativas a la valorización del reciclaje y alternativas sostenibles para los vertederos. En ese sentido, la ley establece un plazo de cierre para los vertederos a cielo abierto. Ese plazo está corriendo, y unas de las cosas que más queremos es avanzar para llegar en tiempo a cumplir con la ley. 

Consolidar las estrategias nacionales de protección de la biodiversidad desarrollando modelos de gestión integrales en áreas protegidas y en otras de interés de ambiental.

Mejorar la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las cadenas de valor vinculadas a los productos de ecoturismo. 

Apoyar la red de reservas de fauna y biodiversidad, tanto de los privados como de Gobiernos departamentales.

Fortalecer las capacidades locales para mejorar la implementación integrada de la política ambiental, a través de la descentralización para la gestión ambiental en el territorio, promoviendo la concientización de la población para el desarrollo sostenible y la profundización de procesos de participación pública. 

Avanzar en la iniciativa del Río Negro que es un ámbito coordinado por el Ministerio de Ambiente –allí nos representa el subsecretario Amarilla–, tendiente a definir las medidas de prevención y control que buscan mejorar su calidad en el marco del emprendimiento de UPM 2.

Continuar el desarrollo tecnológico aplicado a mejorar las capacidades para la evaluación de la calidad de las aguas, para la identificación de floraciones algales mediante imágenes satelitales, complementando el monitoreo tradicional in situ con una actividad innovadora que da seguimiento a los cuerpos de agua en su extensión con mayor frecuencia. 

Profundizar la coordinación interinstitucional y la participación de la sociedad en el asesoramiento para la elaboración de las políticas públicas en materia de ambiente y desarrollo sostenible. Eso se hacía mediante la actuación de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medioambiente. El 7 de octubre tendremos una segunda reunión, desde que nos toca estar al frente del ministerio, de la Cotama. Tuvimos una a finales de año y la semana próxima nos reuniremos nuevamente en ese ámbito participativo. 

Este año quisimos relanzar el Premio Nacional de Ambiente “Uruguay Natural”, algo que se logró, y la convocatoria para la conformación de una red nacional de promotores, que también se consiguió.

Continuar fortaleciendo y desarrollando el Observatorio Ambiental Nacional y la consolidación del Sistema de Información Ambiental que permita ser el sustento de la información clave para el seguimiento y la toma de decisiones en materia de política ambiental.

Avanzar en la ejecución del proyecto de tecnología y modelación para la gestión integrada de las aguas como adaptación al cambio climático. Este proyecto en particular está financiado por la Unión Europea y tiene como finalidad incorporar un sistema operacional de alerta en cantidad y calidad, de gestión de los recursos hídricos y herramientas de modelación. También fortalecerá la gobernanza de la cuenca de Santa Lucía, desde una perspectiva de derechos, así como la resiliencia de Montevideo –y su área metropolitana– y de las localidades urbanas de la cuenca ante los impactos de la variabilidad y el cambio climático, centrando los esfuerzos en una gestión integral de los recursos hídricos para garantizar en cantidad y calidad su fuente de agua potable.  Este programa que se había empezado a construir y que es financiado por la Unión Europea es conocido como Euroclima Plus (+). Por fortuna, estaremos presentándolo públicamente mañana a las 10:30, junto con el embajador de la Unión Europea, el embajador de España y demás autoridades que forman parte de la gestión de la principal y prioritaria cuenca del país, que es –y seguirá siendo– la cuenca del río Santa Lucía. La inversión supera los € 1:500.000, y es un programa muy importante porque los estudios que se realicen y todo lo que de ellos surja es bien relevante y va a lograr integrar las acciones y ordenar la toma de decisiones.

Hasta aquí, señor presidente, la introducción y las perspectivas para el presente año.

SEÑORA LAZO.- Saludamos y damos la bienvenida al señor ministro, al señor subsecretario y a todo el resto del equipo.

Teniendo en cuenta la sugerencia que siempre hace el señor presidente, en el sentido de que vayamos directo al grano y no hagamos otras consideraciones –que las tenemos–, así procederemos.

Mis preguntas van a ir en el siguiente sentido: competencias, agua potable y saneamiento, y funcionarios.

Con respecto a las competencias, y teniendo en cuenta que no se acompañaron los aditivos presentados por la bancada del Frente Amplio para la transferencia de competencias al Ministerio de Ambiente, en lo que tiene que ver con montes nativos y recursos acuáticos y naturales, la pregunta es: ¿cómo se proyecta continuar con el interés, expresado por el propio señor ministro al señalar que los aspectos productivos deberían mantenerse en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el resto pasar al Ministerio de Ambiente?

En cuanto al agua potable, si bien quedó claro que luego de obtener los resultados de factibilidad del proyecto Neptuno previsto, con la toma de agua sobre el Río de la Plata, habría que evaluar dichos resultados con la alternativa de Casupá, ¿cuál es, en concreto, el sustento técnico y económico que maneja el ministro para la toma en el Río de la Plata? Pregunto esto porque, hasta ahora, no nos ha quedado claro.

Como una consideración, pero a partir de un hecho objetivo, quiero decir que conocemos por lo menos cuatro estudios –realizados entre 1971 y 2017 por expertos en el tema– que no recomiendan que la toma del agua con destino a potabilidad se realice sobre el Río de la Plata. Nos parece importante que se nos responda desde ese lugar.

Con respecto a los recursos humanos, sabemos también de la preocupación que tiene el señor ministro –porque lo ha manifestado en reiteradas oportunidades–, sobre todo por los aspectos técnicos y por la necesidad de contar con recursos humanos calificados. Él comunicó –si mal no recuerdo, el pasado 4 de agosto– que el pasaje al inciso 36 de los funcionarios que actualmente están en el inciso 14, y que básicamente pertenecían a la Dinama y a la Dinagua, se estaba concretando. Teniendo en cuenta que todavía no se publicó, la consulta es si el señor ministro puede precisarnos en qué etapa se encuentra este proceso. La consulta obedece a que, entre otras cosas, ha habido algunas manifestaciones por parte de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente con respecto al pasaje de algunos funcionarios y al no pasaje de otros.

Reitero: conociendo la preocupación del señor ministro por el tema recursos humanos, nos parece importante que nos especifique en qué está esa situación.

Por el momento, es cuanto quería decir.

SEÑORA DELLA VENTURA.- El señor ministro se había referido a la importancia de la participación, pero sabemos que ha habido como una especie de crítica de parte de los trabajadores del ministerio a través de una nota con fecha 27 de agosto, en la que expresan algunas dificultades en cuanto a la participación del sindicato. Allí se dice que el sindicato de Atrama no ha sido convocado para participar en la estructura del ministerio, que se han otorgado compensaciones con escasa o nula transparencia; en fin, hay una serie de críticas ante la falta de intercambio con los sindicatos. Me parece importante que el señor ministro pueda aclararnos un poco esta situación, ya que él había dicho que sí iba a tenerse en cuenta.

                Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Le doy la bienvenida a toda la delegación.

                Tengo algunas preguntas para realizar.

                Con respecto a la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica para estudiar la moratoria del empleo del fracking, quiero saber si hay algún tipo de actualización de información en la materia y, en caso de que haya, si puede compartirse. Sé que es un tema de preocupación por parte de la gente que sigue esa materia, así que sería bueno que, de ser posible, pudiera analizarse. Todos sabemos que es un tema polémico, pero queremos ver qué grado de actualización tiene el ministerio hoy, cómo lo ven ustedes, incluso también porque estaba a estudio de otra cartera.

                Hay un segundo punto sobre el cual me gustaría preguntar. Capaz que en la exposición muy global que hizo el señor ministro lo mencionó, pero de no ser así, quizás pueda decirnos si hay algunas acciones concretas previstas en lo que hace al tema del glifosato. Los señores senadores saben que hubo ciertos episodios en algunos departamentos –el señor ministro conoce particularmente esto por ser de Canelones, como yo– y, en ese sentido, quiero saber si hay alguna acción nueva por parte del ministerio, en lo que respecta a este y a otros agrotóxicos. Recién escuché que se estaba tratando de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en lo que hace a una actualización en esta materia; por tanto, quisiera que se profundizara sobre las acciones concretas llevadas a cabo porque, como bien saben, en territorio estos asuntos, así como también el tema del fósforo, generan preguntas concretas de los vecinos sobre acciones específicas.

                El otro tema que quería plantearles es el relativo al saneamiento. Sé que OSE es el órgano del Estado que trabaja más específicamente en la materia, pero como ha sido puesto como uno de los objetivos –que compartimos–, la pregunta es: ¿cuáles son las acciones concretas que se han tomado, y de qué plazos estaríamos hablando para cada etapa? Es decir, cuándo se estima que se hará cada etapa, de manera de poder manejar las expectativas que pueda tener la población de distintas regiones, particularmente la del área metropolitana de Canelones, donde hay una demanda real de ese servicio y donde hubo también planes de la Administración anterior que tenían que ver con esto y con exigentes volúmenes de recursos para llevar adelante esta tarea que Uruguay como tal, sea cual sea la Administración, se debe.

Por último, me gustaría hacer una consulta sobre el tema de la potabilización, aunque no desde el punto de visto técnico. Quisiera saber las acciones concretas que hubo en materia de decisiones. El señor ministro mencionó lo que el presidente dijo el 2 de marzo en la Asamblea General, y la pregunta que hago es: ¿qué acción se ha implementado entre esa fecha y hoy, y qué plazos concretos existen, más allá de las intenciones, los rumbos y los objetivos que haya? Hago este planteo para precisar la información que recibimos.

Gracias.

SEÑOR BOTANA.- Quiero manifestar mi satisfacción por la decisión del Gobierno de poner el tema ambiental en el primer nivel de la decisión política, es decir, en el primer nivel de atención de los asuntos del país.

Debemos valorar la creación de este ministerio y también alegrarnos por todo lo que se ha avanzado en el campo de lo concreto, de las realizaciones, a pesar de la escasez de recursos que ha tenido este novel ministerio. 

Hay dos temas que me preocupan profundamente y veo que el señor ministro los está abordando en su informe. 

Durante el período pasado asistimos a la permanente denuncia por parte del alcalde de Aguas Corrientes, el señor Álvaro Alfonso, acerca de los lodos del río Santa Lucía, tema para el que hubo oídos sordos, a pesar, incluso, de que se habló del riesgo que entrañaba el agua que se consume en Montevideo. Ya elegido el nuevo Gobierno, el señor Alfonso fue convocado a Presidencia de la República y tuvo la oportunidad de que se le presentara un plan a futuro que, obviamente, era imposible de realizar por un Gobierno que se iba. Veo que mañana habrá una reunión con la Unión Europea, supongo que para profundizar en estos estudios, y quiero preguntar si existe alguna posibilidad de revertir esta riesgosa situación para la salud humana y para la cuestión ambiental en el departamento de Canelones.

El otro tema es la enorme frustración que hemos tenido como sociedad en cuanto al tratamiento de los residuos. En lo que respecta a los sistemas de recolección, en algunos lugares del país hemos asistido al triste espectáculo de los contenedores permanentemente llenos, la formación de basurales, etcétera, y después, a todo el proceso de disposición final de los residuos sin la debida clasificación y posterior reciclaje de esa materia orgánica e inorgánica, que pueden ser perfectamente aprovechadas por nuestra sociedad para contribuir con la mejora ambiental. 

Durante el Gobierno del presidente Mujica estuvimos abordando esta cuestión; contamos con la buena voluntad de parte del presidente y no tan buena instrumentación de parte de quienes llevaban adelante –seguramente con poco conocimiento de causa– la tarea de instrumentar eso que querían que fuera un sistema nacional de residuos, como si fuese tan simple esto de trasladar basura entre departamentos. Es cierto que en algunos casos se puede dar la circunstancia de que, por la cercanía de localidades, sea posible compartir el espacio de disposición final de residuos entre departamentos, pero eso no es nada fácil cuando las distancias y los volúmenes son grandes. Todos sabemos lo que cuesta trasladar cualquier cosa en este país, y en este caso implicaría enormes sobrecostos, además de un riesgo ambiental bastante mayor que el que ya existe.

                Se realizaron estudios y se hizo algún llamado para hacer planteos pero, lamentablemente, todo terminó en la nada y en una espera que fue negativa, por cuanto no se pudo trabajar en ciertas iniciativas de los departamentos, que fueron frenadas por esta idea magnífica de la creación de un sistema nacional de residuos. Entonces, no tuvimos sistema nacional ni tampoco autorizaciones de parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del entonces Mvotma, que era donde estaba radicado este tema. Al final, el país ha tenido una década más de postergación en lo que respecta a la limpieza ambiental, la disposición final y el aprovechamiento de los residuos. Veo que ahora hay otra idea de abordaje, que supongo será instrumentada en acuerdo con los Gobiernos departamentales y sabiendo que solamente estos y las autoridades locales –especialmente las municipales– pueden llevar adelante con éxito esta tarea, con criterios ambientales que obviamente deberá dar el Ministerio de Ambiente, que también sería bueno que pudiera contribuir con algunos recursos.

                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA LAZO.- Con respecto al saneamiento y al plan de USD 1.000:000.000, en el mismo sentido del planteo del senador Mahía, mi consulta es si se podría especificar cómo quedarían contempladas las soluciones para los problemas de saneamiento en localidades densamente pobladas como, por ejemplo, La Paz o Las Piedras, así como en otras que a la fecha no tienen resuelto este aspecto que genera la contaminación en suelos y aguas.

También me gustaría saber si está previsto algún criterio de priorización con respecto a las cuencas de importancia estratégica, como la cuenca del río Santa Lucía. Eso me había quedado pendiente en lo que tiene que ver con el saneamiento.

                Por otro lado, de acuerdo con la cuestión estratégica del Instituto Antártico Uruguayo, quisiera saber en qué está la situación del representante del instituto y si va a formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, teniendo en cuenta que eso es, de alguna manera, una habilitación a nivel internacional.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR LANZ.- Damos la bienvenida al señor ministro y al equipo del Ministerio de Ambiente.

Simplemente quiero hacer una reflexión sobre algo que expresó el señor ministro al pasar. Me refiero a contextualizar cuál fue la forma y el tiempo que llevó en el año 2020 la puesta en marcha de un nuevo ministerio, de la nueva institucionalidad ambiental, un ministerio que, sin lugar a dudas, en el año 2020 –todos lo sabemos– no tenía presupuesto propio. Hablamos de un ministerio que, en cierta manera, tuvo que ponerse en marcha tomando algunas direcciones y comenzar a transitar y pensar en un tiempo que, en definitiva, es el desafío que tiene el país. Nosotros sabemos muy bien de la capacidad del señor ministro y de su equipo porque tenemos un conocimiento personal, pero nos llama poderosamente la atención la extensa rendición presentada en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. También hemos acompañado al ministro en nuestra condición de ciudadano del interior y de floridense –y por eso he pedido la palabra–, porque conocemos algunas experiencias que, de alguna manera, vienen tomando parte en cuanto a la deposición final de residuos domiciliarios. Estoy refiriéndome a mi departamento, Florida, donde hay mucho por trabajar. Se trata de una experiencia única en el país, que hemos visitado con el señor ministro y las autoridades departamentales. En coincidencia con lo manifestado por el senador Botana, si bien tenemos ejemplos de cuestiones que son muy complejas, podemos ver una luz en el horizonte, fundamentalmente para la puesta en marcha de la integralidad del país.

SEÑOR MINISTRO.- Gracias, señor presidente, trataré de ser breve, pero todos son temas muy complejos, de gran profundidad, y si hay algo que pasamos por alto, lo plantean.

                Como ya dijimos en oportunidad del tratamiento del Presupuesto Nacional 2020 y de la rendición de cuentas de este año, considerada en la Cámara de Diputados, para el equipo de ambiente claramente el monte nativo y todo aquello que tiene que ver con los recursos acuáticos deben ser competencia del Ministerio de Ambiente, sobre todo en lo que tiene que ver con la preservación. Nos parece que la materia productiva está muy bien que esté en el ministerio de la producción, pero los temas que tienen que ver básicamente con preservación y conservación nos parece que deben estar en este ministerio.

                Claramente entendemos que esta es una construcción; nosotros estamos formando el ministerio y tendremos la primera organización a fin de año. Estamos comenzando a andar; es una tarea compleja desde el punto de vista de la gestión, pero nos parece que en algún momento esto tendrá que definirse. Obviamente, es algo que ya hemos manifestado, pero hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de lograr los acuerdos políticos para que eso suceda. De todos modos, es algo en lo que vamos a insistir seguramente en la próxima rendición de cuentas, teniendo un ministerio ya organizado en su base, para poder incorporar estas cuestiones que parecen importantes.

Con respecto al agua potable, entre las preguntas realizadas por los señores legisladores trataremos de resumir cuál ha sido la posición. Cuando llegamos al ministerio, el 27 de agosto, estaba en carpeta una posible inversión que tenía que ver con la represa de Casupá. Allí se preveía hacer un embalse de agua para que en momentos de sequía se pudiera ayudar al caudal del Río Santa Lucía. Esa era la propuesta. Aclaro que todas las propuestas que tienen que ver con el agua potable, en realidad, llevan mucho tiempo en la OSE, diría que décadas; acá no hay ninguna a novedad. Dada esa situación, nos reunimos con el presidente de la república y con el presidente de OSE, y entendimos conveniente comenzar a analizar otra alternativa, que era contar con una opción de toma de agua potable, de potabilización y de bombeo en el Río de la Plata. Desde el primer momento creímos que en las evaluaciones había algo que no se estaba tomando en cuenta correctamente y era el riesgo que supone abastecer a toda el área metropolitana de una única fuente, que es el río Santa Lucía, y de una única planta, que es Aguas Corrientes. Ninguna ciudad importante del mundo se abastece de una única fuente, de una única planta. Siempre lo digo, pero alguien que puso arriba de la mesa este tema hace muchos años fue el exministro y exsenador Fernández Huidobro, que señalaba el grave riesgo que tenía Uruguay si algo pasaba, sobre todo en la planta de Aguas Corrientes. La realidad es que no ha pasado nada grave en Uruguay y que es verdad que tiene determinadas características que minimizan ese riesgo. Imaginemos, por ejemplo, que pase algo grave en la planta de Aguas Corrientes. Ello significaría el colapso del área metropolitana. No tanto en el agua potable –que por ahí, con un gran esfuerzo de la sociedad, del Estado, podría solucionarse de algún modo–, sino en todo lo que tiene que ver con la evacuación de los baños. Es decir, si algo grave pasara en Aguas Corrientes, la situación sanitaria de Montevideo correría mucho riesgo.

Ese elemento ha sido central al tener en cuenta una toma alternativa, que es la inversión que le propusimos en su momento al presidente en lo que fue un llamado a iniciativas privadas y que hoy está en el estudio de su factibilidad. Igualmente, esto no descarta –lo hemos dicho, pero no está mal reiterarlo– la obra en Casupá porque viene a ser una obra para la mejora del río Santa Lucía. El río Santa Lucía seguirá siendo la principal fuente de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana, pero la diferencia es que ya no será la única porque la planta que aspiramos a construir en el Río de la Plata elevará algo así como el 30 % de lo que actualmente produce Aguas Corrientes. En un escenario ideal, el 70 % del agua potable del área metropolitana seguirá siendo de Aguas Corrientes. Por eso, –lo habrán escuchado en todo lo que leímos en cuanto a lo que se hizo en 2020 y todo lo que estamos haciendo en 2021–, el trabajo en la cuenca del río Santa Lucía, en todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos para asegurar la calidad del agua, es central para el ministerio porque, como dije dos veces en la intervención anterior, esa cuenca es y seguirá siendo la principal fuente de agua potable. Eso no va a cambiar. Lo que ocurrirá en un futuro si logramos consolidar esta inversión es depender menos de ella.  

                Con respecto a Casupá, en realidad era un proyecto que tenía una autorización de crédito –no había dinero, lo que había era un crédito otorgado para poderlo financiar, pero como saben, el nivel de endeudamiento del país es muy alto, entonces esto también estuvo en observación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas– y, entonces,  se decidió esperar y analizar las opciones. Es así que actualmente, por una cuestión de prioridades, se va primero por la obra en el Río de la Plata, lo que no descarta la obra en Casupá porque en algún momento se va a tener que hacer. No hay recursos para hacerlas en simultáneo, pero la obra en Casupá sigue siendo importante. Quizá, no de la misma dimensión o el embalse de la misma cantidad de hectáreas de la idea original –que es un tema técnico–, pero no se descarta la inversión porque el río la va a necesitar.

Nosotros creemos que con esta inversión terminamos con la dependencia de una sola fuente y de una sola planta, que en términos de seguridad es muy importante cuando hablamos de agua potable, y solucionamos, por lo menos por 50 años, el abastecimiento de agua potable a Montevideo, que ha estado comprometido –o por lo menos con luces amarillas– ya por dos años consecutivos. En el verano pasado y en el verano anterior hubo dos eventos de sequía que nos dejaron con seria preocupación; hubo un nivel de estrés, digamos. Luego, tuvimos suerte con las precipitaciones y el problema se solucionó, pero debemos dar una solución definitiva al abastecimiento de agua potable al área metropolitana, y esta es la herramienta a la que estamos aspirando. Esta es una inversión que supera los USD 200:000.000; los números finos los vamos a tener cuando esté presentado el último estudio de factibilidad. Aspiramos a que esto sea –como anunciamos en su momento– antes del final de este año. Esperamos que el estudio de factibilidad esté dentro de lo que nosotros aspiramos, y todo indica que lo va a estar porque, en definitiva, se trata de tomar agua, potabilizar y bombear, algo que Uruguay lleva haciendo por 150 años y, además, lo hace bien.

Por lo tanto, aquí no hay ninguna tecnología novedosa que validar, no hay ninguna cuestión extraña. Se están presentando proyectos bastante conocidos, sobre todo, a nivel de ingeniería en el país. Por ende, creemos que el estudio de factibilidad va a estar muy próximo a la idea original, pero todo esto es lo que tendremos que ver una vez que estén presentados; todavía estamos en plazo. Presentados los estudios, si se decide avanzar, se hará como lo establece la Ley n.º 17555, mediante llamado abierto y competitivo. El consorcio que presentó la idea tendrá una ventaja otorgada por la administración y las demás empresas que deseen competir lo podrán hacer; se adjudicará y se comenzará. Nuestra aspiración siempre fue comenzar esta obra en el año 2022, de forma tal de tener esto culminado al año 2024. Esta es nuestra aspiración. Es por dónde vamos en materia de agua potable.

Desde el punto de vista técnico –y con esto quiero ser bien claro–, ya cuenta con la aprobación de OSE. Este proyecto, técnicamente, está ya aprobado por la OSE; cuenta con tecnología mucho más avanzada, obviamente, que las plantas que hoy se están utilizando para potabilizar. Los problemas que se señalan, por ejemplo, vinculados a cianobacterias, son los mismos o similares a los que tenemos hoy en el Río Santa Lucía, pero lo estaremos trabajando con una tecnología mejor. Los episodios de salinidad son  muy bajos, muy pocos  –eso está medido– y por eso la ubicación es a esa altura, en Arazatí, en el departamento de San José, porque es un punto de equilibrio para la ubicación. A nivel de OSE se conformó una comisión técnica integrada por cuatro técnicos de relieve que han hecho la validación técnica del proyecto. Es decir, el proyecto, desde el punto de vista técnico, en los informes que a nosotros nos ha presentado OSE, no tiene objeciones de ningún tipo y esto lo quiero dejar claro. No sé cómo fue hace treinta años, pero tengo claro que hoy no hay objeciones técnicas a la toma en ese lugar.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Hoy no saludé a la delegación, pido disculpas. Es un gusto que estén acá y que nos hayan hecho este informe tan detallado.

Evidentemente, como floridense –Casupá, Florida–, me preocupa mucho el tema respecto a que estaba muy avanzado el hecho de tomar agua desde ese lugar.  Quiero saber si los costos de este nuevo proyecto que se agrega, que está validado –eso es importante que quede en el acta; supuestamente no hay problemas en lo técnico en cuanto a la potabilidad–, no entorpece demasiado los costos para la potabilización de un agua que, evidentemente, no es la de un río. La pregunta concreta es cómo se financiaría este nuevo proyecto. ¿También se haría con crédito como sería el de Casupá, que se descartó por esa misma razón, porque se iba a hacer con crédito? Mi pregunta es esa.

SEÑORA LAZO.- Tengo una inquietud respecto a lo que preguntaba la senadora, pero no desde el punto de vista financiero, sino ambiental. Discúlpeme, señor ministro, pero en la resolución de OSE se aceptó parcialmente la propuesta, teniendo en cuenta que incluso la toma de agua libre de salinidad es todo el año. Sabemos que se depende mucho de otros aspectos, que tienen que ver, por ejemplo, con los efectos del Niño y de la Niña en nuestra región. ¿Cómo se va a hacer para mantener ese requisito, que tiene que ver con que sea libre de salinidad, es decir, mantener el monitoreo de agua dulce todo el año?

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de ceder el uso de la palabra al señor ministro, recuerdo a los señores senadores que esta es la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y que existe la Comisión de Medio Ambiente para que el señor ministro pueda ser convocado las veces que sean necesarias para conversar sobre los temas vinculados al medioambiente.

                Digo eso con el mejor de los espíritus, producto de una realidad que espero compartamos entre todos. Voy a pedir a los señores senadores que se queden porque hay seis delegaciones que debemos atender en menos de una hora, a partir de 12 y 30.

                Solicito, entonces, al señor ministro y a las señoras y señores senadores –sin coartar el derecho de nadie a realizar preguntas– que seamos conscientes de esta realidad.

SEÑOR MINISTRO.- Esto es río, es el Río de la Plata, es toma de agua dulce, lo cual es importante. No estamos hablando de una planta de ósmosis inversa ni de una desalinizadora; estamos hablando de toma de agua dulce. Arazatí es Río de la Plata; hasta Punta del Este es Río de la Plata.

                En cuanto a los estudios técnicos, es verdad que en todo este intercambio en lo que tiene que ver con el estudio de factibilidad, el nivel de detalle es muy superior a la idea original. Entonces, señora senadora, puedo asegurarle que todos estos problemas técnicos son salvados en la propuesta definitiva que es la que se va a aprobar. Quizás, en el estudio preliminar pudo existir alguna duda. Las dificultades para la potabilización existen no solo en el Río de la Plata, sino también en otros puntos. A veces hay dificultades que salvar. La toma continua es también uno de los puntos salvados en el estudio final de factibilidad.

                En cuanto al financiamiento, tenemos que analizarlo. Entre las propuestas que vienen en el propio estudio de factibilidad, hay opciones de financiamiento. Obviamente, no se descarta el tomar deuda pero, justamente, como los recursos no estaban asignados, existía la posibilidad de endeudarse. Veremos para qué lado queremos tomar la decisión, si es que nos queremos endeudar. Por eso es que decidimos estudiar el tema. No es que los recursos estuvieran asignados y estuviera paga la obra de Casupá. Había un proyecto, una idea, pero recién estaba por comenzarse a desarrollar. Entonces, como estaba tan en veremos, decidimos esperar un poco para ver si no es mejor destinar recursos hacia otro lado.

                Con respecto al tema técnico y de personal, básicamente, debemos decir que no ha sido sencilla la conformación del ministerio. Estamos armando la Dirección General de Secretaría que no existía en el ministerio. El decreto de transferencia –sobre el que consultaba la señora senadora– tuvo una observación de la Oficina Nacional del Servicio Civil y está pronto para firmar. Creo que estamos a semanas, días u horas de poder firmar el decreto de transferencia.

Todos los funcionarios que pasaban del inciso 14 al inciso 36, realmente lo van a hacer. Si bien tuvimos la herramienta de los pases en comisión –herramienta que votó el Parlamento Nacional–, dada la especificidad y el nivel técnico que se necesita en el Ministerio de Ambiente no ha sido muy efectiva. Teníamos menos de 40 pases en comisión de 115 que nos permitió la ley de urgente consideración. Luego, para poder ordenar esta herramienta, ustedes saben que utilizamos la ayuda de las compensaciones, que es una posibilidad de poder equiparar a las personas la totalidad de los ingresos que hoy reciben en los organismos de origen. Muchas veces, cuando el funcionario viene al Ministerio de Ambiente hay una serie de compensaciones que pierde. En ese caso, vendría a ganar menos. Entonces, con la herramienta de la compensación hemos podido equilibrar eso.

                Nosotros hemos decidido que esas compensaciones no superen los $ 25.000, pero no hay ninguna normativa que lo establezca. A excepción de tres o cuatro compensaciones, hemos topeado todas en $ 25000, pero lo hicimos por una decisión personal, para no generar más distorsiones en un sistema que es complejo en la gestión del Ministerio de Ambiente. Ha sido una decisión nuestra, porque es un tema complejo; están los funcionarios de carrera del ministerio, hay aproximadamente 130 contratos con organismos internacionales –que a veces realizan la misma tarea que un funcionario de línea, pero reciben otra remuneración porque se contratan en la actividad privada, con un término en los contratos– y ahora también están los funcionarios que vienen de otros incisos con otro sistema remunerativo. Por lo tanto, a la hora de la gestión eso se complejiza.

                Hay una distorsión que estamos tratando de ordenar con la reestructura, a nivel de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Es un tema complejo, pero venimos avanzando. Como saben, el Ministerio de Ambiente está entre los primeros ministerios pilotos de lo que será la reestructura general de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Eso es importante para nosotros porque, a la hora de la gestión, por ejemplo, tener a tres personas que realizan la misma tarea y que cobran de manera distinta, no es un escenario ideal.

                Con respecto a las compensaciones, hubo una muy desafortunada declaración del sindicato. Es un sindicato que todavía está en formación, que no está registrado en el PIT-CNT y que no tiene personería jurídica, pero nosotros creemos que es bastante representativo por la cantidad de trabajadores que participan en él. Entonces, desde el primer momento los recibimos y los atendimos. Al año de estar creado el ministerio, el sindicato realizó una declaración bastante infeliz en algunas partes, lo cual llevó a que tuviera que rectificarse públicamente en cuanto a su contenido.

                En realidad, nosotros desde el primer momento le dimos participación al sindicato y lo pusimos en contacto con la Oficina Nacional del Servicio Civil para que forme parte de la reestructura del ministerio. Dicha oficina no ha convocado al sindicato, pero es porque no ha avanzado en esa reestructura desde que nosotros contactamos al sindicato con la Oficina Nacional del Servicio Civil; no se debe a la voluntad del ministerio ni del ministro de Ambiente.

Creemos que es fundamental y clave la participación de los trabajadores en esta transformación. El principal valor que tiene el Ministerio de Ambiente es su gente, su personal técnico y capacitado, que es de primer nivel y hace que nosotros nos sintamos muy respaldados en la gestión y en la toma de decisiones. Las decisiones son políticas porque son del Ministerio de Ambiente, pero tienen un respaldo técnico y científico que está dado por sus funcionarios.

Como está la declaración que citó la señora senadora y que citó la prensa, también está la declaración del día siguiente, en que el sindicato se retracta en cuanto a algunas acusaciones que había realizado.

Tan transparentes son las compensaciones, que son todas públicas. Por eso el sindicato las conoce, porque son públicas, con nombre y apellido. Mal podría obedecer esto a una lista de favores, como dijo el sindicato, cuando en mi caso personal muchísimas veces ni siquiera conozco a las personas a las que se les está otorgando la compensación, porque vienen, obviamente, con una recomendación del jerarca, del gerente del área o del director. Muchas veces los directores solicitan una compensación determinada para personas que realizan tal o cual tarea.

Realmente, con el grado de confianza y apertura con que en mi caso personal me había movido con el sindicato, esa declaración significó un antes y un después en el relacionamiento, sin duda. El relacionamiento siempre fue bueno; tan es así que al otro día estábamos reunidos, y tan bueno ha sido que nunca le hemos negado una reunión al sindicato. Ellos tienen un trato directo con el director general de Secretaría y nunca me pidieron una nueva reunión para decirme esto, que me enteré por una carta pública. Como la construcción entre quienes trabajamos en un ámbito se solidifica o se basa en la confianza, en esa construcción en la que veníamos avanzando muy bien, lamentablemente, la actitud del sindicato no colaboró.

Es un episodio superado y el sindicato se ha retractado. La nota del diario El País en la que se acusaba de estas cosas fue la segunda más leída del día, pero cuando se retractó el sindicato ni siquiera lo levantó el diario El País, por ejemplo. Esas son las cosas que pasan. Hoy vengo a aclarar que el sindicato se retractó sobre ese tema y que seguimos trabajando juntos. No hay otro camino que trabajar junto con el sindicato, con los trabajadores, para poder sacar adelante el ministerio y estamos abiertos a seguir haciéndolo. Ese caso no fue algo que se haya construido en el camino positivo.

                Con respecto al glifosato, en realidad estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la gestión de agroquímicos y de plaguicidas. Nos parece que acá –tal como decía recién respecto al sindicato– el camino es trabajar con el ministerio y los productores. Entonces, más que demonizar algunos productos, lo que tenemos que hacer es lograr que se apliquen de buena manera. El tema está en la aplicación y aquí hay mucho de construir conciencia, de involucrar a los productores y de trabajar junto al ministerio de ganadería y no en contrario.

Esto para nosotros es muy importante y me detengo un minuto en esto. Uruguay es un país productivo y seguirá siéndolo; su futuro es de país productivo. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Uruguay tiene que ver con la producción; no es como en otras partes del mundo que tiene que ver, por ejemplo, con la energía. Entonces, tenemos que trabajar articuladamente. No puede haber dos visiones –una ambiental y otra productiva–, acá tiene que haber claramente un único camino con una única visión.

Estamos trabajando fuertemente en lo que denominamos la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas productivos nacionales en el entendido de que Uruguay ahí tiene una gran oportunidad. Si nuestro país agrega a sus sistemas productivos, ya eficientes desde muchos puntos de vista, la dimensión ambiental, tiene un punto a favor para destacarse a nivel internacional, para incorporar valor ambiental, que es valor agregado y representa más riqueza para los uruguayos. Creo que ahí hay un componente clave de la política del Ministerio de Ambiente –es fundamental– y estamos trabajando muy bien. En la semana de la Expo Prado el Ministerio de Ambiente tuvo toda la semana una participación en algún evento vinculado precisamente a estos temas. Entonces, sí venimos avanzando de buena manera.

¿Qué estrategia es a la que aspiramos con los agroquímicos? Tratar de ir mejorando. Para eso estamos tomando en cuenta las recomendaciones de la FAO, que nos dicen que Uruguay debe avanzar en dos dimensiones: actualizar el registro –quizás signifique que haya  que discontinuar algún producto– e incorporar la evaluación de riesgo ambiental en la evaluación de los agroquímicos, cosa que hoy no existe.

Con estas recomendaciones, después de muchas reuniones y de mucho trabajo, tenemos un acuerdo marco para avanzar en la ruta de actualización del registro e incorporación de la dimensión ambiental en la evaluación de los plaguicidas en un plazo de cinco años. Esto es muy importante.

También estamos trabajando en todo lo que es el monitoreo permanente de las aplicaciones. Por ejemplo, estamos avanzando en el monitoreo del río San Salvador –que es la cuenca más agrícola del país–; estamos sumando estaciones de medición y el estudio de polinizadores en ese análisis, en lo que tiene que ver con las aplicaciones.

El glifosato tiene mala prensa, pero también desde el punto de vista ambiental fue una solución, porque en lo que tiene que ver con la erosión, su aplicación mejoró la circunstancia. Por lo tanto, el tema no es demonizar productos ni nombres. Hay productos más complejos –por  no decir peores que el glifosato– que hoy no están en el radar de nadie, no tienen esa prensa, pero son peores, incluso.

En realidad, en el mundo no se ha prohibido; se ha anunciado su prohibición, pero no se ha prohibido. Por ejemplo, Alemania lo iba a prohibir en el año 2021 y ahora dice que lo hará en el 2023.

No descartamos nada de eso, lo que sí digo es que lo importante es trabajar en conjunto, ver cómo aplicamos, ver qué es lo necesario y esa es la transformación a la que tenemos que apuntar: el uso responsable. Es como todo lo demás, me parece.

SEÑOR DOMENECH.-  Entiendo que el problema es aún más complejo. Vamos a decir que la solución del problema medioambiental también depende en gran medida de que la investigación se haga con un sentido nacional.

                Durante muchos años nuestra agricultura, nuestra ganadería y toda nuestra producción agropecuaria no fueron tan dependientes de la industria química como lo es en la actualidad, porque la tierra se cultivaba combatiendo las hierbas competitivas mediante medios mecánicos. Luego vino el glifosato, los herbicidas, que son una consecuencia de la investigación de la industria química con fines bélicos, porque la expansión de todo esto nació simultáneamente a la Guerra de Vietnam y ha hecho que nuestra agricultura, ganadería y toda nuestra producción agropecuaria sean enormemente dependientes de la industria química. Esto tiene consecuencias económicas y estratégicas para el país –porque no se trata de una industria que pertenezca al Uruguay– y nos hace funcionar un poquito como el burro detrás de la zanahoria: nunca llegamos a la zanahoria. Es cierto que la carne ahora vale USD 4,40 en segundo balanza y que la soja está en más de USD 500, pero también ha habido un aumento considerable de los fertilizantes, de los herbicidas, de los insecticidas y de los fungicidas, en algunos casos cercano al 90 %.

Entonces, realmente este es un tema muy complejo; no demonizo al glifosato por sus efectos medioambientales, pero me genera preocupación que hayamos adoptado un paquete tecnológico que nos hace dependientes de una industria que no manejamos y que provoca que cada vez que aumenta el precio de los productos agropecuarios, simultáneamente, suba el de los químicos, que son la base del paquete tecnológico que, casi sin discusión, hemos adoptado en el país.

Este es un tema para polemizar, como habría dicho el senador Penadés, pero advierto que los supuestos efectos beneficiosos de este paquete tecnológico están contrarrestados por algunas dudas que se me generan y, además, porque nos provocan una dependencia de una industria que no manejamos.

SEÑOR GANDINI.- No quiero extender para nada el trabajo de la comisión.

                Simplemente digo que, luego de analizados algunos temas vinculados a la calidad del agua y a las soluciones que se están implementando, no quisiera dejar de trasmitir mi preocupación –No espero una respuesta, aunque quizás me la pueden mandar– respecto de aquellas perforaciones que alimentan ciudades y poblaciones del interior del país que están contaminadas con arsénico en un nivel que supera el mínimo aceptable. Es verdad que eso ha ido cambiando –ahora es más exigente–, pero también es cierto que el Estado tenía algunos años para corregirlo; ese tiempo no se usó y está por vencer el plazo. Alguna solución hay que tomar dada la gravedad del asunto, sobre todo, en alguna de las poblaciones en las que el agua tiene altos niveles de arsénico. Obviamente, eso no se corrige fácilmente con otras perforaciones porque existirá el mismo problema.

Simplemente, quería dejar el tema planteado; creo que es una deuda pendiente que tenemos y una solución que OSE tendrá que buscar.

Gracias, presidente.

SEÑOR MAHÍA.-. Voy a tratar de colaborar con la Mesa y con la comisión.

Algunas de las cuestiones que hemos planteado referían, fundamentalmente, a plazos de aplicación de los anuncios que hacía el ministro, pero por los tiempos que se están marcando, hay necesidad de ingresar en el articulado.

Entonces, presidente, si por falta de tiempo –no por falta de conocimiento ni de voluntad– no se pueden contestar algunas de las cuestiones que hemos planteado, pueden enviar la información por escrito y cerramos el asunto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La mesa valora mucho la colaboración del senador Mahía.

SEÑOR MINISTRO.- Igualmente, el problema de tiempo es de la comisión, pero voy a tratar de colaborar. No quiero irme sin responder algunas de las preguntas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Conteste todas las que sean necesarias.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a tratar de ser lo más colaborativo posible.

SEÑOR PRESIDENTE.- Conteste, no hay problema; solo le pedimos que sea concreto. 

SEÑOR MINISTRO.- Estoy tratando de ser concreto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, pero no lo viene logrando.

SEÑOR MINISTRO.- En realidad, señor presidente, usted está muy ansioso. Estos son temas muy complejos y trato de abordarlos, pero hay interrupciones. En definitiva, vengo a exponer y a responder las preguntas que me formulan los senadores, porque si vengo y no respondo, ¿a qué vengo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, lo escuchamos.

SEÑOR MINISTRO.- Hubiera sido más fácil mandar el informe de la presentación y salíamos de esto; era más rápido, también.

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante, señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a contestar rápidamente, porque todos son temas relevantes y me interesa que quede constancia de ellos en la versión taquigráfica.

El tema arsénicos –sobre el que consultó el señor senador Gandini– es importante. A fines de año cambiará la normativa. Hay 163 localidades con problemas en el agua potable, sobre todo, el agua subterránea. Estamos tratando de avanzar en un programa rápidamente con la OSE para generar soluciones que bajen los niveles de arsénico y se ubiquen dentro de los márgenes que la reglamentación ordene a partir del mes de noviembre. Hay todo un plan desarrollado por la OSE para atender a estas 163 localidades que tienen estos inconvenientes, establecidos e identificados. Esta es una prioridad en el plan de gestión y en la inversión de la OSE, y es muy relevante.

Con respecto a lodos, hay seis iniciativas privadas. La idea del Gobierno es tratar de solucionar el problema de los lodos en Santa Lucía. Creemos que este es, sobre todo, un problema ambiental. Los técnicos nos han explicado que mucho más que un problema para el agua potable es un pasivo ambiental que se ha acumulado por 150 años. Como dije, tenemos seis iniciativas que están pasando en estas horas del ámbito de Presidencia de la república a la OSE; allí se elegirá el mejor modelo y se llamará a interés público para seguir avanzando. La idea es tratar de solucionar este tema en el presente período. Obviamente que ello supone también una inversión importante, pero estamos trabajando en ese sentido.

En lo que tiene que ver con el saneamiento, estamos tratando de desarrollar dos grandes planes. Uno de ellos es para localidades menores a 2000 habitantes –esta es una idea que viene de la Administración anterior– y consiste en un plan, básicamente, de recolección por barométrica y tratamiento en piletas locales. Vamos a tratar de avanzar en ello con soluciones para localidades, reitero, menores a 2000 habitantes, donde el saneamiento por alcantarillado difícilmente llegue por una cuestión de números, económica. El otro plan alcanza a las localidades mayores a 2000 habitantes y, en principio, está pensado –es un plan muy ambicioso– para 124 localidades en todo el país. Esto no supone cambios con el plan de OSE. Sobre lo que estamos trabajando y analizando en este momento –porque esta iniciativa se declaró técnicamente viable y de interés por parte del Ministerio de Ambiente; estamos en el estudio de factibilidad– es en un plan financiero que permitirá traer al día de hoy la inversión que OSE haría en 30 años. La idea sería desarrollar el plan que OSE ya tiene para saneamiento en menos tiempo. ¿Cuánto es el menos tiempo? Bueno, la propuesta original es de cuatro años. Sería una obra de alto impacto que generaría más de 10.000 puestos de trabajo, además de una solución para el interior del país, donde la cobertura de saneamiento ronda el 50 %. ¿Lograremos que sea en cuatro años? No sabemos, porque estamos estudiándolo. Quizás este plan pueda llevarse a cabo en tres etapas, con una primera para mayores de 5000. Ahora bien, sí existe voluntad de avanzar ciertamente en este período en cobertura de saneamiento en el interior del país. Básicamente eso es lo que estamos proponiendo. También en unos meses tendremos afinada la propuesta desde el punto de vista financiero para poder analizar si vamos de una con este megaplan de alto impacto o si esto se divide en alguna etapa. Es lo que estamos estudiando todas las semanas en reuniones que integra el consorcio junto a la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OSE y el Congreso de Intendentes. Por primera vez incorporamos a los intendentes desde el vamos al análisis de esto, que tanto impacta en el interior. Ellos designaron al intendente de Florida, Guillermo López, como representante en esa comisión de trabajo.

En cuanto a los sitios de disposición final, tenemos una estrategia para su cierre; de cierre parcial al año 2027 y de cierre total en unos años más. Tenemos una obligación primera que nos impone la propia ley de residuos, pero aspiramos llegar a 2025 con muchos vertederos cerrados y definitivamente cerrados y con sitios de disposición autorizados y con las mejores prácticas hacia 2027. Vamos en una línea que apoya la regionalización. Venimos trabajando con las intendencias del interior del país en algunos proyectos que ya están encaminados para encontrar soluciones en algunos departamentos en los que esto es viable; en otros, definitivamente, no lo será. Estamos analizando la situación de cada uno de los departamentos y hablando del tema con cada uno de sus intendentes.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En cuanto al tema de la fractura hidráulica o fracking, como también se lo conoce, estamos trabajando con una comisión que se ha integrado a raíz de la ley que estableció la moratoria de fracking en el período pasado. El plazo de esta comisión termina a fin de año, y estamos ya participando en la elaboración de su informe técnico final, que seguramente saldrá en tiempo y forma. Podemos adelantar que se ha llegado a un acuerdo en el sentido de que va hacia una prórroga de la moratoria.

                La voluntad del señor ministro y la mía personal, manifestada también en la época en que actuaba en este Parlamento, era la de prohibir el fracking, por los riesgos que genera y por el posible perjuicio a lo que consideramos como lo más importante, que son los recursos naturales y en particular el agua subterránea, en un mundo que, además, va hacia la descarbonización y a dejar de lado los combustibles fósiles como principal energía. Pero el Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene otra posición al respecto y estamos llegando en la comisión a este punto de acuerdo intermedio entre ambas secretarías de Estado.

                En lo que se refiere a la posición uruguaya en la convención de Antártida, existe la dirección del Programa Nacional Antártico, que integra el gabinete interministerial. Hasta el año pasado la integraba el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a partir del Decreto n.° 60/018, y había nombrado un delegado. Por supuesto que conocemos la historia de ese nombramiento y los cuestionamientos que se hicieron, fundamentalmente por algún científico, que tenía un interés particular y personal en esa situación. Me lo manifestó, incluso, personalmente a mí aquí en el Parlamento. Nosotros estamos ahora en una posición en la que no tenemos un delegado titular. Tenemos, sí, nombrado un alterno. Pero tenemos la fuerte intención, por supuesto, de ocupar nuestro espacio como Ministerio de Ambiente en esa importante institucionalidad antártica del país. Es una posición estratégica. Creo que se cometió un error en el Decreto n.° 60/018, que fue conjugar la dirección científica con la de gestión ambiental en la misma estructura, cuestiones que entendemos que deberían estar separadas. Entonces, vamos a ver si es posible o no modificar el decreto en ese sentido. Pero tenemos ya funcionarios abocados al tema antártico, que es lo más importante. Más que las personas, está la institucionalidad y la decisión política de trabajar en el posicionamiento de Uruguay en materia ambiental en la Antártida, básicamente en dos temas muy importantes. Uno de ellos es la posibilidad de liderar como país la concreción de una nueva área marina protegida en el Dominio 9, en donde no existen este tipo de reservas, sobre todo para la protección de los recursos naturales importantes que allí existen. Y el otro es la posibilidad de trabajar en la mejora de la gestión de la base José Artigas. Vamos a intentar, en este período, por lo menos sentar las bases para transitar hacia una base verde, que mejore la gestión en residuos sólidos, efluentes líquidos y generación de energía, también para tratar de independizarnos de los hidrocarburos en esa base.

SEÑOR MINISTRO.-  Como aclaración y complemento de lo señalado, voy a agregar que el tema saneamiento para nosotros es fundamental. Lo que sí quiero dejar claro es que esto no es un nuevo plan de saneamiento. Lo que estamos planteando como novedoso es la financiación que permitiría hacer en menos tiempo lo que nos llevaría cuarenta años. Hago esta aclaración porque es una pregunta recurrente. ¿Lo que está planificado, por ejemplo, para La Paz y Las Piedras se va a hacer? Sí, se va a realizar, porque lo que queremos hacer es eso más rápido. Quizás lo podemos concretar antes. Pero no es un cambio de planes ni de prioridades.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay preguntas de los señores senadores sobre los artículos presentados por parte del Ministerio de Ambiente, pasaríamos a los aditivos.

SEÑOR MINISTRO.- Nosotros vamos a entregar tres artículos que no están en el articulado original y que es de interés para el ministerio que la comisión considere y, en lo posible, apruebe. Son artículos sin costo.

Uno de ellos refiere al Registro Nacional de Industrializadores y Comercializadores de Cobre. Tiene que ver con la función del ministerio en cuanto a la gestión de residuos y de un residuo en especial, que es precisamente el cobre. Ustedes saben que este es un tema muy complejo, de mucha sensibilidad para el Ministerio de Industria, Energía y Minería; para el Ministerio de Economía y Finanzas; para la UTE, pero también para el Ministerio de Ambiente. Hoy existe un registro al cual el ministerio no puede acceder, motivo por el cual solicitamos incluir en este artículo al Ministerio de Ambiente entre las instituciones que pueden acceder. Resulta fundamental para nosotros para poder hacer una adecuada trazabilidad de las distintas corrientes de residuos y sus fracciones, así como para coadyuvar a la formalización de la gestión de los residuos y, muy especialmente, para el mejor diseño y posterior aplicación de la próxima reglamentación de los residuos electro-electrónicos. Esto es clave para nosotros.

Lo único que hace el artículo es modificar el artículo 3.º de la Ley n.º 19138, de 3 de octubre de 2013, el que quedaría redactado del siguiente modo: «El Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, la Administración Nacional de Telecomunicaciones y los Gobiernos Departamentales, tendrán acceso a dicho Registro, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. Estos quedarán obligados a guardar reserva sobre la información obtenida del referido Registro».

Permanentemente, incluso los Gobiernos departamentales nos piden actuar sobre este tema, pero para un efectivo control necesitamos tener esa competencia.

El segundo aditivo es un agregado en la Ley n.º 19829, que es la ley de gestión integral de residuos. Esto tiene que ver con las competencias del ministerio para poder implementar el plan general de gestión de residuos. Justamente, la semana que viene estamos presentando el avance de este plan y aspiramos a presentar el plan definitivo en diciembre.

Básicamente  proponemos que se agregue al artículo 21 de la Ley n.º 17283, de 28 de noviembre de 2000 –que es la ley general de protección del ambiente–, la siguiente frase: «En especial, dicho Ministerio podrá adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de la escala jerárquica de gestión de los residuos, incluyendo disposiciones de promoción, regulación y prohibición, dirigidas a la minimización de la generación de residuos, así como la adecuada aplicación de las alternativas subsidiarias cuando corresponda».

Para aplicar ese plan nacional necesitaríamos esta competencia, y por eso estamos sumando esta propuesta al articulado.

Luego, y unido a esto, hay un tercer aditivo que estamos proponiendo, que tiene que ver con cambios en lo que refiere a los residuos y la cuestión tributaria y de exoneración. Sobre todo estamos haciendo referencia a los residuos de zonas francas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.­- En realidad es un artículo que se plantea como novedoso en este capítulo del Ministerio de Ambiente y tiene que ver con los residuos generados en las zonas francas, depósitos aduaneros, puerto libre y aeropuerto libre. Se plantea la posibilidad de darle al Poder Ejecutivo la facultad de exonerar los impuestos de importación de estos residuos cuando fueren destinados al reciclaje.

                Lo que sucede hoy es que estos residuos se ingresan a los residuos sanitarios del país, les generan un problema a los Gobiernos departamentales ocupándoles un espacio muy importante y no se pueden valorizar. Si se destinan al reciclaje tienen que pagar, como materias primas, los impuestos correspondientes.

                Por lo tanto, autorizar al Poder Ejecutivo a otorgar esta exoneración va a generar un apoyo a pequeñas empresas, cooperativas, recicladores, con estos residuos, que generalmente tienen alto valor desde el punto de vista del reciclaje y la economía circular. En ese sentido les va a facilitar la tarea y les va a mejorar su equilibrio económico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos al señor ministro y a la delegación que lo acompaña por su participación en la sesión de la mañana de hoy.

                Se levanta la sesión.

(Son las 12:32).