COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(Sesión celebrada el día 1.º de junio de 2021).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:36).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Nota de fecha 7 de mayo de 2021, enviada por el grupo de deudores en unidades reajustables del BHU y la ANV, en la cual plantean su situación y adjuntan recomendación de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y resolución n.º 803/2020, de 21 de enero de 2020. Fue enviada por correo electrónico.

                Fucvam. Solicitud de audiencia en relación con la situación que atraviesan familias de integrantes de cooperativas que cumplieron los trámites correspondientes y pasaron tres sorteos sin tener fecha de escrituración del préstamo correspondiente. Se adjunta listado de cooperativas de Montevideo e interior».

SEÑORA SECRETARIA.- Tengo aquí la nota respecto a este último asunto entrado. No la he repartido porque es muy extensa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien.

                La nota enviada el 7 de mayo de 2021 por un grupo de deudores en unidades reajustables fue repartida a cada uno de los señores senadores integrantes de la comisión.

En cuanto a la solicitud de audiencia planteada por Fucvam, con relación a la situación de cooperativas de vivienda de Montevideo y del interior del país que participaron de tres sorteos y todavía no tuvieron confirmación de fecha para escriturar, hay que considerar dos aspectos. Primero, si estamos dispuestos a concederles la entrevista rápidamente, en este mes. Y el segundo aspecto es si los señores senadores tienen algún interés en que se reparta el adjunto a la nota, que son las cooperativas de todo el país que están en esa condición.

Está en consideración la propuesta respecto a la solicitud de audiencia que ha formalizado Fucvam.

SEÑOR OLESKER.- Señor presidente: no me parece que haya que repartir el adjunto a la nota; en algún momento podemos mirarlo de manera de saber cuáles son las cooperativas, pero no creo que tenga mucho objeto. Y sobre la posibilidad de concederles la entrevista, pienso que estaría bien incluirlos en alguna de las tres sesiones ordinarias que tenemos este mes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien.

                Recuerdo a la comisión que respecto al tema que vamos a tratar hoy, el Banco Hipotecario del Uruguay ya compareció, por lo que entiendo que no sería necesaria ninguna comparecencia más. Como doy por entendido que es un asunto prioritario para la comisión y que vamos a continuar trabajando en él, si están de acuerdo, en forma paralela podríamos perfectamente conceder la audiencia a Fucvam en este mes, salvo que se considere terminar el tratamiento formal de este tema que hoy culminamos en cuanto a las audiencias.

SEÑOR COUTINHO.- Señor presidente: somos conscientes de que representantes del Banco Hipotecario del Uruguay estuvieron en esta comisión. Lo que decidimos después de la reunión con el grupo de representantes de deudores fue que volvieran. Por lo tanto, nosotros no estamos dando aquella sesión como válida para toda esta iniciativa, dado que en realidad, de acuerdo con lo que manifiesta el grupo de deudores, quedaron planteados contextos muy distintos a lo que se conversó y se habló en la primera visita. Por lo tanto nosotros, conscientemente, pedimos a las autoridades del Banco Hipotecario –en forma de invitación– que volvieran a esta comisión para conversar con nosotros, algo que iba a suceder, pero después, por diferentes razones, anunciaron que no lo harían. Entonces, yo no dejaría como válida solamente aquella visita e intentaría invitar nuevamente a las autoridades del Banco Hipotecario del Uruguay.

                También, con el senador Andrade en su momento y en la comisión planteamos que en el espíritu de esta asesora, a fin de poder solucionar el tema de tanto tiempo del grupo de deudores –es por eso por lo que hoy está previsto y estamos a que ingresen en cualquier momento las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda– estaba el intento de impulsar un único proyecto de ley para presentar al plenario.

                Lo que estamos queriendo hacer, con el aporte de las diferentes autoridades y el material que nos dejó el grupo de deudores, es administrar y tener la información posible para impulsar un proyecto de ley. Quedamos en que no solamente fuera un tema de iniciativa de la comisión, sino en intentar unificar todos los proyectos ya existentes. Como estuvimos mirando y revisando, los hay de diferentes legisladores y de distintos partidos; ya hay proyectos que tienen como origen e iniciativa plantear una reducción del daño y solucionar este problema. Creo que, si nada cambió, seguimos en ese camino, es decir, en el de considerar todos los proyectos de ley que están presentados de una sola vez en la comisión. Creo que lo que habría que hacer es terminar con la audiencia y que se traigan todos los proyectos de ley que están en la comisión a fin de tratarlos, llegar a un único proyecto que impulsemos desde la comisión y que vaya al plenario aprobado por unanimidad. Al menos ese fue el plan y la ruta de trabajo en que habíamos quedado en su momento; si hubo algún cambio al respecto, no estoy en conocimiento.

                Por lo tanto, mantengo el planteo de recibir a las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda, reiterar el pedido en cuanto a que vengan las autoridades del banco, considerar y discutir los proyectos de ley aquí –si es necesario invitar a alguno de los legisladores que redactó las iniciativas– y, definitivamente, impulsar el que surja de la comisión.

SEÑOR LOZANO.- Entiendo que este problema, que es muy angustiante para los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y, llegado el caso, también de la Agencia Nacional de Vivienda, por ser en unidades reajustables, se viene arrastrando desde hace muchísimos años y hay que buscarle una solución política. Hemos escuchado –y es verdad– la explicación de las autoridades del banco, pero no concuerda plenamente con lo que escuchamos hace unos días en cuanto a los deudores en unidades reajustables. Entonces, para buscar una solución política creo que tenemos que tratar de recolectar el máximo de información posible y luego elaborar un proyecto para buscar una solución de común acuerdo, quizás hasta con el máximo apoyo del sistema político, lo que sería lo mejor en un tema tan sensible como este.

                Creo que no podemos dejar de oír a aquel deudor del Banco Hipotecario del Uruguay que ha pagado, que le ha costado muchísimo y que sufre pagando, es decir no podemos mirar para un costado ante un problema que sabemos que es real, ya sea el tema de los colgamentos o el de los traspasos de la unidad reajustable a otra unidad de pago. Debemos encontrar una forma para atender a la gente y que pueda pagar. Entiendo también que sería conveniente –como dijimos en la última reunión– que volvieran las autoridades del Banco Hipotecario del Uruguay a fin de buscar una solución en común, si fuera posible.

SEÑOR ANDRADE.- Creo que es bastante claro que las respuestas del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay fueron en la dirección de no innovar sobre la cuestión de los deudores. También parece claro que en los distintos partidos hay voluntad política de trabajar en una solución. Esto genera, obviamente, una circunstancia de tensión, en el sentido de que la norma a la que arribemos intente obtener los máximos consensos, más allá de que los fundamentos que expuso el Directorio del Banco Hipotecario están al alcance de todos nosotros y que sabemos que estamos ante un tema complejo.

Parece sensato –dado que existe la voluntad, así como el compromiso expreso del senador Coutinho de presentar un proyecto sobre la base de los ya existentes y trabajar en esa dirección– que en el armado de la iniciativa el Banco Hipotecario del Uruguay esté presente porque, si no es así, después pasará a ser un problema central de la construcción jurídica, sabiendo que no va a ser una salida fácil en un tema que tiene muchísimos años.

                En lo personal, aparte de los proyectos que existen, se me ocurren posibilidades e instrumentos que puedan atender las circunstancias de los deudores, pero me gustaría trabajar en el tema. Voy a poner un ejemplo. Hace trece años que aprobamos la posibilidad del subsidio a la permanencia para el sistema cooperativo, que implica atender la circunstancia de que cuando un cooperativista pierde su trabajo o tiene dificultades con el ingreso, el resultado no sea que quede en la calle. Uno puede pensar, aparte de cómo se calcula la cuota, en si no tenemos posibilidades de analizar instrumentos que permitan atender también circunstancias particulares en el caso de los deudores de créditos hipotecarios, porque, en definitiva, el objetivo último es el mismo. Es más, nosotros creemos en esto en un sentido más general y, en realidad, está en debate el tema del derecho a la vivienda, en términos generales.

                Como se conformó la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación de Emergencia Sanitaria Generada por el COVID-19, presentamos allí la propuesta que teníamos para conversar en esta instancia acerca del subsidio a los alquileres de los sectores golpeados por la crisis, más allá de que teníamos intención de pelotear, de intercambiar ideas en el ámbito de la Comisión de Constitución y Legislación. Sin embargo, considero que van en la misma dirección: el mercado no puede resolver el tema de la vivienda. ¿Tiene una función para jugar en la cuestión de la vivienda? Sí, en parte sí. El tema es ver cómo se regula para que la lógica del mercado, con las condiciones que tiene –hoy trabajo, mañana no; hoy tengo ingreso, mañana no–, no sean las que determinen un componente central para la organización de la vida. Así como para la organización de la vida es central el trabajo, también lo es la vivienda y todas las demás políticas que tienen que ver con ella. Si la vivienda no está en condiciones, tampoco lo están las cuestiones sanitarias, y es complicado para un niño crecer en un hogar con un nivel de humedad alto.

                Entonces, en medio de esta discusión general sobre la resolución del tema del techo, que creo es apasionante –ninguno de nosotros quiere fundir al Banco Hipotecario ni desatender las circunstancias de los deudores, que ha sido largamente fundamentada–, ya que pensaremos en construir instrumentos, creo que no está de más, en este caso, seguir intercambiando ideas con las autoridades del Banco Hipotecario del Uruguay. Quizás este sea el momento; quizás sea mejor hacerlo cuando tengamos un primer borrador para presentar o una primera idea de por dónde ir, pero eso tampoco es central. Sí es bueno que exista el mayor diálogo posible, porque si se abroquelan las posiciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con respecto al banco, después podemos tener problemas o dificultades hasta en la aplicación de la solución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores senadores: tal como habíamos quedado en la última reunión, esperaremos la comparecencia de los representantes del Banco Hipotecario del Uruguay. Quiero recordar que ya ha sido citado, pero no ha confirmado su asistencia.

                Mi consulta era, no en cuanto a suspender la convocatoria sino, mientras esta se haga efectiva, en cuanto a dar cabida, en paralelo, a la solicitud de audiencia de Fucvam. Si no, la postergamos hasta dar por finalizado el tema –cuyo tratamiento se ha priorizado– de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda.

                Por lo que interpreto, para la próxima sesión o la siguiente procuraremos contar con la comparecencia de representantes del Banco Hipotecario del Uruguay, y hasta en tanto eso no ocurra, no responderemos a la solicitud de audiencia de Fucvam.

                Queda definido así, entonces.

(Apoyados).

–Pasamos a recibir la delegación de la Agencia Nacional de Vivienda por el tema que nos ocupa.

(Ingresa a sala la delegación de la Agencia Nacional de Vivienda).

                –La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial da la bienvenida a la delegación del Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, conformada por: el presidente, arquitecto Klaus Mill von Metzen; el vicepresidente, escribano Gustavo Borsari –conocido de la casa–; la directora, arquitecta Verónica Dodera, y el asesor, doctor Diego Guadalupe.

                El motivo de esta convocatoria es el tratamiento prioritario que la comisión ha dado al tema del endeudamiento de una cantidad importante de ciudadanos del país con el Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda. Los ciudadanos han comparecido ante esta comisión –organizados en grupos– y, a partir de eso, la comisión definió recibir al Directorio del Banco Hipotecario –que ya concurrió y volverá a hacerlo– y al Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda.

                Por lo tanto, cedemos el uso de la palabra al señor presidente y luego de su exposición abriremos un espacio de preguntas.

SEÑOR MILL VON METZEN.- Buenas tardes. Como el señor presidente bien dijo, venimos a expresar el motivo de los deudores en unidades reajustables.

                Queremos comenzar mencionando que la Agencia Nacional de Vivienda fue creada por la Ley n.º 18125. El capítulo I hace referencia a la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay modificando su Carta Orgánica. Se permite otorgar créditos indistintamente en unidades indexadas –UI–, en unidades reajustables –UR– o en moneda nacional. Antes de la aprobación de la Ley n.º 18125, en materia de vivienda solo era posible usar unidades reajustables.

                En el capítulo II se crea la Agencia Nacional de Vivienda como servicio descentralizado, con competencias para la ejecución de programas de vivienda y desarrollo urbano, la gestión de los fideicomisos del Ministerio de Economía y Finanzas por cartera transferida del Banco Hipotecario del Uruguay, y la prestación de servicios técnicos en el área de viviendas sociales. Esto fue transcrito directamente de la página web de la OPP, en donde figura de esta forma.

                La ANV es fiduciaria y administra los créditos transferidos del Banco Hipotecario del Uruguay –que es el fideicomitente– en once fideicomisos cuyo beneficiario es el Ministerio de Economía y Finanzas. La ANV recibió los créditos en la moneda en que fueron firmados oportunamente en el Banco Hipotecario del Uruguay y sigue trabajándolos en la misma moneda.

                La ANV funciona mandatada por la legislación vigente y las instrucciones impartidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en su carácter de beneficiario de los fideicomisos. Por cada uno de estos, debe rendir semestralmente, con una auditoría externa, el avance logrado en su recuperación. Por lo tanto, las posturas para el trato que nos convoca en este caso debe tomarlas siempre el MEF. La ANV no puede decidir sobre la moneda, que es el asunto de hoy.

                La Agencia Nacional de Vivienda, como les decía, es fiduciaria; es la administradora de los créditos propiedad del MEF.

                También quería mencionarles que este asunto está judicializado, en este momento, con un informe favorable a la institución en la sentencia de primera instancia a partir del 19 de marzo de 2021. En ello podrá ahondar el asesor letrado Diego Guadalupe.

                Básicamente, con la introducción de cuál es el rol de la agencia brindamos el marco por el cual se maneja. Sabemos que este tema ha sido tratado durante muchos años, que durante una sucesión de años ha sido presentado acá, que han venido varios directores de la Agencia Nacional de Vivienda –sobre todo, a la Comisión de Hacienda, que lo ha tratado anteriormente– y también han hecho exposiciones al respecto.

                Ahora voy a explicar la gestión que desarrolla la Agencia Nacional de Vivienda en cuanto a la cartera de créditos que le fue transferida desde el Banco Hipotecario del Uruguay; me refiero exclusivamente a la cartera de los fideicomisos nombrados en la Ley n.º 18125.

                Desde su creación a la fecha, la Agencia Nacional de Vivienda ha gestionado 54.365 créditos, de los cuales el 48 % –o sea, 25.918– ha cancelado su deuda. Esta información incluye todo desde que se creó la agencia, porque los créditos se siguen, de alguna manera, transfiriendo desde el banco.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si es tan amable, ¿podría repetir la cifra o el porcentaje de los que han cancelado?

SEÑOR MILL VON METZEN.- Sí. El 48 % ha cancelado su deuda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.

SEÑOR MILL VON METZEN.- A diciembre de 2020, son 25.918 créditos. El 52 % aún mantiene saldo, que ahora voy a explicar. De este saldo, el 15 % corresponde a cooperativas que integran el fideicomiso I, y el 85 % restante –unos 24.136 créditos– corresponde a los fideicomisos III a XIII.

                Paso a detallar. Son trece fideicomisos en número, pero once son activos. Los fideicomisos creados por créditos hipotecarios son el III, IV, VII, XI y XIII.

                Interrumpo esta aclaración para decir que tengo aquí el material a efectos de que ustedes hagan una copia de un informe de gestión que nosotros brindamos semestralmente al Ministerio de Economía y Finanzas. Les dejamos una copia en formato papel y también pueden descargar una copia en formato digital de los datos que les estamos brindando.

                Retomo la explicación. El 85 % de los créditos que les mencionaba –unos 24.000 aproximadamente– corresponden a los fideicomisos III a XIII. Los fideicomisos III, IV, VII, XI y XIII son los definidos como comercial por el Banco Hipotecario del Uruguay en el momento del pasaje a la Agencia Nacional de Vivienda.

                Por otro lado, en otro fideicomiso se integran las promesas de compraventa y arrendamientos, entre otros. Son los fideicomisos V, VI, X y XII. Esas son las carteras formadas por inmuebles y otros de diversos créditos sociales definidos por el Banco Hipotecario del Uruguay en el momento del pasaje a la Agencia Nacional de Vivienda.

                Entonces, definimos, por un lado, créditos hipotecarios, y por otro, promesas.

                Además, hay un fideicomiso que refiere a los terrenos por inmuebles libres.

                La cancelación de estos créditos mencionados se viene dando a razón de un 2 % a un 3 % anual. Hoy hablaba del 48 %. Cuando se comenzó a gestionar y a llevar registro de los créditos, comenzaron con un 76 %. Hoy, a ejercicio cerrado en diciembre de 2020, hay un 48 % de cancelación.

                Se aplicaron políticas de quitas en el momento del pasaje. Del total de los créditos que aplicaban para la política de quitas definida por el Ministerio de Economía y Finanzas, el 92,8 % del total de quitas adhiere; restan unas 2122 familias por hacerlo. Quiere decir que la mayoría ya adhirió.

                Ahora queremos referirnos a la morosidad de la cartera que tiene la agencia. En esa época se recibió una cartera con un alto nivel de morosidad. Se aplicaron importantes políticas de quitas en función de los valores de tasación. Los valores de morosidad de esa época, que superaban el 60 % al momento de la transferencia, se empezaron a reducir y hoy –en el período cerrado a diciembre 2020– es del 13,7 % en todas las carteras de la agencia. A pesar de la pandemia –es importante recalcarlo–, se obtuvieron muy buenos resultados, inclusive con los guarismos más bajos. En 2019 el promedio era de 14,5 % y en 2020 estamos en un 13,7 %.

También hay que destacar todos los servicios de la agencia que han generado las condiciones necesarias para que 12.907 viviendas, 171 complejos CH, pudieran ser escriturados a favor de la familias, porque eso también forma parte del proceso que viene desarrollando la agencia. Durante el 2020 se incorporaron a la propiedad horizontal seis complejos habitacionales con un total de 344 unidades de vivienda en todo el país, que hace posible la escrituración y la cancelación de su deuda.

                Asimismo, una vez que se reestructuran deudas o se cancelan, los créditos futuros o los créditos que comercializa la agencia son todos en unidades indexadas. Entonces, en la agencia conviven créditos en unidades reajustables –moneda originaria transferida al Banco Hipotecario del Uruguay–, en unidades indexadas y en otras monedas. Los créditos en unidades reajustables representan un 80 % del total de los créditos.

Por último, quiero expresar que en un momento se abrió, como bien lo mencionaban –estuve leyendo las declaraciones del Banco Hipotecario– la posibilidad de pasaje de UR a UI. La agencia lo ha hecho únicamente por el decreto del Ministerio de Economía y Finanzas. El período ventana de ese decreto fue del 23 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019. Solo dos créditos accedieron al cambio de UR a UI.

                Si se me permite, cedo el uso de la palabra a la señora directora o al vicepresidente para agregar, si así lo desean, alguna información al respecto.

SEÑOR BORSARI.- En efecto, lo que ha venido diciendo el presidente es absolutamente ajustado. Esta última cifra es bien significativa de la voluntad de las personas; a veces, se hace mucho ruido en algunas cuestiones, pero cuando se abre la posibilidad de pasarse a otra moneda no resulta o no hay voluntad de hacerlo por parte de las personas o de las familias.

                Aquí todos nos conocemos. Vengo de la época en que levantamos las finanzas del Banco Hipotecario del Uruguay, en el período 1990-1995. Recibimos muy mal el banco y lo entregamos bien, con todas sus líneas de crédito funcionando.

                Esto comienza con la Ley n.º 13728 de 1968 que todos conocemos, la ley madre de todo este sistema de la que fue redactor, corredactor y miembro informante el arquitecto Juan Pablo Terra. ¡Qué gran recuerdo para todos nosotros por encima de los partidos políticos! Por dicha ley se estableció la devolución total del valor actualizado de un préstamo. Si bien las leyes no tienen espíritu, como bien decía nuestro amigo Gonzalo Aguirre –pongámonos de pie–, la finalidad de esa ley era que se devolvieran los ladrillos prestados.

                Dábamos en préstamo diez ladrillos a la persona o a la familia ‒digo «le dábamos» porque el Estado se los otorgaba; no fueron los blancos ni los colorados ni los frentistas‒ y diez ladrillos tenían que devolver. ¿Para qué y por qué? Por la solidaridad intergeneracional. Nosotros le dábamos a una familia esos diez ladrillos y si no los devolvía, sus hijos no iban a poder tener acceso a un préstamo. Esa es la verdad de la milanesa.

Se creó ahí la unidad reajustable. No es una moneda de curso legal; no hay billete, no hay moneda, pero sí es una unidad de cuenta para cobrar los créditos y para otorgarlos. Es un valor monetario para fijar el precio de bienes y de servicios. Además, el Directorio del Banco Hipotecario de aquella época –porque la ANV no existía– tenía que tomar lo que la ley decía: «El legislador manda». La ley decía que los créditos debían ser otorgados en UR y la institución no podía ni debía, so pena de caer en ilegalidad, otorgar préstamos en otra moneda que no fuera en UR. Entonces, por disposición legal necesariamente debían estipularse las UR. Sobre la conveniencia se podrá opinar, pero el espíritu de Terra y de los demás corredactores de la ley fue llevar una moneda que se fuera reevaluando con el índice medio de salarios, lo cual era muy razonable.

En fin, miles y miles de familias –no estoy exagerando– y tal vez nuestros padres y abuelos pudieron acogerse a esta operativa para tener una casa y pagarla en quince, veinte o veinticinco años.

Por lo tanto, como he estado de los dos lados del mostrador en varias oportunidades, voy a decir cuál es mi conclusión, para no ser extenso y además porque sé que hay varios senadores preocupados por el tema. Varios partidos políticos hemos pasado por el ejecutivo, las empresas públicas y el legislativo, y no se ha podido variar, salvo con la aprobación de la UI, que es otra moneda de cambio que, como dijo el presidente, uno se pudo cambiar y fue muy menor el tema. ¿Cuál conviene según la cadencia histórica? Hay momentos en los que conviene –y el economista podrá confirmarlo– la UR, y en otros, la UI; incluso, en algunos sirve el dólar. Entonces, ¿cuál es el dilema para nosotros, para los legisladores y para quienes administramos estas instituciones del sistema público de vivienda? Para nosotros no es dilema porque tenemos que aplicar las leyes que el Parlamento aprueba; no hay otra vuelta.

                Para ir ya cerrando mi exposición, el dilema es que hay muchas posibilidades: ¿vamos a cambiar una moneda? ¿Van a dar a las personas la posibilidad de pasarse de una a otra? ¿Se va a crear otra moneda? ¿O se va a crear una canasta de monedas, lo que en muchos países del mundo es una posibilidad a la que se pueden acoger los que compran? Ahora bien, hoy, este directorio no puede hacer otra cosa que cumplir con la ley. La única vía que hay para modificar esta realidad –se lo he dicho a compañeros de mi partido, como el senador Heber, quien presentó una ley en su momento; también hay dos o tres proyectos más sobre este tema–, es decir, para que la ANV, el Banco Hipotecario o ambos puedan establecer otra resolución, es que el Parlamento apruebe una ley. No hay otra alternativa; si no, estaríamos cometiendo una gravísima irregularidad.

                Muchas gracias.

SEÑORA DODERA.- Continuando con la presentación que hizo el presidente de la ANV, quisiera decir que el documento que entregamos refiere a una síntesis del ejercicio desde nuestra creación, como ANV, hasta el 2020. Creo que es interesante, ya que hemos sido convocados por un tema particular, que en este 2021 se ponga sobre la mesa cuál ha sido esa síntesis de ejercicio frente a lo que recibimos y qué pasó en este período, con algunos números que presentó el presidente de la institución.

Recibimos un mandato, por ejemplo, de actuar sobre ese 60 % de morosidad que había en el período cuando se nos transfirieron estos fideicomisos. Entonces, acá hay una síntesis interesante porque nosotros recibimos el mandato del recupero, pero para que la gente se quedara en esa vivienda; es decir, la idea no era quitársela. En todos esos procesos se dieron acuerdos –algunos con y otros sin quita–, se firmaron contratos, que no permitían, por el reglamento de recupero, el cambio de la unidad monetaria en la que se había asumido el crédito. Todo eso está estipulado y habla de una síntesis. ¿Por qué lo digo? Porque, quizás, las posturas que se tomen a partir del futuro para poder dar respuestas a las necesidades de la gente reflejen que la realidad de hoy es muy diferente. Quizás pueda ponerse sobre la mesa que, en diez años de ejercicio, cumplimos con el 100 % del recupero del activo económico invertido por el MEF y de esa manera decir: «en esta realidad, los millones que hemos recibido de recuperación se podrán volver a reinvertir para poder mejorar algunas situaciones».

                Como establece el acta del BHU, tratamos cada caso en particular, porque son todos diferentes. Hay una parte específica del documento que establece de qué manera se solucionan a la fecha las situaciones de morosidad extrema. La gente es convocada; es uno de nuestros mandatos, incluso existe el remate extrajudicial y demás. Desde enero de 2012 a la fecha –esto es a diciembre 2020–, se resolvieron 3080 situaciones de morosidad extrema; 1448 de ellas, se hizo mediante acuerdo de pago previo a la instancia del remate. Es decir que el 62 % de la gente se quedó en su vivienda y pudo solucionar esa situación. Leyendo el acta del BHU vemos que, para lograrlo, se generó una cuota acorde a lo que se puede pagar hoy y a largo plazo, pero, por lo menos, la deuda está saneada. Esa renuncia genera lo que se dice comúnmente: «Lo voy a pagar “tantos” años». Muchas veces, en las fichas administrativas de cada unidad y de cada crédito se menciona la refinanciación.

Además de esto, es interesante que se sepa –lo mencionaba el presidente– de qué manera actuamos en todas estas carteras, cada uno desde su fideicomiso. Algunas viviendas son sociales y otras, comerciales; para cada una de ellas hay una orden de cómo lograr el recupero.

¿A qué venía con esto de la realidad 2020-2021? A que, a lo mejor, permite que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se nos planteen –como a la ANV– distintas normas –lo mencionaba el vicepresidente– para atender la realidad de 2021 que, seguramente, no es la misma que la de antes. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros tenemos el Reglamento de Recupero vigente desde el día en que se crea la administración y tenemos que ir por ese lado. A lo mejor puede tener modificaciones viendo los activos recuperados, como ser el proveniente de las obras inconclusas –estamos haciendo el último llamado, el séptimo– y, a su vez, de la recuperación de muchos esqueletos. Es decir, hay mucha recuperación de activos y, a lo mejor, el Reglamento de Recupero podría mejorar las quitas, cambiar los intereses, es decir, el saneamiento que ha tenido este tema podría generar las mejoras o las demandas que la gente hoy necesita.

Particularmente, en la ANV recibimos muchos expedientes. Así como se hacen notas al Banco Hipotecario del Uruguay o al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, también llegan a la ANV con carácter individual pero también colectivo. En cada uno de esos casos contesta el presidente o el vicepresidente; por reglamento y por normativa vigente, actuamos de acuerdo con lo que nos mandatan. En caso de cambiarse, podríamos intervenir según las necesidades de cada uno.

Gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Muchísimas gracias a la delegación, a las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda.

Hay algunos aspectos que están muy claros. Lo que estamos buscando desde acá, definitivamente, es unificar los proyectos de ley ya existentes o crear uno e impulsarlo desde la comisión para poder reducir y solucionar los problemas que hoy tienen las familias uruguayas. No soy muy arraigado a los porcentajes para medir este tipo de contextos; lo que sí es real es que hay familias uruguayas que están viviendo determinada situación desde hace mucho tiempo. Como bien decía el señor vicepresidente, han cambiado los Gobiernos; hoy hay uno nuevo y nosotros tenemos la responsabilidad política, en este contexto y en este escenario, de solucionar aquello que no se ha solucionado, que no se pudo solucionar o para el cual no se encontró solución anteriormente. Por mi parte, ahora tengo la expectativa de que sí se haga.

Por lo tanto, mi interés es conocer la opinión de los directores de nuestra Agencia Nacional de Vivienda con respecto a la situación de esas familias uruguayas. Esto es lo que nos interesa, de manera de poder contar con los insumos posibles y conocer las voluntades existentes para tenerlos como socios y así poder solucionar este tema que, realmente, es muy preocupante para muchísimas gente.

Queremos saber qué piensan, más allá de los porcentajes que se puedan estar manejando, porque me parece injusto que haya familias –y está comprobado– que han pagado hasta tres veces su vivienda. ¡Y ese es un hecho real! En algunos casos, como bien decía también el vicepresidente, está la UR –después nace la UI– que fue creada para poder contemplar y tener un contexto de endeudarse de acuerdo con una inflación, pero la inflación pasa por arriba al salario.

Por lo tanto, acá lo que nosotros tenemos es un contexto de querer conocer la opinión y las voluntades políticas de quienes integran los cuadros políticos, las autoridades, con respecto a este procedimiento, porque si es a través de una ley, sí tiene que ser el MEF. Pero lo que estamos buscando es saber qué podemos aportar –en qué contexto, por sus propias experiencias, podemos buscar una solución– para que estas familias salgan de este problema. Concretamente, quiero saber qué opinan en ese contexto: «Esto es justo», «Esto es injusto», «La gente no se cambia porque no quiere», «No quieren pagar». Quiero saber qué opinión tienen.

Después, también me gustaría saber si ven márgenes, desde lo que administra el MEF, para que nosotros podamos contemplar el hecho de que se pueda generar algún reajuste, por ejemplo, de las deudas que se fueron complicando desde el 2007, para poder reorganizarlas; es decir, si ven márgenes para ello y si creen posible la eliminación de los colgamentos 1 y 2. Además, quiero saber si no les parece que podría ser una buena propuesta que hoy, de acuerdo con los intereses y el escenario económico que hay, con las diferentes tasas, propuestas o plata, definitivamente se tire algún incentivo para que la gente pueda tener sus recursos. Lo que les estoy planteando –al menos, trasmitiéndole el espíritu ciudadano desde acá y ustedes también por la responsabilidad ciudadana– es invitarlos a esta mesa en la comisión para ver si de estas cosas nace una primera instancia y podemos trabajar en algo que va a ser distinto, porque por alguna razón no se solucionó. Si buscamos el mismo camino, el resultado va a ser el mismo; si buscamos otro camino, vamos a tener otros resultados. En mi expectativa, desde el cambio de gobierno, como coalición, asumí compromisos en el sentido de que íbamos a tener en cuenta este tema y que lo íbamos a tratar. Por lo tanto, no lo doy por entregado, lo quiero dar por solucionado y, definitivamente, acá van a tener –ojalá que por unanimidad– el proyecto de ley que hoy plantean como herramienta de cambio. Reitero que lo que estamos buscando son los aportes de ustedes para que ese proyecto de ley sea lo mejor para todos en todo contexto y no solamente la inspiración puntual de asesores o legisladores, sino también de lo que puedan ir entendiendo como autoridades que son de la actual Agencia Nacional de Vivienda.

Creo que lo del Banco Hipotecario y el tema de los traspasos son otras cosas, y podríamos sentarnos a discutir con el señor Borsari respecto a esa entrega o no, de cómo se tomó un banco, por qué rige el banco hoy de una manera, pero son otros temas, para otros momentos. Lo que hoy nos trae acá es que hay cientos de familias uruguayas que día a día tienen el problema de esta deuda que se les agranda, que crece y crece y, en verdad, se les va pasando la vida y ven que no van a poder ni dejar la casa. En algunos casos han pagado, y son un número importante, o es gente que tiene el descuento directamente en el sueldo y que con los aportes que tiene que hacer, hace un tiempo era un descuento de determinado tema y hoy le lleva un porcentaje alto. Esos son hechos reales, capaz que son excepciones, capaz que son porcentajes. Aun así, ¿saben qué? En mi caso, por uno solo quiero ver cómo podemos generar la solución desde una responsabilidad política, desde los políticos y las autoridades políticas, en cada uno de los organismos que hoy están.

Esa es la expectativa, señor presidente y estimados directores, y es lo que hoy me quiero llevar de esta reunión para poder seguir trabajando y no quitarles tanto tiempo, sino ir nosotros a trabajar en el proyecto de ley que queremos impulsar y que sabemos, como bien se repitió acá, es la única herramienta que tenemos para que ustedes puedan hacer los grandes cambios.

En definitiva, más allá de que agradezco los informes correspondientes y de que estoy más que conforme con la gestión, quiero saber su opinión sobre la otra parte.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Algún señor senador tiene otra consulta o consideración para realizar?

SEÑOR LOZANO.- Por mi parte, simplemente quiero agradecer a la delegación de la Agencia Nacional de Vivienda.

                Mis inquietudes fundamentales ya han sido expuestas, de alguna manera, por el senador Coutinho. Lo que a mí me preocupa y me ocupa es la búsqueda de soluciones para todos aquellos que dicen que han pagado su vivienda dos veces y que lo van a tener que hacer tres. Sé muy bien que contrajeron las deudas en UR, sé lo de los colgamentos y todo ese sistema, pero de alguna manera tenemos que buscar una solución política, ya sea haciendo quitas o eliminando los colgamentos. De alguna manera tendríamos que buscar una solución para toda esa gente que realmente está sufriendo, pagando su deuda, en este caso en unidades reajustables, que es el tema que nos ocupa hoy.

                Reitero mi agradecimiento a la delegación por su disposición a buscar alguna solución para todos esos deudores, en este caso, de la Agencia Nacional de Vivienda.

SEÑOR MILL VON METZEN.- Nuestra presencia, como decíamos, es institucional. Aclaramos y presentamos los números que nos preceden desde las distintas etapas anteriores. Nosotros tomamos estos números, vemos cómo funciona la administración en la agencia y aplicamos, bajo reglamentos, toda esta situación de actualizaciones de los distintos créditos que tienen las familias.

                Sin duda que la Agencia Nacional de Vivienda es social, en el sentido de que tiene que atender el tema social. Como decía la directora, la agencia genera, dentro de su reglamento, ciertas políticas de recupero en las que, de alguna forma, se reintegra a la familia. Lo que le importa a la agencia es, justamente, la familia; la ANV tiene carácter social, independientemente de los temas jurídicos que se deben establecer con respecto a los distintos pasos que se generan. El objetivo es ese y lo tomamos como nuestro, en el sentido de buscar nuevas soluciones y herramientas para generar esto. Sabemos que la agencia no puede por sí sola tomar las decisiones.

A raíz de la problemática que viene presentando el grupo de deudores, que han golpeado puertas en todos lados, es que el año pasado nos reunimos, los recibimos, escuchamos su problemática, tomamos sus consejos, hicimos sugerencias por todos nuestros departamentos jurídico-financieros y las elevamos al MEF. Eso es lo que podemos hacer y es lo que hemos hecho. En el mes de setiembre de 2020 nos llegaron cartas solicitando la eliminación del ajuste anual de UR, impuesto por ley, y ese pedido lo enviamos al Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos que los tiempos que hoy corren, a nivel sanitario, son muy difíciles; esperamos una respuesta en ese sentido del ministerio. De todos modos, las herramientas que hasta hoy pudimos utilizar las hemos implementado.

Respecto a la eliminación de los colgamentos 1 y 2, que son los más grandes que existen, podemos decir que el 92,8 % de las familias adhirieron a una política. Claro, luego viene la etapa de pagar, de generar, pero la agencia continuamente ha hecho y aún hace quitas muy importantes para refinanciar esas deudas, donde se quitan las moras y los intereses para aquellos que pueden hacerlo. Luego se vuelve a pagar la cuota, se refinancian las cuotas y aquellos que pueden hacer pago contado todavía encima tienen un descuento ‒dependiendo de si refinanciaron alguna vez o no‒ de 5 %, 6 % o 7 %. Esto también está establecido en el reglamento. Entonces, las quitas se aplican, se hacen; la agencia tiene ese rol social y lo viene cumpliendo, siempre delimitado por un marco del que no podemos apartarnos. Por supuesto que quedan ‒es un porcentaje pequeño pero importante– dos mil familias que todavía son pasibles de aplicación de quitas, que no se acercaron; por alguna razón no han podido hacerlo.

                Entonces, lo que a nosotros nos compete como agencia, independientemente de la revisión de los reglamentos, es lo que se viene desarrollando hoy con la actualidad de dichos reglamentos. Sin duda, las deudas se agrandan día a día, pero no es resorte de la agencia el tema que vinimos a tratar hoy sobre la UR, porque nosotros no tenemos cómo manejarlo.

SEÑOR OLESKER.- A mí me parece muy importante tener claro lo expuesto por el presidente, la arquitecta y el señor Borsari en cuanto a que acá hay un sistema y nosotros no estamos en una línea de cuestionamiento. Es un sistema que tiene una forma de conceder los créditos, una moneda.

Comparto lo que dice el señor Borsari acerca de que si lo miramos a largo plazo las monedas se licuan entre sí. Está el problema de los saltos, que a veces inciden, pero si uno mira la tendencia de un préstamo a veinticinco o treinta años, más o menos da lo mismo una moneda u otra. Es un sistema que garantiza el mantenimiento del valor del crédito durante el período de construcción y garantiza que el pago se adecue a los salarios. Es verdad, yo tengo años en esto, y me dicen: «Pero mi salario no aumentó como la UR». Es obvio que los salarios no aumentaron como la UR, algunos aumentaron más, otros aumentaron menos; eso tiene que ver con el índice medio de salarios.

Entonces, me parece importante encontrar, si hay cuestiones que están impactando en el nivel de vida de las personas, soluciones financieras para resolver esos problemas, como se encontraron en 2008 para las cooperativas que, si bien requirió un montón de plata, hubo un montón de situaciones que se resolvieron. Habrá que encaminarse a eso y ver qué tipo de situaciones lo ameritan. Creo que la solución individual está bien, pero a veces escapa la dimensión de un problema para el que quizás haya que tomar una solución. Capaz que está bueno hacer estas reuniones para pensar hacia el futuro. Por ejemplo, la Ley n.º 13728 estuvo acompañada de la Ley n.º 14105, que pocos recordarán porque nunca se aplicó, pero era la que estipulaba el máximo de pago por tramo de ingreso. Si se hubiera aplicado, no sé quién habría podido calcular el nivel teórico de suficiencia; yo estuve mucho tiempo tratando de hacerlo. Pero luego para las cooperativas eso implica más fondos de financiamiento y, por lo tanto, ni ustedes ni nosotros ni el Banco Hipotecario tenemos el resorte para eso.

Quería reivindicar el sistema. De alguna manera eso es lo que tratamos de hacer acá. Como dijo el señor senador Coutinho, nos hemos propuesto buscar una solución al problema sin que ello signifique alterar la esencia de cómo funciona un sistema de asignación y pago de la vivienda que, en principio, mirado en el largo plazo, ha sido exitoso para el Uruguay.

Simplemente quería decir eso.

SEÑORA DODERA.- Creo que es interesante –sobre todo los que tienen experiencia, que lo han tratado en el ámbito legislativo con distintas propuestas– que hoy podamos presentar esta síntesis de gestión desde lo financiero y lo social, y ver de qué manera podemos solucionar un problema con los programas que surgieron a partir de 2007‑2008, cuando empezamos a instrumentar esto frente a la morosidad y la situación de todas estas carteras que nos llegan en forma de fideicomiso. Pero hoy la realidad es diferente. Es verdad que hay gente que todavía no pudo lograrlo, pero decir que se cancelaron casi 26.000 créditos en este proceso, que se bajó la morosidad de un 60 % a un 12 %, y que –aclaro que todo esto está en el informe– se pagaron desde el 2009 a la fecha USD 921:000.000 al Ministerio de Economía y Finanzas, hace que hoy nos paremos en otro lugar y que de repente se pueda, frente a esto de todos juntos, ver de qué manera se renunciará a poder sacar esas quitas que ustedes mencionaban, los colgamentos, porque los números los van a tener que mirar en otro lugar.

Nosotros creemos –lo hablamos ayer con el presidente cuando nos reunimos– que desde nuestros servicios podemos poner toda la disponibilidad para esto porque la gente de créditos, la cartera del mercado inmobiliario tiene la experticia. Muchos de ellos vienen desde el Banco Hipotecario y tienen como la miradita esa de poder determinar que esto es este núcleo porque no todos los casos son iguales. Hoy hay dos mil familias que, como dice el presidente, todavía no han llegado y nos preguntamos por qué no se puede. Hasta en cómo se defienden los remates, también como ANV hemos cambiado nuestra postura y tenemos los montos de qué remates defiende y compra la ANV, porque muchas veces esas unidades, por mora, crédito y años que pasaron, tienen un valor que es muy inferior al de tasación del mercado hoy. La agencia defiende y compra porque está defendiendo el activo, que pasa a ser un bien que después se puede, con el fin social que tiene, volver a ofertar, ponerlo a la venta y no que el mercado lo regule. Eso también lo hacemos.

En el documento van a ver que hay una síntesis de ejercicio a partir de una realidad que era muy diferente. A lo mejor puede estar sobre la mesa y podemos seguir trabajando para este objetivo, que seguramente tenemos todos, de que la gente pueda solucionar sus dificultades. A eso me refería. Los números y los porcentajes tenemos que usarlos y manejarlos porque a nosotros nos responden y siempre están viendo qué se puede mejorar. En particular, ahora nos preocupa la gestión 2021 en cuanto al tema de cuotas, las situaciones laborales de las personas, que no crezca la morosidad. Después podemos hacerles llegar el estudio mensual que se hace de la morosidad de las cuotas de los distintos fideicomisos y se puede ver cómo esta crisis ha impactado en nuestras recaudaciones. Ese estudio también lo tenemos que hacer mensualmente.

                Era eso, señor presidente.

SEÑOR MILL VON METZEN.- Como decía la señora directora, el año pasado se tomaron una serie de medidas por la covid‑19, por la emergencia sanitaria, donde se dio un 10 % de beneficios, justamente al 10 % adicional, para que las familias se mantuvieran en la cadena de pago. Muchos adhirieron y muchos no porque, obviamente, no podían. Aumentó básicamente la morosidad en esos períodos, pero inmediatamente después, en setiembre, empezó a normalizarse y la gente comenzó nuevamente a entrar en la cadena. Por eso podemos hablar de este 13 % promedio que viene mejorando en ese sentido.

SEÑOR BORSARI.- Primero quiero hacer una corrección histórica para el señor senador Coutinho. Yo cometí un error, porque cuando se inició la operación verdad de 1990 a 1995 y se restituyó la salud financiera, económica y de los créditos del Banco Hipotecario, eso fue una verdadera política de Estado, en la que el presidente fue un colorado y maragato, el escribano Pedro W. Cersósimo, una gran persona, un colorado de pura cepa. Se llevó a cabo entonces una política de Estado y se recuperó el Banco Hipotecario. Luego vinieron otras historias. Pero quería, para ser justo, poner eso en su justo término.

                También hay que decir, como bien señaló el señor senador Coutinho y estoy de acuerdo, que muchas personas están de vivas y eso también hay que verlo, es decir, hay gente que no quiere asumir sus compromisos pudiendo hacerlo. Muchos otros no pueden hacerlo y, a pesar de haber asumido una obligación, luego perdieron un laburo, como sucede hoy más que nunca, y no pueden afrontar los pagos. Es bueno resaltar que el directorio está integrado por tres partidos políticos y lo que hicimos el otro día en el lanzamiento de este conjunto habitacional en la avenida Giannattasio es una verdadera política de Estado y lo digo con gran satisfacción, porque los blancos, Cabildo Abierto, el Frente Amplio y los colorados, a través del ministerio con su subsecretario Tabaré Hackenbruch, llevamos adelante este llamado a expresiones de interés que, repito, constituye una verdadera política de Estado. Me parece que debemos continuar en este camino en la política pública de vivienda. Entonces, hay que decir y dejar constancia en la versión taquigráfica de que la ANV ha pergeñado algunos instrumentos para que el objetivo de la permanencia de las familias en las viviendas sea el objeto de nuestras políticas. Tenemos diversas soluciones para deudores morosos. Por ejemplo, ante pérdida de trabajo, crisis económica, etcétera, la ANV ofrece al deudor partidas renovables y, de acuerdo con sus ingresos, pagan como mínimo los intereses que genera su deuda, o sea, pasan a pagar solo los intereses. Obviamente, les va quedando para atrás el capital; en algún momento tendrán que pagarlo. Muchas veces el cliente no ve amortización en su crédito; obviamente, no la hay porque está pagando solo el interés. Pero ¿cuál es el resultado de esto? Le permite permanecer en la vivienda, es decir, no se echa a la persona o a la familia. Nosotros buscamos siempre, desde el directorio y la política de créditos, que la persona permanezca en la vivienda. Pasará a pagar una especie de alquiler, es cierto; no paga el capital, pero queda en la vivienda.

También hay otra situación que tiene que ver con las partidas contingentes, que son quitas que se otorgan a los deudores. Es decir, es la deuda menos el valor de la tasación y se le hace la quita. Se lleva la deuda original, que excedía el valor del inmueble, al valor de tasación.

Todas estas cuestiones que estoy manifestando –quizás sean un poco aburridas, pero creo que son importantes– han permitido a cientos de familias –diría– quedarse en su casa. Los señores senadores dirán que esta no es una solución general, y es verdad, pero en la ANV estamos atendiendo los casos persona a persona, familia a familia.

                Desde otro punto de vista, creo que esta es una de las comisiones más importantes del Parlamento –lo pienso desde hace mucho tiempo– y, por lo tanto –ya se ha dicho–, habría que buscar –si es que debemos hacerlo– una política de Estado en este sentido. No podemos salir de otra manera que no sea esa.

Como bien dijo el señor senador Olesker, desde que empezó la UR hasta hoy hemos tenido un arcoíris de situaciones –a veces se piensa que es mejor una o la otra, o se quiere pasar a la UR o a la UI– y, como dijo el presidente, los servicios de la ANV están a la orden para poder trabajar en este sentido. Hoy mencioné al pasar ‒y lo repito‒ que en la canasta de monedas hay que ver, según su momento histórico, cuál es la menor para que la persona pueda pagar de acuerdo con su sueldo.

                Recién se aludió a la Ley n.º 14105 que, si no me equivoco, establece el 25 % y tramos para abajo. Se me ocurre que si estudiamos estas cuestiones –la Ley n.º 14105 y la canasta de monedas, de la que hay experiencias en otros países– y profundizamos en ello, quizás podamos llegar a alguna variación –no solución– de la política establecida en la Ley n.º 13728. No hablo de solución definitiva porque siempre va a haber alguna familia que diga que no puede pagar, aunque se establezca la política «más perfecta» –entre comillas– o siempre va a estar el que, en vez de pagar la cuota del Banco Hipotecario o de la ANV, se compre un auto y pague USD 500 de cuota. Siempre hay de esos; no lo descartemos. Esa es la patología del sistema.

                Pienso que si se puede ir por uno de estos caminos, quizás antes de finalizar este período de gobierno podamos llegar a una modificación del sistema en el que, obviamente, también contribuya –y hablo como miembro del partido de gobierno–  el Ministerio de Economía y Finanzas. Si nosotros llegamos a una solución en la que haya una variante en el cálculo de los préstamos, habrá un costo. Siempre hay un costo. Por algo –y no quiero hacer referencias políticas– en los quince años de gobierno del Frente Amplio no se pudo llegar a una variación. Tampoco se pudo hacer en los anteriores, cuando gobernamos nosotros. Bueno, como ha expresado el señor senador Coutinho –ha manifestado una voluntad política determinada en este sentido–, veremos si podemos llegar a una variación del sistema.

                Gracias, señor presidente.

(Dialogados).

SEÑOR GUADALUPE.- Señor presidente: solamente quisiera dejar una constancia para que conste en la versión taquigráfica, en virtud de las referencias que han hecho tanto el presidente como el vicepresidente y la directora de la Agencia Nacional de Vivienda.

Se mencionó la sentencia que recientemente ha recibido la Agencia Nacional de Vivienda: es la n.º 23 del año 2021, en la ficha IUE 2-2408/2014, del Juzgado Civil de 16.º Turno. Para la agencia es el primer caso de notificación de una sentencia en cuanto a que judicialmente desestima el reclamo del caso concreto.

También se mencionó la calidad de fiduciario mandatado por los contratos de fideicomiso que tiene la Agencia Nacional de Vivienda. Se hace referencia a la cláusula 5.ª, numeral 3.º D, en donde se establece que a los reglamentos y sistemas de aplicación de políticas por la Agencia Nacional de Vivienda los aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas, como tenedor de los certificados de participación de los beneficios o recuperos que realiza la agencia.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR COUTINHO.- Quisiera hacer una última pregunta con carácter de connotación política.

                Teniendo en cuenta la conformación del Directorio de la ANV y del Banco Hipotecario del Uruguay, pregunto si en algún momento se reunieron en coordinación o trabajaron en conjunto con el Directorio del Banco Hipotecario para buscar puntualmente una solución a este problema del grupo de deudores en todo el país. ¿Este tema está en la agenda o en la rutina de ustedes?

                Así como el vicepresidente en algún momento dijo que esto solo es un proyecto de ley, yo pregunto a la Agencia Nacional de Vivienda: ¿ustedes tienen algo parecido a lo que puede ser un proyecto de ley, con carácter político, para sugerirnos que podría ser viable y conseguir las políticas de Estado? ¿Eso está en el trabajo del directorio?

SEÑOR MILL VON METZEN.- Se ha estado conversando en algunas instancias, en carácter de información, con el Banco Hipotecario del Uruguay acerca de la situación.

Se realizó un primer gabinete en el que nos reunimos con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial –que maneja el tema de la política de vivienda– y con el Banco de Previsión Social, que no forma parte del sistema público de vivienda pero es un actor fundamental. Tuvimos una primera reunión en marzo, en la que empezamos a caminar hacia la generación de situaciones –como bien dice el señor senador– de ida y vuelta, de diálogo, para que todos podamos aportar en función de este sistema.

Es distinto al tema de la moneda, que nos convoca, pero sí nos hemos reunido en función de la política en general.

SEÑORA DODERA.- Para complementar y contestar las preguntas sobre el tema de hoy, aclaro que, a veces, la gente se confunde porque, como creó su crédito con el Banco Hipotecario del Uruguay, cree que tiene que hacer la nota a dicho banco. En realidad, ese préstamo no pertenece más al banco. Por eso decía que es importante este documento, si hay interés en esto, al 2021. Planteo esto porque ahora sería el Ministerio de Economía y Finanzas –recuperada toda la inversión que hizo en la compra de activos para la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay– el que podría decir hoy, con esto –más lo que tenemos pendiente de amortizar o de terminar–, cuál podría ser la salida.

                A eso me refería anteriormente cuando decía que desde los servicios de la Agencia Nacional de Vivienda podrían trabajar, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas –según las consultas que se nos hagan–, en qué es lo que tenían capacidad de renuncia.

                Planteo esto porque la renuncia económica, de economía, no es la misma en la realidad actual que en la de otros años. Pero a veces pasa que, como la gente firmó su crédito en el Banco Hipotecario del Uruguay, cree que le sigue debiendo al banco, pero en realidad, le debería al Ministerio de Economía y Finanzas, y es la Agencia Nacional de Vivienda la que administra esa deuda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Clarísimo.

                Si no los señores senadores no desean hacer más comentarios o consultas, y si los integrantes del Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda no desean hacer más consideraciones, les agradecemos especialmente la comparecencia y que hayan entregado el material a secretaría, que ya se ha comenzado a distribuir a los integrantes de la comisión.

                Muchísimas gracias por su tiempo.

SEÑOR MILL VON METZEN.- Muchas gracias a ustedes.

(Se retiran de sala los representantes de la Agencia Nacional de Vivienda).

SEÑOR COUTINHO.- Señor presidente: está claro que cuando uno invita, el mejor escenario de la comisión para poder sacar buenas conclusiones es el de no entrar en debate delante de los invitados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa es la condición, señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- A su vez, si nosotros tenemos algún escenario de debate, considero que el mejor es el de la comisión sin los invitados.

                Quisiera que en el próximo orden del día de la comisión se incluya la evaluación y el análisis de la visita de las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda. Lo digo porque quisiera hacer algunos comentarios sobre los temas que plantearon con respecto a la unidad reajustable y a otros aspectos tales como unidad de cambio, moneda y otras cosas que se manejaron que, si no, queda como que damos por coincidencia o por bueno.

                Por tanto, me parece que quienes estamos aquí debemos evaluar lo que puedan generar como opinión las autoridades.

                Sucedió cuando concurrieron las autoridades del Banco Hipotecario del Uruguay. No quisimos hacerlo en ese momento y terminamos convocándolos nuevamente para decirles lo que habíamos acordado en comunicarles.

                Entonces, me pareció que lo que amerita es que, de acuerdo con lo que son los diferentes planteos, generemos otro ámbito para poder conversar según las opiniones vertidas. Pienso que el espíritu no es el de ida y vuelta, pero hoy escuché cosas y planteos sobre los cuales no puedo evitar, sentado a esta mesa, dejar constancia en la versión taquigráfica de que tengo otra interpretación al respecto o que creo en otras cosas. Me parece que eso es importante.

                Asimismo, considero que dentro de los caminos que tenemos que seguir, finalizadas las reuniones, está el de tener un ámbito propio para que al menos se empiece a discutir sobre un proyecto de ley que pueda ser firmado lo antes posible por la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. De lo contrario, este tema se va a seguir estirando y no va a tener un clic importante. Al respecto, me estoy marcando los plazos correspondientes y si la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial no tuviera un proyecto de ley en determinados plazos, el mes que viene o en los próximos días presentaré uno en forma personal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores senadores están de acuerdo, incorporamos al orden del día de la próxima sesión lo planteado por el señor senador Coutinho en sus consideraciones.

Asimismo, en función de lo expuesto por la delegación en la jornada de hoy, propongo convocar al Ministerio de Economía y Finanzas.

(Apoyados).

                –Tendríamos, entonces, dos delegaciones pendientes, en el orden que acepten concurrir: el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Hipotecario del Uruguay.

                Como tercer punto del orden del día, deberíamos comenzar a evaluar la información brindada por las delegaciones que comparecieron ante la comisión y las consideraciones que cada señor senador desee hacer en referencia al tema.

                Se levanta la sesión.

(Son las 18:05).