COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

(Sesión celebrada el día martes 19 de mayo de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9:45).

                –Aprovechando estos minutos en que el señor ministro aún no ingresa a sala, me gustaría coordinar con los señores senadores lo que resta de la agenda de trabajo. El viernes estaríamos finalizando con el trabajo de recepción de audiencias, tanto las oficiales como las que han solicitado ser recibidas por parte de la comisión. El lunes ya estaríamos en condiciones de comenzar con la votación del articulado.

                Si estamos todos de acuerdo, propongo destinar los días lunes y martes para el trabajo en las bancadas y la definición del articulado, y realizar la votación en comisión los días miércoles, jueves, viernes y, si fuera necesario, el sábado. La votación en el plenario está previsto que  comience el miércoles de la otra semana y le destinaríamos miércoles, jueves, viernes y, si fuera necesario, el sábado también.

                En las próximas horas voy a solicitar a un representante de cada partido político que tengamos una reunión para definir los pormenores del trabajo y, de alguna manera, asumir los compromisos que podamos en cuanto a los tiempos de discusión que lleven los temas. La idea es organizarnos de tal manera que el trabajo en comisión tenga una hora de inicio y una hora de finalización. Eso va a depender –la mayoría somos viejos parlamentarios y lo sabemos– de la decisión de cada bancada en cuanto al nivel de discusión que quiera que tenga cada tema. Eso es parte también de la responsabilidad con la que tenemos que encarar el trabajo. Esto no lo planteo para debatir hoy; simplemente, quería trasmitirles la idea que la mesa tiene para desarrollar el trabajo.

                Por lo tanto, como decía, este viernes terminaríamos con las audiencias. La bancada del Frente Amplio nos ha pedido destinar lunes y martes para trabajar en la bancada; en realidad, todos vamos a necesitar esos días para ordenar el trabajo, a fin de dedicar miércoles, jueves, viernes y sábado a la votación en comisión. Continuando con el cronograma, la secretaría necesita contar con el siguiente lunes y la mitad del martes para hacer el engorroso trabajo administrativo de ordenar y aprontar el documento que vamos a tener en sala. De esta manera, estaríamos empezando a votar en sala el miércoles 3 de junio, por lo que ese día a las 9 y 30 se convocaría a sesión del Senado para el trabajo en el plenario. Se dedicaría a la votación en sala el miércoles 3, el jueves 4 y el viernes 5 y ojalá no debamos utilizar el sábado 6, pero todos sabemos que el plazo constitucional vence el domingo 7 de junio a las 23:59.

                Por lo tanto, está en nuestras manos el trabajo que desarrollemos para realizar toda esta tarea.

SEÑOR GANDINI.- Simplemente, quiero hacer una pregunta. No sé cuál es la mecánica del Senado; he advertido que en ocasiones es diferente a la que se implementa en la Cámara de Representantes. ¿Hay informe escrito?

SEÑOR PRESIDENTE.- En el Senado no hay informe escrito, aunque se puede hacer informes verbales. Yo haré que se reparta a los señores senadores todo lo que refiere a los tiempos de los que reglamentariamente disponen para hacer uso de la palabra en el plenario, tanto en la discusión general como en la particular. Creo que en base a eso podemos ir organizando los tiempos de trabajo y de las sesiones. La idea no es trabajar a revienta caballos, salvo que fuera necesario y, en ese caso, nos quedaremos a vivir acá cuatro días. Pensamos comenzar el trabajo a las 9:30 y terminar a una hora prudencial, aproximadamente a las 19:30 o a las 20:00, y al otro día comenzar nuevamente a las 9:30. Todo eso dependerá de la actitud que asumamos y el legítimo juego democrático que las bancadas planteen para la organización del trabajo en el plenario.

                Si estamos de acuerdo con esta metodología de trabajo, ahora haremos ingresar a la delegación que concurre hoy.

 

 (Ingresa a sala la delegación del Ministerio de Salud Pública).

               

                –La Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración creada por el Senado de la república tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a una delegación del Ministerio de Salud Pública, encabezada por el señor ministro, doctor Daniel Salinas, que viene acompañado por el señor subsecretario, José Luis Satdjian; el señor director general de la Salud, doctor Miguel Asqueta; la directora general de Coordinación, Karina Rando; la subdirectora general de la Salud, María Giudici; la asesora legal Laura Martínez y la directora en Comunicación, Patricia Schroeder.

                El motivo de la convocatoria es recibir el informe del señor ministro y sus asesores con relación a los artículos vinculados a dicho Ministerio en el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

                Sin más, les damos la bienvenida y cedemos el uso de la palabra al señor ministro, marcándole algunas pautas de trabajo de la comisión. El señor ministro, si así lo desea, puede hacer una introducción inicial; luego analizaremos capítulo por capítulo y, en cada uno de ellos, los artículos. Una vez finalizado el tratamiento por capítulos, los señores senadores podrán hacer preguntas para que respondan el señor ministro o quien él designe.

SEÑOR MINISTRO.- Buenos días. Saludamos a los señores senadores.

                Con respecto al capítulo III, «Creación de la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Tecnologías Sanitarias», el Ministerio de Salud Pública considera que es una herramienta absolutamente indispensable y necesaria. Por lo tanto, tiene un valor tangible en el corto y mediano plazo. Será una ley sin precedentes que tendrá un impacto importante en la toma de decisiones en la gestión de la salud.

                En este período hemos estado enfocados en una pandemia importante y en una cantidad de medidas –se han generado más de veinte ordenanzas; hemos trabajado sábados, domingos y feriados–, pero cuando ingresamos al estudio de este articulado notamos que había bastante para sumar por parte de otros actores. Recibimos aportes de diversos sectores, de actores tanto gremiales como sindicales, jurídicos y de diferentes asociaciones del quehacer sanitario.

Por lo tanto, proponemos a los distinguidos senadores que la creación de la Agencia de Evaluación de Medicamentos de Tecnologías Sanitarias –la palabra «control» está expresada en el título, pero no en el contenido– se incluya en la rendición de cuentas a los efectos de agregar valor a la propuesta.

                Hemos estudiado más de diez modificaciones al texto proyectado. Se nos podrá preguntar por qué no se presentaron antes; la razón es que esas modificaciones se fueron enriqueciendo con los aportes de distintos sectores. Al recibir estos aportes surgió la inquietud de que algún sector, concretamente el de los magistrados, también estuviera representado, en lugar de recibir solamente los aportes del Sindicato Médico. Desde ya anunciamos que compartimos muchos de ellos. Queremos recoger lo mejor de cada sector y presentar una propuesta a más tardar en la rendición de cuentas. Tenemos un plazo de aproximadamente cuarenta días –se va a tratar en junio– para proponer los cambios y trabajar en una nueva redacción. Ponemos a consideración de los señores senadores posponer la creación de la Agencia hasta la rendición de cuentas.

SEÑOR CARRERA.- Damos la bienvenida a la delegación.

                Nosotros vemos con muy buenos ojos la postura que asumió el Ministerio de Salud Pública al pedir que se retiren estos artículos del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. La semana pasada recibimos aquí al Sindicato Médico del Uruguay, que señaló que este es un tema de gran relevancia y hace muchos años que están peleando por esto. Nos solicitaron a todos los señores senadores que integramos la subcomisión de audiencias que se retiraran estos artículos, a los efectos de trabajar en el tema con mayor profundidad. Realmente, la oposición considera que está bien, que es el camino correcto y va a apoyar la medida.  El país necesita una agencia de evaluación y control de medicamentos y de tecnología sanitaria, pero hay que dar participación a los diversos actores sociales que pueden intervenir, a la organización, al Sindicato Médico. Reitero que vemos muy bien el planteo.

SEÑOR ABREU.- Yo soy un hombre disciplinado, de manera que no voy a hacer planteos rupturistas porque no es mi costumbre, pero discrepo totalmente con la posibilidad de retirar este capítulo. Estamos dando una señal política muy importante, que no tiene antecedentes en la medicina en el Uruguay. En Derecho Comparado tenemos agencias de este tipo, evaluadoras de procedimientos, de tratamientos, independientes y que no están dentro del propio sistema político donde es juez y parte en muchos de los temas. El sistema de medicamentos ya lo conocemos y no vamos a profundizar en este tema porque estamos ante un tema más acuciante, que es el virus que nos está atacando. Yo creo, señor presidente, en la importancia de esta agencia y lo bueno después tiene el enemigo de lo mejor. Me parece que la señal política –en la que están todos de acuerdo– en una norma de esta naturaleza tiene que ser que se va a crear, que se ha decidido la creación de una agencia independiente como tienen casi todos los países de América Latina y del mundo. Para entender esto más allá de los problemas de los recursos, del Fondo Nacional de Recursos y de todo lo que se plantea, tiene que ser una señal política que se ajuste sin ningún tipo de problema. Mi aspiración –voy a votar lo que se decida porque he aprendido que la disciplina es lo que hace viable a cualquier gobierno– y mi moción es que permanezca con los agregados que posteriormente pueda realizar el propio Ministerio de Salud Pública en la rendición de cuentas. Reitero que para nosotros es muy importante mantener esta señal política en materia de salud y, sobre todo, dar un mensaje a la población y a todos los actores en un mundo donde los más poderosos, que son los grandes laboratorios, deberían estar sujetos a criterios de independencia y no estar absorbidos en el ámbito del poder político.

SEÑOR CAMY.- Saludamos la presencia de la delegación del Ministerio de Salud Pública, particularmente, al señor ministro, al subsecretario, al director general, a nuestro amigo y ex integrante de esta casa, doctor Miguel Asqueta, a la doctora Rando y a los demás miembros de la delegación.

                Señor presidente: sin ánimo de polemizar, en la misma línea que el señor senador Abreu, con la tranquilidad de integrar un partido que es una comunidad de hombres libres, que no tenemos que dar cuenta de las diferencias frontales y expuestas, así como tampoco aclarar el concepto de actuación disciplinada o no que siempre hemos tenido, debo señalar que tenemos discrepancias con esta actitud. El Sindicato Médico del Uruguay vino hace algunas horas a establecer la misma postura, con los mismos argumentos, que hoy traslada el ministerio y son de recibo por algunas dudas que expresamos en comisión la pasada semana, pero esta es una definición política. Si el propio sindicato médico, si el propio Ministerio de Salud Pública y si todos nosotros coincidimos en que esta creación que se proyecta es muy relevante –incluso, se aludió a una fecha distante en el tiempo del Congreso Médico Nacional que lo viene solicitando– pero se ha visto frustrada en sucesivos Gobiernos, cuando se toma la definición, aún contestes en que hay cosas para mejorar, nos parece que tiene que seguirse el criterio que señalaba el senador Abreu de dejarlo establecido y  el compromiso de corregir estas cosas. De hecho, lo estamos haciendo en este proyecto ley con declaratoria de urgente consideración, por ejemplo, en el tema de la granja, sobre el que ha habido un planteo del senador Peña con mucho tino y que seguramente va a ser acompañado por todos. El criterio fue el de tener una estructura para comprometernos a que no termine sin crearse e inmediatamente se la dote de mejor manera, de forma más elaborada, con más estudio y más participación en los detalles que precisa para funcionar bien. Yo no quiero ser responsable de que mañana esto no vaya o no salga en la instancia presupuestal, que tiene otro sentido que el que se requiere para la creación específica de este tipo de cosas.

                Por tanto, dejo expresamente sentada la discrepancia con esta actitud, como lo hicimos ante el Sindicato Médico del Uruguay; espero que efectivamente se cumpla con lo que pretende el ministerio y que, si solo de él depende, se puede hacer. Aparte, estamos hablando de un corrimiento de cuarenta días. Nuestra propuesta es otra: dejarlo y, con más margen de tiempo, prolijear y agregar lo que hay que agregar. ¡Ojalá den cuarenta días para completar una norma que venga intocable! Ese es el argumento.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR GANDINI.­- Si viene de constancias yo quisiera dejar la mía.

Quizás sería bueno que de esta norma surja esta señal. Comparto que es una señal política de compromiso con un tema que ha tenido muchos vaivenes y en el que aterrizan intereses diversos y muchas veces contrapuestos, que tienen que ver con la salud, pero también con lo económico.

Pero creo que hay otra señal que podemos dar en sustitución de esta, y es el compromiso de todo el sistema político y del sindicato médico de que este año el sistema político y la legislación nacional lleguen a un acuerdo nacional sobre un tema complejo. Por eso el compromiso de hoy tiene que ser que esto va a venir en el presupuesto nacional con un montón de definiciones. Podría hacerse en la rendición de cuentas, ¡ojalá!, pero esto requiere recursos también; requiere normas presupuestales paralelas para que se pueda aplicar. Entonces, la idea es que al final del año, cuando el presupuesto esté aprobado, el 1.º de enero de 2021 el país tenga una agencia con los recursos, el ordenamiento y el acuerdo del sistema político y de todos los actores de la salud que tienen que dar su opinión. Y esa es una muy buena señal. Si lo que se está resolviendo acá es sacar del tratamiento de la ley con declaratoria de urgente consideración este capítulo III de la sección V que refiere a la creación de la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Tecnologías Sanitarias para traer un acuerdo político más amplio y con más definiciones legales, es un buen anuncio de que el proyecto de ley y su debate empujó a un acuerdo. ¿No salió? No, pero va a salir y ese es un mérito de esta ley, que le puso urgencia a un tema que tiene años y en el que no nos ponemos de acuerdo. Bueno, si es el compromiso de todos los partidos políticos y aún del Sindicato Médico del Uruguay –lo dijo en la comisión y después me lo trasladó personalmente el doctor Grecco– de trabajar y de aportar en este tema, creo que es un buen resultado de este corto debate.

                Gracias.

SEÑOR PEÑA.- Gracias, señor presidente.

                No es lo habitual, pero ya que estamos dejando constancias, el Partido Colorado quiera expresar la suya. Nos parece muy positivo lo que se ha planteado en el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración y creemos que es bueno el camino que está tomando el Ministerio de Salud Pública porque creo que es perfectible y mejorable. Advertimos que hay una gran base previa de acuerdo, no solo del sistema político, sino también de los actores involucrados. Entonces, me parece que esta es una buena decisión y que va en el buen camino. Creo que tenemos la madurez política suficiente como para comprometernos a que esta iniciativa se concrete este año; es cualitativamente muy importante y el compromiso político del Partido Colorado queda de manifiesto en este momento.

SEÑORA BIANCHI.- Gracias, presidente.

                No voy a hablar a título personal, sino que he hecho las consultas dentro de nuestra lista. Y voy a hacer una propuesta porque todavía tenemos tiempo –usted mismo lo dijo antes de que ingresara la delegación del Ministerio de Salud Pública– para discutir el proyecto de ley y hacerle algunas modificaciones. Si es posible –se lo consulto a los representantes del ministerio–, planteo dejar sujeta esta propuesta a algún tipo de ajuste. Lo digo en el sentido de no reglamentar, de no ir al detalle –porque además esta es una ley–, sino que, por el compromiso programático que todos asumimos de llevar esto adelante, igualmente quede en la ley, esto es, no como compromiso, sino que efectivamente se cree la agencia. Lo planteo porque, será por los años que tengo –muchos más que los que están acá–, que sé que las cosas quedan por el camino. No digo que esa sea la voluntad de ustedes ni muchísimo menos.

  Además, aquí somos conscientes de que, no por casualidad, no se llegó a acuerdos; sabemos que estamos tocando intereses muy importantes, que estamos tocando sensibilidades de corporaciones muy importantes. Y una de las cosas que queremos es que se empiece a desandar ese camino.

                En consecuencia, señor presidente –lo hago públicamente, pero podría hacerlo de manera reservada, aunque me gusta hablar de frente y así fui autorizada, además–, planteo que, en estos días, hablemos un poco más sobre el asunto y acordemos dejar plasmada la norma de creación de la agencia. Y después, como muy bien dijo el senador Gandini y hemos hecho en otros casos, le damos los aportes presupuestales, las competencias, los cometidos. A mí me sucede al revés, que sea el Sindicato Médico del Uruguay el que nos pida que saquemos esto, me deja muy preocupada y lo digo con total honestidad.

                Gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señor presidente.

                En realidad, me anoté para hablar antes de que se diera otra opinión a favor de mantener esto en el texto. En realidad, creo que cuando decimos que esta ley no permite hacer los esfuerzos necesarios y colectivos de diálogo es con cierto fundamento. En este caso, me parece que el Ministerio de Salud Pública deja ese tiempo para que las propuestas se aprueben con más consenso y acuerdos, teniendo claro lo que acaba de decirse –que comparto– de que realmente se tocan intereses. Evidentemente, no va a ser fácil conciliar las partes y habrá que tomar decisiones. Me parece bueno y sano que se tome el tiempo necesario. Lo hemos repetido muchas veces: hay cosas que no se pueden decidir rápidamente y en este caso creemos sabio que este tema –como otros tan importantes– sea retirado para meditarlo y discutirlo con más tiempo. 

                Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estar sentado en este lugar privilegiado permite ver con satisfacción que los senadores de todos los partidos políticos que integran esta comisión, conjuntamente con los representantes del Ministerio de Salud Pública, han asumido un compromiso: la voluntad política de crear la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Tecnologías Sanitarias. La diferencia está sostenida en un pequeño matiz de cuarenta días. Entonces, a esta altura el debate no se puede llevar adelante porque todos estamos de acuerdo. Se ha manifestado públicamente el compromiso político del Poder Ejecutivo y el de la oposición –que no se da muy a menudo y tenemos que reconocerlo porque nosotros también hemos sido oposición; lo digo desde ese lugar, que a veces nos cuesta abandonar–, el de los senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto –descarto–de trabajar en este tema. Entonces, creo que lo peor que puede llegarnos a suceder es enredarnos en esta situación de debate cuando queda claro cuál es la situación. Propondría, pues, a la comisión: no expedirnos por nada porque todavía no se va a decidir, pues la decisión se adoptará la próxima semana cuando comience la votación. Conocemos la opinión del ministerio, conocemos la opinión política de todos los partidos que integran esta comisión y el Senado de la república, y conocemos además la voluntad que algunos actores extraparlamentarios han manifestado de colaborar. Entonces, reitero: propongo dejar el asunto aquí en este momento, y proseguir en el análisis que está haciendo la comisión.

(Dialogados).

SEÑOR MINISTRO.- Creo que las manifestaciones de la señora senadora Bianchi y del señor senador Abreu merecen respeto y su consideración. Realmente se podría ir por un camino del medio o por la opción que planteó el señor presidente, pero me parece que de aquí tendría que surgir el compromiso de que esta agencia de evaluación se cree en el contexto de la rendición de cuentas o de la ley de presupuesto a fin de darle sustento, pero el compromiso del Ministerio de Salud Pública no está en duda con respecto a su creación. Es un debe, es un aporte muy importante e implica poner un pie en un territorio que, si bien es desconocido, va a brindar independencia respecto a determinados poderes y a tomadores de decisiones, que va a ser fundamental. Quiere decir que nuestro compromiso es, en el muy breve plazo, hacer las consultas que tenemos planificadas. Dije a mis colaboradores que hoy les mando las modificaciones que me parecieron de recibo; el miércoles vamos a hacer una reunión y seguiremos trabajando en tiempo exprés. Si ustedes quieren asumir el compromiso de mantener en la LUC la creación de la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Tecnologías Sanitarias y que pueda ser reglamentada en determinado momento, no sé, lo resolverán. Ustedes vean cuál es la mejor manera que se dan como Parlamento o como senadores de la nación para llegar a un acuerdo, pero el compromiso de este ministro, de este subsecretario y de nuestro equipo es que se cree esta agencia porque lo consideramos fundamental. De eso no tenemos ninguna duda. Sabemos que hay diferencias entre regulaciones, la evaluación propiamente dicha y las autoridades decisoras, pero es un primer paso fundamental y si bien lo mejor es enemigo de lo perfecto, queremos mejorar un poco y generar valor en este articulado.

Ayer me acosté tarde porque participamos de la Asamblea Mundial de la OMS –fue interminable la reunión– y queríamos conocer todas las posturas, pero puse el despertador temprano para escribir y razonar sobre este tema. Estoy absolutamente convencido de que es indispensable la creación de esta agencia. Por lo tanto, nuestro compromiso es inamovible, ustedes manejan el cuándo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, señor ministro.

SEÑOR GANDINI.- El señor ministro acaba de abrir una puerta para la cual todos tenemos poco tiempo: el ministerio –para hacer una nueva propuesta– y la comisión.

                Agrego: hoy no vamos a tratar el tema. Si el señor ministro va a incorporar algunas mejoras al proyecto, además de enviarlo tendrá que venir a comisión y habrá que ver el espacio que tenemos para eso. Me parece un buen camino.

Además, para rescatar el espíritu y el compromiso voy a proponer que este capítulo –no ahora sino cuando tengamos que votar– sea desglosado y pase con iniciativa –este capítulo tiene iniciativa del Poder Ejecutivo; es decir, ya la tenemos– a la Comisión de Presupuesto y allí quede radicado. Si cuando llega la rendición de cuentas no viene otro proyecto tenemos este, que es la base de una ley que ya tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, de modo que todos nos quedemos tranquilos de que si no se vota aquí lo pasamos a la comisión respectiva para que lo estudie cuando trate la rendición de cuentas o eventualmente el presupuesto. Reitero: ya tiene la iniciativa del Poder Ejecutivo para tratarlo porque está dada, aquí está, llegó al Parlamento; podrá cambiarse o mejorarse, pero cuenta con la voluntad del Poder Ejecutivo más allá del propio ministerio. Obviamente, cumpliendo con la formalidad tendremos que votarlo en contra –es una práctica que usamos habitualmente cuando tratamos la ley de presupuesto, pues enviamos a la Comisión de Constitución y Legislación materias de códigos– y lo desglosamos. Lo que hacemos es manifestar la voluntad de continuar con el tema. Así que ya vendrá ese tema cuando nos toque votar, pero me parece que es una buena garantía para todos que el tema no desaparezca de la agenda, sino que se radique en otra comisión.

Gracias.

SEÑOR BERGARA.- Es un gusto recibir a la delegación del ministerio.

Creo que es muy importante que el conjunto del sistema político esté manifestando un acuerdo y un compromiso de avanzar en la conformación de esta agencia. Me parece que las formas también hacen a la legitimación de los procesos. Por lo tanto, enredarnos en base a tratar de distinguir mensajes políticos cuando hay un compromiso y estamos hablando de un horizonte realmente de menos de dos meses, no debería ser un elemento que nos haga entrar en un corral de ramas. Creo que hay que priorizar no solamente que tiene iniciativa del Poder Ejecutivo y de que el ministerio está de acuerdo, sino que podemos trabajar desde la oposición y desde organismos y organizaciones sociales especializadas para elaborar un buen proyecto. Me parece que es una cuestión muy positiva y muy importante, y que no hay que diluir –por cuestiones de forma o de otro tipo de consideración– el mensaje de que esto va a tener la total legitimidad. Obviamente la tendría con votos en mayoría, nadie niega eso, pero me parece que todos somos conscientes de que hay una legitimidad mayor cuando todo el sistema político empuja en la misma dirección.

Por lo tanto, en principio estaríamos de acuerdo con la primera postura del señor ministro de generar este compromiso y tratarlo en la próxima instancia presupuestal. En todo caso nos parecería desprolijo tener un articulado que sabemos que no es el que vamos a votar, si bien, obviamente, lo que ya viene hay que considerarlo igual y lo votaremos en contra.

 (Murmullos en sala).

                –Además, no nos parece adecuado elaborar una nueva redacción, que sabemos que tampoco vamos a apoyar, a votar. Entendemos que cuarenta días de diferencia en el trabajo para lograr una mejor agencia, que cuente con todo el apoyo del sistema político y, por lo tanto, consolide definitivamente la legitimidad completa –que, reitero, no se la niego si se vota por mayoría, pero todos somos conscientes de que la unanimidad en estas cosas ayuda– no significan un costo. No hay una pérdida por esperar cuarenta días.

                Hacer un poco el simulacro de que hay artículos alternativos que después desglosamos no agrega nada más que ruido, confusión. Si se quiere tener una definición de todos nosotros con respecto al compromiso de trabajo en esto, podemos aprobar un artículo que, de alguna manera –hay que buscar la forma–, encomiende, pero sin entrar en un rediseño, que tampoco va a ser el que vamos a terminar aprobando. Damos la señal política correcta, no nos enredamos en estas cuestiones y, obviamente, consideramos lo demás desglosado o «retirado» –entre comillas–, como cada uno lo quiera considerar, sin violentar la sensibilidad de nadie. Con un solo artículo que implique el compromiso de encomendar al Poder Ejecutivo –o algo por el estilo; es una cuestión para ser considerada y redactada– creemos que es suficiente, y nosotros lo acompañaríamos. Algo rearmado, que sabemos que no es lo que se va a votar, no tiene ningún sentido que nosotros lo acompañemos.

Creo que sería bueno que quede explícito que el compromiso es de todos, en la medida en que encontremos la redacción correcta y no nos enredemos en formas que solo generan confusión y ruido en los mensajes.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI.- En primer lugar, para mí es un orgullo pertenecer a un Gobierno en el que el propio partido de gobierno, la coalición, la coalición opositora y el ministerio somos los que discutimos en este ámbito, el del Poder Legislativo, como fue desde siempre la voluntad del Poder Ejecutivo. Quedó claro que la voluntad del Poder Ejecutivo –y, si se quiere, representada en la persona del presidente de la República– es que sea en el ámbito parlamentario donde se discuta. Es decir que bienvenido sea todo esto; la verdad es que lo esperé muchos años.

                En segundo término, nadie tiene dudas con respecto a la confianza que le tenemos al ministerio y al sistema político en general. Lo que yo manifesté –y creo que estamos en consonancia en el Partido Nacional y, por lo que se ha dicho, también en el Partido Colorado; e incluso lo acaba de decir el senador Bergara– es que no pretendemos que se mantengan todos los artículos que están en el proyecto. Yo me conformaría con que se mantuviera el artículo 423, que es lo que hicimos con la creación del Instituto Nacional de la Granja, y punto, porque la verdad es que no es de buena técnica parlamentaria ni de buena técnica democrática que en la ley quede expresada la voluntad política de que lo vamos a hacer. Eso, la verdad, no me gustó nunca y no me gusta ahora tampoco.

                Entonces, humildemente, propongo que se mantenga el artículo 423, que refiere a la creación, y después mandamos a la Comisión de Presupuesto o a la Comisión de Salud Pública su implementación. No digo que este sea el caso, pero personalmente sé que hay cosas que a veces son entierros de lujo; y reitero que no digo que sea este el caso. Lo vuelvo a decir porque luego trascienden otras cosas; después, cuando uno escucha la prensa, se da cuenta de que las versiones taquigráficas o no se leyeron o se leyeron mal.

                Entonces, tenemos toda la confianza y un enorme beneplácito en que podamos hacer este intercambio; debió ser siempre así en el Uruguay. Propongo dejar el artículo 423. El resto, lo referente a la implementación, irá a la Comisión de Presupuesto y lo trataremos lo antes posible.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR LOZANO.- Antes de empezar, agradezco la presencia del señor ministro y de todo su equipo. Para nosotros es un orgullo ver cómo el Ministerio de Salud Pública ha logrado que todo el sistema político esté de acuerdo. Más allá de eso, quiero felicitarlos por la estrategia y la planificación con que están llevando adelante el combate a la pandemia que nos hace un ejemplo en la región y diría, hasta en el mundo. Trato de seguir lo que sucede internacionalmente a nivel de la pandemia y realmente veo que los resultados en el Uruguay son excelentes y si bien es el resultado del esfuerzo de todos los uruguayos, hay que decir que ahí hay estrategias, planificación y mucho trabajo, así que felicitaciones para todo el equipo de salud.

                Respecto a este tema, Cabildo Abierto sin duda apoya la postura del ministerio. Pensamos que si se puede dar la posibilidad de que en la ley de urgente consideración haya algún artículo que prevea la creación de esta agencia, sería lo más indicado y posteriormente se podría realizar un mayor análisis o estudio si no se puede dar en esta instancia.

                Por lo tanto, apoyo las manifestaciones realizada por el señor presidente y otros señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Señor senador Bergara, ¿va a seguir insistiendo sobre el tema? Entones, con muchísimo gusto lo vamos a escuchar.

SEÑOR BERGARA.- Es que en lo personal tomo con seriedad las propuestas de las señoras y señores senadores, y por eso amerita que haga un comentario.

                Creo que estamos muy cerca de lo que queremos formular. Lo que no nos parece razonable es tener un artículo que cree una cáscara vacía, preferimos acompañar un artículo que, básicamente, encomiende al Poder Ejecutivo hacer una propuesta de cara a una agencia de evaluación de medicamentos y tecnología sanitaria. Me parece que esa formulación tiene más sentido desde el punto de vista institucional porque manifiesta el compromiso político y, en la medida que sea unánime de todo el sistema político, tendrá la fuerza suficiente como para que en oportunidad de la rendición de cuentas o la ley de presupuesto –cuando el Gobierno lo estime posible–, se haga la creación formal con todos los contenidos que debe tener esta agencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que ha quedado de manifiesto la opinión de todos los señores senadores sobre este tema, tenemos diecinueve días para buscar una solución y trabajaremos en ello, no insistamos más en los pormenores.

                Pasamos al capítulo IV, «Recursos para financiar tratamientos de alto costo».

                Tiene la palabra el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Me voy a referir al artículo 432. El Fondo Nacional de Recursos tiene la finalidad de financiar prestaciones y medicamentos de alto costo que no se encuentren comprendidos en el PIAS y en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, pero no queremos que se renuncie, por una parte, al fondeo. Creemos que el Estado pone mucho en resignación fiscal y la cantidad que se obtiene es pequeña. El artículo 433 no nos merece reparos Lo que sí tenemos que decir es que cuando se financie de una manera, no se tenga que optar. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos se financia con el 5 de Oro, pero hay que tener cuidado porque las entidades que reciben subsidios o subvenciones del Presupuesto Nacional deberán optar entre percibir el subsidio, la subvención o ampararse en el beneficio previsto en la presente norma. Entonces, en ese sentido, no queremos que se generen inequidades no previstas en el sistema vigente.

                En cuanto al artículo 433, se asigna un 25 % del valor de los activos del Fondo de Bienes Decomisados por la Junta Nacional de Drogas para reforzar el Fondo Nacional de Recursos.

                En el régimen de donaciones, si ASSE opta por el Fondo Nacional de Recursos y, por ejemplo, tiene un fondeo importante con el 5 de Oro, si tuviera que optar por este tipo de financiación gana, por un lado, pero pierde por el otro y de pronto es de corto plazo.

                Por último, estamos de acuerdo con el artículo 433, cuya financiación proviene del decomiso de lavado de activos.

SEÑOR OLESKER.- Saludo a la delegación.

Voy a hacer preguntas a partir de tres observaciones de conceptos, tres de estrategia y tres sobre los riesgos que considero que se asumen. Me voy a referir exclusivamente al artículo 432, porque el artículo 433 me parece razonable y, en principio, sobre él no tengo ninguna objeción.

Para hacer las observaciones de concepto voy a leer textualmente la misión del Fondo Nacional de Recursos –que está establecida en su página web–, que dice: «Financiar en forma eficiente procedimientos de medicina altamente especializada y medicamentos de alto precio, comprendidos en las normativas de cobertura vigentes, para los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, contribuyendo a la mejora de la calidad y la sostenibilidad económico-financiera del sistema».

Como primera observación entiendo que está mal el título porque no son medicamentos de alto costo, sino de alto precio. No sabemos si el costo es alto o no; es un dato que no tenemos. Cuando el Fondo Nacional de Recursos financia un medicamento, sabe que tiene un precio alto.

(Dialogados).

–Eso sería lo primero y creo que debería cambiarse.

                Mi segunda consideración apunta a que es redundante –podría no modificarse porque no altera– porque el Formulario Terapéutico de Medicamentos está incluido en el PIAS; entonces, hablar del PIAS y del FTM sería redundante. Podría quedar, aunque sería mejor quitarlo.

                La tercera observación de concepto también es una pregunta porque, además, el señor ministro lo mencionó. En realidad, cuando uno habla de donación, habla de un 18, 75 % de aporte privado y de un 81,25 % de aporte público. Creo que va a haber algunas consecuencias en las donaciones, porque por un 18, 75 % de costo no fiscal no vale la pena y sí vale más intentar obtener financiamiento para ese 18, 75 % e incorporar financiamiento genuino porque estamos hablando siempre –según la ley y según la propuesta del ministerio– de medicamentos de alto precio con evidencia empírica sanitaria, o sea que están incluidos en el registro de medicamentos, aunque aún no lo están por razones de sustentabilidad en el PIAS. Estas son mis tres observaciones de concepto.

En cuanto a las tres observaciones más de estrategia sanitaria, la primera tiene que ver con cuánto atenta una incorporación de este tipo contra la cobertura universal del Sistema Nacional Integrado de Salud que implica que cada vez que se incluye una prestación, sea universal para todos. Sabemos que esto es diferente a otros sistemas de salud del mundo, en los que hay una canasta universal para todos y el resto depende de los ingresos de las personas. Este es el caso chileno, por ejemplo, con su sistema llamado AUGE, en el que hay una cobertura universal con el 7 % de aporte de sueldo de los trabajadores, que es universal, y luego hay que pagar la diferencia. Mi pregunta es, entonces, en qué medida esto no podría atentar contra esta cobertura integral. En esa misma dirección, si uno mira la evolución del Fondo Nacional de Recursos –que antes cubría solo prestaciones y a partir de 2005 comenzó a cubrir medicamentos de alto costo– observa que hay un crecimiento de la cobertura de medicamentos. Por lo tanto, pregunto por qué el esfuerzo principal no está dirigido a la cobertura universal.

Por otra parte, me quiero referir a tres riesgos. Uno de ellos fue mencionado por el señor ministro y, al respecto, dijo que no quería que sucediera, pero como es ley va a suceder.

En cuanto al primer riesgo, quisiera saber en qué medida se tiene en cuenta que esto puede generar un incentivo para que donen empresarios en situaciones particulares y, en lugar de financiar privadamente el costo por un 100 %, se haga a través de una donación que le cuesta 18,75 % para prestaciones no incluidas en el PIAS.

El segundo riesgo es que esto va a generar un precedente que seguramente será tomado por el Poder Judicial para que otras personas puedan tener acceso a este medicamento no incluido, por razones de sustentabilidad, en el PIAS. Esto generaría una cadena de desfinanciamiento, porque la donación es para un caso en particular y no para todos. En este riesgo hay que incluir el costo del tratamiento posterior y, en ese sentido, habría que analizar en qué medida esta donación financia la incorporación del medicamento tal o cual. En general, esto tiene un costo de tratamiento que pasaría a ser un sobrecosto para el Fondo Nacional de Recursos. 

El tercer riesgo –este fue el planteado por el señor ministro– refiere al artículo 347 de la Ley n.° 18172, que habilita al Fondo Nacional de Recursos a recibir subsidios de la lotería. La ley estipula que se pueden recibir subsidios públicos o donaciones por lo que, salvo que una nueva ley habilite la excepción, se perdería la posibilidad de este recurso excepcional. Así que ese sería el tercer riesgo sobre el que consulto al ministro.

De más está decir que nosotros no votaríamos este artículo, porque no nos parece adecuado, pero eso será más adelante cuando lo discutamos.

SEÑOR GANDINI.- Hemos analizado estos dos artículos del capítulo de recursos como la única posibilidad que tiene el ministerio de incorporar algo vinculado a recursos  que no violente la disposición constitucional que expresa que no puede haber normas presupuestales en una ley de urgencia. Supongo que en la ley de presupuesto se establecerán otros recursos para este fin. Estos dos artículos no representan recursos presupuestales, por lo que pueden incluirse en esta iniciativa. Por supuesto que no solo es insuficiente sino que, además, es imposible calcular cuántas donaciones se van a recibir o cuánto va a surgir producto de decomiso. Pero la idea parece ser que todo ayuda.

                Con respecto a lo que planteaba el señor ministro –sinceramente, yo no lo había pensado–, es cierto que hay una disposición legal que establece que quien recibe por un lado, no recibe por el otro. Es decir, quien está comprendido en el capítulo sobre donaciones especiales del presupuesto nacional no puede estarlo también en el inciso 21, «Subsidios y subvenciones». Es verdad que los subsidios y subvenciones son partidas concretas y específicas en cada uno de los ítems ministeriales para instituciones públicas o privadas con volúmenes claramente definidos. No recuerdo que exista esta formulación de otros ingresos que se parece mucho más a impuestos con afectación especial –es decir, a porcentajes de recaudación que tienen un destino previamente establecido por ley– que a un subsidio o a una subvención proyectada en el presupuesto nacional; esto no está presupuestado. Me parece que no hablamos del mismo tipo de subsidios, pero vale la pena analizarlo con más cuidado.

                El primero es un subsidio claro y concreto que se puede estimar anualmente –ya lo tienen–; sin embargo, este implica salir a pelear y competir en la plaza por la totalidad del monto máximo que el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza para ser transferido o donado para esta materia. Además, si se donara al ministerio, se dejaría de donar a otros, por lo que dicha cartera deberá desarrollar una política proactiva para buscar donantes. Entonces, para elegir cuál es más conveniente, habrá que analizarlos. No son pocas las instituciones que, sin conocer esto, se pasaron de un régimen al otro y después pidieron volver al régimen de subsidios y subvenciones porque no pudieron instrumentar este aspecto en la práctica.

                Este artículo se incorpora en un régimen de donaciones que permite descontar parte del IRAE a quien realice la donación, que en este caso tiene como destino el Fondo Nacional de Recursos, pero esa donación no recibe ningún tratamiento en particular; pasa a integrar los recursos generales. Por ejemplo, nadie dona a la Universidad de la República –que está dentro de este régimen– para financiar un determinado curso o la beca de un joven en particular; eso podrá existir, pero por otro lado. De acuerdo con este mecanismo, nadie dona específicamente al Plan Agropecuario o a la ANEP para que haga una escuela; se dona a la ANEP, quien pone todo en la bolsa y decide hacia dónde destinar esos recursos. El donante no puede definir a dónde va su donación. Además, todo esto está controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

                De esta manera, me parece que no se generaría esa suspicacia de que alguien pudiera donar con un destino específico. Para hacerlo, debería donar a través del régimen general y no tendría devolución ninguna; para obtener el descuento de IRAE deberá donar a la institución u  organismo legalmente habilitado dentro del régimen de donaciones especiales.

                En definitiva –insisto–, habrá que estudiar un poco más si no afectaría el otro recurso. Eventualmente –tal como mencionó el señor senador Olesker–, podría establecerse: «sin perjuicio de […] la ley podrá salvaguardar excepcionalmente a este organismo». Hay que estudiarlo un poco.

SEÑOR MAHÍA.- En el mismo sentido de lo que planteó el señor senador Olesker –partiendo de la base de que tenemos un sistema integral de cobertura con determinada concepción–, quisiera saber si la aplicación del artículo referido no generaría algún tipo de asimetría con respecto al sistema en su conjunto. No me refiero al 233 –aunque no se recaude un gran monto, tiene un sentido compartible–, sino a sus efectos, sobre todo, porque en el período pasado ¡vaya si dio que hablar todo este asunto de los medicamentos de alto precio!

En los próximos años podremos comprobar si logramos alguno de los reclamos y si estos son mecanismos efectivos –se complementan con lo que mencionó el señor senador Gandini– para lograr los objetivos que se plantearon durante mucho tiempo sobre estos temas de altísima sensibilidad; hay muchas expectativas. Se ha hablado largamente sobre insuficiencias en determinadas áreas y quiero pensar que esto pretende ampliar la cobertura e incluir más especificidades y demás. El tema es, insisto, cómo se hace para que sea sostenible; cómo se hace –en un sentido integral– para mantener la protección y el beneficio a las personas a las que les toca padecer estas circunstancias y, al mismo tiempo, como hará el Estado para prevalecer como prestador de estos servicios, que es la clave esencial para que todo funcione.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR ABREU.- Quiero relacionar todos los temas porque, como alguien dijo una vez, todo tiene que ver con todo.

                El Fondo Nacional de Recursos funciona de manera absolutamente ejemplar en la participación, en la definición y sobre todo en las decisiones que toma, precisamente, por la diversa integración que tiene para adjudicar y aprobar determinados temas. Acá estamos hablando de los recursos que se puedan obtener; uno es el tema tributario y los otros  tienen que ver directamente con los porcentajes por los decomisos y demás.

Fíjense cómo todo tiene alguna relación con lo que hablamos del régimen anterior, que el literal W) del artículo 433 habla de: «medicamentos de alto costo que no se encuentren comprendidos en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) y en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) según lo dispuesto en el artículo 7 inciso segundo de la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008, y que cuenten con la respectiva aprobación de la indicación en el registro de medicamentos del Ministerio de Salud Pública». ¿Sabe qué sucede, señor presidente, cuando vienen estos medicamentos a ser registrados en el Ministerio de Salud Pública? Se encajonan o se encajonaban. ¿Por qué? Porque al tener la autorización en el registro de medicamentos –que es la condicionante–,  cuando son de alto costo, después se reclama por vía de la justicia para que puedan ser utilizados.  Por eso es tan importante la creación de la agencia independiente, porque el trámite para un medicamento que se va a registrar en el Ministerio de Salud Pública por lo menos lleva tres años –es un procedimiento simple y esto lo sabe algún señor senador que fue ministro–, pero cuando es urgente se hace una gestión que implica mucho dinero. Son recursos que lleva el Ministerio de Salud Pública, que no es lo usual en toda la legislación comparada, porque las agencias son independientes, precisamente, para autorizar el registro de aquellos medicamentos  que pueden ser comercializados.

Entonces, aun con todo esto, al no existir la agencia y no estar funcionando, ponemos condicionamientos porque todo está detenido en función de que los medicamentos estén o no registrados por el Ministerio de Salud Pública en el literal W). Esta cartera lo hace por razones de costo-beneficio, entre otras cosas, porque en muchos países también existe la posibilidad de que las agencias independientes no autoricen determinado medicamento por sus altos costos, pero acá es juez y parte.

En realidad, tenemos que ver cómo se relaciona esto con lo anterior, porque hay una condición,  como  dice  el literal, «con la exclusiva finalidad de financiar prestaciones», pero  –¡cuidado!– también agrega: «que cuenten con la respectiva aprobación de la indicación en el registro de medicamentos del Ministerio de Salud Pública». Si esta cartera no da la autorización, porque funciona como juez y parte, aquí ya tenemos un obstáculo muy importante que también debe ser solucionado en forma complementaria, entre esta ley que asigna los recursos y la otra que está creando una agencia independiente para que la burocracia no termine administrando los sistemas de indicación de medicamentos.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR BERGARA.- Vamos a sumarnos al enfoque que planteaba el señor senador Olesker, pero por la vía de algunas preguntas.

                En principio, no nos queda del todo claro lo que aparentemente aclaraba el señor senador Gandini, pero que no surge directamente de la redacción; me pregunto si la donación se hace para el caso particular o se hace al organismo y después este decide.  En definitiva, surgen dos condiciones; en el primer caso, ¿qué pasa si hay otras personas en igual condición que no cuenten con la capacidad de recibir alguna donación? Esto sí implicaría compromisos presupuestales, porque si se va por la vía de la donación con descuento de IRAE, ello obviamente implica una renuncia fiscal. Por lo tanto, ¿cómo sería la cobertura de alguien que no tuviera asociada la capacidad de recibir una donación si esta fuera en carácter personal?

En el caso de que los fondos donados se destinaran genéricamente a la cobertura financiera de una prestación que no estuviera incluida en  el PIAS y dado que esta cobertura no sería universal, ¿cómo haría el Fondo de Recursos para definir a qué personas tratar a partir de una donación? Creo que se generaría una complejidad importante y no me gustaría estar en los zapatos del señor ministro o del presidente del Fondo Nacional de Recursos para definir a qué persona sí y a cuál no aceptar, por las lógicas limitaciones financieras.

                Al tratarse de un financiamiento puntual, el tema está en ver cuáles serán las consecuencias en términos de continuidad de esos tratamientos.  No me refiero solamente en general, sino incluso al propio caso en particular, en el sentido de cómo se piensa asegurar esa continuidad en el tiempo. ¿El Fondo Nacional de Recursos se debería hacer cargo a partir de la decisión de un privado? ¡Ahí está un poco el tema! Nosotros queremos que el Fondo Nacional de Recursos integre cada vez más medicamentos o tratamientos con cobertura universal, es decir, que avance en esta lógica que tan bien funciona –como bien decía el senador Abreu–  y que de alguna manera es única en el mundo.  Entonces, la idea es que pueda ir ampliando esa cobertura de manera genérica con tratamientos y medicamentos de carácter universal, pero en este caso sería de hecho porque –como bien se decía– está claro que si hay un avance en una tecnología o en un medicamento para un caso puntual, que está motivado o gatillado –digámoslo así– por una iniciativa privada, después obviamente va a venir la demanda lógica de hacerlo de carácter universal, la cuestión de la intervención judicial, etcétera. Aquí se estarían incorporando tratamientos y medicamentos a partir de iniciativas de un privado, cuando en realidad debería ser la autoridad sanitaria del país la que fuera definiendo qué cosas se van agregando con carácter de cobertura universal –lo reitero– en las cuestiones financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. Nos quedan esas dudas.

Vemos muy difícil que estas cosas queden claras y, sobre todo, que no se desaten las consecuencias previsibles de abrir esta puerta. No solamente no nos gusta cómo está formulada la apertura de esta puerta, sino que además prevemos consecuencias que, como bien se decía hoy, presupuestalmente van a ser bastante difíciles de satisfacer.  Además, de alguna manera, si esto depende de una donación o iniciativa de un privado, la autoridad sanitaria pierde un poco la manija de qué tipo de tratamientos o medicamentos se van incorporando.

SEÑOR MINISTRO.- En alguna medida, el tema tiene que ver con la redacción, pero con el ingenio de los señores senadores y los aportes que hemos hecho se podrá mejorar, porque la idea es que el objetivo no sea un tratamiento específico.

Inclusive,  en lugar de decir: «que cuenten con la respectiva aprobación de la indicación en el registro de medicamentos», quizás se debería establecer: «de aquellos medicamentos que se encuentren dentro del Fondo Nacional de Recursos». Tal vez esta sería la forma correcta, es decir que los medicamentos pasen a engrosar los fondos generales, pero dentro de aquellos que ya están aprobados por el Fondo Nacional de Recursos.

                De esa manera, no hay que elegir paciente ni un tratamiento específico, sino que se genera un provento más que se destina a enriquecer al Fondo Nacional de Recursos, y no tiene nombre ni apellido; tampoco se establecerá «que cuente con la respectiva aprobación». Por lo tanto, los productos o tratamientos pasarán a engrosar los ingresos del Fondo Nacional de Recursos. Reitero, no se destinarán de acuerdo con el nombre o apellido y tampoco se elegirá si se le otorga o cercena ese derecho a una persona. No estamos de acuerdo con generar inequidades; entendemos que se debe destinar todo a una bolsa general del Fondo Nacional de Recursos y no a un tratamiento particular.

                Espero haber respondido acerca del espíritu de esto; creo que los senadores son más inteligentes como para encontrar una redacción en la que la situación quede amparada.

(Dialogados).

SEÑOR ABREU.- Es importante resaltar la parte final del literal W) que se agrega al numeral 3) del artículo 79. Allí se establece el financiamiento de algunas prestaciones y medicamentos, pero se aclara que quedan exceptuados de ese régimen –es decir, del régimen de incentivo tributario– los proveedores del Fondo Nacional de Recursos y las empresas proveedoras de medicamentos. Esto es importante porque quita una relación puntual o específica al que tiene algún interés como, por ejemplo, una empresa de medicamentos o algunos prestadores. Quiero saber si esta es la interpretación que hace el ministro porque es muy importante que se trate de evitar una colisión o conjunción de intereses.

                Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- En respuesta a la consulta del senador Abreu, quiero decir que antes de asumir pedimos que ese punto se incluyera en el proyecto de ley de urgente consideración, precisamente para evitar el conflicto de intereses. Se trata de un círculo que es virtuoso para las empresas y vicioso para el Estado. O sea, tratamos de que quedara claro que las empresas farmacéuticas y aquellas que son proveedoras de tecnología no podían donar al Fondo Nacional de Recursos. Personalmente, solicité que fueran de otra especie distinta a las de las proveedoras.

SEÑOR OLESKER.- A nosotros nos parece bien que la norma separe subsidios y subvenciones de donaciones; no creemos que haya que ir por el mecanismo de la excepcionalidad porque puede o no estar justificado –es una discusión que tendremos que dar–, pero se puede generar un precedente grave.

A su vez, la norma sobre loterías y quinielas es presupuestal, es decir que no se aplica una vez sí y una vez no. O sea que aquí hay una incompatibilidad; no nos parece bien que se levante, pero en la redacción vamos a tener que optar –en esta instancia y en la de la ley de presupuesto– por otra alternativa. Por lo tanto, no compartimos la idea de crear una excepcionalidad por los impactos que puede tener para el futuro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la visita del señor ministro y los demás integrantes del Ministerio de Salud Pública.

 

(Se retira de sala la delegación del Ministerio de Salud Pública).

(Ingresa a sala  la delegación del Ministerio de Desarrollo Social).

–La comisión creada por el Senado de la República con el fin de analizar la Ley de Urgente Consideración tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy al señor Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bártol, acompañado del señor subsecretario, Armando Castaingdebat y del director general de Secretaría, Nicolás Martinelli. También integran la delegación el señor presidente del Inau, Pablo Abdala, los directores del Inau, Fernando Rodríguez y Dardo Rodríguez, la doctora Valeria Caraballo y el señor Santiago Caramés, asesor del señor ministro de Desarrollo Social.

                El motivo de la convocatoria es el análisis de los artículos vinculados al Ministerio de Desarrollo Social y a nueva legislación sobre adopciones. Como saben, se decidió juntar las dos delegaciones, dada la dependencia jerárquica en el relacionamiento del Inau con el Ministerio de Desarrollo Social. Los señores senadores han recibido una carta remitida por el Ministro de Desarrollo Social por la que solicita que no se traten en esta oportunidad los artículos que van del 407 al 415 del proyecto de ley, dado que luego de un intercambio con diferentes organizaciones sociales, dicha Cartera ha decidido mantener estos artículos fuera de la consideración de este proyecto de ley para ser tratados en otra oportunidad.

SEÑOR MINISTRO.- Es un placer estar hoy aquí con el objeto de abordar el análisis de estos artículos que nos atañen.

                El artículo 416 habla de la adecuación organizativa del ministerio y en ese sentido quiero decir que responde a un largo reclamo del sindicato, con el fin de darle una estructura definitiva. Como bien saben, esta Cartera se crea a partir de la idea de reunir a distintas instituciones que dependían de otros ministerios –me refiero a programas y organizaciones– pero no acaba de tener una estructura definida y aprobada. Por lo tanto, aquí estamos pidiendo que se nos autorice a desarrollar esa estructura para poder proponerla al Parlamento y dar de una vez por todas la posibilidad a los funcionarios de desarrollar una carrera funcional y tener garantías de la forma en que va avanzando su historia laboral en el ministerio. En consecuencia, se trata de solicitar el poder hacer esta adecuación que estamos estudiando con técnicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de manera de contar con sus servicios técnicos a la hora de adecuar un ministerio moderno y darle una estructura más compacta. Esa es la primera observación que hemos hecho porque en su momento, durante la gestión del ahora senador Olesker, esa estructura era bastante más compacta, con menos direcciones nacionales pero luego eso se fue estirando y se le fueron adosando nuevas direcciones, generando divisiones de otras que ya existían. Entendemos que hay que darle una estructura organizativa mucho más adecuada y funcional a la necesidad del ministerio.

                El artículo 417 solicita la posibilidad de contar, como tienen otros directores generales de secretaria, con dos adscriptos para desarrollar mejor su trabajo.

                El artículo 418 solicita tener la misma posibilidad que tuvo el Frente Amplio con la creación de este ministerio, es decir contar con 115 pases en comisión para fortalecer técnicamente algunas áreas. Entendemos que hay que traer funcionarios de otros ministerios para contar con su apoyo tanto en esta reorganización como en algunas áreas que queremos potenciar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizadas las consideraciones vinculadas al tema de reestructura correspondería dar la palabra a los señores senadores para que puedan hacer las consultas del caso.

SEÑOR BERGARA.- La formulación de la estructura va a depender de cómo va, porque desde el Poder Legislativo  estaríamos dando la delegación para que el Poder Ejecutivo lo haga, pero hay que tener claro que esta estructura no puede implicar reformulaciones de índole presupuestal y lo mismo sucede con el tema de los adscriptos. Me gustaría que se aclarara si han pensado que son dos posiciones que implican una nueva asignación presupuestal. En cualquiera de los casos está claro que en la ley de urgencia no pueden ir normas de carácter presupuestal, así lo establece la constitución. Creo que esto tiene que quedar bien claro para que no refleje justamente cuestiones que son de carácter estrictamente presupuestal.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con respecto al tema de los pases en comisión cuando se creó el ministerio tenía una gran lógica porque no existía estructura. La  pregunta es si eso en su momento en una parte fue regularizado, porque en aquellos tiempos me acuerdo que se regularizó la situación de muchos funcionarios. ¿Se regularizó la situación de personas que estaban con pase en comisión? ¿Lo puede fundamentar?

                Por otro lado, hay preocupaciones que han surgido no solo en mi departamento, sino en otros con respecto al cese de los contratos que tienen organizaciones de la sociedad civil –que de alguna manera también son funcionarios– con el Mides. Están preocupados no solo  por el tema laboral, sino por la gente a la que apoyaban porque seguramente va haber un vacío en quienes más lo precisan.

SEÑOR ABREU.- Simplemente voy a hacer una contribución de carácter conceptual con respecto a la reestructuración orgánica funcional; me refiero a los cargos que son precisamente de la clasificación cargos que establecen las leyes y al número de puestos. Creo que podría existir una confusión entre puesto y trabajo. Por ejemplo, un cargo administrativo III puede tener 700 puestos o 700 administrativos. En la reestructura no queda claro a qué se hace referencia cuando se habla de puestos y de cargos. Cuando se realiza una reestructura escalafonaria, puede ser que un cargo esté en esa redistribución y ahí se asegura que su retribución se mantenga igual, pero el número de puestos es distinto, porque representa la cantidad de personas que ocupan ese cargo. Solo es una pregunta para tomarlo en cuenta y no tener, eventualmente, confusiones en materia de clasificación de cargos, de reestructura organizacional y funcional, de puestos y de procedimientos, que es parte de la complejidad de esto. Otro tema son los pases en comisión. Entonces, se deberían manejar con cierta precisión –si no estoy equivocado– los conceptos de reestructura funcional, las funciones de cada cargo y el número de puestos, que es el número de personas que ocupan esos cargos que nosotros clasificamos. En algunas partes me parece un poco confuso. Se trata, simplemente, de hacer –si estoy en lo correcto– los ajustes terminológicos para poder dar más claridad a la legislación.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR ANDRADE.- En primer lugar, les doy la bienvenida a las autoridades, en particular a Pablo Abdala, con quien tuvimos la posibilidad de compartir comisión en el Parlamento y de estrechar una muy buena relación, además de que es hincha del cuadro más grande del Uruguay.

                En segundo lugar, sobre el artículo 416, quiero plantear una preocupación que nos acercaron los trabajadores y las trabajadoras del Mides –y que nos parece de recibo– sobre que en el artículo, si bien se sostiene que se van a mantener derechos, no hay referencia al proceso de negociación colectiva y a la ley de negociación colectiva en el sector público. Consideramos que sería más garantista si se incorporara. Todos sabemos que las reestructuras potencialmente generan tensiones laborales. En tanto el artículo tiene –parece obvio– una declaración más programática que algo inmediato, incorporar en esa declaración el pasaje por la negociación colectiva enriquecería el artículo.

                También nos transmitieron la preocupación con respecto a que, si bien el instrumento de los 115 pases en comisión fue de excepción, colocarlos sin límite temporal daría la perspectiva de que es un instrumento permanente, cuando ha sido parte sostenida de la negociación colectiva. Quizá sería bueno limitarlo en el tiempo a los efectos de regularizar una situación que claramente tiene que ver con una cuestión de excepción y no con una cuestión permanente.

                Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún otro señor senador va a intervenir, le damos la palabra al señor subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Gracias, señor presidente.

Quizá tendríamos que invitar a Daniel Olesker a sentarse acá, que debe conocer más de este ministerio que nosotros y podría contar la complejidad que tiene, producto de la forma en que se gestó y de la forma en que se eligieron diferentes mecanismos para ir regularizando funcionarios que ingresaron de diferentes formas.

                Convengamos que cuando nosotros llegamos al ministerio –esto a cuenta de venir en otra ocasión a charlar con ustedes sobre la organización que le queremos dar– descubrimos que es un ministerio bastante atípico y diferente al resto. Es el único ministerio que no tiene un organigrama aprobado por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Lo único que tiene aprobado son las 13 direcciones Q, las direcciones nacionales, y toda la demás estructura hacia abajo no está aprobada. En esa línea fue que le planteamos a Conrado Ramos –antes de la emergencia por el coronavirus; fue el martes 3 de marzo– la necesidad de avanzar en el diseño de un ministerio moderno, nuevo. Empezamos y nos encontramos con algunas particularidades del ministerio.

                La cuarta parte de los funcionarios del ministerio tiene una modalidad de contrato que viene de la administración anterior, que es el famoso «dos más dos», que a nosotros nos habilitaba, por la forma en que está hecho, a dejar, con treinta días de anticipación, a quinientos funcionarios sin contrato. Nuestra decisión –el segundo día– fue sentarnos a conversar con el sindicato, y definimos un camino para tratar de regularizar estas situaciones.

Sin adjetivar –pero adjetivando–, voy a decir es un ministerio en el que es muy difícil llevar adelante una carrera funcional, es un ministerio en el que no existe legajo del funcionario, es un ministerio en el que a la misma función no todos ganan lo mismo. No siempre en el mismo cargo –cargos que se fueron creando no por el pasaje por la Oficina Nacional del Servicio Civil, sino por diferentes resoluciones–, con la misma función, se tiene la misma retribución. Entendimos que los funcionarios no podían quedar rehenes de esa situación. Al día de hoy, de los 500 contratos 2 más 2, solamente a uno no se le renovó el contrato, el resto de los funcionarios sigue trabajando en el ministerio.

                El día que asumimos había alrededor de sesenta pases en comisión y, en vez de hacerlos cesar –ya que no lo había hecho la Administración anterior–, les dimos la opción de que se tomaran noventas días para que resolvieran qué hacían, la gran mayoría aceptó, y ese plazo está por terminar en mayo.

                Estamos de acuerdo en que los pases en comisión tienen que ser algo acotado en el tiempo, no pueden ser un instrumento permanente, pero como llegamos a un ministerio con la particularidad que la única facultad que teníamos era la designación de las direcciones nacionales, entendimos que era una herramienta que nos iba a ayudar a salir de la esa situación. 

                Convengamos que el 13 de marzo, después de que se instaló la situación del coronavirus, muchos de esos procesos se vieron diferidos en el tiempo, pero tenemos la voluntad y el compromiso que asumimos con el sindicato con el cual nos estamos reuniendo una o dos veces por semana. También tenemos otros sindicatos que no son del Mides que nuclean a los trabajadores de las ONG, que son más de 3.000, pero que no son funcionarios del ministerio, más allá de que cuando no les renovaron los contratos, reclamaron y el despido lo pagó el ministerio, aspectos sobre los cuales tenemos que conversar más adelante para no caer en la misma situación.

                Por eso decimos que es un ministerio con una particularidad muy grande por lo cual estamos proponiendo en esta etapa, conjuntamente con la oficina y el sindicato, avanzar en su diseño. En ese sentido, es importante que en el transcurso del diálogo parlamentario cuenten la experiencia quienes ya estuvieron al frente de la Cartera y sabemos que quisieron hacer cosas y no pudieron concretarlas. Sin dudas, se trata de un ministerio muy sensible y, por lo tanto, estamos ante un camino que tendremos que recorrer en conjunto.

                Con respecto a la segunda parte de la pregunta, sobre la atención que llevan adelante las ONG, el ministro podrá informar.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a las preguntas sobre algunos programas en los que estamos haciendo un cambio de modalidad debemos decir que pasamos de la atención en forma tercerizada a una directa.

                La tercerización era llevada adelante por ONG. Los programas de cercanía tenían equipos técnicos de acompañamiento familiar y nos pareció que era importante tener equipos propios. Entonces, ya se hizo un llamado para proveer 90 técnicos en todo el país que puedan trabajar directamente con el ministerio. Esto se va a fusionar con el programa Uruguay Crece Contigo que vimos que tenía la estructura organizativa mejor armada, que contaba con equipos técnicos de dirección excelentes y que dos programas de proximidad que trabajan directamente con las familias en el territorio, sobre distintas edades, pueden tener una misma orientación y dirección, por lo cual es lógico que todos sean funcionarios del ministerio. Por estas razones, estamos haciendo los llamados de los contratos 2 más 2; desearíamos ya contar con los contratos BID, pero como en estos casos se demora dos meses en dar el alta, necesitamos los 2 más 2. Queremos homogeneizar los contratos que tiene Uruguay Crece Contigo porque la mayoría de los que realizan trabajo de campo son los contratos del BID para el programa Sistema Nacional de Cuidados, que atiende primera infancia y hace acompañamiento familiar.  Así, lo que se busca es homogeneizar el programa, generar un mismo tipo de contrato para todos los trabajadores que van a trabajar directamente con las familias y, de esa manera, sustituir un modelo de atención tercerizada que se realiza a través de ONG. Tener equipos propios tiene dos o tres ventajas grandes. En primer lugar, está demostrado que tienen mayor permanencia en la institución que los que trabajan en la ONG donde hay mayor rotación. Sabemos que las familias agradecen mucho cuando hay permanencia en el tiempo de la persona que hace el seguimiento familiar.

También hay una mayor capacidad de formación de estas personas, que la da directamente el ministerio –como siempre la ha dado Uruguay Crece Contigo– y por eso tiene equipos técnicos trabajando en el territorio, que son excelentes. La idea es trasladarlo a este otro programa.

En definitiva, es una fusión de dos programas, que tendrán un mismo tipo de formación y coordinación en la llegada. Actualmente las familias reciben a personas de un programa y de otro; una persona va por el botija grande, otra por el recién nacido y otra que la mandaron de ASSE o a través del liceo. Es decir que tienen que atender a tres personas que van por el mismo ministerio pero por tres temas distintos. Entonces, al tener una sola dirección se coordinará mejor la llegada, habrá una mejor inserción con las familias y se tendrá una permanencia en el tiempo. Esto se vincula de alguna manera con lo que se estaba diciendo.

                También creemos que hay algún otro programa – que en este momento está tercerizado– que se puede hacer con funcionarios propios. Consideramos que las ONG son un instrumento muy bueno, pero para cosas concretas y no para todo. Por lo tanto, queremos que sigan adelante. De hecho, hemos renovado la licitación de los Socat para todo el país, que involucra a unas setenta ONG, pero para este caso concreto y algún otro, creemos que es mejor hacerlo con funcionarios propios y no a través de servicios tercerizados. Insisto en que para algunas tareas son muy útiles pero para otras pensamos  que es más útil que los funcionarios dependan directamente del ministerio.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- No es el tema que hoy nos trae al Parlamento pero creo que es bueno mencionarlo, viendo la sensibilidad del tema y luego de la pregunta formulada por la señora senadora.

Complementando lo que decía el señor ministro, no es el único programa que está sufriendo cambios. Como comprenderán, estamos ejecutando un presupuesto que no es el nuestro sino que corresponde al último año del presupuesto del Gobierno anterior. En todos los programas que se están haciendo cambios, hay dos cosas bien claras: no dejar de atender a la gente –o sea, que el producto de los cambios no lo pague la población–, y tratar de llegar a más gente de lo que estaba previsto. En el Programa Cercanías –al que se refería el señor ministro–, producto del ahorro y con el mismo dinero que se tenía para ejecutar, se va a llegar a más familias. Lo mismo va a suceder con algún otro programa. Por ejemplo, en los próximos días vamos a tomar alguna definición con Uruguay Trabaja, y así sucesivamente.

Como he dicho, el compromiso es que este proceso no lo termine sufriendo la gente sino que se la siga atendiendo, y que con el mismo dinero se llegue a más personas.

SEÑOR MINISTRO.- Al llamado de noventa puestos, ya se han presentado más de mil quinientas personas. Esto demuestra que el llamado está ajustado a una necesidad porque se ha presentado prácticamente la totalidad de los funcionarios que trabajan para ONG. De alguna manera, la preocupación por los puestos de trabajo es verdadera y  entendemos importante pasar a una modalidad más directa con el ministerio.

                Le cedo la palabra al director general Martinelli para contestar la pregunta del señor senador Bergara.

SEÑOR MARTINELLI.- Simplemente para aclarar que el artículo 416, «Adecuación Organizativa», establece una facultad que se le da al Poder Ejecutivo para realizar esta adecuación. Aquí no hay elementos de carácter presupuestal. Sí los habrá una vez finalizada la negociación con el sindicato, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la OPP, cuando en la ley de presupuesto o en alguna ley de rendición de cuentas haya que establecer aquellos cargos que se van a crear, eliminar o suprimir.

                La segunda aclaración tiene que ver con el artículo 417, que establece la posibilidad de contar con un adscripto más en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto sustituye al inciso segundo, pero el inciso primero deja bien en claro que se trata de un funcionario público. Es decir, es un adscripto a funcionario público y, por lo tanto, es similar a lo que es un pase en comisión. O sea que no hay ningún inconveniente con las normas presupuestales.

SEÑOR BOTANA.- Yo siempre tuve la convicción de que las cuestiones humanas no se tratan a distancia. Se puede informar a distancia, pero no se educa a distancia. Se puede hacer alguna prestación o transferencia de recursos a distancia, pero todo lo que haga a la superación de las personas, que es de lo que se trata el esfuerzo que desarrolla, en su esencia, este ministerio, hay que hacerlo desde y entre la gente, porque lo humano se hace así. Por lo tanto, creo que la sabiduría de un Gobierno debe reservar el tratamiento de las cuestiones humanas a los gobiernos que se hacen entre la gente, que son los del nivel subnacional, o sea, los departamentales y municipales, en el caso de Uruguay.

                 A mí me gustaría ver un país en el que evitemos duplicación de estructuras. Si hay gobiernos departamentales y municipales  que tienen una estructura que presta servicios en este sentido, no es buena cosa que el Gobierno nacional se ponga de competidor; sería bueno que se pusiera de complemento, de respaldo, de colaboración y actúe a través de quien tiene la sabiduría para eso y la legitimidad de la elección popular en ese territorio, lo cual le da una legítima representación. No es buena cosa que el Gobierno nacional se meta a veces donde no debe, a hacer cosas que, por más buena intención que exista, lo haga alejarse del objetivo que persigue una comunidad, debido al desconocimiento fino de la cuestión en el tratamiento de cada caso.

                Acá estamos tratando de atender personas, con la complejidad de una persona, y eso no lo sistematiza ningún programa. Eso se hace desde y entre la gente;  por quien lo conoce y la gente acepta.

Por lo tanto, creo que sería una buena cosa que, si ya hay estructuras de los gobiernos departamentales y municipales, con departamentos de acción social, el ministerio actúe por esa vía y no por la de ir a competir en el territorio. Al final parece una competencia política en lugar de ser una ayuda al ciudadano que  colabore en sacarlo adelante y transformar su vida. No creo tampoco en que la especialización lo sea todo en estas cuestiones. Considero  que el «todo» es el cariño, el amor y la disposición de corazón de los recursos. Y los gobiernos departamentales y municipales han tenido que desarrollar estructuras a lo largo del  tiempo, justamente, porque al Gobierno nacional le ha costado hacerlo en áreas de la salud, en las zonas rurales o en barrios más alejados, donde el interés económico no existe. En los barrios más alejados y en las zonas rurales más alejadas es donde existen las policlínicas municipales. En los servicios de alimentación, el Gobierno nacional pone, a través del Ministerio de Desarrollo Social, menos del 20 % del costo de atención de lo que es un comedor. Ni que hablar de que, a lo largo de su historia, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente nunca ha podido satisfacer la necesidad de hacer el baño en la casa que lo necesita o la reparación de una pieza específica para evitar el hacinamiento. Es cierto que a veces hace casas de costos elevados, lindas, interesantes, buenas, pero eso implica menor eficiencia en la aplicación de los recursos.

Entonces, sinceramente, señor presidente, me gustaría que en esta reestructura que se está planteando se repensara al país en términos de ahorrar recursos en burocracia para dotarlo de recursos de respaldo; recursos que llegarían a la gente a través de las estructuras que por demanda popular ya se han creado.

                Ese era el comentario que quería realizar, señor presidente. Espero que sea tenido en cuenta cuando se desarrolle la estructura de este ministerio.

SEÑOR GANDINI.- Seré muy breve y concreto.

                Considero que el artículo que establece la adecuación administrativa debería llevar, al final, el siguiente agregado: «Culminada la adecuación administrativa y aprobada la reestructura de cargos y funciones, será comunicada a la Asamblea General».

Es de estilo; normalmente se hace así. Simplemente es una comunicación a la Asamblea General, pero deja constancia de que el Parlamento –que es quien dará autorización para hacer esa reestructura y después deberá aprobarla– queda en conocimiento de que ha sido aprobada y de cuál es.

                Me parece que deberíamos agregarlo, como es de estilo.

SEÑOR BERGARA.- Me permitiré insistir en la lógica de los temas presupuestales. Quizá se maneja la errónea visión de que lo único presupuestal es el incremento de gastos y no es así; hay muchas normas de índole presupuestal que refieren a cambios en las estructuras de puestos de trabajo y cosas por el estilo.

Por lo tanto, me permito insistir, primero, en aclarar cómo va a formularse la adecuación organizativa. Nosotros vemos con buenos ojos que se realice una adecuación organizativa; simplemente queremos alertar que algunas cosas se pueden hacer en esta instancia y otras no. No me refiero a que el Poder Legislativo no pueda delegar en el Poder Ejecutivo, sino a que, como es una ley de urgencia, no puede contener normas de índole presupuestal. No se generarían dudas sobre este aspecto si estuviéramos tratando la rendición de cuentas o la ley de presupuesto.

                Por esta razón, en el artículo 417, referido a los dos adscriptos, se sustituye un artículo de una rendición de cuentas; la asignación de adscriptos para algunos ministerios se hizo a través de una norma presupuestal. Eso nos parece razonable, porque más allá de que puedan ser o no funcionarios públicos, de que sigan cobrando lo mismo y de que no haya un incremento de gastos, no deja de ser una norma de índole presupuestal

                Entonces, no estamos en contra ni de la adecuación organizativa –todo lo contrario– ni de que en el ministerio haya algún adscripto más, simplemente, consideramos que esta no es la instancia jurídica correcta para implementarla porque se violentaría la norma constitucional que establece que en una ley de urgente consideración no se pueden incorporar temas presupuestales.

                Solamente eso.

SEÑOR MINISTRO.- Si el señor presidente está de acuerdo, pasaremos a analizar los artículos que refieren a la reforma de la adopción.

                Le cederé el uso de la palabra al presidente del INAU, Pablo Abdala, para que se extienda sobre el contenido de esta reforma.

SEÑOR ABDALA.- Es un gusto volver a esta casa y responder a la convocatoria de la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración.  

Estos artículos, señor presidente, tienen que ver con un tema particularmente sensible e importante que es el régimen vigente en materia de adopciones y, en una mirada más global, tienen que ver con una cuestión de derechos, con el derecho de vivir en una familia y tienen que ver con una definición de nuestro país y de nuestra legislación ­– que está inserta en el Código de la Niñez y la Adolescencia–, en cuanto a que la vida en familia es el sistema de protección integral más eficaz, más categórico y más atinado.

Esta es una línea en la que el INAU –no de ahora sino seguramente desde antes– se propone trabajar intensamente y que, inclusive, el viernes pasado dio lugar a un mensaje –que compartimos con Ministerio de Desarrollo Social–, en el que señalábamos nuestra intención de avanzar todo lo que sea posible en el desarrollo de los institutos y de los distintos programas que tienen que ver con el acogimiento familiar, con las adopciones –como en este caso–, porque eso sin duda conduce a un objetivo que estoy seguro que todos compartimos, que es el de la necesaria desinternación de aquellos niños, niñas y adolescentes que por imperio de las circunstancias y, seguramente también, por orden de la Justicia, viven en los centros de 24 horas de nuestro organismo.

                En cuanto al capítulo II, que contiene cuatro artículos que, en verdad, están referidos a tres modificaciones del régimen vigente, creo que está bien titulado cuando se dice «Mejoras al régimen de adopciones». Esto lo digo en doble sentido; mejoras porque efectivamente creo que de aprobarse estos artículos el régimen quedará establecido en términos más adecuados a los objetivos que se persiguen pero, además, mejoras en cuanto que aquí no hay un replanteo o una revisión general del régimen vigente. Lo que se propone en la ley, en el Poder Ejecutivo, no es un cambio de modelo –si lo ponemos en esos términos– sino, repito,  introducir tres cambios concretos que creo van a ayudar significativamente a alcanzar los objetivos que todos perseguimos. Este es un tema que nos ha preocupado a todos los partidos políticos y a todos los gobiernos. En estos últimos días nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar sobre estos asuntos con distintos señores y señoras legisladoras. En el día de ayer, tuvimos la oportunidad de conversar con la señora senadora Carmen Sanguinetti; más recientemente con la diputada Lustemberg, y la señora senadora Gloria Rodríguez nos hizo llegar aportes con relación al régimen de las adopciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente estas propuestas son buenas, nosotros las consideramos positivas y que van en la dirección correcta pero, desde luego, pueden ser complementadas con otras y pueden ser mejoradas, en algo que, sin duda, es un proceso permanente y una continua búsqueda de alcanzar de la mejor manera los objetivos.

 También estuvimos leyendo, señor presidente, las versiones taquigráficas de esta comisión con relación a estos artículos y a las distintas comparecencias que a ese respecto se llevaron a cabo. Nos resultó de lo más interesante el planteo del doctor Cavalli, ministro de los tribunales de apelaciones de familia.  Allí hay una propuesta –que creo comparte la señora senadora Sanguinetti o ha trabajado en la misma dirección– sobre la creación de la figura del defensor del recién nacido. Sin duda, es una alternativa que no está incluida en la propuesta del Poder Ejecutivo pero ¡vaya si enriquecería y mejoraría la respuesta del Estado en cuanto a la atención de los niños en condición de vulnerabilidad y, particularmente, en esa etapa de la primera instancia, que es tan sensible, en momentos en que precisamente se debate o se discute si ese niño debe mantener el vínculo con su familia de origen o, eventualmente, en la medida que esto no sea posible, ser declarado adoptable, en condición de adoptabilidad y, por lo tanto, iniciarse en ese caso el proceso de adopción!

                Quiero decir que, en cuanto a los cuatro artículos en concreto, si los analizamos uno por uno, podremos confirmar lo que recién decía, de que estamos frente a ajustes normativos o a cambios que mejoran el régimen vigente pero que no implican, repito, una transformación profunda.

                El artículo 419, que modifica el 132.6 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece una excepción a texto expreso, que creo es muy cauta y muy prudente. Se habilita la posibilidad de que, si se diera una situación de hecho en la cual coincide una propuesta de los equipos técnicos del INAU en cuanto a otorgar o dar en adopción a un niño o adolescente que ha sido declarado en condición de adoptabilidad con otra situación de hecho que llegue a conocimiento del juez de familia especializada, en el marco de lo que dice el literal B) del artículo proyectado, esto es, que debe darse en el contexto de una tenencia lícita y de una situación que describa cómo está ese niño o adolescente en términos de estar plenamente integrado a otro núcleo familiar y haber generado lazos de afecto de tal envergadura que conduzcan al juez de la causa a que esa situación resulta más conveniente para ese niño o adolescente en el caso concreto, poniendo por delante –como debe ponerse siempre– el interés superior del niño, el juez, previo asesoramiento de los organismos especializados, del Instituto Técnico Forense y del propio INAU –si se dieran las circunstancias–, podrá prescindir excepcionalmente –en ese caso y con esas condiciones– de la recomendación formulada por el INAU y contemplar esa situación en la medida en que, repito –y esto hay que subrayarlo en forma permanente–, eso resulte lo más conveniente para el interés del niño.

Quiero decir también, para tranquilidad de los señores senadores, que esto no es algo que en los hechos y en la práctica no haya acontecido o que, de hecho, no acontezca con relativa frecuencia –acontece desde 2009, que fue cuando se produjo el cambio fundamental en la legislación vigente, proceso legislativo en el que me tocó intervenir, al igual que a muchos de los aquí presentes–, ya que muchas veces los jueces notifican o comunican al INAU que llegó a su conocimiento determinada situación en cuanto a la eventualidad o la posibilidad de que un niño sea otorgado en adopción a determinada familia que ya lo ha acogido en su seno, en el marco de una tenencia lícita, y que se han desarrollado lazos de afecto. En función de que esa realidad o  circunstancia es más conveniente para ese niño, el juez avanza –más allá de los procesos de selección del organismo especializado que es el INAU– y notifica al INAU.  Los antecedentes demuestran que, en los hechos, el INAU ha consentido esas situaciones. Aun pudiendo apelar esas decisiones, en la práctica ha prescindido de hacerlo y creo que con muy buen tino porque ha entendido que, efectivamente –creo que es un tema de sentido común–, en esos casos se está frente a realidades que implican una solución más adecuada para ese niño o adolescente en esa circunstancia específica.

Por lo tanto, este artículo viene a dar consagración legislativa a una realidad que acontece y, además, lo hace con absoluta prudencia. Creo que alcanza con leer –e interpretar el derecho de acuerdo al sentido literal de las palabras– lo que establece este literal B en cuanto a que el INAU sigue siendo un protagonista principal en estos procesos; debe haber una intervención del INAU previa y seguramente también posterior y, además, tienen que darse todas las condiciones que dije antes y que no voy a repetir ahora para no aburrir a los señores legisladores. Me interesa reafirmarlo, señor presidente, porque leyendo las versiones taquigráficas hemos advertido que se han hecho afirmaciones en esta comisión en términos de que esta modificación legal podría ambientar o estimular situaciones de comercio de niños, de arreglos entre particulares y de abusos de todo tipo y tenor. Yo entiendo que eso no debe ser así si los jueces actúan de la forma en que deben hacerlo. Creo que, en última instancia, aquí también hay un componente que tiene que ver con la confianza que tengamos o dejemos de tener en la justicia y con el principio de separación de poderes. Cumpliéndose estos extremos y prestándole la debida atención al caso concreto, teniendo en cuenta la situación particular que los jueces tienen entre manos cuando resuelven este tipo de situaciones, creo que no solo no hay nada que temer a ese respecto, sino que, sin duda, estaremos en una situación absolutamente diferente.

Agrego, señor presidente, como último antecedente, que esta solución no es algo que se le haya ocurrido al Gobierno actual ni es la consecuencia de un rapto de inspiración del actual Poder Ejecutivo o del Ministerio de Desarrollo Social.  Esta es una solución que ya se manejó en el ámbito legislativo; después de la reforma de 2009 hubo un segundo ajuste legislativo que se dio en 2012-2013, como recordarán los que en ese momento eran senadores y diputados. En aquel entonces, la cátedra de derecho de familia, integrada por las profesoras Mabel Rivero, Beatriz Ramos y Emma Carozzi, abogó por soluciones de estas características que, por otra parte, dieron lugar a que en aquella ocasión se manejaran propuestas de este tenor, pero por razones políticas –que obviamente no es el momento ni la oportunidad de juzgar– se descartaran.

El artículo 420 es de muy rápido análisis. En los hechos, se trata de adecuar la norma a lo dispuesto en el artículo anterior. El artículo 133.2 hace referencia a adaptar el texto de la ley vigente e introduce –por una razón elemental de coherencia normativa– esta excepción en las mismas condiciones. Sin perjuicio de ello, quiero decir –porque también fue motivo de análisis es esta comisión– que es verdad que de la redacción del artículo vigente se elimina la referencia a la escritura pública. Me consta que eso ha sido preocupación de algunos legisladores y que la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay también se manifestó al respecto en su comparecencia. Quiero decir dos cosas. La primera es que, si los legisladores optaran por mantener la referencia a la prohibición de la escritura pública en el texto vigente, creo que no habría inconveniente. En segundo lugar, me consta que quienes redactaron esta propuesta –no fui yo, pero hablé con ellos– eliminaron la referencia a la escritura pública por una razón muy simple y sencilla de técnica legislativa. Se hizo en función de que la escritura pública está prohibida –como los arreglos entre particulares o la entrega de niños a través de documentos privados– por las normas generales que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por otra parte, el artículo 132.6, que mantiene y mantendrá la más absoluta vigencia, establece: «Prohíbese la entrega de guarda o la tenencia con fines de adopción mediante escritura pública o documento privado». Eso rige y regirá para todas las etapas del proceso de adopción. Entonces, esa garantía está, se mantiene y no corre riesgos. Sin perjuicio de ello, si los legisladores entienden –porque les da más tranquilidad– que se tiene que mantener la referencia a la prohibición de la entrega mediante escritura pública, no tendríamos el más mínimo inconveniente en que quedara así.

En el artículo 421 hay una modificación –por lo que pude advertir el doctor Cavalli la convalidó y consintió– de algo que también ocurre en los hechos. Se trata de dar consagración legislativa a algo que los jueces admiten y toleran en la práctica, que es la unificación en un solo proceso judicial de lo que formalmente hoy en día se hace en dos: el proceso de separación definitiva y el de adopción plena. El primero es un proceso extraordinario; el segundo es incidental. No tiene mayor sentido mantener dos procesos distintos y creo que hay relativa unanimidad al respecto. La propia Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay cuando compareció aquí dijo que estaba de acuerdo con esta solución. Creo que, sin duda, permitiría abreviar trámites, tiempo, costos y demoras para los interesados. Por supuesto que el primer interesado es el niño. Creo que muchas veces hay un falso dilema cuando se dice que lo que importa es el interés del niño –por supuesto que es así– y que los adultos no tienen derechos. Claro que no los tienen, pero es porque el ejercicio de esos derechos puede retacear, recortar o condicionar el interés superior del menor. Está claro que no tiene por qué haber una contradicción o una antinomia entre una cosa y la otra. Quienes se presentan ante el INAU para adoptar lo hacen porque también tienen un interés, que no es superior al del niño –por algo el del niño es el interés superior­­–, sino porque hay otros que no tienen el mismo rango de acuerdo a la consideración legislativa. Eso no quiere decir que cuando los padres adoptantes se presentan no tengan un interés; lo tienen y negarlo, obviamente, sería faltar a la realidad y, sobre todo, al más elemental sentido común.

Por lo tanto, la acumulación de los procesos es una noticia bienvenida para todos, incluso para el doctor Cavalli, cuya autoridad técnica en materia de derecho de familia está fuera de toda discusión.          

                En cuanto al artículo 422, se introduce como elemento nuevo el plazo de dieciocho meses –es la propuesta del Poder Ejecutivo y la comparto plenamente– para realizar los procesos que se tramitan en el INAU con el objetivo de hacer una valoración y calificación de las familias adoptantes, a los efectos de determinar son idóneas para integrar el registro de adoptantes y poder recibir un niño en adopción. Creo que aquí tenemos que decir con mucha sinceridad que, evidentemente, estamos en omisión porque en nuestro organismo los procesos son extremadamente lentos. No parece razonable que, con la realidad que todos enfrentamos –hay 2600 niños y adolescentes internados en los centros del INAU, 400 niños que ya han sido declarados en condiciones de adoptabilidad por la justicia y más o menos 450 familias que se han presentado ante el organismo expresando su voluntad de adoptar–, solo tengamos 75 u 80 familias inscriptas en el registro de adoptantes y, por lo tanto, en condiciones de recibir un niño en adopción. Mucho menos lo es cuando advertimos que muchas de esas familias llevan dos, tres y hasta cuatro años esperando que se acelere ese proceso –que, además, no es todo el trámite de la adopción– que concierne a la labor que realiza el INAU para la calificación de las familias. Lo cierto es que termina por eternizarse. Hace cuarenta y cinco días que asumí la presidencia del directorio y recibo reclamos todos los días. Cada vez hay más demandas, reclamos e insatisfacción de ciudadanos y ciudadanas uruguayas que nos dicen, por ejemplo, que se presentaron hace tres años en el organismo, que en ese tiempo tuvieron un solo taller y, eventualmente, se les comunicó que se les haría una valoración psicológica posterior, pero todavía no se hizo. Hay un exceso de centralización en el departamento de Montevideo y por supuesto que esto tiene que ver con una cuestión de gestión que nos atañe y es responsabilidad del Poder Ejecutivo y del directorio del INAU y en eso estamos trabajando. Aquí se ha dicho –lo dijo el sindicato del INAU– que sería menester reforzar los recursos humanos del Departamento de Adopciones, en particular en lo que tiene que ver con los técnicos, psicólogos y asistentes sociales. Seguramente eso es así y estamos trabajando con el director del Departamento de Adopciones, señor Diego Moreira, en ese sentido y estamos seguros de que habrá noticias –porque es nuestra responsabilidad– en cuanto a la reorganización de los procedimientos. De todos modos, el establecer un plazo de dieciocho meses nos ayudará mucho a reorganizar los procedimientos y a cumplir con los tiempos razonables que pueden llegar a concebirse en esta materia. Entendemos que este plazo es razonable y así fue reconocido, incluso, por la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay en su comparecencia ante la comisión. Entiendo que el autoimponernos el plazo que dispone el Estado nos obligaría a cumplir lo que tenemos que hacer.

                Quiero decir con absoluta franqueza –esto lo he consultado con el señor ministro y me atrevo, por lo tanto, a trasmitir la propuesta del gobierno nacional– que nos gusta bastante más la propuesta de este artículo que fue incluida en la versión original del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Luego hubo una modificación en la versión que ingresó al Parlamento, pero nos parece que la primera fórmula es más satisfactoria que la que estamos considerando. ¿Cuál es la diferencia? En la que están analizando los señores senadores se establece el plazo de dieciocho meses de una forma que consideramos muy rígida y, además, se hace como con cierta desconfianza en los funcionarios actuantes y yo no quiero fomentarla o alimentarla porque me parece que ese no es el camino para solucionar estos problemas. Incluso, diría que es una solución que se establece hasta con exceso de acritud porque se prevé que, en caso de que el plazo de dieciocho meses no se cumpla, dará lugar a la responsabilidad funcional de los trabajadores del Departamento de Adopciones. Francamente me parece que esto es innecesario y por eso queremos proponer –ya está redactada la fórmula– que en la solución que ingresó formalmente al Parlamento y al Senado de la república se sustituya la redacción del artículo por la que estaba proyectada originalmente en el borrador que se dio a conocer en los meses de enero y febrero, que establece el mismo plazo de dieciocho meses, pero también da una válvula de escape. Puede ser que dieciocho meses no resulten suficientes por tratarse de una situación excepcionalísima y de una familia con características muy particulares en la que todos los procesos de análisis psicosociales demanden un tiempo de trabajo más prolongado o por ser situaciones complejas con particularidades específicas. A este respecto, la casuística es interminable.

En fin, si se presenta ese caso desde el punto de vista técnico y el Departamento de Adopciones puede fundamentarlo, debe comunicar esa realidad al directorio del INAU para que este acepte o admita, de hecho, una prolongación del plazo de dieciocho meses, a los efectos de contemplar esa situación. Nos parece que sería una solución mucho más sabia, razonable y prudente, señor presidente, porque ese conjunto de normas que se presentan al Parlamento y que me atrevo a catalogar que son de gran prudencia, no implican una reforma radical, sino tres mejoras o modificaciones que van ayudar a lograr lo que todos queremos, que es la plena vigencia y el pleno disfrute del derecho a vivir en familia, y lo que el Estado tiene como objetivo, que es lograr una mayor desinternación de niñas, niños y adolescentes, a los efectos de que, con el transcurso del tiempo, haya cada vez menos niños internados y más niños adoptados o en situación de acogimiento familiar.

SEÑOR ANDRADE.- Del debate de la comisión sobre los distintos aspectos que trata el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración surge que hay temas en los que, aunque tuviéramos años para debatir, sería muy complejo llegar a un consenso. Han quedado de manifiesto miradas muy diferentes y de difícil síntesis como, por ejemplo, en lo que refiere a seguridad, en educación, en las relaciones laborales y el derecho de huelga –­sin rozar tangencialmente el debate de ayer–, con respecto a las empresas públicas y a la inclusión financiera. Podemos suponer que, aunque tuviéramos más tiempo para enriquecer la discusión, hay diferencias tan importantes que, de todas formas, sería difícil encontrar una síntesis en la que se plasmara una norma o un mejoramiento de las normas con las que se atiende la problemática. Claramente no es el caso de las adopciones.

El objetivo es que las mejores normas son las que logran los consensos políticos y sociales más amplios y en las que se puede trabajar de manera profunda. En las adopciones, hay que agregar la sensibilidad que el tema conlleva. No estamos esperando que el Gobierno le erre a la normativa, pero sí nos preocupa lo que esta pueda generar. El problema es que, en este caso, si la normativa no es adecuada, el error lo paga la parte más vulnerable de la sociedad, la que se encuentra con mayores dificultades.

En ese sentido, cuando hay voces que han expresado los riesgos que pueden tener los artículos –sobre todo, los dos primeros–, que a pesar de haber sido concebidos con la mayor inspiración pueden violentar los derechos de niños, niñas y adolescentes, no parece prudente que no contemos con el tiempo suficiente para madurar una salida común. Sinceramente creo que es un error.

 En la versión taquigráfica de la visita de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay se señala, por ejemplo, que el cuello de botella de las adopciones no está en la evaluación a los padres, sino en el proceso judicial de adoptabilidad de los niños. Hay decenas de padres que están esperando; en lugar de haber cincuenta podría haber doscientos. Pero el problema no está ahí. En realidad, esto no destraba el problema principal y podría encorsetarnos a la hora de resolver cuestiones que son muy peculiares y técnicas. Entonces, lo que yo quiero razonar con la delegación del Poder Ejecutivo, porque además es claro que lo que aprobemos como norma deberá tener recursos para ser llevado adelante –es decir, no tendría sentido la propuesta de reducción de los plazos si después no hay equipos de recursos humanos–, es que nos demos un tiempo hasta la discusión del presupuesto, que no va a ser dentro de quinientos años, sino dentro de tres meses, para dar una discusión integral sobre el tema, que lo pueda tratar la comisión especializada y que esta pueda madurar una salida en la que haya consenso de todo el sistema político. Es un tema en el que sería muy positiva la señal de todo el sistema político. Son cuatro artículos –sobre todo los dos primeros– que, independientemente de la voluntad del Poder Ejecutivo, han generado un conjunto de preocupaciones en especialistas, en los padres adoptantes y en los trabajadores del INAU, y parece un error no tomarlos en cuenta para salvarnos del riesgo.

                Por lo tanto, nuestra propuesta es desglosar estos artículos y tratarlos junto con el presupuesto, a los efectos de que a la vez que nos imponemos obligaciones estemos discutiendo los recursos que vamos a destinar a este tema y de que, además, busquemos un consenso político-social sobre un tema de una enorme sensibilidad, que pareciera sensato no tratar en el marco…

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Sí, se la permito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Coincido totalmente con lo que está expresando el senador Andrade, pero tuve la experiencia de vivir la elaboración de esta ley, cómo se planteó y cómo fue aprobada, y les digo con total franqueza –no tiene nada que ver con el sistema político– que la mínima concesión se hizo en la discusión del tema. Se nos aplicó el yeso sin ningún tipo de contemplación a las opiniones que teníamos respecto de un sistema de adopción que tenía sus dificultades y al que tratamos de contribuir. Digo esto simplemente para recordar la frustración que uno tuvo, porque tenía una cantidad de aportes que hacer al régimen de adopción; se quitaron y el argumento –lo voy a decir con total franqueza– que se utilizó fue: «Acá tiene que ser el Estado, y si el Estado no concentra toda esa actividad, los demás no pueden actuar». Yo diría que está muy bien que el Estado funcione, pero había y hay una cantidad de instituciones y de organizaciones que ayudan.

                Lo que les transmito, sin ánimo de generar polémica, es que todo lo que quise agregar, introducir o aportar quedó en el recuerdo, en el testimonio de una versión más «taquicárdica» que taquigráfica.

                Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Me comprometo a estudiar –además, me gusta leer las versiones taquigráficas– ese proceso.

Si ese proceso tuvo esa dificultad, no lo hagamos de nuevo. Si tenemos un aprendizaje con respecto a construir normas en las que no se incorporan puntos de vista que pueden enriquecer y pueden generar mayor síntesis, no lo hagamos de nuevo.

En este caso, lo que queremos comprometer, como bancada, es el esfuerzo de trabajar en una síntesis que mejore las normas actuales, evitando riesgos –de ser posible y sin que esté en el objetivo de los promotores de la iniciativa– de vulnerar derechos de la población que está, en este caso, en un lugar que debemos privilegiar.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR BERGARA.- Comparto la propuesta que hace el senador Andrade relativa al desglose para poder trabajar con tiempos razonables, que, reiteramos, no son tiempos exorbitantes; estamos hablando de la próxima instancia presupuestal.

De todas maneras, por si el Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria insistieran en la necesidad de tratarlo en esta instancia, quiero hacer una pregunta puntual sobre el artículo 422, porque nosotros no tenemos aquí la primera o la segunda versión del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Por lo tanto, la consulta sobre el artículo 422, que el señor Pablo Abdala sugería modificar y retomar la redacción de esa instancia con respecto al plazo de 180 días –parece razonable otorgar una válvula de escape para circunstancias excepcionales debidamente fundadas–, es si el aditivo que tiene ese artículo, referido a la responsabilidad de los funcionarios, se elimina o se mantiene en la propuesta que está haciendo el presidente del INAU.

Gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Queda claro –de la exposición del querido amigo Pablo Abdala– que de lo que se trata es de corregir algunas urgencias que, coincido con él, son problemas de gestión. Por razones que no corresponde mencionar, he tenido que sufrir en forma muy cercana, ¡muy cercana!, el tema de la adopción antes y después de la intervención preceptiva del INAU. En consecuencia, sí vamos a tener que discutir mucho esto porque en el fondo hay un problema ideológico –como dijera Abdala–: la desconfianza. No es solamente para los funcionarios del INAU –no la tenemos–, sino también para profesionales intervinientes con todo el peso del control del Estado y de los jueces. Nunca, ni siquiera en el sistema de adopción en el que intervenían los escribanos públicos, en un sistema privado, los jueces estaban al margen, sino al contrario, si eran reconocidos había que hacer el trámite de pérdida de patria potestad, después de legitimación adoptiva y si no eran reconocidos había que hacer el proceso a nivel judicial para garantizar los derechos del niño y que no hubiera contraprestación económica. Lo que pasa es que cuando se legisla con prejuicios llegamos a esta situación.

                En esta situación, señor presidente, creo que es absolutamente necesario que estos artículos estén en la ley. Estamos dispuestos a discutir después, pero ni siquiera en el ámbito de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, sino en otra mucho más específica –¡mucho más específica!– sobre esta problemática, con más tiempo, aunque no demasiado, porque en el Uruguay se ha instalado la costumbre de las discusiones con la sociedad civil y otras participaciones, y la realidad nos pasa por arriba. Así que dejo constancia de que soy partidaria –el otro día se lo dije al señor ministro cuando nos reunimos con la coalición– de repensar muchas cosas de fondo.

                Otra cosa que voy a decir es que tenemos toda la confianza en el INAU. Lo que pasó –porque pasó– fue de dos días a cuatro años la posibilidad de que se juntara un niño o un adolescente con una familia por una absoluta falta de capacidad de gestión del INAU. Que el argumento sea la falta de funcionarios, bueno… pero si uno se propone realmente gestionar bien, esa situación se supera y confío plenamente en las actuales autoridades.

Hay dos cosas que son menores, pero de las que quiero dejar constancia porque después quizás no hay oportunidad de tener este diálogo y menos en esta situación. No se lo dije al doctor Cavalli, pero sí expresé en la comisión el otro día que, como abogada que hice mucho derecho de familia, hay que pensar muy bien en poner abogados defensores de los menores. En general, es un proceso de alargamiento burocrático que no garantiza más derechos para los niños porque ya tienen defensores desde el inicio del proceso y le cuesta a la familia porque son de oficio; se llaman como los que hacen la representación gratis, pero a estos hay que pagarlos. Y la familia –ya que tanto se habla de los más vulnerados o vulnerables y todo lo demás– no tiene plata para pagar los honorarios. He visto regulación de honorarios hecha por los abogados de oficio que están atados a la decisión del juzgado –porque son listas que tiene el Poder Judicial– que me parece absolutamente inconveniente hasta que no mejore esa situación.

Lo otro –por una experiencia muy directa que no voy a mencionar porque estaría violentando la privacidad, no mía, pero sí de una persona muy cercana a mí– es el tema de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay. Está muy bien, pero hay que escuchar a todos porque hay mucha improvisación con la mejor buena voluntad. No es fácil pasar por el proceso de adopción, ¡no es fácil! En definitiva, creo mucho más en los técnicos, más allá de que hay que escuchar por supuesto, pero los que ya resolvieron el problema tienen una posición o diez, y los que todavía no lo resolvieron tienen veinte. Entonces, con un buen ministerio, un buen presidente del INAU y funcionarios a los que les tengamos confianza, ¡dieciocho meses alcanza y sobra!; obviamente, hay que gestionar bien. Y estoy de acuerdo con sacar la sanción a los funcionarios porque, además, creo que sería claramente violatorio de sus derechos pues no tienen oportunidad de defensa.

                Gracias, señor presidente.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Evidentemente, el cambio en este artículo me parece que es muy importante y que da garantías.

                En realidad, estamos tratando un tema muy sensible y, más allá de compartir la propuesta de que se desglose, lo que más me llega como cuestionamiento es el tema de que el juez pueda dictaminar sin la aprobación de los técnicos de INAU. El texto dice: «En estos casos el Juez podrá a su elección requerir informes sociales y psicológicos de equipos técnicos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y/o del Poder Judicial: Instituto Técnico Forense y/o equipos técnicos de los Juzgados de Familia con competencia especializada». Más allá de que es cierto de que los procesos son largos porque llevan hasta cuatro años –también tengo conocimiento de algún caso–, creo que se profundiza mucho en cuanto a catalogar a los padres adoptantes como tales. Los técnicos del INAU tienen una experiencia en eso más allá de la gestión, tiene que ver con los recursos humanos, independientemente de que esto esté en el presupuesto.

Por lo pronto, creo que en este punto es más criticable eso porque en realidad para dictaminar que una familia es la mejor no basta con que haya tenido un buen vínculo previo con el niño –ese no puede ser un factor de decisión–, sino que los parámetros que se siguen –tengo conocimiento de que han sido largos, pero son buenos para dictaminar la potestad de una familia para ser adoptante– considero que deberían continuar. Como decía el señor Abdala, en los hechos se da porque hasta ahora los jueces pedían la opinión al INAU. Él decía: «se da de hecho»; es porque le piden opinión, pero acá no tienen por qué hacerlo.

Entonces, creo que eso debería salvaguardarse en un futuro texto.

Gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Doy la bienvenida a la delegación y agradezco la información tan pormenorizada brindada por el señor presidente del INAU, que asumió hace poco pero que de todas maneras está absolutamente empapado de todo. Así que reitero mi agradecimiento.

                Con respecto a lo que decía el señor senador de diferir esto para instancias de rendición de cuentas o presupuestales, quiero decir que si hay algo que no es propio de la materia presupuestal es este tema –dicho por la Constitución de la república–; esto es derecho de fondo No voy a citar el artículo de la Constitución porque lo conocemos, pero reitero que esto es absolutamente derecho de fondo.

                Sobre el tiempo que hemos dispuesto para atender este tema, si uno calcula no solo desde enero –mes en que fue divulgado este proyecto de ley–, sino las horas que llevamos aquí con el texto a la vista, recibiendo personas, dudo de que si esto pasa en una comisión se junten tantas horas de estudio de un tema y se reciba a todas las personas que, de forma concentrada pero acumulativamente, se ha recibido. En lo personal, no encuentro que sea escaso el tiempo asignado.

                Otro argumento que se ha manejado, y que es verdad, es el de que se trata de un tema sensible. Lo es, de los más sensibles que existen y, entonces, «no lo trato, porque como es un tema sensible me da miedo y por tanto no lo trato». ¡No, tratémoslo! ¡Como es sensible hay que darle una solución urgente! Creo que por eso fue integrado en este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, porque no trata solamente de medidas en materia de seguridad pública y de eficiencia del Estado, sino también de sensibilidad de las familias y de los niños que necesitan esa facilitación para esa unión.

                En cuanto a las inquietudes acerca de que el juez pueda aprobar esa adopción, lo que dice el texto –y que fue referido por el presidente del INAU– es que el juez tendrá un previo asesoramiento de los organismos especializados. Aclaro que en este país yo al juez le tengo toda la confianza. Además, se da solamente en una circunstancia en la que el Estado ya fracasó en haber dado una solución a ese menor, niño, niña o adolescente. ¡Ya está esta situación de hecho, ya pasó un tiempo determinado y trabó vínculos con esta familia! Entonces, ¿vamos a crear un segundo duelo, una segunda separación, para darlo a otra familia? No, debe quedarse allí. El Estado no había dado hasta ese momento otra solución.

                Era lo que quería decir. Gracias.

SEÑOR BERGARA.- Quiero dejar en claro que, en base al acuerdo que tenemos de no ingresar en debates de índole política, vamos a ignorar algunas referencias que acaba de hacer la señora senadora Asiaín, que asigna temores, miedos e intencionalidades en nuestros planteos. En ningún caso eso es así y estamos dispuestos a debatir todos los temas con la mayor apertura y la mejor disposición, así como también el planteamiento de que esto estuvo a la vista durante todo este tiempo. Quizás se pierda de vista que este es el artículo 419. Quiere decir que antes de esto estuvimos tratando 418 artículos que también nos concitaban la atención. Pero no quiero entrar en esa discusión, sino simplemente dejar esa constancia en base a los comentarios realizados.

SEÑORA ASIAÍN.- Simplemente, quiero aclarar que no fue aquí que escuché los temores, sino fuera, en la sociedad civil. Así que pido disculpas si en mi alocución y evidentemente por error mío, se sintieron aludidos. Lo aclaro: no fue aquí donde escuché esos temores, sino de gente que se acerca.

                Gracias.

(Dialogados).

SEÑOR ANDRADE.- Nosotros tenemos algunas dudas razonables. Yo entendí que, en determinados casos, el Directorio del INAU decidía no apelar la decisión del juez, pero podía hacerlo. La norma actual es que el Directorio del INAU tiene legitimación activa ante una arbitrariedad de un juez. Puede suceder que el 99 % de las sentencias de un juez están muy bien, pero resulta que hay una que es una barbaridad, que es una discrecionalidad que va en contra de todo, en contra de los sustentos técnicos y lo que se está cometiendo genera dudas razonables. La norma anterior permitía al Directorio del INAU, si encontraba un desvío muy fuerte en la decisión del juez, presentar una apelación. Suprimimos esa posibilidad, y yo no entiendo por qué, pues en realidad no implicaba nada negativo, sino que, por el contrario, daba una señal equilibrada. Tenemos una institucionalidad especializada, que trabaja en la selección de cuál es el mejor futuro del niño, en base a la confianza, como aquí se dijo. Entonces, pensamos que se hizo la mejor selección posible y, de pronto, hay una tensión entre la opinión del juez y su equipo, y la del INAU. Bueno, el artículo anterior me daba más garantías que este. ¡Tengo que decirlo! Lo tengo que decir acá para que mañana, cuando se tome una decisión –ojalá nunca suceda; ojalá los jueces no se equivoquen y no se vulneren los derechos de los niños–, no digamos que haber resuelto una norma con el apuro con el que vamos a resolver esta, generó esta consecuencia.

                Hay un segundo riesgo sobre el que quisiera conversar con los señores senadores y preguntarle al Poder Ejecutivo. Puede existir la tentación, por parte de que quien quiera adoptar, de saltearse la selección para integrar el registro de padres adoptantes y presentarse como cuidador para generar lazos de tal envergadura y después plantear la adopción. No tengo que argumentar acá los perjuicios que esto generaría; está largamente estudiado que este es el peor camino posible. Quizás esta situación no se dé nunca –ni una sola vez–; quizás, a partir de esta norma que aprobaremos, no se dé ningún caso en el que haya alguien que quiera saltearse la selección para integrar el registro de padres adoptantes y se presente como cuidador para ir directamente a la adopción, pero consideramos que el riesgo existe.

                Entonces, cuando encontramos riesgos, cuando existe el temor de que se genere un impacto negativo en el sistema de adopciones, más allá de que el propósito que se busque –lo rescaté desde el primer momento; no quiero bastardear la discusión– sea el mejor resultado posible para agilizar y atender una situación vulnerable, hay que analizar cómo trabajamos para que esos riesgos se minimicen al máximo posible. Era eso lo que queríamos aportar.

                En cuanto a la definición de presupuesto, no me refería a que estuviera integrado en la ley de presupuesto –si lo dije así, me expresé mal–, sino a que nos diéramos un tiempo hasta el presupuesto, porque ahí tendremos que discutir qué recursos le daremos a INAU para atender este resultado. Para aprobar este tipo de normas hay que discutirlas en las comisiones especializadas que tiene el Parlamento –tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados– y tratar de generar acuerdos políticos para encontrar la mejor solución posible.

Repito que voy a revisar las versiones taquigráficas a las que hizo referencia el señor senador Abreu para analizar las dificultades que hubo para incorporar planteos que hubieran generado una mejor normativa; no es algo que aplauda. Creo que en el corto tiempo en que he estado acá nunca rechacé planteos que vinieran de la oposición y el exdiputado Abdala lo sabe porque, como dije, queremos encontrar la mejor solución posible.

No podemos decir entre nosotros que hay a quienes les importan los niños y a quienes no les importan; esa discusión es muy pobre y no nos la merecemos. Sí señalamos que hay algunos aspectos que pueden generar reparos –no parecen reparos forzados– y, por eso, pedimos analizarlos un poco más.

Ese es el planteo, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tengo anotado a varios senadores. En base a las intervenciones que se han dado, quiero manifestar mi preocupación acerca de que ingresemos a la discusión sobre el sistema nacional de adopciones. No es el objeto de la reunión, pero con gusto le damos la palabra al senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Creo que estos tres artículos –que han pasado bastante desapercibidos para la prensa y el público– son muy importantes. Además, ponen en evidencia el fracaso del régimen de adopciones establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

                Como he dicho en otras oportunidades, no tengo ningún prejuicio contra el Estado ni contra la actividad privada, pero debo reconocer que este sistema, que pretendió meter en el embudo del Estado el tema de las adopciones, fracasó. Muchos de los que estamos acá sabemos que antes de este sistema hubo organizaciones de la sociedad civil que trabajaron eficazmente en materia de adopciones, pero por un prejuicio ideológico fueron apartadas del tema que hoy nos convoca.

La verdad que le deseo al señor presidente del INAU la mejor suerte con esta iniciativa, aunque no soy optimista, porque creo que estamos en el mismo camino de complicar las adopciones con un trámite judicial, con intervención de técnicos estatales que, al parecer, despiertan una confianza mágica sobre su idoneidad y su honestidad. Creo que habría que abrir la cancha, porque –como acotación– quienes muchas veces dicen que tienen gran confianza en el Poder Judicial, aquí manifiestan respecto a este tema que no la tienen y quienes pretenden sistemáticamente dar participación a organizaciones de la sociedad civil, fueron los primeros que las excluyeron.

                Quiero desearles al señor ministro y al señor presidente del INAU –y, como soy creyente le voy a pedir a Dios, que dicen que escribe derecho sobre renglones torcidos–, mucha suerte con estas disposiciones. Creo que tenemos que recoger el guante de que acá hay que entrar a un estudio más amplio de este instituto. Nosotros vamos a acompañar estas tres disposiciones, porque creemos que hay que hacer un esfuerzo, porque la situación de los niños tiene absoluta prioridad y algo hay que hacer aunque, honestamente, no me seduce mucho el monopolio estatal en este caso, porque ha fracasado. De todos modos, vamos a acompañar con ese espíritu.

                Quiero preguntar al señor ministro y al señor presidente del INAU a través del primero, si se entiende que podría darse entrada a entidades privadas de la sociedad civil, en este tema de las adopciones, y si estarían dispuestos a acompañar una iniciativa en ese sentido. Digo esto, porque la finalidad de esta reunión, aparte de fijar posición sobre los temas, es formular preguntas sobre los asuntos a consideración de la comisión.

SEÑOR BOTANA.- Estamos tratando, seguramente, el más urgente de los temas urgentes, porque estamos hablando de cuánto incide el tiempo en la vida de un niño. Es cierto que, a veces, alguien puede esperar por la institucionalidad de una sociedad, pero los niños no pueden esperar. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Es obvio que todos queremos una buena política; una buena política de Estado en esta materia y creemos que la discusión profunda y el acuerdo van a producir la solución más sabia, pero solo va a ser así, si esa discusión se produce en un marco de independencia de la urgencia. Ahora tenemos que resolver el problema que tenemos hoy: borrar una política que, a todas luces, ha sido negativa, que ha castigado y condenado la vida de demasiados niños. Y eso, lo terminamos hoy, con esta resolución.  Y voy a decir algo: si el doctor Pablo Abdala, está convencido de esta solución, yo estoy convencido, no tengo la más mínima duda en decirlo, y tengo la misma confianza en Pablo Bartol. No creo que tengamos que emprender un camino diferente a este. Resolvemos hoy esta situación, la ponemos en práctica en los tiempos que nos quedan para salvar la vida de los niños que el sistema quiere condenar y después hacemos lo otro con el debido tiempo, no en una ley de rendición de cuentas ni en una ley de presupuesto, porque este es un tema de amor, de cariño por la vida y no simplemente de plata. Dudo que la asignación presupuestal, si bien es imprescindible, sea lo más trascendente en esta cuestión. Estoy seguro de que no lo es. Aquí lo que prima es el amor, la cercanía, la dedicación, la responsabilidad y que el funcionario abandone el lugar de «darse por cumplido» y adopte el «cumplir». Ese es el camino que tendremos que recorrer en la institucionalidad que vamos a crear; si Dios quiere el año que viene estaremos trabajando en esto. 

Algunos sabemos que estamos creando esta ley en el marco de una ley de urgencia y, por lo tanto, conocemos la necesidad imperiosa de su perfeccionamiento; otros, saben que no va en el camino que ellos habían propuesto y, por lo tanto, van a querer esta solución. Entonces, creo que lo más sabio que podemos hacer en estos días de debate de la ley es dar solución a esta cuestión, con la certeza de que el año que viene, en un debate profundo, abierto y constructivo, vamos a transitar juntos este camino en un asunto tan delicado para el país o mejor dicho, para el mundo.

SEÑORA ARGIMÓN.- El presidente sabe que yo trato de concurrir todos los días a esta comisión y, obviamente, soy muy respetuosa del ámbito en que se desarrolla este intercambio de posiciones. En este caso, por no ser parte de la comisión, voy a pedir permiso para dar mi opinión y lo hago en el más absoluto convencimiento de que tiene que ver también con mi propia historia de vida, desde el punto de vista de una recorrida por los temas de interés. Pero, también tiene que ver con cómo los sucesivos parlamentos fueron recibiendo lo que pasaba en la sociedad. Este es un tema de derechos humanos. A veces, cuando las instituciones que se crean tienen que ver con los niños parece que se pierde la perspectiva de que es un tema de derechos humanos. Además, es un tema urgente, señor presidente, y lo ha sido sucesivamente en las distintas etapas que han hecho que este Parlamento transitara distintas situaciones respecto a cuerpos normativos. Este Parlamento un día entendió que debía pasarse de la doctrina de la situación irregular a la de protección integral. ¿Por qué? Porque los niños pasaban de ser objeto a ser sujeto de derecho. Después de la ratificación de una convención internacional, el país entendió que debíamos transitar hacia la adecuación normativa y el Parlamento estuvo a la altura, después de muchos debates, porque se entrecruzan muchos temas, incluso filosóficos, y está bien que así sea porque acá está el reflejo de la sociedad uruguaya. Esto no tiene que ver estrictamente con posiciones de partidos políticos; tiene que ver, entre otras cosas, con concepciones sobre cómo entendemos que debe ser lo mejor para la infancia. Y se llegó a acuerdos, señor presidente, por eso nos dimos normativas diferentes y en ellas estuvimos de acuerdo todos los partidos políticos.

El tema de la adopción siempre es urgente. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque también estuvo frente a los vaivenes de esos cambios de filosofía con que el mundo miraba esos asuntos. Un país como el nuestro, con tan bajo nivel de natalidad, debe tener muchísima consideración en este tema y los sucesivos parlamentos la tuvieron. Es verdad que en algún momento de la historia hubo asociaciones del ámbito civil que participaron en el tema de las adopciones. Quiero decir, también, que algunas fueron un fracaso y eso llevó a que el Parlamento, por unanimidad, y teniendo en cuenta el capital que supone nuestra infancia, tuviera que tomar una política rectora, que yo celebro. Ser rector no significa dejar de tener en cuenta a la sociedad civil, pero en algún momento hubo que transitar ese camino. Eso lo compartí y quería trasmitirlo.

Para terminar, digo que acá muchas veces se pierden de vista dos premisas que para mí es importante tener en cuenta. Durante mucho tiempo, especialmente algunas organizaciones, buscaban padres para un niño. Por eso hay que saber cuál es la premisa. Se buscan padres para un niño y no niños para padres. Acá lo primero es el niño y no el deseo permanente de padres que, con todo el cariño y legitimidad, transitan situaciones –como decía la senadora Bianchi– de muchísimo dolor. Pero, frente a esos casos no podemos perder la perspectiva de que estamos buscando lo mejor para ese niño y no tratar de solucionar temas vinculados a los padres. Reitero, primero están los niños.

Hubo épocas que transitaron un embrollo de miradas y que llevaron a que existiera una política rectora. Vuelvo a decir: ser rector no significa no trabajar con la sociedad civil organizada, pero en este tema también hay que decir que la especificidad también es importante. Las evaluaciones sobre el niño y sobre quién quiere adoptar son muy importantes y deben hacerse por especialistas. ¿Por qué? Porque ese niño o niña no pueden atravesar otro abandono afectivo porque ya sufrieron lo suficiente. Para eso existen los cuidados y la mirada técnica indispensable.

Concuerdo con la apelación cuando el juez no está de acuerdo con el dictamen, pero en este debate hay algo que no podemos perder de vista. Nuevamente, hubo un fracaso en el estudio de carpetas –como decía el senador Botana, no se trata del estudio de carpetas, sino de situaciones de vida– porque había pocos técnicos y no se podía dar cumplimiento a algo que iba en detrimento de los niños que seguían estando institucionalizados. Por tanto, es indispensable acortar los plazos de la institucionalidad y  no solo en términos de la adopción –celebro que esté presente el presidente del INAU y su equipo–, porque en los últimos tiempos vamos a contramano de la Convención sobre los Derechos del Niño. La institución está llena de niños que están institucionalizados y eso va en contra de la filosofía que asumimos como país. Ese es el gran fracaso al que asistimos. Disculpen, pero me parece que cuando tratamos estos temas –que son mucho más urgentes que otros que integran la agenda parlamentaria– no tenemos que perder de vista que el país está atravesando un momento muy peligroso en la institucionalización de sus niños y niñas. Y en el tema de adopciones, esto está siendo la regla. 

Por eso, señor Presidente, quería dejar mi reflexión, ya que si no lo hiciera no estaría contribuyendo a un debate que creo muy honesto –siempre lo fue–  de parte de todas las bancadas parlamentarias. Hace muchos años que asisto a este tipo de debates, a veces como miembro del ejecutivo y muchas otras como legisladora; permítanme un recuerdo del diputado Díaz Maynard con quien hablamos mucho sobre estos temas. Me parece que lo que este Parlamento y las autoridades deben tener en cuenta es que estamos realmente en falta con una política que asumimos todos, donde evidentemente el Poder Judicial también está siendo responsable. Sería bueno que este Poder Legislativo se lo hiciera saber al Poder Judicial y no solamente al Poder Ejecutivo.

                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR ABDALA.- Agradezco a la señora vicepresidenta de la república y a los señores senadores por sus intervenciones y consultas. Anoté las inquietudes de los señores senadores e intentaré referirme a ellas sin incurrir en omisiones injustas e innecesarias.

                Voy a empezar por corroborar lo que decía la señora vicepresidenta en cuanto a que efectivamente este es un tema de enorme significación, que nos pone en algún sentido al borde del incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Recientemente el país ha recibido planteamientos y señalamientos muy severos, por ejemplo, del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En el Uruguay tenemos una de las tasas más altas –no tengo aquí los números– de internación de niños, niñas y adolescentes, y creo que en esa perspectiva, en ese contexto hay que ubicar, sin duda, esta discusión. Naturalmente, hay que hacerlo estableciendo un norte y el factor ordenador –que creo todos compartimos– del interés superior del niño, dirigiendo todas las decisiones de carácter legislativo, toda la gestión administrativa y todos los esfuerzos que se hagan en esta materia hacia ese objetivo central que, además, es nuestra obligación legal, tal como está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y es a lo que nos tenemos que abocar. Sé que eso está en el ánimo, en el pensamiento y en la intencionalidad política de todos los que estamos aquí, de todos los partidos políticos del Uruguay y de los sucesivos gobiernos, y en eso quiero ser absolutamente enfático. De la misma forma en que esto ha estado, sin duda, en la definición política de todos los gobiernos, también lo está en la del actual y quiero reafirmar una idea con la que comencé mi exposición anterior, y que tiene que ver con la prudencia con la que el Poder Ejecutivo ha actuado en esta materia. ¡Vaya si tuvimos diferencias en el debate que antecedió a la decisión legislativa de 2009!

Con relación a lo que planteaba el senador Domenech, seguramente muchos de los que estamos aquí –tal vez el ministro Bártol y eventualmente el presidente del Inau– podremos tener diferencias de fondo con el sistema y el modelo que está vigente, pero no nos proponemos ingresar en esa discusión. Digo esto con franqueza porque nos parece que tal vez eso termine conspirando contra el cumplimiento de los objetivos y causando un daño a algo que no puede ser dañado, como es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en los términos que manifestaba la señora vicepresidenta.

                Cuando las sociedades laudan terminados aspectos y discusiones, creo que siempre es riesgoso el sentido refundacional que, además, nosotros no hemos tenido al iniciar nuestra gestión. No buscamos  replantear los temas que la sociedad, en el acierto o en el error, discutió, procesó y laudó. En el caso del Parlamento, eso se hizo hace más de diez años. Ahora bien, sobre esa base –y creo que ese es el acierto del Poder Ejecutivo– queremos introducir cuatro disposiciones modificativas y, de hecho, tres modificaciones sustantivas al régimen vigente, que van en la misma dirección y que no solo no ponen en riesgo las garantías sino que, a mi juicio, refuerzan las ya existentes y contribuyen a que podamos cumplir con los objetivos de una mejor manera. Creo que eso no solo no está mal, sino que indica un acierto del Poder Ejecutivo a la hora de realizar esta propuesta.

                Muy rápidamente me voy a referir a las cuestiones que se han planteado. El señor senador Botana hacía referencia a algo que anteriormente fue referido también por el señor senador Andrade. Desde luego que hay aspectos que tienen que ver con la gestión del Departamento de Adopciones. Como dije antes –y lo repito ahora–, esa es nuestra responsabilidad y estamos trabajando en eso. No creo que haya un problema inminente en términos de la asignación  presupuestal vigente. Si llegáramos a necesitar algún refuerzo presupuestal en la próxima ley de presupuesto que ingresará en el mes de agosto, seguramente lo plantearemos, pero ya tenemos mucho para hacer con los cuarenta trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en el departamento de adopciones.  Hemos estado hablando con el director de adopciones –que ciertamente conoce la realidad administrativa de esa repartición mejor que cualquiera de los que estamos acá– y él ha reconocido que hay mucho para hacer, que hay que reorganizar los procedimientos y la forma de trabajo para ser más eficientes en una tarea que es insustituible –como muy bien decía la señora presidenta del Senado– y se trata de la valoración técnica por parte del  organismo especializado –que sin duda es el INAU– con relación a las familias que manifiestan su voluntad de adoptar.

                En cuanto a los consensos políticos, señor presidente, desde luego no me voy a introducir en una discusión, que no me corresponde ahora –en otra época tal vez lo haría–, acerca de si esta es o no la oportunidad política correcta. En fin, es el Senado el que tiene que votar y resolver si es la oportunidad política correcta. Sí digo que para la gestión que estamos realizando desde este organismo especializado tan sensible que es el INAU estas modificaciones –no me gustan poner las cosas en términos de imprescindibilidad– son necesarias y convenientes, porque nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos teniendo en cuenta que naturalmente ustedes, como representantes de la soberanía popular, nos van a reclamar a poco que nuestra gestión se eche a andar.

                Como he dicho antes, creemos que son disposiciones que no están descolgadas, no fueron redactadas es un rapto de inspiración del Poder Ejecutivo; este Parlamento discutió la fórmula del artículo 419, que fue motivo de análisis en ocasión de la modificación legislativa del año 2013. Cuenta con el respaldo explícito –la comisión por supuesto lo puede corroborar– de la cátedra de derecho de familia.

Cuando la Asociación de Magistrados del Uruguay compareció fue muy elocuente al no expresar posición alguna respecto a este cambio. Por lo tanto, se podría inferir que hay una aceptación o un reconocimiento implícito a esta solución, porque vinieron los representantes de dicha asociación y no manifestaron estar en desacuerdo. Es más, agregaron elementos nuevos como es el tema de la defensoría.

No quiero entrar ahora en el análisis porque no es la oportunidad, pero es muy interesante lo que planteaban el señor senador Abreu y la señora senadora Bianchi cuando dijeron que el planteo del señor Cavalli era muy interesante con respecto a la figura del defensor, fundamentalmente en términos de excitar el celo al juez especializado a la hora de aprobar la medida cautelar dentro de los plazos de 45 y 90 días que están vigentes cuando se debate la situación de un recién nacido. No olvidemos que hay que resolver si el interés superior de ese nuevo ser humano está con su familia de origen o, si no hay ninguna oportunidad de dejarlo allí ni de mantener el apego con su madre, será necesario, por lo tanto, declararlo adoptable y buscarle una familia.

                En cuanto al planteo de la señora senador Della Ventura, quiero decir que no debiéramos temerle a  la redacción del artículo 419. Cuando afirmo que se aumentan las garantías, entre  otras cosas me refiero a este literal B). Antes también señalé que hoy, en la práctica, hay situaciones de hecho,  decisiones judiciales que se adoptan fuera de este marco normativo –que  no existe, porque lo estamos proyectando– y, sin embargo,  en el marco de una tendencia lícita donde el juez entiende que esa situación es adecuada y es una solución que ya está planteada para ese niño o adolescente, avanza en esa dirección y la comunica al INAU. No le pide informes; lo notifica. Después, si el INAU no apela es porque en ese caso concreto habrá hecho una valoración coincidente con la del juez; si no, actuaría con gran irresponsabilidad porque, notificado de una situación que en tal caso pudiera poner en situación de vulnerabilidad los derechos de ese  niño, su primera obligación sería apelar. Aclaro que esta apelación no se ha eliminado y con esto doy respuesta a otra de las consultas que hacía el senador Andrade.

                En el artículo 419 diría que la apelación está implícita. En la medida en que estamos hablando de procesos en los que el INAU interviene, para que el juez pueda apartarse de la recomendación de dicho instituto tiene que haber una recomendación del propio INAU; lo dice a texto expreso el literal B). Si el INAU no compartiera esa decisión del juez, en este caso concreto, obviamente creo que la legitimación activa para apelar es de precepto. Está puesto a texto expreso en el artículo siguiente, que es complementario del anterior y que dice –lo puede ver el senador Andrade, es el penúltimo inciso del artículo 133.2 vigente, y así se mantiene en el artículo 420 proyectado–: «El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tendrá legitimación activa para apelar la sentencia que no contemple la sugerencia de su equipo técnico». De manera tal que, en ese sentido, repito, creo que no hay pérdida de las garantías, sino un refuerzo de estas. ¿Cuál es el refuerzo? Todas las condiciones que prevé el artículo 419.

                El artículo 419 establece esa excepción a favor del juez. Después de todo, el juez –obviamente– es el que tiene la potestad jurídica de resolver en materia de derechos de familia, en materia de filiación, es decir, sobre todo lo que concierne al instituto de la adopción, pero aquí se establece que se podrá apartar de lo sugerido solo si se dan las condiciones que allí se mencionan, es decir, la plena integración al núcleo familiar, los lazos de envergadura o una tenencia de carácter lícito. Creo que esto descarta cualquier forma o realidad de arreglos familiares del tipo pecaminoso, como se ha dicho. Repito, creo que alcanza con combinar lo que se establece a texto expreso en la norma proyectada con la sana crítica y la honestidad con la que se supone que los magistrados deben actuar y actúan en el Uruguay para poder estar tranquilos –por lo menos nosotros lo estamos– con respecto a que esta es una solución satisfactoria.

                Finalmente, le agradezco mucho al señor senador  Bergara la consulta en cuanto a la propuesta alternativa, porque me da pie a leerla para que la comisión la tenga aunque, por supuesto, vamos a dejarla por escrito. Con lo que nosotros sugeríamos creo que eliminamos un montón de suspicacias y considero que debiéramos generarle tranquilidad a todos aquellos que dudan de la pertinencia de esta disposición, particularmente en términos de que se pueda poner en riesgo la culminación de la valoración  de  las familias, del  análisis  psicosocial  y  de  todo  lo que aquí se ha dicho –con gran razón–, porque el texto que ingresó al Senado –como decía recién– en una fórmula que a mí no gusta mucho –o, más bien, no me gusta–, refiere al plazo de dieciocho meses y a la eventualidad de que se sobrepase. Allí se establece: «La no actuación dentro del plazo previsto de dieciocho meses, generará la responsabilidad de los funcionarios omisos en el cumplimiento de los deberes del cargo». Ese no es el propósito; no es el objetivo que anima al Poder Ejecutivo ni el que anima al directorio del INAU. No se trata, simplemente, de hacer valer la responsabilidad cuando un plazo se sobrepasa, porque eso nos aparta del interés superior del niño, que tanto y con tanta razón invocamos.

                En cambio, señor presidente, el texto del borrador original, de la primera versión del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, no solo es más amigable, sino que creo que otorga todas las garantías y, además, la suficiente flexibilidad como para que, si se diera un caso particular con relación a un tema en el que, repito, la casuística es absolutamente interminable, se pueda contemplar que en los hechos ese plazo se supere y se prolongue.

SEÑOR BERGARA.- Además, en la versión que ingresó al Senado, no está fijado el plazo.

(Dialogados).

SEÑOR ABDALA.- Tal vez esa sea una razón más para corregir la redacción, que seguramente es imperfecta.

A nosotros, señor presidente, nos parece mucho mejor la versión original, cuyo literal C) dice: «Los interesados tendrán derecho a acceder al informe y solicitar su revisión en caso de discrepar con él». Y luego viene lo importante: «La evaluación de los aspirantes para el ingreso a dicho registro no se podrá prolongar más allá de un plazo de 18 meses contados desde la manifestación de voluntad por escrito de los aspirantes realizada ante el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). En caso de no ser posible la evaluación de los aspirantes en el mencionado plazo, el Departamento de Adopciones del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) deberá presentar un informe fundado detallando las razones particulares que motivan la demora al Directorio del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) quien podrá adoptar las medidas que considere necesarias para el caso».

                Yo creo que esta es una redacción mucho mejor, sin perjuicio, señor presidente, de que la comisión pueda encontrar otra, una tercera versión que, incluso, mejore la que acabo de leer, que es la que dejamos a consideración del Senado de la República.

                Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Creí entender que se respondió que era preceptivo el informe del equipo del INAU, pero no, el artículo dice lo contrario, es decir, que podrá prescindir de él y, después, elegir qué equipos técnicos lo asesoran. El juez no tiene la obligación de contar con un informe específico del equipo de INAU; aclaro esto porque me pareció entender que se dijo que era algo preceptivo.

SEÑOR ABDALA.- En realidad, no estaba respondiendo a ese aspecto, sino a algo que la señora senadora mencionó, en cuanto a que hoy, en las situaciones de hecho a las que aludí, la intervención del INAU era preceptiva o en esos casos el instituto se pronunciaba a través de un informe que hacía llegar a la Justicia. Simplemente, en los hechos y por lo que me he asesorado –repito, hace pocas semanas que estoy en el organismo–, eso no acontece; lo que hay es una notificación que en la práctica el INAU termina consintiendo, aunque  eventualmente la puede apelar. En última instancia esa decisión podrá ser revisada por un tribunal de alzada, de apelaciones de familia.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Fernando).- En primer lugar, me da mucha satisfacción que un tema que tiene que ver directamente con la vida de los niños y las niñas esté presente en el ámbito parlamentario; es algo que me parece que hay que destacar.

                En segundo lugar, lo que voy a compartir tiene que ver con la situación de haber pertenecido al directorio del INAU durante los últimos cinco años; de hecho, el director Rodríguez y quien habla permanecemos a la espera de la conformación definitiva del nuevo directorio. En estos cuarenta y cinco días –como decía el doctor Abdala– hemos acompañado la gestión del presidente, con el que tenemos muchísimas más coincidencias que diferencias, aunque hemos sabido trabajar estas últimas en procura de la mejor misión posible del organismo. Quiero decir que, en lo personal, venimos desarrollando una experiencia con altos niveles de satisfacción.

                También quiero expresar que no estamos frente a una experiencia fracasada ni frente a un sistema que castiga a los niños, sino –como dijera el doctor Abdala– ante la necesidad de mejorar un sistema; creo que ese es el verdadero contexto. Si analizamos esto desde la percepción de que tenemos un sistema fracasado o castigador, tendremos un camino,  pero si  lo  vemos desde la perspectiva de que contamos con un sistema que –como decía la vicepresidenta, con quien comparto absolutamente los conceptos que nos ha trasmitido– ha sido aprobado por la unanimidad del Parlamento, notaremos que obviamente necesita mejoras, precisa avanzar; eso no está en discusión. En este sentido, uno de los grandes desvelos de este directorio es avanzar en el sistema de adopciones; un sistema garantista, pero que necesita mejoras sustantivas a la hora de la gestión. Se requiere una mayor descentralización del sistema y no abandonar ni un minuto la competencia de rectoría en el tema que compete al INAU. Como decía la vicepresidenta, esto no quiere decir que el INAU tenga que hacer todo; sí debe ser el responsable de todo, aunque puede hacerlo a través de las organizaciones sociales, pero no abandona ni delega la competencia de rectorar el factor y los temas de adopciones.

                Con relación a la ley, creo que es un tema que requiere mucho debate y lo más adecuado sería que se analizara fuera de la discusión de un proyecto de ley de urgente consideración. De todas maneras, la realidad indica que el tema está incluido en este proyecto de ley y hay que ser responsables con ese marco institucional, político y social que tiene el país; por lo tanto, se nos requiere la obligación de aportar al sistema.

                Hay algunos matices vinculados a la excepcionalidad que el juez podría llegar a tener –se la otorgaría la ley– de ir por un camino distinto al que propone el INAU. Creo que esto no tiene que ver con la desconfianza del juez, sino con dotarlo –y por ende, a la decisión judicial– de los mecanismos técnicos de valoración de familia que la misma institucionalidad nacional, en este caso la rectoría del INAU, se da.

                Creo que perdemos la oportunidad de poner el servicio de adopciones excepcionales a disposición de las novecientas familias que integran el Programa de Acogimiento Familiar. No es lo mismo que el juez tome la decisión de integrar a un niño en una familia que fue valorada por su capacidad de ser familia de acogimiento, una familia que fue supervisada durante uno, dos, tres o cuatro años. Ese proceso puede ser asimilado a un proceso de valoración de familia para la adopción porque hubo acompañamiento técnico.

Ahora bien: si llega una familia por fuera de cualquiera de los sistemas que otorgan garantía de valoración y de seguimiento, de integración de esos niños a familias de acogimiento, ahí sí pueden aparecer algunas dudas, salvo que el juez se base en los informes técnicos y no evite los informes técnicos de INAU. Pero aquí se presenta un problema muy importante; si hoy se da esta situación y el juez  pide al INAU que desarrolle un informe técnico para ver si una familia tiene condiciones para adoptar a un niño, el INAU no lo puede hacer con una visita familiar o con una entrevista porque requiere –para ser serios técnicamente y garantistas de los derechos de ese niño– de un procedimiento bastante más complejo, que informarle a un juez si esa familia puede o no puede. Por lo tanto, las novecientas familias que hoy conforman el Programa de Acogimiento Familiar es un universo en el que ya se ha comprobado capacidad de cuidado y la aplicación de este texto sería dotarlo de mayores garantías.

                Con relación a los dieciocho meses, hay que aclarar que todo el proceso de acogimiento es muy complejo y muy difícil de regular por ley en términos de tiempo. Hay tiempos de trabajo de los equipos técnicos para evitar la salida del niño de las familias de origen. Esa es la principal estrategia: que no haya pérdida de la capacidad de cuidado de la familia de origen. Y tanto el Mides, como el INAU, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación y Cultura trabajan muchísimo como sistema de protección integral.

Si no hay más niños en condiciones de adoptabilidad en nuestro país –que comparativamente no son muchos– es porque hay un sistema de protección integral trabajando con la familia, entre ellos, los programas Cercanía, Uruguay Crece Contigo, Clubes de Niños, Caif, casas comunitarias, centros de atención a la primera infancia, es decir, una enorme cantidad de dispositivos que trabajan con la familia antes de que pierdan la condición de cuidar. Eso también es parte del sistema de protección, y no ha fracasado. De alguna manera, esto hace al fortalecimiento de las capacidades de cuidado de las familias de origen. Si luego de todo esto la familia igual pierde esa capacidad, el niño entra en un proceso de internación o de pasaje a familia de acogimiento, pero se sigue trabajando con la familia de origen.

¿En qué momento –este es un tema absolutamente ético, moral, delicado y técnico– un equipo técnico decide que una familia de origen no puede cuidar al niño? Esa decisión no puede estar legislada en términos de tiempo, no podemos apurar a un equipo técnico a que defina que la familia perdió absolutamente la capacidad de cuidado. Este tema es complejo y tiene que ser absolutamente técnico, pero cuando el equipo llega a esa convicción –por determinados análisis– le pide al juez que determine la condición de adoptabilidad. Ahí se empieza de cero, al igual que el juez, que tendrá que evaluar si la familia realmente perdió la capacidad de cuidado. Acto seguido, convocará a la familia y probablemente aparezca una abuela, un tío o un hermano. Esos son tiempos en que el niño está esperando una solución definitiva. Esos tiempos también hay que contarlos, hasta que el juez determine la condición de adoptabilidad. No es de un día para otro, no es un tema sencillo, es un tema complejo porque el juez también tiene que tener las herramientas suficientes como para garantizar el derecho.  No puede tomar una decisión por estar presionado a definir una condición de adoptabilidad. Luego de que el niño tiene definida la condición de adoptabilidad, tiene que darse el encuentro con la familia. Pero, ¿con qué familias? Hoy tenemos trescientos noventa y cinco niños con condición de adoptabilidad. Solo cien no tienen alguna de las condiciones que las familias ponen para no aceptar la adopción de un niño.

Esas condiciones son que no tenga una enfermedad crónica, que no tenga más de siete años, que no tenga hermanos y que el juez no haya determinado mantener el vínculo biológico con la familia. Estas son  cuatro condiciones que se hacen evidentes cuando uno empieza a recorrer la lista de familias de registro único, pues la respuesta que uno encuentra es que las familias no se encuentran en condiciones de adoptar un niño con enfermedad crónica, o  mayor de siete años, de adoptar dos o tres hermanos, o de mantener el vínculo con la mamá. Por lo tanto, quedan pocos niños para las 75 familias que están en el registro único. Tendrían que ser muchos más y, como decía el doctor Pablo Abdala, hay casi 600 familias que están esperando el proceso de valoración. Entonces, ¿a dónde llegamos? A que los tiempos que hay que acortar son los que van desde que una familia manifiesta su voluntad de ser valorada y el momento en que empieza la valoración. Creo que no debemos legislar sobre los tiempos de la valoración, porque se trata de procesos absolutamente técnicos. ¿Cuánto tiempo le lleva hoy al INAU un proceso de valoración? La respuesta es nueve o diez meses. Ese es un tiempo adecuado como para que la familia, desde el punto de vista psicosocial, vaya incorporando la nueva realidad de integrar uno o dos niños a su familia. Ese tiempo no debe legislarse, porque es un tema técnico y que hay que evaluar en términos de desempeño de los funcionarios. Pero, repito, no debemos tocar esos tiempos legislando sobre ellos. Pero, ¿cómo achicamos los tiempos desde el momento en que la familia expresa su voluntad y empieza a ser valorada? Creo que esta ley puede ayudar. Ahora bien, cometeríamos un gran error si pensáramos que esta modificación resuelve el tema, pues no lo hace. Es más, tengo el temor de que si no continuamos esta discusión y no tomamos otras decisiones, aunque se aprueben estos artículos dentro de uno o dos años la situación sea exactamente la misma. ¿Qué podemos hacer? Hemos desarrollado un profundo diagnóstico, en acuerdo con Unicef y el LATU, de los procedimientos de adopción. Hay un plan de trabajo para mejorar y revertir esta situación –el presidente del INAU, doctor Pablo Abdala, algo mencionaba de esto sobre conversaciones con el director de adopciones– y que tiene que ver con descentralizar, es decir que no todo pase por la oficina de Montevideo. Tenemos 19 oficinas departamentales que pueden ser capacitadas para que estén en condiciones de iniciar el proceso de valoración de familias en el ámbito del territorio. Eso daría mayor garantía que estar concentrado en Montevideo. Hay un plan de mejora de la calidad del procedimiento de adopción, que deberíamos empezar a ejecutar, pues está pronto.

                Por último, debemos dotar al departamento de adopciones de mayores recursos, es decir que sí es un tema presupuestal, sí es un tema de recursos. Si hoy el departamento de adopciones tuviera el doble o el 50 % más de técnicos, psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, la fluidez de capacidad de valoración de la familia sería mucho mayor y, de alguna manera, reduciríamos muchísimo los tiempos. En lo personal, creo que esos tiempos tendrían que ser mucho menos de 18 meses.

                Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- Agradezco mucho la paciencia que todos han tenido para escuchar esta exposición en relación a los contenidos de estos artículos del proyecto de ley de urgente consideración.

                Esperemos que se cuente con los votos para apoyar estos instrumentos que necesitamos para tener una mejor gestión y ayudar más a los uruguayos que están más necesitados que nosotros.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia del señor ministro, del subsecretario,  del directorio del INAU, así como de sus asesores.

                No quiero culminar la sesión sin recordar al extinto señor senador Guillermo García Costa, pues fue un gran trabajador en todos los temas vinculados a la adopción, ya que se ha hecho mención a varios legisladores.

                Se levanta la sesión.

(Son las 13:19).