COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 11 de junio de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:07).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Solicitud de audiencia de un grupo de obreros del transporte del sector cooperativa.

–Carpeta n.^o 181/2020. Subsidio por enfermedad (dispuesto por el Decreto Ley n.^o 14407, de 22 de julio de 1975) para trabajadores zafrales de la caña de azúcar de ALUR. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.^o 77/2020.

                –Solicitud de audiencia de la Cámara de Industrias».

                Con respecto al grupo de obreros del transporte, hablé con ellos y me dijeron que, en realidad, habían derivado la solicitud a la Comisión de Transporte y Obras Públicas que, en todo caso, también invitaría a los miembros de esta comisión.

SEÑOR BONOMI.- Pidieron audiencia a la Comisión de Transporte y Obras Públicas y nosotros quedamos en ver quiénes eran, porque dice «obreros del sector transporte», pero no sabemos si es un sindicato, una cooperativa u otra cosa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Un sindicato seguro que no es.

SEÑOR BONOMI.- Quedamos en averiguar antes de convocarlos, pero no van a ser citados para el próximo miércoles.

(Ingresa a Sala la delegación del Sunca).

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas tardes, es un gusto recibir a la delegación del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, representada por Daniel Diverio, presidente del Sunca, y Laura Alberti, que además es la secretaria nacional de Organización y Discapacidad del PIT-CNT.                Los escuchamos.

SEÑOR DIVERIO.- Buenas tardes y gracias por recibirnos. Simplemente queremos trasladarles el escenario en que se encuentra hoy la industria de la construcción. Es un sector de la actividad que en los últimos tiempos ha mantenido la actividad que venía desarrollando, por lo menos desde 2016 a la fecha, con un nivel de ocupación –datos dados por el propio BPS– que en promedio va de los 42.000 a los 46.000 trabajadores. En marzo, debido a la complicada situación en que nos encontrábamos por la pandemia, los datos del BPS arrojaron que había 43.500 trabajadores en actividad.

Es una industria que claramente juega un papel fundamental en la economía del Uruguay y en los últimos tiempos se ha transformado en uno de los motores más dinámicos para la economía. Tanto es así que la construcción, después de lograr una licencia extraordinaria especial por el tema sanitario del 24 de marzo al 13 de abril, es convocada nuevamente por las propias cámaras empresariales y el Gobierno para comenzar a trabajar por la necesidad de dinamizar la economía. 

Queda claro que la construcción no solo es una industria que mantiene su actividad, sino que es de las pocas que hoy tiene perspectivas de crecimiento a corto plazo. Quizá puedan darse otros elementos como, por ejemplo, en la planta de UPM en la que hoy hay un promedio de quinientos o seiscientos trabajadores y a corto plazo pueden llegar a más de cinco mil. También podemos mencionar lo referente a la modificación de la ley de acceso a la vivienda de interés social que apunta fundamentalmente a una mayor inversión privada y ya se están desarrollando algunas obras de ese tipo. Hay una mayor participación público-privada. Hoy se está desarrollando por intermedio de los PPP, por ejemplo, un proyecto de participación público-privada que abarca más de ochenta centros de estudio en todo el país. Hay otros para desarrollarse que tienen que ver con el fondo energético votado, que genera más puestos de trabajo en la construcción, y también hay una serie de PPP en desarrollo que apuntan a eso. 

Todos los actores plantean que será uno de los sectores que se van a mantener, que va a tener un crecimiento a corto plazo y que justamente juega un papel importante en un momento complicado porque es una industria que absorbe mucha mano de obra de otros sectores que están desocupados. Por lo general, si la persona se queda sin changa arranca con la construcción porque muchas veces no tiene nivel primario aprobado y solo tiene posibilidades de conseguir una changa. Es una industria que, si logramos que en algún pueblo del interior se instale un desarrollo o se haga una inversión para una escuela, por ejemplo, se generarían algunos puestos de trabajo y, además, se dinamizaría el mercado interno de ese pueblo. Es una industria que, en los momentos en que hay una mayor desocupación, se puede resolver con una cierta inversión.

                La construcción, reitero, tiene un papel fundamental en la economía del país y en momentos tan complicados aún más. 

                Creemos que en ese escenario la industria es muy importante y somos muy cuidadosos en lo que tiene que ver con el empleo y la construcción. Tenemos una  vieja cultura de negociación. Teóricamente, en la construcción siempre nos hemos sentado alrededor de la mesa todos los actores, las cámaras empresariales y los trabajadores, legítimamente cada uno atendiendo sus intereses, pero teniendo claro que el camino de la negociación siempre es el que hay que elegir y seguir profundizando. Está claro que hoy estamos ante una situación compleja.

                El convenio de la industria de la construcción terminó el 30 de abril y a partir del 1.º de mayo quedamos sin convenio.  Desde esa fecha nuestra expectativa era que nos convocaran para empezar a discutir cuál va a ser el nuevo convenio hacia adelante, no solo por el salario, sino también por las condiciones de trabajo que, por lo general, siempre se discuten en la negociación colectiva. Nos preocupa que hasta el día de hoy no hayamos tenido ninguna instancia. Es más, el Gobierno ha convocado a un consejo superior de salarios tripartito, tratando de buscar alguna alternativa para, por lo menos, prorrogar la convocatoria al consejo de salarios por un año. Para eso estaban planteando alguna fórmula que hasta el momento creemos que no es de recibo.

 La industria de la construcción, al igual que la salud privada y el transporte, no somos «parte de»; somos sectores reglamentados porque tenemos traslado a precio y, en consecuencia, no estamos en esa negociación. Está claro que necesitamos una negociación bipartita para desarrollar después la negociación tripartita. La dificultad que tenemos hoy es la incertidumbre real de cuáles son las pautas y las condiciones para negociar. Si somos una industria que mantuvo la actividad, fuimos convocados el día 13 porque generamos las condiciones para dinamizar la economía y tenemos perspectivas de crecimiento, ¿cuál es el argumento –si es que hay alguno válido– para decir que los trabajadores de la construcción no deberíamos discutir la posibilidad de mantener el salario? Es más, podríamos proponer crecimiento salarial a partir de la expectativa que hay, pero para no discutir por lo menos pedimos mantener el salario. 

La central presentó la primera propuesta y nosotros la hicimos nuestra: en función de la situación sanitaria que se estaba viviendo y de las dificultades existentes, era atendible que no se convocara a los consejos de salarios, pero para eso debían prorrogarse todos los convenios que vencían ahora por un año. Si ustedes analizan el último convenio de la construcción podrán ver que no plantea crecimiento salarial, sino que tiene una fórmula salarial que garantiza mantener el salario. A su vez, tiene algunos componentes muy importantes sobre la salud y otros elementos que justamente es importante que se sigan desarrollando. Ese primer planteo que hicimos en el sentido de prorrogar los convenios por un año no fue llevado en principio por las cámaras empresariales ni luego por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o sea por el Gobierno. 

Por eso venimos a hacer este planteo a los señores senadores. No pretendemos que nos resuelvan nada, pero sí queremos decirles claramente cuál es el escenario que estamos viviendo porque, como se ha visto anteriormente, el día de mañana decenas de miles de trabajadores de la construcción se movilizarán, ya que esa es nuestra forma de negociar. No hacemos la movilización «en contra de» sino «a favor» de la negociación. Queríamos que ustedes conocieran de primera mano el escenario porque algunos nos han dicho que somos ciertamente irresponsables en momentos de crisis y de retroceso de la economía al aspirar a mantener el salario. Reitero que el sector de la construcción, al igual que algún otro, es de los pocos que tienen condiciones de mantenerse y perspectivas de crecimiento. En ese marco,  nosotros estamos profundamente preocupados por el escenario en el que estamos viviendo hoy porque ni siquiera sabemos con qué nos vamos a encontrar mañana. Nuestro convenio hace más de un mes que se terminó; venció el 1.° de mayo y a partir de ese momento no tenemos convenio. Quisimos plantear el tema acá, en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, para que ustedes conozcan de primera mano la opinión de los trabajadores frente a la situación que estamos viviendo. 

SEÑORA ALBERTI.- Integro la Dirección Nacional del Sunca y además desarrollo tareas en el PIT-CNT. 

Me sumo a todo lo que dijo mi compañero, pero además quisiera señalar que nuestra mesa de negociación es un orgullo para nosotros. En esa mesa de negociación firmamos un protocolo de prevención de conflictos con el sector empresarial que, reitero, es un orgullo para nosotros. Sentarnos a negociar no es solamente obtener un beneficio monetario, sino también alcanzar muchas otras cosas para nuestras familias. Cuando nos sentamos a negociar no solamente pensamos en el trabajador y en la trabajadora, sino en nuestras familias y en los beneficios que se pueden obtener en conjunto. Cuando ganamos nuestro sueldo no solo lo usamos para nosotros, sino también para comprar championes o pantalones para nuestros gurises, o sea que aportamos al conjunto de la sociedad. Por eso nos preocupa nuestra mesa de negociación. 

Solamente quería aportar un pequeño grano de arena a lo que ya se dijo.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Simplemente quisiera preguntar en qué instancia han planteado esta necesidad de negociación y qué respuesta obtuvieron; aparentemente respuesta no ha habido, pero me gustaría saber en qué momento hicieron el pedido. 

SEÑOR DIVERIO.- Queremos dejar en claro que solo hemos tenido instancias de conversación con el señor ministro Pablo Mieres y con el señor subsecretario Mario Arizti por otras situaciones como, por ejemplo, la negociación para la licencia especial sanitaria y también el protocolo a aplicar en la industria de la construcción para reintegrarnos a trabajar. 

Simplemente deseamos mencionar un detalle. El protocolo tiene una cantidad de contenidos muy importantes para la salud del trabajador, como la toma de la temperatura, el distanciamiento social, el uso del tapabocas y del alcohol en gel, el traslado en ómnibus con un 50 % de su capacidad real para que se mantenga el distanciamiento social, entre otros. Me refiero a una cantidad de elementos que creo que son centrales y en parte se hurgó –igual que con toda la población– para que el nivel de contagio en el Uruguay estuviera controlado y en buenas condiciones. 

Es claro que ahí nos quedó algo pendiente que para nosotros tiene un valor muy importante; en ese mismo convenio o protocolo dijimos que queríamos llevar resguardo y mayor protección a los sectores de la población de mayor riesgo. Al igual que en toda la sociedad, tenemos miles de compañeros con enfermedades preexistentes, tratamientos oncológicos, trasplantes, insulino-dependientes, así como compañeras embarazadas. Todos éramos muy sensibles frente a la situación sanitaria y entendíamos que ese sector de la población no debía correr riesgos. Sabemos que muchas veces nuestros compañeros y compañeras de la construcción viajan cientos de kilómetros a lo largo y ancho del país para ir a desarrollar su tarea, y hacerlo corriendo ese riesgo no solamente los dejaba en condiciones muy vulnerables, sino que sus familias quedaban con todo eso en su cabeza. Es más, algunos compañeros renunciaron al trabajo para no correr el riesgo ante el pedido de la familia de que no fueran a laburar por ese tema. En ese sentido, el protocolo decía que el beneficio sería percibido por aquel trabajador o trabajadora que fuera certificado por el Mides y enviado a Disse por ser población de riesgo –hay que aclarar que Disse no solo los amparaba en la atención médica, sino también con la prestación económica que otorga–, pero en la construcción, por nuestra dinámica y por la rotación que existe en el sector, hay un grupo importante de trabajadores que no llegan a los setenta y cinco jornales mínimos que Disse exige para cobrar esa prestación. A través de nuestro fondo y en forma solidaria les brindamos una prestación básica para aquellos compañeros que no iban a cobrar.  

                Eso significa que los compañeros estaban en sus casas, cuidando su salud y la de otros, teniendo una prestación mínima de alrededor de $ 23.500. Es más, de acuerdo con el protocolo, aquellos compañeros que tuvieran síntomas o coronavirus y fueran enviados a sus casas en cuarentena eran cubiertos por el fondo, al igual que quienes trabajaran con ellos en la misma obra, aunque no tuvieran los jornales requeridos por Disse para acceder a la prestación correspondiente. De todos modos, aunque para nosotros lo principal era la salud de los compañeros, los médicos certificaban por no más de tres días. En ese sentido, logramos que hubiera un compromiso del ministro Mieres y de Arizti, para que se emitiera un decreto similar al que aplicaba a los trabajadores con más de 65 años de edad. Sin embargo, hoy en una mesa de negociación que se llevó a cabo por otros temas supimos que ese decreto ya no se va a concretar. Volvimos a insistir en el tema y fue entonces que se nos dijo que eso dependía del Ministerio de Economía y Finanzas y que los de Salud Pública y Trabajo y Seguridad Social estaban de acuerdo. No obstante, luego de que se comenzó a trabajar, se nos comunicó que el decreto no va a tener andamiento. Nosotros tenemos un fondo de apoyo económico para eso, pero al día de hoy solo cuatro compañeros están haciendo uso de esa prestación porque lograron que el médico los certificara. La verdad es que la mayoría está en la calle como cualquiera. Por esa razón el protocolo tiene un papel fundamental para nosotros. En ese marco, cuando preguntamos, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se nos dijo que se está trabajando en un acuerdo macro a fin de encontrar una fórmula para que por un período de un año no se convocara a los consejos de salarios. La realidad es que los sectores que no estamos en el grupo de quienes tienen que hacer acuerdos de precios no estamos convocados. En nuestro caso los convenios no son por un año, sino por dos o tres. En definitiva, lo que necesitamos ahora es el ámbito en el que podamos discutir este tema. Entendemos que es posible hacer acuerdos con la parte patronal, pero se requiere la participación del Gobierno para que homologue los convenios.

                Nuestra preocupación ahora es cuál va a ser el salario de los trabajadores de nuestro sector, más allá de que la fuente laboral no se pierda. Nosotros estamos discutiendo con mucha responsabilidad lo relativo a los salarios y a determinados elementos que son fundamentales para el cuidado de la salud de los trabajadores.

                Esto es lo que estamos planteando en este momento y lo que queríamos trasmitir a los señores senadores.

SEÑOR BONOMI.- Está claro que no es lo mismo una negociación bipartita, ya que falta la parte correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero tampoco es viable pedir la participación del ministerio si no existe voluntad de una de las dos partes. Al respecto, nos gustaría saber qué ha manifestado la Cámara de la Construcción sobre eso.

SEÑOR DIVERIO.- La Cámara ha expresado su disposición para discutir y avanzar en un acuerdo. El problema es que es difícil saber hasta dónde llegar en la negociación cuando no están claros los aspectos sobre los que se puede avanzar. Si analizamos lo que se está planteando la tripartita, queda claro que existe una gran dificultad para alcanzar una solución. Se está planteando una rebaja salarial pura y dura, y tal vez haya argumentos que sustenten esa alternativa. También se está proponiendo la eliminación del correctivo, que es un elemento de justicia en esta materia. Es lo que estamos reclamando, pero entendemos que corresponde a otro ámbito.

                Con lo expuesto, hemos intentado ubicarlos en el tema.

SEÑOR  PRESIDENTE.- Quiero dejar algunas constancias para colectivizar la información.

                El convenio colectivo de la construcción termina en abril porque fue la forma que se encontró, en la negociación colectiva, para resolver un diferendo respecto a la cobertura de licencia, aguinaldo y  salario vacacional. Este fondo, históricamente, fue superavitario –tuvo veinticinco años de superávit– pero acumuló tres años de déficit. Más allá de que es claramente demostrable que el balance global del fondo que cubre licencias, aguinaldo y salario vacacional en la construcción –por el que cobra el BPS para pagar una parte– da superávit, una de las formas que se encontró para solucionar este desfase fue el adelanto del momento del ajuste. El ajuste salarial de la construcción se ubicaba en noviembre, la licencia se disfruta en diciembre–enero y el BPS recaudaba sobre un salario, pero a la hora de pagar la licencia lo hacía como si fuera un salario con aumento. El adelanto del ajuste era una forma de que el BPS tuviera un  margen de superávit con la administración del fondo de licencia, aguinaldo y salario vacacional de la construcción. Esa es la explicación de por qué la construcción no culmina la negociación colectiva como las demás ramas de actividades.

                Como segunda reflexión, digo que es tan larga la historia de la negociación colectiva de la construcción que cuando se funda el sindicato, las cámaras de la construcción estaban en la primera fila del congreso que se inauguró. Y el fondo de vivienda es de la década del 60. La primera evaluación de tareas de la construcción en  América Latina se logra en nuestro país. En momentos de debilidad de la negociación colectiva, se sostuvo, aunque no sin conflictividad.

                Claramente, es muy difícil pensar en una inversión en la construcción que no sepa qué salarios va a pagar. Es muy difícil. Si no tuviéramos reglas de juego claras, acordadas por convenios colectivos, quien invierte en la construcción después tendría que someterse a que a los tres meses se organiza la obra y reclama el salario que quiere. Ese grado de incertidumbre, lejos de generar empleo, provocaría un colapso desde el punto de vista del trabajo en la construcción.

                La circunstancia de que la construcción quedara sin convenio colectivo, lejos de generar puestos de trabajo, generaría un impacto muy negativo desde el punto de vista de la posibilidad de crear puestos de trabajo. Quien decidiera una inversión se encontraría con una negociación salarial en la obra, con cientos de negociaciones distintas, lo que podría ocasionar un cataclismo en la base de la industria de la construcción. 

                El salario representa un 17,9 % de la masa global que mueve a la construcción. Una rebaja del 10 % del salario, en términos de costos, movería un punto y algo.  No es un factor que explique posibilidades de multiplicar empleo. Es un tercer componente sobre el que habría que reflexionar.

                La historia de la última década y media de la construcción ha sido de negociaciones cortas para convenios largos, a diferencia de otros procesos de negociación –que se pueden estudiar– en los que se está siete u ocho meses para acordar un convenio colectivo. En el caso de la construcción, se dan negociaciones de no más de un mes para convenios de tres o cuatro años. Ese es un valor que sería riesgoso perder. ¿Cómo decirlo? Cuando el genio sale de la lámpara, es complicado meterlo nuevamente en la lámpara.

                Entonces, el atraso que tiene la negociación colectiva en la construcción debería ser objeto de preocupación, lo que es diferente a lo que sucede en otros sectores que tienen una cultura distinta –ni mejor ni peor–, ya que muchas veces tienen que esperar  varios meses a que termine un convenio y después hasta tienen una negociación para la retroactividad. Sin embargo en este sector, en general –por lo menos desde 2008 para acá–, a los quince días que termina la negociación colectiva  ya hay un convenio firmado, sin necesidad de un proceso traumático de negociación que, muchas veces, después deja heridas difíciles de recomponer.

                Nosotros no podemos resolver el problema. Lo que sí podemos es –sin sustituir la negociación que esté en el ámbito del ministerio– ofrecernos para tirar puentes  con la cámara, con el ministerio. Nos consta lo que se dice en el protocolo, porque tuvimos una reunión  personal con el ministro de Trabajo y Seguridad Social para hablar sobre esto, en general. Es más, planteamos un proyecto que si salía como decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad  Social a nivel general, no nos iban a doler prendas en el sentido de dónde se  haría la ejecución. Nos consta que el ministerio veía con buena disposición –así lo expresaron– el hecho de amparar a la población de riesgo de una manera especial respecto al resto de la población.

                A su vez, se nos dijo que se había realizado un estudio económico al BPS, en función del cual se había decidido. Seguramente ese estudio económico –que buscaremos conocer– habrá dado un resultado que no fue posible atender, lo digo sin hacer valoraciones. En todo caso también podemos vehiculizar esa interrogante dado que, además, hubo una minuta de comunicación del Senado en esa misma dirección: estudiar la posibilidad de amparar  a la población de riesgo. 

                Por las consultas que hicimos con el sindicato médico, hoy ellos no tienen forma de generar un criterio autónomo en cada médico, pero la tendencia general es no dar licencia por el hecho de ser población de riesgo.

                Lo que podemos hacer es consultar a las partes y quedar a disposición para dar una mano en ese puente que se pueda tender para resolver un acuerdo. La idea es generar las condiciones, no para resolver el desacuerdo sino para ayudar a resolver un acuerdo porque, si no, se retrocedería mucho en un sector que ha mantenido  formalmente la negociación colectiva desde 1985 pero que también supo generar acuerdos en plena dictadura, 1982 o 1983,  en Ciudad Vieja, aún con las partes en la clandestinidad. Esto lo pueden constatar dirigentes empresariales y sindicales de la época.

                Construir una cultura de negociación colectiva cuesta mucho y romperla puede costar muy poco. Me parece que en el sector de la construcción, desde el punto de vista del nivel de actividad, hay particularidades a considerar. Recordemos el fondo energético; a su vez, acabamos de votar que parte de los recursos del Banco de la República se destinen a la inversión en la construcción. No parece ser un sector que esté en una situación de crisis como para reclamar que, sí o sí, hay que ir en la dirección de los recortes salariales. En principio, repito, no parece. Luego se podrá fundamentar.              En lo personal, me tocó negociar convenios a la baja en 2002 o 2003, con la industria y con 13.000 trabajadores, no con 44.000.

                En fin, todo esto debe ser parte de una reflexión en la que podemos ayudar favoreciendo un clima de diálogo entre las partes. En ese sentido, nos ponemos a disposición para tender puentes y  evitar que la sangre llegue al río porque bien sabemos que, después, volver a atrás es mucho más complicado.

                Agradezco la participación de la delegación.

SEÑOR DIVERIO.- Gracias por recibirnos.

(Se retira de sala la delegación del Sunca).

 

(Ingresa a sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de Enjoy, ex-Conrad).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas tardes.

                Es un gusto para esta comisión recibir a Juan Artega, Mauricio Pérez, Jhonnatan Barrios, Ruben Manganiel y Sebastián Moreira en representación de la Asociación de Funcionarios de Enjoy.

                Sabemos que están en una situación extraordinariamente complicada y es de interés de los integrantes de esta comisión, en primer lugar, informarnos acerca de esta situación y, en segundo lugar –en la medida de nuestras posibilidades, en lo que esté a nuestro alcance–, tratar de dar una mano, a los efectos de contribuir a un emprendimiento que sabemos que para el país, y sobre todo para la zona, tiene una enorme trascendencia.

Los escuchamos. Les solicitamos –a fin de facilitar la toma de la versión taquigráfica– que previo a que cada compañero que haga uso de la palabra diga su nombre.

SEÑOR ARTEGA.- Nosotros vamos a hacer un planteo de situación por parte de los trabajadores para que se entienda por qué estamos acá y por qué estamos buscando alguna solución de parte del Gobierno.

                En definitiva, somos un sindicato que representa a unos 850 afiliados, de una plantilla total de 1800, donde 700 trabajadores tienen pauta contractual de mensual, es decir, son permanentes, a treinta días –digamos–, y unos 300 son de carácter part time, que sería contrato a tiempo parcial, con un mínimo aproximado de tres días semanales, mientras que en temporada alta, así como en feriados argentinos y brasileños, en turismo, en los picos de baja temporada, digamos, también trabajan en forma permanente. A su vez, tenemos una plantilla de alrededor de 800 trabajadores con pauta contractual de eventual.

                Los que pudimos acceder al seguro de desempleo somos unos 960 trabajadores.

                El hotel hoy está abierto con 55 funcionarios, aproximadamente –eso puede variar un poco–,  para tareas de mantenimiento y seguridad, y hay entre 60 y 70 funcionarios en la modalidad de teletrabajo.  Hoy nuestra preocupación es que el mes que viene –más o menos a mitad de mes– cumplimos los cuatro meses de seguro por desempleo.

También tenemos que aclarar que, de esos 800 eventuales, alrededor de 500 no llegaron al seguro por desempleo. Esto para nosotros es muy importante, más en una emergencia sanitaria, porque al no tener seguro tampoco cuentan con cobertura médica; nos parece que hubiese sido importante alcanzar algún tipo de convenio.

En realidad, también tenemos que aclarar que esa pauta contractual de eventualidad está un poco enmascarada con la continuidad de contratos. Estamos hablando de algunos cientos de personas que tienen unos veinte años de antigüedad –muchos están desde que el hotel abrió– y que tienen entre quince y veinte contratos por año, ya sea cada quince días, por semana o por el fin de semana, aunque en temporada alta trabajan en régimen de permanente. Esto hizo que muchos de ellos no llegaron a superar los ciento cincuenta jornales. Tampoco los alcanzó la flexibilización que hubo después, porque su seguro por desempleo no es por suspensión, sino que es por despido en función de su pauta contractual.

El desamparo de esta gente es bastante importante y nosotros, como trabajadores, estamos muy preocupados por la situación. Hay que tener en cuenta que detrás de cada trabajador, obviamente, hay una familia; si multiplicamos por cuatro los 1.800 trabajadores, hablamos de unas 8.000 personas, cifra que representa un porcentaje alto en una ciudad de poco más de cincuenta mil habitantes.

Esta situación del hotel Enjoy –ex Conrad– se impregna y se filtra en la sociedad de Maldonado, en el boliche del barrio, etcétera, por todo el gasto que hacen esos trabajadores para que otros también puedan subsistir. En este sentido, la situación ha sido muy crítica.

Por otra parte, no hemos tenido muchas respuestas desde otros sectores, porque tengamos en cuenta que esta gente también paga alquileres o una cuota de Banco Hipotecario. O sea que no han podido cubrir sus gastos mensuales; es más, algunos están yendo a nuestra olla a recibir su vianda y también les hemos entregado canastas.

No sabemos hasta qué punto vamos a poder sostener esta situación. Entendemos que más allá de que se declare o no, hay una emergencia turística. No olvidemos que el turismo representa entre el 8 % y el 9 % del PBI y que emplea alrededor de unos cien mil empleados. Hasta ahora no visualizamos una pronta recuperación y, por las políticas que ha tomado la empresa – por sus respuestas, que voy a dejar que desarrollen otros compañeros–, creemos que va a llevar varios meses.

En definitiva, la situación puntual de los trabajadores es bastante crítica.

SEÑOR PÉREZ.- Buenas tardes a todos y gracias por recibirnos.

                Voy a tratar dos puntos.

El primero tiene que ver con el seguro por desempleo. Nosotros tenemos un seguro por desempleo por baja actividad que conlleva cuatro meses del subsidio. Como bien decía mi compañero, ese seguro terminaría a mediados del mes de julio y habría una opción de extenderlo por dos meses más, o sea, hasta mediados de setiembre.

Nosotros mantuvimos una reunión con el ministro de Turismo, el señor  Germán Cardoso, quien nos manifestó que posiblemente las fronteras con Brasil no se abran hasta marzo por la pandemia y lo complicado de la situación brasilera; también nos dijo que con respecto a Argentina habría que sentarse a ver cómo está la situación en el mes de octubre.

El problema es que la empresa está firmemente parada en que ellos no piensan abrir las puertas del hotel hasta que se abran las fronteras, porque ellos trabajan mucho con el turismo argentino y brasilero. Entonces, ahí tenemos un bache: nuestro seguro iría hasta mediados de setiembre, pero si el hotel no abre hasta diciembre o, en su defecto, hasta marzo, ¿qué sucedería con todo el personal desde setiembre hasta que se abran las puertas del hotel? No sabemos si existe la posibilidad de seguir extendiendo el seguro por desempleo, pero eso sería solo para los empleados del hotel.

Más allá de eso, nos preocupa muchísimo la situación del departamento de Maldonado en su conjunto. Como bien decía el señor Artega, no se trata solo de que somos más de mil funcionarios con nuestras familias, porque, de alguna manera, movemos la economía del departamento. Cada funcionario, muchas veces, le paga al que corta el pasto, al albañil que le hace una changa o al pintor, pero eso se estaría cortando porque no estamos trabajando.

A su vez, todos los días recibimos llamadas de proveedores del hotel a los que se les deben miles de dólares. Hemos llegado a recibir llamadas por deudas de U$S 70.000 o USD 72.000 y de ahí para abajo. En Maldonado han cerrado negocios, como pequeñas carnicerías o pequeñas leñerías. Muchos proveedores nos dicen que no saben cómo van a hacer para cobrar, que están entregados. Sin ir más lejos, el año pasado tuvimos que hacer una jornada solidaria para una panadería de Maldonado que tuvo que cerrar y sus empleados quedaron a una semana de la Navidad sin cobrar sus despidos. Nuestro sindicato, el sindicato de los trabajadores del Conrad, hizo una jornada solidaria para recaudar fondos para que esas personas llegaran a las fiestas, por lo menos, con un peso. Esa panadería abastecía al hotel y este le debía más de $ 360.000; el dueño dijo que de esa manera no podía seguir trabajando y cerró las puertas.

                Como decía, la situación va mucho más allá de los funcionarios del hotel propiamente dicho, debido a que afecta a todo el departamento. Como solemos decir, el Conrad y la Intendencia de Maldonado son las dos fábricas del pueblo; son los lugares  en los que más personas trabajan.

                Necesitamos respuestas claras y que el sistema político presione a los empresarios de Enjoy para que se comprometan frente a todo el país, porque, como dije, es una empresa importantísima para el turismo nacional. Si cerrara el Conrad, si ese monstruo de la parada 5 quedara cerrado, sería catastrófico para el turismo uruguayo. Entonces, necesitamos que los empresarios se comprometan ante ustedes y ante nosotros de que eso, hipotéticamente, no va a suceder.

                Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- En términos generales –como decían los compañeros–, el escenario turístico, gastronómico y hotelero tiene muchas complicaciones debido a lo incierto  y complejo de la situación que se está viviendo. Además, existe una situación que no es menor: la gran informalidad del rubro gastronómico y hotelero. Es un sector que por sus características y desarrollo tiene una informalidad muy grande. Si decimos que es un sector que representa el 9 % del producto bruto interno y que en el departamento de Maldonado, en la región este y en algunas zonas del litoral, supera más de un 12 %, quiere decir que su importancia es muy relevante.

Si bien los salarios en el sector gastronómico son relativamente bajos o muy bajos, el acceso a las propinas incorpora un elemento muy importante en el ingreso diario o mensual del trabajador. El problema es que la propina no computa para el salario vacacional, el aguinaldo y el seguro por desempleo. Obviamente, uno en su casa se endeuda en base a su ingreso. Hoy en día, en Maldonado, para citar un ejemplo que conocemos, tenemos una sociedad con un nivel de ingreso muy alto, pero más de la tercera parte o la mitad de ese ingreso lo constituye la propina. Entonces, el gasto que tiene y el nivel de vida es superior a lo que es su salario específico, por lo que hoy en día se ve perjudicado, provocando un nerviosismo en el trabajador que no es para menos.

                También queremos dejar constancia de que no es menor la informalidad del sector y la situación en la que hoy se encuentra.

                Por otra parte, me quiero referir a la situación específica en el Enjoy. Somos muy serios y responsables y siempre estamos dispuestos al diálogo; no estamos en una batalla sin sentido con la patronal, la empresa y los empresarios o con los cargos de confianza. El problema es que nuestra situación se complejiza no solo por el COVID-19, sino también por el concurso y reorganización judicial en que se encuentra la empresa Enjoy en Chile y por las deudas que tiene con muchos prestadores de servicio locales y nacionales. Estas deudas, que se acarrean desde hace más de dos o tres años, son extremadamente importantes y golpean a los pequeños y medianos emprendedores de la localidad de Maldonado y del este del país.

Entonces, ese concurso y esa reorganización judicial que se da en Chile –que hoy todavía tiene plazo para extenderse treinta días más y está en pleno desarrollo– nos pone en una posición muy compleja. Es por eso que empezamos a movilizarnos y a tratar de que el Estado, los funcionarios públicos, la intendencia, la junta departamental, los diputados y los senadores tengan un conocimiento acabado de la situación.

                Obviamente, el sector turístico se encuentra en una situación crítica y de mucha incertidumbre, porque depende de que Argentina y Brasil abran las fronteras y de que el Estado llegue a un acuerdo que posibilite el ingreso de turistas de sol y playa.

La empresa ha explicado que el concurso y la reorganización judicial de Chile es producto de la crisis social, política y económica que se viene viviendo en el país trasandino y que la unidad de Punta del Este no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, ahí se suma otro problema: la unidad de Punta del Este es garantía de pago de otros préstamos que se pidieron, además del concurso y la reorganización judicial, lo que la podría poner en una situación de venta. Si bien la empresa Enjoy dice que no quiere vender, hay una situación que es por demás visible: si los acreedores no tienen posibilidad de incorporar el pago de esa deuda, finalmente la pondrán a la venta. Esta situación se ha venido dando y hay mensajes claros de algunos empresarios, como Larraín –que es el que tiene el cargo de confianza más importante de la cadena Enjoy–, que dijo a la prensa que veía difícil la situación económica.

Previo a esta reunión, nos llegó información de un medio de comunicación chileno en la que un magíster en economía de la facultad trasandina afirma que desde octubre ya se sabía que existía la posibilidad de quiebra de la empresa Enjoy y que la deuda, que era de más de cuatro años, se había generado por malas gestiones –nosotros, como trabajadores, no vamos a analizar eso–; todo esto muestra que hoy viven una situación de mucha inestabilidad económica.

En el día de hoy, Sarmiento –gerente general de la empresa en la unidad de Punta del Este– afirmó en un medio local que hay personas –nos dimos por aludidos– que quieren instalar miedo en la sociedad, lo cual perjudica a la empresa. Nosotros no queremos perjudicar a la empresa, pero sí pedimos reglas claras, precisas, serias y que se nos brinde información. En un principio, mantuvimos seis reuniones – entre reuniones bipartitas y tripartitas– y recorrimos un camino en el que acudimos a todos los medios de comunicación, a todos los políticos habidos y por haber de todos los sectores de todos los partidos políticos, pero la empresa aún no se ha sentado a conversar con el gerente general y con el sindicato, que tiene más de ochocientos cincuenta afiliados –que no es poco–, en una plantilla de mil doscientos trabajadores efectivos. Esto muestra a las claras la necesidad del sindicato de lograr un diálogo y, por lo que vemos, que la empresa no quiere ni siquiera darnos información. 

En términos de diálogo y negociación, el relacionamiento con la empresa fue muy bueno hasta fines de 2019. En 2018, en plena negociación colectiva, firmamos un convenio colectivo que perdura hasta julio de 2020. Según consta en la información que recibimos en el día de hoy, desde octubre se sabía que la empresa podía llegar a quebrar y fue en ese mismo momento en que se nos empezó a negar todo tipo de relacionamiento, ya sean pedidos chicos o medianos; se nos decía que no tenían la bola de cristal. Así fue la negociación desde octubre hasta marzo –mes en que ingresó el COVID-19 a nuestro país–, y esa es la situación en que nos encontramos ahora. Por lo tanto, desde octubre hubo un cambio en el relacionamiento de la negociación colectiva con el sindicato y la empresa, y da la casualidad de que –por la información que nos llegó hoy– desde octubre ya se sabía que la empresa iba a quebrar. Esto nos llama poderosamente la atención.

                Por otra parte, queremos salir de la unidad de Punta del Este, específicamente de Maldonado. Queremos que los señores senadores, el intendente de Maldonado, los diputados que representan al departamento de Maldonado y todos los actores políticos –presidente y ministros– se comprometan a analizar la situación, que es muy compleja. Yo soy de los que consideran que podemos tener una muy buena temporada, porque hay ciertas condiciones, que no vienen al caso, de Argentina, de Brasil y de Uruguay, y nuestro país tiene características turísticas que pueden servir en medio del COVID-19. El sello de calidad de no tener un aumento en las muertes y tampoco en los contagios brinda cierta seguridad para pararse en medio de un escenario turístico complejo a nivel mundial. Además, el Uruguay tiene 670 kilómetros de playas, infraestructura, capacidad, tranquilidad, seguridad. Esas son particularidades muy importantes. Pero la posibilidad de que haya turismo va a depender de los actores políticos, las organizaciones sociales, los sindicatos y, obviamente, de lo que pase en el resto de la región.

                Por otra parte, la alerta turística –que no nos compete a nosotros pedirla, pero es una posibilidad que se establezca– va a necesitar de un Estado mucho más presente del que hoy tenemos ante situaciones de vulnerabilidad de trabajadores que no accedieron al seguro por desempleo y que no tienen posibilidad de acceder a alimentos. Además, Maldonado es el departamento más caro que existe en el Uruguay para vivir, y Punta del Este y Maldonado son las ciudades más caras. Puede ser que los alquileres estén más o menos parejos con Montevideo, pero todo el resto –alimentos, servicios y demás– es sumamente caro y, obviamente, en este departamento el turismo tiene una relevancia muy importante.

SEÑOR ARTEGA.- Además de lo que recién se mencionó, no podemos olvidar un par de detalles. Enjoy tiene un contrato con el Estado uruguayo. Se supone que tiene el derecho de explotar el juego y debe tener alguna obligación.

                Los hoteles y los restaurantes están habilitados para operar, y si ocurre lo mismo con los casinos, Enjoy no tendría excusas para no abrir. No podría ser una excusa la situación de Argentina y Brasil, porque estaríamos poniendo por delante una situación de conveniencia empresarial ante una obligación que supuestamente puede estar en el contrato. Toda esa información no la tenemos, pero calculamos que ustedes sí pueden tener acceso al contrato y pueden ver las obligaciones que tiene Enjoy si las condiciones sanitarias están dadas. Creemos que no es un punto menor el contrato de Enjoy con el Estado uruguayo y las obligaciones que pueda tener en cuanto a cantidad de personal, horario de funcionamiento y los días en que debe estar abierto.

Otro aspecto que quería resaltar es que según un informe del Instituto de Economía, hasta ahora el Uruguay ha puesto algo así como la cuarta parte en comparación con otros países de Latinoamérica para atender las necesidades de los trabajadores y el resto de la sociedad ante la situación de emergencia. Nosotros sabemos que, si bien como trabajadores estamos en un momento crítico, hay concesiones que tenemos que hacer, pero las tienen que hacer todas las partes. Hace un par de semanas, en el programa Séptimo día, estuvieron el ministro Mieres, Pereira y el presidente de la cámara empresarial, y el ministro dijo que los próximos Consejos de Salarios no iban a ser clásicos. Nosotros creemos que tiene razón, que no van a ser clásicos. y que el Gobierno, más allá de ser un mediador, va a tener que ser una pata más en la negociación y poner un poco más que ver solamente para dónde se inclina la balanza.

Creemos que el Gobierno tiene que ser activo y tiene que brindar las soluciones o parte de ellas, protegiendo no solamente a los trabajadores y los puestos de trabajo –que es lo que más nos interesa–, sino también algunos intereses de las empresas, para entre todos poder construir un escenario de recuperación real y no caer en una crisis.

Si esto sigue así, no nos caben dudas de que vamos a estar al borde, en algún momento y en algunas regiones, de estallidos sociales, porque la verdad es que hay que ver la realidad para poder entenderla.

                Gracias.

SEÑOR MANGANIEL.- Para darle un cierre a nuestra presentación, quiero señalar que lo que nosotros estamos tratando de generar hace mucho tiempo, mediante las bipartitas y tripartitas, es que se nos dé información exacta y precisa de la empresa para generar el reintegro de todos los trabajadores que salimos por el COVID-19.

Nosotros sabemos que esto viene de atrás. La mayoría llevamos más de 20 años trabajando en el hotel y sabemos el cambio empresarial que hubo desde el momento en que tomó las riendas Enjoy. Se bajó la calidad de atención, no por parte del personal, pero sí  de parte de la empresa hacia los clientes. Nosotros en todo este tiempo hemos incluso tratado bipartitamente cuestiones que correspondían más bien a la relación entre la empresa y los clientes, porque obviamente tocaban nuestros derechos. El cliente no venía y se sentía incómodo, porque le habían retirado tales o cuales beneficios. Ni que hablar que es un tema empresarial, pero es un tema real de atención al cliente en Punta del Este y más en un centro como el que fue Conrad en su momento.

                Hoy por hoy, el sindicato no está pidiendo que abran ya, pero sí que se realice una negociación para llegar a un buen puerto y que, mediante el Gobierno como garante de la negociación, todos los empleados que salieron en marzo de 2020 por el COVID-19 se reintegren a sus labores. No hemos pedido otra cosa que esa. No estamos pidiendo que entremos todos juntos, porque sabemos que es una cuestión ilógica, pero sí queremos una negociación precisa que brinde garantías. Tenemos que pensar que todos los empleados que están afuera están pasando por una situación de inestabilidad emocional muy grande. Nos acusan a nosotros de estar poniendo nerviosa a la masa trabajadora y no es así. La información de prensa no la inventamos nosotros. Viene del exterior, se instala en nuestro país y lo único que hacemos es tratar de salir al cruce. Por eso estamos acá golpeando otra puerta.

Gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Vale la pena informar que luego de la asamblea tuvimos una reunión con el ministro Cardoso en nuestro local y  una de las medidas turísticas que mencionó fue la campaña sol y playa y otras cuestiones que tienen que ver con los protocolos de sanidad y la unificación de criterios. También planteó que el ministerio consideraba que era relevante invertir en casinos con hoteles nuevos en las ciudades de Rocha y Atlántida, y acelerar el proceso del hotel con casino Cipriani. 

Obviamente, esa situación nos alerta muchísimo, pero no por el grado de inversión. No lo vamos a poner en debate, pero creemos que no hay un estudio de campo acerca de si ese tipo de inversión tiene sostenibilidad en el tiempo. Otro tema que no es menor es que, a nivel mundial, el juego presencial viene a la baja y el on line, a la suba. También es relevante que en medio esta situación de COVID-19 se está hablando de un cierre o una venta de Enjoy. Además, hay que tener en cuenta la situación que se está dando en el casino Carrasco que se ve muy perjudicado y aparentemente tiene una situación económica extremadamente débil. Los casinos estatales también tienen pérdidas importantes. Todo esto que está pasando va a provocar un cambio en el modelo turístico y empresarial, porque se van a tener que mantener determinadas distancias en las mesas, en las maquinitas, etcétera. Nos llama poderosamente la atención que una de las prioridades del Ministerio de Turismo en este escenario sea implementar tres megaproyectos nuevos con el juego, los casinos y los hoteles como una idea para salvar el turismo y desarrollar la gastronomía y la hotelería. Esto nos preocupa. Hemos hablado con los compañeros y todo indica que, ante esta situación, habría que potenciar más las pequeñas y medianas empresas –en todo el Uruguay hay muchísimas–, y tratar de inyectar capital estatal para mejorar  e instrumentar  otro tipo de procedimientos y no operar en función de los megaproyectos y los  establecimientos de gran magnitud que, tal vez, representan un beneficio a corto plazo y luego un perjuicio a mediano y largo plazo.

SEÑORA BIANCHI.-Voy a hacer una pregunta que no sé si los trabajadores lo saben, pero, como nos acompaña la exministro y actual senadora Kechichian, quizás pueda ayudar. Más allá de la situación que tenemos por el COVID-19 y las posibilidades que tiene el Estado uruguayo de sobrellevar la situación –porque no es un problema de voluntades, sino de si hay o no recursos–,  hay una variable que como comisión deberíamos tener más clara y es qué forma jurídica tiene el Enjoy acá y qué tipo de vínculo tiene porque está en situación de concordato. Quisiera saber si el Enjoy Chile es la misma persona jurídica con una sucursal o son dos personas jurídicas distintas –ya sabemos que los capitales de acá también son chilenos– porque pueden ser los mismos capitales, pero que acá no sea una sucursal, sino una unidad de negocios. 

                Simplemente quería saber si tenían conocimiento de esto porque es una variable que influye en todo este proceso, más allá de lo que está haciendo el Gobierno para ir sobrellevando la situación de los trabajadores que va a ser más difícil de lo visto hasta ahora. 

                Si ustedes lo saben, me gustaría conocer su opinión; de lo contrario, quizás la exministro pueda ayudarnos. Es un dato muy importante porque ustedes nos plantean varias problemáticas. Por un lado, tenemos la situación provocada por el COVID-19 y, por otro, el problema del concordato del grupo de capitales chilenos. Quisiera tener un poco más claro ese punto y, si no lo pueden responder ahora o si la señora exministro no tiene ese dato, podríamos pedirlo en nombre de la comisión porque para pararnos frente a la problemática del Enjoy debemos conocer esa situación. 

Nada más, señor presidente. 

SEÑOR ARTEGA.- No lo sabemos jurídicamente, pero analizamos un poco la ley de concurso de Chile y vimos que es muy similar a la de Uruguay. Sí sabemos que la unidad Punta del Este es garantía de esos adeudos, o sea que es garantía de la cadena. Eso es cierto y lo han reconocido los directivos de la empresa. 

A eso le sumamos la preocupación que nos provoca pensar en el peor escenario, que sería la quiebra. En ese caso, ¿qué pasaría con los créditos laborales, los despidos, las licencias no gozadas y los aguinaldos de 1.800 personas? Eso también es preocupante. Esperemos que no se dé, pero forma parte de las conversaciones. 

SEÑOR MOREIRA.- Hay dos situaciones. Primero está la situación práctica. La unidad de Punta del Este siempre tuvo un relacionamiento directo con Chile y la política empresarial se basó en la responsabilidad y el direccionamiento que venía de ese país. A nivel operativo, eso fue algo que siempre se estableció. Llegó Enjoy y empezó dando información de a poco y, cuando la gente en Chile ya tenía datos más acabados del producto, recién se conocía acá, pero desde Chile daban o no el okey. La política de organización directamente es de Chile y me parece que ese es un dato importante en el entendido de este vínculo jurídico que existe o que puede existir. Nosotros tampoco lo sabemos del todo porque, obviamente, se trata de información que a veces es muy clasificada y, como decían los compañeros, en varias oportunidades pedimos acceder al contrato celebrado con el Estado, pero nunca pudimos. Más allá de eso, también hay una situación que no es menor y que recién me acotaba el señor Jhonnatan Barrios, compañero de negociación en el conflicto, que Larrain, que es uno de los cargos de mayor responsabilidad en Enjoy, indicó que para conocer la situación en la que podría estar la unidad de Punta del Este se debe resolver primero la de la matriz de Chile, porque esta es una cosa y la unidad de Punta del Este y Baluma como sociedad anónima, otra. 

                De todos modos, existe un vínculo. Si esta situación desemboca en la quiebra –esperemos que no sea así—no hay manera de que esto, que es garantía de pago, no pueda sufrir un colapso económico. Por lo tanto, estoy en la misma situación que la señora senadora Bianchi en cuanto a no tener un conocimiento acabado del asunto, más allá de que todo indica que hay un vínculo directo entre Enjoy Chile y la unidad de Punta del Este.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero hacer dos preguntas. Los 800 trabajadores que no alcanzaron los jornales para el seguro de desempleo, ¿por cuánto no llegaron a la cantidad  requerida? ¿Quedaron cerca o lejos de la orilla?

La segunda consulta es si hay prevista alguna instancia de negociación colectiva tripartita o bipartita cercana en la que podamos colaborar.

|               Por último, quisiera saber si el Poder Ejecutivo toma en consideración para la prórroga que exista la posibilidad de reinserción laboral. En general, cuando hay fundamentos sólidos para que la prórroga no implique únicamente una agonía sino que se trata de un tiempo necesario para evitar que se rompa el vínculo laboral –en este caso estamos ante una pandemia y el sector turístico está muy afectado por esta situación--, esa alternativa es viable. No estoy diciendo que sea así, pero parecería que hay fundamentos importantes para creer que eso es lo que puede ocurrir.

                Hay un tema pendiente que estuvo incorporado en el diálogo sobre la seguridad social en el período 2006 a 2008, que es que los trabajadores con más alta zafralidad –como es el caso de la forestación, de la producción citrícola, de la industria turística, del empleo doméstico–, en general, requerirían un condicionamiento diferente para el acceso al seguro de desempleo que el trabajador mensual de una fábrica, ya que en aquellos casos se da una situación que excede la voluntad.

                En definitiva, pienso que no es lo mismo dar una alternativa a trabajadores que tendrían un promedio de diez o doce jornales para el seguro de paro que aquellos casos en los que se trata de cien jornales. 

SEÑORA KECHICHIAN.- No soy miembro de la comisión, pero como conozco desde hace  muchos años tanto a los trabajadores como a los integrantes del grupo chileno que gestiona la empresa me interesaba estar presente en esta reunión.

                Sin duda, no hay muchas empresas en el Uruguay que comprendan a 1.800 personas. Enjoy hoy es una empresa muy importante para el Uruguay y, sobre todo, para Maldonado. Hace unos días hablábamos de Caputto que es clave para Salto y, del mismo modo, Enjoy lo es para Maldonado. Sin duda, esto es así por todo lo que decían los trabajadores y por todo lo que se genera alrededor. Conozco las historias de algunos de nuestros invitados, así como el lugar donde viven y la cooperativa. Sé que son trabajadores que tienen buenos salarios –en comparación con el promedio de lo que ganan otros trabajadores de servicios de Maldonado– y, sin duda, mueven el almacén de la cooperativa, entre otros emprendimientos. Por lo tanto, esto a nivel social es muy importante.

                En este problema hay más de un aspecto a considerar: indudablemente, uno es el que planteaban el señor presidente y la señora senadora Bianchi con relación a la forma en que podemos mantener en el tiempo esta solución, ya que como todos sabemos la salud es lo primero y en algún momento la pospandemia va a llegar, aunque no sabemos cuándo. Obviamente, en el turismo es clave porque se precisa lo presencial y la libre circulación de las personas, así como el transporte aéreo. No hay que olvidar que el 60 % del total de los turistas que llegan a Uruguay vienen de Brasil y Argentina. Se podría decir que el Enjoy tiene un compromiso mayor con la región que con el turismo interno; en primer lugar, habría que pensar en este aspecto.

He conversado con algunos gerentes actuales y ellos plantean expectativas positivas de cómo se está resolviendo el litigio jurídico en Chile. A mí no me han planteado nunca no seguir con la actividad. Da la sensación de que tienen toda la intención de salvar la cuestión jurídica en Chile. Después veremos la realidad en Uruguay y su reactivación, y nos dirán cuándo podrán abrir y con qué tipo de público van a trabajar. Esa es otra cosa. No soy abogada de Enjoy; solo quiero trasmitir lo que ellos me han dicho. No hay intención de que la empresa desaparezca. Es cierto que en este mundo también hay competencia. Entonces, creo que aquí también están jugando competidores del Enjoy, en  Chile y en otros lados. También ha habido noticias en Argentina que han sido muy negativas sobre el cierre del Enjoy, lo que se expresó más o menos así: «Fin de una era»; «Se termina un ícono». Detrás de esas noticias hay intereses de otros que están en el mismo mercado.

De manera que tenemos que ser muy fríos en este momento. Creo que hay que pelear para que  los trabajadores puedan seguir teniendo cobertura en la seguridad social y ver lo que expresó el señor presidente de la comisión –no sé bien cómo se podría resolver– para mantenerlos juntos. Quizás la comisión podría –no quiero que esto se tome como una invasión– conversar con las autoridades del Enjoy para saber exactamente qué es lo que están pensando.

SEÑOR ARTEGA.- Estimamos –no tenemos los números exactos– que los que no llegaron al seguro de desempleo son alrededor de quinientos. Solo en el área del casino hay aproximadamente 220 eventuales, y no llegó ninguno. Así que solo en un área que es una de las más importantes en cuanto al volumen en eventuales estimamos que alrededor de quinientos no llegaron. Respecto al grupo que estaba entre los 75 y los 149 jornales, hay unos cuantos que se han comunicado con la empresa y con nosotros, porque les dijeron que no les correspondía por la flexibilización; al no tener un contrato mensual y su causal ser «despido», no accedieron al seguro de desempleo. Ahí hay un montón de eventuales. No tenemos la cifra, pero calculamos que debe estar entre un 70 % y un 80 % de todos ellos.

                Lo otro a lo que me quiero referir es la instancia de negociación. Teníamos previsto para mañana una instancia bipartita para la cual habíamos pedido la presencia de Ignacio Sarmiento, la autoridad máxima de Enjoy. Esa reunión bipartita fue pactada en la última  tripartita vía Zoom y hoy nos confirman que la cancelan porque rechazan la asamblea que vamos a hacer el sábado para informar a los trabajadores. Toman la asamblea como una medida agraviante.

SEÑOR MOREIRA.- En cuanto a lo que consultaba el presidente de la comisión sobre el seguro de desempleo, exhortamos varias veces a la empresa a que nos diera esa información para poder sistematizar la cantidad de trabajadores que estaban en esas condiciones. Reitero que no pudimos acceder a esa información relativa a los compañeros que no llegaron al seguro –y que fue parte de la primera reunión tripartita que tuvimos–, que requeríamos para tratar de instrumentar algún tipo de actividad.

                También vale la pena mencionar –para que conste en la versión taquigráfica–, que la resolución del ministro Mieres respecto a la flexibilización laboral del seguro por desempleo queda muy corta. Hay una situación aparte–la resolución también es bastante confusa– que indica que  lo relativo a los 75 jornales en adelante es a partir del 1^o de abril y a nosotros nos cortan la actividad el 16 de marzo. Entonces tampoco entrarían en esa posibilidad aquellos que tienen 75 jornales y no llegan a los 150. Ahí tenemos, también, una situación particular.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entiendo esa dificultad, pero me parece que en la negociación colectiva se pueden zanjar bien las dos dificultades.

                La intención de la flexibilización del seguro de paro no es cortar la posibilidad de este seguro, sino atender circunstancias como esta. Como se habrán dado cuenta, estoy defendiendo al Gobierno; que quede claro.

                Si la lógica contractual es el despido y se logra una negociación tripartita, es decir, se normaliza la situación y hay un compromiso o una lista de reintegro, podría darse un segundo tema y salvar la negociación colectiva para ampliar esta condición a los trabajadores que tienen 75 y 150 jornales. ¿Qué podemos hacer?  Tratar de hacer gestiones con el ministro, con el BPS, con la empresa y con ustedes. Las citaciones que se realizan desde la comisión –más allá de que se deben hacer– llevan su tiempo. Creo en esta tarea por la experiencia que tuve como presidente de la comisión de legislación del trabajo de la Cámara de Representantes, pero también creo mucho en las gestiones que se hacen después de terminadas las reuniones, para tratar de acelerar el proceso, si es posible. Si no lo es, lo habremos intentado y así lo trasmitiremos. Si los hechos son inamovibles, no se habrá podido hacer nada, pero se trata de intentar vehiculizar la circunstancia.

                Nosotros tenemos la posibilidad de conocer la cantidad de jornales de cada trabajador porque hay representación social en el BPS; tienen como construir esa idea. En todo caso, si le toca a 50, le toca a 50, y si le toca a 300, será para 300, pero siempre será mejor que la circunstancia de que no les toque.

                Lo que podemos hacer, además de citar a cada parte, es realizar gestiones en el entendido de que hay una situación particular, pero desde ya descarto que la fecha de abril sea para perjudicar al que quedó sin trabajo en marzo. Ese no puede ser el argumento.

                Como mencioné, podemos y nos comprometemos a obrar como un vehículo en esta circunstancia y, digamos, a tirar las piolas.

 

(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de Enjoy, ex-Conrad).

               

                –Estoy seguro de que en este caso hay que citar a la empresa y, en el anterior, a la Cámara de la Construcción. Igual entiendo que las gestiones se deben realizar ahora, para intentar destrabar.

SEÑORA KECHICHIAN.- He tratado de hablar con la empresa que, según creo, cometió un profundo error al suspender la reunión del día de mañana. Creo que tensaron las cosas absurdamente. He estado llamándolos todo el tiempo y no he podido comunicarme.

                Si la comisión está de acuerdo, creo que sería bueno que el presidente hiciera alguna gestión para desinflar un poco esto y que mañana la empresa reciba a los trabajadores.

                Todos sabemos que hay distintos sindicatos, algunos un poco más complejos que otros, pero este es un sindicato muy responsable –realmente, muy responsable– y difícil de organizar, porque hay mucamas que pueden ganar $ 30.000 y gente que en el casino gana USD 300 de propina por día. Es bien difícil conformar un sindicato cuando existe esa diferencia en los ingresos.

                Me parece, entonces, que sería bueno realizar una gestión para que sean recibidos mañana, y no tensar tanto los hilos.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todas maneras, en cuanto a la formalidad, y dado que ya comparecieron los trabajadores, me parece que deberíamos citar a la empresa. Porque más allá de la reunión de mañana, seguramente este tema siga pendiente, porque la empresa parecería estar en dificultades serias. Además, así como creo que la construcción no está en dificultades serias, creo que el turismo va a estar en dificultades serias por un tiempo bastante largo –eso es indiscutible– y va a precisar respiradores artificiales, que son difíciles de colocar durante un tiempo largo. Incluso, después deberíamos considerar una mirada que trascienda al Enjoy; es decir, el sector, como sector, va a necesitar ayuda.

SEÑOR BONOMI.- Quiero decir algunas cosas.

                Por un lado, deberíamos llamar a la empresa para interiorizarnos sobre lo que está pasando y para conocer las perspectivas que ellos manejan.

                Por otro lado, y con respecto al seguro, hay dos cuestiones a considerar: la extensión para los que se les termina y la negociación para los que no accedieron por poco. No sé si la primera extensión necesita una resolución parlamentaria o la puede hacer solo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si necesita resolución parlamentaria, tendríamos que promoverla desde la comisión.

                Además, quizá deberíamos convocar a las autoridades del ministerio o del BPS. En todo caso, podríamos hablarlo de manera más informal –como se planteó–, para hacerlo más rápido, y si eso no avanza, convocarlos para ver qué se puede hacer en cuanto a la flexibilidad de los jornales, para que acceda más gente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para la primera extensión, de cuatro a seis meses, no se precisa al Parlamento. Sí precisaría resolución en el caso de que se extendiera más –sobre todo, para los menores de cincuenta años–, es decir, si el Poder Ejecutivo estableciera una cobertura mayor.

                En cuanto a la flexibilización del seguro de desempleo, en mi opinión –si llamamos al ministro Mieres quizá nos diga que no–, es para estos casos. Creo que fue en mayo –el día 8 o el día 9– que se estableció que con entre 75 y 150 jornales la persona quedara amparada por el seguro de paro. No parece sensato que porque alguien se quedó sin trabajo en marzo por la pandemia, quede fuera por la forma contractual. Eso yo me animo a gestionarlo de forma inmediata, a armar una mesa, aunque sea para resolver este caso específico, que abarcará a trescientos o cuatrocientos trabajadores, pero para los que esto significa la vida. Por más jodida que la persona esté, una cosa es tener seguro de paro y otra no tenerlo; más allá de que gane mucho con las propinas, por lo menos se agarra de algo.

Me parece que no habría que inventar nada nuevo, sino interpretar la aplicación de la norma de flexibilización.

SEÑORA BIANCHI.- Además de las conversaciones –que, en general, es lo que más sirve–, en cuanto a lo institucional, a mí me gustaría citar a la empresa y, si es necesario, a las autoridades nacionales para que vengan. A mí me parece importante la instancia de la comisión, más allá de las conversaciones y no solamente porque luego quedan las versiones taquigráficas, sino porque, además, sería un relacionamiento de institución a institución, de poder a poder.

La verdad es que la situación de la empresa es complicada; en este caso se suma una variable más a la problemática de todas las empresas y de todos los trabajadores que tenemos y que vamos a tener en situaciones similares. Por lo tanto, comparto la opinión de que todas las negociaciones que se puedan hacer ya, se hagan, pero me gustaría mantener la citación institucional.

SEÑORA KECHICHIAN- Quiero agregar que, en este caso, se complicó más la situación de la empresa porque son chilenos y en Chile la paralización del turismo empezó mucho antes de marzo. Venían de una situación social muy tensa y muy compleja que hizo que se suspendieran cuatro de los encuentros mundiales más grandes, en los que Enjoy tenía vendidas todas las habitaciones; como ustedes saben, tuvieron que irse a Europa. Por lo tanto, no han trabajado en prácticamente todo el año. Entonces, más allá de la situación actual, ellos ya venían acumulando dificultades que fueron complicando enormemente las cosas. Están sin facturar.

SEÑORA BIANCHI.- Por mi parte, reitero, señor presidente, lo que dije en cuanto a citar institucionalmente a la empresa y a la Cámara de la Construcción, más allá de las negociaciones que se hagan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces realizaremos las citaciones correspondientes, a la empresa y a la Cámara de la Construcción.

SEÑORA BIANCHI.- Según veo, tenemos la carpeta n.º 181, relativa al subsidio por enfermedad para trabajadores zafrales de la caña de azúcar de ALUR. Dado que tenemos sesión el martes, sugeriría enviar el proyecto al plenario, por lo que habría que votar y designar miembro informante. No creo que nadie se oponga. Me imagino que ingresará con la opinión unánime de la comisión. Así ya resolvemos un problema urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, acabo de entrar en contacto con el articulado.

                El artículo 1.º expresa: «(Ámbito subjetivo) La presente Ley comprende a todos los trabajadores zafrales de la cosecha de caña de azúcar del año 2020, a realizarse en la zona de Belén y Bella Unión, departamento de Salto y Artigas respectivamente.

                Dichos trabajadores serán incluidos en la planilla de control de trabajo de las empresas productoras afectadas a la cosecha de caña de azúcar (Grupo 22 subgrupo Plantaciones de Caña de Azúcar, grupos de actividad para los Consejos de Salarios, Decreto Nº 326/008 de 7 de julio de 2008) y con fecha de alta en el Banco de Previsión Social a partir del mes de mayo del año 2020 y hasta la finalización de la zafra 2020.

                Artículo 2º. (Subsidio por enfermedad) Los trabajadores zafrales incluidos en el ámbito subjetivo determinado en el artículo 1º precedente que hayan contraído la enfermedad Covid-19 u obligados a guardar aislamiento a causa del riesgo de contraer o contagiar el virus Sars-CoV-2, tendrán derecho al cobro de la prestación del subsidio por enfermedad previsto en los artículos 13 numeral 2) y siguientes del Decreto Ley Nº 14.407 de 22 de julio de 1975, modificativas y concordantes, sin tener la cotización correspondiente a setenta y cinco jornales como mínimo dentro de los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de inicio del respectivo aislamiento.

                Artículo 3º. (Vigencia) Lo dispuesto en el Artículo precedente tendrá vigencia durante el período que dure la zafra de caña de azúcar en la zona de Bella Unión y Belén, departamentos de Artigas y Salto respectivamente, con iniciación en el mes de mayo del año 2020.

                Artículo 4º. (Remisión) Todo lo no previsto en la presente ley se regirá por lo dispuesto en Decreto-Ley Nº 14.407 de 22 de julio de 1975, modificativas y concordantes».

                En consideración.

                Creo que no hay mucha dificultad con este proyecto.

                En todo caso, creo que esto tendría que ser general pero, en fin.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Corresponde designar miembro informante.

                Por mi parte, no tengo problema en informar este proyecto. 

                Se va a votar.

(Se vota).

                –5 en 6. Afirmativa.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 16:38).