SUBCOMISIÓN DE AUDIENCIAS COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE

 URGENTE CONSIDERACIÓN

(SALA 17)

(Sesión celebrada el día 22 de mayo de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 9:42).

 

(Ingresa a sala la delegación del Círculo Policial del Uruguay)

–Damos la bienvenida al comisario general retirado Wilfredo Rojas, presidente del Círculo Policial del Uruguay; al comisario general retirado Zósimo Nogueira, prosecretario general; y al comisario general retirado, doctor Carlos Duré.

SEÑOR ROJAS.- Muy buenos días.

Queremos agradecer la oportunidad y la deferencia de recibirnos en este ámbito para discutir sobre el proyecto de ley de urgente consideración. Venimos en representación del Círculo Policial del Uruguay que, como todos saben, es una institución que tiene muchos años de vida y que está arraigada a la Policía nacional.

Debido al tiempo de que disponemos, no vamos a poder abarcar todos los temas que tienen que ver con el trabajo de la Policía, pero vamos a tratar de explicar qué es lo que nos preocupa, sobre todo, lo que nos han trasladado los oficiales –subalternos, jefes y superiores; o sea, el núcleo más importante de nuestros socios–, quienes van a tener que trabajar con esta ley, aplicándola en terreno, en lo que atañe a la seguridad pública, que es el tema que ahora nos está ocupando.

Sin duda, ya hemos hecho un análisis en general con respecto al tema seguridad, y vemos con agrado algunos aportes que hace el proyecto de ley. A continuación, vamos a plantear los temas en los que estamos de acuerdo y aquellos en los que no.

En general, nos parece bien que se trate el tema de la legítima defensa con un enfoque diferente para beneficiar el trabajo del policía, para darle ese pretendido respaldo.

También nos parece bien el artículo 11, en el cual se agrega el agravio a la autoridad policial; estamos de acuerdo con que haya más respaldo a la actuación en lo que refiere al respeto hacia el policía que actúa, pero no en forma personal –vemos que en el proyecto de ley se establece en forma individual–, sino que apuntamos hacia el funcionario como representante del Estado. En ese sentido, planteamos alguna discrepancia que luego el doctor Duré podrá ampliar.

Esta norma propone que cuando se agravia a la Policía, si quien lo hizo pide disculpas ante el fiscal y estas si son aceptadas, no se lo formaliza; lo digo grosso modo, luego el doctor Duré podrá ampliarlo. Entendemos que el agravio que pueda hacer una persona hacia el funcionario policial, es en realidad hacia al Estado; por lo tanto, no deberían aceptarse esas disculpas, porque si alguien cometió esa acción y luego, por una cuestión de conveniencia, expresa arrepentimiento para quedar libre, en cierta forma, ese acto estaría desautorizando la medida y, en consecuencia, caería por su propio peso la efectividad que podría tener. Por este motivo pedimos que se revea ese punto.

Otro tema que también nos preocupa –y nos preocupa principalmente– son las potestades que se le otorgarían a la Policía para investigar. Aquí se abunda en distintas formas sobre cómo tendría que hacerlo pero, en resumen, sabemos que las atribuciones de la Policía para investigar están limitadas, como debe ser, porque es la ley la que lo determina. Entendemos que la redacción de este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración otorga la posibilidad de que exista dualidad de criterios en cuanto a quién debe juzgar. Concretamente, nuestra preocupación está en que el trabajo policial, el trabajo de campo, la actuación diaria del policía, no termine siendo el eslabón más débil en la cadena de la acción judicial penal cuando se realiza un procedimiento. Si no quedan bien claras cuáles son las facultades que tiene el policía en cuanto a investigar, detener o algo que tenga que ver directamente con la acción en terreno, estamos dejando dudas. Entonces, el policía, el que tiene que mandar, los mandos medios, van a encontrarse con esa duda, siendo que las órdenes a los subalternos cuando se les está encomendando hacer un procedimiento, tienen que ser muy claras, concisas y precisas, no dando lugar a ninguna imprecisión. En cambio, la redacción que estamos viendo nos plantea dudas, y esas dudas no podemos trasladárselas al funcionario que está en la calle, porque después va a ser muy fácil que un abogado defensor, un fiscal o un juez, en su legítimo derecho, puedan cuestionar el accionar policial. En resumen, no queremos que sea el accionar del policía el eslabón más débil en esa cadena.

                Hay otros puntos que nos preocupan porque en algunos casos no entendemos el porqué. Por ejemplo, en el artículo 19 se modifica el tiempo que se le otorga a la Policía para enterar al fiscal. Partíamos de la base de que teníamos dos horas y ahora se pasa a cuatro horas. Suponemos que el criterio fue darle a la Policía la posibilidad de investigar, pero nuestros asociados y representados cuando están trabajando no pueden ponerse a ver qué quiso plasmar el legislador, si quiso darle un tiempito más de investigación, pasando de dos a cuatro horas, aunque realmente ese tiempo no da para investigar mucho. El trabajo de investigación se tiene que hacer previamente y lo último sería la detención de la persona, y ahí sí darle tiempo para avisar al juez, al fiscal, a la autoridad competente. Pero, en realidad, no queda bien claro el concepto de investigar. Seguramente quienes han redactado este proyecto han tenido en cuenta una cantidad de pormenores pero, tal vez, por desconocimiento de lo que es el trabajo en terreno que desarrolla el oficial –que es quien da la orden, por ejemplo, de detener una persona para interrogarla o para que se obtenga tal prueba–, no quedó claro el alcance que tiene la Policía para investigar, para diligenciar una prueba u obtenerla.

                Por su parte, el artículo 22, que sustituye el artículo 61 del Código del Proceso Penal, habla de que se podrá interrogar al indagado, pero se nos plantea la duda acerca de en qué momento se podrá hacer y cuál es el alcance del interrogatorio que puede hacer la Policía. ¿Lo hace en esas cuatro horas? ¿Lo puede hacer en cualquier momento? ¿Puede interrogarlo después de que habló con el fiscal? Quiero decir, después de que fue a la audiencia y habló con el fiscal, y dice: «Yo quiero declarar otra cosa», el policía ¿puede interrogarlo? Tampoco tenemos claro ese punto y por eso hacemos este planteo. 

Queremos mencionar otro tema. Se dice que hay que informar a los detenidos acerca de sus derechos, pero la norma no especifica cuáles derechos. Por eso pretendemos que haya un protocolo que diga qué derechos se le leen o se le explican al detenido. Tiene que tratarse de algo general porque no es lo mismo cuando la persona es detenida por la Policía aérea o por la prefectura. ¿Cada ministerio podrá decir, por ejemplo, «Léale al detenido tales derechos», de acuerdo con una orden interna? No. Pretendemos, o creemos que sería más lógico, que existiera un protocolo, o que en la propia ley se explicitara que a la persona detenida hay que explicarle que tiene tal y cual derecho; que eso fuera igual para todos y no que cada uno tuviera la potestad de elegir hacerlo de determinada manera.   

Otro aspecto que nos preocupa está en el artículo 53, que tiene que ver con las modificaciones que se hacen al cargo de director de la Policía Nacional. Allí se crean dos cargos, un subdirector del Área Metropolitana y un subdirector del Interior.  Tal vez hay algunos problemas de redacción, pero no se especifica de qué son subdirectores. Podría, por ejemplo, ser subdirector de otra cartera, pero sin embargo estamos hablando de la Policía Nacional. Pedimos que se haga esa precisión, simplemente porque creemos que ese detalle es importante. Incluso, eso podría traer aparejados otros problemas. Más adelante los señores senadores van a ver –el doctor Duré podrá explicarles mejor– que la denominación del cargo de la manera correcta es importante y tiene un porqué. A su vez, tampoco hemos encontrado con claridad cuáles son las unidades que quedan bajo el mando de los subdirectores. Podemos decir que se trata del subdirector nacional del Interior y que tiene a su cargo todas las jefaturas de la Policía en el interior. Perfecto, pero ¿qué pasa con las direcciones que tienen alcance a nivel nacional y que actúan en los departamentos del interior? ¿Ese subdirector del Interior tiene algún mando sobre esa fuerza? Por ejemplo, me refiero a la Dirección Nacional de Tránsito o a otras direcciones que en este momento no voy a detallar pero que figuran en el repartido que hicimos. Todos estos son detalles que pretendemos que sean atendidos.

Además de definir cuáles son las unidades que quedarían bajo el mando de los subdirectores, vemos que se crea el «Gabinete de Seguridad del Ministerio del Interior» pero este no está integrado por los subdirectores que recién nombramos, aunque sí por sus subalternos. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrarnos con la siguiente situación. Los directores de investigaciones, drogas y crimen organizado sí integran ese gabinete, pero están por debajo en el organigrama y, a su vez, deberían depender de uno de estos subdirectores. Cuando esto se lleve a la práctica, cuando se tenga que cumplir con la norma, podrían generarse fricciones por no saber de quién depende el personal; tener claro la relación de dependencia es importante. 

Continuando, en el artículo 54 se alude a la creación de esos nuevos cargos de subdirectores y se dice que serán cargos de particular confianza. Nosotros, oficiales de carrera, que nos consideramos profesionales porque somos egresados de la Escuela Nacional de Policía, sabemos que hay veinticuatro cargos de confianza; en la carrera policial son más los cargos de confianza que los profesionales. Por ejemplo, los cargos de subdirector son de confianza, y hay una cantidad de subdirectores en distintos ámbitos –en cárceles, en sanidad–; tenemos subdirectores en muchos lugares. O sea que la carrera administrativa del oficial de policía termina siendo una carrera política porque esos cargos son de confianza. Pero eso no termina ahí; alguien que no es de carrera puede ocupar esos cargos y quien sí ha hecho una carrera toda la vida, no lo puede hacer. Eso es algo que a veces desalienta y desmotiva al oficial de carrera, y derriba las aspiraciones que muchos tenemos de conducir la fuerza como debería ser: profesionalmente. Podrá cuestionarse quiénes están capacitados y quiénes no, pero perfectamente puede elegirse para ocupar esos cargos de confianza a oficiales de carrera, en actividad o retirados, lo que sería incluso hasta menos oneroso para el Estado.

                En contrapartida, hay aportes muy positivos en este de este proyecto de ley de urgente consideración. Apoyamos una cantidad de artículos; simplemente, hemos marcado aquellos en los que sentimos alguna diferencia, pero sabemos que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque pretendíamos un poco más.

Si bien será un tema a ver a futuro, creemos que hay que cambiar el sistema de ascenso de los oficiales. No puede ser que se esté priorizando que la carrera no sea realmente profesional. El estudio realmente tiene poca incidencia en el ascenso y tal vez se selecciona a una persona más bien por afinidad política que por su carrera en sí. Queremos volver a que se profesionalice la carrera, a que haya que estudiar para ganarse el cargo que se quiere ostentar.

Disculpen si me tomé demasiado tiempo; quizás el doctor Duré tal vez tenga algo que acotar.

SEÑOR DURÉ.- Voy a redondear los aspectos más importantes

                El artículo 49 está incorporando el artículo 30 BIS a la Ley de Procedimiento Policial. El tema es que esa norma no puede ir entre los artículos 30 y 31 porque el 31 se relaciona con el 30. Es decir, el artículo 31 es el que le da el concepto al artículo 30. Por tanto, si se pone un artículo en el medio, quedan tres artículos inaplicables. La sugerencia es que la disposición que se agrega en el artículo 49 no sea 30 BIS, sino 31 BIS o un segundo inciso del artículo 31.

 En el artículo 9.º se eleva la pena cuando el objeto del delito de receptación sean armas, chalecos o implementos de uso policial, y se eleva aún más cuando las armas y los chalecos sean de la Policía o de las Fuerzas Armadas. No entendemos por qué. La sugerencia que planteamos es que también se eleve la pena cuando esos implementos de uso policial sean propiedad de la Policía.

(Interrupciones fuera de micrófono).

–La receptación tiene una pena mínima de seis meses a diez años. La pena mínima se eleva a dos años cuando el objeto del delito de receptación sea arma, chaleco o implemento de uso policial; tres rubros privados. La redacción menciona armas y chalecos, privados –o sea, de policías o militares pero privados–, e implementos policiales, que pueden ser cananas, cachiporras, gas o prendas del uniforme. Pero cuando el arma o chaleco provienen de la Policía, de las Fuerzas Armadas o de guardias de seguridad, se eleva a tres años la pena. Por lo tanto, nuestra sugerencia en cuanto a la redacción es que sea elevada la pena también en el caso de los implementos que provengan de la Policía –propiedad del instituto policial, del Estado–, porque si bien unas esposas o prendas de ropa no causan tanto daño como un arma, se estaría facilitando la comisión de delitos cuando se disfrazan de policías para cometerlos. En ese sentido, otra sugerencia de redacción es que en lugar de decir «proviniera de la Policía, de las Fuerzas Armadas o de guardias de la seguridad privada», refiriéndose a la persona, se aludiera a la empresa de seguridad y no la persona. Consideramos que está bien que se instituya como delito el agravio a la Policía. Ahora bien, tiene una atenuante que es cuando en la audiencia la persona se retracta y es aceptado por el policía ofendido. Entendemos que la ofensa no se hace a la persona, sino al Estado y a la Policía, lo que es innegociable; no tendría que existir una atenuante por tal sentido. El Estado no puede estar negociando su autoridad.

                El artículo 62 modifica los derechos y obligaciones del estado policial consagrados en la ley orgánica. Esta norma, que se está reformando, después de enumerar de la letra A) a la O) las obligaciones del estado policial, tenía dos últimos incisos. En uno de ellos –que constaba de tres literales– se establecía cuáles de esas obligaciones no se aplican al personal no ejecutivo y, en el otro, se expresaba que, aparte de la responsabilidad administrativa, el personal tenía responsabilidad penal y civil por los errores que cometiera. A nuestro juicio, esos dos incisos fueron eliminados por distracción. Consideramos que el segundo inciso es importante, pero si no está contemplado, no importa, porque las responsabilidades civil, penal y administrativa siempre van a estar; pero sí creemos que es un error grave que no se incluya a texto expreso cuáles obligaciones no tiene el personal no ejecutivo. En el texto actual del artículo 62 eso no se establece. O sea que como todo el personal ejecutivo, PA, PT y PE está sometido a estado policial, bien podría entenderse que el personal administrativo debe defender con su vida los derechos de los demás y reprimir el delito, etcétera. Si bien no sería lógico, no creemos oportuno que esto quede sujeto a la lógica y a la interpretación de quien tenga que aplicar la norma, pensamos que debería figurar a texto expreso, como lo está ahora. Es decir que hay tres literales que no se deben aplicar.

                Otra sugerencia de redacción es la siguiente. En la Ley Orgánica Policial, el artículo 38 establece los derechos del personal policial en retiro. Ahora el personal policial va a tener dos derechos más: el de usar armas y el de reprimir delitos. Se crean, por tanto, dos artículos, que son el artículo 38 BIS y el artículo 38 TER. A efectos de que la ley orgánica quede más armónica, no vemos por qué, en lugar de incluir dos artículos, no se incluyen dos literales al artículo 38. Esta disposición tiene cuatro literales de derechos –A), B), C) Y D)– y si se incluyen estos, podrían pasar a ser literales E) y F).

                Por otro lado, se da a la policía en retiro la posibilidad de reprimir delitos –se refiere a delitos violentos, flagrantes, porque, obviamente, no puede investigar delitos–, de ahí, pues, que le da el uso del arma. Ahora bien, al delito flagrante le pone el calificativo de violento. Quiere decir que si el policía va en un ómnibus al que sube un punguista –que, por definición no es un delito violento–, no podría actuar. Entonces, nuestra propuesta es eliminar el término «violentos» y dejar que pueda reprimir delitos flagrantes, cualquiera sea su naturaleza.

                Tendríamos más cosas para decir, pero esto es lo más importante; lo demás queda en el repartido que hemos entregado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación los aportes realizados.

(Se retiran de sala los representantes del Círculo Policial del Uruguay).

 

(Ingresa a sala la delegación del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, «Doctora Adela Reta»).

                –Damos la bienvenida a la delegación del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, «Doctora Adela Reta», integrada por las doctoras Mariana Malet y Natalia Acosta, y el doctor Ricardo Lackner.

                Tienen ustedes la palabra.

SEÑOR LACKNER.- En nombre del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, «Doctora Adela Reta», les agradecemos la posibilidad que nos brindan de participar en esta instancia.

                Para completar la presentación institucional de Ciepur, permítanme señalar como antecedente la labor que hemos realizado en el marco de un convenio con la Escuela de Gobierno de esta casa, consistente en la recopilación y sistematización de todas las disposiciones penales vigentes, con miras a su incorporación al Código Penal. Naturalmente, hemos tratado de abordar las disposiciones vinculadas a la seguridad pública, a las que el proyecto de ley dedica el primer centenar de disposiciones.

Dado que el tiempo es escaso, necesariamente deben priorizarse los temas a tratar.

Me ha tocado comenzar con la proposición de algunas reflexiones con respecto a los problemas que plantea el procedimiento legislativo que se transita en el tratamiento de normas de carácter penal, es decir, la compatibilidad de algunas de las modificaciones con la Constitución y, finalmente, sobre las modificaciones del régimen de legítima defensa.

                Posteriormente, la doctora Mariana Malet efectuará algunas consideraciones que le merece el proyecto de ley con respecto a las disposiciones sobre adolescentes infractores, sobre los delitos sexuales y sobre la técnica de investigación del agente encubierto, temas que ha estudiado mucho como catedrática de derecho penal y como fiscal especializada en adolescentes.

                Finalmente, la doctora Natalia Acosta, profesora adjunta de derecho penal en la Udelar, anticipará varios conflictos normativos que se plantearían entre las disposiciones proyectadas y las actuales del Código Penal vigente, si la ley entrara en vigencia con la actual redacción.

                Procurando ser lo más concisos posible en lo que concierne al proceso legislativo empleado en estas especialísimas condiciones actuales –la situación de pandemia, el contenido extenso del proyecto de ley, de temática heterogénea, con poco rigor técnico y carente de una exposición de motivos sólida–, nos remitiremos a las consideraciones efectuadas por el profesor Cajarville en una carta pública. En concreto, él señaló que el procedimiento de creación legislativo escogido para darle valor y fuerza de ley a numerosísimas proposiciones sobre las más diversas materias, incluyendo variadas modificaciones de delicados institutos que se encuentran codificados, configura una hipótesis de violación al acceso de poder, por parte del Poder Ejecutivo. Este procedimiento supone plazos muy breves para que los órganos legislativos se expidan, jugando como una suerte de conminación la interpretación de su silencio como aprobación ficta. El sentido de la garantía que se erige a través del principio de legalidad que reclama especialmente la legislación jurídico penal, no se encuentra solo en la apariencia del respeto a la formalidad sino a las condiciones en las que se formó la voluntad legislativa. Como enseña el profesor Baratta, «La ley penal es una respuesta solemne a conflictos y problemas sociales graves individualizados como generales y constantes en el tiempo». Agrega que esta respuesta implica un debate exhaustivo en el plenario de la asamblea legislativa, preparado a través de prolongados trabajos de las comisiones y ministerios competentes, y de una profunda discusión en los distintos niveles de los partidos políticos con la máxima participación popular. Por nuestra parte, entendemos que eso resulta imposible en un procedimiento de urgencia en medio de una pandemia.

                En cuanto a la ampliación de las facultades policiales y la creación de nuevas figuras cuya ratio sería la tutela del honor y eficacias funcionales, se genera un ámbito de discrecionalidad que pone en peligro las libertades públicas.

                Una interpretación orientada a las consecuencias —esto es, realizando un ensayo mental de su aplicación en el ámbito socio-cultural en el que va a tener vigencia—  revela los peligros que conlleva, si se toma en cuenta el fenómeno de la corrupción en el ámbito policial y los desbordes de actuación por defecto de capacitación. Esta realidad la padece muy bien la Dirección Nacional de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, que es la encargada de investigar todos estos asuntos en la actualidad.

                Por otra parte, queremos referirnos al alcance que se asigna a la competencia del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria en este proyecto de ley. En la exposición de motivos se señala que es un órgano que existe en otros países, aunque no se indica en cuáles ni se mencionan sus alcances, su vinculación constitucional ni sus competencias específicas. Estará presidido por un representante del Ministerio del Interior, que debe emitir recomendaciones en forma previa –no vinculantes, eso sí–, en todo proyecto de ley que incida en la política criminal y en el funcionamiento del sistema penitenciario o del sistema penal juvenil. Estimamos que resulta inconstitucional por cuanto el Poder Legislativo no puede estar sometido a condicionamiento alguno en lo que hace relación a la función legislativa.

                Además, la formulación de recomendaciones sobre la estructura de la justicia penal, con el objeto de dotarla de mayor eficiencia en la lucha contra el delito, también atenta contra la independencia del Poder Judicial.

                Finalmente, en cuanto a la posibilidad de dictar recomendaciones por un órgano no legislativo en materia de política criminal, viene bien recordar la frase de Franz Von Liszt: «El derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal». Es decir, las cuestiones de política criminal deben estar resueltas en la ley como garantía de las libertades ciudadanas.

                Por último, haré una breve mención sobre la legítima defensa. Su modificación, en el sentido propuesto, es absurda en lo que concierne a la especificidad que pretende establecer con respecto a la tutela de la propiedad. En el proyecto de ley se confunde agresión con acometimiento. De ahí que la resolución pretenda no tener en cuenta, a la hora de considerar la racionalidad de la necesidad, la existencia o no de ese acometimiento cuando, en realidad, es un problema mucho más profundo.  En la forma en que está redactado, resulta absolutamente absurdo y se pierde, decimos que se desnaturaliza, porque el sistema de presunciones del hogar –que tenía su razón de ser históricamente, pues es un instituto que tiene más de dos mil años– en horas nocturnas, el ámbito de reserva de la intimidad familiar, el momento del descanso, de menores posibilidades de defensa, aseguraba este principio. Esa circunstancia no es trasladable, psicológica ni socialmente, a otros ámbitos, menos en estos tiempos en lo que hay iluminación artificial. Me refiero a la legítima defensa presunta en horas nocturnas.

Por otra parte, en lo que concierne a la legítima defensa presunta para la actuación policial, se trata de un aspecto que ya se ha discutido, no solo en el derecho comparado sino también en otras instancias en nuestro país y se han descartado estas soluciones por inconvenientes, con base en las razones antes mencionadas.

                Le cedo la palabra a la doctora Mariana Malet.

                Muchas gracias.

SEÑORA MALET.- Agradezco poder hacer –aunque sea brevemente– una exposición de las preocupaciones que tenemos en relación con este proyecto de ley.

Aunque no es mi estilo, voy a leer por considerar que de esta forma podremos abarcar mayor cantidad de aspectos.

                Hablemos del punitivismo. El tradicional punitivismo aspira a que con más figuras penales y con más penas haya mayor seguridad. Y, paradojalmente, la mayor punitividad, dentro de los castigos formales, se dio con intensidad al volver la democracia, particularmente desde los años noventa hacia adelante.  Por lo tanto, tenemos suficiente historia  de punitivismo, que corre junto a la referencia constante a la mayor inseguridad, lo que tendría que hacernos entender que el camino para conseguir seguridad debería ir por otro rumbo. Sin embargo, se insiste en crear más figuras, más penas, como  sucede en buena parte de América Latina, aunque en otros países no se llega al grado de privación de libertad que se alcanzó en el nuestro, tal como lo hicieron notar varias de las personas que visitaron esta comisión. Tal evidencia no evita que se siga hablando de la lenidad  del sistema penal uruguayo y de que debería mejorar y aumentar la represión. 

                Similar evidencia existe en el derecho penal relativo a los adolescentes, en el que me voy a detener. Aun en el momento de las infracciones más sonadas cometidas por ellos, la cantidad de esos delitos era muy reducida con relación con la de los adultos. Sin embargo, las encuestas rebelaban que la población entendía que los delitos se ejecutaban mayormente por sujetos menores de 18 años. Los medios  de comunicación seguramente influyeron en esa  percepción. No obstante, las fiscalías para atender los asuntos penales  de adolescentes siguieron siendo tres en Montevideo y los operadores no pidieron que se aumentaran los recursos humanos en esa área, mientras las fiscalías con jurisdicción en mayores de edad se incrementaron y pasaron a penal algunas que correspondían a otras materias. Incluso  hoy vemos en la LUC que la Fiscalía de Aduana –que aún queda– también pasa a penal. En materia de  adolescentes, seguimos con tres fiscales y cuatro jueces. El número de adolescentes privados de libertad disminuyó. Los medios se han olvidado un poco de ellos, pero esto no impide que se vuelva a arremeter contra los infractores, lo que se hace desde el año 2011, si bien hoy se formula casi sin maquillaje, por lo que las llamadas medidas socioeducativas  se han vuelto  sustancialmente más de seguridad y menos de educación. 

                Han concurrido a la comisión varios expertos en el tema de los adolescentes infractores, por lo que mi aporte, más allá de lo académico, es el de querer acompañar como persona que por quince años fue fiscal de adolescentes, competencia que en el ámbito de lo punitivo siempre se consideró como de carácter menor. Se olvida que es la materia que presenta el aliciente –más que en el ámbito de la otra justicia– de la esperanza en una mayor chance de reinserción; sin embargo, estas propuestas que apuntan a la duplicación del mal que constituye la privación de libertad –llamémosla medida cautelar o educativa– no van a servir para ello. Ni siquiera podemos referirnos, en cuanto al fundamento, a que estemos ante casos de retribución donde por lo menos existe el límite de la proporcionalidad.  

                En el elenco de las privaciones de libertad de un mínimo de dos años quedan bajo el rótulo de rapiña, conductas ontológicamente de muy diferente gravedad. Existen, efectivamente, rapiñas que lindan con el hurto y hasta cabría preguntarse si desde la perspectiva de la infracción adolescente no deberían descartarse como rapiñas, ya que a menudo se castigan como tales los apoderamientos con insultos y también amenazas, de efectos de los que no se espera obtener ningún provecho, sino que se vuelven trofeos de victorias juveniles. Por otra parte, con relación a los mayores de edad su situación podrá ser más gravosa como ya se indicó en la comisión. Incluso el homicidio, cuando puede no estar  justificado por no cumplirse todos los requisitos del artículo 26 y estamos ante una legítima defensa incompleta, no amerita seriamente que el adolescente esté privado de libertad por dos años, generalmente por la falta de racionalidad del medio empleado ante la agresión ilegítima. 

                Refuerza la idea de que el sistema de adultos es la continuidad de un sistema para adolescentes –con el que tiene muy pocas diferencias–, el que para ciertos delitos repercuta aún en la jurisdicción de los mayores de edad el antecedente, con el agravante que resulta imperativo para el juez. Estamos hablando del artículo 77. La prescripción es un instituto muy trabajado, sobre todo en  doctrina y en derecho penal en general, y solo  se pensó en extender los años para la prescripción de los delitos –artículo 78–, sin considerar  variables como que exista o no formalización o la condena. 

                Vamos a  hacer algunas consideraciones sobre la violación.  Llama la atención que a poco más de dos años de la reforma de los delitos sexuales otra vez se reformulan conductas ya atendidas por la ley integral de violencia hacia la mujer. 

                Resultó una técnica aberrante la de basarse en que lo que abunda no daña –como se dijo en algún momento– para dejar vigentes figuras que se habían querido eliminar, como la violación y el atentado violento al pudor. Hoy, aun bajo la persistente técnica de la presunción –esperemos que no quede como absoluta–, se genera la prohibición de relaciones sexuales entre adolescentes a contrapelo, nos guste o no, de la realidad cotidiana.

Si alguien dijo que el indicador de la diferencia de edad que hoy existe es criticable como parámetro que sirva para orientar al juzgador, en alguna medida, para entender configurada la violación, el análisis de distintas fundamentaciones debe llevarnos a decidir si es mejor la nueva solución pero sin el sentimiento de apremio –ya estoy terminando– que genera una ley que, en este tema de la tipificación de los abusos sexuales, vuelve muy negativo sentirnos urgidos.

                Finalmente, quiero mencionar un asunto relativo a la policía proactiva. Como ya dijo una criminóloga de fuste de nuestra América, tenemos en el agente encubierto un ejemplo del peligro concretado de que algunas excepciones previstas como tales en forma restringida, luego se generalicen a situaciones no pensadas al crearlas. El agente encubierto fue pensado exclusivamente para la criminalidad organizada y ahora vemos que cabe dentro de la competencia de las sedes penales ordinarias.

                Gracias.

SEÑORA ACOSTA.- Buenos días. En los minutos que quedan me gustaría mencionar algunos problemas que identificamos cuando empezamos a examinar el  proyecto de ley, sobre todo de  tipos penales que se solapan, que tienen penas asimétricas y que van a generar muchos problemas con concursos aparentes de leyes penales, además de reiterar castigos para conductas que ya están castigadas.

                Por ejemplo, en los casos de los artículos 6.º, 7.º y 8.º se incrementan las  penas mínimas de los delitos de violación, abuso sexual y abuso sexual agravado, de forma, además, asimétrica que, lejos de solucionar el problema de la saturación –esto lo mencionó la doctora Malet– de la  Ley n.º 19580, ratifica la coexistencia de varios tipos penales con penas distintas que se solapan sin solución, lo que va a dar lugar a la especulación al momento de sancionar el delito.

                En segundo lugar, los artículos 4.º y 11 crean, con el mismo número de artículo en el Código Penal –hablo del artículo 173 BIS–, dos tipos penales diferentes, el de resistencia arresto y el de agravio a la autoridad policial, ambos en sede de delitos contra la administración pública. Estas conductas ya se encuentran actualmente contempladas por los delitos de atentado, desacato e, incluso, en el caso de un tercero que impide la detención de otra persona, en una resistencia al arresto, por el delito de encubrimiento.

Otro ejemplo es el caso del artículo 9.º, que crea, en un artículo independiente, dos agravantes especiales para el delito de receptación que ya tenía tres agravantes especiales. Concretamente, crea un agravante para cuando el objeto de la receptación sean implementos policiales y otra para el caso de armas de las fuerzas policiales. Estas agravantes ya están previstas en el inciso segundo del artículo 350 bis del Código Penal, referido al delito de la receptación, que contempla las agravantes. Además, esto entra en conflicto con otro tipo penal, que es el tráfico interno de armas de fuego previsto en la Ley n.º 19247.

 Hay otros ejemplos, como en el caso del daño. Se crea un nuevo tipo de daños sobre bienes muebles e inmuebles del Ministerio del Interior. Actualmente tenemos tres tipos de daño: el daño simple, el daño en ocasión de espectáculos públicos o competencias deportivas y el daño agravado. En el caso del daño agravado debo decir que ya está contemplada esta figura en el numeral 3 del artículo 359, con una pena aún mayor que la prevista en el delito proyectado.

Hay repeticiones. El artículo 15 repite el artículo 73 del proyecto de ley, así como el artículo 17, que crea el delito de protección a trabajadores de educación y de la salud pública y privada, castiga conductas que ya están castigadas actualmente. Pueden estar contempladas en los delitos de violencia privada o, eventualmente, de lesiones, y en los casos de perturbación u obstrucción del ejercicio de la función pública en el caso de maestros o trabajadores de la salud privada, por el delito de atentado.

También en el caso del artículo 108, por el que se crea el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, se establecen penas de inhabilitación para el ejercicio de determinadas actividades que ya estaban contempladas en el artículo 79 de la Ley n.º 19580 como medidas cautelares y, a la vez, como  penas, con el problema de que no solo no se armonizan estas disposiciones sino que, además, en el caso de la mencionada ley, establece mínimos y no establece máximos.

Ya que mencionamos ese artículo quiero decir otra cosa que nos preocupa y mucho: que se autoriza el acceso a la información de ese registro a cualquier persona.

                Esto es algo muy serio; es información sensible y, en general, los registros que contienen información sensible requieren que las leyes, no la reglamentación, sean las que establezcan quiénes pueden acceder al registro y para qué van a utilizar esa información. Repito: no la reglamentación.

                Estos son algunos ejemplos, enunciados al pasar, que dan cuenta de las perplejidades que genera la modificación aluvional de las normas penales sin la deliberación necesaria y sin un estudio detenido previo. El derecho penal tiene que operar como límite al poder punitivo del Estado, ofreciendo a los ciudadanos seguridad jurídica, y debe operar como el símbolo de seguridad que nos acuerda nuestra Constitución. No logra su objetivo en estos casos, por ejemplo, cuando consiste en una mera representación o apariencia que sugiere una eficiencia estatal dirigida a una resolución de conflictos que no se corresponde con la realidad.

                Entendemos que estas propuestas inciden sobre algunos problemas que están en la agenda pública, pero la forma en que se trata de solucionar no nos parece la más adecuada porque la estrategia punitivista ya parece no haber dado demasiados resultados. En todo caso, nos parece que lo que hace este conjunto de disposiciones es desviar momentáneamente la atención de los ciudadanos a través de la creación de una ilusión óptica de solución de un conflicto que, en realidad, desmerece al derecho penal porque lo rebaja a una herramienta de artificio.

                Insistimos en la preocupación sobre la escasa deliberación que la forma del proyecto presentado permite. Los principios constitucionales del Estado democrático y social de derecho, como es el nuestro desde el año 1934, imponen dar respuestas punitivas sin descuidar la tutela de los derechos. Nuestra Constitución no consagra el derecho a la seguridad, sino la seguridad de los derechos de todos.

                Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a ustedes.

Quiero dejarles una constancia. Ustedes entregaron un documento; el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho también nos hizo un aporte muy valioso, en el cual se analizan los artículos que refieren a la legítima defensa, entre otros.

Lamentablemente, los tiempos son cortos. Les agradecemos mucho sus aportes.

(Se retira de sala la delegación de Ciepur).

(Se inicia la videoconferencia vía Zoom con integrantes del National Institute for Health and Care Excellence, Reino Unido)

 

                – Buenos días.

                En primer lugar, le estaríamos dando la bienvenida al embajador del Reino Unido en Uruguay, Ian Duddy. Para nosotros es un honor recibir su presencia vía plataforma digital Zoom en la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración.

Él va a hacer una presentación de la señora Pilar Pinilla Domínguez, quien va a hacer una exposición acerca de un asunto de interés.

                Tiene la palabra el señor embajador.

SEÑOR DUDDY.- Buen día para todos.

Muchísimas gracias por invitarme.

Agradecemos mucho la invitación a esta audiencia. Siempre es un placer acercar la experiencia del Reino Unido al Uruguay, en este caso con su agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, cuyo nombre en inglés es NICE. La señora Pilar Pinilla Domínguez es la asesora científica de NICE y va a explicarnos acerca de las características del instituto y cómo funciona en el Reino Unido, en el caso de que sea útil como referencia.

Me gustaría aclarar que ahora no podemos hacer sugerencias específicas para el caso uruguayo, pero nos gustaría compartir la experiencia británica. Es en ese espíritu que hoy estamos aquí. Como estas audiencias son breves, solo quería enfatizar que quedamos a toda disposición para compartir más información y lecciones aprendidas, y acompañar a Uruguay en su proceso de modernización institucional en el ámbito sanitario.

Ahora me gustaría pasarle la palabra a la señora Pilar Pinilla Domínguez.

SEÑORA PINILLA DOMÍNGUEZ.- Muchísimas gracias al señor embajador y a los señores senadores por la oportunidad de poder estar hoy aquí conectados de manera virtual desde el Reino Unido a Uruguay y poder participar en esta audiencia, tratando el proyecto de ley de urgente consideración; dentro de él uno de los temas fundamentales a tratar es la creación de una agencia de evaluación de tecnología sanitaria.

                Por eso me gustaría compartir lo que es la experiencia de NICE como agencia de evaluación de tecnología sanitaria en Inglaterra en caso de que fuera de referencia.

 Como bien indicó el embajador quedamos a disposición para apoyar, en el futuro, en lo que se considere apropiado.

Voy a hacer una breve introducción sobre lo que es NICE como agencia de evaluación de tecnología sanitaria y su rol en el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra.

NICE surgió hace veintiún años como National Institute for Health an Care Excellence y provee guías y recomendaciones a nivel nacional para mejorar la salud y el cuidado social de la población en Reino Unido.

Como les decía nació en 1999 como autoridad especial en sanidad con el objetivo de reducir la variación, disponibilidad y calidad de los servicios de tratamiento dentro del Servicio Nacional de Salud. Actualmente NICE  –National Institute for Health an Care Excellence– es un cuerpo público no departamental. Su sponsor es el Departamento de Sanidad y Cuidado Social, pero es operativamente independiente del Gobierno. No solo es independiente del Gobierno, sino que nuestras guías y recomendaciones son realizadas por comités independientes al propio NICE.

Dentro del sistema nacional de salud el ecosistema de Inglaterra NICE reporta directamente al secretario de Estado.

 Un aspecto importante que me gustaría resaltar es que NICE no es una agencia reguladora. Una agencia reguladora tiene como objetivo dar autorización de comercialización a un nuevo tratamiento de tecnología, basado en datos, eficacia y seguridad.  Por lo tanto, el objetivo es estimar su ratio de beneficio-riesgo, mientras que nosotros como Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria tenemos un rol diferente. Tenemos que evaluar cuál es la efectividad clínica y el costo efectividad de ese tratamiento que ha recibido autorización de comercialización, para así decir si el tratamiento debe ser o no recomendado para su uso dentro del Sistema Nacional Salud.

En Inglaterra existe otra agencia reguladora llamada Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, que también es independiente y con la que establecemos vínculos de comunicación y colaboración –bastante cerrados–, pero una es independiente de la otra.

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El portfolio de NICE no solamente actúa como evaluación de tecnologías sanitarias –tenemos un porfolio muy grande– sino que también realiza guías de práctica y clínica de salud pública de cuidado social, que se trasladan en estándares de calidad, que a su vez desembocan en indicadores también utilizados por reguladoras.

En cuanto al programa de evaluación de tecnologías sanitarias me gustaría centrarme en technology appraisal, que realiza evaluación de tecnología sanitaria para distintos tipos de tecnología como medicamentos, dispositivos y diagnóstico, o salud digital, pero sobre todo miramos los medicamentos dentro de este programa.

Pero todo el portfolio, todas las guías que les comentaba se basan en los mismos principios fundamentales para el trabajo y su desarrollo con rigor científico, de manera que nos basamos en toda la evidencia disponible para realizar nuestras recomendaciones.

                En cuanto a inclusión, incluimos no solamente el trabajo diario en el sentido de cómo realizamos nuestras recomendaciones a distintos agentes o stakeholders, sino que también nuestros métodos y procesos son consultados con distintos grupos, como grupos de pacientes, el propio sistema nacional de salud –el NHS– o la industria farmacéutica. Todos tienen un rol dentro de la evaluación de tecnología sanitaria.

Voy a referirme ahora a la transparencia. Todas nuestras guías y métodos están disponibles de manera transparente para que cualquier persona o agente los pueda consultar. Además, nuestro comité, en el proceso en el que se toman las decisiones, es abierto de forma pública, de manera que cualquier persona puede registrarse para observar un comité y cómo se llevan a cabo las recomendaciones. A su vez, publicamos toda la evidencia y todas las justificaciones de cómo se llegó a una recomendación, de manera que cualquier persona puede entender cómo una recomendación se tomó en base a la evidencia disponible.

                Otra de nuestras características es la independencia. Les decía que somos independientes del gobierno de manera operativa y funcional, pero también somos independientes en el sentido de que nuestras guías y recomendaciones son tomadas por comités independientes, que les comentaré a continuación. Además, nuestras guías son apelables, de manera que cualquier agente o stakeholder puede apelar nuestras recomendaciones, por ejemplo si en base a la evidencia disponible no están justificadas.

Con respecto al tema de la revisión, entendemos que la evidencia madura a lo largo del tiempo y va cambiando, y tenemos que mirar si es necesario realizar una revisión de una recomendación anteriormente tomada.

En cuanto al apoyo a la implementación, facilitamos la implementación de nuestras recomendaciones porque entendemos que para el Sistema Nacional de Salud es bastante difícil poder implementar las recomendaciones que realizamos en nuestros distintos programas.

Por último, está la puntualidad, porque es importante que si un tratamiento es efectivo de manera clínica y costo-efectivo, los pacientes tengan acceso a él dentro del Sistema Nacional de Salud tan pronto tenga autorización de comercialización en el país.

El board o el consejo de administración del NICE está formado por al menos seis directores no ejecutivos que son externos a NICE, nombrados por el secretario de estado. Están encargados de establecer la estrategia de prioridades y políticas de nuestra institución y pueden tener un background variado en el sector sanitario y también tener cargos en empresas de ciencias. No obstante, están sujetos a estricta declaración de conflicto de interés en base a la política transparente establecida para aliviar potenciales conflictos de interés. El consejo también está formado por al menos tres pero no más de cinco directores ejecutivos, que son miembros del equipo directivo de NICE y están encargados de las decisiones y funcionamiento del día a día de la institución. También están sujetos a la misma política de declaración de conflicto de interés.

¿Por qué es importante tener una estricta y robusta declaración y tratamiento de conflicto de interés? NICE ha logrado mantener altos niveles y estándares en el modo en el que realiza y gestiona su trabajo. Estos estándares incluyen imparcialidad, objetividad, integridad y salvaguardar de manera efectiva los fondos públicos. Por lo tanto, gestionar de manera apropiada los conflictos de interés es una parte fundamental del proceso.

En cuanto al modo de financiación del instituto, somos un arm’s length body que recibe la mayor parte de la financiación del Departamento de Sanidad y Cuidado Social. También obtenemos financiación de otros grupos, como NHS England, Health Education England y otros arm’s-length bodies.

Y también me gustaría destacar que desde el año pasado empezamos a recuperar el costo de realizar una evaluación en nuestros programas de technology appraisal y de highly especialiased technology. De manera que, al realizar una evaluación, se carga una cantidad al laboratorio o al manufacturer de la tecnología a evaluar.

En cuanto a la plantilla del NICE, somos más de 600 empleados para todo el portfolio que tenemos, entre Manchester y Londres, pero lo que hace realmente posible el trabajo que realizamos es contar con un alto nivel y un gran número de expertos que no forman parte de la plantilla de NICE. Contamos con más de 2000 expertos alrededor del Reino Unido que colaboran con nuestras labores. Son clínicos, economistas de la salud o representantes de la sociedad civil.

En cuanto a la valoración de tecnologías sanitarias, tenemos distintos programas, dependiendo de la proposición de valor. Por el nombre podrían confundirse, no tanto por el tipo de tecnología en sí –aunque suelen cuadrar–, sino sobre todo por la proposición de la tecnología a evaluar. De manera que, por ejemplo, en el technology appraisal programme, evaluaremos tratamientos que se espera que tengan mejores resultados clínicos, pero también tienen un coste más alto. Por lo tanto, en el método por el que lo evaluaremos realizaremos un análisis de costo-utilidad.

¿Y qué es un technology appraisal? En el fondo no es nada más que una previsión de la evidencia clínica y económica de un nuevo tratamiento, para así apoyar las recomendaciones de su uso para el NHS en Inglaterra. Una de las características fundamentales de este programa es que el NHS está legalmente obligado a financiar y proveer una tecnología que NICE ha recomendado dentro del technology appraisal programme, normalmente en un plazo de aproximadamente tres meses. Es decir, nuestras recomendaciones en el technology appraisal programme son legalmente vinculantes.

Y, como les decía, podemos evaluar distintos tipos de tecnologías dentro del technology appraisal programme, aunque actualmente la mayoría de tecnologías que evaluamos dentro del mismo, por su proposición de valor, son medicamentos.

Los grupos involucrados dentro de un technology appraisal son variados. Tenemos distintos agentes o stakeholders con interés en una evaluación en particular, como pueden ser el laboratorio o el manufacturer que manufactura la tecnología que vamos a evaluar, sus comparadores, grupos de profesionales clínicos u organizaciones de pacientes. Estos son los stakeholders o los agentes de interés para esa evaluación en concreto. Y ellos están encargados de enviar evidencia para la evaluación.

Luego tenemos ese comité asesor independiente que les comentaba, el appraisal committee, que está formado por un grupo que a continuación mencionaré.

El público puede registrarse para observar nuestros comités de manera presencial, ahora mismo de manera virtual. Y, además, como todas nuestras recomendaciones y nuestras evidencias se publican en nuestra página web, el público puede comentar en ellas.

Un aspecto que me gustaría mencionar también es que aunque todas nuestras recomendaciones y todos los documentos en los que nos basamos se publican, sí que permitimos que datos confidenciales sean enviados a nosotros. En ese caso los bloquearemos, de manera que no sean visualizados por todo el mundo. Solo aceptamos datos confidenciales de manera comercial o de manera académica, cuando, por ejemplo, se está a punto de publicar un artículo sobre ese tema.

También los grupos académicos o universidades tienen un rol muy importante, ya que realizan la crítica de la evidencia que se envía para ese appraisal o esa evaluación. Y luego tenemos el equipo del NICE, nuestro equipo, que lo que realiza, realmente, es la tarea de secretaría para asegurar que nuestros métodos y procesos se siguen de manera robusta y que cada actor cumple con su objetivo y con su labor, de  manera que al final nosotros podamos publicar las recomendaciones a las que el comité ha llegado.

¿Y quién conforma ese comité asesor independiente? En el technology appraisal programme tenemos dos comités en Manchester y dos en Londres. Está formado cada uno por 24 miembros de distintos backgrounds, como pueden ser estadísticos, médicos de atención primaria o de familia, miembros de la sociedad civil, médicos especialistas, enfermeros, farmacéuticos clínicos, economistas de la salud, miembros de la industria y propios managers del NHS o commissioners. Es un comité estático por un número de años, y quienes deseen integrarlo tienen que aplicar a NICE, que hará las designaciones.

¿Son las recomendaciones de NICE vinculantes? Sí, en el caso de aquellas que realizamos dentro del technology appraisal y el highly specialised technology programme. El highly specialised technology programme se basa en enfermedades ultrarraras o enfermedades muy raras. Pero no son vinculantes en el caso de cualquier otra de las recomendaciones que realizamos en cualquier otro de nuestros programas, como, por ejemplo, las guías de práctica clínica, que no tienen intención de reemplazar en ningún momento el criterio clínico.

De manera que las recomendaciones de nuestro technology appraisal programme y nuestro highly specialised technology programme son vinculantes, y esto está recogido en la ley, en la constitución del servicio nacional de salud de 2012, que establece que cualquier persona tiene el derecho de acceder a un tratamiento que ha sido recomendado por el NICE para su uso en el Servicio Nacional de Salud, si su doctor y esa persona consideran que es el tratamiento adecuado para ella.

Para finalizar me gustaría compartir con ustedes un ejemplo de un caso de nuestros primeros technology appraisal, que tuvo un gran impacto mediático; fue muy controvertido tanto en la prensa como en la sociedad, políticamente y también en la industria farmacéutica. Concretamente, basado en la evaluación de uno de nuestros primeros technology appraisal, NICE decidió no recomendar un medicamento para un tratamiento porque no lo consideró costo-efectivo en base a la evidencia disponible. La compañía farmacéutica, indignada, acudió directamente a los ministros, al Parlamento y al propio primer ministro para quejarse de la decisión que NICE había tomado. En ese momento, el primer ministro y los ministros decidieron respetar nuestra decisión e independencia y la apoyaron, de manera que no se involucraron directamente. Ese punto fue clave en la historia de nuestra institución y ha marcado nuestra independencia del gobierno a lo largo de nuestros 21 años de vida.

Sin más, les agradecemos por su atención y quedamos disponibles para responder cualquier pregunta, tanto ahora como en el futuro.

Muchísimas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias a la señora Pilar Pinilla Domínguez por su exposición. Le agradecemos que nos haga llegar el documento por escrito, porque realmente es muy valiosa su opinión para el trabajo de esta comisión.

Asimismo, agradecemos a la embajada por la oportunidad de diálogo que nos ha brindado.

SEÑORA PINILLA.- Muchas gracias a ustedes.

 

(Culmina la videoconferencia del

 National Institute for Health and Care Excellence, del Reino Unido).

 

(Ocupa la presidencia el señor senador Gandini)

 

(Ingresan a sala representantes de la

Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- La subcomisión de audiencias de la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración tiene el agrado de recibir a una delegación de la Organización Mundial para la Educación Preescolar.

                La delegación que nos visita está integrada por las señoras Joanna Pennino, Elizabeth Ivaldi y Shirley Ameigenda.

SEÑORA PENNINO.- Buenos días.

                Antes que nada quiero señalarles que integro la Organización Mundial para la Educación Preescolar desde hace unos años. Precisamente, la OMEP es una organización internacional no gubernamental, sin fines de lucro, que fue fundada en Praga en el año 1948 y que posee filiales en más de 70 países del mundo.

                Posee estatus consultivo con las Naciones Unidas y Unesco, y coopera con distintas organizaciones como Unicef, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OEA, el BID, entre otras organizaciones.

                La OMEP defiende y promueve el derecho de niñas y niños a la educación y cuidados con accesibilidad y calidad, y adhiere a los enunciados de la Convención sobre los Derechos del Niño como derechos interdependientes entre sí y el derecho a la educación como habilitante para el cumplimiento de los demás derechos.

                Nuestra organización en Uruguay, nuestro comité uruguayo, fue fundado en el año 1957 y desde allí lo integran diversas personas tales como educadores, técnicos y profesionales del sector público y privado y ciudadanos en general, con el objetivo de lograr una mejor educación y atención en la primera infancia, entendida como una etapa que abarca de cero a ocho años, según la Observación General n.º 7 del comité de seguimiento de la convención de los derechos del niño.

                Vamos a hacer ahora algunas consideraciones generales.

                En primer lugar, observamos que en la sección III del proyecto de ley de urgente consideración, que trata sobre la educación, hay una serie de modificaciones en relación básicamente a la Ley General de Educación vigente, la Ley n.º 18437, del año 2008. Pero vamos a abordar específicamente el tema de la atención y la educación en primera infancia.

                La Ley General de Educación tuvo y tiene como fortaleza un conjunto de avances en esta temática, que se han venido dando con una gradualidad creciente, en la etapa que va desde el nacimiento hasta los seis años. Uno de estos avances, una de estas fortalezas, fue la creación del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia, con una integración interinstitucional e intersectorial que posibilitó estos avances. Este consejo coordinador está integrado por el CEIP –Consejo de Educación Inicial y Primaria–, el INAU, el MEC y otros actores invitados que tienen vinculación en la materia.

                También se creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con el objetivo de universalizar los cuidados a las personas en situación de dependencia, dentro de las que se incluyen a los niños y niñas de hasta 12 años. En su plan del 2016 al 2020 pone énfasis en la atención y en la educación en primera infancia, a través de distintos dispositivos vinculados al INAU, como el Plan CAIF, la ANEP y el SIP, con el tema de la universalización del nivel de tres años, así como el MEC, con las becas de inclusión socio-educativas.

                Lo que observamos en el proyecto de ley de urgente consideración es que no se ven estos avances reflejados, tanto en las concepciones que a nivel mundial se vienen dando en relación a la primera infancia y el cumplimiento de sus derechos, como con otros aportes que también ha realizado la academia, tanto nacional, regional como internacional, en materia de las infancias.

                Creemos que esto implica un retroceso en una política que consideramos que es una política de Estado. En la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se establece que las políticas de Estado son políticas que deben trascender los períodos de gobierno.

                Por tanto, solicitamos que se quiten del proyecto de ley los artículos vinculados al tema de primera infancia, para darles un mayor tiempo de discusión, debate e intercambio; para poder incorporar estos avances, y para que tengan proyección a futuro.

                En esto que hablaba de las infancias, el Instituto Nacional de Estadística establece que somos el país con menor brecha socio-económica de acceso a la educación inicial en nivel cinco años y con avances significativos en este sentido en las edades menores, y con el menor índice de pobreza multidimensional. En función de las características demográficas de nuestro país, no podemos decir que exista una infantilización de la pobreza, en tanto y cuanto la misma se constata desde el nacimiento hasta los catorce años. Estas infancias las pensamos como las individualidades de cada niño, sus singularidades, sus tránsitos y sus escenarios de existencia, pero también a través de la multiplicidad de configuraciones, mediante las desigualdades evidentes que existen y que se agudizaron en esta crisis sanitaria y socioeconómica que estamos atravesando. 

Nosotros, como personas vinculadas al ámbito de la primera infancia y, básicamente también, a la educación, tenemos el encargo social diseñar y proyectar trayectos particulares y recorridos para que todos puedan dar cumplimiento a sus derechos. Es un deber de la ciudadanía visibilizar estas infancias en su multiplicidad y un deber del Estado dar cumplimiento a esos derechos. Con relación a este tema, vemos a la educación como un derecho, pero también como un factor protector del desarrollo de estas infancias. En base a eso se debe pensar en los avances –sobre los que ya veníamos hablando– en materia de índices de cobertura, en la obligatoriedad en niveles de cuatro y cinco años, en la creciente universalización de tres años –en torno a ello existen procesos de construcción de distintos edificios para estas edades– y en las políticas impulsadas con criterio de focalización para las edades comprendidas desde el nacimiento hasta los treinta y seis meses, todo lo cual destaca a Uruguay en el contexto latinoamericano.

Estos avances tienen una concepción de la etapa basada en la continuidad de cero a seis años, con dos ciclos que se complementan. Asimismo, se basa en la concepción de la AEPI –la educación y atención de la primera infancia–, considerando la atención y la educación como dos dimensiones inseparables entre sí y que apuestan a criterios de calidad y accesibilidad a esta atención en entornos protectores y seguros. Estas concepciones son recogidas en el marco curricular para la atención y educación de niños y niñas uruguayos, desde el nacimiento a los seis años, publicados por el Consejo Coordinador en la Educación de Primera Infancia –CCEPI– y Uruguay Crece Contigo.

En base a estas concepciones de la atención y educación en primera infancia vemos algunos riesgos que presenta el proyecto de ley, y uno de ellos tiene que ver con la diferenciación entre lo que es educación formal y no formal. No se refleja el proceso de universalización que se viene generando desde hace años. Diría que esta diferenciación en cuanto a la fragmentación de lo formal y no formal atenta contra la idea de continuidad de la etapa. 

Otra de las cosas que nos preocupa bastante tiene que ver con la reglamentación, la autorización y control de los centros de educación infantil privados. Esto está consagrado en el artículo 182 del proyecto de ley que modifica el artículo 104 y que tiene que ver con algunas flexibilizaciones con relación a la calidad y a la atención de la primera infancia.

SEÑORA IVALDI.- Siguiendo con lo que venía expresando la señora Pennino, consideramos que la educación y atención de la primera infancia, entendida como la etapa que comprende desde el nacimiento a los seis años, tiene que ser una política pública           –como la que se dio en la década del ochenta, producto del esfuerzo de diversos gobiernos– y una política que se autodefine como de Estado, que se ha venido dando con intervención de la ANEP y el CEIP, del INAU-CAIF y de los centros de educación infantil privados. Esto ha determinado que haya una cobertura que, en principio, en los años ochenta tenía una incidencia muy alta de la educación privada y con lo que se llamaban las guarderías, creadas por la Ley n. º 16802 en el año 1996. Nosotros no compartimos ese término y está superado, pero consideramos que permitió empezar un proceso de regulación de una cantidad de centros, dado que preocupaba muchísimo qué era lo que pasaba en el interior.  Desde ese entonces llegamos a la situación actual, en la que todos reconocemos que ha habido avances significativos en este sentido.

Por lo tanto, nos preocupan algunos artículos del proyecto de ley de urgente consideración que apuntan a fortalecer el rol de la educación privada sobre la educación pública. Nosotros pensamos que en ese punto se corre el riesgo de perder esos avances que ha tenido la educación pública. Queremos resaltar que la atención y la educación en la primera infancia deben ser una política pública estatal. Vemos que en muchas comisiones y representaciones que plantea la iniciativa no se tiene en cuenta que hay una educación privada con una matrícula del 15 % y una pública con un 85 %; sin embargo, las representaciones no tienen en cuenta esa situación. Se proponen cambios al Sistema de Nacional de Educación Pública, que ya no sería pública.

                También queremos agregar algo sobre el tema del presupuesto para la atención y la educación de la primera infancia. Sabemos que esta no es una ley de presupuesto y que ese tipo de política es una de las más caras aunque no tiene que verse como un gasto sino como una inversión. Mencionamos la observación general n.º 19 del Comité de los Derechos del Niño, que refiere a la elaboración de los presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño. Ese comité alerta a los Estados para que prioricen el presupuesto para la infancia. Queremos resaltar que en este ámbito, entre 2018 y 2019, se discutió el tema del presupuesto para la infancia a partir de la presentación del proyecto de ley de garantías para el desarrollo, la educación, la atención y la protección integral de la primera infancia. Creemos que eso no se debe perder y que hay que tenerlo en cuenta. Nos preocupa la escasa especificidad y visibilidad del presupuesto nacional destinado a la infancia, que se pierde en diferentes organismos.

                Por consiguiente queremos plantear nuestra oposición a la aplicación de una política de privatización que puede llegar a afectar la atención y la educación de la primera infancia. Si esto sucediera se incumplirían los derechos de niños y niñas con relación a lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y sería un franco retroceso en las políticas públicas ya implementadas o en vías de implementarse. 

SEÑORA AMEIGENDA.- En el marco de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño el Estado tiene la obligación de generar los cupos que niños y niñas necesiten para hacer efectivo su derecho a educación y cuidados de calidad, dando al mismo tiempo respuesta a las necesidades de las familias. A nuestro colectivo le preocupa que en el artículo 130 de la LUC, que modifica el artículo 7.º de la Ley n.º 18437, se incorpore el siguiente texto: «Los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación» –se refiere a las etapas de la educación obligatoria–  «conforme a lo dispuesto por el artículo 70, inc. 1.º de la Constitución de la República y las previsiones de la presente ley». Entendemos que se refuerza la responsabilidad por el cumplimiento de la obligatoriedad en las familias, lo que desdibuja la responsabilidad del Estado en este sentido. Nos preguntamos qué lugar se proyecta para el Estado como garante del derecho a la educación y a la atención de la primera infancia desde el nacimiento hasta los seis años, en las edades que aún no se encuentran comprendidas en el nivel educativo obligatorio. Reafirmamos nuestra postura referida al rol que debe ocupar el Estado en el desarrollo y en la implementación de una política estatal de educación y de atención a la primera infancia, desde el nacimiento a los seis años, con accesibilidad y calidad. Este mismo artículo de la LUC, que modifica el artículo 7, se dispone la obligatoriedad a partir de los cuatro años, pero se quita en el nuevo texto el compromiso de asegurar la extensión del tiempo pedagógico y la actividad de los alumnos de educación primaria y media básica. De la forma en la que se trabaja en la interna del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el término «Primaria» ha incluido a la educación inicial, de cuatro y cinco años, que ha visto incrementar paulatinamente las propuestas de jardines de infantes de jornada completa, así como los grupos de educación inicial en escuelas de tiempo completo y modalidades que incluyen la alimentación. Consideramos absolutamente necesario, teniendo en cuenta los derechos de niñas y niños, la situación de las infancias, sus necesidades y las de sus familias.

No queremos modificar la anterior redacción; por el contrario, dentro de las políticas de extensión del tiempo pedagógico y de la actividad curricular, es necesario incorporar a la educación inicial en sus etapas obligatorias, cuatro y cinco años, así como la tendencia a la universalización del tiempo completo de forma progresiva. De igual forma, se hace necesario incrementar las propuestas de atención, de educación y de cuidados de jornadas completa para niños y niñas menores de cuatro años con criterios de focalización.

SEÑORA IVALDI.- Como decía la señora Joanna Pennino, nos preocupa la diferenciación entre lo formal y lo no formal. Se trata de una definición perimida, pero al establecerla así sigue ubicando a los niños de tres, cuatro y cinco años en una educación formal, en una gestión del Consejo de Educación Inicial y Primaria, pero pasa a ser una dirección unipersonal. Esto lleva a plantearnos lo siguiente. Ha sido muy fuerte la política de expansión; la educación inicial en el Consejo de Educación Inicial y Primaria es del 25 %. Este consejo tiene nueve años y dos niveles educativos para dirigir; ¿cómo va a ser dirigido con una dirección unipersonal? Nos inquieta muchísimo la gestión porque se dificulta mucho más. A su vez, nos preocupa que los centros de educación infantil privados, gestionados por el MEC en un largo proceso, pasen al INAU. Esta situación, en sí misma, no podría ser mala —sería un cambio en el organismo—, pero vemos que no soluciona el problema porque el Ministerio de Educación y Cultura sigue rigiendo a la educación. El Consejo Coordinador de Educación de Primera Infancia queda en el Ministerio de Educación y Cultura y, además, lo preside. Entonces, no entendemos por qué se hace ese traspaso de los centros privados al INAU cuando el Consejo Coordinador de Educación de Primera Infancia con su presidencia queda en el MEC que, además, está adquiriendo una mayor incidencia política en los temas educativos.

SEÑORA AMEIGENDA.- En cuanto a la formación y las condiciones laborales quiero plantear lo siguiente. La LUC define a los niveles de tres, cuatro y cinco años como educación formal, y a los menores de tres como educación no formal. La pregunta es si esto afecta a los egresados de las carreras de Asistente Técnico en Primera Infancia y de Maestro de Primera Infancia. Quiero saber si se continuará habilitando al egresado a desempeñarse en esos ámbitos. A su vez, queda por saber si el MEC se va a encargar de la formación, que en este momento está a cargo del Cenfores del INAU.

                Por otra parte, se visualiza como prioridad las formaciones a nivel privado frente a las formaciones de nivel público en lo que tiene que ver con los créditos; siempre se han exigido los créditos de manera anual y ahora se prevé la suma de cursos y cursillos para llegar a esa carga horaria en general.

                Asimismo, la carrera de Maestro de Primera Infancia está prevista para desempeñarse en diferentes sectores y, con el proyecto de ley, se ve condicionado o cercenado.

SEÑORA IVALDI.- En síntesis, nos preocupa muchísimo que no se estén integrando en la reforma de la educación los avances que han existido desde 2008 a 2020, porque son significativos. No hay una proyección; al contrario: ir al concepto de educación formal y formal para nosotros es un retroceso. Nos preocupa que no se mencione la universalización de tres años. No se asume el compromiso que el Estado venía sosteniendo.

Por todo lo expuesto, OMEP Uruguay solicita que todos los cambios propuestos en el proyecto de ley de urgente consideración a varios artículos de la Ley n.º 18437, referidos a Primera Infancia y Educación Inicial, se quiten de la propuesta, otorgando un mayor período de tiempo que posibilite análisis más profundos. Consideramos que los avances que el país ha tenido lo merecen.

Es necesario identificar con claridad el sentido y la orientación de los avances producidos durante el período 2008 – 2020, pasibles de ser incorporados en la legislación con proyecciones para el período siguiente.

La educación y la atención de la primera infancia comprendida desde el nacimiento a los seis años, en un marco de infantilización de la pobreza, requiere políticas de Estado de mediano y largo plazo con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en su conjunto.

Consideramos importante que nuestro país priorice los temas de infancia, máxime en la situación de crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo, pero no identificamos en el proyecto de ley de justificaciones para un tratamiento del articulado propuesto con carácter de urgencia. 

Creemos que la situación de la infancia en nuestro país merece una dedicación más larga y profunda, que permita incorporar avances conceptuales, operativos y de gestión.

SEÑOR BERGARA- Cuando compareció el Ministro de Educación y Cultura justificó el pasaje de la inspección y la autorización de los centros privados al INAU por un tema esencialmente de recursos, porque parecería que el ministerio no estaría contando con la capacidad de tener grupos de evaluación e inspectivos y que el INAU, en el marco de sus tareas, contaba con estos equipos.

Me gustaría saber qué perspectiva tienen sobre el tema. 

SEÑORA IVALDI.- Hay una situación de fragmentación de la gestión compartida entre el Ministerio de Educación y Cultura, Consejo de Enseñanza Primaria e INAU. El Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia es el lugar donde se habilitan esos acuerdos. No es necesario pasar esos centros al INAU. Es posible establecer criterios de supervisión compartidos, coordinados, sin necesidad de hacer este cambio. Lo que nos llama la atención es que se está pasando lo operativo y no la gestión de CCEPI, porque continúa estando en el ministerio y está siendo presidido por este. Si lo que el Ministerio de Educación y Cultura tiene como primera infancia lo está pasando a otro organismo, nos preguntamos por qué se queda con la gestión cuando, además, en otros artículos vemos que se va a plantear un compromiso político al que hay que adherir. Esto nos hace pensar que también aquí hay una visión política.

Queremos señalar –está en el documento que aportamos– que nosotros que estamos en esto y hemos viajado por varios países, hemos observado que sobre este tema todavía quedan resabios de una atención y educación a la primera infancia con una visión caritativo asistencial que, en muchos lugares, todavía está a cargo de la esposa del alcalde o de la primera dama. Hay también en esto una politización. 

La atención a la primera infancia tiene visiones caritativo-asistencialistas y propedéuticas de preparación para la escuela, que todavía permanecen y subyacen y, reitero, vemos que hay una tendencia a la politización de lo que se hace por los niños y por sus familias a través de ellos. 

Como organización vemos a los niños como ciudadanos desde que nacen y por eso son sujetos de derecho.

Por último quiero señalar que también les entregamos el análisis artículo por artículo del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es un buen aporte que será distribuido a los integrantes de la comisión.

Les agradecemos por su comparecencia y la información que nos brindaron.

(Se retiran de sala los representantes de Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP ).

 

(Ocupa la presidencia el señor senador Carrera)

 

 (Ingresan a sala las representantes de la Asociación en Formación de los

Centros para la Primera Infancia Privados, CEPIP).

                –La subcomisión de audiencias de la comisión del Senado que considera el  proyecto de ley de urgente consideración da la bienvenida a las señoras Bettina Taibo y Jimena Folle, representantes de la Asociación en Formación de los Centros para la Primera Infancia Privados.

SEÑORA TAIBO.- Buenos días. Agradezco la oportunidad de poder estar acá, representando a ciento sesenta directores de la Asociación en Formación de los Centros para la Primera Infancia Privados.

Pertenecemos a la órbita del MEC, que es la cartera que nos regula y nos ampara.  El nacimiento de nuestra asociación ha sido accidental; surgimos a partir de la pandemia y de la situación en la cual nuestros centros se vieron embarcados y ahora están muy a la deriva. Hablo de centros cerrados y de niños sin cobertura de ninguna naturaleza, especialmente en la primera infancia, esa etapa tan crucial en la vida y el desarrollo de las personas. Nos parece importante compartir algunos datos a este respecto.

                Somos 370 centros en el país y abarcamos una población infantil que va de 0 a 6 años. Más de 16.000 niños son atendidos en nuestros centros y tenemos un complejo abanico de funcionarios de más de 4.000 compañeros entre educadores, técnicos y distintos profesionales talleristas. Quiere decir que el volumen de nuestra existencia es importante.

                Tenemos que destacar que en este proceso estuvimos acompañados por el director de Educación, Gonzalo Baroni, quien desde el MEC ha estado tirándonos lazos y sosteniéndonos hasta que en el día de ayer, en conferencia de prensa –como sabrán los señores senadores–, se dio la noticia de la pronta apertura de los centros.

También trabajamos con el Sistema Nacional de Cuidados y con el programa de Becas de Inclusión Socioeducativa –las llamadas becas BIS–, por lo que también atendemos en nuestros centros a niños en situaciones muy vulnerables, a quienes gracias a esta asociación podemos darles atención y cobertura.

 Hemos visto cómo se han dado una multiplicidad de cuidados informales que han atentado contra el trabajo en primera infancia, fruto de la situación de las familias al no poder ubicar a sus niños frente a la posibilidad de ir retomando la vida laboral.

A raíz de todo esto hemos estado cuestionándonos qué pasa con la primera infancia más allá de la pandemia, porque este escenario nos ha revelado un montón de situaciones que nos han hecho realmente pensar y reflexionar mucho. Esta LUC también nos para en un escenario en el que entendemos tenemos cosas para decir.

SEÑORA FOLLE.- Buenos días.

 En realidad estamos acá, más allá de toda la situación que acaba de plantear mi compañera, por la profunda preocupación que sentimos acerca del lugar que está ocupando –o no– en nuestro país la primera infancia.

En general, cuando empezamos a hablar de la primera infancia nombramos al niño como un sujeto de derechos pero en ese mismo discurso, probablemente más adelante, hablemos de él como un ciudadano del futuro. Nos parece un detalle significativo que, en general, tambaleemos entre pensar que el niño es un sujeto de derechos o un ciudadano del futuro que recién después, cuando sea adulto, se va a convertir en un ciudadano real que puede hacer valer sus derechos por sí mismo.

Más allá del avance que ha habido en el resto del mundo y en el Uruguay acerca de la primera infancia, entendemos que en el Uruguay esta etapa sigue siendo bastante invisible, o que algunos adultos la invisibilizan. Esto quedó exacerbado con esta pandemia, en la que se ha puesto una muy baja atención en el impacto que pueden haber tenido en la primera infancia todas las medidas que se tomaron. Además, creemos que esta poca importancia que se le ha dado es consecuencia, precisamente, de la poca importancia que tiene la primera infancia en nuestra sociedad en general, y de la fragmentación –también acentuada– de la atención que debemos darle al niño en sus áreas de desarrollo.

Las consecuencias de esta pandemia en la primera infancia no están siendo suficientemente visibles; eso es significativo y preocupante a la vez. Podemos ver que se ha analizado con detalle o se han hecho proyecciones acerca del impacto económico que va a tener esta pandemia en diferentes aspectos, en diferentes rubros, en diferentes áreas; sin embargo, no hemos visto ningún análisis ni ninguna información en los medios acerca del impacto que va a tener el coronavirus en el desarrollo de los niños de nuestro país. Algunas consecuencias serán reversibles, con medianos o grandes esfuerzos, pero otras no tendrán el privilegio de la reversibilidad y deberán ser arrastradas de manera personal, o como sociedad, a largo plazo.

Esta visibilidad debería dejar de ser simplemente discursiva –como se pone en la boca en todos los espacios en los que se puede hablar de la primera infancia– y debería empezar a ser más proactiva, según entendemos nosotros. Esa proactividad, en el corto plazo, debería estar enfocada en lo que ayer se anunció, que es el regreso a los centros educativos, pero sobre todo en la rápida reconexión con el niño, con su situación general y su estado de bienestar, que durante estos meses hemos desconocido. Y a largo plazo, entendemos que esta proactividad debería estar enfocada en la formalización y profesionalización del proceso educativo en la etapa de primera infancia.

Los primeros años de vida resultan críticos para la determinación de las capacidades, habilidades y competencias de los niños. Sin embargo, hoy no sabemos en qué estado de desarrollo está ninguno de ellos. Ninguna de las diversas oficinas, organismos, organizaciones estatales o no gubernamentales ha tenido, durante tres meses, contacto con estos niños, salvo en cuidados muy básicos o en situaciones de mucha emergencia. En términos generales, el acompañamiento de la situación de la infancia ha sido cortado abruptamente por razones más que obvias y por decisiones que eran necesarias, pero que han dejado en evidencia que en situaciones de pandemia, los derechos de los niños quedan suspendidos, más allá del derecho a la salud, que es donde hemos puesto el foco enormemente; pero la salud de los niños es bastante más amplia que el no contagio del coronavirus. Por eso entendemos que esta es la oportunidad, teniendo en cuenta esta coyuntura histórica, para aprovechar a reconsiderar el grado de educación no formal de la primera infancia.

Mientras que desde hace años en los discursos se celebra la importancia de la igualdad de oportunidades, vivimos en una sociedad en la que el nacimiento es determinante para las posibilidades de desarrollo y para el futuro del niño como ciudadano. En nuestro país, casi el 50 % de los niños nacen en situaciones desfavorables, por lo tanto, podemos ver vidas predeterminadas si no logramos realizar intervenciones tempranas desde diferentes ámbitos, que permitan achicar la brecha entre aquellos que nacen en contextos estimulantes y enriquecidos y aquellos que no tienen esa oportunidad.

He traído un estudio de octubre de 2018 en el que se hace referencia a las últimas investigaciones en esta materia. Allí se dice que las nuevas estimaciones para Uruguay, disponibles a partir de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud –Endis– del 2014, muestran que un 33 % de los niños de 0 a 36 en situación de pobreza tienen rezago, o riesgo de rezago, en el lenguaje –esta tasa es más que el doble de la de los niños de hogares no pobres–; estos niños también evidencian tasas de rezago socioemocional que duplican a las de los niños que no viven en la pobreza. Para los niños de entre 2 y 3 años, la Endis encuentra que el rezago, o riesgo de rezago, en el desarrollo psicomotor es el doble entre los niños de hogares pobres en comparación con los de hogares no pobres.

                Ya no podemos discutir qué importancia tiene el desarrollo de las competencias cognitivas, las socioemocionales y otros aspectos de la salud del niño en la primera infancia en referencia a lo que es su entorno familiar y su realidad socioeconómica y cultural. Solo para dar un ejemplo muy simple, la riqueza del vocabulario al que está expuesto el niño en edades tempranas, en los primeros meses y años de vida, ya va a ser un fuerte predictor de las posibilidades que tendrá para adquirir la lectura y la escritura. Es decir que solamente por el baño de vocabulario que un niño tenga en la primera infancia va a estar fuertemente predeterminado su perfil de alumno.

Este es solo un aspecto de los miles que caracterizan un entramado complejo y diverso de lo que es el desarrollo de la infancia en salud. Esto también deja en evidencia cómo cada día, por acción o por omisión, estamos poniendo en juego el desarrollo en bienestar de algunos de nuestros ciudadanos. También, a través de la neurociencia, se ha demostrado cómo los niños a los tres años tienen ya una limitación en el desarrollo de su cerebro a partir del no baño o baño de estímulos que hayan tenido desde el nacimiento.

Por lo tanto, lograr un sistema de educación formal y de calidad en la primera infancia –diferentes investigaciones lo han comprobado– es una de las estrategias de mayor impacto, así como de menor costo para el Estado para poder disminuir la polarización entre los niños con un desarrollo favorable y aquellos que no lo tienen. Hoy, por razones múltiples, las familias no se encargan de lo que tiene que ver con esa socialización primaria como lo hacían en épocas históricas, y esto se convierte en una necesidad imperante: la de que los Estados realmente conciban políticas educativas formales desde el nacimiento, que acompañen el desarrollo en bienestar de los niños, y que esas políticas educativas no estén aisladas de las políticas de atención, ya que ambas, en la primera infancia, van conjugadas. La pregunta es: ¿qué impacto real causamos en la sociedad con la educación si nos ocupamos formalmente solo por la calidad educativa en primaria y secundaria? Los niños que puedan asistir a esos niveles educativos ya van a tener comprometidas sus potencialidades para antes de los 3 años, si seguimos desconociendo el factor determinante que es la educación de calidad en los primeros meses de vida.

Hay diferentes economistas –uno de ellos ha recibido un premio nobel por esto, James Heckman– que no solamente se han dedicado a entender por qué debemos constituir ciudadanos saludables en bienestar para nuestra sociedad y los beneficios obvios que eso trae, sino que además han investigado qué impacto económico tienen estas inversiones en primera infancia. Esto quiere decir que a los gobiernos les conviene invertir en primera infancia porque les genera ganancias, lejos de lo que siempre se piensa, que son pérdidas. Por lo tanto, si lo queremos pensar desde un punto de vista estrictamente financiero, desarrollar este tipo de acciones e implementarlas por parte de los gobiernos sería, asimismo, favorecedor para las economías como las nuestras, que no son todo lo fuertes que querríamos.

Hoy vivimos en una fase histórica donde no debemos dejar de asumir la responsabilidad de ser los promotores de un cambio en referencia a la primera infancia, pero no promotores de más discursos e investigaciones porque, obviamente, estos abundan –en Uruguay sobre todo–, sino promotores de acciones concretas, eficaces y acordes a todas estas investigaciones que existen.

Los argumentos están a favor de la primera infancia tanto a nivel internacional como nacional. Creo que es momento de que asumamos la responsabilidad, como gobierno, de poder respetarlos y asumir el desafío de implementar acciones que realmente favorezcan todo lo que ya está escrito y todo lo que ya está dicho.

Nosotros entendemos que en la LUC la primera infancia no gana pasos en su jerarquía, no gana espacios en la formalidad de su educación; justamente, si estamos revisando las posibilidades de mejorar la calidad educativa en la primera infancia, en esta ley tendríamos la oportunidad de poder integrarla a las áreas y a los sectores que entendemos pertinentes deben estar.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Señor presidente: bienvenida la delegación y gracias por su comparecencia.

                Básicamente, tenemos muchas coincidencias con lo planteado, pero en esta tarea de urgencia, tenemos también que concentrarnos en lo que plantea el proyecto de ley, por lo que quería hacerles la siguiente consulta. En el proyecto de ley se traslada la competencia de autorizar, habilitar, fiscalizar e inspeccionar a los centros privados dese el Ministerio de Educación y Cultura hacia el INAU. Nos gustaría saber qué visión tienen con respecto a este punto. El señor ministro fundamentó esa propuesta basándose, esencialmente, en un tema de recursos. Dijo que el Ministerio de Educación y Cultura no tendría las capacidades inspectivas y de evaluación como para realizar esas tareas, y el INAU, en el marco de sus competencias, sí las tendría. Esa fue la explicación.

De todas maneras, nos gustaría conocer cuál es la perspectiva de los centros privados con respecto a la propuesta de traslado de competencias.

SEÑORA FOLLE.-  En realidad, la pregunta sería si nosotros debemos gobernar a favor de los recursos de que disponemos o de los que no disponemos, o a favor del niño.

                Si pensamos que debemos gobernar a favor del niño, la decisión tendría que estar tomada con base en qué creemos o entendemos que podría favorecer el ingreso de la educación de 0 a 36 meses al sistema formal. Si entendemos que es así, estamos a favor de hacer ese traslado a la organización que corresponde, que es la ANEP, que tiene un sistema de educación inicial y un sistema de educación primaria en conjunto. Consideramos que esta es una oportunidad exquisita para que se dé una etapa de conversión dentro de la ANEP, quedando la educación en la primera infancia integrada por primera infancia e inicial, y después educación primaria y el resto de los departamentos.

Creemos que si el presupuesto o los recursos dentro del Ministerio de Educación y Cultura no están, tampoco lo van a estar, o requerirá mayores esfuerzos, en el INAU. De tener que implementar esfuerzos, entendemos que la ANEP sería el lugar natural donde debería estar la educación en esta etapa, de manera formal.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Muchas gracias por sus aportes.

(Se retiran de sala los representantes de la  Asociación en Formación de los

Centros para la Primera Infancia Privados).

 

(Ingresan a sala representantes del colectivo No al Tren de UPM y

el movimiento Coordinación Nacional contra UPM).

                –Damos la bienvenida a la delegación del colectivo No al Tren de UPM y el movimiento Coordinación Nacional contra UPM, integrada por las señoras Mariana Achugar e Inés Enríquez, y los señores Iván Kortiz, Guillermo Miniño y Gerardo Padilla.

SEÑOR PADILLA.-  Soy integrante de la Coordinación Nacional contra UPM.

                Junto con el resto de compañeros y vecinos representamos un movimiento que surge en el año 2019 para enfrentar el proyecto de construcción de la segunda planta de celulosa en el centro del país y, en particular, el proyecto de su tren.

                Este movimiento se compone por colectivos de distinto tipo: ambientalistas, feministas, de base territorial y también sindicatos. Su origen podemos situarlo en la lucha por el medioambiente, a través de la ANP, contra el proyecto Aratirí y en las luchas contra la privatización del agua en 2005, la reforma constitucional y, desde hace poco tiempo, en la lucha contra la ley de riego.

                Nuestro colectivo, nuestra coordinación, no está integrada por partidos políticos, sino que es de base estrictamente social.

 

                El proyecto de UPM, de las plantas de celulosa, y el forestal, extractivista, nos llevan a tener una visión totalmente negativa del desarrollo productivo del país, y esto es algo que debemos enfrentar por las consecuencias a corto, mediano y, sobre todo, a largo plazo.

Queremos dejar constancia de que nuestro movimiento no tiene una preocupación exclusivamente ambientalista. No somos aquellos de quienes se dice que lo único que les preocupa es que los pajaritos y el agua estén tranquilos. Nosotros pensamos en el ambiente, en el agua, en nuestra tierra como forma de que los seres vivos de este mundo puedan vivir mejor.

Y el sistema político tiene la primera responsabilidad en lo que respecta a la degradación de este ambiente en el que vivimos. La pregunta es cómo podemos revertir esta situación, frente a la falta de comprensión del sistema político que queda subordinado a los intereses económicos, pensando en el pan para hoy, pensando en las fuentes de trabajo, lo que constituye una falsa promesa cuando estamos degradando nuestro ambiente y la calidad de vida de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Sólo con la conciencia podemos hacerlo, con la conciencia de la ciudadanía y de los habitantes de nuestro país.

Entonces, con todas nuestras acciones, nuestros talleres, reuniones, conferencias y, también, con nuestra presencia hoy aquí en este ámbito, por primera vez, para decir al Parlamento por qué estamos en contra de este proyecto de ley, buscamos generar confianza y conciencia en la población. Y esperamos la respuesta del sistema político para revertir este grave problema que se avecina sobre nuestro país.

El proyecto de ley de urgente consideración tiene características que favorecen también el proyecto de UPM. Por eso venimos a presentar los aspectos concretos de esta normativa que involucran al proyecto de UPM, al modelo forestal y productivo.

SEÑORA ENRÍQUEZ.- Soy Inés Enríquez, integro uno de los colectivos vecinales en contra del tren de UPM. Formamos parte de esta movida contra la planta de celulosa porque va a perjudicar gravemente a más de treinta y cinco mil vecinos. La vía del tren se está construyendo prácticamente sobre las casas de los vecinos y es algo muy preocupante. Por lo tanto, estamos vinculados a la coordinación.

Quiero plantear –seguramente ya lo han hecho muchos otros colectivos– que si bien la Constitución de la República habilita a que se presenten leyes de urgente consideración, entendemos que no es urgente ni corresponde, por el momento que está viviendo el país, que incluye la menor posibilidad de manifestarse y de reunirse. Es decir, los colectivos no están teniendo posibilidad de cuestionar como es debido los aspectos de la norma que los aquejan. Nosotros hicimos el esfuerzo y acá estamos, pero entendemos que no debería tratarse todo esto en un proyecto de ley de urgente consideración. Entendemos que el Parlamento debería quitarle esa característica y discutir cada uno de los artículos como corresponde y con los plazos que se necesiten. Queríamos dejar en claro ese punto.

Muchas gracias.

SEÑOR KORTIZ.- Soy Iván Kortiz, integro una coordinación nacional de varios colectivos del país –de la capital, de Paysandú, de Santa Lucía, de Rocha, de Tacuarembó– que tienen que ver, fundamentalmente, con el cuidado de la vida, de las aguas y de los suelos.

                En el proyecto de ley de urgente consideración se incluyeron –entre enero y marzo, según estuvimos leyendo– dos artículos, que en algunos documentos figuran como 500 y 501 y, en otros que están circulando, como 501 y 502.

Nosotros sabemos que la Asociación de Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas hizo una presentación muy clara de la preocupación sobre el tema. Estos trabajadores, egresados de la Universidad de la República, son los guardianes que el Estado puso en 17 áreas protegidas.

                También hemos conocido, por las distintas organizaciones empresariales y a través de medios de prensa, en los últimos seis meses, los artículos 501 y 502 o 500 y 501, que son los últimos dos agregados. No estaban en las consideraciones ni en el programa del Partido Nacional; no estaban en el programa del Partido Colorado; no estaban en la propuesta programática de Cabildo Abierto –la leímos y no había artículos sobre áreas protegidas– y tampoco estaban en la propuesta presentada en la campaña electoral por el Partido Independiente para ser gobierno. Entonces, preguntamos, con gran preocupación: ¿por qué se incluyen dos artículos que pueden afectar, una vez puestos en práctica, las áreas protegidas?

Las áreas protegidas tienen unos 15 o 16 años, y fue muy trabajoso para distintos colectivos de la sociedad que se lograra esa categorización. Creemos que es un gran avance, están allí, todos los legisladores pueden constatar la importancia que tiene cuidar el hábitat, la biodiversidad, que está siendo afectada por varios emprendimientos empresariales, entre ellos, la minería, la explotación sojera y su gran proliferación en los últimos veinte años y, fundamentalmente, las empresas forestales del país.

Como argumento a favor de la presentación de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, se dice que lo que se está cuidando es el trabajo, el desarrollo de algunas industrias, el poder salir de esta pandemia y de esta emergencia sanitaria con trabajo. Y los movimientos sociales estamos diciendo que hay que salir, sí, pero con trabajo digno, hay que salir con un trabajo que no tercerice, que no precarice el trabajo y la naturaleza, que ya está altamente contaminada. Sabemos la incidencia que esto tiene y se va comprobando cada año; 75 científicos de más de seis facultades de la república presentaron aquí –o están por presentar– un documento que argumenta, con fundamentos científicos, qué está pasando hoy con el agua, qué está pasando con el fósforo y con el nitrógeno. La industria sojera y la industria forestal son una de las principales explotaciones que impactan el agua y la tierra. Incluir estos artículos, solamente dos, que permiten volver a pedir el consentimiento de un propietario para ver si el área protegida puede afectarlo o no, nos parece bastante, digamos, irresponsable en el sentido de que favorece a capitales privados de grandes empresas, porque no es solamente un colono, un propietario de una estancia. Los grandes propietarios de tierras en el país son empresas. Lo es UPM, lo es UGM. Hay empresas que tienen más de 150 o 180 campos en el país en distintos tipos de explotación rural. Creemos que es el momento de seguir demostrando que al Estado, al Ministerio de Medio Ambiente propuesto en este proyecto de ley, le importa. Tenemos que fortalecer ese ministerio, el cual tiene algunas competencias de medio ambiente y desarrollo sostenible, mientras que otras quedan en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cómo va a lograr un Ministerio de Medio Ambiente controlar a la industria forestal, si el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el que detenta la Dirección General Forestal? ¿Cómo vamos a poner al frente de la Dirección General Forestal a un empresario? ¿Cómo vamos a poner a cuidar el campo, la vida, el suelo y el agua, a un exempresario, dirigente de las empresas forestales? Entonces, nos preocupa la creación de este Ministerio de Medio Ambiente.

Lo estamos escribiendo aquí, estamos diciendo que por favor reconsideren los artículos 501 y 502, para que las áreas protegidas puedan seguir desarrollándose. Basta simplemente con estar al día en relación con las publicaciones de las empresas en semanarios y periódicos de la capital, para advertir el estado de situación. En “Búsqueda”, por ejemplo, en noviembre del año pasado la Sociedad de Productores Forestales le planteaba –y exigía– a la Dinama,  mediante un escrito, su preocupación por la extensión de las áreas protegidas, entre ellas, la de Quebrada de los Cuervos. Allí hay dos o tres plantas de pórtland, una dentro de la Quebrada y dos por fuera. Hay empresas forestales dentro de la Quebrada de los Cuervos y dos en los alrededores.

                ¿Qué pasa si no protegemos ocho, diez o diecisiete áreas forestales que solamente hoy reúnen –escuchemos bien, uruguayas y uruguayos– el 1 % del territorio nacional? En América Latina somos uno de los países con menor cantidad de áreas protegidas. Hay países en América del Sur que han logrado proteger el 5 %, 8 % o 10 % y las organizaciones relativas a medioambiente y agua de las Naciones Unidas solicitan y promueven que los Estados intenten llegar al 8 %, 10 % o 12 %. Entonces ¿cómo podemos limitar que las áreas protegidas progresen, en manos de la posible validación o consentimiento de propietarios privados? 

Solicitamos a los señores senadores que quiten esos artículos o que los readecúen para, justamente, cuidar las áreas protegidas.

SEÑORA ACHUGAR.-  Pertenezco al Colectivo Ecofeminista Dafnias y quiero señalar que nos preocupan los artículos referidos a los cambios en la ley del Instituto Nacional de Colonización; en particular, a quién se permite que el instituto le dé tierras. Se cambia el requisito de obligatoriedad para residir en el predio y también se permite no tener que trabajarlo directamente. Estas modificaciones habilitan la intensificación del modelo agroindustrial que, para nosotros, es uno de los causantes de la contaminación en el ambiente y que además ha desplazado a familias de colonos y pequeños productores rurales; quiere decir que también tiene un impacto social muy importante. 

Al mismo tiempo, se facilita la venta a privados de tierras que ahora pertenecen al Instituto Nacional de Colonización, lo que afecta el patrimonio nacional. Se trata de tierras para cuya venta en este momento se requiere la aprobación del instituto, pero eso

va a cambiar. Esto nos preocupa porque puede expandir el modelo forestal y favorecer a los grandes terratenientes –como decía nuestro compañero, las empresas forestales en Uruguay son unos de los grandes propietarios de la tierra–; estas modificaciones en el instituto favorecen el modelo agroindustrial celulósico, que es el que está causando una cantidad de problemas económicos, sociales y culturales en nuestro país.   

SEÑOR MINIÑO.– Integro el colectivo Coordinación contra Monsanto y el agronegocio que, a su vez, forma parte de la organización Coordinación Nacional contra UPM. 

Voy a tratar de hacer un resumen.

Básicamente, el punto tres del texto que les entregamos habla sobre lo que consideramos es la criminalización de la protesta, tema del que se viene hablando desde hace bastante tiempo en los movimientos sociales; tiene que ver con la forma en la que se van realizando progresivas modificaciones técnico-jurídicas al limitar las posibilidades de protesta de las personas, controlando y restringiendo el alcance de las protestas, que consideramos un derecho social. Como movimiento social nos parece fundamental seguir desarrollando nuestras actividades y organizando a la sociedad civil para que pueda expresar su rechazo o su aprobación –es decir, su parecer– sobre distintas temáticas de carácter político. Entendemos a la política como la discusión social colectiva que hacen los individuos que forman parte de una sociedad, para ver cuál es su futuro y su devenir, y consideramos que limitarlo mediante políticas represivas es una manera de restringir la vida política de la sociedad.   

Particularmente en la LUC se crean algunos delitos como la resistencia al arresto o el agravio a la autoridad policial; ambos pueden llegar a penas máximas de penitenciaría de más de dos años. A través del artículo 45 se posibilita que la Policía haga uso de la fuerza en las movilizaciones por el hecho de ocultarle la identidad algunas personas. Esto puede ser interpretado de una manera muy compleja; si se hace una manifestación como la del 14 de agosto, muy popular, muchísima gente va a estar usando gorros y bufandas. Entonces, la amplitud de esa circunstancia es preocupante; me refiero a cuándo van a poder o no disolver una manifestación.

Se amplían las consideraciones para impedir piquetes u obstrucción de calles por parte de los movimientos sociales cuando es algo que históricamente se ha hecho. Habría que ir a los anales de la historia para saber cuándo los pobladores de las distintas regiones, a partir de la construcción de caminos, no han usado su empoderamiento y su fuerza social para cortar la calle y hacer ver aquello que el poder constituido prefería no advertir. En la LUC se aumentan los criterios para impedir los cortes de calles y se autoriza la intervención policial sin previa autorización judicial.

En el artículo 22 de la LUC se plantea la autonomía de la policía para hacer interrogatorios dentro de las comisarias sin presencia de autoridades judiciales ni defensa de la persona detenida. Esto quita garantías a los detenidos y es, desde todo punto de vista, aberrante ya que limita las libertades individuales. Además, puede ser utilizado para criminalizar la protesta. Desde el punto de vista de la libertad individual, es penoso.

A su vez, se extiende el tiempo para comunicar las detenciones y procedimientos a la fiscalía: se pasa de dos a cuatro horas. O sea que una persona podría estar dos horas más detenido sin estar comunicado, sin que su familia sepa dónde está, sin que se le inicie un procedimiento de ningún tipo. Y en un sistema que debería asumir la presunta inocencia hasta que haya pruebas, es una persona que está detenida sin ningún motivo.

En los artículos 23 y 24 se amplía la autonomía policial para la revisión de pertenencias o vehículos en la vía pública. Nuevamente, esto puede permitir distintas formas de intervención policial en una manifestación, por ejemplo, cuando un coche la va dirigiendo con un altoparlante. Es decir, posibilita distintas maneras de afectar a las movilizaciones sociales. A su vez, se deja a consideración de la fuerza de seguridad si el asunto amerita informar a la fiscalía o no; se le da al aparato represivo total impunidad para detener autos, revisarlos y, después, hacerlos circular. Es decir que se podría, sin ningún tipo de fundamento, detener cualquier auto, revisarlo y limitar la libertad de circulación que está garantizada por la Constitución de la República.

Por otra parte, aquellas personas que sean testigos de hechos delictivos podrán permanecer hasta veinticuatro horas en dependencias policiales y se eliminan las prerrogativas que establece el actual Código del Proceso Penal como la detención y las averiguaciones planteadas en su artículo 56. En la LUC, se interpreta que tendrán el mismo trato que la detención por sospecha de comisión de un delito. Es impensable que una persona, por ser testigo de algo que se considera ilícito y que todavía no está demostrado ni que tiene ningún tipo de causa, pueda estar 24 horas detenida como testigo. Eso, sin duda, es una forma de apremio y de instigación hacia la persona para poder conseguir un testimonio en un sentido o en otro. Desde el punto de vista jurídico y a nivel de los derechos humanos, es aberrante.

Todos estos cambios se enmarcan en lo que definimos como generar un marco de impunidad para los cuerpos de seguridad y la criminalización de la protesta. Es decir, se aumentan todas las potestades del aparato represivo y se limitan todas las potestades del movimiento social.

No sé si es necesario o pertinente fundamentar hasta dónde nosotros consideramos que socialmente es imprescindible que haya un movimiento social activo que sea políticamente consciente, que discuta los temas, que se pueda expresar, y cuánto de salud le da eso a una sociedad. Si sumamos todo esto, que habla de la criminalización de la protesta, y lo analizamos junto con los antecedentes de la represión a los movimientos sociales de características ecosociales, como el que representamos –y cómo han sido perseguidos en la marcha del agua o, por ejemplo, cómo han sido detenidos otros compañeros sin haber cometido ningún delito en el año 2013–, así como también con todas las distintas experiencias de represión e, incluso, en la última marcha contra UPM, con el comunicado emitido previamente por el Ministerio del Interior, de carácter bastante terrorista, y el dispositivo de seguridad que se implementó para una marcha convocada públicamente de manera pacífica, se llega a la conclusión de que se trata de constituir en el movimiento ambientalista un sujeto social pasible de ser reprimido. Además, hoy denunciamos que desde hace mucho tiempo se intenta criminalizar el movimiento ecosocial para crear un sujeto que pueda ser visiblemente reprimido y argumente el uso de la fuerza desmedida. Si consideramos todas las modificaciones, lo único que podemos avizorar es la posibilidad de mayor represión en la calle o mayores enfrentamientos porque si la policía interviene en movilizaciones sin ninguna justificación y violenta a la población, va a haber más detenidos, más enfrentamientos, más represión y se va a alimentar un circo mediático que tiende todo el tiempo a criminalizar la protesta y el movimiento social. En este caso en particular, el sujeto social criminalizado es el movimiento ambientalista.

Considerando las amplitudes que se le dan al proyecto agroforestal sojero, la potencia que se le otorga al agronegocio y cómo se impulsa ese proyecto desde todas las aristas del poder, hoy por hoy, económico y político, es claro que hay una preocupación y que se busca criminalizar particularmente este movimiento para poder seguir defendiendo ese modelo económico nefasto que está marcado por la producción de soja y la forestación.

SEÑORA ENRÍQUEZ.- Agradecemos que se haya habilitado este espacio, porque como colectivo que lucha por el bien del país, nos parece muy importante que se nos escuche.

Nos gustaría saber qué efecto puede tener esto, cómo se trabaja, si queda constancia en actas y si existe algún procedimiento previsto para que no quede solo en un espacio donde podamos decir lo que tenemos ganas que, si bien es bueno, nos gustaría que existiera algún trabajo al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar, esta es la casa de la democracia y ustedes siempre pueden venir aquí.

De todo lo que se dice queda constancia en la versión taquigráfica, que luego se distribuyen entre todos los señores senadores. Por lo tanto, el aporte de ustedes es muy importante. Digo esto, porque aquí hay diversos temas –como ustedes hicieron mención, que hacen a la seguridad, al medioambiente y a las áreas protegidas, donde se introduce un cambio– que son los que hoy están en discusión. Insisto: son muy importantes los aportes de ustedes y quedan registrados en la versión taquigráfica que, además, es pública.

                Los temas están en discusión y sobre ellos hay visiones muy contrapuestas. La semana que viene, a partir del miércoles, la comisión se va a reunir para tomar posiciones. Queda claro que lo que ustedes han planteado no va a caer en saco roto.

SEÑOR PEÑA.- Les quiero decir que las posiciones son bastante claras en torno a los puntos de su exposición y muchas otras organizaciones han hecho planteos en la misma línea.

SEÑOR MINIÑO.- Finalmente, queremos pedirles que en su papel de legisladores nos ayuden a cuidar la vida y el medio ambiente. A eso vinimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.

(Se retiran de sala representantes del colectivo No al Tren de UPM y

el movimiento Coordinación Nacional contra UPM).

 

(Ingresa a sala el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay).

 

                –La comisión le da la bienvenida al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, integrado por la contadora Cristina Freire, presidenta; al contador Carlos Serra, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos del CCEAU; y al contador Félix Abadie, catedrático de impuestos de la Universidad ORT.

SEÑORA FREIRE.- Gracias por recibirnos. El colegio entregó un documento. También tenemos un pendrive –por si la secretaría quiere tenerlo– que incluye los dos documentos, el del colegio y el reporte de un abogado.

                El colegio de contadores nunca ha estado omiso a presentar su opinión sobre todo lo concerniente al ámbito nacional, si así lo amerita, y sobre todo en lo que atañe a nuestra profesión. Por supuesto que el CCEAU ha promovido espacios de análisis y ha tratado de generar ámbitos proactivos de diálogo, recogiendo las inquietudes de sus asociados tanto en los temas relativos al ejercicio profesional dependientes como independiente.

                 Trajimos un documento que incluye otros artículos de la LUC sobre los que se ha trabajado dentro de las comisiones técnicas.               Algunas consideraciones son de redacción y en otras se hace hincapié a alguna normativa que se dejó en el olvido. Figuran detalles y apreciaciones para la redacción del articulado. Por ejemplo, se habla de la moneda dólar, cuando en realidad en nuestro país debería hablarse de unidades indexadas.

                Más allá de ello, fundamentalmente venimos a dar nuestra opinión sobre los artículos que van desde el 218 al 221, referentes a la prevención del lavado de activos. No solo fundamentamos dicha posición sino que acompaña nuestra nota un informe jurídico realizado por el doctor Rafael García, del que también dejamos copia. Se trata de un informe realizado para el colegio para fundamentar por qué los artículos antes mencionados no vulneran para nada las disposiciones del GAFI.  

                Quiero destacar que me acompañan dos colegas que aprecio mucho. Son socios y participantes activos de la comisión técnica. Me refiero a los contadores Abadie y Serra.

Y quisiera dejar constancia —en este ámbito se dijo que el contador Abadí solamente sabía de impuestos y lo niego rotundamente— de que tanto el contador Abadí como el contador Serra son expertos en la prevención de lavados de activos.

(Intervención fuera de micrófono que no se escucha).

                –Sí, se dijo acá. No hoy; se dijo en su momento y en este ámbito. Quiero dejar constancia que obviamente sabemos de impuestos y que hemos estudiado mucho las normas contra el lavado de activos. El haber sentido decir que el contador Abadí solamente sabía de impuestos fue un poco agraviante; por eso lo quise aclarar específicamente.

(Intervenciones fuera de micrófono que no se escuchan).

                –Está la versión taquigráfica. Repito, sentimos un poco de agravio porque somos muy estudiosos, sobre todo desde que estamos en la dirección del colegio de contadores y siempre estamos dispuestos a apoyar y dar nuestra opinión. No fue un legislador; fue una visita.

(Diálogos).

                –Respecto a la prevención del lavado de activos hemos comparecido varias veces a este organismo y siempre hemos tenido una posición firme y técnica. Tenemos dos pronunciamientos al respecto. Uno data del año 2012 –o sea que hace tiempo que estamos estudiando esto– y el otro es respecto al artículo 21, que se adecuó a la Ley n.º 19574, Ley Integral Contra el Lavado de Activos. Por esta ley hemos trabajado intensamente en este ámbito y, posteriormente, con la Senaclaft en varios eventos, reuniones y discusiones –algunas llegadas a buen término y otras no tanto– y la realidad es que pasamos a ser sujetos obligados –seguimos siéndolo– cuando no hemos estudiado para eso. Por eso opinamos que el artículo 221 otorga, fundamentalmente, un poco de lógica a todas estas obligaciones que se nos fueron imponiendo. Como todo, las reglamentaciones burocráticas siempre tienen un alto costo, porque el hecho de ser sujetos obligados nos obligó a estudiar, a capacitarnos y a enseñarles a nuestros colaboradores. Esto nos lleva a decir que los artículos de la LUC no violentan ni vulneran las recomendaciones del GAFI ni siquiera en la debida diligencia simplificada. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, en todas nuestras acciones, reportes, y en todo lo que hacemos, nos basamos en un análisis del riesgo; este es nuestro buque insignia. Siempre se respetan, desde el punto de vista técnico, las recomendaciones del GAFI y así se mantienen, aun con la modificación propuesta en el articulado de la LUC.

                El análisis basado en el riesgo es aquel que, ante determinadas alertas, se desencadenan otro tipo de acciones y de protocolos en el estudio del cliente y de sus diligencias. Para decirlo más a la uruguaya, si tengo sospechas de que en una transacción hay un capital que puede provenir del narcotráfico o de un país que está, digamos, dentro de la zona negra, obviamente, esto enciende la alerta. No importa para nada el monto. Esa alerta provoca que hagamos una debida diligencia intensificada y, además, el reporte. Precisamente, el artículo 221 otorga un poco de lógica a nuestro trabajo.

Todo esto se dispone en los artículos 14 y siguiente de la Ley Integral Contra el Lavado de Activos y su decreto reglamentario, es decir que para nada se vulnera nada. Incluso cuando vino la GAFI –también estuvimos con sus representantes– en ningún momento nos hicieron observaciones y el artículo 221 de la LUC va en ese sentido.

Podemos concluir enfáticamente que dichos artículos no vulneran lo dispuesto por el GAFI y que el temor a las listas grises o negras nos parece totalmente infundado, dado que rige en todo su derecho la ley integral y su decreto. La LUC, incluso, en algunos lugares es hasta más  agresiva y represiva como, por ejemplo, cuando plantea ciertas situaciones que obligan a la prisión preventiva.

Esta sería la opinión del colegio pero, si el señor presidente lo permite,  me gustaría que el contador Abadie –que sabe mucho de lavado–  diera su opinión sobre el tema.

SEÑOR ABADIE.-  Suscribo lo señalado y en nombre del propio colegio quiero señalar que esta verdadera flexibilización de algunas normas que tienen que ver con la debida diligencia en materia de lavado de activos y también con la inclusión financiera, siempre y cuando -y creemos que es lo que está ocurriendo- se respeten los denominados estándares mínimos internacionales, permite reducir el costo de cumplimiento para la actividad económica y beneficiar al entorno de negocios. 

También  nos congratulamos que a nivel parlamentario se pueda consagrar una solución en materia de flexibilización de debida diligencia en materia de prevención de lavado de activos que fue oportunamente planteada por el colegio de contadores en  sus intercambios con la Senaclaft durante el período anterior, en el sentido  de reducir la intensidad de la debida diligencia cuando mediaba una bancarización de las operaciones.  Al colegio le congratula que se esté reconociendo esto que oportunamente se había negado.

El colegio entiende que a lo que se podría considerar como un paquete de flexibilización, muy probablemente le esté faltando una pata, también de línea similar. Estamos hablando de ciertas cuestiones que fueron incorporadas al régimen  superando lo que definitivamente podríamos considerar como estándares internacionales mínimos, que tienen que ver con una de las formas de ejercicio del contador.  Concretamente nos estamos refiriendo a la obligación de reporte que se establece en los casos de auditoría o revisión limitada, sujeto a reglamentación, de los estados contables.

El colegio en sus intercambios con la Senaclaft ya había manifestado su oposición a esa inclusión. Lo volvimos a hacer en este ámbito,  y tuve el honor  de participar  integrando las delegaciones que concurrieron, con fecha 22 de marzo de 2017 a la comisión del Senado que estudiaba el tema de los Panama papers, y el 5 de octubre del mismo año a la comisión de la Cámara de Representantes. En esa oportunidad, dejamos una presentación y además expusimos las razones por las que entendíamos que la auditoría y la revisión limitada diferían totalmente, en cuanto a su naturaleza, del otro tipo de  actividades designadas que se estaban incluyendo en la ley, tanto para sujetos obligados del sector financiero como no financieros. Esas actividades reflejan sistemáticamente un riesgo o una inminencia de una operación propiamente de lavado. Estamos hablando de compra de inmuebles, de transferencias de activos y hasta de operaciones en un casino. Pero una auditoría o una revisión limitada no tienen absolutamente nada que ver con eso. Una auditoría o una revisión limitada es una opinión que da un profesional sobre datos absolutamente históricos, que no implican la inminencia de ninguna operación. Las operaciones ya se llevaron a cabo. Y, por lo tanto, difieren sustancialmente en cuanto a su naturaleza.

                Hoy podemos agregar –en aquel momento todavía no estaba este elemento adicional– que si bien en las recomendaciones, muy genéricamente, al mencionar al contador, se mencionan este tipo de actividades, en febrero del 2019 la propia GAFI sometió a consulta pública una serie de borradores de guías para distintas profesiones y distintos agentes económicos, incluyendo el caso de los contadores. La guía, que aún sigue en consulta pública, no establece como obligatoria la inclusión de la auditoría y la revisión limitada como actividad sujeta a la obligación de reportar. Sí incluye todas las demás actividades que tenemos los contadores de acuerdo a la Ley n.º 19574, básicamente compartidas con los escribanos y con los abogados, pero no incluye estas dos actividades. Por lo tanto, deberíamos concluir que superan el estándar mínimo internacional, que discrepan en su naturaleza respecto al resto de las operaciones y que, en definitiva, acarrean costos de cumplimiento y entorpecimiento de los negocios.

                De manera que el colegio vería con buenos ojos que este artículo fuera revisado en su momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más consultas, agradecemos a los representantes del  Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay por su presencia en la sesión de hoy.

(Se retiran de sala los representantes del

Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay).

               

(Ingresan a sala representantes de Conservación de Especies Nativas del Uruguay).

 

                –Esta subcomisión de audiencias da la bienvenida a una delegación de Conservación de Especies Nativas del Uruguay, conformada por Inés Coduri, Pablo Leal, Mauricio Álvarez, Diana Pumar y Gabriel Rocha.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Gracias por recibirnos.

Nosotros estamos acá representando, justamente, a nuestra ONG, Conservación de Especies Nativas del Uruguay, con personería jurídica reconocida por el MEC y ya más de seis años de existencia. Esta reunión la pedimos incluso antes de que se formara esta comisión del Senado, pero por distintos motivos recién hoy estamos aquí.

Estamos representando a más de 100 socios, 15.000 seguidores y unos 22.000 miembros de grupos de conservación, todos muy preocupados por el tema ambiental, que por suerte a nivel mundial cada vez tiene más peso. Esperemos que nuestro país siga esos lineamientos.

Eran muchos los compañeros que querían estar acá, por lo que la idea que manejamos es que cada uno de los presentes realice una intervención muy breve y luego sí vamos a hacer la exposición central.

 SEÑORA PUMAR.- Buenos días.

Mi nombre es Diana Pumar. Soy empresaria, secretaria de Coendu. Estoy aquí porque estoy sumamente preocupada, no solo por la salud ambiental de nuestro país, sino por el riesgo que se corre, si seguimos en este camino, de que Uruguay caiga en incumplimiento de los tratados internacionales sobre conservación de biodiversidad a los cuales adhirió, las sanciones legales que esto puede traerle a nuestro país y las consecuencias económicas a mediano y largo plazo.

Además de eso, no solo como Coendu, sino también como parte de la Red de Varamientos del Uruguay, queríamos subrayar la necesidad de que el Departamento de Mamíferos Marinos, que hoy pertenece a la Dinara, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pase a lo que será luego el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya que los leones marinos, los lobos marinos, los delfines y las ballenas no son recursos. Son fauna, y merecen y necesitan ser conservados.

Muchas gracias.

SEÑOR ROCHA.- Buenos días.

Mi nombre es Gabriel Rocha. Hace aproximadamente 25 años que trabajo en investigaciones, sobre todo de aves, y conservación del medioambiente, y últimamente, también en derecho ambiental.

Estoy aquí porque considero que los artículos 500 y 501 de la LUC van a provocar un estancamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al tener que pedirle autorización al propietario para que ingresen sus predios al sistema.

Muchas gracias.

SEÑORA CODURI.- Buenas tardes.

Soy Inés Coduri. Soy abogada de formación, ambientalista por convicción, y estoy vinculada a una explotación agropecuaria familiar.

Estoy convencida de que nuestro futuro como país productivo pasa, hoy por hoy, por diferenciar nuestra producción con una producción que asegure la biodiversidad. Esto es algo que los mercados internacionales demandan hoy cada día más y que nosotros estamos naturalmente dotadísimos para ofrecer. Por eso es que hoy invito a los legisladores a pensar en un país a largo plazo, que se abra a los mercados con una producción sostenible para proteger el medioambiente.

Muchas gracias por recibirnos.

SEÑOR LEAL.- Buenos días.

Soy Pablo Leal. Si bien hace veinte años que estoy en la capital, que trabajo en un banco, me considero hombre del interior, porque nací en la octava sección del departamento de Tacuarembó, fui a una escuela rural, al liceo de Villa Ansina, y mis padres tenían campo. De manera que, como hombre del interior, conocedor del campo, estoy muy preocupado por estos artículos y por el bajo porcentaje que tenemos de área protegida en el Uruguay.

Muchas gracias por recibirnos.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Ahora sí vamos a hacer la exposición de la ONG.

Desde el 20 de abril, cuando se hicieron públicos los actuales artículos 500 y 501, al otro día estábamos en radio Carve y estuvimos en unos 20 medios de prensa hablando de este tema, por lo cual seguramente, si siguieron los medios, no vamos a decir nada nuevo.

Son dos los temas de la LUC que hoy nos traen.

Uno de ellos es la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que saludamos con mucha alegría, siempre y cuando se dé lo que, aparentemente, va a representar, que es una jerarquización del medioambiente por parte de nuestro país.

Dicho esto, observando ya el contenido de los artículos, vemos que se están tomando únicamente las competencias ambientales del hoy MVOTMA y se están dejando de lado todas las competencias ambientales del MGAP, como pueden ser: protección de bosque nativo, regulación de agroquímicos, uso de suelos, entre otros, e incluso el tema de los recursos acuáticos que comentaba mi compañera.

No son nada menores estas competencias ambientales que quedan en el ministerio de ganadería, y muchas de ellas son relegadas en pos de producciones nada amigables con la naturaleza.

No es noticia para ninguno de ustedes que Uruguay tiene, por ejemplo, permitidos un montón de agrotóxicos y agroquímicos que en otros países no lo están. Pero siempre parece que estamos siguiendo desde atrás lo que hace el primer mundo.

Si esto no sucediera, si no se incorporaran las competencias ambientales del MGAP, creemos que el ministerio de ambiente simplemente habrá sido una secretaría más, creada no sé por qué motivo, pero sin un real interés ambiental.

También es el momento de ver que es una oportunidad de una redefinición de lo que se ha llamado «recursos acuáticos», hoy contenidos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque creo que hay algo urgente, que es el pasaje del manejo y la conservación de aves, reptiles y mamíferos marinos, que hoy están en Dinara con muy poca competencia de Dinama. Es un pasaje que no afectaría en nada. Es el momento de hacerlo y ya demostrar que acá hay un real interés y que esto no es por otro motivo.  Con respecto a las áreas protegidas, que es el tema en el que más hemos trabajado, no podemos obviar manifestar nuestra sorpresa por la aparición repentina de estos artículos. Jamás se hizo alusión a nada de esto en ninguna campaña electoral de ningún partido, y sobre todo no hay ningún carácter urgente en ellos, si los observamos con una mirada de interés general o de conservación.

Uruguay –ya lo saben; lo habrán escuchado– es el peor país de Sudamérica en materia de áreas protegidas. Es el número 13 de 13 países y el número 26 de 36 países en América, superando únicamente a países que si los nombramos nadie los conoce, como Antigua y Barbuda y otros muy pequeños, y a Haití y El Salvador, que están entre los más pobres, por nombrar dos países conocidos. O sea, es el peor de Sudamérica, uno de los peores de América y uno de los peores en el mundo. Más allá de si tomamos 194 países o 200, siempre estamos dentro de los últimos 30 en materia de protección ambiental, con solo un 1 % de nuestro territorio protegido, muy lejos de nuestros vecinos, que andan en el 10 %, 25 %, 30 %. También estamos muy lejos de las metas a las cuales adherimos en convenciones mundiales sobre diversidad biológica, como el protocolo de Nagoya. Poco después salieron las metas Aichi, y la número 11 dice que para el año 2020 los países que adhirieran tenían que tener el 17 % de su territorio protegido, mientras Uruguay tiene el 1 %, así como el 10 % de su territorio marítimo protegido, y Uruguay tiene el 0,7 %.

Como contador público que soy, tengo una mirada de largo plazo que difícilmente los políticos tienen, pero les pido por lo menos una mirada de mediano plazo. Esto puede tener consecuencias, quizás no hoy, pero sí en dos, tres, cinco años, sean trabas arancelarias, restricciones comerciales o, por qué no, sanciones internacionales. Hay que mirar un poco más allá, porque incluso desde lo comercial esto puede impactar.

Los defensores de los artículos argumentan el derecho a la propiedad privada, pero ahí se ignora que, independientemente de la integridad de los derechos humanos, jamás un derecho particular específico puede atentar directamente contra un derecho suprapositivo, como lo es el derecho a la vida. Y a nivel mundial se está viendo cada vez más la necesidad, para nuestra supervivencia como especie, de conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. No conservamos animales ni plantas, sino que nos conservamos a nosotros, porque conservamos lo que necesitamos para vivir.

También un tema que surge ahí es que no podemos obviar que la tutela ambiental está vinculada a la ciencia y a la técnica, y queda muy poco a discrecionalidad para la administración. Lamento decirlo, pero esto tiene que ser así.           Por último, en materia de áreas protegidas, si la modificación a la ley de áreas protegidas prospera –en esto ya por suerte fuimos asesorados y estamos hablando con otras organizaciones sociales–, vamos a evaluar presentar un recurso de inconstitucionalidad bajo el principio de no regresión de temas ambientales, un principio a nivel mundial que Uruguay también, por derecho positivo, lo estaría incorporando.

Resumiendo, no estoy yendo al meollo de los artículos 500 y 501, porque ya sé que hay otra versión en la vuelta, hay modificaciones y no sé si nos llegó la oficial. Pero más allá de ello, no podemos dar ningún paso que sea un retroceso en materia de áreas protegidas.

La creación del ministerio solo se justifica ante un real interés y una disposición a jerarquizar los temas ambientales. Considerando esto, apoyamos la iniciativa, bajo la premisa de que posteriormente se incorporarán todas las competencias ambientales, y no únicamente las del MVOTMA.

Respecto a las áreas protegidas, nuestra vida, nuestra salud y la sostenibilidad de nuestra economía dependen directamente de la conservación de la naturaleza. No hay cifra del PBI ni dato estadístico que pueda sustituir la necesidad de agua, aire y alimentos sanos.

La obtención de esos insumos solo es posible mediante el cuidado y la protección de la naturaleza, y a nivel mundial las áreas protegidas son la principal herramienta en ese sentido.

Por eso rechazamos las posibles modificaciones al SNAP, que solo empobrecerán al niño pobre. Esta es una frase que me encantó, porque es realmente así. Desde antes de estar sentados acá, ya teníamos problemas con el SNAP, porque le exigíamos mucho más, porque éramos muy pobres. Éramos el peor país y lo seguimos siendo. Y parece que aquí, en vez de tratar de darle un poco más de alimento a ese niño pobre, lo queremos empobrecer más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar constancia de que a partir del trabajo de la comisión, luego de la visita del señor prosecretario, se mejoró mucho la redacción y parte de los aspectos que nuestros visitantes han mencionado –como los temas de bosque nativo o de la Dinara– pasan a competencia de este nuevo ministerio. Creo que en eso hemos avanzado muchísimo.

Respecto al resto de los planteos, hay que seguir peleándola, pero veremos cómo termina esto.

SEÑOR BERGARA.- Complementando lo que acaba de decir el señor presidente, planteamos en la comisión la necesidad de incorporar las competencias ambientales de las distintas unidades que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: recursos naturales, acuáticos, bosque nativo, agroquímicos, así como temas de cambio climático y de desarrollo sostenible, que están insuficientemente mencionados en las competencias.

También quiero aclarar que tenemos una visión totalmente negativa de los artículos vinculados a las áreas protegidas, y creo que es importante la tarea de sensibilización que hacen los actores sociales más interesados en este tema. Pero entiendo que esa labor de sensibilización sería mucho más fructífera si se hiciera con la humildad y el decoro que esta instancia legislativa merece.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a los representantes de Conservación de Especies Nativas del Uruguay por su presencia en la sesión de hoy.

(Se retiran de sala los representantes de

Conservación de Especies Nativas del Uruguay).

 

(Ingresan a sala representantes de Cooperativas Agrarias Federadas).

 

–Damos la bienvenida a una delegación de Cooperativas Agrarias Federadas, integrada por Pablo Perdomo, presidente; Luis Frachia, gerente, y Stefanía Silveyra, tesorera.

SEÑOR PERDOMO.- Gracias por recibirnos.

Mi nombre es Pablo Perdomo e integro la cooperativa agraria El Fogón, de Sarandí del Yí. Me acompañan Stefanía Silveyra, productora tambera de la colonia Tomás Berreta, del departamento de Río Negro, y el gerente, Luis Frachia.

Vamos a marcar seis puntos referidos al proyecto de ley.

Como presentación, CAF es la única federación de alcance nacional de cooperativas en el sector agrario. Representa una red integrada por 20 cooperativas agrarias del Uruguay con más de 10.000 productores asociados y sus familias, y 4000 trabajadores. Ejercemos gobernanza a través de la representación de la institucionalidad agropecuaria y cooperativa que está conformada por más de veinte delegaturas en distintos institutos como, por ejemplo, INAC, Inase, INIA, Junagra, Plan Agropecuario, entre otras.

También reivindicamos a las cooperativas agrarias como una herramienta idónea para el desarrollo integral de todos los productores rurales pero, especialmente, a los de menor escala, lo que nos lleva a defender con convicción nuestra entidad y marca cooperativa. Trabajamos para que los productores y sus familias permanezcan en el campo y se inserten en las cadenas globales de valor agropecuario e industriales para que logren comercializar productos diferenciados. Las cooperativas agrarias están distribuidas en todo el territorio nacional y la mayoría supera los cincuenta años de trayectoria, aunque algunas socias son de formación más reciente. Por lo tanto, son parte de la comunidad, contribuyendo significativamente con el desarrollo local. También participan en las cadenas de valor agroindustrial y agroalimentarias agregando valor en los distintos eslabones para la producción lechera, ganadera, agricultura y granja, entre otros rubros. Esto implica que producen frutas, hortalizas, flores, miel, leche, queso carne, trigo, soja, cebada, vinos y lanas, entre otros productos.

En 2019 –como en los últimos veinte años– CAF ha presentado por escrito un documento denominado «Propuestas al próximo gobierno» con más de cincuenta planteos que abarcan diferentes áreas temáticas, muchas de las cuales están mencionadas en la LUC. Este documento fue presentado y entregado en mano a los candidatos presidenciables y sus equipos técnicos,  a la vicepresidenta, ministros y otras autoridades electas. Vamos a compartir esta propuesta. Además, debemos decir que en este documento trabajaron muchos técnicos de las cooperativas de nuestra gremial, así como la academia y asesores externos.

                Queremos hacer consideraciones generales sobre la LUC, previo a las consideraciones de CAF. Existen propuestas que, a nuestro entender, no tienen carácter de urgente pero sí son importantes. Estamos a las órdenes para discutirlas en los plazos que correspondan.

Ante la pregunta de qué posición tiene CAF con relación a la LUC, dada la cantidad de artículos y temáticas que aborda, no es posible situarse a favor o en contra; hay artículos con los que coincidimos y otros con los que no. Además, hay artículos que son motivos de análisis para CAF.

                Con respecto a las consideraciones particulares, en Compras públicas, sección II, capítulo III, el artículo 307 menciona los procedimientos y topes aplicables para las compras del Estado y propone sustituir el artículo 482 de la Ley n.° 15903 referente a la forma de realizar la contratación. El inciso D) establece: «Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine…» En tanto en el numeral 15 se incluye como requisito que cuando el proveedor sea una cooperativa de productores se realiza mediante convenio; y quiero subrayar la palabra convenio. Desde nuestra gremial quisiéramos consultar a los señores senadores por qué se establece el requisito formal del convenio únicamente a las cooperativas de productores y no a otras formas jurídicas. Con relación al convenio queremos aclarar que se puede usar a favor o en contra para nuestros intereses. En la delegación de nuestra confederación, Cudecoop, este tema también fue tomado y lo van a presentar. Nos gustaría que ellos ahondaran en este asunto porque entendemos que realizar el convenio puede ser beneficioso para algunas cooperativas en el interior profundo o para las distintas modalidades, como las sociales, las de trabajo o las agrarias, pero también puede ser a la inversa.

Con respecto a otro tema,  no existe una referencia expresa a la palabra cooperativa en la contratación de bienes o servicios que realice el Ministerio de Desarrollo Social con asociaciones u organizaciones civiles sin fines de lucro en el marco de planes definidos mediante convenios o acuerdos específicos, cuyos objetivos se relacionen en forma directa con la ejecución de las políticas sectoriales de dicha cartera. Vuelvo al hecho de que no existe una referencia expresa a la palabra cooperativa, lo cual determina que se debería interpretar en un sentido amplio la referencia a organizaciones civiles. Esta situación podría generar problemas prácticos importantes, en la medida que se pudiera poner en tela de juicio si el Estado puede contratar a cooperativas por este mecanismo. Es decir, si una cooperativa puede ser considerada una organización sin fines de lucro. Proponemos la incorporación de la palabra cooperativas a título expreso. Ya ha habido antecedentes de que se han tenido que hacer decretos o leyes en el período pasado, incorporándonos porque somos diferentes a lo que se puede considerar, como dice el documento, una organización civil sin fines de lucro.

                En el punto B, con respecto al INAC, sección VI, capítulo II, sobre el artículo 356 de la LUC, en coincidencia con lo resuelto por la Junta de INAC, proponemos sustituir el texto del artículo 3.º del Decreto-ley n.º 15605, de 27 de julio de 1984, por la siguiente redacción: «La habilitación, registro y control de inocuidad y transparencia comercial en carnicerías y locales de venta al consumidor en todo el territorio nacional, sin perjuicio en materia de control de inocuidad de carnicerías y locales de venta al consumidor, el INAC y el Congreso de Intendentes tendrán la carga de coordinar las acciones de control». La justificación de ello es la siguiente. De esta forma la habilitación es competencia exclusiva de INAC en todo el territorio nacional. Agrego que esto ya estaba en la ley vieja de INAC. Muchas veces legislamos sobre la ley vigente, lo cual nos llama la atención.

Si el Congreso de Intendentes no responde o es omiso, INAC puede ejercer en pleno sus competencias de control. Por ello figura el término «sin perjuicio».

                Referido al artículo 362, proponemos derogar la Ley n.º 19782, de 23 de agosto de 2019, también en consonancia con la posición de la Junta de INAC.

                Por último y en relación con el artículo 354, ratificamos nuestra posición favorable a extender el alcance del accionar de INAC al sector primario. Esto ya ha sido manifestado por CAF en la Junta de INAC, por nuestro delegado, y en los ámbitos correspondientes.

                Con relación al restante articulado del presente capítulo estamos de acuerdo. Debemos decir que estamos representados en el instituto y esto fue votado por unanimidad en la Junta, por lo cual coincidimos con la posición que marca INAC.

                En cuanto a la creación del Instituto Nacional de la Granja, sector III, capítulo V,  con relación a los artículos 370 al 379 de la LUC,  entendemos que es importante y estamos de acuerdo, pero no reviste la urgencia necesaria para ser propuesta y considerada en este momento, es decir, con los tiempos definidos por un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. No obstante, desde CAF estamos a las órdenes para aportar nuestra visión y experiencia en la construcción de este nuevo instituto.

                Por último, y en lo que se refiere a la integración de su consejo ejecutivo, es importante que sean las gremiales organizadas y representativas las que ocupen estos espacios de gobernanza. Aquí debemos decir que la semana pasada nuestro gerente acompañó a nuestra socia Jumecal, quien hizo sus aportes sobre este tema. Así como también el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca comentó que las gremiales fueran las representadas para ser nombradas.

                Con respecto al Instituto Nacional de Bienestar Animal, sección III, capítulo VI, que figura en los artículos 380 al 396 de la LUC, nuestra posición sobre su creación es la misma que para el caso de Inagra, en cuanto al momento de discutir su creación.

En tanto una de las principales barreras paraarancelarias de los mercados de alimentos es el bienestar animal, entendemos que este tema es de especial importancia para la producción agropecuaria. A su vez, es importante destacar que el agro viene incorporando tecnologías en la producción, en ese sentido, desde hace muchos años. La discusión en torno a la creación de este instituto debe contemplar lo anteriormente expresado y no solo el rol en la tenencia de animales de compañía.

Como comentario general sobre el diseño de los institutos, resaltamos la importancia de que funcionen de manera ágil y eficiente. Con respecto al Instituto de Bienestar Animal no solo sostenemos que debe ser ágil y eficiente, sino que tiene que ser ejecutivo. Si bien nos parece importante que haya órganos consultivos, en el momento de ejecutar no debemos ser asambleas de directores para poder discutir.

A su vez, creemos que el debate anterior se ha dado por los animales de compañía y cuando la Ley de Bienestar Animal se estaba pensando desde el punto de vista citadino, tuvimos el beneplácito de que un presidente de la Cámara de Diputados nos recibiera para poder plantear nuestras consideraciones. Estamos de acuerdo con dicha ley, pero entendemos también que el tema sobre el bienestar animal es de vital importancia para la producción agropecuaria en la comercialización y en los mercados. O sea que, por las tecnologías que acá expresamos, damos por hecho que eso ya lo estamos haciendo y muchas veces dudamos si es necesario más burocracia para atender estos temas.

A continuación nos referiremos a dos artículos vinculados con las relaciones laborales. El primero, el artículo 397 de la sección IV del capítulo I establece: «(Libertad de Trabajo y derecho de la dirección de la empresa). El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente». El artículo 491 de la sección VIII del capítulo I plantea: «Declárase ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios». Con respecto a estos dos artículos de la LUC y citando a nuestro asesor, doctor Raúl Damonte, se busca reestablecer el equilibrio en el modelo de relaciones laborales de nuestro país que ha sido regulado en la normativa en forma parcial y desequilibrada en los últimos años. Las cooperativas agrarias han sufrido este desequilibrio en múltiples situaciones durante los últimos años; algunos han trascendido en la prensa como el paro de funcionarios en Conaprole, que significó grandes pérdidas a productores lecheros, socios de dicha cooperativa, así como gastos en especialistas extranjeros que no pudieron realizar su trabajo y se le tuvo que seguir financiando con contratos que después no se pudieron cumplir, pero que se tuvieron que pagar. Las cooperativas agrícolas también se han visto en desventaja ante este tipo de situación, por ejemplo, cuando se imposibilitó la entrada de camiones a la planta de residuos de grano; se estaba realizando una cosecha y en las chacras estaban esperando los tractores y las cosechadoras para poder cargar y continuar en un negocio que se hace a cielo abierto.

En resumen, estos artículos constituyen un avance de las garantías en los derechos de las partes involucradas en el ámbito de las relaciones laborales.

Por otra parte, el artículo 481 de la sección IX del capítulo III de la LUC, sobre la ampliación del ámbito de actuación de Mevir, establece: «Los miembros de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) durarán cinco años en sus funciones. Amplíase el marco de actuación de MEVIR al departamento de Montevideo y a los centros poblados del interior del país, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente». En CAF consideramos que lo propuesto desnaturalizaría el propósito de Mevir, el cual ha sido reconocido por contar con una metodología específica y con recursos humanos especializados para trabajar con una población rural dispersa que conocemos y convivimos permanentemente. En el pasado se ha intentado aplicar este esquema a otros ámbitos o contextos sociales y en poblados superiores a cinco mil habitantes, pero no ha sido exitoso. Es importante remarcar que existen otras herramientas alternativas en el Estado o en el sector privado para dar soluciones habitaciones a la población urbana; una de ellas son las cooperativas de vivienda, que hoy también están haciendo su comparecencia en el Parlamento.

Vamos a referirnos al artículo 501 del proyecto de ley de urgente consideración. Tener áreas protegidas es estratégico para el Uruguay. Por ejemplo, a través de la marca Uruguay Natural se permite promocionar la imagen natural de la producción agroindustrial y agroalimentaria; agrega valor a la producción; genera acceso a mercados de alto poder adquisitivo y fomenta el desarrollo turístico nacional.

Desde CAF consideramos importante reforzar y defender al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Por lo tanto, nuestra propuesta es mantener tal como está el artículo 6.º de la Ley n.° 17234. Si bien pueden existir oportunidades de mejora para el SNANP, es destacable su función especializada en esta temática, que contribuye a brindar un respaldo institucional a los países que demandan nuestros productos agropecuarios.

En otro orden, si bien consideramos correcto que el Estado pueda accionar sobre las posibles áreas estratégicas a preservar, esto debe ocurrir manteniendo el justo equilibrio entre la propiedad privada y el interés general.

Por último, queremos resaltar el rol de las cooperativas agrarias colaborando con el SNANP activamente y participando en diferentes proyectos en esta línea. Como ejemplo de ello, actualmente estamos liderando un proyecto en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO–, para el uso responsable del campo natural que lleva más de dos años de trabajo.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PEÑA.- Gracias a la delegación que nos visita.

Con respecto al artículo 307, relativo a las compras y convenios, me comprometo a estudiarlo; había una explicación, pero en este momento no la retengo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Yo pertenezco al Frente Amplio y recuerdo que cuando vino el prosecretario nosotros le hicimos esa observación y la intención es volver a esa causal que ustedes están proponiendo. Creo que la bancada de Gobierno también tenía una propuesta.

SEÑOR PEÑA.- Sí, recién lo estuve consultando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pienso que sobre ello podremos llegar a un acuerdo, porque no existe interés de limitarlo.

SEÑOR PEÑA.- Con respecto al INAC estamos en la línea planteada; procuramos que el articulado que resulte aprobado vaya en línea con lo que la Junta del INAC aprobó, más allá de alguna diferencia que tenemos sobre un artículo que puede llevar a la eliminación de otras normas. 

Sobre el tema de la granja, seguro ya conocen mi posición. Creo que estamos por alcanzar un acuerdo en el sentido de que se puede crear el instituto; debemos darnos un plazo para su conformación y para reunir todas las opiniones de los involucrados.

Con respecto a Mevir –obviamente ustedes no conocen el texto definitivo– se termina utilizando pero solo en situaciones de emergencia –por ejemplo, citamos el caso de Dolores– y se deja el resto de las soluciones en materia urbana a lo que ya existe, sin perjuicio del surgimiento de alguna otra herramienta. O sea que compartimos la idea de no afectar el objetivo primigenio de Mevir, en la medida que ha funcionado bien y queremos mantenerlo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Este último punto al que se hizo referencia es muy importante, porque a nivel de la comisión existió consenso –de todo el sistema político– en que no podía desvirtuarse el objetivo de Mevir. Es más, el otro día cuando vino la señora ministra trajo una redacción al respecto.

La mesa informa que la subcomisión se divide en dos para seguir recibiendo delegaciones, por lo que la opinión de ustedes es muy importante y será distribuida entre todos los señores senadores.

Muchas gracias por su presencia en este ámbito.

 

(Se retiran de sala los representantes de las Cooperativas Agrarias Federadas).

 

 

(Ingresan a sala los representantes de la Confederación Granjera del Uruguay).

 

                –La comisión le da la bienvenida a la Confederación Granjera del Uruguay, integrada por el señor Erick Rolando, presidente; al señor Remo Di Leonardi, secretario ejecutivo y al señor Alberto Iglesias, secretario.

SEÑOR DI LEONARDI.- Muchas gracias por recibirnos y por permitirnos dar nuestra humilde opinión en este tema tan importante que está dentro de la Ley de Urgente Consideración y que ha sido largamente trabajado por la Confederación Granjera. Me refiero a la creación del Instituto de la Granja. Voy a cederle la palabra al señor presidente para que haga referencia a las consideraciones que hemos analizado y sobre las que hemos llegado a un consenso en nuestra institución.

SEÑOR ROLANDO.- Buenos días Soy el presidente de la Confederación Granjera. En primera instancia, estamos agradecidos de que nos reciban y por haber podido venir. Quiero expresar nuestra posición con respecto al Instituto de la Granja. Vemos con muy buenos ojos que se incluya en la Ley de Urgente Consideración la creación del Instituto de la Granja porque eso marca la importancia que tiene para el ejecutivo la granja nacional y la situación en que se encuentra. Creemos que es fundamental para el sector contar con un instrumento que se crea dentro del derecho público no estatal.

                Durante estos tres meses estuvimos analizando la propuesta del Poder Ejecutivo y tenemos algunas sugerencias para hacer algunos cambios a la redacción. Por supuesto, marcamos el espíritu de lo que queremos, pero no nos metemos en la redacción jurídica porque no nos compete. Pensamos que las personas idóneas para ese tema son los legisladores. Como sugerencia pedimos que se individualice expresamente en el primer punto el nombre de las gremiales y de las instituciones que van a participar en la junta directiva del instituto.

                En el artículo 375, literal B), sugerimos que se redacte que el Instituto de la Granja dirija, administre, ejecute, controle el Plan de Promoción Granjera y que también administre, ejecute y controle el Fondo de Fomento de la Granja.

                En el artículo 375, literal H), proponemos una modificación y que el instituto tendría que coordinar con otras instituciones públicas o privadas para salvaguardar la producción hortícola y frutícola contra enfermedades, plagas y otras causas que le provoquen pérdidas o daños. Además, queremos que se promuevan medidas de adaptación, así como de protección al cambio climático, e impulsar un régimen de seguros eficiente y económico. Lógicamente hay que adaptarse a las nuevas realidades mundiales como el cambio climático y la pandemia por el Covid–19.

                El en literal K) del artículo 375 proponemos asesorar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para la creación de normas de calidad, a las que deberá ajustarse obligatoriamente la comercialización de productos frutícolas nacionales e importados en todo el territorio nacional. Además, agregaríamos el literal L) y, en su lugar poner: «Elaborar, desarrollar y ejecutar un plan nacional en el manejo de plagas en la fruticultura y en la horticultura y controlar su eficiencia». Creemos que es fundamental, porque ha cambiado mucho técnicamente el control de plagas en los últimos tiempos y es necesario idear un plan nacional para el manejo de plagas. Pensamos que el órgano idóneo para ejecutarlo y controlarlo es el Instituto de la Granja.

                En el artículo 377 agregaremos el plan de manejo de plagas y también los seguros frutihortícolas.

                Quedo a las órdenes para cualquier pregunta respecto a este tema. Consideramos que nosotros contamos con suficiente tiempo como para poder hacer estos cambios, porque ya los venimos trabajando desde hace muchos años. Prácticamente, la redacción del proyecto de ley propuesto con estas modificaciones —lo que cambió fue el mundo, no las necesidades de la granja— se ajusta a la realidad del momento. Este instrumento del instituto nos va a permitir ser actores eficientes en el desarrollo de políticas hacia el sector granjero.

SEÑOR PEÑA.- Damos la bienvenida a la delegación.

A modo informativo quiero decir que hemos avanzado bastante en los acuerdos, por lo menos a nivel de la coalición, pero también habría acuerdo con la oposición. En principio, vamos a plantear la idea que ustedes manifiestan. Seguramente surja casi con respaldo unánime la creación del instituto. Nos daremos un plazo quizás menor al original, yendo en la línea de que ustedes planteaban en el sentido de que la herramienta es muy positiva y necesaria para generar todo el contenido, las competencias y las fuentes de financiamiento. Habría acuerdo para generar el instituto como tal en aproximadamente 180 días y generar los extremos que señalaba.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar constancia de que existe acuerdo entre el Frente Amplio y la coalición de Gobierno. Nuestra política es que hay que promover; es una demanda muy sentida por las diferentes gremiales. Concurrieron distintas gremiales que solicitaron un tiempo prudencial para mejorar la redacción del articulado. En ese sentido, son muy importantes los aportes que realizaron. El acuerdo al que llegamos va en la línea de lo que manifestaba el senador Peña.

SEÑOR DI LEONARDI.- Queremos hacer un agregado.

Para nosotros es un tema muy sentido. Muy brevemente, haciendo historia, podemos decir que no es nada nuevo para el Parlamento, porque en el año 2002 fue ingresado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca por el expresidente de la república, José Mujica y en 2004 por el actual presidente.

Celebramos que el tema esté sobre la mesa y trataremos de hacer el mejor aporte posible, porque vivimos de la actividad granjera desde toda la vida y conocemos los problemas que existen en el sector y el desafío que tiene hacia adelante en el mundo. Tenemos la necesidad de adaptarnos a las nuevas dinámicas, y por eso creemos que un nuevo instituto puede ayudar a cambiar un poco la historia de lo que es y ha sido el sector de la granja, mirando hacia un futuro mucho más propicio para todos.

Queremos señalar que nuestro aporte es absolutamente positivo. Agradecemos la buena voluntad y tenemos absoluta confianza en ustedes porque, sin duda, harán lo mejor para un sector que es y será absolutamente estratégico para la soberanía alimentaria del país.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queremos que tengan la absoluta tranquilidad de que vamos a trabajar en este tema porque hay un acuerdo político en ese sentido.

                La Subcomisión pasa a cuarto intermedio hasta las 14 horas.

(Son las 13:15).

(Vueltos a sala).

–Se reanuda la sesión.

(Son las 14:25).

–Damos la bienvenida a la doctora Ana Colombo, quien ha concurrido en representación del Instituto Legal de los Derechos de los Animales. Desde ya, gracias por su aporte a esta comisión.

SEÑORA COLOMBO.- Buenas tardes. Soy yo quien agradece la invitación y quiero esclarecer que el doctor Ramón Tejera, que es jubilado de la Guardia de Coraceros, no pudo acompañarme porque, lamentablemente, robaron en su empresa y en este momento está declarando en la seccional policial 20.ª.

                Estamos aquí para explicar el motivo de nuestro apoyo a la creación del instituto que se plantea porque consideramos que la temática del bienestar animal es muy importante. Siempre nos llamó la atención que el Uruguay, que siempre fue pionero en materia legislativa –ya en la década de los treinta el presidente Getúlio Vargas, de Brasil, vino al Uruguay junto con sus técnicos, a analizar toda la temática laboral de nuestro país–, o sea, siempre estuvo avanzado en materia de legislación tuviera, con relación al bienestar animal, un déficit muy, muy grande.

                Pertenecemos al Instituto Legal de los Derechos de los Animales, que fue creado para dar apoyo jurídico a las denuncias de maltrato. Nosotros recibimos las diferentes denuncias de los ciudadanos y parte de nuestros objetivos es procesarlas, es decir, encaminarlas a las autoridades competentes. Cabe señalar que en la actualidad tenemos un vacío terrible porque desde que se promulgó la Ley n.º 18471, la ciudadanía está engañada –digámoslo así– porque piensa que quien comete algún acto de violencia contra los animales va preso. Sin embargo, el maltrato animal en Uruguay, como los señores senadores bien saben, no es un delito, ni siquiera está considerado como falta. ¿Por qué consideramos que esto es importante? Al tener nosotros un contacto directo con las diferentes seccionales, sabemos qué es lo que sucede. La mayoría de los policías, cuando me acerco, me dicen: «Mire, doctora, cuando nosotros vamos a una casa a atender una problemática de violencia doméstica, ya concurrimos por una violencia con animales». Además, hay informes del FBI y de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que indican que, generalmente, los maridos utilizan a las mascotas como un mecanismo de coacción. Por ejemplo, dicen: «No te vayas porque, si no, mato al perro». «Hacé tal cosa, si no, liquido al perro». Si nosotros queremos una sociedad menos violenta, indiscutiblemente tenemos que legislar o sancionar el maltrato animal.

                Estamos acá para expresar cuáles tendrían que ser, a nuestro criterio, los cambios.

En el artículo 384, sobre las facultades que se le darían al Instituto Nacional de Bienestar Animal, nosotros cambiaríamos el literal D) por: «Recibirá los antecedentes emitidos por los Juzgados de Faltas». Consideramos que las confiscaciones de los animales por parte de este instituto tienen que estar dentro de un marco jurídico.

                Hoy, casualmente, tuvimos novedades de dos denuncias que hicimos. Una fue en San José; la doctora Trinini recibió nuestra denuncia de que un hombre daba una golpiza con palos a un equino que estaba atado. Ella directamente archivó la denuncia. Estoy dando, apenas, dos ejemplos para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo hoy.

                Además, la Cotryba no está funcionando. Realmente, nunca funcionó en el ámbito de toda la república; no tenía funcionarios que la representaran. Entonces, consideramos que el instituto va a ser una pieza fundamental mientras tenga un marco jurídico, que realmente esté reglamentado y se cumpla.

                El otro caso es de Rocha. La doctora Andrea de los Santos recibió la denuncia de que un individuo tuvo maneada a una yegua por cuatro días –atada de manos y patas– para que fuera servida por un potrillo y quedó herida. Presentamos las pruebas, pero la doctora, hasta el momento, no se ha expedido. De eso hace ya tres meses. Protectoras y proteccionistas, cuando fueron ante ella por otros motivos, recibieron la respuesta de que un animal y un florero para ella son lo mismo.

                Tenemos que dar un marco jurídico para que los jueces también puedan actuar.

El instituto, aunque tenga un retén, es un organismo administrativo que trabajaría de lunes a viernes. ¿Qué pasa los fines de semana o durante las noches? Con los jueces de los Juzgados de Faltas y los Juzgados de Paz en el interior tendríamos una autoridad competente, no digo las veinticuatro horas, pero sí dieciocho horas por día, inclusive sábados y domingos. Este marco punitivo es muy importante.

Además, recuerden que en el derecho uruguayo los animales son objetos, por lo tanto, tienen una propiedad. Consideramos que la requisa tiene que ser hecha en el ámbito jurídico; la provisoria sería dictada por los jueces de faltas, pasando definitivamente para la corroboración del instituto. Esta sería una de las reformas.

La otra reforma sería un agregado, el literal G): «Controlar el cumplimiento de la obligatoriedad de la certificación de bienestar animal en todos los mataderos, plantas de faenas y frigoríficos del Uruguay». ¿Esto qué significa? Hoy los mataderos y los frigoríficos que tienen un protocolo de bienestar animal, por así decirlo –ahora voy a detallar–, son solamente aquellos de los que sale la carne de Uruguay para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea así lo exige. Quiero pensar que es por ética, por respeto hacia a la vida, pero no nos vamos a engañar: es porque saben muy bien que mejora el producto. Entonces, nuestra consulta es: el uruguayo, ¿no tiene igual derecho de consumir? Quien les habla no consume productos cárnicos, pero la mayoría de los uruguayos sí lo hace, entonces; ¿no debería ser un producto de igual calidad que el de la comunidad europea?

                También les adjunté algunas consideraciones acerca de qué efectos se observan en los animales que son mal manipulados, antes y en el proceso de sacrificio. Es un proceso bioquímico. El estrés, los nervios, el dolor, van produciendo sustancias que van cambiando los elementos que tiene esa carne, cambiándole el sabor, e incluso hasta pueden llegar a tener sustancias cancerígenas. Aquí, en el primer inciso de este material, se dice algo muy importante, que en un animal sano y descansado el nivel de glucógeno de los músculos es alto y que, una vez sacrificado el animal, este glucógeno se convierte en ácido láctico y el músculo y la carne se vuelven rígidos, rigor mortis. Y agrega que este ácido es necesario para producir carne tierna y de buen sabor, calidad y color.

Entonces, sabemos que cambiar las plantas frigoríficas tomará un tiempo, un costo, pero a nuestro entender habría que dar un plazo límite para que todos los mataderos cumplan con estas normativas. Repito: para que el uruguayo pueda acceder a un producto de buena calidad.

                La parte técnica se las he adjuntado, porque puede ser un poco aburrido describir el proceso bioquímico de la carne, lo que genera el miedo y el estrés.

                Hay otra cosa que consideramos muy importante, y tal vez las personas no se den cuenta. Hoy las familias, en la mayoría de los hogares del Uruguay, tienen mascotas, animales de compañía, y vemos que cuando las personas, las fábricas, principalmente las raciones nacionales, concurren al MGAP para tener la autorización de esas fórmulas, solo en ese momento se corrobora si es prudente o no esa composición química. No es como con las raciones extranjeras, que en el momento en que arriban a tierras uruguayas el inspector toma una bolsa y corrobora que lo que está en el envase es realmente lo que dice, lo que está adentro. ¿Qué sucede? Ya tenemos denuncias, ya se han corroborado elementos extraños en las raciones nacionales de mascotas, como clavos, polvo de ladrillo, y eso genera realmente problemas de sanidad en los animales.

Por último, hay un problema y nosotros vamos a presentar un proyecto, y es por lo siguiente. Parte de la sociedad uruguaya hoy está trabajando con caballos. Esto ahora lo podemos ver en 18 de Julio con la Guardia Republicana y Coraceros, o el Servicio de Remonta. Siempre han trabajado con esos caballos durante muchos años. En Coraceros los caballos se dan de alta y de baja como cualquier policía. Nosotros consideramos que estos caballos nunca pueden ingresar al frigorífico, al matadero. El comandante Guarino, en 2006 y 2007 –nosotros presentamos la denuncia del caso– mandó una caballada al frigorífico, al matadero CLAY, y fuimos nosotros quienes tuvimos que hablar con las abuelas de los niños que hacían equinoterapia; “Shakira” o “Luis Miguel” ya no estaban más, terminaron en una planta frigorífica. Hay muchos coraceros que siempre nos piden para interceder, para ver si los mandos superiores les entregan en tenencia a esos animales, porque son personas que vivieron, que trabajaron toda su vida con ellos. Entonces, consideramos que esto tiene que ser una ley, que estos animales se den en tenencia provisoria; no que se los regalen, sino que sea apenas una tenencia provisoria para estas personas o, si no, que se envíen a granjas turísticas, pero nunca ingresarlos al frigorífico. Además, creemos que es lamentable que el Uruguay tenga esta industria, pero la tiene. Lo que consideramos que no debe suceder, bajo ningún concepto, es que el pueblo, el Gobierno, el Estado uruguayo sea partícipe de esto enviando caballos al frigorífico.

Y por último, una brevísima mención a algo particular, mío, que no puedo dejar de decir. Para mí, no tiene lógica que el instituto de los animales esté en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tendría que estar en otro ministerio, como el ministerio de medio ambiente o, inclusive, el del Interior. Nosotros trabajamos en la parte de requisas y denuncias continuamente con la Policía y necesitamos un protocolo de actuación. No es lógico que esté en un ministerio en el que ven a los animales como un objeto de producción. Una cosa es la salud de esos animales para el consumo de humanos y, otra, el bienestar. Estamos hablando, principalmente, de mascotas –perros y gatos– que la mayoría de los uruguayos tiene y muchos las consideran como parte de la familia. Es claro que no es el caso de todos los uruguayos, porque si así fuera no tendríamos tanto trabajo con la cantidad de denuncias de perros violados, perros quemados y demás. El universo es muy grotesco; empiezan con el perro y, luego, seguramente, siguen con los hijos o con la esposa.

                Muchas gracias por la atención.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Le agradecemos los aportes.

La semana próxima la comisión empezará a estudiar en profundidad el articulado y analizaremos este tema junto con los demás señores legisladores.

SEÑORA COLOMBO.- Ya estamos enviando por correo electrónico el material para que todos los señores senadores puedan tenerlo.

                Esto es algo lógico y nuestra sociedad lo está necesitando. El instituto sería muy bienvenido.

                Gracias.

(Se retira de sala la señora Colombo,

 representante del Instituto Legal de los Derechos de los Animales, ILDA)

 

(Ingresan a sala representantes de la Comisión de Colonización).

                –Damos la bienvenida a la delegación de la Comisión de Colonización, integrada por Noel Fernández, de la Mesa Nacional de Colonos de Paysandú; Iván Revello, de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo; Pablo Díaz, del Movimiento por la Tierra, de Tacuarembó; Gabriela Arrieta, de la Mesa Nacional de Colonos, de San José y Walter Bandera, de Colonia Wilson, Cerro Largo.

                Tienen ustedes la palabra.

SEÑOR REVELLO.- Soy presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, pero hoy estoy aquí como representante de la Comisión de Colonización.

                Nuestra comisión se formó a partir de un grupo mayoritariamente de colonos que trataron de impulsar a un representante al directorio de Colonización, pero luego siguió trabajando y logró el apoyo de dieciséis instituciones, movimientos, grupos sociales y también de colonos.

                Queremos agradecer esta instancia para referirnos al instituto, tema que está a estudio del proyecto de ley de urgente consideración.

                Vamos a entregarles un documento y a aprovechar estos minutos para compartir algunos otros pensamientos.

En cuanto a la propiedad de los colonos, seguramente cuando el legislador elaboró la ley tuvo en mente que se pudiera hacer el seguimiento y mejorar la sucesión de la familia, con la posibilidad de hacer más fácil la vida de la producción, porque probablemente una generación tuviera que sacrificarse más para pagar esa tierra –siempre dentro de la ley–, pero las generaciones venideras tendrían un alivio en el usufructo de la producción.

Por otro lado, una de las cosas que más le interesa hoy al colono es la seguridad jurídica, principalmente cuando siendo propietario o arrendatario tiene inconvenientes en el compromiso mismo con el Instituto Nacional de Colonización y también cuando llega el momento de jubilarse. En ese sentido, el legislador tiene que darle otra posibilidad y otra forma de garantizar a él y a su familia que la ideología del gobierno de turno no le va a quitar o a cambiar las condiciones por las cuales está en ese lugar.

                Ese es mi aporte.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Buenas tardes.

                Soy Noel Fernández, colono de la colonia Ros de Oger del departamento de Paysandú. Vine a exponer dos ejemplos claros de por qué no aprobar el artículo 353 del proyecto de ley de urgente consideración, en base a lo que nos muestra la realidad y lo que ha pasado en la zona.

                En la colonia Baltasar Brum, departamento de Paysandú, a partir de 2007 se desafectó el padrón n.° 5142 que era originario del Banco Hipotecario del Uruguay. Al ser desafectado de la ley, el colono propietario tuvo la posibilidad de venderlo a un capital extranjero. El mes pasado ese capital extranjero lo vendió a otro capital extranjero y, hoy, en ese campo, en esa fracción, se está planificando un contrato de arrendamiento con la empresa finlandesa UPM para plantar eucaliptos y generar pasta de celulosa. Ese es un claro ejemplo de lo que no queremos que pase con las colonias, porque pensamos que se hicieron con fines colonizadores, para que la gente viviera en la tierra y de la tierra, con la familia afincada al medio rural. Por lo tanto, un ejemplo como este quita oportunidades a hijos de colonos y a campesinos que quieren trabajar la tierra.

                ¿Por qué no hacer una desafectación? Porque desde 1948 la Ley n.° 11029 prevé la desafectación estudiando caso a caso. En 2010, el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, por cuatro votos en cinco, hizo una desafectación en la colonia Ros de Oger de once fracciones, que suman casi unas mil hectáreas, y esos padrones se vendieron a UPM. Entonces, se puede estudiar el caso sin ninguna ley de urgente consideración de por medio, el directorio tiene la potestad de hacerlo. Por lo tanto, brindando estos dos ejemplos, pensamos que no cabría una desafectación porque ya hay una ley que prevé eso.

                Gracias.

SEÑOR BANDERA.- Soy productor rural, colono; me dedico a la explotación lechera ganadera en la Colonia Wilson Ferreira Aldunate, departamento de Cerro Largo, y además integro la comisión de colonización. Haciendo el seguimiento de lo que han expresado los compañeros, vengo a traer, nada más y nada menos, que la voz del trabajador rural, el que día a día lucha a brazo partido en el medio rural. Soy un pequeño productor, como muchos que hay en el país, asalariado rural, aspirante a colono. Hay distintos productores con problemas de escala, más que nada. Traigo el planteo también de la falta de oportunidades tal como dijo el compañero. Vemos la tan golpeada población del medio rural. En este sentido, debemos pensar en las futuras generaciones, en la cultura campesina, más que nada, que no la debemos perder ni dejarla a la deriva, compitiendo con especuladores del dinero, concentradores de poder. También entendemos que nuestra tierra y nuestros recursos naturales nos pertenecen como sociedad. Vemos que la desafectación de tierras comprendidas  por la Ley nº. 11029 deja a muchos productores muy lejos de las oportunidades. Para nosotros, la familia rural instalada, es un avance que tiene este país y no lo podemos perder. La despoblación no cabe duda que se hace sentir por todos los rincones de nuestro país, trayendo con esto el lamentable cierre de muchas escuelas rurales. Por lo tanto, me parece que es de urgencia revisar estas situaciones y debemos buscar las soluciones que entendemos, están entre nosotros más que nada. De esa manera vamos a poder contribuir con la tan anhelada repoblación de la campaña. Que se tenga en cuenta, antes de toquetear esta ley, la cantidad de perjuicios que acarreará a toda nuestra sociedad, siendo esta quien confió justamente en ustedes el actual cargo.

                Queremos aportar y trabajar,  más que nada, desde la misma vereda. La cadena productiva de la que siempre hablamos, de todos los rubros, como también el funcionamiento de nuestras empresas e industrias, la debemos mantener.

                La producción tradicional, realmente, es la que debemos potenciar y buscar las soluciones a los distintos sectores de nuestra sociedad. Con más productores seguro tendremos mucho más trabajo, mucha más mano de obra y más materia prima para poder cargar hacia los puertos. Todos sabemos que no debemos esperar nada que no sea de nosotros mismos como dijo nuestro prócer.

                Muchas gracias.

SEÑOR DÍAZ.- Integro el Movimiento por la Tierra. Muchas gracias por recibirnos.

                Como se dijo, hay unas 16 organizaciones sociales integrando la comisión de colonización, muy diversas, muy heterogéneas, de todo el país, con productores, colonos y técnicos. En mi caso, no soy colono –como sí lo son los tres compañeros que hicieron uso de la palabra–, sino técnico. Todos estamos muy preocupados por el artículo 353 del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración y les pedimos

seriamente a los señores senadores que lo reconsideren y que analicen la posibilidad de quitarlo de esta iniciativa.

                Los argumentos de los colonos ya fueron bastante importantes, pero en lo que tiene que ver con las discusiones que se han dado en este ámbito, nos hemos tomado el trabajo de estudiar las distintas actas que se han elaborado a partir del funcionamiento de esta comisión especial. Analizando los argumentos de cada uno de ustedes, tanto a favor como en contra de este artículo 353, hemos debatido con los colonos y hemos tratado de llevar cuestiones más jurídicas a la discusión con los productores. Efectivamente, las consecuencias que esto trae nos preocupan mucho a todas las organizaciones sociales. El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Buffa, el 13 de mayo dijo que se desafectarían 70.000 hectáreas y realmente no sabemos de dónde sale ese dato, a pesar que hace más de diez años que venimos sistematizando toda la información que brinda el Instituto Nacional de Colonización. Seguramente sean los títulos que actualmente convalidaron ante el instituto los productores o tenedores de esos campos, a partir de las modificaciones que tuvo la ley. Pero para nosotros son 140.000 hectáreas que, al precio actual de la tierra, nos da unos 400:000.000 o 500:000.000; o sea un fondo de coronavirus bastante interesante o cientos de aviones presidenciales que se podrían comprar con esa plata. Hoy en día como sociedad estamos renunciando a decidir qué va a pasar con esos bienes. Esto no es nada nuevo; no es del Frente Amplio, no es de la Ley n.º 18756 del año 2011 ni del repoblamiento de la campaña, del año 2007. Esto arranca en 1913 con la creación de la primera comisión de colonización y sigue con la sección de fomento del Banco Hipotecario en el año 1923, porque funcionó vender los campos a los productores para que ellos colonizaran. El Estado entendió en esa época –recuerden el batllismo de aquel momento y hagámosle honra a esa preocupación que tuvo por la gente del campo– que era necesario para el productor tener una seguridad jurídica, aunque sea como propietario. Efectivamente, cuando se observa la discusión del año 1948, los senadores decían que había muy pocas quitas de campo y muy pocos productores que dejaron de pagar y perdieron el campo; a la mayoría de los productores les funcionó adquirir tierras mediante una compra conveniente, con plazo, regulada y acompañada por el Estado. O sea que desde 1948 hay seguridad jurídica para toda la sociedad uruguaya, de que esos campos están afectados a la Ley  n.º 11.029. Esto no es algo del Frente Amplio. Las organizaciones sociales estamos fuera de esa pulseada de que en el año 2007 o en el 2011 se cambiaron las reglas de juego para atrás, y por eso hay que sacar 140.000 hectáreas de la ley de colonización. No; entendemos y defendemos la ley completa. Nosotros no defendemos los últimos quince años de colonización, sino los ¡setenta años del Instituto Nacional de Colonización y las buenas acciones anteriores! que se hicieron. Desde el 1948 se entiende que hay colonos propietarios y que existen muchos artículos de la Ley n.º 11029 –reitero, muchos– que habría que modificar, y no me refiero solamente a la de 2011. La ley nació pensando en el propietario y en el arrendatario, y para los dos regímenes, para el que quiere tener su propiedad, la ley está afectada, y hay reglas de juego, hay mecanismos dentro del ente autónomo –respetemos esa autonomía del ente autónomo– para desafectar.

Hoy en día tenemos en la presidencia del instituto un hombre de campaña; un hombre de Laureles, de mi zona; un hombre que conoce el campo y que ya ha recorrido los ranchos en este mes que ha tenido de director. Él entiende claramente que si tiene que desafectar un productor, lo hará y lo llevará al directorio, y hasta nosotros lo apoyaríamos para que se desafecte ese colono propietario. Pero ¡140.000 hectáreas! es una desafectación masiva de tierras y no sabemos ni siquiera a quién estamos beneficiando. ¿Ustedes están seguros que  esas 140.000 hectáreas –si quiere Buffa, 70.000– están en manos de colonos propietarios? Reitero, ¿están seguros? Tenemos vecinos de otros colonos, en todo el país, tanto en el departamento de Artigas como en Rivera, señor senador Viera, que sabemos que no tienen el perfil de colono; son personas que quedaron con campos que no son colonos, reitero, no tienen el perfil de colonos y la sociedad desde el año 1948 invirtió y ahorró en tierras que se han valorizado. Esta fue una excelente intervención del Estado batllista y no batllista. El Instituto Nacional de Colonización nació en la década del cuarenta y fue una excelente inversión, porque son abuelos, padres e hijos colonos de estos que están aquí acompañándonos. 

Según los datos que tenemos –y sin perder de vista los datos oficiales–, desde la década del veinte hasta el año 2000, esas tierras han estado por debajo del promedio de USD 500 –a valores constantes–; a partir de ese año, a dólares constantes, el promedio da USD 1.500. O sea que esas tierras se valorizaron por lo menos tres veces. Todos los uruguayos –nuestros abuelos y sus padres– hicimos una inversión que se valorizó y hoy la estamos dejando del lado del Estado y no podemos decir nada. ¿Qué se hizo durante los últimos años con respecto a los colonos propietarios y a las desafectaciones? El directorio del Instituto Nacional de Colonización decide quién es el nuevo comprador. Si es una colonia lechera –como la del señor Walter Bandera–, no va a ir un hombre a forestar. El directorio puede decirle que venda su fracción pero que lo haga a un lechero. Esto no es plata; es solo una orientación del Estado hacia el nuevo vecino que, en este caso, Walter va a tener; y puede la Coleme –señor senador Botana– seguir remitiendo leche desde las colonias de campo de colonización.

Ahora bien, si el Instituto Nacional de Colonización sin plata no puede hacer nada, porque se lo ata de manos por una ley de urgente consideración, esas cuestiones van a seguir pasando. Una colonia entera va a seguir siendo desarmada por fracciones que no son de arrendatarios, sino de colonos propietarios, que por este proyecto de ley quedan afuera de la órbita del Instituto Nacional de Colonización.

Para nosotros es importante que, si no hay plata, por lo menos que el directorio pueda orientar la compra de esas fracciones, es decir, la venta hacia afuera del instituto. Y estamos comprometidos a que si realmente reúnen el perfil de colonos –o son colonos y no adquirentes, o sociedades anónimas que se quedaron con campos de colonos–, vamos a apoyar esas afectaciones, pero no de esta forma, masivamente, porque no sabemos cuánto dinero realmente estamos perdiendo como sociedad. Este no es un planteo corporativo de los colonos. Los colonos piensan en todas esos años que, como sociedad, hemos apostado por una herramienta y que por el artículo 353 la estamos achicando. 

Ojalá tengamos una segunda instancia y podamos allí plantear a los señores legisladores cuáles serían las alternativas, por ejemplo, para que no haya una multa, como la del 20 % que estableció el Frente Amplio, modificando la ley de colonización,  o el porcentaje del 10 % que debe pagar el colono propietario cuando desafecta su fracción. Pensemos alternativas, pero no desafectando. Digo esto, porque si nos atamos de manos ahora, después no vamos a poder quejarnos de que se nos achique esta gran herramienta que fue creada como una obra maestra en 1948.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si bien la idea de estas audiencias de los viernes es escuchar la opinión de las diferentes delegaciones, por tratarse de un tema de mucha trascendencia y preocupación, le daremos la palabra a los señores senadores.

SEÑOR BOTANA.- Brevemente, señor presidente.

Por supuesto que no le voy a dar la paternidad al batllismo en esta cuestión; acá por lo menos somos cuatro senadores de Cerro Largo y no me puedo olvidar de don Arturo González Vidart, de los pagos de Fraile Muerto, que fue el protagonista principal de esta instancia. 

                Señor presidente: me parece sumamente interesante la exposición de los representantes de la Comisión de Colonización.

Me gustaría hacer una consulta, en la medida que este artículo 353 pretendía –o pretende– solucionar un problema de esas tierras que, viniendo de la vieja Comisión de Fomento y Desarrollo del Banco Hipotecario están afectadas al Instituto Nacional de Colonización pero no pueden servir como garantía de créditos ante el Banco de la República ni tampoco ser integradas al patrimonio particular.

                A mí me parece, de alguna manera, que con esta solución o con otra, deberíamos encaminar el tema. En ese sentido, hoy el colono no está gozando de ese beneficio y nos parece absolutamente razonable que pueda hacerlo. Tengo la disposición de trabajar en una solución que contemple el hecho de que estas tierras no escapen de la órbita del instituto, pero también que le demos al colono las libertades o el respeto que tiene el trabajo y las oportunidades de aquel que invierte su vida en la tierra, y en trabajarla permanentemente.

                Muchas gracias, señor presidente.

(Dialogados).

SEÑOR VIERA.- Es innegable la filosofía del Instituto Nacional de Colonización a la que ha hecho referencia y con contundencia el señor senador Camy, reconociendo el origen de esta herramienta maravillosa.

                Realmente es muy bienvenido el aporte que nos hace la Comisión de Colonización. Nos da su opinión, su visión y nos hablan de sus temores que creo que son de recibo. Estas instancias para escuchar a la sociedad y a los interesados son muy buenas porque suele ocurrir que buscando un objetivo a veces nos desviamos y terminamos logrando cosas opuestas a las que se procuran.

                Con este artículo nuestra intención y la del parlamento no es debilitar al Instituto Nacional de Colonización ni al sistema de colonización. Mucho menos queremos desafectar y excluir miles de hectáreas en forma masiva, como puede resultar. Realmente yo atiendo lo que nos están diciendo. Como bien decía el señor senador Botana la intención es facilitar sobre todo el caso de las tierras que provienen del Banco Hipotecario del Uruguay, aunque en realidad el artículo también habla de las tierras desafectadas por la Comisión Asesora de Colonización. Vamos a estudiarlo su planteo. Es muy interesante y de recibo. Vamos estudiarlo para tener el objetivo claro y afinar la redacción. Queremos darle cierta flexibilidad e instrumentos para que algunos colonos que están en una situación comprometida hasta para conseguir créditos con estas garantías. Reitero, vamos a afinar la redacción para no correr riesgos. Me uno a sus expresiones en cuanto a que no queremos debilitar la maravillosa herramienta de la ley de colonización.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR CAMY.- Voy ser breve a pesar de que este es un tema que me apasiona y con el que estuve vinculado desde la concepción y cuando fui vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización en los primeros años de este siglo. También fui autor de la ley del año 2007 –cuando se modificó por primera vez–, que fue votada por unanimidad en la Cámara de Senadores. Después, cuando pasó a la Cámara de Representantes, tuvo sucesivas modificaciones que generaron polémica.

                Como dijo el señor presidente quiero cumplir el objetivo de estas instancias que es escuchar y preguntar, pero no quiero dejar de señalar dos cosas. Quiero saludarlos especialmente; sé que hacen muchos kilómetros para venir hasta acá. Quiero hacer llegar el reconocimiento a cada una de las colonias a las cuales están vinculados, que las conozco muy bien. Son colonias emblemáticas del Instituto Nacional de Colonización, por distintos motivos.

                Yo tengo coincidencias plenas con la filosofía de la colonización y con lo que nuestros invitados han expresado al respecto. En eso estoy cien por ciento de acuerdo. Tengo el matiz diferencial de que, a mi juicio, no alcanza la modificación concreta que se establece en el artículo 353 del proyecto de ley al artículo 5.° de la Ley n.º 18756 lo que ustedes señalan. Es decir, la modificación sustancial de este artículo está en donde dice: «(…) cuyos propietarios cumplieron con todas sus obligaciones antes del 12 de enero de 1948».

Si nos solicitan dejarlo como está, estamos avalando la desafectación que se hizo para tierras y parcelas de las mismas colonias, con la diferencia de que aceptamos las que culminaron el pago al año 1948 y no algunas a las que les quedaron pendientes algunas cuotas, que es lo que esta modificación hace. De hecho, esta fue la razón que impulsó la sentencia de inconstitucionalidad que se tiene a favor de los colonos propietarios que han caminado ese tránsito legal.

Es más –y para no discutir la cantidad de hectáreas–, en este tiempo se ha dado en Uruguay el mayor proceso de extranjerización de la tierra que ha conocido el país, y nada pudieron hacer para frenarlo la Ley n.º 11029 y el Instituto de Colonización. El proceso de extranjerización y, más aún, de habilitación expresa a sociedades anónimas al portador se hace con habilitación expresa del Gobierno, con excepciones. Por tanto, estoy convencido de que esta disposición no alcanza lo que nuestros invitados señalan.

Para citar herramientas positivas relativas al tiempo que referimos, en el que se permitió el proceso extranjerizador, se le dio al instituto las herramientas para tener un ingreso de casi USD 30:000.000 por año. Esto ha permitido que el Instituto Nacional de Colonización, que en el año 2004 tenía, en sus 193 colonias de entonces, 5200 colonos aproximadamente, hoy tenga casi 7000 y más tierra comprada. Es decir, se ha ido incorporando tierra al amparo de la Ley n.º 11029 para arrendatarios y para propietarios colonos, que siguen siendo propietarios colonos.

Y les subo la apuesta; lo hemos expresado acá. Quiero más propietarios colonos. Nos hemos quedado cortos en utilizar los 45 años que están expresamente contemplados en la Ley n.º 11029 para financiar el pasaje de arrendamiento a propietario del colono, a partir del concepto de que la situación ideal de tenencia es la propiedad.

Entonces, es una gran ley, la tenemos que cuidar muchísimo, pero acá no estamos afectando, a mi juicio –respeto muchísimo la visión de nuestros invitados, que he escuchado con atención y voy a releer– el interés del Instituto Nacional de Colonización. Acá estamos restituyendo una parte de la tierra que ya fue desafectada de  colonias que fueron adquiridas antes del año 1948. Ese es el proceso. No es otra la visión de lo que alcanza este artículo.

                Es más, hace 72 horas tuve una extensa reunión con el presidente del Instituto Nacional de Colonización –y coincido con el juicio que de él se hizo– sobre un proceso de modificación que tiene que haber del proceso colonizador. Incluso, más allá del propósito de la colonización en las distintas tipologías que tiene la Ley n.º 11029, tiene que irse a una colonización con un instituto capitalizado. Y nos vamos a encontrar seguramente acá –miren lo que les estoy diciendo, y les está hablando un senador del Gobierno– defendiendo los recursos que hoy recibe el Instituto Nacional de Colonización, esos USD 30:000.000. Mañana alguien puede plantear que se retiren, y acá van a tener un socio para defenderlos. Y vamos a seguir un proceso en 10, 15 años, sin tocar nada, de capitalización del Instituto Nacional de Colonización, de retomar el proceso que hubo en el Gobierno de Pacheco Areco. Ese fue el último gran empujón, aparte del proceso fundacional.

                Por eso, con todo respeto, tengo un matiz vinculado al enfoque que nuestros invitados hacen respecto a la afectación institucional que esta norma tendría. Es una modificación que restituye o empareja una corrección que por la ley anterior alcanzó parcialmente a estas colonias, que no son tantas. Las conozco. Yo estuve hasta en la última gran reunión, que fue en la Colonia Italia, en el departamento de San José, cuando fueron los constitucionalistas que presentaron los recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y que ganaron.

                Por otro lado, si no entendí mal, uno de los argumentos que plantea el señor Díaz es que no sabe si son colonos propietarios algunos de los que hoy figuran y si no son sociedades anónimas. Esto es algo gravísimo, porque no es posible. Estaríamos hablando de que al amparo de lo que pretendemos corregir, hay sociedades anónimas tenedoras de tierras. De manera que estaríamos hablando de que hay un incumplimiento de la ley y una ilegalidad flagrante, que habría que denunciar.

                Me parece que es otro el enfoque, pero quiero decir con claridad, en el agradecimiento al aporte, que coincido cien por ciento en la filosofía y en la defensa que está haciendo este conglomerado de  agrupaciones sociales de la Comisión de Colonización.

SEÑOR PRESIDENTE.- La intención no es entrar en un debate, pero ya que hablaron dos senadores del Partido Nacional y uno del Partido Colorado, vamos a hablar nosotros por el Frente Amplio.

                Nosotros compartimos la preocupación que nuestros invitados tienen con referencia al artículo 353. Creemos que establecer la normativa tal cual está redactada no da ninguna seguridad, y eso puede afectar el patrimonio del Instituto Nacional de Colonización. Estamos muy preocupados por aquellas viejas tierras que fueron adquiridas por la Sección Fomento Rural y Colonización del BHU. Son miles y miles de hectáreas y pueden estar en manos de sociedades anónimas, como dicen nuestros visitantes. Se trata de un incumplimiento que, lamentablemente, en la larga vida del Instituto Nacional de Colonización se ha dado, porque se ha permitido que existieran transferencias y no se ha podido controlarlas.

                De manera que nos preocupa muchísimo esta situación y creemos que, así como está la norma, no estamos beneficiando al pequeño colono, como señalaban algunos señores senadores. Nosotros no sabemos a quién estamos beneficiando en realidad.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Con respecto a lo que preguntaba el señor senador, soy hijo de colono propietario, y sé bien que mi familia, con autorización del directorio actuante –no me pregunten el año–, hizo gestiones con el Banco República para salir de las deudas. El directorio del Instituto Nacional de Colonización tiene la potestad de autorizar eso. La ley prevé todo. El directorio actuante es el que dispone.

SEÑOR DÍAZ.- Con respecto a lo que planteaba el señor senador Camy, en el 2011 el Partido Nacional y el Frente Amplio se pusieron de acuerdo para arreglar las macanas generadas en el año 2007. La Ley n.º 18756 desafecta a los que ya habían saldado sus obligaciones antes del  12 de enero de 1948.

SEÑOR CAMY.- Ese fue un acuerdo que se hizo en Diputados, no en el Senado. Es importante aclararlo.

SEÑOR DÍAZ.- Perfecto.

                Esas son 22.000 hectáreas, señor senador. Usted ahora está dejando 140.000 hectáreas más desafectadas.

                Si nosotros no usáramos un mecanismo voluntario como es el de la convalidación de los títulos –que no lo han hecho las 140.000 hectáreas–, tendríamos la información clara. ¿La persona pagó el 13 de enero de 1948? Que venga, que le vamos a solucionar su problema. Pero desafectando 140.000 hectáreas no vamos a estar solucionando el problema. Al revés, estamos achicando el Instituto Nacional de Colonización. Digamos las cosas como son.

                Por lo tanto, acá tenemos dos formas de resolver el problema.

                Una de ellas es la que ha utilizado en los últimos años algún presidente del directorio del Instituto Nacional de Colonización, que es la vía de la fuerza: mandando cedulones y multando. Tenemos esa vía, que es la vía de la imposición y que no la queremos.

                Y la otra es la vía de la negociación, del entendimiento, de generar información real. ¿Quién tiene determinado campo? Vamos a negociar. El directorio, con cuatro votos en cinco, puede desafectar esa fracción. Si es un colono propietario, pequeño productor, se quiere jubilar, tiene todo el derecho de vender la fracción y no hay ningún otro con perfil de colono en la zona para recomprarla, en ese caso el directorio puede autorizar a que compre otra persona. No hay ningún inconveniente. ¿Hay que salirle de garantía? No hay ningún inconveniente. Pero no se puede proceder así con 140.000 hectáreas, con USD 300:000.000 o USD 400:000.000 perdidos del ahorro de todos nosotros.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a los representantes de la Comisión de Colonización por su presencia en la sesión de hoy.

 

(Se retira de sala la delegación de la Comisión de Colonización).

 

(Ingresan a sala representantes de la Asociación Rural del Uruguay).

 

                –Damos la bienvenida a una delegación de la Asociación Rural del Uruguay integrada por el ingeniero Gabriel Capurro, presidente, y el doctor Gonzalo Valdés, vicepresidente.

SEÑOR CAPURRO.- Muchas gracias por la oportunidad de venir a exponer el pensamiento de la Asociación Rural sobre el proyecto de ley de urgente consideración.

                Yo soy Gabriel Capurro, presidente de la institución en este momento, ingeniero agrónomo, productor del departamento de Durazno. Me acompaña el doctor Gonzalo Valdés, que es abogado y productor del departamento de San José.

                Este proyecto de ley es realmente muy extenso, por lo que nos vamos a referir nada más que a aquellos aspectos que afectan al sector rural.

                Como el doctor Valdés estudió leyes y estamos en el palacio de las leyes, él va a ser el vocero de la institución en esta oportunidad.

SEÑOR VALDÉS.- Muchas gracias por recibirnos.

                Vamos a hacer algunas consideraciones, tal cual decía nuestro presidente, Gabriel Capurro.

                En primer lugar, en el tema de seguridad pública, respecto a la creación de la Dirección de Seguridad Rural, se solicita que se le otorgue un rango institucional de relevancia, integrando dicha dirección el gabinete de seguridad del Ministerio del Interior. Creemos que tiene una implicancia muy importante para la seguridad de todo el interior del país y para el sector agropecuario, de manera que consideramos que debería incluirse en ese gabinete por su gran importancia.

                En cuanto al tema de legítima defensa, entendemos que la misma debe tener un ámbito de aplicación que se extienda más allá del límite de los galpones, instalaciones y similares, eliminando la referencia de proximidad a la vivienda. ¿Por qué? Porque creemos que hay que tener en consideración los riesgos, tanto personales como reales, que existen en toda la superficie del establecimiento agropecuario. Tenemos que tener en cuenta que no solo se trata del caso de un abigeato, por ejemplo, cuando quizás el propietario o los encargados del establecimiento no están presentes. Sucede muchas veces –a quienes estamos en campaña nos consta– que, al estar recorriendo, nos encontramos con cazadores armados, que pueden ser cazadores no autorizados o que quizás estén buscando alguna otra cosa. Uno nunca lo sabe. El riesgo lo tenemos y lo sentimos cada vez que salimos al campo.

                En cuanto a la sección III, «Economía y empresas públicas», hacemos énfasis en el apoyo al establecimiento por ley de una regla fiscal que establezca límites a la excepción del gasto público. El real cumplimiento de esta dependerá de una reglamentación que defina en forma estricta la forma como se la instrumentará, con alcance a todos los organismos del Estado.

                Sobre la ley de inclusión financiera, con igual énfasis se apoya su derogación a partir de la defensa del concepto de libertad de decisión de los actores privados de la economía. Creemos que este es un punto muy importante. Y para otorgar ciertas garantías y seguridades, también es importante que el acuerdo entre empleadores y trabajadores tenga una vigencia razonable.

                Por otro lado, la parte del proyecto sobre promoción de las micro, medianas y pequeñas empresas es un capítulo en el cual nos gustaría ver reflejado al sector rural. Tanto en lo que surge manifiestamente del proyecto de ley, como en algunas reuniones previas que hemos tenido, siempre se nos habla de pequeñas empresas referidas al comercio y servicios. Realmente, no vemos una preocupación por las pequeñas empresas rurales, que son uno de los sectores más importantes de la economía del país.

                En cuanto a los combustibles, apoyamos la libre importación, entendiendo que las medidas deben estar dirigidas a eliminar tasas y subsidios que encarecen los mismos, afectando la competitividad de la producción nacional. La libre importación es una de las tantas medidas por las cuales podemos lograr un combustible que nos vuelva competitivos respecto del mundo y respecto de la región. Sabemos que hay tasas y subsidios que están llegando, prácticamente, a $ 4 por litro de gasoil. Obviamente, son números que afectan de manera perjudicial a la producción.

Respecto a las normas contenidas en el sector agropecuario, el Instituto Nacional de Colonización, se coincide con la oportunidad y, en consecuencia, se apoya la norma propuesta.

                En lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes, apoyamos las modificaciones propuestas para ese organismo, y en virtud de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca ha manifestado su voluntad de analizar la institucionalidad agropecuaria, con lo cual coincidimos, solicitamos que para dicha instancia sean citadas las gremiales rurales que tengan delegados en dichas instituciones, para poder trabajar en conjunto con el Gobierno.

                En cuanto a la tenencia de la tierra, compartimos las medias en ese sentido, especialmente la derogación del régimen de excepciones a cargo del Poder Ejecutivo.

                Pasando al Instituto Nacional de la Granja, debo decir que coincidimos con la propuesta. No obstante, solicitamos que la Asociación Rural del Uruguay tenga participación en su directorio a través de una gremial socia nuestra, que es la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones, que tiene una fuerte representación de productores granjeros hortifrutícolas del sur del país. Sin perjuicio de lo expuesto, consideramos excesivo el número de miembros del consejo, el cual debería reducirse. Estamos hablando de ocho integrantes, según el proyecto de ley.

                Corresponde indicar que hacemos nuestros los planteos de la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones, gremial granjera socia de la Asociación Rural, los que fueron oportunamente expuestos ante esta comisión la semana pasada.

                En lo que tiene que ver con la creación del Instituto de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, nos parece positiva la reinstauración de lo que es la actual Cotryba, así que estamos de acuerdo.

                Y ahora paso a un tema que es bastante sensible, prácticamente el último: Mevir. Aquí, en este punto, discrepamos con el artículo 481 en lo que refiere a la ampliación del marco de actuación de Mevir, extendiéndolo al departamento de Montevideo y a los centros poblados del interior del país. Se entiende que, de esta manera, en parte se distraen recursos logrados por impuestos a las transacciones rurales, en contrario a los fines con los cuales se creó el instituto y tal cual lo imaginó su creador, el doctor Alberto Gallinal, interesado en la situación habitacional de los asalariados rurales.

                La ley n.° 13640, en la que se crea Mevir, en una parte del artículo 474 se dispone: «[…] tendrá por cometido la construcción de viviendas higiénicas que sustituyan las habitaciones insalubres existentes en el medio rural y aledaños de las poblaciones urbanas del interior, que no estén comprendidas en la zona suburbana y urbana de dicha población». Esto no quiere decir que no se reconozca la existencia de viviendas insalubres en Montevideo y otros centros urbanos, pero su erradicación debe ser motivo de preocupación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que debe contar con los recursos específicos para tal fin y no utilizar los de Mevir. O sea que, básicamente, el argumento aquí surge de cómo se financia Mevir y el objetivo que tuvo en su creación. Ese sería el motivo por el que entendemos debe estar, como su creación lo indicaba, directamente vinculado al sector rural.

                Por otra parte, en cuanto a la protección a la libre circulación, coincidimos y apoyamos lo dispuesto por los artículos 491 al 493. Nos parece de mucho interés que se prohíban los piquetes. ¿Por qué? Porque entendemos que sería agraviante a la libertad de cada uno de nosotros, a los que no participan, a los que no están de acuerdo, a los que quieren circular y los que quieren movilizarse, por ejemplo, para ir a trabajar, para volver a sus hogares o cualquier otra cosa.

                Por último, quiero decir que coincidimos con que las áreas naturalmente protegidas sean incorporadas bajo el consentimiento de los particulares o, en su defecto, a través de mecanismos de expropiación.  ¿Por qué? Entendemos que la incorporación a zonas naturales sin una compensación o acuerdo de los propietarios, limita en forma grave la expropiación y, obviamente, afecta el principio de libertad y de propiedad.

                Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.-  Saludo a la delegación.

                Voy a ser muy breve.

                Quiero referirme a los comentarios que se hicieron sobre Mevir. Nosotros estuvimos trabajando en eso, se modificó el artículo 481 y entendemos que es en casos de emergencia en vivienda y declarada por el Poder Ejecutivo y no con los recursos de Mevir. Queda muy claro que es en casos de emergencia en las zonas urbanas y suburbanas del departamento de Montevideo.

 Compartimos el espíritu con que hoy manifestaron esa preocupación.

                Quería ponerlos en conocimiento de que hemos trabajado en el tema.

SEÑOR ANDRADE.- En general no me sorprenden las posiciones expresadas pero, en este caso, hay algo que me llama la atención. En las modificaciones al Instituto Nacional de Carnes se elimina, en los numerales 2) y 3) del artículo 3.º de la Ley n.º 15605, la circunstancia de control oficial sobre las exportaciones: ¿no consideran que esto genera un riesgo en la política comercial y de inserción del país?

                El numeral 2) elimina la autorización previa y el 3), que refiere a la fijación de normas de calidad, también elimina la autorización previa y la constancia del control de calidad por parte del Estado. Con las modificaciones actuales, esto quedaría a que cada frigorífico se autocontrole a la hora de exportar. Por lo tanto, el frigorífico que hace mal las cosas podría hipotecar al país entero. ¿Eso lo comparten?

SEÑOR CAMY.- Quiero saludar especialmente a la delegación que concurre representando a la Asociación Rural del Uruguay, institución señera de este país.

                Tenemos coincidencias en los principales puntos que nos están acercando. Queremos hacer dos preguntas referidas a las consideraciones que están realizando; si bien todas son concretas y específicas, me gustaría referirme a dos de ellas y consultar con mayor detalle.

                En la sección I, «Seguridad Pública», se hace referencia al concepto de legítima defensa y se modifica el artículo 26 del Código Penal. Es el primer artículo del proyecto de ley de urgente consideración. Se solicita la ampliación del ámbito de la aplicación de estas modificaciones sin especificar cuánto más de lo que alcanza este proyecto que modifica. Es decir, ¿cómo lo interpreto? ¿Se refiere a la extensión total del predio? ¿Esa es la propuesta concreta? ¿No limita?

(Intervención fuera de micrófono que no se escucha).

Perfecto.

                La segunda pregunta refiere a la promoción de micro, medianas y pequeñas empresas. No se las analiza –conozco la preocupación de las del sector agropecuario– y quiero consultar si se cuestiona que expresamente no estén incluidas, que se haga genéricamente, o si tienen un planteo específico, concreto, de una medida puntual para estas micro, medianas y pequeñas empresas agropecuarias.

SEÑOR CAPURRO.- Con respecto a la pregunta del señor senador Andrade, entendemos que hoy en día, según el funcionamiento del comercio internacional, el principal interesado en mantener la calidad del producto es el frigorífico que exporta. Ninguna industria sobrevive hoy en el mercado si no asegura y conviene con su importador la calidad del producto que se especifica claramente y cumple con lo que el importador pide; de otro modo desaparece del mercado inmediatamente. Entonces, creemos que no hay que sumar controles tras controles que no aportan valor al producto. Entendemos que la responsabilidad de las empresas uruguayas es alta y reconocida. También es cierto que a veces ha habido algunos problemas, pero los controles no los evitaron. Creemos que esos problemas a lo largo del tiempo –yo participé en algunos relacionados específicamente a la producción ovina– determinaron que esas empresas desaparecieron, es decir que hoy no están. Por eso nosotros creemos que el mercado funciona así.

SEÑOR ANDRADE.- No afecta solo al frigorífico, sino al Uruguay.

SEÑOR CAPURRO.- Está claro que en parte es como usted dice, pero hoy en día es notorio que las empresas interesadas en permanecer respetan y cumplen lo que se les pide. En ese sentido, las empresas uruguayas específicamente son muy buenas.

                Con respecto a lo que pregunta el señor senador Camy, nosotros en su momento hemos planteado algunas inquietudes referentes a la sobrevivencia de los pequeños productores en el Uruguay y las dificultades que viven debido a las fluctuaciones de los mercados y del clima, y a la inconveniencia en el sector de la permanencia de impuestos ciegos que no tienen en cuenta los resultados ni los avatares de la producción agropecuaria. Creemos que en algún momento el país debe analizar eso porque el ritmo de desaparición de los productores viene desde hace cuarenta años. Cuando empecé a trabajar en el sector éramos más de ochenta mil productores agropecuarios y hoy quedamos menos de cuarenta mil, de acuerdo con último censo que se hizo en 2011; no sabemos ahora, seguramente haya menos. Por lo tanto, exige la consideración especial de la situación de los pequeños y medianos productores, que son los que van desapareciendo rápidamente, causa la concentración de la tierra, el despoblamiento del sector rural y a la larga el despoblamiento también de pequeños pueblos y la desaparición de muchos servicios en varias zonas del Uruguay. Entonces, creemos que esa situación amerita un análisis y una consideración de la parte impositiva, sobre todo lo que tiene que ver con los impuestos fijos.

                Respecto a lo que dijo el doctor Valdés sobre el tema de los combustibles, sabemos que es discutido pero, en definitiva, para nosotros el punto es que Uruguay tenga un precio de combustibles que permita competir a la producción en el mercado internacional. Entendemos que los combustibles no deben ser utilizados para financiar políticas sociales, como es el caso del subsidio al boleto. Reconocemos que el subsidio al boleto tenga que existir, pero debería salir de rentas generales y no de un insumo básico para la producción porque muchas veces limita la capacidad de competición del país. A su vez, pasa lo mismo con el apoyo al gas. Entendemos que todo ese tipo de tasas e impuestos deben salir de rentas generales y no de los combustibles. El objetivo final debería ser –sea con libre importación o sin libre importación– que Uruguay tenga precios de combustibles que permitan competir a la producción. Por lo menos es la visión que nosotros tenemos. Muchas veces se ha dicho que la aspiración es el precio de paridad de importación. Yo diría que si tenemos una empresa estatal eficiente en el Uruguay, debería ser menor el precio –porque nadie está ganando, como lo hacen todas las multinacionales en el mundo– y así permitir al país competir en el mundo en las mejores condiciones. Y, de repente, deberían ser menores a la paridad de importación. Lo mismo que los servicios de electricidad.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- La idea no es entrar en debate, señor senador Andrade.

                Después tendremos oportunidad de discutir el tema. Estamos trabajando con un proyecto de ley contra reloj. Ahora lo importante es que cada uno deje su posición.

                Saludamos a las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay.

(Se retiran de sala los representantes de la Asociación Rural del Uruguay).

 

(Ingresan a sala los representantes de la Cámara Frutícola Uruguaya).

                –Damos la bienvenida a la Cámara Frutícola Uruguaya, integrada por Marcelo Moizo, presidente, doctor Martín Balmaceda, escribano Ariel López, vicepresidente, y doctor Gastón La Paz.

SEÑOR MOIZO.- Agradecemos que nos hayan recibido. Voy a hacer una breve reseña y presentación de nuestra gremial.

                La Cámara Frutícola Uruguaya es una asociación sin fines de lucro, con personería jurídica, fundada en el año 1942. Como gremial de primer grado, desarrolla sus actividades en la órbita del Mercado Modelo. Nuclea a operadores de dicho centro mayorista, abastecedor de productos frutihortícolas, el cual garantiza el normal abastecimiento y la propia soberanía alimentaria, ya que entre ellos encontramos productores hortícolas, frutícolas y citrícolas, además de intermediarios, comisionistas e importadores de distinto porte, con una representación muy heterogénea.

                La gremial actualmente cuenta con 160 empresas socias, de las 250 que formarán parte del nuevo parque en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Hasta marzo del año 2019, la gremial tuvo representación con voz y voto en la ya extinta Comisión Administradora del Mercado Modelo –CAM–, en la que participábamos junto con otras gremiales como la Confederación Granjera del Uruguay, la APAC, la Comisión Nacional de Fomento Rural, Salto Hortícola y la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria de Paso de la Arena. Hoy nos encontramos bajo la órbita de un directorio de transición y formamos parte de un consejo asesor de cara a la mudanza al nuevo parque.

 A impulso del sector mayorista al cual pertenecemos, fue solicitado nuestro aporte respecto a los artículos que hacen mención a la creación del Inagra. Para ello, le solicitamos asesoramiento legal a los doctores del estudio Guyer & Regules que nos acompañan y a otros actores representativos del sector. También hemos tomado contacto con las versiones taquigráficas de cuando comparecieron a esta comisión la cooperativa Jumecal junto a CAF, APAC junto a ARU, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la propia delegación del ministerio, que contó con la presencia del director general de la granja, Nicolás Chiesa.

Sabemos que los intentos de creación de dicho instituto son de larga data, que lleva sobre sus espaldas la bandera de la Confederación Granjera del Uruguay y hoy muestra, exclusivamente,  parte de la óptica comercial. Actualmente, nuestro aporte es solo de la óptica comercial a nivel mayorista, dado que el actual Mercado Modelo es el punto cero en la cadena comercial. Allí se forman los precios de los productos de origen hortofrutícolas, debido a la interacción que existe entre la oferta y la demanda. Es considerado el mojón cero, por ser un punto clave para el resto de la cadena, ya sea hacia adelante, es decir, hacia el consumidor, o hacia atrás, hacia el productor. A diferencia de otros rubros de origen agropecuario como la carne, la madera, los granos, la miel, la lana, etcétera, que cuentan con un precio internacional de referencia, nuestros rubros no lo tienen y ahí es donde se forma el precio.

En tal sentido, podemos afirmar que, si bien las políticas que puede desarrollar el futuro instituto son en su mayoría dirigidas al nivel productivo y a los procesos concatenados, nos parece fundamental que su integración pueda contar con la mirada objetiva de la gremial, que vela por los intereses y cuidados que requiere el mercado formador de precios y, en ultima instancia, el precio que recibe el productor, que hace a su rentabilidad y la permanencia en el tiempo.

SEÑOR LÓPEZ.- En tal sentido y siguiendo el hilo conductor de Moizo, el sector productivo se ha venido acercando en los últimos años gracias a los aportes de del Mercado Modelo como institución. Tal vez, hace veinte años la comercialización que se llevaba a cabo en el Mercado Modelo, en cuanto a datos y transparencia, estaba muy alejada de la orbita productiva, pero hoy hay mucha información disponible –más allá de que hay elementos para mejorar– y el productor, incluso, ha podido desarrollar plataformas productivas y comerciales a la vez, como es el caso de nuestro presidente de la Cámara.

Con respecto a la creación del Inagra, que es para lo que vinimos, como somos los últimos en comparecer –nos tomamos un poco la licencia–, sabemos que hay medianamente dos bandos de opiniones. Tenemos un grupo integrado por la Confederación de Granjeros del Uruguay, APAC y el propio ministerio, que ven positiva la creación del instituto a través de la LUC, y otro grupo constituido por Jumecal, la Comisión Nacional de Fomento Rural y CAF, que ven positiva la creación del instituto, pero preferirían estudiar dicha creación en una ley posterior. En ese sentido, más allá de estas diferencias que pueden ser importantes, hay una necesidad de institucionalizar la granja como sector. Entonces, el objetivo de crear el instituto está bien visto por todos; la diferencia radica en la forma: si es dentro de la LUC o fuera de ella. A su vez, sabemos que está un poco dividida la opinión a nivel político, de acuerdo a lo que leímos en versiones anteriores.

En ese sentido, vamos a hacer hincapié en los puntos en los que todo el mundo ha criticado, y no me voy a detener demasiado en eso para no aburrirlos.

                Con respecto a la gobernanza y representatividad –aclaro que ya sabemos que el articulado se va a modificar en este aspecto y se va a intentar que sean gremiales de segundo grado, lo que, en principio, nos parece bien–, entendemos que en la iniciativa se deben determinar los criterios para señalar las gremiales. Pensando en las gremiales que hoy representan el sector –no hay objeción por ellas–, sería importante que en un futuro haya una validación constante de esa representatividad, porque los tiempos cambian y las gremiales también se transforman. Entonces, para no quedar en un estatuto rígido, no nos parece mal que exista una cierta movilidad en ese sentido.

Nos gustaría también que se estudie más en profundidad lo que tiene que ver con la gobernanza y la representación gremial y hacer lo propio con otros institutos, como el INAC, entre otras personas públicas de derecho privado que funcionan actualmente y ver si sus gobernanzas se aplican o no a estos efectos. No tenemos una posición determinante en este sentido, sobre cómo debe ser, porque pensamos que merece un estudio.

Con respecto al representante gremial, coincidimos con APAC en que tendría que contar con algún tipo de remuneración –como viático, etcétera– porque, mal o bien, le saca tiempo a su actividad personal. Si se da que es un productor de punta, que tiene recursos, no habría problema; pero si se trata de un productor no tan desarrollado, el hecho de que tenga un apoyo económico para poder asistir hace que se democratice mucho el acceso a los órganos de decisión.

En relación a las competencias, advertimos algún problema o nos generan dudas. El artículo 375 del proyecto de ley de urgente consideración determina las competencias del Inagra y nosotros nos preguntamos qué pasa con la Digegra en términos reales. Tal como está redactada la norma, daría la impresión de que la Digegra desaparece. Esta es una dirección descentralizada que lleva adelante una serie de políticas públicas que atienden al sector –algunas estarán bien, otras más o menos y otras habrá que revisarlas–, pero si se crea el instituto y no se prevé cómo recoger esas políticas, podrían surgir políticas acéfalas y problemas más grandes que los que existen actualmente. Por eso entendemos que habría que revisar o recoger alguna norma de la Digegra, de manera de armonizar la creación de este instituto, ya sea que se discuta posteriormente o que se intente crear en la iniciativa objeto de estudio.

Con respecto al financiamiento, en el estudio realizado por Guyer & Regules –invito a los señores senadores a leer las páginas 6 y 7 del estudio– se hace una recopilación de normativa, porque les solicitamos que pusieran el articulado de la creación del Inagra dentro del orden jurídico general. Si se decide crear un instituto y no se ve el entorno, puede ser como una bomba de tiempo que destruya otras cosas, genere subsistemas o dos normas que compitan entre sí y, en realidad, en lugar de mejorar el sector, lo estaría trancando. 

En torno al tema del financiamiento, una buena referencia es el Instituto Nacional de la Granja Vegetal –que tuvo un intento de creación en 2012–, ya que hace una exposición taxativa sobre de qué rubros se va a dotar para financiarse. En este sentido, tampoco nos queda claro cómo se va a financiar y de dónde van a surgir recursos.

A esto se suma –esto es algo que no vemos muy convincente– el hecho de que al Instituto Nacional de la Granja se incorporan los cerdos y las aves, pero nosotros entendemos que no son compatibles con la actividad. De por sí, la fruta y la verdura –para hablar pronto y mal– ya son complejas entre sí, porque cada sistema –como la citricultura, la fruta de hoja caduca y los productos secos– tiene su comportamiento. Ahora bien, si a ello se agregan otros ítems de granja, sin un criterio –esto es lo que más nos preocupa–, se asemejaría más a un instituto residual que va a tomar todo lo que no está en otros institutos que una política o algo pensado para que funcione en armonía. Estamos hablando de objetivos, de planes y de aportes económicos, pero no tengo definido cómo se va a financiar y, a su vez, le sumo tareas, entonces, algún sector puede pagar los platos rotos y creo que no es la idea.

                Para terminar mi exposición quiero decir que, como mercado mayorista, nosotros encontramos que los cometidos de algunas normas podrían superponerse con los que tiene la Unidad Alimentara Metropolitana; decimos esto pensando, principalmente, que la UAM fue creada por una ley nacional, pero muchas de esas normas son de alcance municipal. El centro mayorista está ubicado en Montevideo –va a ser el Mercado Modelo del futuro– y la comercialización se va a hacer acá. Por ejemplo, hoy la Unidad Alimentaria Metropolitana está haciendo normas de rotulación y buscando una trazabilidad, pero si mañana el instituto crea otras normas porque cree que las actuales no son suficientes o porque no está de acuerdo con ellas, se pueden generar problemas de compatibilidad que terminen siendo costosos para el productor. El productor invierte para mejorar de acuerdo a políticas –porque para comercializar los productos tiene que cumplir con los estándares– y, si después viene un instituto nuevo que crea otro tipo de políticas, va a generar costos y problemas. Nos parece que habría que rever o por lo menos estudiar si esas normas pueden atentar contra las competencias de la UAM.

                Además, entendemos que el sector mayorista debería tener representación en el instituto, porque como dijo hace un rato el señor Moizo, somos el final de la cadena y, como tal, somos los que le damos valor de mercado al producto. Nosotros necesitamos producir alimentos de calidad para comercializarlos, porque ese es nuestro negocio, pero, a su vez, el productor necesita que nosotros generemos buenos precios, que hagamos buenas comercializaciones y les paguemos como es debido, para que el sector subsista. Pensamos que es necesario que el sector mayorista tenga algún tipo de representación, ya sea con nuestra gremial, con otra gremial o el propio parque. De hecho, nosotros también somos socios de la Cámara de Comercio, que es una agremiación de segundo grado.

Para terminar, quiero decir que en nuestra humilde opinión lo mejor sería generar una comisión especial que estudie el tema, que existiera el compromiso de crear el instituto, pero no en esta ley.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Queremos agradecer la presencia y el valioso aporte de la cámara. A su vez, queemos solicitarles que nos alcancen, si tienen la disposición de hacerlo, el asesoramiento jurídico del Estudio Guyer & Regules al que se refirieron. 

                No quiero distorsionar –porque no es el eje central–, pero me interesaría saber si, desde su perspectiva en el posicionamiento de la cadena y pensando en la institucionalidad del sector que se proyecta –o la que pueda resultar al final–, entienden que la citricultura con sus particularidades está comprendida en el concepto de la fruticultura o si requiere una atención particular. Esa es mi inquietud.

                Gracias.

SEÑOR ANDRADE.- El miércoles que viene vamos a empezar a votar. Dados los tiempos y teniendo en cuenta que hay consenso acerca dela institucionalidad, pensamos que lo mejor es crear la institucionalidad y después trabajar los contenidos. Básicamente tenemos las mismas preocupaciones que ustedes citan: quizás por apurarla terminemos con una institucionalidad que le plantee más dificultades a un sector que es muy necesario para el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero agregar –por lo que decía el senador Andrade– que existe consenso en la comisión para crear la institucionalidad, pero suspenderla y  enviarla a la ley de presupuesto, para hacer un trabajo con los aportes de todos los gremios interesados y de los sectores parlamentarios.

SEÑOR LÓPEZ.- Con respecto a la pregunta del senador, con una visión mayorista, pensamos que  la citricultura perfectamente se puede considerar dentro de la fruticultura como un producto comerciable.

Sobre procesos productivos específicamente, no somos los indicados para evacuar la consulta.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Despedimos a la Cámara Frutícola del Uruguay. Les agradecemos los aportes.

(Se retiran de sala los representantes de la Cámara Frutícola del Uruguay).

 

(Ingresan a sala los representantes de  la Asociación de Funcionarios del

Instituto Plan Agropecuario, AFIPA).

                –Damos la bienvenida a la Asociación de Funcionarios del Plan Agropecuario. En su representación concurren el señor Santiago Lombardo, la señora  Ana Perugorria y el señor Pablo Ferreira.

                Tienen la palabra.

SEÑOR LOMBARDO.- En primer lugar, queremos agradecerles por recibirnos. Nosotros venimos en representación de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario, que nuclea a todos los funcionarios del plan, técnicos y no técnicos.

                En el documento escrito que hicimos circular hacemos referencia a las características principales del Instituto Plan Agropecuario. Es una institución pública no estatal cuya misión es contribuir al desarrollo sostenible e innovador de la producción ganadera y sus productores mediante capacitación, extensión, generación de información y articulación con otras instituciones.

                Lo más específico que vamos a desarrollar son los planteos vinculados al proyecto de ley de urgente consideración. Queremos comentarles que nuestro planteo no es solamente el sentir de los funcionarios, sino que también es la inquietud de la junta directiva, que está haciendo las gestiones por sus canales y lo hace saber en una carta que adjuntamos en el documento.

Para ser concretos, nuestras inquietudes con respecto al proyecto de ley están centradas en los artículos 354 y 355, que están contenidos en el capítulo I de la sección III. En estas disposiciones se le asignan nuevos cometidos al INAC, como coordinar y colaborar en la promoción y ejecución de actividades del sector primario, cumplir tareas de investigación y asesoramiento en lo comercial, en lo económico financiero, en lo tecnológico, pero también en la generación de información y difusión. En este sentido, la ley de creación de la institución Plan Agropecuario establece entre sus objetivos realizar actividades de extensión, transferencia de tecnología y la capacitación relacionada con la producción agropecuaria, con la finalidad de promover el desarrollo del sector.  El Plan Agropecuario realiza, año a año,  más de trescientas actividades públicas de extensión, de capacitación y de transferencia de tecnología con fuerte foco en la ganadería. 

Con referencia a esos dos artículos, si bien nos consta que recientemente –en audiencias realizadas en este ámbito– las autoridades del ministerio señalaron que estas nuevas competencias asignadas al INAC no opacarán ni disminuirán las acciones de instituciones como el Plan Agropecuario, no visualizamos de forma explícita la interpretación de esos contenidos. Es más, lo que observamos es una oportunidad real de apalancar financieramente el funcionamiento del Plan Agropecuario, que tiene un presupueste frágil y deficiente. Recordemos que por la ley de presupuesto de 2015 esta institución recibe $ 57:000.000 asociados al funcionamiento de ese entonces pero es una partida fija en pesos. Esto hace que todos los años la junta directiva tenga la presión de tener que negociar un refuerzo para su funcionamiento, que en la actualidad es casi el 25 % del presupuesto total. Estas negociaciones –reitero– son realizadas por la junta a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el desgaste y las dificultades que genera en su funcionamiento, sobre todo, para proyectarse estratégicamente. 

A pesar de la debilidad presupuestal  que tiene el Plan Agropecuario, por  la estructura,  distribución territorial y, sobre todo, por la impronta de su personal, se hace fácil la coordinación de acciones con organizaciones de productores e instituciones, lo que garantiza el eficiente cumplimiento de actividades, y también tiene una potente capacidad de  adaptar sus acciones a un contexto cambiante. Por citar algunos ejemplos recientes, se ha podido mantener en forma virtual el nivel de actividad, y también se han cambiado las actividades cuando se presentaron situaciones de sequía. Todo esto se ha podido realizar por la infraestructura que tiene la institución, pero también por la proactividad e iniciativa de sus funcionarios.

Como se desprende de lo expuesto, nos parece que la sinergia entre el nuevo cometido que el proyecto de ley le asigna al INAC y la tradición y experiencia del Plan Agropecuario en estos temas puede potenciar la ejecución de tareas y cometidos, asignando recursos que permitan profundizar acciones conjuntas que históricamente ya se han venido cultivando –sobre todo en lo que tiene que ver con la llegada de información al sector primario– y, además, encaminar hacia una mejoría el considerable problema presupuestal de nuestra institución, que seguramente vuelva a convocarnos cuando se discuta el proyecto de ley de presupuesto.

Por eso reforzamos la idea de que es importante que el proyecto de ley deje explícitas tanto las competencias como la preferencia de coordinar y articular estas acciones con instituciones como el Plan Agropecuario.

Es cuanto queríamos señalar y estamos a las órdenes de los señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar la constancia de que cuando vino el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca le dijimos que considerábamos que existía una superposición de competencias.

Además, quiero comunicar a nuestros invitados que la semana que viene vamos a estar trabajando en el pulido del articulado.

                Los saludamos y agradecemos sus aportes. 

(Se retiran de sala los representantes de la

Asociación de Funcionarios del Plan Agropecuario).

 

(Ingresa a sala la delegación de la Asociación Uruguaya de Músicos).

                –Esta subcomisión da la bienvenida a la delegación de la Asociación Uruguaya de Músicos, conformada por la señora Alicia Dogliotti, presidenta de SUA; el señor Osmar Miranda, presidente de Audem; el señor Rogelio González, presidente de Coopaudem; y el señor Eduardo Tain.

SEÑORA DOGLIOTTI.- Antes que nada quiero aclarar que soy presidenta de la SUA, Sociedad Uruguaya de Actores; es decir, vine junto con los músicos pero represento a los actores.

SEÑOR MIRANDA.- Buenas tardes y muchas gracias por recibirnos.

Vamos a referirnos al artículo 199 del proyecto de ley que fue presentado al Poder Legislativo, relativo a la constitución del Conaef –Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico-Culturales–, que depende del Ministerio de Educación y Cultura y que fue creado en el año 2005. El Conaef estaba integrado, entre otros, por la SUA –Sociedad Uruguaya de Actores–, la Audem –Asociación Uruguaya de Músicos– y la ADDU,  que es la Asociación de Danza del Uruguay. ¿Qué pasó? En este artículo que está en la LUC se saca de ese consejo a los cinco miembros del área de la cultura, o sea, músicos, actores, escritores, representantes de la danza y de las artes visuales; se elimina a todos ellos y se agrega a dos miembros de la producción, o sea, de los promotores, que son quienes presentan los proyectos a la LUC. Lo que venimos a plantear, básicamente, es que pensamos que allí hay una equivocación, que los miembros de la cultura tendrían que estar en un fondo que, justamente, es para la cultura y en cuya creación estuvieron involucrados.

Trajimos las diez copias que nos pidieron; pienso que está todo pero si quieren preguntarnos algo al respecto, con mucho gusto contestaremos.

SEÑOR ANDRADE.- Quiero dejar la constancia de que cuando vino la delegación del Ministerio de Educación y Cultura les planteamos que faltaba la integración de estos sectores en la dirección de esos fondos, y eso consta en la versión taquigráfica. En realidad, la respuesta –la pueden leer– fue más o menos que en cuanto a los gestores culturales estaba todo representado, pero esa discusión está abierta.

SEÑOR GANDINI.- Para complementar, también se dijo que en los tribunales sí están los actores de la cultura, que van a ser los que tomen las decisiones sobre los proyectos concretos. En los tribunales sí, pero no en el consejo.

(Dialogados).

SEÑORA DELLA VENTURA.- Hoy de mañana estuvimos en la otra subcomisión, donde recibimos diferentes instituciones, con diferentes miradas –la cámara empresarial y otras organizaciones–, y todo lo que piden es que se los tenga en cuenta al momento de decidir cosas que los afectan. Ese debería ser un criterio general, pero no conozco la fundamentación por la cual no deban ser incluidos en un ámbito donde se deciden cosas sobre ellos, más allá de los jurados o los tribunales.

                Lo digo acá porque allí también lo dije. Me parece muy sano que los involucrados en cada área estén y sean consultados. Creo que ese es el reclamo que están haciendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Compartimos la preocupación planteada por ustedes. Tal como dijeron los senadores Andrade y Della Ventura, la semana que viene tendremos la discusión sobre el articulado y veremos si podemos tocar el corazón de algún señor senador, como Gandini, Domenech o Peña.

SEÑOR MIRANDA.- Si me permite, quiero agradecer a la señora senadora Della Ventura, que fue quien nos puso en contacto con el proyecto de LUC, a raíz de una carta que enviamos a todos los senadores; ella tuvo la preocupación de contactarnos, así que muchas gracias.

SEÑORA DOGLIOTTI.- Seré breve.

                Para nosotros, el tema de todos los artistas es absolutamente vital.

Nosotros enviamos esta nota –que tal vez no llegó a buen puerto– en el mes de abril. Se refiere al artículo 33 del Tocaf, que establece como excepción la contratación directa, sin importar el monto, de servicios artísticos, cualquiera sea su modalidad, por parte del inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura, con cooperativas de artistas y oficios conexos –son las cooperativas por las cuales estamos habilitados a trabajar y a realizar nuestros aportes a la seguridad social–, hasta el monto establecido para la licitación abreviada.

                El artículo 307 del proyecto de ley con carácter de urgente consideración propone la derogación de esta excepción. Si se deroga esta excepción, cada vez que el Ministerio de Educación y Cultura quiera contratar a un artista va a tener que llamar a licitación, lo cual es absolutamente inviable, por no calificarlo de otra manera. Se torna muy difícil, cuando queremos contratar a un artista para que cante una canción, para que haga una obra de teatro o para que dé una charla magistral, hacer un llamado a licitación artística.

Entonces, para nosotros esto es realmente vital. Les dejo copias de la nota en la que se cita esto, que es sumamente delicado y compromete el trabajo de todos y cada uno de los artistas del país, no solo de actores sino también de músicos, bailarines, etcétera.

                Otro artículo que nos preocupa –y queremos dejarlo asentado– es el que propone la creación dentro de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, cuatro institutos nacionales: de la música, de artes escénicas, del libro y promoción de la lectura, y de artes visuales. Luego dice que el Poder Ejecutivo dispondrá incluirlos dentro de la estructura organizada del ministerio, establecerá las competencias y la presupuestación. Si bien muchos de estos institutos de hecho existen y funcionan, creemos que sería importante que nos diéramos un tiempo para estudiar la situación de cada uno de ellos de la forma que merecen y darles el marco que merecen, asignarles sus competencias, así como el presupuesto que merecen. Este tema de las creaciones debe ser atendido con la tranquilidad y el diálogo necesarios, como siempre lo hemos hecho. Tradicionalmente todo lo que se refiere a la creación de institutos y a nuevas leyes que rigen lo cotidiano de los artistas en nuestro país ha sido codo a codo, mano a mano y conversando las realidades e intercambiando ideas. Creemos que esto es muy importante, así como también tomarnos el tiempo necesario que esto se merece.

Muchas gracias.

SEÑOR PEÑA.- Señor presidente: el Partido Colorado, trabajando con la señora senadora Asiaín, quien coordinó el tema de las compras directas, logró recuperar el artículo que permite la contratación directa de las cooperativas de artistas. Eso está en el texto y esa excepción va a aparecer. Somos conscientes de que es una herramienta muy buena. Hoy día muchos artistas pueden ser contratados en festivales y demás, sobre todo los que somos del interior, a raíz y gracias a esta herramienta. Además, en momentos que son muy complicados, tienen acceso a algún seguro social gracias a que han podido formalizarse a través de estas herramientas. O sea que eso está salvado. Creo que esa es una buena noticia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias por haber venido.

(Se retira la delegación de la Asociación Uruguaya de Músicos).

 

(Ingresa la delegación de los Centros Educativos para

Niños Autistas de Young y de Salto).

                –Le damos la bienvenida a los representantes de los Centros Educativos para Niños Autistas de Young y de Salto. Concurren la señora Caty Caffrée, fundadora del Centro Educativo para Niños Autistas, de Salto; la señora Raquel González, directora académica del Centro Educativo para Niños Autistas, de Young, y Verónica Silva, del Centro Educativo para Niños Autistas, de Young.

SEÑORA CAFFRÉE.-  Buenas tardes.

Soy fundadora del Centro Educativo para Niños Autistas de Salto. Hace treinta años que estamos trabajando con personas con autismo.

En  el año 2000 abrimos las puertas del centro –después de diez años de lucha y de trabajo– para educar a los chicos. El objetivo de la creación del centro educativo ha sido darles la oportunidad de aprender las habilidades básicas para su vida cotidiana, como comer solo, bañarse, lavarse las manos, cosas que no son fáciles para una persona con autismo.

Me siento un poco nerviosa, así que pediría que una de mis compañeras tomara la palabra.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Buenas tardes.

Yo soy una mamá. Caty tiene la experiencia cotidiana, así como la de haber llevado adelante el centro educativo de Salto y participado en instancias como esta, ya que cada vez que tuvimos oportunidad de hablar sobre la situación de las personas con autismo, concurrimos a plantear las necesidades. Muchas veces obtuvimos respuesta y, ahora, ante esta instancia, decidimos plantear situaciones de urgente consideración. Dijimos: debemos volver, porque tenemos temas de urgente consideración que en el proyecto de ley no vemos reflejados como quisiéramos.

También trajimos un texto que refleja mejor lo que los nervios no nos dejan expresar.

 SEÑORA SILVA.-  Buenas tardes para todos.

Soy la presidenta del Centro Educativo para Niños Autistas de Young.

                En el año 2000 se organiza en Salto el primer encuentro nacional de padres de personas con autismo. Ese día conocí la experiencia que estaban viviendo; ya estaban trabajando con esos chicos y chicas. Vuelvo a Young y, en 2004, como mamá de una persona con autismo –que hoy tiene veintiséis años–, hago un relevamiento de todas las familias con necesidades para educar. Así, creamos una asociación civil de padres sin fines de lucro y en 2005 comenzamos a funcionar.

                Se capacitó a los docentes, junto a una licenciada en autismo, y todos participamos, es decir, no solo docentes, profesionales y técnicos sino también la familia, porque somos quienes estamos muchas horas con ellos y tenemos mucha información.

                Lo que ahora necesitamos de manera urgente –si nos dan la oportunidad– es la capacitación de docentes y de las familias; unos con otros: la vivencia cotidiana y lo profesional, que respetamos mucho. 

                Hoy, en nuestro centro hay un lugar donde ellos pueden aprender a ser autónomos y tener una buena convivencia con los familiares. A veces en las familias no hay una buena convivencia porque no se educa a las personas con autismo, pero en los centros de Salto y Young se ha logrado. Los chicos están felices y más saludables, incluso, actualmente hay algunos que concurren durante horas a la escuela pública y al centro educativo de lunes a viernes, todo el año, menos los meses de diciembre y enero. Después, trabajamos todo el año. Y hay dos chicos en UTU, donde se ve realmente el resultado.

Por eso, hablamos de capacitación pero no de cualquier capacitación porque acá hemos visto resultados. Ellos son personas, y son un todo; no solamente hay que tener en cuenta lo intelectual de una persona con autismo, sino todo lo demás, desde lavarse las manos, que muchos dicen que es una pavada. ¡No! Forma parte del ser individuo.

Hoy estamos aquí para eso: para que nos tomen en cuenta, porque hay resultados. Hemos hecho muchas capacitaciones en todos lados, no es por decir que no, pero no se han visto los resultados; y aquí los tenemos, desde hace 30 años en Salto y 15 en Young, con mucho esfuerzo, porque es una batalla continua. Pero hoy podemos decir que logramos lo que quisimos y estamos recibiendo a muchas familias. En estos centros se educa a la familia, a la alumna o alumno y a los docentes; todos aprendemos, porque como se dijo: desaprendemos para aprender. Hay información de las dos partes.

Muchas gracias.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Les comento que soy la directora académica del centro educativo.

Ante esta oportunidad de plantear puntos de urgente consideración, nosotros leímos el proyecto de ley y, respecto a esos puntos, anotamos qué es lo que desde nuestra experiencia podemos aportar; algo ya dijeron las compañeras. En Salto hubo premios nacionales e internacionales a la propuesta educativa. Hay jóvenes con autismo trabajando hace más de cinco años.

En el documento que dejamos –respetando el ordenamiento– hacemos referencia a la sección III con respecto a educación, porque reclamamos que no haya más leyes que traten el tema de la educación de manera genérica, que refieran a educación para todas y todos. No. En el área del autismo es necesario, urgente e imprescindible que se defina específicamente la educación para estos chicos. No se puede educar de la misma manera porque ellos tienen otros caminos intelectuales, por lo tanto, tiene que haber otras estrategias. Los docentes que los están educando realizan un esfuerzo inmenso, muchas veces sin resultados. ¿Por qué? Porque a los docentes no nos capacitan en autismo. Entonces, la capacitación en autismo debe ser específica, no solo para que los docentes tengan la sensibilidad del vínculo con la persona con autismo, sino para que sepan preparar los programas y seleccionar las estrategias adecuadas de manera que esos chicos puedan realmente desarrollar su potencial y aprender algo que les permita desplegar sus capacidades y desempeñarse en un trabajo en el futuro. Lamentablemente, son escasos los ejemplos que podemos encontrar en nuestro país. Es cierto que los chicos con autismo educados aprenden a integrarse a su familia, al medio social, a relacionarse, y son felices haciéndolo –antes se decía que no había que esforzarlos, que había que dejarlos–; aprenden a convivir, a ir a fiestas donde hay globos. Algunos padres dicen –y en Salto nos pasó–: ¡no, por favor! ¡No festejen nunca con globos porque se ponen nerviosos! Sin embargo, hubo todo un proceso de aprendizaje y los chicos aprendieron que con los globos no pasaba nada, que si los pinchábamos se rompían, en fin, y también festejábamos con ellos.

Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser un tema serio y consciente del sistema educativo para que esta población que tenemos en nuestro país no quede excluida de un derecho fundamental como es la educación. Así que debe haber capacitación en el área de la docencia y, por supuesto, en todos los niveles.

Con relación a la sección I, que hace referencia a la seguridad pública, nosotros hacemos mención a varios capítulos. ¿Por qué? Porque también pedimos capacitación. Es cierto que la Policía y todos los funcionarios del área de la seguridad de nuestro país vienen capacitándose. En esa capacitación hay que incluir el conocimiento en discapacidad y comunicación. ¿Qué es lo que pasa? En las indagatorias, en los interrogatorios, en el contacto que tienen los profesionales de la seguridad con personas que tienen dificultades para comprender, que no tienen los mismos ritmos para entender, que no escuchan  muy bien, se atenta contra los derechos humanos que se pretende asegurar. Eso también tiene que ver con la adolescencia privada de libertad. Esta misma capacitación la solicitamos para esa área.

                Luego en el tema de la eficiencia del Estado, que figura en el capítulo V, hay un área que no se menciona y que se relaciona con el hecho de tener en cuenta en las convocatorias para los llamados para el acceso al área laboral, las condiciones de las personas con discapacidad, tanto en el caso del autismo como en otros. Los llamados excluyen permanentemente a las personas con autismo, que pueden estar capacitadas, pero dada la forma en que se presentan las convocatorias, no pueden acceder. Entonces, ese es un reclamo urgente porque esto está limitando el acceso al trabajo.

                En la sección VIII se habla de desarrollo social y salud. Aquí mencionamos algo que la propia exposición de motivos de la LUC expresa y es que toda política social debe tener como centro la persona y todo debe ir en búsqueda del desarrollo de la misma y su libertad. Y mencionamos, justamente, las observaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad planteó a Uruguay en 2016, en referencia a que hay inconsistencias en la asistencia personal y la relación con la ley de cuidados. Necesitamos que esto se revea, que se ajuste y que se diferencie notoriamente lo que es la función de cuidador y cuidadora y la de asistente personal.

                De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la asistencia personal es el instrumento para el derecho a la vida independiente que tienen las personas con discapacidad. Sin ese instrumento, la persona queda tutelada, cuidada y se le impide el derecho a decidir. Entonces, el ejercicio del derecho a decidir lo han proclamado e introducido las propias organizaciones de la discapacidad de la década del 60 a través de la asistencia personal. Entendemos que eso debe ser de urgente resolución, para no lesionar el derecho a la vida independiente, que figura en el artículo 19.

                Y, finalmente, voy a referirme a la sección IX, que  habla de la emergencia en vivienda.  Las personas con autismo no tienen derecho a acceder a las propuestas de vivienda que ocasionalmente aparecen. Esto ya no puede ser así, no más. Y cuando lo hemos estudiado, hemos constatado que hay todavía prejuicios y desconocimiento respecto de lo que son las vivencias y las posibilidades de las personas en situación de dependencia. En otros países hay muchas experiencias. Aquí hemos participado en propuestas muy puntuales, pero necesitamos que se resuelva y se permita que las personas con estas condiciones también accedan a la vivienda porque, de lo contrario, ¿qué ocurre? Por tener la condición de autismo se las segrega de la comunidad, se las recluye en lugares donde muchas veces están amontonadas, viviendo sin privacidad, sin poder realizar los ritmos cotidianos a su modo, como tenemos cualquiera de nosotros, y eso es violar derechos humanos fundamentales.

                Por último, sólo quisiera hacer un paralelismo, a modo de ejemplo, para ilustrar cuál es la situación que están viviendo las personas con autismo en nuestro país. Si nosotros tenemos un problema en un ojo vamos a concurrir al área de la salud pero no vamos a convocar a cualquier médico. No va a venir un traumatólogo a resolver mi problema en el ojo, sino que vendrá un oculista, un oftalmólogo. Lo mismo ocurre en las otras áreas, cada uno en su especialidad. En el área del autismo está ocurriendo eso; no sirve que venga a trabajar y a resolver las situaciones de las personas con autismo alguien que no tiene formación en el área. Entonces, es urgente la toma de decisiones en las distintas áreas para que las personas con autismo puedan ejercer sus derechos y desarrollar una vida lo mejor que les sea posible.

                Agradecemos este espacio.

SEÑOR DELLA VENTURA.- Este es un tema muy reciente –pienso en la historia de nuestro país y veo que por más que antes había niños autistas, no estaban visualizados tal como lo están en el día de hoy–, que está en el tapete. En Florida existe también una asociación de padres y madres de personas con autismo.

Sobre los temas que plantearon quisiera mencionar –porque soy maestra, además– que, evidentemente, la capacitación es fundamental. Ahora bien, en su momento hubo un debate acerca de si tenía que existir una escuela para personas discapacitadas –como se las llamaba en otro tiempo– o si se las debía integrar. Creo que ese debate se saldó en que se las debía integrar. Entonces, me gustaría saber si ustedes piensan que esa formación deberían tenerla todos los maestros. A su vez, ¿eso puede ser algo sencillo? En todo caso, constituye un desafío, ¿verdad? Porque, en realidad, la formación docente no incluye las particularidades. Después existen, sí, especializaciones; es decir, un maestro puede especializarse para trabajar con determinado tipo de niños. En fin, es un desafío es importante, y aun cuando no sea fácil de concretar, está bueno que se plantee.

Con respecto al tema de la seguridad y los policías, evidentemente es como se ha dicho, porque uno sabe que en los casos de personas con una discapacidad como la sordera, que no se pueden comunicar, es muy difícil que realmente se tome una buena decisión al momento de hacer los interrogatorios, por ejemplo. Entonces, pienso que debería capacitarse con más eficiencia al personal que debe llevar a cabo esas funciones y ese es, también, un desafío nada sencillo.

Quisiera mencionar algo sobre la cuestión de la inconsistencia entre asistente personal y los cuidados. Fui edila del departamento de Florida y hace dos o tres años invitamos a la asociación de allá que se ocupa de este tema –una asociación muy fuerte y con mucha solvencia a nivel social–, para homenajearlos por el trabajo que estaban haciendo. Y hubo un testimonio de una madre, que realmente emocionó, sobre su hijo, un joven de veinte años en ese momento, y lo que había significado para ella el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Ella y su esposo eran los que habían atendido a su hijo toda la vida y mencionaron cómo el hecho de contar con el asistente personal –porque el nombre es ese–, había cambiado la vida, no solo de la familia sino también del chico, porque le había servido mucho.

Entonces, no me queda muy claro cuál es el matiz que ustedes ven entre una cosa y la otra y a qué aspirarían para que ese sistema de cuidados fuera más eficiente. Si bien el tema no está particularmente establecido en la LUC, ya que están presentes, sería interesante que lo mencionaran.

SEÑOR ANDRADE.- Si en todas las escuelas del país se enseñara lengua de señas, la circunstancia de la colectividad sorda –alrededor de30.000 personas– sería otra. El problema es que no se enseña. Y el abordaje que tenemos que hacer es que a partir de esa premisa, excluimos a una parte de la sociedad. La cuestión es que entender esto nos cuesta enormemente.

Multiplicamos una serie de talleres de lengua de señas en obras de la construcción en los que incluimos a personas sordas, y aun con talleres elementales de veinte o treinta horas, la realidad cambia. El problema no está en la persona, sino en la sociedad. Si las viviendas fueran accesibles para la colectividad con dificultades psicomotrices la situación sería distinta; lo que sucede es que las viviendas o el transporte no son accesibles. El problema principal que debemos vencer es que colocamos la dificultad en la persona, cuando la dificultad está en la sociedad, que genera esas trabas que impiden la inclusión.

En los pocos días que restan para el tratamiento de este proyecto de ley no creo que tengamos oportunidad de abordar seriamente este problema, pero sí quiero decir –lo hago en nombre de todo el sistema político– que están todas las comisiones abiertas para tratar este tema de la inclusión de las personas en situación de discapacidad en todos los niveles, es decir, trabajo, estudio, movilidad. Digo esto, no desde la óptica de la caridad o la lástima, sino desde la perspectiva de que estamos vulnerando derechos, del abordaje social que es el único posible que esperemos algún día lograr.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero destacar la valentía y el hecho de que hayan llegado hasta aquí a hacer su presentación. En realidad, les agradecemos que, por amor, hayan venido a hacer una presentación ante la comisión para plantear las urgencias y la problemática por la que atraviesan. Reitero que quería destacar la valentía que tuvieron.

SEÑORA CAFFRÉE.- Para nosotros, también los papás, ha sido un desafío poder concretar este centro, donde sí funciona y los chicos son valorados como personas. Desde allí integramos a los chicos al liceo; unos van a un turno al liceo y luego vuelven al centro educativo y otros van a escuelas comunes y después retornan al centro educativo. O sea que las maestras de las escuelas comunes hacen lo imposible para atenderlos, pero para eso necesitamos una capacitación para todos los docentes, esto es, que en todas las escuelas los chicos puedan integrarse, aunque no sea en todo un turno, sino en medio turno. Luego vuelven al lugar, que es su casa, donde saben que tienen que dejar su mochila, hacer los deberes con la docente que los ha ayudado a aprender hasta ese momento en el centro educativo. Este ha sido todo un desafío. Se trabajó durante diez, once o doce años para lograr abrir este centro, realmente funciona, y los invito a que lo conozcan en Salto. Este es el primer centro educativo para chicos con autismo.

Sobre cómo se financia quiero señalar que el centro educativo de Salto tiene una partida de $ 525.000 anuales del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea que si fueran diez meses son $ 50.000 mensuales. Estas partidas no han aumentado en estos últimos quince años como lo hicieron al principio, que aumentaban mucho más anualmente. Nosotros luego vamos a pedir algo más, porque realmente hacemos lo imposible para que funcione con esa cantidad de dinero. 

Algunos de los chicos acceden al BPS, no todos. Nosotros hacemos eventos, vendemos tortas fritas; en fin, hacemos de todo para llegar a fin de mes y poder pagar a los docentes y cubrir los gastos de luz, agua y teléfono, porque no tenemos exoneración alguna en ese sentido. Y, bueno, lo hacemos. Yo tengo 63 años y tenía 23 cuando tuve a mi hija y desde los tres años que supe que era autista estoy trabajando firmemente en eso y, hasta que tenga fuerzas, lo voy a seguir haciendo.

Cuando luchaba por mi hija que era chiquita, yo siempre decía que ella debía tener una educación –¡no la iba a tirar al tacho de la basura!–, una educación común o especial, lo que sea, pero una educación al fin, una educación que la ley la proteja. Yo quería que fuera a un colegio gratuito. En el centro educativo no se les cobra un peso a los papás de los chicos que van allí. Si alguien quiere colaborar se acepta, pero no se les exige nada. Van muchos chicos al centro.

SEÑOR BOTANA.- El testimonio nos conmueve a todos. Si fuera de esos que les gusta jugar con las palabras preocupa y ocupa en este caso hablaría de que nos conmueve y nos mueve. Y espero que nos mueva. No hay duda de que lo ideal es la integración social y que los niños puedan compartir, que puedan ir a un centro educativo junto con otros niños. Eso no siempre es posible, como bien lo han dicho, porque no siempre existe la capacidad del maestro y las propias condiciones por las que pasa el niño. Indudablemente, la existencia del centro es imprescindible.

                Me gustaría hacer hincapié en otra cosa que fue dicha al pasar, pero es esencial. Uruguay debe desarrollar la formación de maestros para estos casos. Uruguay debe desarrollar la formación de asistentes. Esa es materia de conocimiento, pero solo está reservada a las personas con vocación, por lo que seguramente tengamos que desarrollar una propuesta de formación a través de los propios centros que tiene el país en áreas de discapacidad, en especial, la del autismo.

                Era solamente eso, señor presidente. Y queríamos decir que realmente los admiramos.

SEÑOR GANDINI.- Simplemente quiero hacer un reconocimiento a una o a varias instituciones que con muy poco hace mucho, multiplicando los recursos del Estado. Con esos $ 50.000 por mes hace lo que al Estado le costaría si lo fuera a hacer en forma directa. Capaz que sería un sueldo.

                Más allá de eso quiero reconocer que abordan un amplio espectro autista y por lo tanto cada niño tiene su particularidad. No hay un programa único para un grupo de niños, hay un grupo para cada niño y una atención particular, y eso lo hace todavía más valioso. Solo quiero aclarar que tanto la institución de Salto como la de Young reciben un subsidio a partir del presupuesto nacional, inciso 21 «Subsidios y subvenciones». El de Young recibe un poco más de $ 400.000 y el otro, más de $ 500.000. Esos montos los otorga el Parlamento. Si no han tenido ajustes no es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas sino del Parlamento. El Ministerio de Economía y Finanzas dispone en cada Ley de Presupuesto un monto presupuestal ajustado y luego es el Parlamento el que con ese monto le da más a uno, menos a otro, incorpora nuevas y no necesariamente ajusta a todas. ¿Verdad? O sea, se otorga determinado dinero y podríamos decir que el que recibe $500 se va con $600, pero también podemos decir que se va con $500 y los $100 van para una institución nueva o para otra. Es una decisión que se debe tomar aquí. El Parlamento lo va a tratar, a partir del 30 de agosto, cuando ingrese el presupuesto quinquenal.

Desde ya los invitamos a que, como muchas veces lo hacen, vuelvan a la comisión, soliciten su entrevista y hagan esta misma exposición para que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tome las decisiones pertinentes en relación con los recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas disponga para este fin. Son muchas las instituciones que vienen, es encomiable el esfuerzo que hacen. El Estado debe tener oído para todas las inquietudes y tomar las decisiones. Repito, es importante que ustedes vuelvan a estar en la primera Cámara al menos, que es donde se trata este tema; si entra por la Cámara de Representantes, asistan allí, y si ingresa por la Cámara de Senadores, háganlo acá.

Las felicito nuevamente porque conozco en buena medida el trabajo que hay que hacer.

SEÑOR DOMENECH.- Simplemente quiero expresarles nuestra admiración. Soy abuelo de un niño con trastorno del espectro autista. Conozco de primera mano el esfuerzo de los padres. Creo que todo el espectro político hoy, sin diferencias, se solidariza con ustedes.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Agradecemos sus palabras. Confiamos en que, así como se ha venido avanzando en la sociedad en estos temas —aunque entendemos que se ha hecho muy lentamente—, se pueda dar un impulso a la temática.

                Me gustaría responder los planteos realizados por la maestra colega.

                Un planteo tiene que ver con la educación inclusiva. Tuve la oportunidad, la dicha de trabajar en la Universidad, y gracias a una amiga con dinero pude conocer Japón. Allí estuve 15 días; conocí Francia, Italia y España. Viajé antes de preparar el programa educativo que estamos aplicando. Digo esto para que tengan la visión de que nosotros logramos tomar la experiencia de otros países y pudimos madurarla y adaptarla según nuestras características.

Cuando hablamos de educación hablamos de educación para todos para que todos puedan desarrollar sus capacidades. Cuando nos referimos a la educación en el espectro autista, tenemos que pensar de otra manera. El criterio de la educación inclusiva está presente en nosotros. Lamentablemente, en aquella época, por más que golpeamos las puertas en muchos lugares tuvimos que crear un centro, porque cuando planteamos incluir la propuesta educativa en la Educación Pública, no se pudo. Obviamente, el sistema tiene sus dificultades para cambiar. Nosotros hemos levantado la bandera de la educación inclusiva, y la mantenemos en el sentido de que todos los ciudadanos tienen derecho a compartir los mismos espacios y aprender con los demás.

 El asunto es que en el área del espectro autista se aprende de otra manera y se enseña de otra manera. Entonces, las estructuras educativas tienen que ser diferentes. No podemos pensar solo en capacitar a docentes que luego vayan a la estructura educativa que tiene hoy el sistema. Hay que pensar de otra manera, y así ocurre en otros países; funciona de otra forma. Con respecto a lo que se enseña en autonomía, por ejemplo, en los centros educativos, la escuela lo tiene que dar, es decir, el lugar que esté educando. Se tiene que educar para que esa persona sea cada vez más autónoma.

 Entonces, todos esos procesos que realizamos en el centro educativo para que después la persona tenga la habilidad de incluirse en el ambiente de primaria, deberían darse en el sistema educativo. Esa es una parte que debe modificarse. Por supuesto que es complejo, pero justamente estamos reclamando eso. Es urgente la decisión, porque los chicos están esperando que nosotros, que se supone que sabemos todo, resolvamos la situación y no pueden esperar más.  Muchos de nuestros chicos han quedado por el camino porque el sistema en que viven no les ha dado la oportunidad. Debemos empezar a caminar y seriamente hacer los cambios necesarios en la estructura educativa para que los niños puedan aprender de una manera inclusiva, algo que hace bien a unos y a otros, a todos. 

La otra pregunta tiene que ver con la asistencia personal. Para ser muy sintética, en Estados Unidos, en la década del 60, organizaciones de personas con discapacidad tomaron la figura del asistente personal que existía en la sociedad y la incluyeron en el área de la discapacidad. Los gerentes, los directores de bancos y de empresas tienen asistente personal, ¿verdad? Hoy lo vemos: mi asistente personal es Fulano, voy con él y le indico que me escriba una carta, me llame a tal lado o me prepare lo que fuere. Esa es la figura del asistente personal; cumple las funciones que la persona no va a realizar; quien decide cuál es la función es la persona y su asistente está en función de ella. Por eso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 19 establece el derecho a vivir de forma independiente y el instrumento es el asistente personal. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad requiere de otra persona para realizar las actividades básicas que sola no puede realizar como, por ejemplo, bañarse, vestirse, comer, escribir a máquina o pasear, porque no son solo las necesidades, sino también los deseos de la persona. La asistencia personal tiene que ver con la vida independiente, con el derecho a decidir hasta en las pequeñas cosas. ¿Cuál fue el problema que hizo que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2016 planteara dentro de sus observaciones a Uruguay las inconsistencias de la asistencia personal en la ley de cuidados? Estas inconsistencias se deben a que la reglamentación y las disposiciones no delimitan todo lo que deberían hacerlo entre la función del asistente personal y la de los cuidadores y cuidadoras. Digo esto porque el asistente personal no cuida a no ser que la persona con discapacidad tenga un problema y le pida que la cuide.  Por ejemplo, a mí no me cuida alguien siempre, yo tomo mis decisiones. Cuidar implica un tutelaje, y entonces la función de los cuidadores es valiosísima e imprescindible, pero en un área, y la del asistente personal, en otra. Eso es lo que reclamamos.

SEÑORA RODRÍGUEZ.-  Queremos saludar a las integrantes de los centros de cuidados para niños autistas de Young y de Salto. 

En primer lugar, las felicitamos por la tarea que vienen realizando y queremos decirles que se tienen que sentir sumamente orgullosas porque fueron elegidas para realizar esta tarea para niños y niñas tan especiales; y estas cosas también son de agradecimiento. Este realmente es un tema muy complejo pero que –como les escuché decir– no admite espera. Es urgente, es para ahora y debemos abordarlo. Desde el sistema educativo es urgente preparar y no simplemente decir que tenemos que capacitar. Es una capacitación muy especial, que necesita un abordaje también muy especial. Esto tenemos que trabajarlo muchísimo en coordinación con la sociedad civil y con los que saben, que son ustedes; esto es fundamental.

                Nosotros, desde el modesto rol que hoy nos toca, circunstancialmente, desempeñar, tenemos un compromiso con esos chicos y esas chicas que están esperando y también una deuda con aquellos que se quedaron por el camino.

                Acá tenemos comisiones de educación, de salud, y también legisladoras y legisladores sumamente comprometidos con esta temática. De manera que les invito a acercarse, en primer lugar por lo que les acaba de decir el señor senador Gandini y, en segundo lugar, porque vamos a trabajar juntos, codo con codo, por ese compromiso que tenemos todos por esos chicos y por esas chicas.

                En definitiva, lo que tenemos que hacer es agradecerles, no solamente por el trabajo, sino también por traer la voz de aquellos que no se pueden manifestar.

                Muchísimas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En el sistema de cuidados se llama a asistentes personales y se prepara, supuestamente, a la gente. Hay una preparación; no va cualquiera. Entonces, tal vez lo que haga falta sea mejorar esa capacitación, porque,  por más que se llama sistema de cuidados, en realidad a las personas que se asigna se les llama asistentes personales. Incluso, sé que hay mucha gente en espera todavía para hacer esos cursos, que se hacen con detenimiento.

                Muchas gracias, de verdad, y felicitaciones.

SEÑORA SILVA.- Muchas gracias por este espacio.

                Urgencias hay muchas, pero somos felices por poder aportar a todos ustedes.               Quería decir, además, que en estos centros no se cobra ni matrícula ni mensualidad. Tenga pensión o no, toda persona tiene derecho a la educación, así que aceptamos a todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de esta delegación.

 

(Se retiran de sala las representantes de los

Centros Educativos para Niños Autistas de Young y Salto).

 

(Ingresa a sala una delegación de FEMI)

 

                –Damos la bienvenida a una delegación de FEMI integrada por la doctora Patricia Nava, presidenta; el doctor Osvaldo Bianchi, secretario; el doctor Daniel Ayala, tesorero, y la doctora Alicia Queiro.

SEÑORA NAVA.- Buenas tardes.

                Yo soy la doctora Patricia Nava, presidente de la Federación Médica del Interior.

                Antes que nada, quiero darles las gracias a todos por esta invitación que nos han hecho.

                Venimos tres representantes del Comité Ejecutivo de FEMI y nuestra asesora legal, que es la doctora Alicia Queiro.

(Ocupa la presidencia el señor senador Gandini).

                –FEMI está compuesta por los 22 gremios médicos del interior del país, con representación en cada uno de los 18 departamentos del interior.

                Ya que nos invitaron, estuvimos analizando los puntos que tienen que ver con la salud en el proyecto de ley con carácter de urgente consideración.

                En primer lugar, queríamos que supieran que, como médicos del interior, estamos totalmente de acuerdo con la pertinencia de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que vendría a llenar un vacío que existe en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con el avance tecnológico en cuanto a tratamientos, que se está viendo de una manera vertiginosa a nivel mundial.

                Pensamos que esta agencia tendría que evitar el exceso de judicialización en la salud al que estamos asistiendo en estos últimos tiempos.

                Pero también creemos que algo tan importante merecería un tiempo más de estudio, más allá de que se pudiera realizar ahora esta creación. Pretendemos una mayor discusión y análisis en cuanto al órgano directivo que tendría que tener; al análisis de su alcance, de sus potestades; si sería un órgano vinculante o no con el Ministerio de Salud. Hay un montón de puntos a analizar, por lo cual entendemos que, más allá de que pueda crearse en este momento, todo lo que tiene que ver con la discusión de funcionamiento tendría que estar contemplado en otro proyecto de ley o en la reglamentación que saldría de esta ley.

                También creemos que tendría que quedar bien claro en alguna parte que esta agencia debería estar distante y protegida de todo tipo de conflictos de intereses, desde lo político-partidario, desde las industrias, desde lo económico.

                Pensamos que este organismo es una gran necesidad, e incluso se viene planteando desde antes, pero queríamos que se pudiera discutir más. Es más, esto ya fue analizado por parte de FEMI con el ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, y dijimos que ameritaba un poco más de discusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permiten, sobre este punto de la agencia de medicamentos, ya la comisión ha llegado a un acuerdo. Se va a sustituir todo ese capítulo por un par de artículos que crean la agencia exclusivamente y trasladan el contenido a la ley de rendición de cuentas. Es decir, no lo pone muy lejos tampoco, porque estamos convencidos de que esto hay que sacarlo lo más pronto posible. A veces las cosas, cuando se pasan de maduras, pierden su momento. Pero le falta un poco de horno, un poco de conversación. Esto lo ha dicho el propio ministerio, así como también los partidos que aquí están y el sindicato médico, que nos visitó. Así que será el tiempo de trabajar los contenidos en la rendición de cuentas, que ingresará al Parlamento el día 30 de junio, o sea que es de pronta discusión parlamentaria.

                Lo digo para que nuestros invitados sepan que esto que han dicho será incorporado allí y para que estén presentes en la etapa previa, porque el ministerio ha mostrado voluntad de dialogar con los distintos actores antes de traer la nueva propuesta. O sea que da la impresión de que está en construcción la propuesta, que vendrá en la rendición de cuentas.

SEÑORA NAVA.- Reitero que esto había sido hablado con el doctor Salinas, que estaba en esta misma línea. Y como representantes gremiales de los médicos del interior, queríamos decir que estamos a total disposición como para poder aportar nuestro parecer en lo que tenga que ver en este análisis y en esta discusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Será bienvenido.

SEÑORA NAVA.- El otro tema que también veníamos a plantear era lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Recursos.

                Hay un artículo que menciona la financiación del fondo. Sabemos que el fondo se financia con el aporte de todos los uruguayos. Se financia también con un porcentaje de los juegos de azar. Y había en algún momento, amparándose en una ley, la posibilidad de que al fondo pudieran ir donaciones que se debitarían de impuestos. Nosotros pensamos que esa quizás no sería la manera más adecuada. Creemos que el fondo tiene que seguir siendo protegido y financiado de la manera que lo está siendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese es un régimen que ya existe desde hace mucho tiempo, que se llama «donaciones especiales». El régimen implica que la empresa que done lo hace pagando un 15 % de su impuesto a la renta, y el resto tiene un destino. O sea, paga todo su impuesto, un 15 % es normal y el resto de ese dinero va al destino que la empresa decidió. No va para ninguna inversión en particular del destinatario; va para el financiamiento de esa institución. Y deben ser unas 200 instituciones que reciben fondos de esta naturaleza: educativas, sociales, de salud, de discapacidad, etcétera. Cada una tiene su ministerio de referencia, que es el que debe controlar que los recursos fueron al destino previsto, el destino de la institución que tiene acordado. De manera que es un régimen bastante controlado, bien visto y no vincula al donante con el destino de ese dinero. No se puede donar dinero al fondo de recursos para que financie determinado procedimiento con determinado paciente.

SEÑORA NAVA.- Nos queda claro. Lo que nosotros planteábamos es que hay determinadas instituciones o áreas en nuestra sociedad que quizás necesiten este estímulo para que las empresas donen a través del mecanismo que recién mencionaba el señor presidente.

                Creemos que la salud es una prioridad que no necesariamente tendría que estar contemplada en este sistema de estímulos, porque de esa carga impositiva el Gobierno puede destinar una parte directamente al fondo o manejar esos impuestos de otra manera.

                Esta ley está prevista, quizás, para fomentar donaciones en lugares tales como actividades culturales.

SEÑOR PRESIDENTE.- No necesariamente. Son destinatarios de esto la Universidad de la República, la ANEP, cada uno de los subsistemas de la educación y varias instituciones, como hospitales públicos y otras instituciones de salud pública.

                Es bueno decir que el volumen total tiene un tope y el volumen por área, también. O sea, el Estado no hace una renuncia fiscal, no deja de recaudar todo aquello que la gente quiera direccionar hacia determinado fin. Este mecanismo tiene un tope para las instituciones educativas, uno diferente para las de la salud, otro para las de discapacidad, etcétera, que en su conjunto no puede sobrepasar un tope general. El Poder Ejecutivo ya sabe que esa recaudación impositiva no va a ser dispuesta por rentas generales, sino que el contribuyente le da un destino. Y eso lo que hace es mover ciertas sensibilidades en la sociedad. Después, las instituciones compiten por captar interés en aquellos que pagan impuesto a la renta y pueden darle a una parte de ese dinero esa dirección.

                Pero también es legítimo que nuestros invitados piensen que el Fondo Nacional de Recursos no debe estar dentro de ese sistema, sino que debe percibir todos sus ingresos del Estado directamente. Es una visión entendible.

SEÑORA NAVA.- Por último, queremos referirnos a un tema que en la primera versión del proyecto de ley de urgente consideración estaba pero ahora se sacó, porque ya se aprobó aparte. Estamos hablando de la ley que contempla el área de la telemedicina. En este sentido, queremos señalar que desde la Federación Médica del Interior les entregamos al Ministerio de Salud Pública, a Junasa y a Digesa todo un proyecto de reorganización de los diferentes niveles de atención en el interior del país, incorporando los diferentes dispositivos de la telemedicina. Sabemos que está la ley, pero que no está su reglamentación. Es más, también sabemos que hay una resolución de la Junasa que autoriza que este sistema pueda ser usado en este momento, pero nos  interesa que se pueda reglamentar la ley de telemedicina en lo que tiene que ver con el interior del país y, sobre todo, con las zonas rurales, donde los recursos tanto médicos como tecnológicos son finitos. La telemedicina no suple la consulta médica, pero sí puede ayudar a distancia. De manera que queríamos comentarles que estamos fuertemente apostando a este tema de la telemedicina. Incluso, enviamos una propuesta al ministro, quien quedó bastante entusiasmado. Quizás la semana próxima podamos tener una entrevista con la OPP por los aparatos o valijas de telemedicina. Sabemos que ya se han implementado en otros países del mundo como, por ejemplo, Israel, y permiten hacer un examen médico del paciente con el médico a distancia. Vamos por más, porque también se está tratando de implementar algo que para nosotros es muy importante, como es la ecografía en los controles de embarazo también a distancia.

SEÑOR DELLA VENTURA.- Quiero saludar a la delegación –especialmente al compañero Daniel Ayala, de Florida– y agradecer los aportes respecto a la telemedicina.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos los comentarios en general y en particular estos últimos sobre la ley de telemedicina.

La delegación sabe que la reglamentación es una tarea que corresponde al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, por sus comentarios y los anteriores, vamos a disponer el envío de la versión taquigráfica de su comparecencia al señor ministro de Salud Pública para que conste la preocupación que trasladaron al Parlamento, más allá que, obviamente, queda en nuestro conocimiento.

SEÑORA NAVA.- Olvidé decir que en esto de la telemedicina también está lo de la telepatología. En este momento –el doctor Ayala está al tanto– tenemos una médica anatomopatóloga que está trabajando en la ANII con un proyecto de telepatología, o sea, de anatomía patológica, que también nos interesaría que pudiera ser contemplado en la reglamentación de la telemedicina. Por lo tanto, tenemos muchos aportes para hacer.

                Quiero resaltar, porque no queremos crear susceptibilidades médicas, que nada de esto suple la mano de obra médica, no remplaza al médico ni al técnico que informa todos los procedimientos o hace los exámenes físicos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.

(Se retira de sala la delegación de FEMI).

 

(Ingresa a sala el representante de la Comisión

Coordinadora del Interior, Udelar).

–La subcomisión que trata el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración tiene el gusto de recibir al profesor Álvaro Soutullo, quien comparece en representación de la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar y que es profesor adjunto del Centro Universitario Regional Este.

Le cedemos con mucho gusto la palabra.

SEÑOR SOUTULLO.- Muchas gracias por la invitación. Sé que es una jornada larga, de una semana larga, por lo que voy a intentar ser breve.

                Reitero el agradecimiento de la invitación. Soy docente del Centro Universitario Regional del Este pero estoy, como decía el señor presidente, en representación de la Comisión Coordinadora del Interior.

                Armé una pequeña presentación –vicio de docente– y preparé un repartido que espero sea de utilidad.

                Primero hay que recordar qué es la Comisión Coordinadora del Interior. Es el ámbito de la Universidad de la República que tiene, justamente, como área de trabajo, el interior del país. Por lo tanto, con relación al tema específico por el cual me pidieron que participara –lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable–, debo decir que nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con las áreas protegidas. A lo largo de todas las etapas del proceso, desde la planificación y diseño hasta la gestión de las mismas, participamos desarrollando investigación, gestionando las áreas y en los procesos de gobernanza. Entonces, lo que me pedían era que contara cómo nosotros, desde la Udelar, conceptualizamos las áreas protegidas y cuáles son las observaciones que tenemos sobre algunos de los puntos incluidos en el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, a la vez que comentara algunas de las investigaciones que estamos desarrollando y que pueden ayudar a arrojar alguna luz con respecto a las discusiones que esos planteos abren. También tenemos propuestas sobre cómo seguir avanzando en este tema que, de alguna forma, es una enorme oportunidad que esté tratado, precisamente, en un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, porque refleja que es relevante para este Gobierno.

                Lo primero y, quizás, lo más relevante, es entender a qué nos referimos cuando hablamos de áreas protegidas o cómo lo conceptualizamos. El planteo es que entendemos las áreas protegidas como espacios especialmente gestionados para asegurar el mantenimiento de procesos ecológicos que son esenciales para el bienestar humano. Esto tiene una serie de desafíos. El primero y más importante para la gestión es que trasciende límites administrativos y requiere gestionar sectores del territorio que involucran múltiples actores, con múltiples visiones, necesidades, intereses y preocupaciones.  Lo segundo es que las áreas protegidas en el siglo XXI tienen un uso productivo y son habitadas. Aquella vieja visión de las áreas protegidas del siglo XIX   –sobre todo, la visión típica de Estados Unidos–, de grandes áreas libres de presencia humana, han ido dejando lugar en este siglo XXI a áreas que tienen otra función, otra lógica. Son áreas que tienen que estar habitadas, por personas que producen aquellas cosas que necesitan para desarrollarse, pero, además, por sus características ecológicas cumplen un rol fundamental en sostener la calidad ambiental del territorio en el que están insertas. Cumplen un rol importante en influir positivamente en esa matriz en las que las áreas protegidas se insertan. Entonces, requieren compatibilizar los intereses particulares de los actores, que son propietarios de esas tierras y viven en ellas, con los intereses generales de las sociedades más amplias, que se ven influidas o dependen de los servicios ecosistémicos que esas áreas brindan. Quizás, lo más interesante con relación a lo que ha sido el proceso en Uruguay es que esas áreas –las que se han propuesto integrar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sobre todo en el último plan estratégico del sistema– se identificaron como resultado de un proceso riguroso de análisis de la mejor información disponible. Voy a volver a ese tema un poquito más adelante.

La otra particularidad que tienen las áreas protegidas es que poseen un marco normativo que permite implementar estrategias de desarrollo local con un fuerte énfasis en compatibilizar los aspectos sociales, económicos y ambientales. Esas experiencias pueden, luego, ser extrapoladas a otros sectores del territorio. Entonces, son laboratorios de desarrollo sustentable con un fuerte énfasis en lo local; nos permiten aprender de experiencias que aplicamos a otros sectores del territorio. A su vez, tienen aquello de ofrecernos la posibilidad de generar productos con sello de natural, que no solo es cada vez más valorado en mercados internacionales, sino que lo orgánico y lo de origen natural constituye un recurso cada vez más escaso. Por lo tanto, ofrecen una alternativa de diferenciación y valor agregado para productos que el país exporta. Además, en lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria, contribuyen a la soberanía alimentaria.

Estas áreas y la gestión de esta complejidad requieren sistemas de gobernanza complejos con una fuerte participación social, con un fuerte involucramiento de actores del Estado a nivel nacional, departamental y local. El desafío es construir consenso entre múltiples actores con intereses distintos y articular lo que es el interés particular de las personas que viven ahí y que tienen su futuro asociado a esas áreas, con velar por el interés general y por los servicios que generan esas áreas que trascienden sus predios.

Este es un tema en el que Uruguay, lamentablemente, está relegado, pero a un nivel que es –permítame, quizás, ser exagerado– vergonzoso. A nivel mundial e independientemente del tamaño del país, de la densidad poblacional, del tipo de gobierno y del Producto Bruto Interno, las áreas protegidas se adoptan como un elemento importante de los planes de desarrollo. Son muy pocos los países que no tienen más del 5 % –y, diría, del 10 %– de su territorio gestionado bajo régimen de área protegida. Muchos de esos países están en una situación similar a la de Uruguay, con un porcentaje enorme del territorio en manos privadas; muchos de esos países gestionan áreas protegidas en predios privados. Uruguay está en un debe enorme en este sentido y eso lo pone en la parte baja de esos rankings internacionales, que para nosotros son importantes a la hora de dar una buena imagen al resto de los países. Entonces, estos temas son los que, efectivamente, en la agenda del desarrollo país han quedado –como decía recién– vergonzosamente atrás.

Uno de los desafíos que tenemos es que existe una Ley de Áreas Protegidas que fue aprobada en el año 2000, en un contexto de comprensión de dichas áreas que es distinto al que tenemos actualmente. Cuando se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el énfasis estaba en preservar los pedazos de biodiversidad que podían ser afectados por la actividad humana. Hoy por hoy, lo que estamos tratando de sostener es la columna vertebral de la calidad ambiental del territorio nacional: lugares que son relevantes para brindar servicios y ecosistemas claves –como una buena calidad del agua–, fundamentales para el bienestar humano. Y, por otro lado, como decía hace unos minutos, está la enorme oportunidad de promover modalidades de desarrollo productivo sustentable.

Dado este escenario de cambio de paradigma de una ley que ha sido exitosa pero que requiere ser revisada y mirada nuevamente a la luz de estas modificaciones en la forma que consideramos las áreas protegidas, y en función del interés demostrado por este Gobierno en tratar este tema, nos parece que es importante plantearse una agenda de trabajo que trascienda el corto plazo de este proyecto de ley de urgente consideración. 

El planteo que se hace en la versión original del proyecto de ley –soy consciente de que ha ido cambiando y que hoy por hoy tiene una redacción bastante más apropiada– es que una de las enormes dificultades con la que se encontró el Uruguay a la hora de implementar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –y ante la necesidad de contar con el consentimiento de los propietarios de las áreas–, fue que era imposible avanzar desde el punto de vista administrativo. Incluso, en aquellos casos en los que había propietarios con un fuerte interés de incorporarse al sistema, era imposible obtener la firma de todos ellos porque muchos vivían en el exterior, porque resultaba imposible identificar quiénes eran y porque en otros casos había sucesiones en proceso que implicaban demorar años el ingreso de esos predios al sistema.

Otro riesgo de volver a esa versión de la iniciativa, que requería el consentimiento de los propietarios, es que abre un espacio para reclamaciones hacia atrás, con un potencial perjuicio para el Estado.

Un punto que, quizá, es más conceptual, es el de basar la expansión del SNAP en una importante apuesta a la expropiación, que implica correr el riesgo de un fuerte proceso de estatización de esta política, de la necesidad de generar recursos administrativos para sostener la gestión de esos predios que ahora pasan a ser propiedad del Estado. De alguna manera, eso va en contra de lo que han sido las lecciones aprendidas para la gestión de áreas protegidas a nivel mundial. Acá, simplemente, quería hacer referencia al trabajo de Elinor Ostrom que, para quienes no la conocen, fue una politóloga que ganó el Premio Nobel de Economía en 2009, justamente, por sus aportes a lo que se conoce como la gobernanza de los bienes comunes, que son aquellos recursos utilizados por una serie de diferentes actores. Una de las conclusiones a las que llega Elinor Ostrom es que para estos bienes comunes, como el agua, el aire y la biodiversidad, el éxito de gestión en el largo plazo se da en situaciones en las que no se opta por privatizar esos recursos ni por estatizarlos, sino por encontrar estrategias intermedias de cogestión entre los actores involucrados. Y más allá de identificar que la forma correcta de llevar adelante esa gestión es dependiente de la comunidad involucrada, hay una serie de principios fundamentales y generales que guían la gestión de este tipo de bienes. Esos principios requieren fuertemente de la participación, de la construcción de consensos, del diálogo, del trabajo, de negociación permanente para construir visiones comunes, de la capacidad de autorregulación y de la capacidad del Estado de actuar como garante del cumplimiento de las reglas. 

Todos estos aprendizajes son posteriores a cuando Uruguay decide aprobar la ley de áreas protegidas, en 2009. Estas cosas no han sido incorporadas en el diseño institucional que nosotros nos propusimos hace veinte años para el desarrollo de esta política pública. Es necesario repensarla a la luz de estos avances y de estos nuevos conocimientos; es necesario repensar el vínculo con los productores y es necesario repensar cómo premiamos y cómo incentivamos a estos actores privados que protegen y gestionan bienes de interés nacional.

                En ese sentido, quería compartir de forma simple y rápida el resultado de la investigación que realizamos en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en colaboración con la Universidad de Helsinki, que fue parte de los insumos en los que se basó el Plan Estratégico para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para identificar cuáles deberían ser las nuevas áreas a incorporar al sistema.

                Básicamente, generamos una serie de escenarios de expansión del sistema de áreas protegidas de forma tal que se asegurara la protección de esos elementos valiosos y de esos servicios ecosistémicos valiosos de los que depende el bienestar de los uruguayos, pero tratando de compatibilizarlos y de identificar aquellas áreas que, además de ser valiosas desde el punto de vista ecológico por los servicios que brindaban, nos permitían minimizar los conflictos con los usos productivos y maximizar la potencial complementariedad con algunos usos productivos. Por ejemplo, buscamos priorizar áreas donde la conservación fuera compatible con la promoción de la ganadería sobre campo natural. Intentamos minimizar aquellas zonas donde había una fuerte presión del desarrollo urbano, justamente, para tratar de sostener esos sectores del territorio que son clave para mantener servicios ecosistémicos, minimizando los conflictos y maximizando las oportunidades.

                Trabajamos en varios escenarios. En algunos incorporamos como variable el valor de la hectárea. Utilizamos información de los valores de compra-venta de predios en las distintas secciones judiciales del país. Al final se identificó una porción del territorio nacional que abarca alrededor del 10 % y que, independientemente del escenario en el que trabajábamos, aparecía como un sector del territorio nacional que era importante proteger para sostener esos servicios ecosistémicos clave para el bienestar humano. Esos sectores involucran unos veinticinco mil padrones rurales –como les decía, cubre el 10 % del territorio nacional– y, si utilizáramos los valores de compra-venta observados durante el período que tomamos como base, invertir en la compra de esos territorios implicaría un costo aproximado de entre USD 2.000:000.000 y USD 5.000:000.000, utilizando los valores de compra-venta registrados en los tres o cuatro años previos al estudio.

                Una de las cosas interesantes de este estudio es que nos permitió identificar específicamente cuáles son esos padrones que Uruguay debería incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A partir de ahí podemos identificar a los propietarios y podemos trabajar para entender qué necesitan que haga el Gobierno para apoyarlos en la gestión de esos territorios y para compatibilizar sus intereses particulares con los beneficios que nos brindan a los uruguayos en general.

                El segundo proyecto que les quería comentar y que actualmente está en marcha también lo estamos haciendo con la Universidad de Helsinki; es parte de un proyecto de doctorado de un estudiante que coorientamos con investigadores de esta universidad. Se trata de una serie de encuestas a más de doscientos productores de todos los departamentos del país, de distintos contextos socioeconómicos, que tienen predios de distinto valor, de diferente tamaño y con diversos usos productivos, con el fin de entender qué incentivos prefieren a la hora de destinar una mayor parte de las  decisiones de gestión de sus predios a asegurar la conservación de los elementos naturales del lugar. Como decía, este es un proyecto que está en marcha. Esperamos defender el doctorado a fines de este año, pero los resultados preliminares arrojan que para muchos de estos productores los incentivos no son económicos. Lo que están pidiendo es un mayor acercamiento del Estado, que se les dé apoyo técnico, asistencia técnica y determinados elementos que facilitan su vida en el entorno natural en el que están insertos.

Evidentemente, hay diferencias asociadas al valor de esos suelos, al tipo de actividad productiva, a la dependencia económica de esos propietarios, es decir, si son la primera fuente de ingresos o si son ingresos alternativos. Lo interesante de esto es que nos permite comenzar a entender efectivamente qué es lo que necesitan esas personas, que son las que gestionan esos sectores del territorio. Necesitamos asegurar que sean gestionados de forma tal que nos brinden esos servicios ecosistémicos para sostener un territorio nacional saludable, para poder pensar en estrategias de desarrollo sostenible en el largo plazo, etcétera.

Con las últimas dos diapositivas queremos reforzar lo manifestado anteriormente. Tenemos la oportunidad de repensar esta política pública. Contamos con un montón de información que no teníamos hace veinte años. Tenemos una conceptualización distinta de para qué sirven estas áreas protegidas y cuál es el rol de los distintos actores del Estado en la gestión. Es importante la construcción de acuerdos en procesos de articulación del interés particular y el general y saber cuál es el tipo de incentivo que distintos actores necesitan.

Entonces, como decía, tenemos una oportunidad de oro para repensar esta política en la que Uruguay ha quedado tan atrás en el contexto internacional. Quizás un elemento que explica por qué hemos quedado tan atrás es que esta política pública, con este alto nivel de complejidad, que actualmente gestiona un 1 % del territorio nacional, tiene un presupuesto anual de USD 2.000.000. Ese monto es el que invertimos en gestionar el 1 % del territorio, que entendemos particularmente valioso para sostener la calidad ambiental del país. Por eso la creación del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es una oportunidad enorme para ponernos al día con esto.

El desarrollo y la gestión de un sistema de áreas protegidas es una de las pocas herramientas de gestión ambiental proactivas que tiene el país. La gestión ambiental de Uruguay es esencialmente reactiva, enfocada en minimizar impactos, en controlar, y el sistema de áreas protegidas es de las pocas excepciones en que la gestión ambiental se hace de manera propositiva, imaginando futuros deseados y promoviendo alternativas deseadas. Como tal, requiere un espacio acorde en esta nueva institucionalidad que se está creando.

Por lo tanto, entendemos que en este proceso en el que se encuentra el país de repensar o de diseñar un nuevo ministerio, sería oportuno que se diera un mediano plazo para incorporar adecuadamente este tema.

Finalizando y aprovechando que, curiosamente, hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica, quiero hacer hincapié en un último tema: cuando se aprobó la ley de creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Uruguay no contaba con una normativa relativa al ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable. Evidentemente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es una herramienta que tiene mucho de cercanía con la lógica de ordenamiento territorial. A la hora de repensar el futuro de esta política pública, deberíamos hacer un fuerte esfuerzo por acercar este aspecto.

Como ejemplo les digo que la Intendencia de Canelones creó un sistema departamental de áreas de protección ambiental inspirado en la lógica de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero como un instrumento de ordenamiento territorial, mostrando, justamente, la cercanía entre estos enfoques y, por lo tanto, la necesidad de explorar formas de acercar estos enfoques en la futura discusión, revisión y actualización de esta política ambiental.

Les agradezco la atención. Estoy a disposición por si tienen alguna consulta.

SEÑORA DELLA VENTURA.-  Con estos artículos se pone sobre la mesa el tema de la propiedad. Me parece muy interesante esta investigación, porque no tenemos datos desde la Universidad sobre las áreas protegidas.  Me resulta muy valioso lo que han expresado y será muy interesante conocer sus resultados.

Lo que algunos cuestionan es que el propietario pueda decir si acepta o no que sea  área protegida, y me gustaría saber su opinión.

SEÑOR SOUTULLO.- Empiezo un paso atrás.

Terminé mi doctorado en España en 2007 y ese mismo año vine a Uruguay a trabajar precisamente en las primeras etapas del desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  Una de las dificultades que nos encontramos en ese entonces era que administrativamente era imposible conseguir el consentimiento de todos los propietarios, incluso de  algunos que tenían mucho interés en incorporarse, y actualmente sigue pasando.  Entonces, hay una dificultad, reitero, que es administrativa y otra más conceptual, que es la de cómo articular lo particular con lo colectivo. Quizás haya una analogía  –y no es necesariamente la mejor– con lo que puede ser el aporte al Fonasa o al BPS. Se está contribuyendo a una política que trasciende  lo particular, pero, por otro lado, tenemos que ver cómo apoyar o incentivar a esa persona que está haciendo un sacrificio  –si se quiere– en su predio y saber qué necesita. Ese creo que es el  rol importante que tiene que jugar el Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le preguntamos al doctor Soutullo si va a dejar la presentación que trajo en PowerPoint, porque es valiosa y algunos señores senadores tienen interés en contar con ella como aporte. 

SEÑOR SOUTULLO.- Sí, señor presidente, la copio y se las dejo.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Agradecemos a la delegación  por la información brindada.

(Se retiran de sala los representantes del Centro Universitario Regional Este - Udelar).

 

(Se inicia la videoconferencia con el profesor Mauricio Langón, representante del Grupo de Reflexión en Educación).

                –Vamos a dar inicio a esta última entrevista de la subcomisión que trata el proyecto de ley de urgente consideración recibiendo la opinión, por videoconferencia, del profesor Mauricio Langón, representante del Grupo de Reflexión en Educación.

El procedimiento es que el profesor Langón haga su intervención sobre el proyecto de ley en el tiempo que le fue asignado y luego, si algún senador tiene alguna inquietud, podrá transformarla en pregunta.

                Sin más, le cedemos el uso de la palabra al profesor Mauricio Langón.

SEÑOR LANGÓN.- Buenas noches. Es un gusto estar hablando con los integrantes de esta subcomisión. Somos del grupo GRE y habíamos quedado –así lo entendimos– en que en primer lugar expondría el profesor Julio Arredondo –que es también maestro y uno de nuestros integrantes– sobre la parte general del capítulo de educación del proyecto de la LUC, mientras que yo me remitiría a hablar sobre formación pública en educación. No obstante, si hay algún problema técnico puedo comenzar yo hablando de formación pública en educación.

SEÑOR PRESIDENTE.- No tenemos a ninguna persona de su delegación presente en sala, así que le pediría que se hiciera cargo de la exposición.

SEÑOR LANGÓN.- Entonces, me voy a centrar en hablar de la formación pública en educación, esperando que el maestro Julio Arredondo pueda hacerlo sobre el resto de los artículos que se refieren a la educación EN la LUC y dejando sentado, por otro lado, que el GRE entiende que los artículos sobre educación no deberían formar parte de la LUC.

                Respecto a la formación pública en educación, el GRE cree necesario y urgente crear una universidad nacional pública de educación gratuita y laica, de acuerdo al artículo 202 de la Constitución. Tal universidad es condición necesaria y es el instrumento adecuado para que la formación pública en educación pueda impulsar el factor docente, tan fundamental para el desarrollo de toda educación.

                El proyecto de LUC, desgraciadamente, apunta a la dirección opuesta. Por eso, el GRE viene a pedir al Parlamento –a cada uno de sus integrantes personalmente, y en particular a los miembros de esta comisión especial– dos cosas: que en este proyecto no se voten los artículos sobre formación en educación y que, a la brevedad posible, elabore y apruebe un proyecto de ley de universidad pública nacional de educación.

                Veamos cómo el proyecto de LUC que se ha presentado rebaja la formación pública en educación. Sustituye el artículo vigente sobre niveles educativos, que establece que el nivel iv incluya la formación en educación y la educación terciaria universitaria. En esto es coherente con el criterio general que ordena todos los niveles educativos de modo que el ascenso al siguiente supone la aprobación del anterior, siendo el nivel v educación de posgrado. El artículo 133 del proyecto aplica ese criterio, pero solo hasta el nivel iii, y emplea un criterio contradictorio en los niveles iv y v; ahí hace depender el nivel solo de la razón de en qué institución se esté estudiando. Así, en el nivel iv quedan solo las instituciones que hoy dependen del Consejo de Formación en Educación de la ANEP, y asciende al nivel v a la formación de grado universitaria, sin distinguir la diferencia obvia entre grados y posgrados, poniendo al nivel v como superior a otro por el que no ha pasado, que es el iv.

Es así que la formación pública en educación queda condenada a un nivel inferior a la privada; ya no podrá ser formación universitaria ni autónoma pues, según otros artículos, seguirá dependiendo del Consejo de Formación de la ANEP. Los estudiantes de formación pública en educación estarán cursando carreras de educación inferiores a las de cualquier otra universidad, particularmente inferiores a las carreras de educación que dan las universidades privadas.

Por otra parte, al pasar a estar en distintos niveles, será ilegal la movilidad horizontal de estudiantes, reválidas, reconocimientos de estudios y actividades compartidas que hoy son posibles con todas las universidades y el Consejo de Formación en Educación. Además, los títulos de grado públicos en educación no habilitarán a cursar posgrados.

Aclaro que estos efectos negativos afectan exclusivamente a la formación en educación de carácter público, lo cual es un criterio discriminatorio.

En consecuencia, el GRE recomienda no aprobar el artículo 133 del proyecto.

En otro orden, el artículo 150 encarga al Consejo de Formación en Educación de la ANEP la formación pública en educación, y el artículo 159 limita los alcances de la formación al decir: «La formación en educación para los niveles inicial, primario y medio estará a cargo»… En cambio, la formación que no dependa de la ANEP está regida por el artículo 139, con la característica de que se encargará de la formación académica y profesional, inicial y continua de una ilimitada lista de profesionales de la educación, y va a quedar, por tanto, casi exclusivamente en manos de la formación privada en educación. De modo que el compromiso del Estado de asegurar el carácter universitario de una formación en educación de calidad, incluida en este artículo, no se refiere a la educación pública encorsetada con el artículo 159, sino a una eventual competencia entre universidades ofertantes de ese servicio.

El mismo artículo proyecta que el Consejo de Formación en Educación tenga cinco miembros, todos designados por el Codicén, y se elimina la actual participación docente y estudiantil en ese consejo. El retroceso consolida una dependencia incompatible con la autonomía educativa y manifiesta una desconfianza con respecto al cuerpo docente oficial, que ha estudiado y rige nuestra educación pública, y a sus propios estudiantes. Esta sustitución de los involucrados por personas de confianza del consejo de la ANEP ata más firmemente todavía la formación en educación a los vaivenes políticos del Gobierno.

En efecto, el inciso K) del artículo 154 del proyecto de ley que estamos comentando sustituye la atribución vigente del Codicén de destituir por ineptitud, omisión o delito a los miembros de los consejos, previo ejercicio del derecho constitucional de defensa, por el arbitrario «derecho» –entre comillas– de cesar sin causal expresa a los directores de los subsistemas y a los integrantes del Consejo de Formación en Educación. A esto se suma la atribución al MEC, en el artículo 141, de formar educadores para la educación no formal cuando, según la Constitución, toda formación pública debe ser regida por un ente autónomo de la educación, y en la actualidad el Consejo de Formación en Educación tiene un instituto que se encarga de formar educadores sociales.

También el literal M) del artículo 147, así como el artículo 72 –que comentaré a continuación–, otorgan al MEC competencias educativas que la Constitución le prohíbe. Es por eso que proponemos no aprobar los mencionados artículos.

El Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública es actualmente un ámbito de coordinación necesario, cuya finalidad es constituirse en un sistema integrado que pueda elegir variados trayectos, reconociéndose los saberes adquiridos en los distintos niveles y modalidades terciaras: UTEC, Udelar y formación pública en educación. El artículo 203 del proyecto de LUC deroga este artículo 79 y también el 80, que rige el ámbito de educación terciaria y da su régimen legal. Me queda la duda –como no soy jurista, no lo sé– de si la derogación del artículo deroga también la ley que se cita en el mismo.

                El artículo 171 sustituye el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública por un Sistema Nacional de Educación Terciaria –se elimina la palabra «Pública»–, que excluye a las universidades y deja a la formación en educación pública en un ámbito de colaboración restringido integrado por instituciones que no define y con finalidades más que problemáticas en las que no voy a entrar.

                El GRE propone no aprobar el artículo 171 ni las derogaciones mencionadas.

                El artículo 172 del proyecto de ley sustituye la creación del Instituto Universitario de Educación –que era la creación de una universidad de educación– por la creación, en el seno del MEC, de un Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación. Es decir, sustituye una formación pública universitaria por una dependencia ministerial; desvía el esfuerzo de hacer universitaria la formación pública hacia una actividad del Ministerio de Educación y Cultura que entendemos es inconstitucional. Además, no se trata de un programa de, por y para la formación pública en educación, sino que también es para la formación privada.

Un programa para la educación pública –que no es este– solo podría constitucionalmente radicarse de modo pertinente en algún ente autónomo de la educación o en la coordinación, pero el proyecto elimina la coordinación. Este programa no es de las instituciones públicas y terciarias, aunque sus alumnos se beneficien o se puedan beneficiar de ello; crea un sistema de becas pero no para estudiantes de formación en educación pública, sino como premio o mérito para que estudiantes públicos o privados sigan programas universitarios de formación en educación de índole privada, excepto en educación física. Esto atenta contra la formación pública en educación, es un aliciente para salir de ella y un incentivo económico público para estudiar en instituciones privadas.

Este programa no fortalece la formación pública en educación, más bien, la quiebra. Por tanto, el GRE solicita la no aprobación del artículo 172.

Por último, exige la derogación del artículo 196 –que no voy a detallar–, que desarticula, con un extraño procedimiento voluntario del reconocimiento de carreras universitarias, todo el sistema público de educación.

¿Habrá carreras  universitarias en una institución no universitaria? ¿Habrá títulos públicos de igual efecto, pero distintos niveles? ¿Habrá a la vez instituciones universitarias y no universitarias? ¿O las carreras eventualmente aprobadas deben salir de la institución terciaria y ser absorbidas por instituciones universitarias? ¿Quedarán huérfanas de institución, o se organizarán como carreras sueltas en edificios especiales en todo el país? El resultado exitoso de este artículo sería la desestructuración total de la formación pública en educación y su dependencia directa del MEC.

Por lo tanto, el GRE pide la no aprobación del artículo 196 del proyecto de ley.

                ¿Se escucha a Julio Arredondo, que también está en videoconferencia?

SEÑOR PRESIDENTE.- Se escucha muy mal. Además, teníamos un tiempo estipulado para la delegación y ya ha sido superado.

SEÑOR LANGÓN.- Si me permite, voy a leer una síntesis.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lea la síntesis y damos por terminada la entrevista.

SEÑOR LANGÓN.- El proyecto de ley de urgente consideración apunta a someter a las políticas de educación del gobierno de turno al dar al ministerio un rol que la Constitución no prevé y exigir compromisos de adhesión a las autoridades designadas de la ANEP; desconocer a los entes autónomos que tienen constitucionalmente el más alto grado de autonomía; admitir la designación de autoridades de la educación pública sin antecedentes en la misma; alejar la formación en educación de su verdadero carácter universitario; estancar las posibilidades de crecimiento académico de la formación pública en educación y perjudicar con ello a toda la educación; obturar la posibilidad de una ley orgánica de universidad nacional autónoma de educación; desarticular el Sistema Nacional de Educación Pública; eliminar la participación docente en los subsistemas de la ANEP; discriminar la participación estudiantil; desnaturalizar los consejos de formación; ligar los resultados académicos a una estructura verticalista y controlada; dispersar la normativa superponiendo estatutos opcionales; y conculcar o desdibujar los derechos de los trabajadores.

En suma, creemos que todos estos problemas se solucionan con una buena ley en materia de educación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, profesor Mauricio Langón, ha sido un gusto escucharlo.

                Nos ha quedado el registro de su intervención en la versión taquigráfica. Agradecemos la preocupación por manifestar su visión sobre el proyecto de ley de urgente consideración.

SEÑOR LANGÓN.- Muchas gracias a ustedes. La opinión concreta del GRE está a disposición de la comisión, pues ha sido enviada en el día de hoy por escrito y con referencias detalladas de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más consideraciones para hacer, se levanta la última sesión de la subcomisión cuya tarea es recibir delegaciones oficiales y sociales. La próxima vez que nos veremos será para empezar a votar el articulado.

                Se levanta la sesión.

(Son las 18:29).