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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el 5 de agosto de 2021).

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 14: 51).

(Ingresa a sala una delegación de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús, Anetra).

               –La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social –los senadores que estamos aquí presentes y el senador Andrade vía Zoom– da la bienvenida a la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús, Anetra, representada por los doctores Aníbal De Olivera y Ruben Rama.

SEÑOR DE OLIVERA.- Agradecemos la invitación que nos han cursado.

               Comparecemos hoy en la comisión el doctor Ruben Rama, que es delegado del Subgrupo 02 del Grupo 13, Transporte Terrestre de Personas Internacional, Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior y de Turismo, y quien está hablando, Aníbal De Olivera, representante del Grupo 13, Transporte y Almacenamiento, del consejo de salarios.

               Venimos en representación de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús, Anetra, y, en nombre de la comisión directiva, agradecemos la invitación que nos han cursado.

En el ámbito del consejo directivo de Anetra muchas veces evaluamos que determinadas situaciones se duplican en diferentes ámbitos. Me refiero, básicamente, al hecho de que los temas planteados por la Coordinadora del Inter –y que hoy nos convocan– ya han sido debatidos y discutidos, y seguramente serán planteados en breve en la órbita de los consejos de salarios, donde entendemos que se cuenta con todos los elementos y con una secuencia de hechos acertada y conocida por cada uno. Por lo tanto, a veces, el hecho de descontextualizarlos de esos ámbitos genera algunas distorsiones, además de tensar aún más las relaciones laborales, que es lo que no queremos en nuestro sector.

               Hecha esta precisión, le voy a pedir al doctor Ruben Rama que exponga un poco sobre cuál es la situación del sector, cómo vivimos el período prepandemia y la pandemia, así como la manera en que estamos tratando de salir de la situación bastante compleja en la que nos encontramos.

SEÑOR RAMA.- Reitero el agradecimiento que en nombre de la asociación el señor De Olivera recién manifestó.

               Nos parece muy importante contextualizar la situación para que la problemática que, en definitiva, plantearon los representantes de los trabajadores, sea entendida de la mejor forma y, en ese sentido, intentar buscar soluciones.

               Lo primero que nos parece importante explicar, aunque sea de forma muy resumida, es la naturaleza de nuestra actividad. El transporte de pasajeros es un servicio público que las empresas brindamos en carácter de concesionarias o permisarias, de acuerdo a la normativa vigente. En este sentido, es una actividad absolutamente regulada en todos los aspectos que se puedan imaginar por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, específicamente, a través de la Dirección Nacional de Transporte. Y pongo algunos ejemplos de los aspectos más relevantes de la regulación: los destinos a los cuales cada empresa atiende; las rutas; los horarios, tanto para su modificación como para los agregados. Todo tiene que contar con la autorización del organismo regulador. Otro aspecto fundamental que está regulado es la tarifa, porque el sector es tomador de precios, lo cual es relevante en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, porque todo lo relacionado con los beneficios salariales termina siendo reconocido en la tarifa y, de alguna forma, se traslada al precio del boleto. También se requiere una coordinación, no solo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino también con los de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas.

Esta regulación de la actividad tiene otra característica muy importante, que tiene que ver con la información. El organismo regulador –me refiero al Ministerio de Transporte y Obras Públicas– cuenta con toda la información estadística de cada una de las empresas, ya sea operativa, como de la situación económico-financiera.

Por un lado, las empresas presentan mensualmente las declaraciones juradas, que es una exigencia de la regulación por la que se comunica a la Dirección de Transporte un montón de datos estadísticos como, por ejemplo, cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos, entre otros. A su vez, otra exigencia es la presentación anual de balances auditados. Por lo tanto, la evolución de la actividad en el tiempo y la situación actual responden a datos objetivos, que pueden ser comprobables –de hecho lo son– con esta información oficial con la que cuenta el organismo regulador.

               Otra característica del sector es la gran heterogeneidad, porque hay muchas empresas. El director de Transporte hace poco tiempo nos decía que son casi doscientas las empresas reguladas por ese organismo e, incluso, en este laudo hay más porque también abarca a empresas de turismo y otras actividades afines. Esto hace que reúna a empresas que muchas veces tienen características distintas por su porte, tipo de línea que atienden, localidad geográfica, etcétera.

               Dicho esto –en forma breve, porque nos llevaría una reunión entera explicar toda la regulación del sector–, nuestra intención es ponerlos al tanto de cuál era la situación del sector previo a la pandemia.

               Precisamente, antes de la pandemia el sector no estaba en una situación de fortaleza. Hace unos cuantos años que el transporte de pasajeros viene atravesando una caída sistemática en la venta de boletos y, por lo tanto, en la cantidad de pasajeros transportados año a año. Luego de una época de crecimiento, cuyo pico se dio en los años 2007 y 2008, se ingresó en una especie de meseta hasta los años 2013 y 2014 y posteriormente comenzó una caída marcada en los niveles de actividad, lo que se acumuló año tras año. Entonces, la situación general era un poco compleja y, en particular, en algunas empresas lo era aún más por situaciones específicas.

               En consecuencia, las recaudaciones y los niveles de ocupación de los servicios se redujeron y a eso se suma una dificultad adicional que se viene arrastrando desde hace muchos años: un atraso tarifario muy importante. Eso es todo un problema porque matemáticamente uno puede decir que hay un desfasaje equis de un porcentaje, pero la posibilidad material de trasladarlo al precio del boleto es algo muy complejo y tiene muchas aristas. Este desfasaje tarifario se debe a que hay una estructura tarifaria, una paramétrica, que contempla costos e ingresos y, desde el punto de vista del sector, no son los que realmente tienen nuestras empresas desde hace mucho tiempo.

               En este contexto e ingresando a las relaciones laborales en el sector, queremos destacar que ya desde hace unos cuantos años presentaban algunas complejidades. Hasta el año 2012 el sector transitó un proceso de mejora de las condiciones laborales y salariales de la mano de esa etapa de crecimiento que mencioné anteriormente. Cuando la actividad del sector se estancó y entró en recesión, el gran desafío fue intentar mantener las condiciones que se habían acordado en una época de crecimiento. Fue muy desafiante para las empresas poder mantenerlas, pero surgieron planteos de los trabajadores de seguir con el proceso de mejoras, aunque la realidad no hacía posible contemplar esas pretensiones.

               A partir de la declaración de la emergencia sanitaria –como pasó en todo el Uruguay y seguramente en el mundo entero–, la actividad del sector se desplomó de una forma histórica. Nosotros decimos que la crisis actual es la peor de la historia del secto porque nunca se había dado un desplome tan grande de la actividad y, además, en un período tan corto. Desde aquel viernes, cuando se detectaron los primeros casos, hasta el miércoles o jueves de la semana siguiente, cuando empezaron a cerrar las actividades y las personas comenzaron a restringir la movilidad, los niveles de actividad bajaron entre un 20% y un 30% en relación a los pasajeros que transportábamos la semana anterior. De esa magnitud fue la caída de los niveles de actividad.

               ¿Qué paso en ese contexto? La Presidencia de la República, a través del señor secretario, le plantea a todo el transporte –no solo al interdepartamental, sino también al urbano y al suburbano– la necesidad de mantener la conectividad del país, por lo que les decía al principio: este es un servicio público que debe ser brindado, aunque sea en niveles mínimos, más allá de las distintas circunstancias. O sea, se hablaba de mantener la conectividad –como se definió en aquel momento hasta por el equipo económico– por la necesidad de conservar los motores de la economía encendidos y de trasladar al personal esencial en una situación de pandemia, entre ellos –por supuesto–, policías, personal médico, etcétera.

               El tema es que en ese contexto, con esos niveles de actividad, era muy difícil asegurar esa situación. Para que tengan una idea, había servicios de muchos kilómetros que salían con dos o tres pasajeros y eso iba a llevar a que en el corto plazo fuera absolutamente imposible sostenerlos, porque seguramente no habría manera de cumplir con las obligaciones básicas.

               El Poder Ejecutivo lo entendió y manifestó su intención de apoyar económicamente al sector para que se pudiera mantener esa conectividad. Se comprometieron a realizar esos apoyos y los cumplieron durante el año 2020. En ese año, con la paulatina reapertura de las actividades por lo que fue la buena evolución de la pandemia, el sector empieza a evolucionar –por supuesto– en los niveles de actividad, pero siempre se mantuvo muy lejos de lo que era en la etapa previa. Para que tengan una idea, el pico de mejora se dio allá por el mes de noviembre, previamente a que después recrudecieran los niveles de la pandemia. Sin embargo, el sector no llegó nunca a recuperar ni siquiera el 50 % de los pasajeros que transportaba previamente y los kilómetros recorridos se mantuvieron entre un 50 % y 60 %, o sea que, igualmente,  había un desfasaje entre la oferta y la demanda.

               A fines del 2020 se agrava la pandemia, se desploma nuevamente la actividad y aquí se agrega un fenómeno adicional, que fue la limitación del aforo de las unidades de transporte interdepartamental. Esto no ocurrió en otros sistemas de transporte, pero sí en el interdepartamental. Por esa limitación, se habilitó la mitad de los asientos, que es menos de la mitad de los aforos propiamente dichos, porque también hay una capacidad de transportar pasajeros de pie. Por lo tanto, en ese momento hubo que recorrer más kilómetros para transportar una menor cantidad de pasajeros, con todos los costos adicionales que eso genera.

               Actualmente –en el año 2021–, en relación a los apoyos económicos, puedo decir que nos encontramos trabajando con las autoridades reguladoras para poder encaminar el tema. Entendemos que lo que hemos recibido en este año ha sido insuficiente, porque por un lado están las compensaciones por la limitación del aforo –que fue uno de los aspectos que se manejó por parte de las autoridades desde el primer día– y, después, los apoyos económicos por la caída de la actividad que se dieron en el año 2020.

Eso nos ha generado algunas dificultades muy importantes en este año. Naturalmente, la materialización del cobro de esas ayudas se da con los retrasos que conllevan los trámites normales en la Administración, lo que ha generado problemas financieros muy importantes a las empresas, porque hay costos que se pagan prácticamente al contado, como gasoil, peajes, los sueldos a fin de mes y obligaciones de todo tipo. Ese desfasaje en la cobranza de esas partidas ha generado problemas adicionales.

               Esto es lo que quería decir en cuanto al contexto general de la actividad. Nos parecía muy importante que tuvieran esta información, por lo menos resumidamente, para así poder ingresar en el tema laboral propiamente dicho.

               El laudo del sector es muy extenso y abarca unas cuantas ramas de actividades afines del transporte: está el sector interdepartamental propiamente dicho –de corta, media y larga distancia–, el transporte internacional de pasajeros en turismo, las camionetas, el transporte interdepartamental del interior y el interurbano. En fin, abarca una cantidad muy amplia de subsectores del transporte y, naturalmente, fue acordado en un contexto absolutamente distinto al que se generó a partir de la declaración de emergencia sanitaria. Como les decía anteriormente, se dio en una etapa de crecimiento del sector y su cumplimiento fue muy desafiante.

               El laudo tiene una característica muy importante, una previsión –en la comparecencia de los trabajadores no se mencionó, pero nos parece que es la clave de todo esto– que tiene una cláusula, la séptima, que prevé qué ocurre en situaciones como la que estamos atravesando. Específicamente, prevé dos hipótesis. Básicamente, cumple con el laudo y establece que las condiciones, como los ajustes salariales previstos, están condicionados a dos aspectos. La primera es el reconocimiento de tarifa, a que haya recursos tarifarios o extratarifarios; la segunda, es la existencia de economías. Claramente, en una situación de pandemia nacional, con un desplome de la actividad de la magnitud que les decía, las economías no existen como para poder afrontar las obligaciones que surgen de ese acuerdo. En marzo de 2020 planteamos acordar y poder negociar con los trabajadores la aplicación de esa cláusula. ¿Para qué? De alguna forma, para que no quedara abierta a que cada una de la gran cantidad de empresas que abarca el laudo hiciera una aplicación individual o unilateral y pudiera generar diferencias o distorsiones en todo el sistema. Ese es el origen de la negociación de marzo de 2020, es decir, poder acordar la aplicación de esta cláusula. Lamentablemente, desde el primer día recibimos una negativa cerrada de los trabajadores a negociar. Simplemente, se nos trasmitió que el laudo estaba vigente y que había que cumplirlo hasta su término, o sea, febrero de 2021. Más allá de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dinatra, del subdirector y director de trabajo, presentaron varias fórmulas de acercamiento, todas fueron, de alguna forma, rechazadas por los trabajadores. Si bien en alguna oportunidad comunicaron que aceptaban alguna, finalmente no se aceptó. En definitiva, hubo falta de negociación y de diálogo, y entendemos que es un tema de aceptar la realidad­. Sinceramente, hemos manifestado en ese ámbito que la actitud que tuvo la coordinadora de la interdepartamental no estuvo a la altura de las circunstancias, más allá de que entendimos lo duro que fue para los trabajadores tener que transitar un camino de readecuación de los beneficios salariales, que a nadie le gusta. Es mucho más fácil y agradable negociar mejoras salariales y de condiciones de trabajo que cuando hay que hacer el camino opuesto, pero, objetivamente, la situación así lo requería. Lamentablemente, en este subgrupo de actividad hoy no hay un ámbito de negociación y de diálogo y, como les decía, el clima de conflictividad del sector venía de antes de la declaración de emergencia sanitaria. En un momento en el que las partes tendríamos que tener la capacidad de discutir situaciones de mutuo interés, hoy no tenemos ese ámbito. Eso sí ocurre en otros subgrupos del transporte en donde Anetra también negocia, como en el sector urbano y suburbano en los que en este período sí se ha llegado a acuerdos, incluso de reducciones salariales, sin que haya habido niveles de conflictividad, ni siquiera hubo conflictos.

El nivel de actividad está bastante concentrado en el sector interdepartamental. Entendemos –antes de darle la palabra al doctor Olivera– que el relato que realizaron los trabajadores en la comparecencia en este ámbito es absolutamente distorsionado con respecto a lo que fue el proceso de negociación. Se generalizan situaciones que eventualmente pueden darse en algunas empresas, pero nosotros no necesariamente tenemos conocimiento de todas por lo que decía anteriormente: la cantidad de empresas que regula este subgrupo de actividad, más allá de que cuando se plantea a nivel de consejo de salarios nosotros hemos participado y en muchas de ellas se han logrado acuerdos. Pero, en definitiva, lo hemos visto incluso en empresas de larga trayectoria, no solo en la actividad, sino en el relacionamiento con sus sindicatos, siendo muchos de ellos sindicatos históricos. Y también hay que decirlo: hay un grupo de empresas, que son las que tienen mayor tradición que, paradójicamente, fueron las que tuvieron mayores dificultades, así como los mayores niveles de conflictividad, a pesar de que durante este proceso se había llegado a acuerdos para poder contemplar muchas de las pretensiones de los trabajadores. Lamentablemente, a nuestro entender, muchos de esos ámbitos, hasta bipartitos, de alguna forma se han dinamitado por la actitud que ha tomado la coordinadora de la interdepartamental, y también algunos sindicatos puntuales. Lamentablemente no están alineados con la tradición de negociación y de relaciones laborales que hay en el sector.

               Le pasaría la palabra al señor Aníbal de Olivera.

SEÑOR DE OLIVERA.- Me gustaría referirme brevemente a algunas de las cuestiones que se plantearon por parte de los trabajadores en esta comisión. Nosotros, como sector, entendíamos que el ámbito natural en el que debíamos y teníamos la obligación de plantear las dificultades que tenía el sector era el consejo de salarios. Allí fuimos con una propuesta que claramente procuraba una reducción de la masa salarial del sector en función de que entendemos que un laudo regula la actividad dentro de una realidad fáctica, que no era la que se estaba dando en ese momento. Nunca planteamos una reducción de los niveles que vemos ahora, con sorpresa, a raíz de la comparecencia de la coordinadora, los números que se plantearon ante el Instituto Cuesta Duarte. Nunca pretendimos bajarle el salario a un trabajador de $ 42.000 a $ 28.000. Nunca estuvo planteado eso sobre la mesa. Se hicieron un sinfín de reuniones en el consejo de salarios. El día 10 de agosto de 2020 se convocó a fin de que cada parte presentara su última mejor propuesta en el marco de la negociación que veníamos llevando con los trabajadores. Desde el punto de vista económico, el contenido de la última propuesta presentada por el sector era el siguiente. El ajuste por crecimiento del 3,5 % previsto para el 1.º de marzo, inflación esperada, así como el 1,65 % del ajuste del IPC, se deja sin efecto; el incremento previsto para el 1.º de setiembre de 2020 del 2,5 % se deja sin efecto; quedan sin efecto los correctivos previstos en el período.  Asimismo, el 1.º de setiembre de 2021 se coteja el IPC acumulado entre el 1.º de junio de 2020 y el 30 de agosto de 2021. Si excede el 10 % se procederá a incrementar los salarios por diferencia registrada en la forma en que se acuerde en el consejo de salarios.

Allí proponíamos diferentes alternativas para el cumplimiento de las licencias porque, ¿qué pasó? Nosotros, como lo decía el doctor Ruben Rama, inmediatamente de que se produce la caída estrepitosa de la actividad, la única opción que teníamos para que los trabajadores no perdieran ingresos era mandarlos en forma inmediata al seguro de paro, con todo lo que era el país en aquel momento, con todas las empresas mandando trabajadores al seguro de paro. Entonces, esa acumulación de trabajadores en el seguro de paro provocó que muchos de ellos, que no habían tomado la licencia y que tenían programada la licencia para esos períodos de seguro de paro, no la pudieran usufructuar, por lo que se nos generó un cuello de botella de trabajadores con derecho a licencia, pero sin posibilidad de usufructuarla. Ahí planteábamos diferentes alternativas de cómo hacer uso de esa licencia, siempre respetando el derecho del trabajador a usufructuar de su licencia. Obviamente que a los que estaban en el seguro no los íbamos a sacar para que tomaran licencia –aunque al final hubo que hacer algo de eso–, pero lejos está este planteo económico del que vemos plasmado en una consulta que se hizo al Instituto Cuesta Duarte. Ahora nos cierra un poco más por qué alcanzamos ese nivel de conflictividad con paros y una actividad en la terminal Tres Cruces, donde recibimos muchos insultos de parte de los trabajadores por una propuesta que, en realidad, no tenía nada que ver con lo que estábamos planteando.

También se habla de la rotación en el seguro. En la órbita de la negociación propusimos como condición que para acceder al acuerdo las empresas necesariamente deberían tener un sistema de seguro de paro rotativo que asegurara la rotación de todos los trabajadores del sector, cosa que tampoco fue aceptada.

Cuando se habla de la reducción de kilómetros, no planteamos reducir los mínimos de diez mil a seis mil kilómetros como una forma de rebajar salarios. Lo que se planteó fue que tenemos un laudo que establece un mínimo de nueve mil kilómetros, ocho mil, siete mil, dependiendo de si se trata de corta, mediana o larga distancia. Como había pocos kilómetros propusimos que, en lugar de que trabaje una persona haciendo diez, se podía tener a dos que hicieran cinco, para mantener el vínculo laboral de los trabajadores con las empresas y sacar a algunos del seguro. Esta propuesta no fue aceptada; finalmente salió la ley que permitió los seguros parciales y se solucionó relativamente el problema. Pero nunca el planteo estuvo descolgado de rebajar los mínimos; era una alternativa para traer más trabajadores al sector y de alguna forma ir recomponiendo los vínculos laborales.

Con respecto a la rotación en el seguro de paro, fuimos convocados por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 26 de marzo a fin de tratar el tema, pero los trabajadores expresaban que no se hacía la mencionada rotación. Se convocó a un conjunto de empresas que según lo que señalaron no rotaban y se realizaron reuniones desde el 21 de abril al 10 de mayo con estas empresas. La realidad era muy disímil: había empresas cuyos trabajadores, por razones de salud, por vivir con una persona mayor, por tener temor a contagiarse y llevar el virus a su casa habían planteado no estar en actividad y permanecer en el seguro. Hubo un sinfín de situaciones, pero la realidad indicaba que más del 90 % del sector rotó y lo sigue haciendo, porque es la forma de mantener al personal en actividad. Hoy –pasado un año y medio de la pandemia–, en el sector no ha habido un solo despido en razón de la pandemia. Los trabajadores que se han ido lo han hecho porque consiguieron otra actividad, se instalaron en el interior y no quisieron volver a Montevideo o por otra razón, pero no se ha dado que haya terminado la relación laboral como consecuencia de la pandemia.  Ha sido una de las preocupaciones que nos plantearon los trabajadores desde el primer momento y nos han pedido certezas que no les podemos dar. Estamos sujetos a lo que resuelve y en contacto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Transporte a efectos de lograr la extensión de los seguros o buscar los apoyos necesarios para que la actividad pueda seguir funcionando, siempre con la idea de mantener el vínculo laboral de los trabajadores. Pero vemos que lo que en marzo pensábamos en cuanto a que la pandemia iba a durar un período corto se ha extendido y hoy, a dieciocho meses, estamos con un 55 % o 60 % de la actividad normal.

Nos preocupa el convencimiento de los trabajadores en este tipo de planteos, en el sentido de que la realidad es distinta a la que realmente estamos viviendo. Eso nos genera un ámbito muy hostil de negociación.

Estamos esperando, al igual que los trabajadores, que nos convoque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para empezar una nueva ronda de negociación colectiva, pero previo al inicio de la ronda, el día antes del inicio de las vacaciones de julio tenemos un paro. No nos explicamos cuál es la lógica de hacer un paro el día que las empresas pueden, de repente, trabajar un poco más. Tenemos esas dificultades que no las hemos podido solucionar. Y, a veces, la lectura de estos documentos que se producen en estos ámbitos nos llevan a tener una percepción de lo lejos que estamos en la visión de los problemas que tiene el sector.

No tengo mucho más que agregar. Quedamos a disposición de los señores senadores para responder alguna duda que tengan.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En primer lugar, nuestro agradecimiento por que se encuentren hoy aquí.

               Evidentemente, el planteo de ustedes es la contracara de la realidad. Estuve releyendo las actas y veo que ellos han planteado muchos temas y todos ellos muy preocupantes, como el relativo al salario. Según comprendí no se trata de que se les haya bajado el salario, sino que al ir perdiendo las compensaciones que tienen y que, finalmente, componen determinado salario, este en los hechos baja. Esa sería, entonces, una de mis preguntas, es decir, si esa es una realidad, como ellos la plantean, y si bien no se les baja el salario, no reciben determinadas compensaciones que recibían, no sé si por kilómetros o por qué rubro.

               Asimismo, se plantea que hay trabajadores que están en seguro de paro desde hace quince meses y que, a su vez, hay otros realizando sus tareas. Incluso, se planteó que durante el conflicto ingresaron nuevos trabajadores. No se explica, entonces, por qué tomar a nuevos trabajadores para que realicen la tarea en lugar de que lo hicieran aquellos que estaban en su casa en seguro de paro.

               También se planteó que hay muchos trabajadores en seguro parcial desde hace mucho tiempo, sobre todo del sector administrativo. Hay bastante preocupación al respecto –viajo en Cita todos los días– porque, evidentemente, ya hace mucho tiempo que no reciben el mismo salario.

               Otro de los temas planteados y que preocupa mucho es el de los guardas. Tal vez las distancias cortas que uno hace no lo ameritarían, pero sí los viajes muy largos. Por ejemplo, los viajes hasta el Chuy se están haciendo solo con chofer, lo que implica realmente un peligro no solo por el trabajo extra que pueda tener el chofer, sino por la responsabilidad respecto a los pasajeros. Una vez leí que lo más estresante –por lo menos en aquel momento– era la tarea del chofer de ómnibus porque, evidentemente, lleva una población que debe cuidar.

               Respecto a las cámaras de seguridad, plantearon que se sienten perseguidos haciendo esos trayectos largos. Tal vez, no a todas las empresas les suceden las cosas que estoy mencionando, pero nombraban cuáles eran las empresas que habían tenido sus problemas. En este caso, por ejemplo, nombraban a Turismar.

               Por otro lado, en los traslados de obreros de UPM y de Consorcio Constructor Ferrocarril Central no se llegaba a un acuerdo en cómo regular la jornada de trabajo porque tenían que hacer muchísimos kilómetros. Creo que ese es un tema del transporte en sí, ya que tienen que hacer determinada cantidad de kilómetros sin importar en la cantidad de horas. Se supone que un trabajador no puede trabajar más de ocho horas, salvo en determinadas excepciones, pero en el transporte, por lo que puedo entender, es por kilómetros. Es decir que una persona puede estar trabajando muchísimas más horas, cosa que debería atenderse por el cansancio que pueda tener la persona. Entonces, no sé si es un tema propio que en algún momento el ministerio tendría que ver cómo ordenar, o es algo que ustedes, desde las diferentes empresas, podrían tratar de atender. También nombraron a SATT, de Canelones, como muy problemática.

               Por otro lado ustedes acaban de decir que hay muy poco diálogo. El tema es si se ha fomentado para la pospandemia, porque eso es vital. Ustedes están planteando una situación de dificultad económica que ellos, supuestamente, con el interés de mantener el trabajo, deberían atender, pero también habría que ver si hay gente para jubilarse. Esas cosas podrían conversarse y tramitarse en un proceso de diálogo para atender situaciones, y de pronto esto ayuda a que se descomprima lo relativo a la cantidad de trabajadores sin que, a su vez, se generen problemas más grandes para los que queden. Me gustaría saber si están pensando en eso.  El seguro de paro parcial autorizado por la pandemia va a terminar. Entonces ¿cómo se va a enfocar esta realidad?

SEÑORA PRESIDENTE.- Voy a hacer una aclaración, señora senadora. Esta es una comisión asesora con fines legislativos. A veces se tiende a usar la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para querer sustituir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Consejo Superior de Salarios, a la bipartita, a la tripartita, etcétera.

               En este momento quienes integramos la coalición tenemos la mayoría de los votos, pero cuando no los teníamos, en nuestro caso como Partido Nacional, pensábamos de la misma forma. Tenemos un criterio amplio con esta comisión, pero no hay que olvidarse de que no podemos sustituir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni pretender que las empresas y los trabajadores –que dijeron mucha cosa– nos contesten preguntas que son del ámbito que corresponde al ministerio.

               Hace tiempo que estoy tratando de aclarar esto, pero lo vuelvo a intentar porque en este caso se plantearon situaciones como la del guarda, que es de largo aliento. No tiene nada que ver esta situación puntual que fue planteada por los trabajadores. Entonces, me parece que no es el ámbito para hacerlo. Pero está en los invitados por lo menos dar algún titular, si lo consideran necesario. Si no, lo harán en el ámbito que corresponda y nosotros después tendremos el vínculo que corresponde con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR RAMA.- Se plantearon unos cuantos temas, como muy bien se dijo.

               Los aspectos de seguridad en actividad están absolutamente garantizados. De hecho, el transporte –y específicamente el sector interdepartamental– ni siquiera aparece en las estadísticas de siniestralidad que elabora la Unasev; está comprendido en la categoría «Otros», donde está el tren, por ejemplo. Estamos a ese nivel de siniestralidad, y no es casualidad, sino consecuencia de un trabajo muy serio de empresas de mucha trayectoria en el sector.

               Por supuesto, no vamos a ingresar en situaciones puntuales como las que plantean los trabajadores, pero ninguna empresa del sector va a poner en riesgo, de ninguna manera, a los trabajadores ni a los pasajeros por decisiones laborales, como puede ser la de que haya algunos servicios sin guarda. Además, como se dijo, esto no es nuevo en la actividad, porque no todos los servicios del sector operan con guarda.

SEÑOR DE OLIVERA.- Tenemos un tema puntual, que es cuál va a ser el futuro del guarda. Hasta ahora, como sector, no lo hemos planteado formalmente en ningún ámbito de discusión a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Por qué? Porque no se ha dado todavía, ni siquiera a nivel del sector empresarial, la unificación de criterios con respecto a la necesidad de tener guarda o no.

               Lo que sí hay es una realidad, y es que el avance tecnológico hace que las unidades estén cada vez mejor equipadas y que las actividades que realizan los guardas sean sustituidas por elementos tecnológicos. Ahora bien, en este nivel de conflictividad –y coincidimos con los trabajadores en que es preocupante–, ¿cómo planteamos realizar ordenadamente una salida o una sustitución del guarda por una azafata u otro tipo de figura que no implique la misma tarea? Si hacemos ese planteo, seguramente tendremos un conflicto.

               En cuanto al tema de seguridad, hay una contradicción clara. Nosotros pensamos que la cámara es un elemento que aporta seguridad al transporte. Sin embargo, cuando pretendemos instalar la cámara como un elemento que aporte seguridad, encontramos una férrea oposición, porque se entiende que va a haber una persecución a los trabajadores en función de lo que surja de las cámaras. Nosotros decimos: si el trabajador no comete ninguna inconducta, nunca va a ser sancionado. El tema es que si hay una inconducta y la cámara la capta, obviamente tenemos el elemento de prueba, que hasta hoy no lo tenemos. Muchas veces los pasajeros nos mandan una foto o un video y el trabajador nos dice que fue descontextualizado porque fue en otro momento.

               Aclaro que ningún trabajador fue sancionado por comer galletitas en el ómnibus. Cuando se sancionó a trabajadores a raíz de lo que surgía de las cámaras de seguridad, fue por poner en peligro justamente la seguridad del pasajero. Eso lo queremos dejar bien claro. El tema de las cámaras está estrictamente vinculado al tema de la seguridad de los pasajeros, de la actividad que desarrollamos.

               En cuanto al tema de la forma de pago, los trabajadores del sector trabajan a destajo: cobran por kilómetro. Pero hay una particularidad. El promedio de kilómetros que se realizan es de 12.000, 13.000 o 14.000 dependiendo del tipo de línea: si es de corta, de media o de larga distancia. Tal vez un trabajador de corta distancia tiene jornadas de ida y vuelta de mayor cantidad de horas pero al otro día tiene descanso, mientras que el de larga distancia hace Montevideo-Salto y, de repente, vuelve. En este último caso también tuvimos algunos temas de discusión, porque nosotros pretendíamos que se quedaran a descansar y después volvieran, pero ellos entienden que lo mejor es ir y volver. Hay temas de seguridad vinculados a este punto y los hemos ido tratando de resolver a través de la negociación.

               En definitiva, es una realidad que este sector abona a destajo, se cobra por kilómetro, pero en general entre jornada y jornada, hay una de descanso.

               En cuanto al tema de la rotación, reiteramos: se dio y se da actualmente como una forma de mantener los vínculos. ¿Qué pasa? Hay empresas que tenían un exceso de trabajadores demasiado grande, quedaron con muchos en el seguro y no lograron, a través de la negociación, acordar qué trabajadores podían hacer las tareas sustituyendo a otros. Por poner un ejemplo, yo tengo un mecánico que lo único que hace es arreglar los equipos de aire acondicionado, pero tengo otro que me arregla el aire acondicionado, me hace la electricidad del bus y además me cambia las ruedas. Entonces, obviamente que ese trabajador está más calificado que el otro, que solamente atiende un área puntual. Y esto nos genera ciertas dificultades.

               En el ámbito administrativo también pasa a nivel de la formación que tiene el trabajador. A veces está capacitado, pero no para manejar un POS, y entonces se le complica cuando queda solo en la agencia y tiene que hacer varias actividades a la vez. Eso también genera dificultades. Dentro de la negociación –esa a la que aludimos anteriormente– estaba planteado realizar una especie de bolsa de trabajo y tratar de capacitar a trabajadores a través de Inefop para que volvieran a reinsertarse en otros puestos de trabajo. Pero todo eso naufragó y terminó en un decreto del Poder Ejecutivo.

               Por eso decimos que hay detalles que quedan en los relatos, que conocen en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que están y estuvieron planteados en las órbitas donde negociamos. A veces queda descolgado del planteo –que se reduce después a una exposición de 20 minutos acá– todo lo que pasó y las muchas horas que llevó la negociación.

SEÑORA PRESIDENTE.- Voy a hacer una pregunta, no en mi calidad de presidente, sino de senadora.

               Los trabajadores en forma bastante reiterada hicieron referencia a la falta de respuesta en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se mencionó especialmente al doctor Daverede y al ministro también. Estos son datos objetivos; aquí no hay subjetividad. Ustedes están acostumbrados a la negociación colectiva, como todo el país, porque existe en el ámbito privado desde el año 1943. Entonces, quisiera saber si notaron alguna falencia en ese sentido, porque realmente este sí es un papel que nosotros efectivamente debemos cumplir como representantes de la población, y como es probable que hablemos con el ministerio, nos interesa saber si esto ocurrió de esta manera o si se siguió la negociación en los ámbitos que todos sabemos que están muy reglados. Incluso, acá tenemos a un exministro de trabajo. ¿Eso se alteró en alguna medida o fue la situación conflictiva la que motivó algún desajuste de reuniones?

SEÑOR RAMA.- Creo que la falta de acuerdo y el decreto que se termina dictando no se debió a falta de instancias de diálogo. Como decía recién el doctor De Olivera, se celebraron una cantidad importante de reuniones no solo en la órbita del consejo de salarios, sino también con participación directa del director nacional de Trabajo y también del subdirector. Participó personalmente en etapas muy importantes de este proceso, a tal punto que la etapa final se terminó dando en la misma Dirección Nacional de Trabajo.

               Por lo tanto, entendemos que los ámbitos de diálogo estuvieron, fueron dispuestos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y fuimos recibidos tanto nosotros como los trabajadores en todas las instancias en que fue necesario. En definitiva, el no haber podido lograr un acuerdo no se debe a un tema estructural de esa naturaleza, sino a la dinámica de la negociación o a distintas visiones de las partes, como lo expresamos recién.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si ningún señor senador quiere hacer alguna otra pregunta o comentario, agradecemos a los representantes de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús, Anetra, por su presencia en la sesión de hoy. Nos mantendremos en comunicación.

(Se retira de sala la delegación de la Asociación Nacionalde Empresas de

Transporte Carretero por Autobús, Anetra).

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: tengo una pregunta sobre el funcionamiento de la comisión. Usted decía que tiene fines legislativos, y los tiene, pero justamente en mi experiencia como ministro de Trabajo y Seguridad Social muchas veces me convocaban a la comisión no con fines legislativos, sino para preguntar sobre el funcionamiento del ministerio o su posición ante determinados conflictos y cómo habían sido encarados, a partir de la concurrencia de las delegaciones de trabajadores o de empresarios a la comisión de legislación laboral, donde se habían planteado determinadas cosas.

               La delegación que vino hoy hizo referencia a las actas de lo que se habló cuando vinieron los trabajadores y calificaron sus manifestaciones de no correctas. Es decir, en esta comparecencia estuvo en juego lo que fue la comparecencia anterior.

               Entonces, no solo se trata lo legislativo, porque de alguna manera a veces se pide –el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también lo pide– tener algún papel. Por eso creo que la legislativa es una de las funciones, pero no la única.

SEÑORA PRESIDENTE.- Lo tengo clarísimo. Lo que sí dije, y lo voy a remarcar, es que hay una tendencia marcada a que esto se desvirtúe. Personalmente lo viví en la Cámara de Representantes, a pesar de que no integraba la comisión, pero en determinado momento fui por un compañero que no podía asistir. Entonces, no cometamos el error –yo no quise ser más explícita delante de la delegación– de pretender atribuirle a una comisión –del Senado de la República, además– fines que son competencia específica del ministerio, por cómo está regulada en nuestro país la negociación.

               Por supuesto que nosotros hemos estado y vamos a estar siempre, y nunca hicimos cuestión en ese sentido, pero cuando se entra en determinadas situaciones que no nos competen y que no fueron planteadas por los trabajadores, se corre el riesgo de que esto se desvirtúe. Hice la aclaración en este sentido.

Ahora bien, el objeto fundamental de estas comisiones es el de asesoramiento legislativo, más allá de que, por supuesto, no es exclusivo. Lo mismo pasa con la Comisión de Educación y Cultura. Si se plantean situaciones, uno acerca a las partes. Eso está descontado. Pero siempre hay que tener en cuenta cuál es nuestra función.

Espero que esté aclarado.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Nos vamos a quedar con la versión de estas dos partes o también vamos a convocar al ministerio?

SEÑORA PRESIDENTE.- Si usted me permite ejercer la presidencia, se lo voy a agradecer, porque hay un pedido de Presidencia de la cámara, en especial, que quiero resolver, y vamos a seguir el orden que debiéramos haber seguido. Simplemente nos pusimos de acuerdo a los efectos de no hacer esperar más a la delegación. Así que vamos a seguir el orden correcto de la comisión.

               Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

               «Carpeta n.º 503/2021. Emilia Marlene Otero Larrosa. Pensión graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido n.º 639/2021.

               Carpeta n.º 504/2021. José Luis Montes de Oca. Pensión graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido n.º 640/2021.

               Carpeta n.º 514/2021. Teresa Rivera Consul. Pensión graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido n.º 666/2021.

               Carpeta n.º 515/2021. Carlos Daniel Araújo Quinteros. Pensión graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido n.º 667/2021.

               Carpeta n.º 138/2020. Teletrabajo. Promoción y regulación. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por Cámara de Representantes. Distribuido n.º 668/2021.

               Carpeta n.° 522/2021. Graciela Elena Barbitta Melfi. Pensión graciable. Proyecto de ley con exposición de motivos del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 673/2021.

               Carpeta n.° 523/2021. Proyecto de Minuta de Comunicación, con exposición de motivos, por la que se solicita prórroga de subsidio establecido por el Decreto n.°151/2021, se extiendan las facilidades del seguro de desempleo de julio a setiembre 2021, se flexibilicen los préstamos SIGA y se disponga una compensación por los meses que el Poder Ejecutivo decretó el cierre de la actividad por motivos de salud pública, presentado por los señores senadores Óscar Andrade, Eduardo Bonomi, Amanda Della Ventura, Liliám Kechichiam, José Carlos Mahía y Daniel Olesker.

               Solicitudes de audiencia:

               1. Asociación Civil “El Orden Profesional”, tema: caja profesional. Artículo 772 del Presupuesto Nacional 2020/2024, que coincide con la Carpeta n.° 473/2021, que se encuentra a estudio de esta comisión.

               2. Sindicato de trabajadores de Riogas por temas de salud, seguridad y ambiente laboral.

               3. COFE, por el tema casino».

               –En los asuntos entrados que tengo en mi poder no está lo que se acaba de leer.

SEÑORA SECRETARIA.- No está incluido.

SEÑORA PRESIDENTE.- Sería bueno que estuviera.

               Si les parece bien, seguimos el criterio que hemos adoptado con las otras pensiones graciables. ¿Estamos de acuerdo en que lo que nosotros tenemos que hacer con las pensiones graciables es, sobre todo, facilitar el tratamiento en la cámara? No sé si mantenemos el mismo criterio –y, entonces, podemos votarla y que la cámara decida– o la estudiamos nosotros. Me parece que lo mejor es seguir el mismo criterio de la sesión pasada, es decir, votarla para que vaya al plenario de la Cámara de Senadores.

SEÑORA SECRETARIA.- Esto ya fue votado en la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Qué tiene que ver que haya sido votado por la otra cámara? Nosotros también tenemos que votar, porque en nuestro país hay un sistema bicameral.

               Aunque utilicé un tono de aseveración, pregunté si la idea era seguir el mismo criterio que adoptamos para las otras pensiones graciables en el sentido de facilitar su ingreso a la cámara y que cada uno las estudie para el caso de que quiera plantear algo en especial. En el plenario el voto es secreto; nosotros tenemos que viabilizar su ingreso al plenario de la Cámara de Senadores con el voto conforme, excepto que alguien quiera estudiar especialmente alguna carpeta. Más que nada estoy preguntando sobre el mecanismo de trabajo porque son unas cuantas carpetas.

 (Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

               –Según lo leído por la secretaria, tenemos a consideración seis propuestas de pensiones graciables, que pospondremos para la próxima sesión de la comisión a los efectos de que cada uno de nosotros tenga más tiempo para poder estudiarlas y decidir el envío a las sesiones que corresponda.

               Por otro lado, debemos decidir la forma de trabajo a seguir con respecto al proyecto sobre el teletrabajo –que volvió con modificaciones de la Cámara de Representantes–, carpeta n.º 138/2020.

SEÑOR ANDRADE.- Quería decir que dentro de los asuntos entrados está la minuta de comunicación. Dado que plantea que entre julio y setiembre se atienda con herramientas ya utilizadas a los sectores más golpeados por la pandemia –como salones de fiestas, gimnasios, danza–, nos gustaría tratarlo en las próximas sesiones. No sé si tienen una posición al respecto o precisan tiempo para decidir.

SEÑORA PRESIDENTE.- Quien habla, es decir, la presidente de la comisión, recién tomó conocimiento, más allá de que ya ingresó en la cámara. En realidad, no le puedo contestar y los colegas están recibiendo el repartido en este momento.

SEÑOR ANDRADE.- Quizás una variante sea tratarlo en la interpartidaria del lunes y, en todo caso, si hay voluntad, ingresarlo como grave y urgente en la sesión del Senado del martes. Lo digo porque trasladarlo para setiembre sería decir que no. La idea es, por lo menos, tener una posibilidad de opinión política.

SEÑOR NIFFOURI.- Si lo estudiamos para la próxima sesión de la comisión, lo podemos elevar a la sesión del Plenario del martes 17. Es decir, se podría tratar sin necesidad de que sea grave y urgente, comprometiéndonos a tomar una posición en la próxima reunión de la comisión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Entonces, la comisión se compromete a tratar con prioridad el jueves próximo la carpeta n.º 523/2021 –de la que acabamos de tomar conocimiento–, a los efectos de que pueda llegar al plenario, más allá de que pueda haber alguna posición de los coordinadores de bancada. Si se logra un acuerdo en la reunión de coordinadores de bancada, no hay problema y, si no, la tratamos el jueves.

               ¿Están de acuerdo los señores senadores?

(Apoyados).

               –En cuanto a las audiencias, después resolveremos la preocupación de la señora Della Ventura de qué vamos a hacer con el tema del transporte.

La carpeta n.º 138/2020 viene con modificaciones de la Cámara de Diputados. Como somos segunda cámara, nosotros tenemos una posición acotada: por sí o por no. Yo sugeriría que la senadora Carmen Sanguinetti nos ilustrara en cuanto a si considera que las modificaciones son sustanciales o si se mantiene el espíritu de lo que se votó en la Cámara de Senadores.

SEÑORA SANGUINETTI.- El proyecto de ley fue modificado en algunas cuestiones que entiendo menores. Les puedo repasar punto a punto, pero me parece que es importante resaltar que el espíritu del proyecto de ley se mantiene y, por tanto, entiendo que lo que probablemente suceda es que siga teniendo el apoyo de aquellos senadores que representan a la coalición y no así de la oposición.

               Los artículos 1.º al 6.º se mantienen incambiados; quedaron tal como salieron de acá.

               Al artículo 7.º, que refiere al cambio de la modalidad de trabajo, se le agrega un párrafo. Si les parece bien, paso a leerlo. En definitiva, con este agregado se le da mayor certeza. Dice así: «Si la modalidad de teletrabajo se acuerda luego de iniciado un vínculo presencial, tanto el teletrabajador como el empleador tendrán derecho a retornar a la modalidad presencial dentro de los noventa días de iniciado el teletrabajo, previo aviso a la otra parte con una anticipación no inferior a siete días.

Si el teletrabajo fue la modalidad originalmente adoptada por las partes, se requerirá el consentimiento de ambas recabada por escrito para adoptar la modalidad presencial, debiendo constar la misma en la planilla de trabajo».

               Considero que realmente es urgente aprobar este proyecto de ley porque, justamente, estamos en una pandemia y no hay un marco regulatorio de derechos y obligaciones para ambas partes. Precisamente, este artículo 7.º refiere a uno de los temas más sensibles o, por lo menos, que a mí me ha llegado con mayor asiduidad.

               En cuanto al artículo 8.º, que refiere a la jornada laboral del teletrabajador, se mantiene el espíritu, pero está redactado de una manera diferente, así que si les parece bien se los leo. Dice así: «El total del tiempo efectivamente trabajado, no superará el máximo legal de horas semanales de trabajo aplicable a la actividad a la que pertenece la empresa o institución o el límite semanal establecido contractualmente, en su caso; sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión» Como les decía, el cómputo es semanal.

               Y continúa: «Deberá existir una desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y la siguiente.

El teletrabajador podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades». Eso está tal como había salido de aquí.

El siguiente párrafo dice: «El exceso de trabajo diario, respecto de la jornada legal o contractual, no constituirá trabajo extraordinario y por lo tanto no dará lugar al pago de horas extras. Las horas que superen el máximo de horas semanales de trabajo aplicables a la actividad o a las horas semanales convencionalmente pactadas, se abonarán con un 100% de recargo sobre el valor hora de los días hábiles».

Como les decía, el espíritu es el mismo. Simplemente, se hizo una aclaración mayor.

Los artículos 9.º y 10 permanecen absolutamente incambiados. Al artículo 11 solamente se le agrega una palabra, «ergonomía», en el último inciso, que queda: «El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinará por vía reglamentaria las condiciones de trabajo, en materia de seguridad, ergonomía y salud ocupacional aplicables a la modalidad de trabajo regulada por la presente ley».

El artículo 12 refiere a las herramientas y equipos para el teletrabajo. El primer párrafo ya estaba y dice: «Las partes acordarán la forma de provisión de las tecnologías de la información necesarias para que el trabajador desarrolle su tarea, debiendo quedar debidamente consignada en el contrato de trabajo. Y se agrega un siguiente párrafo, que dice: «En caso de desacuerdo, el empleador deberá proporcionar los equipos, insumos y servicios y demás herramientas necesarias para el desarrollo del trabajo, siendo de cargo del empleador los costos de operación, funcionamiento, reemplazo, mantenimiento de los equipos».

Luego sigue como había salido de esta cámara: «Los equipos, insumos y servicios que provea el empleador, ya sea en forma directa o asumiendo su costo para el desarrollo de las tareas asignadas al teletrabajador, no serán considerados a ningún efecto parte del salario, materia gravada ni asignación computable».

El artículo 13 permanece igual. 

Al artículo 14 se le agrega una pequeña frase, quedando redactado de la siguiente manera: «(Derecho a la desconexión). Todo trabajador tiene derecho a la desconexión, entendiéndose por tal, el pleno ejercicio del derecho de todo trabajador a la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, y el derecho a no ser contactado por su empleador, lo cual implica que el teletrabajador no estará obligado -entre otros–, a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador a fin de garantizar su tiempo de descanso, en concordancia con lo establecido en el artículo 8.º, respecto al descanso mínimo». Es decir que se armonizó con la modificación del artículo 8.º

El artículo 15 quedó igual.

Ese es un poco el resumen de cómo vino de la Cámara de Representantes este proyecto de ley.

(Dialogados).

–Omití aclarar algo que dije en reiteradas ocasiones el año pasado, que era que desde el Poder Ejecutivo nos estaban expresando su profunda voluntad de que este proyecto de ley se aprobara porque, justamente, hoy no tenemos un marco regulatorio y es en especial necesario en esta vuelta a la presencialidad para que sea de manera ordenada.

En relación con estas modificaciones que se hicieron en la Cámara de Representantes conversé tanto con el ministro, como con el subsecretario, y ambos entienden que es un buen proyecto de ley y que esperan ansiosos su aprobación.

Muchas gracias.

SEÑOR BONOMI.- Creo que vino con diferencias y tiene alguna mejora, pero lo voy a votar en contra en general y votaría a favor algunos artículos e incisos de un artículo que tampoco lo votamos en general. No sé cómo sería el procedimiento.

SEÑORA PRESIDENTE.-  Lo hacemos ahora en secretaría y así va al Senado.

El señor senador sabe que somos la segunda cámara. No modificamos, podemos decir que sí o que no.

SEÑOR BONOMI.- Por eso digo que lo que planteo es votar en contra en general y después a favor algunos artículos e incisos.

SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Del proyecto tal como está ahora, señor senador?

SEÑOR BONOMI.- Sí, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Perfecto.

Léanse las modificaciones.

(Se leen).

«Artículo 7. (Del cambio de la modalidad de trabajo).- La modificación permanente de la modalidad de trabajo presencial a la de teletrabajo y de teletrabajo a presencial deberá contar con el común acuerdo de partes y documentarse por escrito. Si la modalidad del teletrabajo se acuerda luego de iniciado un vínculo presencial, tanto el teletrabajador como el empleador tendrán derecho a retornar a la modalidad presencial dentro de los noventa días de iniciado el teletrabajo, previo aviso a la otra parte con una anticipación no inferior a siete días.

Si el teletrabajo fue la modalidad originalmente adoptada por las partes, se requerirá el consentimiento de ambas recabada por escrito para adoptar la modalidad presencial, debiendo constar la misma en la planilla de trabajo».

               –Primero vamos a volver a votar en general el proyecto de ley.

               Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

               –4 en 6. Afirmativa.

               Ahora vamos a votar lo que acaba de leer la señora secretaria, que es la modificación que sufrió el artículo 7.º.

               Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

               –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

               Hay otra modificación en el artículo 8.º.

               Léase.

(Se lee).

               «Artículo 8.º.- (De la jornada laboral del teletrabajador).- El total del tiempo efectivamente trabajado, no superará el máximo legal de horas semanales de trabajo aplicable a la actividad a la que pertenece la empresa o institución o el límite semanal establecido contractualmente, en su caso; sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión.

Deberá existir una desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y la siguiente.

El teletrabajador podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades.

El exceso de trabajo diario, respecto de la jornada legal o contractual, no constituirá trabajo extraordinario y por lo tanto no dará lugar al pago de horas extras. Las horas que superen el máximo de horas semanales de trabajo aplicables a la actividad o a las horas semanales convencionalmente pactadas, se abonarán con un 100% de recargo sobre el valor hora de los días hábiles».

               –En consideración.

               Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

               –4 en 6. Afirmativa.

               ¿Qué otro aporte hicieron los diputados?

Léase el artículo 12.

SEÑORA SANGUINETTI.- En el artículo 11 se agregó la palabra «ergonomía». Aunque sea una palabra, entiendo que habría que leerlo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase la modificación del artículo 11.

(Se lee).

               «El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinará por vía reglamentaria las condiciones de trabajo, en materia de seguridad, ergonomía y salud ocupacional…».

               –Ya está. Lo único que se agregó fue la palabra «ergonomía».

               En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

               –4 en 6. Afirmativa.

               Ahora sí, léase el artículo 12.

(Se lee).

               «Artículo 12. (Herramientas y equipos para el teletrabajo).- Las partes acordarán la forma de provisión de las tecnologías de la información necesarias para que el trabajador desarrolle su tarea, debiendo quedar debidamente consignada en el contrato de trabajo.

En caso de desacuerdo, el empleador deberá proporcionar los equipos, insumos y servicios y demás herramientas necesarias para el desarrollo del teletrabajo, siendo de cargo del empleador los costos de operación, funcionamiento, reemplazo y mantenimiento de los equipos.

 Los equipos, insumos y servicios que provea el empleador, ya sea en forma directa o asumiendo su costo para el desarrollo de las tareas asignadas al teletrabajador, no serán considerados a ningún efecto parte del salario, materia gravada ni asignación computable».

               –En consideración las modificaciones.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

               –4 en 6. Afirmativa.

               Quiero hacer un pequeño fundamento. Voté afirmativo pero no estoy de acuerdo con este agregado: «En caso de desacuerdo, el empleador deberá proporcionar…» y sigue. Esto abre un camino muy grande a la conflictividad donde, además, es difícil de resolver el acuerdo de partes porque el teletrabajo tiene una carga de individualidad que, desgraciadamente, estamos distorsionando. Para facilitar su aprobación lo voté, a pesar de que no estoy de acuerdo.

               Quería que quedara esa constancia.

SEÑORA SANGUINETTI.- Quería expresarme en la misma dirección que la presidenta. Entiendo que este agregado genera una falta de seguridad jurídica que me preocupa pero, en definitiva, entendemos que es importante este avance y la aprobación.

               Gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Hay alguna otra modificación.

               Léase el artículo 14.-

(Se lee).

               «Artículo 14. (Derecho a la desconexión). Todo trabajador tiene derecho a la desconexión, entendiéndose por tal, el pleno ejercicio del derecho de todo trabajador a la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, y el derecho a no ser contactado por su empleador, lo cual implica que el teletrabajador no estará obligado –entre otros–, a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador, a fin de garantizar su tiempo de descanso, en concordancia con lo establecido en el artículo 8°, respecto al descanso mínimo».

               Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

               –4 en 6. Afirmativa.          

SEÑORA SANGUINETTI.- En el artículo 4.o hay un detalle menor que se agregó al final. Dice: «ya sea en forma interactiva o no (online-offline)». Es lo mismo a lo que se había hecho alusión antes; lo agregaron en el artículo 4.o, así que creo que amerita leerlo nuevamente.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el artículo 4.o.

(Se lee).

«Artículo 4°. (Teletrabajador).- A los efectos de la presente ley, entiéndase por "teletrabajador" a toda persona que presta su trabajo, total o parcial, fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, utilizando preponderantemente tecnologías de la información y de la comunicación ya sea en forma interactiva o no (online-offline)».

               –En consideración.

               Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

               –4 en 6. Afirmativa.          

               Propongo a la senadora Sanguinetti como miembro informante.

Se va a votar.

(Se vota).

               –5 en 6. Afirmativa.

(Dialogados).

               –Vamos a votar en forma expresa la ratificación de los demás artículos que no fueron modificados.

Se va a votar.

(Se vota).

               –4 en 6. Afirmativa.          

               En cuanto al tema del transporte habíamos manejado que después de escuchar a los representantes de las empresas que nos visitaron en el día de hoy íbamos a recibir al ministro de trabajo y al director de transporte. Ahora se reintegró el ministro Falero, por lo que si están de acuerdo lo sumaríamos a la convocatoria. Entonces, citaríamos a los ministros de trabajo y de transporte, al director Nacional de Trabajo, doctor Daverede, y al director de transporte.

Se va a votar.

(Se vota).

               –4 en 6. Afirmativa.          

               Lógicamente, haremos llegar a las autoridades las versiones taquigráficas y coordinaremos el día para su concurrencia. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas seguramente ya vino a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero la secretaría nos comunicará la coordinación.

               Por otro lado, tenemos otras solicitudes de audiencia de algunas delegaciones y obviamente las vamos a recibir. Si los señores senadores están de acuerdo dejaríamos en manos de la señora secretaria –consulta mediante por Whatsapp que tenemos en común– la coordinación con los ministerios, que por razones obvias de calidad de trabajo deben ser recibidos el mismo día, pero luego podemos agendar a quienes nos están pidiendo audiencia, por orden de solicitud son: Caja de Profesionales Universitarios, Sindicato de Trabajadores de Riogas y COFE por el tema de casinos. Repito: creo que estas solicitudes deben quedar sujetas a la fecha de coordinación de audiencia con los ministerios. La secretaria nos consulta y resolvemos la situación.

SEÑORA SECRETARIA.- La idea era que los ministerios vinieran el 12 de agosto.

SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Ya los consultaron?

SEÑORA SECRETARIA.- Lo había hablado en su momento, pero lo voy a ratificar. Se había hablado también de una reunión extraordinaria el 19 de agosto para las audiencias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Reunión extraordinaria no es posible; el 18 tenemos la interpelación y no sabemos cuántas horas vamos a estar. Tenemos bastante con la Comisión de Constitución y Legislación. Lo lamento profundamente porque son temas importantes.

               En definitiva, hay que ratificar la fecha con los ministros, si no pueden, podríamos recibir a las delegaciones con un tiempo de 20 minutos cada una y recibiríamos a las tres juntas. Esto sería en el caso de que los ministerios no vinieran.

Dado que no hay otros asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 16:22).

 

 

 

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.