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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 17 de junio de 2021).

 

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 14:56).

                –Damos las buenas tardes a los senadores que están aquí presentes y también a la senadora Della Ventura, quien participa vía Zoom.

(Se inicia la videoconferencia

con los representantes del INAU).

                –Le damos la bienvenida al señor presidente del INAU, doctor Pablo Abdala, y al señor vicepresidente, Aldo Velázquez. Me imagino que ya habrán recibido de parte de la secretaría, las declaraciones del colectivo de psicólogas del INAU que nos plantearon una problemática relativa a un concurso suspendido por sus bases.

                Tiene la palabra el doctor Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Muchas gracias, señora presidente.

                Es un honor para el directorio del INAU comparecer ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. Como usted señalaba en la introducción nos acompaña el vicepresidente Aldo Velázquez, y la directora Natalia Argenzio nos comunicó que no estaba en condiciones de asistir por razones de agenda.

                Conocemos el planteamiento de las funcionarias que comparecieron a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social el día 3 de junio, lo hemos analizado y venimos a dar respuesta como corresponde.

                Para ilustrar mejor a los señores senadores, empezaremos por decir, señora presidente, que le asignamos una gran importancia, no solo a la función técnica y profesional de los psicólogos, que es esencial por la naturaleza de nuestra gestión en el INAU, sino a la necesidad de reforzar la dotación de recursos humanos con relación a esta función profesional que, por la misma razón, resulta absolutamente primordial. Nos parece necesario dejar por sentado esta constancia, previamente, y al inicio de nuestra exposición.

                Lo segundo que queremos decir, señora presidente, es que nos causó cierta sorpresa y queremos ser muy cuidadosos con el término, cuando digo sorpresa es porque no esperábamos que esta comparecencia tuviera lugar, en razón de que con relación a este tema, el 21 de mayo, algunos días antes, estuvimos reunidos con el sindicato de la institución, Suinau, en presencia de su presidente, el señor Joselo López, del secretario general, el señor Salaberry, y de una delegación de tres psicólogas que representaban el colectivo de las psicólogas involucradas en este llamado, se realizó un acuerdo en cuanto a las condiciones y las bases que habrán de regir el nuevo llamado que el directorio del INAU dispuso. Por supuesto que esto es sin perjuicio de las discrepancias que podamos tener respecto a la decisión original, pero la comisión debe saber que sobre eso hemos dialogado y negociado mucho y llegamos a un acuerdo para hacer un nuevo llamado. También llegamos a un acuerdo sobre las bases de ese nuevo llamado, se introdujeron algunas condiciones que el sindicato y las funcionarias interesadas e involucradas reclaman, y el día 26 de mayo, cinco días después de ese acuerdo celebrado en el ámbito de la dirección general, el directorio aprobó las bases y se dispuso el nuevo llamado que está en vías de implementarse.

                Con relación a los antecedentes –me consta que los tiempos de la comisión son muy acotados, razón por la cual voy a tratar de ser lo más concreto posible–, comienzo diciendo que está entre las potestades del directorio –más que entre las potestades, entre los deberes– anular cualquier concurso cuando hay razones suficientes para declarar la nulidad del mismo. El artículo 33 del reglamento de concursos establece que el directorio podrá o no homologar el fallo de un tribunal –cuando se practique un concurso– y no homologará el fallo de un tribunal cuando la nulidad del mismo obedezca a defectos o vicios graves de procedimiento y de forma. En este caso, señora presidente, estamos precisamente en ese contexto y voy a explicar por qué.

                Esto tiene que ver con irregularidades que sin ninguna duda se dieron en el desarrollo y en el transcurso de este procedimiento. Sin embargo, en el concurso que se inició legítimamente, sobrevino un vicio de nulidad que se mantuvo hasta el final, hasta que el directorio lo reconoció y declaró la nulidad.

La nulidad a la que precisamente hacemos referencia tiene que ver con un grave error que se cometió en el ámbito de la dirección general de INAU en el año 2019 con relación a este concurso que se había iniciado en 2018. Obviamente, vamos a explicar de qué se trata ese vicio que realmente parecería un error bastante inexcusable, por lo menos desde el punto de vista del derecho administrativo.

                El llamado a concurso se llevó a cabo en el año 2018. En mayo de 2019 se estableció el plazo de la inscripción correspondiente, y en esa oportunidad acontece el hecho que, a mi juicio, es el determinante de toda esta situación. Los requisitos excluyentes para comparecer a este concurso implicaban, entre otros, que se presentaran –porque era un concurso interno– funcionarios del INAU con título de psicólogo que tuvieran por lo menos dos años de antigüedad en la institución. En esa oportunidad, un trabajador del INAU que no reunía los dos años de antigüedad en condición de funcionario presupuestado –por lo menos, hasta ese momento–, pero que llevaba varios años en la institución en condición de tallerista –había sido contratado por un contrato-taller que es un vínculo laboral bastante más precario que se utilizó mucho en el pasado, cuya figura contractual estaba y sigue estando en vías de regularización– consultó formalmente a la Dirección de Recursos Humanos si existía la posibilidad de inscribirse completando los dos años de antigüedad entre el tiempo que llevaba como funcionario presupuestado y los años que había cumplido funciones en condición de tallerista. En ese momento, se le dijo que no podía presentarse, que no estaba en condiciones de hacerlo. Todo esto quedó acreditado en el expediente. Por lo tanto, desistió de hacerlo. Sin embargo, otros funcionarios o trabajadores que estaban en su mismísima condición, sin hacer consulta alguna, se presentaron igual y fueron admitidos en el concurso.

                Obviamente, ahí se generó esta desigualdad o discriminación que se agravó por una razón sobreviniente, por un hecho que vino después. En el mes de octubre de 2019, la dirección general decreta una prórroga en los plazos para la recepción de las carpetas –es decir, los antecedentes de todos los funcionarios– y en un comunicado interno dice que con relación al cómputo de la antigüedad el régimen de tallerista –el que invocaba aquel trabajador que fue excluido– y conforme al asesoramiento recibido por la División Jurídica, se contemplará ese vínculo con el instituto, siendo que en las bases se establecen dos años de antigüedad en la institución. Es decir que la dirección general después de todo esto, después de haberle dicho que no a ese funcionario, comunica en determinado momento –octubre de 2019– que los talleristas podrían computar los años de taller a los efectos de completar los dos años de la antigüedad.

Es así que el funcionario –creo que actuando con gran diligencia y en función del principio del imperativo de su propio interés– presenta, formalmente y por escrito, una petición ante la dirección general solicitando la posibilidad de ser inscrito en el concurso en función de ese comunicado que parecía decir que él estaba en condiciones de presentarse. Sin embargo, la dirección general dicta un acto administrativo denegándole la posibilidad de inscribirse en el concurso y de formar parte de él.

Obviamente, ante esa situación el funcionario se siente agraviado y presenta los correspondientes recursos administrativos de revocación ante la dirección general, jerárquico ante el directorio del INAU y de anulación ante el Poder Ejecutivo. Llamativamente, ante lo que parecía una clara violación a la regla de Derecho, la dirección general desestima el recurso de revocación.

Es muy interesante ver rápidamente, señora presidenta –por supuesto que todo esto está documentado y podremos hacer llegar la información a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social–, lo que dice jurídica, los argumentos que jurídica maneja, los fundamentos y las conclusiones de los sucesivos informes que se producen en el expediente que le dan la razón al trabajador, al funcionario. Y a mi juicio no era posible ni había margen para que ocurriera algo diferente.

                Y voy a compartir con ustedes muy rápidamente un par de expresiones. En un primer informe, cuando la asesoría letrada se pronuncia con relación al recurso de revocación –recurso que después, repito, la Dirección General desestimó–, la abogada actuante señala que es incontrastable que el hoy recurrente fue cercenado en su derecho a participar del concurso cuando cumplía con todos los requisitos para ello. Después manifiesta que quedó demostrado que el compareciente actuó con la debida diligencia respecto a una situación que era imperativo de su propio interés, pero se vio impedido de seguir actuando y participando por una respuesta errónea brindada por la propia administración. El informe concluye con esta afirmación: en definitiva, por todo lo expuesto, a juicio de este asesor el acto administrativo no resulta ajustado a la regla de derecho y por todo lo analizado se entiende que existen elementos de valoración suficiente para hacer lugar a la vía recursiva planteada. En fin, después siguen las conclusiones y van en esa línea que acabo de mencionar.

                Esto es ratificado en sucesivos informes jurídicos posteriores, y como no quiero aburrir ni sacarle tiempo a la comisión con ellos, simplemente, voy a hacer una referencia y los señores senadores, seguramente, van a saber advertir el alcance que ella tiene.

                El último informe que recibimos, que es del director –del jerarca máximo– de la División Jurídica y Notarial del INAU concluye: que esta actuación ilegítima de la administración violentó el derecho de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Constitución de la república.

                Estos son los antecedentes, señora presidenta. Por eso, nosotros sostenemos que este concurso quedó absolutamente viciado de nulidad. Estas son las irregularidades y los vicios de los que hablamos y que cuando tuvimos que tomar nosotros la decisión con relación al recurso jerárquico nos llevaron a anular el concurso por una elemental razón de justicia y porque el concurso, así como estaba planteado, se había convertido en un concurso injusto en la medida en que terminó admitiendo a algunos funcionarios y prohibiendo a otros. Hubo trabajadores permitidos y trabajadores prohibidos para comparecer en este concurso y competir –pongámoslo en esos términos– por los cargos que se estaban concursando en el escalafón profesional vinculado a la profesión de psicólogo.

                Esto lo podríamos plantear desde una perspectiva que pretendiera cuantificar el valor de la justicia con un sentido más utilitario o materialista si dijéramos que esto tiene que ver con un solo caso, con un solo trabajador frente a los otros que hicieron el concurso y, por lo tanto, cumplieron con todas las etapas del mismo, lo que sería una tesitura muy discutible. Sin embargo, señora presidenta, en esa perspectiva utilitaria creo que está claro que es un concurso que en la medida en que está viciado de nulidad, sin ninguna duda quedó rengo, cojo y diría que existe la probabilidad de su anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Porque es altamente previsible que este trabajador que ha seguido todas las etapas y ha recurrido adecuadamente y en tiempo y forma, en la medida en que no se satisfizo su derecho, concurra al Tribunal de lo Contencioso Administrativo; y con estos informes jurídicos es altamente probable que la anulación, que en tal caso no hubiera hecho ahora el Directorio –si esa hubiera sido la tesitura– la termine concretando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una vez que ese juicio culmine, señora presidenta.

Por estas razones tomamos la decisión que tomamos. Por supuesto que lo hicimos sin ninguna satisfacción; hubiéramos querido tomar una decisión diferente pero, lamentablemente, entendimos que no había más remedio, por el bien de todos, no solo de ese trabajador ilegítimamente agraviado, sino también por el bien de la administración. Y por el bien de los propios trabajadores que concursaron y que estaban en vías de ganar los cargos entendimos que era razonable y conveniente la solución menos mala, que era esta, porque si no hubiéramos hecho esto y dentro de un año y medio, dos o dos años y medio el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decretara la nulidad de este concurso, tendríamos que volver atrás, y eso sería muy gravoso para la administración. Además, los trabajadores que a partir de ahora estarían ocupando los cargos o ejerciendo la función de psicólogo tendrían que salir de esa función y volver a concursar dentro de dos años. Eso fue lo que nos llevó a actuar con este sentido de responsabilidad –creo que lo interpretamos de manera adecuada– y tomar la decisión que adoptamos.

Finalmente, señora presidenta –no quiero robarle más tiempo a los señores senadores porque, además, me gustaría que el director Velázquez pueda complementar esta información para luego dar lugar a las preguntas de los señores senadores–, quiero ser muy enfático en un aspecto que las funcionarias plantearon en su comparecencia del 3 de junio. En este tema, como en todos los demás, hemos estado siempre abiertos al diálogo y a la negociación. Con relación a este punto hablé varias veces con las psicólogas que vinieron a la comisión, así como con otras que también fueron parte del concurso. Concurrí personalmente a la sede de Suinau para reunirme con la directiva del sindicato y con una delegación de las psicólogas a quienes expresé todas estas razones pero, por supuesto, no conformé a los trabajadores porque ellos aspiraban otra cosa. De todas maneras, creo que fui comprendido por lo menos en cuanto a las razones que tuvo el directorio del INAU con relación al tema.

La señora senadora Della Ventura me llamó en más de una oportunidad por este tema y, por su intermedio, coordinamos otra reunión con el colectivo de psicólogas, instancia en la que volvimos a dar la misma explicación. Reitero que, más allá de que esto no satisface a nadie –ni a ellos ni a nosotros–, las razones objetivas que expusimos fueron interpretadas y comprendidas.

Tal como lo expresé, señora presidenta, iniciamos una ronda de negociaciones para elaborar las bases. Las propias trabajadoras, una delegación integrada –reitero– por el consejo directivo de Suinau y tres representantes del colectivo, nos pidieron que en los pliegos incluyéramos dos condiciones que serán tenidas en cuenta para el próximo llamado. Una de ellas es que se bonifique la antigüedad en la función de psicólogo –aquellas que, sin embargo, la tienen encargada en forma precaria– y, al mismo tiempo, la antigüedad en el instituto, cosa a la que accedimos porque nos parece muy bien. Y la otra condición que se nos pidió es que también se bonifique o se contemple en el puntaje del futuro concurso, que está en vías de iniciarse, haber aprobado concursos anteriores o haber participado de ellos y haberlos aprobado. Esto, obviamente, hace referencia al concurso que lamentablemente se frustró pero que, sin embargo, como antecedente, a pedido de las propias interesadas y a partir de una decisión unánime del directorio del INAU, incluimos en las bases del concurso, cuyo período de inscripción se estará definiendo en los próximos días.

Esos son los antecedentes; esos son los hechos y cuanto tenemos para informar, señora presidenta. Por supuesto que en esta actividad uno no siempre resuelve lo que quiere sino lo que debe, en función del principio de especialidad que rige en la Administración pública. El fin no justifica los medios y, en tal caso, no hacemos lo que nos parece mejor, sino lo que las normas nos mandatan. En esta oportunidad –reitero–, el marco jurídico nos condujo a tomar esta decisión que hubiéramos preferido no tener que tomarla, pero viene de un error a nuestro juicio insalvable, tal como surge de todos los pronunciamientos de la jurídica, de 2019, cuando este concurso comenzó.

Muchas gracias.

SEÑOR VELÁZQUEZ.- El doctor Abdala tiene la virtud de realizar exposiciones muy completas, fundamentalmente sobre un tema que conoce muy bien. Por lo tanto, no voy a hacerles perder el tiempo repitiendo cosas que él expresó.

Simplemente quiero decir que nosotros actuamos en función de las normas y creemos que en torno a este concurso se hizo justicia.

Hace años que el INAU no realiza concursos. De 5.000 funcionarios tenemos 1.200 encargaturas; por lo tanto, debemos llevar adelante una gran tarea para regularizar estas situaciones. Como no queríamos empezar con un concurso que nos diera problemas y generara recursos decidimos cancelarlo, pero estamos en un proceso mediante el cual vamos a regularizar la mayor parte de estas situaciones. Queremos un INAU que se base en concursos, que la gente esté presupuestada en su cargo y tenga estabilidad. Hacia eso estamos yendo. En fin, creo que el doctor Pablo Abdala ya aclaró los puntos necesarios sobre este tema.

Quedo a las órdenes de la comisión.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Agradezco al presidente Abdala y al otro integrante del directorio. En particular al señor Abdala, porque siempre ha tenido muy buena disposición al diálogo.

                En realidad, me parece que también tendría que quedar claro lo siguiente.

                Con respecto a los trámites de jurídica, me gustaría saber si es verdad o no que el director de jurídica y otros dos abogados de jurídica siempre sostuvieron que el error había existido, que había estaba mal –el directorio de 2009–, pero que no se podía perjudicar a estas 48 funcionarias. En ese sentido, se decía que había que anular a quien se había inscripto mal y que se homologara al resto. Me parece que tiene que quedar claro que jurídica y esos dos abogados habían dicho eso: que había que homologar al resto y anular a quienes se habían anotado mal, que eran uno o dos como máximo, de esos 48. Sería bueno que se aclarara.

                Por otro lado, no está claro que las funcionarias, ante la decisión del directorio,  no tenían otra salida que tratar de mejorar, en lo posible, las bases. Ellas dejaron claro en todo momento que en realidad están dispuestas a presentar recursos –y lo están llevando adelante– porque entienden que se lesionaron sus derechos. Entonces, estamos hablando de 46 o 47 recursos que, llegado el caso, de acuerdo a lo que resuelva el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pueden llegar a provocar estos ecos que le preocupan hoy a la mayoría del directorio.

                Sabemos que en su momento la directora del Frente Amplio entendió que había que hacer lo que jurídica decía, o sea, homologar a los 46 o 47 y anular al que se había anotado mal.

                Ya que hoy tenemos esta instancia, me parece que lo más importante es que todavía se estaría a tiempo de corregir esto. Como todavía no se ha hecho la publicación –por lo que he entendido, lo que está aprobado son las bases–, creo que se estaría a tiempo de corregirlo.  Por la intervención del presidente Abdala, no da la impresión de que dé mucho margen a eso, pero yo le pediría que, ya que están a tiempo, se revierta esta decisión, que no salga el concurso nuevo y que se homologue al resto. Es lo que había dicho jurídica: que se anulara al que se anotó mal y que se homologara al resto. Estamos hablando de una injusticia contra cuarenta y pico de personas.

                Eso es lo que quería trasmitir hoy a los integrantes del directorio que están presentes: todavía están a tiempo de revertir esta situación que evidentemente ha provocado la amargura de muchas psicólogas, más aún cuando precisan recursos humanos.

                Muchas gracias.

SEÑOR ABDALA.- Muchas gracias señora presidente.

                Le agradezco a la señora senadora Della Ventura las consultas. Eso me permite oficializar o dar la misma respuesta que le adelanté en alguna conversación telefónica que mantuvimos y que –como dije anteriormente– después desarrollamos con los propios interesados en forma reiterada.

                Desde luego, cuando hablo de la sorpresa que nos provocó la comparecencia del 3 de junio, lo hago en sentido estricto y no debe extraerse de eso ninguna inferencia; sorpresa no es molestia. Por supuesto, las trabajadoras y los trabajadores están en su legítimo derecho de comparecer ante el Parlamento las veces que quieran. También están en su legítimo derecho de presentar recursos administrativos ahora y de presentarse a concurso. Imagino que si ganan el nuevo concurso desistirán de los recursos administrativos que vayan a presentar. Pero eso está absolutamente fuera de discusión.

                Sobre la eventualidad de la anulación parcial a la que hacía referencia la senadora Della Ventura, es verdad que eso se manejó, pero como una alternativa. El problema, señora presidenta, es que la anulación parcial o la homologación parcial, según sea el caso –son el anverso y el reverso de la misma solución–, es una solución riesgosa. Además, para poder adoptarla hay un tiempo determinado: tiene que hacerse mientras el concurse sigue en marcha. Esa tesis la sostuvo como una alternativa el director de jurídica en su informe, en su último informe –el que leí, que hace referencia a la violación del principio de igualdad y a la lesión que sin ninguna duda sufrió el trabajador al que le fue impedido comparecer e inscribirse–, que es de febrero de 2021. Es decir que es de ahora, de hace pocos meses, y el concurso había quedado absolutamente terminado a fines del año pasado, en el mes de noviembre.

Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de homologación parcial? A permitirle al recurrente comparecer. Pero, ¿comparecer dónde y para qué? El concurso había terminado; no se podía volver atrás. Se supone que quienes comparecen al concurso y compiten por esos cargos lo hacen en determinadas instancias y de forma simultánea. O sea que en ese momento esa solución era absolutamente impracticable.

¿Cuál sería la alternativa a la homologación parcial? Excluir a los otros trabajadores, a los que tenían la condición de talleristas y que sí fueron admitidos en el concurso. Pero eso no soluciona el vicio ni el problema de fondo, porque el trabajador que recurrió y que agotó la vía administrativa dentro de los plazos, con absoluta diligencia y corrección, obviamente no vería subsanado el agravio que sufrió y concurriría o recurriría de la misma manera ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a deducir una acción de nulidad, con las mismas consecuencias –o, por lo menos, la probabilidad de que acontezca es muy alta– que estamos previendo. La primera prueba que presentaría ese trabajador serían los informes que elaboró la propia división jurídica de INAU. Además, creo que en ese caso el agraviado no sería solo el que no se pudo inscribir y no pudo competir, sino que también lo serían los otros, los que tenían la condición de tallerista y sí se inscribieron, porque el concurso no se homologaría con relación a ellos. Entonces, ahí no tendríamos un solo agraviado, sino por lo menos tres. Evidentemente, eso no soluciona el tema de la nulidad.

Reitero: soy consciente –por supuesto– de la desazón, el disgusto y la frustración que esto les generó a esos trabajadores, y estamos haciendo todo lo posible para, de acuerdo a derecho, solucionar este problema. Pero el problema no es la decisión que acaba de tomar el directorio en esta Administración, sino que viene de aquella actuación, a nuestro juicio absolutamente arbitraria –dicho esto en términos jurídicos, en términos de derecho administrativo–, llevada adelante entre los meses de mayo y octubre de 2019, cuando todo esto se procesó.

Todo lo que estoy afirmando, señora presidenta, se puede corroborar con el expediente administrativo, el que, desde luego, ponemos a disposición de los señores senadores. Si así se nos solicita, lo haremos llegar inmediatamente a la comisión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Quisiera expresar un par de cosas.

                Esto es derecho constitucional y derecho administrativo, dos de las ramas del derecho más complejas. Acá no se trata de compadecernos de personas a título individual –que todos podemos hacer–; esto es el Estado. Por haber hecho esas cosas es que estamos en esta situación.

Aclaro que estoy hablando como senadora Graciela Bianchi, no como presidente. Está de más decirlo.

                O sea que yo, desde el punto de vista personal, y sabiendo mucho menos que el doctor Abdala, pero sabiendo algo de derecho administrativo y de derecho constitucional, entiendo que está clarísima la posición del INAU.

                Un daño enorme se le haría a la Administración si, cuando pasan estas cosas –y las hemos sufrido en carne propia en otros lugares donde nos tocó ejercer cargos de gestión de responsabilidad–, cuando anula el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, vuelve todo para atrás. Eso significa un daño irreparable para la Administración, sobre todo para la gestión.

Además, surgen inmediatamente los juicios por daños y perjuicios y la Administración ha debido pagar, por este tipo de desprolijidades, muchos millones de dólares, que están contabilizados y en cualquier momento podemos darlos  organismo por organismo.

                En lo que a mí respecta, entiendo perfectamente –y comparto desde el punto de vista técnico– la posición del directorio del INAU.

                Por otra parte, ratifico algo que acaba de decir el doctor Abdala –es más que suficiente que lo diga él por su condición de jurista, porque no es solamente un abogado, y no es la primera vez que lo digo–: quien se sienta agraviado tiene la posibilidad de recurrir a la Constitución y a la ley e interponer los recursos que correspondan. Es así que nos manejamos en el Estado, o que debemos manejarnos.

                Si ningún otro compañero legislador quiere hacer uso de la palabra, les agradecemos enormemente a los dos integrantes del directorio del INAU que han comparecido. Sigan adelante.

                Nosotros cumplimos con escuchar a los administrados y escuchar a la Administración.

                Muchísimas gracias a ambos.

SEÑOR ABDALA.- Muchas gracias a ustedes, señora presidente, señoras y señores senadores. Quedamos a las órdenes de la comisión.

(Finaliza la conexión vía Zoom con los representantes del INAU).

SEÑOR BONOMI.- Yo no he seguido demasiado el tema; no he estado viniendo.

                Voy a acompañar la posición de la senadora Della Ventura, porque la he seguido. No sé qué significa eso, pero lo manifiesto.

No quise intervenir porque no modificaba nada.

SEÑORA PRESIDENTE.- Ha estado viniendo su suplente; me consta que ella venía.

                Simplemente aclaro, señor senador, que desde el punto de vista de la comisión no tenemos acto que hacer porque fue un planteamiento de un colectivo –como está de moda decir ahora–, que había gente que era del sindicato y gente que no era afiliada. Escuchamos obviamente con toda la atención posible. Había muchas imprecisiones jurídicas; incluso, yo tendí a tratar de aclarar si se habían interpuesto recursos, pero son temas muy complejos. Por lo tanto entendimos, señor senador –y a los demás que estaban presentes–, que había que escuchar al directorio del INAU, sabiendo, además, que su director –reitero– es una persona muy versada y un verdadero jurista.

                En consecuencia, no le corresponde a la comisión tomar acciones. Ni siquiera tenemos que votar nada, porque ya está. Los que se sientan perjudicados tienen la vía administrativa, que es la que corresponde para defender los derechos que sientan vulnerados.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Entiendo que no tenemos nada más que hacer como comisión, pero quisiera dejar registrado que –ya que se habla de lo jurídico– acá teníamos al director de jurídica más dos abogados que sugerían esta forma de transitar esto: que se homologara a estos 46 o 47 funcionarios y que se anulara a quien se anotó mal. Eso era algo que había aconsejado jurídica del INAU.

Quería dejar constancia de eso, nada más.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Creo que quedó claro el tema.

                Las personas que se sientan agraviadas tienen la vía recursiva que ampara nuestra Constitución y nuestra ley.

               

(Se inicia una conexión vía Zoom con representantes de un colectivo de

enfermeras y enfermeros de asistencia pública y privada).

                –Buenas tardes.

                La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado da la bienvenida al colectivo de enfermeras y enfermeros de asistencia pública y privada.

                Eran seis personas –representantes del colectivo de enfermeros– las que le comunicaron a la secretaria de la comisión su deseo de hacer uso de la palabra en un determinado orden. No sé si están todos, pero les queremos decir dos cosas.

                Estando en hora, necesitamos comenzar, porque tenemos una sesión con muchos temas. Yo iría nombrando a las personas que ustedes trasmitieron que estaban dispuestas a hacer uso de la palabra y a la primera que esté se la doy.

                En segundo lugar, la secretaria de la comisión les trasmitió que el plazo máximo es de 20 minutos. Les pido a ustedes que no lo tomen como una descortesía, pero tenemos, reitero, una agenda cargada de temas e, incluso, la comparecencia del señor ministro de Trabajo y Seguridad Social para tratar el último proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y tenemos urgencia en tratarlo.

                Así que con todo gusto los atendemos.

                Según tenemos anotado, intervendrán la licenciada Silvia Santana, Malena Villar, Vivian Mazzone, Andrés Etcheverry, Virginia Rey y Valeria Quinteros.

                Agradecemos que pidan la palabra y digan su nombre para una correcta toma de la versión taquigráfica.

                Sin más, les damos la palabra.

SEÑORA SANTANA.- Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Santana.

                Queremos agradecer a la señora presidenta y a todos los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

                En este momento hablo en representación del Colegio de Enfermeras del Uruguay. Nos acompañan delegados de varios grupos, agrupaciones y colectivos que están dentro del Colegio de Enfermeras del Uruguay.

                Lo primero que queremos decirles es que creemos que tenemos que llegar a esta comisión para plantearles cuál es la situación de la profesión de enfermería a lo largo y ancho del país. Se hace imprescindible mejorar los indicadores de calidad y cantidad de los recursos humanos en enfermería, ya que estos indicadores de cobertura nos muestran que hay 14,4 % de enfermeras cada 10.000 habitantes, mientras que, en el caso de los médicos, esa cifra asciende a 46,5%. Estamos llegando casi a cinco médicos por cada enfermera.

                En este contexto, la OMS, en la última asamblea mundial, exhorta a los países miembros a ocuparse de la profesión de enfermería, ya que se vislumbra que puede tener una crisis mundial, no solo por la escasez de los recursos, sino también por la situación actual de emergencia sanitaria.

                Según establece la OMS es fundamental que el recurso de enfermería esté disponible en condiciones de cantidad y calidad deseadas para fortalecer los sistemas de salud e impulsar una práctica de atención de calidad a todos los habitantes del país.

                Como los señores senadores saben, Uruguay tiene casi 30.000 enfermeras y enfermeros. De ese total, más de 25.000 somos mujeres; más del 60 % de estas mujeres son jefas de hogar y tienen niños y adultos a cargo, y el 30 % tienen multiempleo.

                A esta situación –que no es por la pandemia sino estructural que traemos desde hace unos cuantos años– se le agrega la de emergencia sanitaria.

Como ustedes saben, nosotros venimos haciendo relevamientos de los enfermeros a lo largo y ancho del país, y tenemos una situación de estrés y de agotamiento físico y psicológico de todo el colectivo de enfermería en estos catorce meses, porque el 70 % de las prestaciones que se realizan en cualquier nivel de atención, en cualquier hospital, en cualquier sanatorio, son de responsabilidad de enfermería.

Todos los colectivos unidos –que representamos a más de quince mil enfermeros y enfermeras– hemos realizado un plan nacional, porque son muchas las necesidades que tenemos. Es un plan que iba del 2020 –como ustedes saben, la OMS había definido el 2020 como el año de la enfermería– hasta el 2025. En este marco, y específicamente para esta comisión, nosotros tenemos dos proyectos.

En lo que tiene que ver con asuntos laborales y condiciones de trabajo, pensamos que el descanso para el personal de enfermería ya se hace imprescindible. Y creemos que ese descanso se debe apoyar con un proyecto que defina las treinta horas semanales para todo el equipo de enfermería en sus dos niveles, enfermeros y licenciados, en todo el país. Esto, sin duda, está dirigido a mejorar las condiciones de trabajo, a mejorar las condiciones de un mercado de trabajo que tiene que mostrar mayor visibilidad para que los jóvenes decidan estudiar esta humana profesión. Y en la segunda instancia creemos que en el área de seguridad laboral este colectivo necesita una señal. Nosotros hemos visto con paciencia cómo han pasado los años, cómo algunos colectivos se han visto favorecidos –y perfectamente favorecidos–, pero el colectivo de enfermería no ha tenido la posibilidad de tener una subvención en lo que tiene que ver con la jubilación. Esto no es caprichoso. Es porque los enfermeros y enfermeras salen rápidamente al mercado laboral. A los veintiuno, veintidós años, salen al mercado laboral. Pero luego múltiples enfermedades profesionales y elementos de inseguridad que aparecen en la asistencia hacen que a los cincuenta años tengamos muchas enfermedades, tanto desde el punto de vista psicológico como biológico.

Todos los enfermeros –dada esa característica de salir al mercado laboral jóvenes– aportamos treinta años a la seguridad social mucho antes de cumplir los sesenta años. Nosotros creemos que se nos puede equiparar a lo que tienen los universitarios hoy, que es el ocho y uno, es decir, por cada ocho años trabajados, uno de beneficio para los trabajadores, porque, como les digo, tenemos múltiples enfermedades ya llegando a los cincuenta años.

Quiero decirles que no es porque lo diga el colegio, no es porque lo expresen los colectivos, sino porque las organizaciones internacionales así lo establecen: esta profesión debe ser cuidada por los Gobiernos. Recuerden que el género nos atraviesa. Estamos expuestos a agentes químicos, a agentes físicos, a muchos problemas sociales. El 87 % de quienes elegimos la profesión de enfermería somos mujeres y, además, tenemos nuestros niños y nuestros adultos a cargo. Y recuerden también que esta es una profesión cuya herramienta principal es la interrelación humana. Por lo tanto, es muy difícil que un enfermero o una enfermera, realizando su asistencia en el cuidado de la población, no tenga algunos elementos de dificultades psicológicas, por decirlo de alguna manera.

Por lo expuesto, pedimos a los señores senadores y a la señora presidenta que podamos tener una fuerte señal para un colectivo que nuclea a más de treinta mil personas.

SEÑORA VILLAR.- Mi nombre es Malena Villar y pertenezco al «Colectivo 4 y 2 ya! para enfermería». En mi caso soy enfermera, pero este colectivo está integrado por compañeros que son enfermeros y licenciados en enfermería.

                Estos compañeros están en todo el país trabajando en hospitales, en mutualistas, en las emergencias móviles, en las cárceles. Están trabajando en cualquier lugar de los hospitales, en las salas, con niños, con personas adultas, con adultos mayores. Y tenemos un régimen de cuatro días de trabajo y un día libre.

                Esta forma de trabajar se viene desarrollando de esta manera desde hace muchos años. Y, además de eso, trabajamos, en general, de 12 a 18 horas por día. Por ejemplo, trabajamos en una mutualista y después vamos a un hospital o a una emergencia móvil. Entonces, no solamente es importante tener en cuenta las 12 horas que trabajamos en las instituciones, sino también el tiempo que transcurre en el trayecto que va desde que uno sale de su casa hasta llegar a su lugar de trabajo, el tiempo que corre entre un lugar de trabajo y otro, y el tiempo que le lleva volver a su casa. De manera que, en general, los que hacemos 12 horas de trabajo estamos fuera de casa alrededor de 14 horas. Esta forma de trabajar nos ha llevado a estar muy agotados desde hace mucho, antes de comenzar esta emergencia sanitaria. Es decir, antes de este año y medio ya veníamos solicitando dos días libres, o sea, trabajar cuatro días y descansar dos, porque este sistema nos rige durante todo el año y durante toda nuestra vida de trabajo. Tanto es así que trabajamos los días feriados, las Fiestas, Carnaval, Turismo. Todo el año hacemos cuatro días y un día de descanso, trabajando 12 o 18 horas. Entonces, es muy importante este pedido en este momento. Nosotros estamos solicitando, insisto, que se cambie el régimen a cuatro días de trabajo y dos días de descanso.

                En este momento muchas personas en el país están haciendo teletrabajo o trabajando en un comercio con mamparas y distanciamiento, pero nosotros trabajamos directamente con las personas y estamos en riesgo permanente, sobre todo a partir del año pasado, en que surgió toda esta emergencia. Puede ocurrir que en un hospital trabajemos con niños en un turno y después salgamos de ahí y trabajemos en un CTI con adultos en el otro turno. Por eso estamos solicitando que se cambie el régimen para que podamos descansar, hacer una vida de familia, estar con nuestros hijos o nuestros padres, tener alguna actividad, etcétera. Además, se trata también de cuidar nuestra salud, porque si nosotros nos cuidamos, también el sistema se mantiene sano. O sea, es muy importante para todos, tanto por nuestra salud como para poder trabajar y brindar todo el apoyo de lo que hacemos diariamente.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puedo ofrecerle la palabra a una persona más, pero no a los seis, porque el señor ministro está esperando.

                Creo que el material que ustedes tienen preparado me lo mandaron por correo electrónico cuando se estableció el contacto, por lo que les doy la opción de que envíen a la comisión un informe bien ordenado, detallando cuál es la situación, porque, además de escucharlos, a nosotros nos sirve mucho para trabajar. Entonces, la secretaría de la comisión recepcionará el material que, si quieren, pueden complementarlo. Insisto en que muchas veces contar con un documento por escrito nos resulta más esclarecedor.

                Sé que mi posición es muy antipática en esto –desde ya les pido disculpas–, pero pediría que si alguien más va a hacer uso de la palabra lo haga para compartir con nosotros cosas que aún no se han dicho, a fin de aprovechar mejor el tiempo.

SEÑORA MAZZONE.- Buenas tardes. Les agradezco por esta instancia.

                En nuestro colectivo venimos trabajando en las mejoras de las condiciones de trabajo. Investigamos en diferentes ámbitos los distintos niveles de atención de nuestro sistema de salud, tanto público como privado, y queremos dar a conocer aspectos que a nuestro entender no admiten más demoras. A modo de ejemplo y con la intención de que ustedes también puedan investigar, como dijo la compañera trabajamos un promedio de doce horas y no tenemos la posibilidad de realizar las medias horas de descanso de que disponemos por ley, tal como cualquier trabajador que cumple una jornada de ocho horas.

                Durante la dictadura se retiraron ciertos beneficios a los trabajadores de la actividad pública, tales como los salarios vacacionales y el goce de las medias horas. Hasta la fecha nadie ha contemplado este derecho de enfermería. Existe una discriminación entre el ámbito público y privado, ya que ASSE –el mayor prestador de nuestro sistema de salud– no reconoce estos derechos a los trabajadores públicos.

                También quiero comentar que no existe espacio destinado al descanso para enfermería. Somos trabajadores full time. Estamos las veinticuatro horas en todos los centros, a lo largo y ancho del país. Y necesitamos señales claras del sistema político. El concepto de cuidar a quien cuida no es una frase básica. Enfermería hoy está al límite y nuestra población, nuestro sistema de salud y la vida de cada uno de nosotros está en juego.

                No deseo dejar de mencionar el tema de la insalubridad. Enfermería no tiene un ítem de insalubridad. Día a día nos exponemos a material radioactivo y a cualquier tipo de fluidos, y sin embargo este ítem no está contemplado.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Muchas gracias a ustedes.

                Reitero que quedamos a la espera del informe lo más completo posible que ustedes puedan hacer. Nosotros trabajaremos sobre ese documento y estaremos en mejores condiciones para citar a las autoridades públicas que consideremos sea necesario convocar a fin de mejorar la situación que ustedes están planteando.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Simplemente quiero preguntar si estos planteos ya se realizaron a las autoridades correspondientes.

SEÑORA SANTANA.- Sí, nosotros venimos con el plan nacional haciendo todos los contactos en las áreas que creemos pueden resolver algunos de los temas. Tenemos contactos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; con otras comisiones, como la comisión de salud, y con otras áreas en las cuales depositamos parte de lo que dice el plan nacional, que tiene muchas aristas, porque la profesión tiene muchas necesidades. Entonces, en ese sentido no quiero que se termine esta reunión sin decirles que, además, venimos perdiendo muchas compañeras. El colectivo está angustiado, está cansado, y ponerlo en la agenda política es una señal, para nosotros, muy importante. Este contacto ya es importante, y la canalización de cualquiera de los temas que puedan surgir también sería importante para nosotros, sobre todo a la espera de una resolución.

SEÑOR BONOMI.- A partir de la pregunta anterior, si les han planteado esto a las autoridades, ¿cuál fue la respuesta que recibieron?

SEÑORA SANTANA.- Por ahora nosotros hemos hecho todos los contactos, y ministros y comisiones han quedado en estudiar los materiales y en dar una respuesta. Nosotros seguimos esperando pacientemente, pero recuerden que las mujeres nos cansamos también. Somos pacientes, estamos en primera línea, vamos perdiendo compañeros –lo que nos angustia mucho–, pero necesitamos tener una respuesta del ámbito político. Poner en la agenda pública el tema de enfermería le va a dar visibilidad, sobre todo para los que estamos en el mercado laboral y para los jóvenes que necesitamos estudien la profesión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si ningún otro señor senador quiere hacer uso de la palabra, les agradecemos muchísimo y quédense tranquilos de que acá vamos a estudiar el planteo y por lo menos vamos a tratar de acercar las soluciones con los organismos que correspondan.

                Muchas gracias por la comparecencia.

 

(Se da por finalizada la conexión vía Zoom con los representantes del

colectivo de enfermeras y enfermeros de asistencia pública y privada).

 

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «1. Fundamentación de la señora Directora del INAU, sobre el tema del concurso de las psicólogas.

2. Nota del Sindicato Médico del Uruguay adjuntando la documentación solicitada por esta Asesora.

3. Carpeta n.º 474/2021. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO PARA JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS, TRABAJADORES MAYORES DE 45 AÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Proyecto de Ley con exposición de motivos del Poder Ejecutivo. Distribuido N.º 588/2021».

–Se toma conocimiento y pasa a integrar la lista de prelación de los asuntos que tenemos a estudio.

Si les parece podemos considerar el proyecto de ley que consagra el Día del Productor Rural.

Léase el proyecto.

(Se lee).

SEÑORA SECRETARIA.- «Artículo Único.- Declárase el 15 de abril el Día del productor rural».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR BONOMI.- Mi voto es ad referendum de la bancada.

SEÑORA PRESIDENTE.- Muy bien, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota).

                –5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

               

(Ingresa a sala una delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

 

                –Buenas tardes y agradecemos la presencia a la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la persona del señor ministro, doctor Pablo Mieres; el señor subsecretario, doctor Mario Arizti; el señor director nacional de empleo, licenciado Daniel Pérez; y el señor director del INJU, doctor Felipe Paullier.

                Los hemos convocado por el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo sobre políticas activas de empleo para jóvenes de 15 a 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad. Para ilustrar a los señores senadores, señalo que es la Carpeta n.º 474/2021.

                Les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR MINISTRO.- Señora presidenta: es un gusto comparecer ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, además, con un objetivo que nos importa mucho y que tiene prioridad en estos tiempos en que todos sabemos que estamos con una afectación importante del empleo, la que viene desde hace unos cuantos años y que se ha agravado por las razones conocidas por todos.

Entonces, ya con una mirada y una perspectiva de las medidas de sostén que, ineludiblemente, tenemos que seguir implementando, debemos pensar en medidas que apuesten a la reactivación y, particularmente, que miren más allá de la urgencia o emergencia. Por eso, este proyecto de ley pone el foco en lo que de alguna manera son los problemas estructurales de acceso al empleo. Cuando nosotros definimos cuáles eran las poblaciones objetivo, pensábamos en cuáles son aquellos sectores de la población que independientemente de la situación de emergencia sanitaria de por sí tienen, históricamente, un acceso diferencial negativo con respecto a las oportunidades que tiene la población en general. Por esa razón, el foco está puesto en jóvenes, en personas mayores de 45 años y en personas con discapacidad. Al mismo tiempo, en esos tres colectivos se hace una diferenciación por género, de modo de también atender a la inequidad de género que hay en el acceso al trabajo. Esta es la presentación general.

                Además, obviamente, se tiene en cuenta la normativa vigente que existe en políticas activas de empleo, ya que existe una ley de empleo juvenil y una ley de promoción del empleo para poblaciones vulnerables. Nuestra idea es actualizar esa normativa, hacer que las poblaciones que no estaban necesariamente focalizadas en la normativa vigente lo estén, y buscar que haya una mayor respuesta, en el sentido de que sea más utilizada.

Señora presidenta: solicito que se le dé la palabra al director nacional de Empleo, licenciado Daniel Pérez, que es quien va a presentar el proyecto de ley con todos sus detalles, para luego, cuando lo dispongan, debatir al respecto.

SEÑOR PÉREZ.- Buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí en esta comisión del Parlamento; les agradecemos que nos hayan recibido y tan prontamente, además.

Tal como mencionó la señora presidenta, quiero decir que nos acompaña el director nacional del Instituto Nacional de la Juventud. Ello no es casualidad porque, entre otras cosas, este instituto estuvo colaborando mucho con la Dirección Nacional de Empleo en lo que hace a la formulación de este proyecto de ley, particularmente, en lo vinculado al empleo juvenil o a su promoción.

Recién el señor ministro reseñó las dificultades que nuestro país tiene en materia de empleo. Estas dificultades no son nuevas; podríamos decir que se vienen arrastrando desde 2015 a la fecha y, obviamente, se vieron mucho más agravadas a partir de la irrupción de la pandemia. La pandemia ha afectado, en términos generales, a todos los sectores; de modo particular, a algunos –tal es el caso del turismo, de las artes y de los espectáculos que, sin duda, han sido muy golpeados– y, de manera desigual, a algunos grupos poblacionales que son sobre los cuales nosotros ponemos énfasis. ¿Por qué los afecta de modo diferenciado? Porque, como explicó el señor ministro, estos sectores en general tienen dificultades estructurales de poder acceder al mercado de empleo o, mirado desde el otro punto de vista, el mercado de empleo no favorece su incorporación del mismo modo que para otros sectores de la población.

Por medio de este proyecto de ley se persigue la actualización de las políticas activas de empleo ya existentes. El señor ministro mencionó que hay dos leyes de empleo juvenil anteriores a esta, así como otras normas, como el Programa Temporal de Subsidio al Empleo y el Programa Objetivo Empleo. En función de ello, lo que se busca es concentrar en una única ley toda la normativa, tratando de mejorar algunos aspectos para lograr un mejor cumplimiento y así alcanzar los resultados esperados en ese sentido.

A la vez, esta iniciativa pone el foco en aquellas poblaciones que, según entendemos, son las más afectadas o las que presentan mayores dificultades a la hora de acceder al mercado de empleo.

En primer lugar, nos referimos a los jóvenes. Sabido es que la tasa de desempleo juvenil, sobre todo pensando en menores de 25 años, es del triple que para la población general; estamos por encima del 35 %, cuando la población general está en el entorno del 10 %, según datos del INE.

En segundo término, aludimos a las personas mayores de 45 años. Seguramente todos debemos conocer personas que nos dicen que perdieron el empleo con más de 45 años y luego tienen serias dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. A esto debemos hacer dos agregados: en general, se trata de personas que salieron hace bastante tiempo del sistema educativo; por lo tanto, probablemente las competencias en las que fueron formados no son las mismas que las que requiere el mercado de empleo actualmente. En algunos casos, además, salieron tempranamente del sistema educativo, a veces con apenas primaria o ciclo básico terminado y no más que eso, en un país que era distinto al que es hoy, porque en muchos casos uno conseguía un primer empleo a los 15 años y se mantenía en él hasta la edad de jubilarse. Esto ha cambiado hace ya tiempo, pero los cambios culturales y de la sociedad son más lentos que los del mercado de empleo. Y otro aspecto a tener en cuenta para considerar a esta población es que, en la mayoría de los casos, tiene a su cargo responsabilidades familiares. O sea que este grupo de personas no solo tiene dificultades para reinsertarse en el mercado laboral por lo ya dicho, sino que en muchos casos tienen hijos menores a cargo. Todo esto lleva a que tengamos en cuenta a esta población.

Y, en tercer lugar, referimos a las personas con discapacidad. Hace tiempo que el país ha registrado que estas personas tienen dificultades de acceso al mercado de empleo y por eso hay dos leyes previas a esta: una, vinculada a la ley de cuotas para el Estado –que tiene aproximadamente once años–, y otra para el sector privado que fue promulgada hace dos años. A través de este proyecto de ley procuramos darle un énfasis o un apoyo adicional a estas personas para que puedan acceder al mercado de empleo con mayor facilidad o que este favorezca su incorporación con una mirada positiva, con una mirada de poder aprovechar las capacidades que tienen estas personas, no poniendo el acento en su discapacidad, sino en las capacidades.

Voy a contar esquemáticamente qué es lo que se plantea, aunque supongo que ustedes ya lo deben tener bastante claro por la lectura del texto.

                En lo que tiene que ver con los jóvenes, presentamos varias modalidades. Una refiere al subsidio temporal para la contratación de jóvenes desempleados. En este caso, está previsto un subsidio que puede tener un máximo de $ 9.000 mensuales, que se actualiza por el índice medio de salarios. Se fijó esa cifra porque se está priorizando a aquellos jóvenes que tengan responsabilidades familiares. Cabe decir que para todas las modalidades el método que se utilizó fue el de subsidiar a partir de descontar los deberes de contribución que tienen las empresas hacia el Banco de Previsión Social; no es que se le dé dinero a las empresas, sino que se les descuenta de lo que tienen que pagar a la seguridad social.

Hay un segundo contrato, que tiene que ver con la primera experiencia laboral y que tiene dos diferencias.

Por un lado, está la diferencia que explicaba el señor ministro: el énfasis que se hace en la contratación de jóvenes mujeres, y por eso el subsidio es mayor en este caso. Se va a subsidiar a aquellas empresas que contraten varones por un monto de $ 6.000 mensuales en el lapso de un año. En el caso de que se contrate a una mujer, el monto va a ser de $ 7.500, así que va a ser superior.

Hay otra novedad que creemos que es muy importante para priorizar la contratación de los jóvenes y es que, pasado ese año, a las empresas que mantengan la contratación de ese joven o de esa joven, se les va a exonerar de los aportes patronales hasta que el trabajador cumpla 25 años. No solo se promueve su incorporación al mercado de trabajo, sino que, además, se favorece que se mantenga en esa misma empresa en la que fue contratado. Seguramente no permanezca en el mismo puesto de trabajo, porque va a ir escalando. Nosotros queremos destacarlo porque lo que se busca no es solo su incorporación –que ya es un paso importante–, sino, además, que se mantenga en el mercado de empleo.

Por otra parte, se mantiene lo que tiene que ver con la práctica laboral para egresados. En este caso hay un subsidio del 15 % de la retribución mensual para las empresas. En ese sentido, no hay ninguna novedad respecto a la ley vigente. También se mantiene el trabajo protegido joven, que es una modalidad especial que retribuye o subsidia a las empresas en un monto de hasta el 80 % del salario del joven, con un tope máximo del 80 % de dos salarios mínimos. Si tenemos en cuenta que hoy el salario mínimo está en $ 17.930, hablamos del 80 % de casi $ 36.000. Es decir que se podría estar exonerando hasta $ 28.000.

Esto está dirigido específicamente a la contratación de personas con vulnerabilidad socioeconómica, para lo cual usamos como criterio que esas personas estén por debajo de la línea de pobreza. Acá hicimos un cambio, ya que el indicador que se usaba hasta el presente era el índice de carencias críticas, pero ese cambio no se debe a que el indicador fuese malo, sino a que en la práctica es difícil de implementar. En realidad, como no se tenía información suficiente sobre la cantidad de variables que releva ese índice, se terminaban tomando decisiones administrativas que beneficiaban a una empresa con un monto muy importante de exoneración, pero el trabajador que se contrataba era un joven que no estaba en una situación de vulnerabilidad y en muchos casos provenían de una familia de clase media. Acá lo que se busca es focalizar y apoyar a los más vulnerables, pero el criterio a utilizar es que esté debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, se busca simplificar la identificación de los jóvenes a los que se debe apoyar de un modo particular en su incorporación al mercado de empleo.

Asimismo, se mantienen cosas que ya estaban en lo que tiene que ver con las prácticas formativas remuneradas. Se prevé que hasta el 75 % del salario mínimo de la categoría se va a subsidiar hasta el 50 % del salario que recibe el trabajador.

                Se mantiene lo que tiene que ver con primera experiencia laboral para el Estado, porque es una cosa muy importante. Y acá hay dos modalidades.

Una es a través de las instituciones públicas que directamente lo incluyen dentro de sus programas. Muchas veces se utilizan, como forma de preselección, programas vinculados al Mides, al INAU o a la propia ANEP, porque de esa manera se llega a cierta población que tiene dificultades para acceder al mercado del empleo y se le beneficia de ese modo. En este marco también se incluye el programa Yo Estudio y Trabajo que, como los señores senadores saben, ha sido muy bien valorado, tanto por las instituciones como por los propios jóvenes.

Con respecto a esta modalidad, lo que hicimos fue ampliarla e incluir a las paraestatales, ya que en la ley actual no estaban. Hay varias instituciones que quisieran incorporar a jóvenes en esta modalidad y en la actualidad no lo pueden hacer porque la ley no las ampara. Eso en lo que tiene que ver con población joven.

                La segunda modalidad que mencionamos es la que tiene que ver con favorecer la incorporación de personas mayores de 45 años. Este es un foco nuevo, si se quiere, porque no estaba así delimitado específicamente. Aunque había algunos programas que permitían contratar a personas mayores de 45 años, no estaba puesto el énfasis en hacer el corte a los 45 años, algo que nos parecía muy importante. En este caso, se busca incorporar a las personas que tienen mayores dificultades para volver al mercado laboral, y es por eso que se toma como criterio la contratación de aquellas personas que hayan estado desempleadas 12 meses de continuo o 15 meses en los últimos 24. Aquí también se hace una diferenciación por género, por esa dificultad de las mujeres para acceder al mercado del empleo que mencionó el ministro.

                Entonces, para la contratación de personas mayores de 45 años se va a subsidiar a las empresas, durante el lapso de doce meses, con $ 7.000 mensuales cuando sea un varón, con $ 8.000 mensuales cuando se trate de una mujer y con $ 9.000 mensuales en el caso de que la persona tenga, además, responsabilidades familiares, es decir, hijos menores a cargo. Esto es así porque, como mencionamos anteriormente, por la propia edad que tiene este grupo muchas veces se tienen personas a cargo.

                Acá sí tenemos una innovación. Así como tenemos un trabajo protegido joven, tenemos un trabajo protegido para personas mayores de 45 años, y se mantiene el mismo criterio que en el anterior, es decir, personas mayores de 45 años que están por debajo de la línea de pobreza. En esos casos se habilita el subsidio de hasta el 80 % del salario del trabajador o de la trabajadora, con un tope máximo –otra vez– del 80 % de dos salarios mínimos nacionales. Estamos hablando de un tope máximo de, aproximadamente, $ 28.000. En estos casos el plazo máximo también es de 12 meses.

                Finalmente –pero no menos importante–, el tercer grupo es el de las personas con discapacidad que, como mencionamos, tiene dificultades para acceder al mercado laboral, a pesar de la existencia de las dos leyes que ya mencionamos. Queremos poner un énfasis especial en este grupo poblacional justamente porque siguen teniendo dificultades para acceder al mercado del empleo pese a que –como dijimos– la ley de cuotas en el sector estatal tiene más de diez años de promulgada.

En ese sentido, creo que el país se está perdiendo la oportunidad de incorporar a las personas con discapacidad, que tienen mucho para aportar en términos de sus propias capacidades. En muchos casos tienen una gran riqueza y pueden generar un nivel de productividad aún mayor al de las personas que no somos discapacitadas. Creo que esto no tiene que ver solo con contemplar a todos, sino con poder aprovechar el capital humano, el valor agregado que ellos pueden darnos. Entonces, sin eliminar ninguna de las leyes vigentes –las cuales se mantienen–, generamos un subsidio para la contratación de estas personas que es mayor al que se ofrece actualmente.

La ley de cuotas, la n.º 19691, prevé un subsidio para la incorporación de personas con discapacidad, que equivale al 5 % del salario del trabajador durante el primer año. Eso sería mediante la exoneración de aportes patronales. Si lo pensamos en términos de una persona que recibe un salario de $ 30.000 nominales, se exonerarían aproximadamente unos $ 1.875 mensuales al empresario que contrata, según la ley actual.

                En esta modalidad estamos proponiendo que se subsidie a las empresas que contratan a personas con discapacidad por $ 7.000 mensuales cuando se está contratando a un varón, por un lapso de doce meses, $ 8.000 mensuales cuando se está contratando a una mujer, también por un lapso de doce meses, y $ 9000 mensuales cuando se está contratando a una persona discapacitada que, además, tiene familiares o menores a cargo. Este es un apoyo mayor y se pone un énfasis más fuerte en esa población que tiene una vulnerabilidad muy importante; lo queríamos resaltar.

                En resumen, esas son las tres grandes poblaciones que se están contemplando y priorizando. Como dijimos, este es un avance en las políticas que ya venía manteniendo el país, pero centrado en estos grupos poblacionales.

                Obviamente, algunos requisitos que ya existían se siguen manteniendo: entre otros, que las empresas tienen que estar al día con los aportes al BPS y a la DGI. Además, se sigue controlando que no haya despidos ni envíos al seguro de paro de ninguno de los trabajadores que están en la misma categoría, porque lo que se busca no es suplantar personal que está contratado por el total del monto y colocar personal subsidiado, sino que se busca ampliar la plantilla, si se quiere, o en todo caso incorporar a estas personas. Ese tipo de control se sigue haciendo.

                No están habilitadas, en este caso, las empresas suministradoras de personal, porque no son empresas que estén contratando para sí mismas, sino que tienen otro vínculo.

                Ese es, básicamente, el proyecto de ley.

Agradecemos que nos hayan recibido tan rápido; esto nos dice que ustedes comparten con nosotros la importancia que tiene el empleo hoy para la población en general. Diría que después de la emergencia sanitaria es el valor más importante o el problema más importante que identifica la ciudadanía.

                Quería darles las gracias y quedar a las órdenes.

SEÑORA PRESIDENTE.- Gracias a usted.

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera agregar que el financiamiento de este proyecto de ley proviene, para el presente año, de un tope de gasto que se establece al Fondo de Reconversión Laboral del Inefop.

                Por otro lado, de los fondos que estaban atribuidos por la Ley n.º 19689 –que eran hasta $ 480:000.000– ya se ha gastado alrededor del 10 %; por lo tanto, el remanente de esos fondos quedaría transferido al gasto establecido en este proyecto de ley y ampliado a estos colectivos con las características que recién reseñaba el director de empleo.

                Para el año próximo se mantiene el gasto a cuenta del Fondo de Reconversión Laboral de Inefop con un tope de USD 8:000.000 y se incorpora un monto de rentas generales –que estará incluido en la rendición de cuentas– por otros USD 8:000.000. Estamos diciendo que para el 2021 tenemos un tope de gasto de USD 16:000.0000 y, para el 2022, de otros USD 16:000.000.

                Haciendo un cálculo según el monto promedio de subsidio, serían 8.000 puestos de trabajo en cada uno de los dos años.

SEÑOR BONOMI.- ¿Podría repetir las cifras, por favor?

SEÑOR MINISTRO.- Sí. Las cifras son USD 16:000.000 asignados a estos programas durante el año 2021, y otro tanto para el 2022.

En cuanto a las fuentes de los recursos para estos dos años, la mitad corresponde al Fondo de Reconversión Laboral de Inefop. Por otra parte, eso ya está afectado, porque los programas de la Ley de Empleo Juvenil se cargan al Fondo de Reconversión Laboral. Lo que estamos haciendo aquí es topear el cargo, porque nos importa que los fondos de Inefop puedan aplicarse a la capacitación laboral y, a su vez, que no aumente el gasto con cargo a la ley de promoción del empleo.

                Entonces, se topea en USD 8:000.000 y se traspasan los fondos que la ley de promoción de empleo para poblaciones vulnerables había asignado en el año 2018, que pasarían a ejecutarse por esta ley y, por lo tanto, en todos los programas de esta ley. Y para el año próximo se incluye un monto de USD 8:000.000, que va a estar incorporado en el proyecto de ley de rendición de cuentas con destino a estos programas.

                En conclusión, tendremos USD 16:000.000 en 2021 y USD 16:000.000 en 2022, lo que, en términos de una estimación de cantidad de puestos de trabajo, podría alcanzar a subsidiar alrededor de 8.000 puestos de trabajo cada año. Ese es el planteo.

                Nuestra idea es hacer una evaluación a fines del año próximo sobre el uso de esos recursos y sobre cuáles de esos programas han sido los más requeridos y, eventualmente, proponer algún ajuste para que, en definitiva, tengamos una buena ejecución. Lo que nos importa no es tener los recursos disponibles, sino que se usen. Ese es el gran objetivo de esta norma.

                Gracias, presidenta.

SEÑOR NIFFOURI.- Seré muy breve, señora presidenta.

                Quiero agradecer a las autoridades del ministerio por haber comparecido. Sin duda que este es un tema fundamental. El trabajo y el empleo siempre han sido asuntos fundamentales. Y ahora, desde el comienzo de la pandemia que estamos atravesando, esta herramienta es más que fundamental.

                Creo que es muy bueno –compartimos esa visión– el aggiornamento de las leyes, porque a veces podemos tener algunas con muy buena intención, pero su aplicabilidad no llega a los destinatarios que buscamos.

                En ese sentido, quiero decir que apoyamos esta herramienta. Es una más de las que el Gobierno pone a disposición de los uruguayos en este momento tan difícil.

                Lo único que quiero preguntarles es cuál ha sido el resultado de estas leyes en este tiempo. Me refiero a la relativa al empleo juvenil –que rige desde hace mucho tiempo– y a la de las personas con discapacidad. Sin duda que si las estamos aggiornando es porque, claramente, no han funcionado de la mejor manera. Me gustaría saber también cuál ha sido el resultado obtenido hasta ahora.

                Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- Del análisis de la aplicación de la ley de empleo juvenil –me refiero a esta segunda; hubo otra en los años noventa–, surge que en total se ha subsidiado a 8.619 jóvenes en seis años. Esto indica un promedio de 1.436 por año. Este es un número bajo; no es una cifra importante. Obviamente, indica que hay necesidad de mejorar el impacto.

La ley de promoción de empleo para poblaciones vulnerables, Ley n.° 19689, benefició a 1420 personas, entre 2019 y 2020, o sea, unas 700 personas por año, lo cual quiere decir también que se ha usado muy poco. De hecho, de los fondos previstos en la Ley n.° 19689, que eran unos USD 10:000.000 o USD 11:000.000, aproximadamente, se utilizó un 10 %. Tenemos todavía un monto de unos USD 9:000.000.

Y lo que se ha invertido por concepto de estas dos leyes en los últimos seis años está en el orden de unos USD 15:000.000. Por lo tanto, lo que pretendemos es que se multiplique significativamente la cantidad de personas promovidas a través de este instrumento y los fondos correspondientes. Veremos. Esto es voluntario, o sea, no es que creamos los puestos de trabajo. Lo que hacemos es promover que los empleadores utilicen el mecanismo. Hasta ahora se ha usado poco. Pretendemos que, por la vía de facilitar el mecanismo de uso y generar una mayor difusión sobre las oportunidades, esto cambie. De hecho, nos decían que en estos días en que hemos hecho público el nuevo proyecto ha habido muchas consultas en el ministerio acerca de la posibilidad de usarlo. Y nosotros estamos canalizando esos intereses con el marco jurídico actual, que lo tenemos. Pero obviamente pretendemos tener este marco nuevo, que podrá dar más oportunidades, incluso para más sectores de población.

SEÑORA SANGUINETTI.- Ante todo celebro la visita de las delegaciones y la iniciativa.

Quería simplemente enfatizar la importancia de que en el caso de las personas con discapacidad se esté aumentando el subsidio. Claramente la ley que está hoy en día en implementación no está cumpliendo las expectativas de este colectivo de personas, que en el momento de la sanción generó una gran ilusión y fue un paso en la dirección correcta.

Creo que en este momento de agudización de brechas, este proyecto de ley que tenemos hoy enfrente para votar en el día de hoy en definitiva pone en evidencia la necesidad de seguir trabajando en esta línea, y como sociedad ojalá estemos más alineados para dar un paso.

En suma, simplemente quería celebrar la iniciativa y la celeridad con la que se ha respondido frente a esta pandemia.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Por mi parte quiero dar también la bienvenida al señor ministro y a su equipo.

Se ha dicho que se ha aggiornado –es la palabra que han usado– el tema del empleo juvenil. Me gustaría conocer con más detalle cuáles son los cambios que ustedes promueven a través de este proyecto en referencia a lo que había, es decir, qué se modifica para intentar llegar justamente, como decía el señor ministro, a más gente.

SEÑOR MINISTRO.- La primera modificación es, en relación a primera experiencia laboral, la posibilidad de que se continúe por la vía de la exoneración de aportes patronales como un beneficio para la contratación del joven, en este caso de 15 a 24 años, hasta que cumpla los 25 años. Este es un incentivo –yo espero que con mayor fuerza– para contratar jóvenes que no pueden entrar al mercado de trabajo porque no tienen experiencia. Se mantiene el mismo requisito. El joven tiene que haber revestido aportes solo, como máximo, por 90 días, y se mantiene el incentivo del primer año, que es mucho más fuerte. Pero el agregado es que pasado ese año, si la relación laboral se mantiene y mientras se mantenga, hasta que cumpla 25 años, por ese trabajador joven el empresario se va a beneficiar con la exoneración del aporte patronal. Ese es un cambio.

                Otra modificación es sobre el trabajo protegido joven. Como decía el director de empleo, nosotros lo que hacemos es establecer un criterio de elegibilidad social. Cuando hablamos de trabajo protegido, estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad. En vez de utilizar un índice de carencia crítica –que es difícil de mantener actualizado, porque implica un cálculo con distintas variables–, lo que hacemos es focalizar en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Ese es un indicador sencillo, se actualiza todos los años y, por lo tanto, sabemos cuál es el límite. Y con una declaración de ingresos de la persona que va a ser objeto de ese beneficio, alcanza. Entonces, lo que hacemos es focalizar más para evitar que debido a esa falta de precisión del actual indicador, el índice de carencias críticas, terminemos subsidiando casos que eventualmente no pertenecen a los hogares de menores recursos.

                Y también hay un cambio en el límite de trabajo protegido joven, que en vez de ser de un monto fijo, es hasta el 80 %. Lo que hemos registrado, en el análisis de lo que ha pasado, es que más del 80 % de los jóvenes que han sido beneficiados por la ley de empleo juvenil lo han sido estrictamente por trabajo protegido joven, con el riesgo, además, de que la focalización no sea sobre jóvenes de hogares más pobres, sino de hogares medios. ¿Por qué? Porque el incentivo es muy alto. Estamos hablando de $ 26.000 o $ 27.000 mensuales. Creemos que esto hay que moderarlo y, al mismo tiempo, promover otras figuras para multiplicar la cantidad de beneficiarios.

SEÑOR BONOMI.- Ante todo doy la bienvenida y saludo a la delegación.

                Aclaro que no tenemos todavía resuelto cómo vamos a votar. Y lo que voy a decir, que en cierta medida es crítico, no quiere decir que se transforme en el voto contrario, pero sí tengo que ser honesto con lo que pienso. Entonces, lo voy a expresar.

                El senador Niffouri preguntaba por el resultado de la ley anterior, y yo creo que no fue bueno. Creo que no fue buena la anterior tampoco, votada durante el Gobierno del Partido Nacional. Y me atrevo a decir que no es bueno en el mundo el resultado que se basa en este tipo de incentivos. Muchas veces los empleadores se acogen a esto, reciben los beneficios durante el tiempo que está estipulado, pero después se olvidan del empleo que proporcionaron y los trabajadores son desafectados de la empresa. Por eso esta idea fracasó en el mundo. Quiero dejar claro eso.

                No quiero polemizar tampoco. Quiero ser honesto con lo que vamos a manejar después y que el ministerio lo sepa. La mejor forma de lograr el empleo juvenil es mejorar mucho y subsidiar la capacitación, es decir, no subsidiar a la persona que no tiene trabajo, sino subsidiar a la persona que se capacita y que con esa mayor capacitación puede encontrar trabajo.

                Eso es lo que pienso, y sobre esa base quiero hacer algunas preguntas.

                La primera es si tienen claro cuál es el porcentaje de la población económicamente activa que se ve afectado por el desempleo en estos tres planos que manejamos: los de determinada edad, personas con discapacidad y mayores de 45 años.

                En segundo lugar, en relación a cómo se usan los fondos del Inefop, que no es una unidad ejecutora del ministerio, sino que es una empresa pública no estatal integrada por trabajadores, empleadores y Gobierno, me gustaría saber si se ha consultado a los empleadores y a los trabajadores sobre este proyecto.

                La siguiente pregunta es más difícil. ¿Se conoce cuál es el impacto de la renuncia fiscal al cobro de las contribuciones especiales de seguridad social, en la medida en que se dejan de lado?

                Estas son las tres consultas que quería realizar.

SEÑOR LOZANO.- En principio agradezco al señor ministro y a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la muy buena exposición que hicieron de este proyecto.

                Creo que es una herramienta que atiende poblaciones particularmente sensibles, como la de los jóvenes, la de los mayores de 45 años y la de las personas con discapacidad.

En cuanto a la tasa de desempleo juvenil, como se expresó acá, sabemos que es un 35 % mayor que la tasa de desempleo en general. Por lo tanto, es un dato de la realidad que está demostrando la necesidad de legislar al respecto para tratar de crear una herramienta para solucionar ese tema. Quizás, como señalaba antes el senador Bonomi, los resultados no sean los esperados. Pienso que muy posiblemente haya que instrumentar algún tipo de cambio sobre la marcha, pero eso viene después.

                En realidad, la pregunta que quería hacer también está ligada a un dato de la realidad, más allá de que tengan o no la cifra de los mayores de 45 años. Creo que todos los que más o menos palpamos a la sociedad, sabemos lo que pasa cuando una persona de esa edad pierde el trabajo: es muy difícil reinsertarse en el mercado laboral, por lo cual también celebro esta iniciativa de atender a esa población.

                Y, sin dudas, como expresó la senadora Sanguinetti, las personas con discapacidad también componen una población muy vulnerable.

                De manera que de mi parte los saludo y felicito por la presentación de la herramienta.

SEÑOR MINISTRO.- Vamos a ir por orden.

                En primer lugar, vamos a responder las preguntas del senador Bonomi.

                Ciertamente, todos tenemos la misma preocupación en cuanto a que el proyecto sea efectivo. De hecho, tenemos dos leyes aprobadas en los Gobiernos anteriores que han mostrado un nivel de eficacia muy relativo. Por lo tanto, tenemos la expectativa de tratar de afinar la puntería. Y, como decía bien el senador Lozano, evaluemos luego, y si estas cosas demuestran que no tienen impacto, entonces tendremos que revisarlas y vendremos a la comisión a decirles que hay que modificar la ley y los motivos por los que hay que hacerlo. En ese caso, ustedes –que son los que resuelven a la hora de establecer las normas– tendrán la decisión definitiva.

                Ciertamente que la capacitación es un elemento clave para el desempleo juvenil, pero esto nos lleva a un problema mucho más de fondo, que es el divorcio entre los contenidos educativos y el mercado de empleo. Es un viejo problema, grave, que en el Uruguay, lamentablemente, ha estado vigente en las últimas décadas y no se ha logrado ajustar. Me parece que por ahí va un problema serio, mucho más de fondo, mucho más estructural, que obviamente esta ley no pretende resolver.

                También digo que en la actual ley de empleo juvenil y, por lo tanto, también en el instrumento que nosotros planteamos, algunos de los programas tienen que ver con pasantías, que buscan vincular educación con trabajo. Quiero decir que estas cosas más complicadas, que implican que el empleador tiene que hacerse cargo de funciones de formación del trabajador, no son atractivas para el empleador, y entonces el empleador tiende a dejarlas de lado y no utilizarlas. O sea que no es fácil resolver este problema. Sin duda que la capacitación para el trabajo, y particularmente la formación en la educación técnico profesional, tiene que tener un mayor enganche con lo que luego es la evolución del mercado de trabajo. Ese es un problema que el Uruguay tiene hace años y que esperemos que en este período de Gobierno lo vayamos resolviendo. Tampoco se resuelve de un día para el otro, pero hay que avanzar en esa dirección.

                Sobre los niveles de desempleo, está claro cuál es el de los jóvenes, porque la encuesta continua de hogares muestra ese resultado, y efectivamente es tres veces más que para la población en general. Ese es un viejo problema. Somos de los países que tienen las tasas de desempleo juvenil más altas de América Latina. Estamos entre los cinco primeros países con mayor tasa de desempleo juvenil. Ese es un drama. Por lo tanto, insistir en la búsqueda de cómo incorporamos jóvenes es necesario.

                No tenemos el dato desagregado de mayores de 45 años. Sí el senador Lozano decía algo que surge de la evidencia empírica subjetiva, no del dato estadístico, que es que efectivamente cuando una persona después de los 45 años pierde el empleo, todos sabemos que hay una enorme dificultad para reenganchar. Y lo decía el director de empleo, el licenciado Daniel Pérez: hay un problema de aprendizajes que no se aggiornan. Cuando una persona, después de haber estado trabajando mucho tiempo en algún lugar, se queda sin trabajo, es un drama, porque además tiene que actualizarse, y no es fácil.

                Sobre la cuestión de los fondos de Inefop, en realidad lo que estamos haciendo es modificar la norma en el sentido de preservar que los recursos del fondo de reconversión laboral se apliquen efectivamente a la capacitación laboral, porque la norma actualmente vigente, la de la ley de empleo juvenil, no tiene tope. Si acá aumentara la demanda de empleo juvenil sobre nosotros, sobre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con cargo al fondo de reconversión laboral, la ley manda que se pague, y por lo tanto uno de los problemas que el consejo directivo de Inefop nos ha planteado es que eso se come una parte del presupuesto. Entonces, lo que estamos haciendo es preservar el uso de los fondos de reconversión laboral y complementarlos con un aporte de rentas generales. O sea, el Estado traspasa fondos para financiar estos programas, que no es lo que está vigente. Le voy a pedir al director de empleo que nos informe cuál ha sido la ejecución del gasto.

SEÑOR PÉREZ.- Actualmente, y para este año, para el 2021, ya tenemos comprometidos $ 190:000.000. Estoy hablando de datos del BPS correspondientes al mes de marzo. Obviamente que en los meses de abril y mayo se ha incorporado más gente y seguramente va a seguir ocurriendo. O sea que en ese sentido ya tenemos un nivel de ejecución importante. Y como decía el señor ministro recién, hoy por hoy no existe ningún tope. De hecho, si ocurriese que se siguiera expandiendo, sucedería que se podría gastar todo el fondo de reconversión laboral en esto, no dejando ni un peso para la capacitación de trabajadores. Lo que hace justamente esto es limitar el gasto.

                Es por eso que hay una inversión por parte de Rentas Generales para priorizar las dos cosas, y para preservar el empleo limitamos el gasto y, a la vez, ponemos más dinero. Se trata de una inyección de dinero que es importante. En 2019, para todas las políticas activas de empleo se utilizó un monto total de $ 250:000.000, fue el año que más se gastó en el período anterior. Lo que nosotros estamos proponiendo con este proyecto de ley es fijar un tope que llegue a los $ 700:000.000 para este año y otro tanto para el año que viene que, si bien es una inversión importante, requiere de un aporte de más de $ 300:000.000 por parte de Rentas Generales. Acá estamos limitando el gasto del Fondo de Reconversión Laboral para poder seguir capacitando a los trabajadores, entre los que se encuentran los mayores de 45 años o los jóvenes en prácticas formativas con formación dual en las empresas de manera de favorecer, como decía el señor senador Bonomi, y conjugar la formación con el empleo y, a su vez, poniendo dinero para mantener el empleo. También tenemos claro que esto no resuelve todos los problemas de empleo, sino, solo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo que es lo que le corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR MINISTRO.- En síntesis, el régimen actual financia las políticas activas de empleo enteramente con el Fondo de Reconversión Laboral. Los fondos previstos en la ley provienen de la deuda que el Poder Ejecutivo tenía que verter, también, al Inefop; o sea, también son del Fondo de Reconversión Laboral.

                Entonces, lo que nosotros pretendemos es topear la afectación del Fondo de Reconversión Laboral para políticas activas de empleo con el afán de que en un tiempo donde tenemos una problemática de empleo particularmente relevante, logremos que Inefop pueda centrarse en su objetivo, que es capacitar a los trabajadores para reinsertarse en el mercado de trabajo. Ese es el cambio que estamos proponiendo.

                Por cierto, nosotros informamos este cambio al Consejo Directivo de Inefop antes de remitir el proyecto de ley al Parlamento. Obviamente, estuvieron de acuerdo porque de esta manera se quedan tranquilos porque no se les gastarán los fondos en programas de políticas activas de empleo. Y mañana, que está citado para una reunión el Consejo Superior Tripartito, en uno de los puntos del orden del día de la sesión le vamos a presentar este proyecto de ley; obviamente, si hubiera alguna idea novedosa para incorporar la podríamos trasmitir, pero, en términos generales, tenemos que hacer ajustes, optimizar recursos y programas e incorporar colectivos que no estaban contemplados en la normativa actual, como los mayores de 45 años y personas con discapacidad.

                Con respecto a la renuncia fiscal, el único componente que va a implicar para el Banco de Previsión Social un gasto a su cuenta es el programa de primera experiencia laboral, porque cuando pasa el año y el trabajador joven sigue vinculado, hay una exoneración de aporte patronal. Lo demás lo transfiere para cubrir estos costos, los fondos de Rentas Generales y los fondos de Inefop.

Lo que quería agregar es que hay un par de observaciones, ajustes de redacción, pueden ser más –ustedes saben cómo es esto, y yo también, pero en una norma de 50 artículos puede haber muchas cosas a ajustar–, en el artículo 7 debe quedar claro que la referencia a los colectivos debe ser a cada uno de ellos y no que la característica sea sumable. Cuando dice: «… la situación de los jóvenes, personas mayores de 45 años y con discapacidad…», estamos hablando de colectivos diferenciados, no deben tener la suma de todas esas características. Considero que debería decir «o» en lugar de «y». Me parece que si ponemos «o personas con discapacidad» queda más claro que se trata de cualquiera de estos colectivos.

                Por último, en el artículo 50 hay que evaluar si se mantiene la derogación de la Ley n.º 19689, porque es la que dispone de los fondos remanentes de esos $ 480:000.000. No vaya a ser que derogando la ley nos quedemos sin la plata. Tal vez sea más cauto decir: «Derógase la Ley Nº 19.133, de 20 de setiembre de 2013,» –que es la ley de empleo juvenil– «y todas las demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley». Y le sacamos la referencia a la segunda ley.

SEÑORA PRESIDENTE.- Perfecto; queda claro.

Habíamos hablado con la secretaria de la comisión que para mí debería decir «y», porque justamente es lo que hace la letra «y»: separa.

De cualquier manera, si hay algún mínimo ajuste de redacción que no afecte la naturaleza de la ley se corrige en sala in voce.

Si ningún otro señor senador desea hacer uso de la palabra, agradecemos enormemente la presencia de la delegación del Poder Ejecutivo y a quienes han trabajado en este proyecto de ley, que es realmente muy interesante.

Muchas gracias.

(Se retira de sala la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

 

–Se pasa a considerar el siguiente asunto: «Carpeta n.° 474/2021-Distribuido n-º 588/2021, Políticas Activas de empleo para jóvenes de 15 a 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad».

En consideración.

Propongo que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota).

                –4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se ha propuesto como miembro informante a la señora senadora Sanguinetti.

(Apoyados).

–Se levanta la sesión.

(Son las 17:07).

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.