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Carátula

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL

PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

(Sesión celebrada el día 12 de mayo de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 9:42).


(Ingresan a sala los representantes de la Federación Uruguaya de Magisterio, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y de la

Asociación de Funcionarios de UTU).

–Buenos días.

Damos la bienvenida a la delegación de funcionarios de la FUM, de Fenapes y de Afutu, integrada de la siguiente manera: señoras Elbia Pereira y Gabriela Arbeleche, y señor Alejandro Sesser, por la Federación Uruguaya de Magisterio; señor Alfonso Larraya y señora Alejandra Vespa, por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria; y señora Patricia Massiotti y señores José Olivera y Víctor Rosado, por la Asociación de Funcionarios de UTU.

Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR OLIVERA.- Buenos días, señor presidente.

Los representantes de la FUM-TEP, de Fenapes y de Afutu saludamos a todos y les agradecemos el espacio que nos han brindado.

                Vamos a intentar transmitir a esta comisión los conceptos generales y algunos elementos particulares, tratando de ceñirnos a un tiempo determinado, sobre todo porque a partir de los planteamientos generales, vamos a pedirles a las compañeras que  especifiquen algunos de los puntos que vamos a reseñar.

                Ante todo quiero aclarar que nuestra organización, como Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, viene analizando esta iniciativa con mucho detenimiento desde hace ya varios meses, e incluso desde cuando se comenzaron a formular algunos planteos en torno al contenido general del posible proyecto de ley con carácter de urgente consideración. Ni que hablar que hemos profundizado dicho análisis a partir de su ingreso formal al Parlamento.

En ese sentido, el primer aspecto que queremos dejar establecido es que, efectivamente, desde nuestra visión, estamos ante un nuevo proyecto de ley de educación. Decimos esto más allá del ejercicio matemático contenido en la exposición de motivos que acompaña el articulado, donde se argumenta que no se trata de una nueva ley de educación. En realidad, entendemos que lo que hay que analizar con detenimiento es el contenido, más allá del ejercicio matemático.

Para nosotros es importante señalar el hecho –reitero– de que estamos ante un nuevo proyecto de ley de educación y, con una perspectiva histórica, destacar las diferencias del proceso y de los mecanismos con que se discute esta nueva ley de educación, comparándola con las dos últimas leyes que tuvo el país desde la recuperación democrática hasta hoy. Ni la Ley de Emergencia de la Enseñanza ni la Ley General de Educación se discutieron bajo el rótulo «urgente consideración»; esto nos parece un dato no menor a la hora de realizar el debate y análisis del tema.

En segundo lugar, a partir de esta afirmación de que estamos ante una nueva ley de educación, trataremos de esbozar los cuatro o cinco grandes ejes que la articulan. El primero de ellos tiene que ver con la creación de una nueva institucionalidad, a partir del artículo 147, literales D) y E), reforzada con las potestades que se le otorgan al Ministerio de Educación y Cultura en el artículo 154, literal R). Vemos una excesiva concentración de potestades en el Ministerio de Educación y Cultura, algo que desde nuestro punto de vista colide largamente con lo que establece el artículo 202 de la Constitución, en especial con referencia al carácter de autonomía de los entes de la enseñanza. Incluso, la doctrina ha señalado que esta autonomía tiene dos componentes centrales: uno es la especificidad, y el otro, la especialidad de los entes de la educación, algo que no está pensado para el Ministerio de Educación y Cultura. Tan vasto es este proceso de concentración de facultades y potestades en dicho ministerio –y, a través de este, en el Poder Ejecutivo–, que hasta se llega a modificar las leyes orgánicas de la Universidad de la República y de la propia UTEC, transfiriendo a este ministerio, por ejemplo, la determinación de las reválidas de títulos de carácter universitario.

El segundo eje –que nos preocupa sobremanera en esta nueva institucionalidad que se crea– es la desarticulación del Sistema Nacional de Educación Pública. Para nosotros, esto significa un retroceso bastante importante porque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, y nada mejor que hacerlo en el marco de un fortalecimiento de su propio Sistema Nacional de Educación Pública como elemento garantista del pleno ejercicio de ese derecho, pero también como elemento clave para la articulación y el desarrollo de la política educativa nacional. En especial, la articulación que en el marco del Sistema Nacional de Educación Pública distintas instituciones y niveles del sistema educativo vienen llevando adelante hoy se abandonan, como se abandonan también ciertas políticas que el Estado se comprometió a llevar adelante. Tal es el caso de la extensión del tiempo pedagógico, un aspecto largamente reclamado y necesitado por el conjunto de nuestra sociedad.

El Otro aspecto que nos parece importante señalar es que hay una redefinición sustantiva de los fines y objetivos de la educación formal, particularmente a partir del artículo 132, mediante el cual se redefine el concepto de educación formal, y las modificaciones que luego se generan para los distintos niveles del sistema educativo formal, establecidas en los artículos 135 a 139 de la iniciativa que se está analizando. Nos parece que un cambio sustantivo debería instrumentarse en otras condiciones de discusión política, incluso con la participación de un conjunto de actores que no van a tener el tiempo necesario para poder debatir –dado el carácter de urgente consideración de este proyecto de ley– si efectivamente este cambio sobre los fines y objetivos de la educación formal es compatible con los intereses, perspectivas y necesidades de nuestra sociedad. 

El cuarto eje que nos parece importante señalar es que en la exposición de motivos que acompaña al articulado en muchas ocasiones se hace referencia a la bibliografía internacional, como si en materia educativa hubiera una sola voz en el mundo y no distintas perspectivas. Cuando uno rastrea ciertos contenidos y conceptos de esa bibliografía –que no es explicitada– ve que invariablemente lo remite a la OCDE y al Banco Mundial como hacedores de política educativa. En ese marco, a pesar de algunos planteos que hemos escuchado en las últimas horas, toda la bibliografía internacional en materia educativa es unánime en afirmar que debe diferenciarse la privatización «de» la educación y la privatización «en» la educación,  como dos mecanismos que corren en paralelo y que afectan fuertemente el marco de algunas políticas en materia de educación que hoy se están promoviendo a nivel mundial.

                A nuestro entender, en este proyecto de ley que se está analizando están presentes los dos elementos mencionados y, en particular, muchos de los cambios institucionales que se plantean tienen una lógica de funcionamiento propia que podríamos definir como un proceso de privatización en la educación pública. Estamos hablando, en especial, de la adopción de dinámicas, métodos y lógicas propias del mundo empresarial de aplicación en el sistema educativo, al punto de que hoy –aún sin haberse aprobado esta iniciativa– el actual presidente del Codicén ya habla de la ANEP como una gran empresa, como si eso fuera lo que definiera al sistema educativo.

Un quinto eje que articula este proyecto, y que nos preocupa, es el proceso de concentración política administrativa que se da en el marco de la propia ANEP, mediante el cual la desaparición de los consejos nos retrotrae casi cien años en la historia educativa del país. Ese proceso de concentración política administrativa en el Codicén de la ANEP, con la consecuente desaparición de los consejos de la educación, genera a su vez, una fuerte desconcentración –mal llamada autonomía de los centros–, que va también en consonancia con la bibliografía internacional, particularmente con las recomendaciones de la OCDE y del Banco Mundial. 

Nos parece que esto es motivo por lo menos de alguna reflexión, dado que Uruguay ha ido construyendo un sistema educativo en el cual la generación de los consejos de educación trasciende a quienes estamos hoy aquí. Con esta lógica empresarial que se intenta imponer en esta reforma estructural del sistema educativo, se borra de un plumazo la rica historia de los consejos como el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Secundaria y el propio Consejo de Educación Técnico Profesional, más conocido por todos como UTU. 

El último punto que queremos reseñar tiene que ver con un tema que nos preocupa, y es que en esta nueva ley de educación que se está promoviendo hay una reforma laboral estructural que quita lógica y sentido a la carrera funcional, hace desaparecer la estabilidad laboral y todo el articulado que se promueve –no solamente en el artículo 191– dentro de la sección III, de educación, sino también algunas disposiciones o planteos contemplados en las secciones VI y VII –en particular, los artículos 339 y 340–, nos amerita algunas reflexiones, en principio en términos de forma, porque discutir su contenido llevaría mucho más tiempo. Y nos preocupa en especial este tema porque el artículo 64 de la Constitución habilita al legislador a poder determinar normas de carácter estatutario, pero más allá de lo que allí se establece, también impone claramente algunas limitaciones a esa potestad. Una de ellas es que las normas que se definan sean de aplicación general a varios sectores de trabajadores, y parece ser que este no es el caso; nos referimos particularmente al artículo 191.

El artículo 64 de la Constitución también establece que al tratarse de normas estatutarias, tendrían que ser aprobadas por mayorías especiales, que es algo que tendremos que analizar y ver si efectivamente es lo que ocurre.

Señor presidente: llama la atención el hecho de que el Poder Ejecutivo, que ha señalado que respeta el sistema de relaciones laborales, introduzca una modificación sustantiva en las condiciones de trabajo, sin negociación colectiva y violentando, eso sí, la Ley n.° 18508, que es la que establece el sistema de relaciones laborales dentro del sector público.

Con estos conceptos generales queremos cerrar nuestra exposición y manifestar que, desde la perspectiva del conjunto de las organizaciones sindicales, estamos efectivamente ante una nueva ley de educación, debido a su contenido, con un carácter refundacional que en varios aspectos retrotrae a la historia de la educación uruguaya de cien años atrás. En este caso, podemos mencionar no solamente la desaparición de los consejos sino también otros componentes, como por ejemplo, la obligatoriedad de que sus jerarcas deban tener una actuación mínima de diez años en la educación pública, algo que ya la ley que creó el Consejo de Educación Primaria de ese entonces lo preveía.

SEÑORA PEREIRA.- En primer lugar, quiero agradecer el espacio y el tiempo que nos brindan –aunque sea escaso– para analizar un capítulo que contiene tantos artículos y tantas modificaciones de la historia que tiene la educación pública uruguaya, por lo cual vamos a tratar de hacer una síntesis.

Me voy a referir al artículo 191 de este proyecto de ley que se refiere específicamente a los estatutos de los funcionarios tanto docentes como no docentes. Como ya mencionó el compañero Olivera –y estamos de acuerdo–, esta norma tiene que ver con contratos laborales, con un estatuto en el que se establecen derechos y obligaciones de los funcionarios, el cual debiera, en caso de realizársele modificaciones, tener instancias de negociación colectiva, que ni se mencionan y no hay por qué hacerlo. Además, establece regímenes especiales que no sabemos a qué se refieren y atribuye esta potestad al Codicén de la ANEP pero supeditado a lo que se haya coordinado con el Ministerio de Educación y Cultura.

En el literal B) del artículo 192 se habla de compensaciones o complementos salariales y otros beneficios, lo que genera una preocupación en quienes tenemos título de magisterio y accedemos a los cargos cien por ciento por concursos de oposición y mérito, en esto está toda la formación que tenemos como maestros durante toda nuestra trayectoria. La norma refiere a compensaciones o complementos salariales y otros beneficios, pero deja por fuera la figura del concurso, tan largamente defendida por el magisterio uruguayo.

De acuerdo con el artículo 169, se fomenta la estabilidad de los planteles en los centros educativos, con lo cual podemos estar de acuerdo, pero asimismo se dan atribuciones para ese fomento de planteles estables a las direcciones de los centros educativos, entre otros. ¿Qué quiero señalar con esto? ¿Serán las direcciones de los centros escolares las que decidan sobre la permanencia y la estabilidad de los docentes, que llegarán a ellos mediante qué mecanismos? Todas estas son cuestiones que se establecen en el proyecto de ley y nosotros queremos señalarlas.

Seguramente lo sepan, pero no queremos dejar pasar el tema de los ascensos en el Consejo de Educación Inicial y Primaria.

                Los ascensos en primaria están dados por antigüedad como, hasta el momento, en todo el sistema educativo público, pero existe un elemento que no ha sido tomado en cuenta –tal vez, por no ser largamente difundido– que es el concurso de pasaje de grado. Además, de tenerse en cuenta la antigüedad, se concursa para pasar de grado. Eso no se ha tomado en cuenta en este proyecto de ley.

                Por otro lado, se puede acordar respecto al compromiso con la metodología de trabajo o proyecto de centro en tanto los docentes formen parte de la construcción de ese proyecto de centro y ese compromiso, pero aquí se lo vincula a la permanencia en el cargo. ¿Quién va a evaluar el compromiso que dependa de su permanencia o no en el cargo? Ya no va a ser por el resultado de un concurso de oposición y méritos, sino por otra figura que evaluará la permanencia en el cargo. Y esto está delegado en las direcciones de los centros escolares con todas las dificultades que ello puede coadyuvar. Puntualmente, me quería referir a ese artículo. Me gustaría que a continuación hiciera uso de la palabra la compañera Gabriela Arbeleche para referirse a otro de los artículos y así tener un poco más de profundidad.

SEÑORA ARBELECHE.- Buenos días. Estoy aquí como representante de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria.

                Nos gustaría también referirnos específicamente a este punto que es de una honda preocupación para el magisterio nacional porque tenemos una larga historia con respecto al ingreso por concurso y la continuidad de la carrera, de todos nuestros funcionarios docentes y no docentes.

                Dentro de primaria tenemos un instituto de formación en servicio y, además, contamos con cursos que también provee el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay –PAEPU–, donde, en el último quinquenio, se han formado más de cuarenta mil docentes. Eso no quiere decir específicamente que cuarenta mil docentes se formaron, sino que hubo una continuidad de docentes realizando cursos. Esto ha permitido que cada uno de los maestros y profesores, que están dentro de primaria, todos los años tengan cursos a disposición para ir formándose en las diferentes áreas. El año pasado –para hacer referencia a un tiempo más cercano– más de ocho mil docentes se formaron en el Instituto de Formación en Servicio, en cursos disciplinares o cursos en diferentes áreas, como especializaciones en lengua, matemáticas y diplomados, que se están haciendo.

                Por lo tanto, es muy importante que se considere que no solamente se ingresa al sistema por concurso, sino que a lo largo de la carrera los docentes se siguen formando todo el tiempo. Creemos, entonces, que debemos mantener la transparencia que implica el ingreso y el ascenso en la carrera por concurso. Es una forma de garantizar que todos tengan la posibilidad, de acuerdo a lo que están haciendo en su carrera, de poder avanzar y estar en los lugares donde mejor lo consideren. Además, todos los docentes participan en los proyectos de los centros escolares, cosa que no es nueva sino que se viene construyendo desde hace muchísimos años.

En consecuencia, entendemos que deben ser todos los colectivos los que continúen construyendo los proyectos y que no sea como una competencia de en qué lugar puedo realizar mejor mi tarea para que alguien elija si estoy o no allí, cosa que también va a afectar a nuestros niños. Porque habrá niños que tendrán la posibilidad de estar en determinados centros y otros  que quedarán fuera. Eso también nos preocupa mucho.

SEÑORA MASSIOTTI.- Buenos días. Mi nombre es Patricia Massiotti y represento a la Asociación de Funcionarios de UTU.

                En continuidad de lo que acaban de expresar los representantes de primaria, en la Universidad del Trabajo del Uruguay nos preocupa la modificación de la carrera docente. UTU tiene la característica de que sus cursos tienen un componente equivalente al de secundaria, pero también tiene un área tecnológica propia –de la especificidad de cada curso– que hace a la especificidad de cada centro educativo. Por tanto, no todos los docentes de áreas tecnológicas pueden dar clase en cualquier centro educativo de UTU; siempre estamos hablando del área tecnológica.

Se modifica la estructura de la carrera funcional en cuanto a las direcciones y al cuerpo docente. Los directores escolares tienen un orden escalafonario estructurado y eligen su centro educativo para dirigir. Hay cierta movilidad en la elección de los centros por el cambio de personal, las jubilaciones, los intereses de la institución y de los propios docentes que llegan a las direcciones escolares, etcétera. Puede pasar, al cambiar la metodología, que muchos docentes queden sin trabajo y sin sus horas de clase en su área tecnológica,  al no poder acceder a la escuela que dicta esos cursos. Eso va en contra de la carrera funcional histórica, de la construcción de los escalafones.

Además, vemos que puede haber un problema presupuestal pensando en el artículo 15.3 del Estatuto del Funcionario Docente, que le asegura la unidad docente a los docentes efectivos. Ese es un tema central para la institución por la especificidad de sus centros.

SEÑORA VESPA.- Buenos días. Represento a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Justamente quiero reafirmar algunos de los aspectos mencionados en términos generales.

La primera cosa que enfáticamente queremos dejar planteada es lo que  implica generar una  nueva ley de educación –es así como la definimos– incluida dentro de otra ley que, en este caso, es la que se está considerando en estos momentos, es decir, la de urgente consideración. Queremos plantear claramente lo siguiente: la educación pública tiene, sin duda, la necesidad  de ser objeto de la discusión de este Parlamento –sin duda que sí–, así como también de la ciudadanía en general y de todos aquellos que tenemos organizaciones sociales y sindicales directamente involucradas con la educación. Sin embargo nos parece improcedente, justamente, plantear la concepción de una nueva ley inmersa en otra.

                Otra cosa que queríamos claramente dejar establecido –y que ya se ha planteado– es que justamente en la ley que aparece ahora en discusión, se vulneran las potestades de la autonomía del ente que nos compete en este caso, la Administración Nacional de Educación Pública, Sin duda, la gran preocupación que tenemos es con respecto a lo que son los destinos a nivel de la educación y de esa desarticulación del sistema nacional de educación pública.

Sumado a eso está lo que ya planteamos, es decir, la nueva institucionalidad; creo que esos son elementos fundamentales que no pueden estar por fuera de la discusión.

Ya habíamos planteado la necesidad de que la situación de la educación generara, sin duda, una profunda discusión y debate, con los tiempos necesarios,  procedimientos y procesos, que consideramos se debe tener para temas tan sentidos como este.

                Por otro lado y en el caso de las relaciones laborales, insistimos en que, por un lado, tenemos las competencias y, por otro, a quién le compete. Está bien; en este caso el Parlamento tiene las potestades de dar los lineamientos generales, pero la conformación –como bien decían los compañeros– a nivel de los estatutos de los entes autónomos, en este caso es competencia de esa administración y, estrictamente, la ley plantea la necesidad de esa negociación colectiva. No solamente aquí se plantean modificaciones que no atañen a eso, sino que ya le fijan al órgano –que posteriormente debe trabajar sobre esos estatutos– los lineamientos y los incluye dentro de la  propia ley. Justamente, nosotros queremos dejar establecido cómo estos elementos no deben ser incluidos y cómo deben ser ámbitos posteriores de negociación clara, específicamente en todo caso, con esa Administración Nacional de Educación Pública. También vemos con profunda preocupación que se desarticule lo que es el sistema nacional de educación pública, la institucionalidad y la forma de organizar ese sistema. Consideramos que la desaparición de los consejos, la centralidad justamente en una gerencia, con la incidencia de la concepción de gestión privada en la educación, es un profundo error para los planteos a nivel de la educación y los que se necesitan en todo el país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores senadores no tienen preguntas, agradecemos su participación en la mañana de hoy. Les haremos llegar la versión taquigráfica cuando esté pronta. Que tengan buenos días.

(Se retira la delegación de la Administración Nacional de Educación Pública).

 

(Ingresa a sala la delegación de Affur y de ADUR).

–La comisión especial que está analizando la ley con declaratoria de urgente consideración tiene el agrado de recibir a una delegación de Affur, integrada por los señores Marcelo Bustamente, Brenda Vietro, Luis Campoy y Hugo Echeverry; y a una delegación de ADUR, integrada por los señores Héctor Cancela, Agustín Cano, Cecilia Olivieri y Juan Valle Lisboa.

                La presidencia quiere aclarar que pueden quitarse el barbijo al momento de hacer uso de la palabra para su mayor comodidad;  sin más, les cede el uso de la palabra.

SEÑOR CANCELA.- Buenos días. Muchas gracias por la convocatoria. Mi nombre es Héctor Cancela. Vengo en representación de ADUR (Asociación de Docentes de la Universidad de la República).

                En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí los representantes de los gremios de los trabajadores de la Universidad de la República, tanto los docentes como los compañeros funcionarios, técnicos, administrativos y de servicios. Creemos que esta invitación se enmarca dentro de las mejores tradiciones uruguayas, en cuanto a que nuestra sociedad y nuestro Parlamento siempre han convocado, han escuchado y se han dado la oportunidad de discutir ampliamente para determinar o elaborar las leyes que nos afectan a todos los uruguayos.

                Creemos que esta oportunidad de amplia discusión es lo que ha permitido que el Uruguay sea visto, muchas veces, como un país modelo; un país que ha logrado amplios avances. Quizás ello no se deba a la velocidad con que ha definido los temas, sino a la profundidad de la discusión, por el hecho de dar la oportunidad a todos los puntos de vista para cotejarse y lograr, en definitiva, las leyes que han permitido que nuestro país haya avanzado social y, poco a poco, económicamente.

                El colectivo de los docentes ha discutido y ha debatido bastante acerca de este proyecto de ley de urgente consideración. Justamente, una de las primeras preocupaciones que tenemos al respecto está dada por la coyuntura. Sabemos que es un momento difícil para la sociedad uruguaya; el coronavirus es casi el tema de discusión continuo y eterno. La posibilidad que tenemos los colectivos de discutir los temas se ha visto acotada. Con este proyecto de ley, por el tratamiento y por la amplitud de temas,  se corre el riesgo de no llegar a dar esa discusión profunda que, como dijimos, entendemos que es la característica de nuestro país. Si bien entendemos que es un contexto que nos preocupa, no queremos hacerles perder demasiado tiempo con esto.

Como institución nos interesan muchos aspectos del proyecto de ley, pero no vamos a entrar en cada uno, sino que nos vamos a focalizar en los más específicos de la educación por ser los que nos atañen de forma más directa.

En particular, nosotros vemos una serie de cambios y modificaciones que son realmente amplios y, en algún sentido, refundacionales. En el mismo sentido de lo que venía expresando, creemos que un cambio profundo en la educación necesita y merece un debate, que no puede ser acotado en plazos tan breves y dado en el contexto de emergencia social y sanitaria en que vivimos. De alguna forma, la preocupación de fondo es lograr, de alguna manera, que las leyes que elaboremos como sociedad —y que les compete a ustedes como Parlamento aprobar— sean las que mejor se sostengan con el paso del tiempo. Es decir, aquellas leyes que, como hemos visto en el pasado, han tenido la mayor elaboración, discusión y la mayor base social, que es lo que les ha permitido perdurar. 

Para entrar específicamente en los aspectos coordinativos y, de alguna forma, en el cambio global del sistema educativo que este proyecto de ley propone, le cedo la palabra a uno de nuestros compañeros, Agustín Cano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Agustín Cano.

SEÑOR CANO.- Muchas gracias por recibirnos. En mi caso también pertenezco a la delegación de ADUR y quisiera hacer un comentario que después vamos a ejemplificar con algunos artículos del proyecto de ley de urgente consideración propuesto, que creo que fundamentan la posibilidad de interpretar que en materia educativa estamos ante una norma que propone un cambio estructural. Me refiero a un cambio estructural que, de algún modo, va a contracorriente de la tradición educativa que todos los partidos políticos de nuestro país fueron construyendo a lo largo del siglo XX, o sea, un sistema educativo público y coordinado, con la autonomía como uno de sus principios estructurales.

El artículo que elimina el sistema nacional de educación pública debilita y suprime muchos de los espacios de coordinación interna de ese sistema, que son una condición fundamental para su funcionamiento, y en el contexto de pandemia lo estamos pudiendo constatar en forma especial. No quiero decir que esa coordinación esté funcionando de un modo perfecto, pero apuntar a mejorarla debería ser un objetivo y no tender a suprimirla.

Por su parte, el artículo 307 de la LUC rebaja en USD 4:000.000 el máximo anual destinado a la universidad y a la UTEC para gastos de inversión en equipamiento científico y al mismo tiempo habilita al Estado a conveniar con instituciones privadas que no tienen este tipo de limitaciones.

Si uno analiza estas normas, así como otra cantidad de artículos de este proyecto de ley, puede identificar una dirección tendencial hacia el cambio de un sistema público articulado a un sistema mixto público-privado en competencia.

Creo que eso es preocupante y además no hay evidencia en el sentido de que ese tipo de sistema funcione mejor. Por el contrario, la evidencia existente demuestra que esa clase de sistemas suele ser más desigual en cuanto al acceso, permanencia y logros educativos.

Como decía recién el señor Héctor Cancela, sí tenemos evidencia de que los cambios que perduran en materia educativa son los que se basan en las propias tradiciones y las toman como fortaleza, recreándolas de acuerdo con las nuevas circunstancias epocales o modificaciones a nivel de la sociedad; también los que se basan en procesos participativos que escuchan y dejan lugar a las partes del fenómeno educativo, como las instituciones, los docentes, los estudiantes y las familias; y además los que se basan en una discusión adecuada, realizada en los tiempos apropiados y con posibilidades de acceso a la investigación académica, a los antecedentes y a la investigación comparada, que en el caso de la educación es muy nutrida.

Pensamos que un cambio de esa magnitud debería ser motivo de una ley que estuviera por fuera de un dispositivo de urgente consideración, que permitiera estudiar todo este proceso para mantener una educación adecuada.

SEÑOR VALLE LISBOA.-  Buenos días. Por mi parte también integro la delegación de ADUR y quisiera hacer algunos agregados.

El señor Agustín Cano recién decía que el proyecto de ley en algún sentido propone un cambio estructural del sistema educativo. Se habla de las cosas que le faltan o que no están bien en la iniciativa, pero nosotros nos queremos referir a lo que no está explícitamente mencionado. Creemos que se desarma una coordinación, que quizás no funciona del todo bien, pero lo que se elabora no parece ser un sistema coordinado de educación pública. Por ejemplo, en las instancias en las que se debate o donde se generan espacios de coordinación, la participación de las instituciones públicas se diluye en comparación con el resto de las instituciones. La Universidad de la República, que tiene un papel preponderante en alguna de estas comisiones, pasa a ser una más de un sinnúmero de integrantes. No está mal que haya participación de toda la sociedad, pero me parece que los pesos específicos de las instituciones y de las tradiciones no están del todo contemplados en este sistema. Quizás la voluntad de quienes redactaron esta norma no es esa, pero es muy difícil discutir en estas condiciones las consecuencias que una ley tan compleja tendría sobre la sociedad.

Asimismo quiero mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la distinción entre lo técnico, lo académico y lo político. Por ejemplo, se habló mucho, durante un largo tiempo, acerca de la independencia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un lugar donde claramente se pueden hacer grandes aportes a la política pública, basados en investigación y en datos. Sin embargo, ahora pasa a tener una dependencia muy fuerte del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, a un lugar donde se podría decir que hay una articulación político-academia fuerte se lo pone en un lugar de toma de decisiones muy centralizado. En el mismo lugar en el que se hacen las políticas, se evalúan. No nos parece del todo adecuado.

                Vemos algunos otros asuntos que no afectan directamente a la universidad, pero que son sistémicos, como, por ejemplo, la nueva postergación de la concreción del sistema de cogobierno de la UTEC. Nosotros no tenemos por qué decir cómo debe gobernarse cada institución, pero nos preocupan algunos aspectos de los modelos de participación, justamente, de los académicos y de lo que llamamos nosotros el «demos universitario» en la toma de decisiones.

                Creo que Agustín Cano se refirió a algunas limitaciones que se le ponen, por ejemplo, a la universidad en la ejecución y en la compra de materiales. En concreto, tenemos un tope actual de USD 10:000.000 para compras de equipamiento científico, que por cierto es muy importante, como creo que ya todos sabemos. El proyecto de ley de urgente consideración lo reduce a USD 6:000.000. Se trata de mecanismos que nos permiten acceder a cosas que, por los procedimientos usuales, a veces es difícil o impracticable. Hay cosas que solo las vende un proveedor en el mundo, y sin embargo igualmente hacemos una licitación, lo que no tiene mucho sentido.

                Nos parece que hay algunos temas de ese estilo que tienen consecuencias y nos gustaría poder discutirlos con más tiempo.

SEÑOR CANCELA.- Quisiera agregar algún aspecto más que desde ADUR nos parecía importante marcar.

                Entendemos que el artículo 148 agrega ciertas competencias en cuanto a las reválidas al Ministerio de Educación y Cultura. Sabemos que el tema de reválidas es un aspecto importante para el país y que es necesario mejorar, pero nos preocupa que esto va de la mano con el artículo 149, que hace una modificación a la ley orgánica de la universidad. Las leyes orgánicas universitarias requieren mayorías especiales para ser aprobadas y nos queda muy poco claro que por un mecanismo de ley de urgente consideración –que, incluso, puede tener una aprobación ficta– se pueda modificar una ley que requiere una mayoría especial para su aprobación. Este, si bien es un aspecto muy puntual del proyecto de ley, creemos que como antecedente es también muy problemático.

SEÑOR BUSTAMANTE.- Mi nombre es Alfredo Bustamante e integro el secretariado ejecutivo de Affur, la agremiación de funcionarios de la Universidad de la República.

                Nosotros hemos analizado el tema de la LUC particularmente en la federación, dentro de la intergremial universitaria y a nivel de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. Y todos los sindicatos hemos coincidido en que este proyecto de ley no es la forma de tratar las distintas temáticas que contiene, que son muy diversas y variadas e incluyen cambios profundos.

                Consideramos que se hace prácticamente una reforma a todo el sistema educativo, que involucra la autonomía y la participación de las delegaciones en los distintos organismos. Son cuestiones muy de fondo. Ya en enero y en febrero estábamos visualizando que este tratamiento era muy complicado, y teníamos presunciones de corte político acerca de por qué se quería ir por ese camino. Por una cuestión de salud democrática, considerábamos que tendría que haber otros ámbitos para discutir estas temáticas, y que esto no debería hacerse en el marco del tratamiento de un proyecto de ley que es el que tiene más artículos de la historia. Si bien este mecanismo es constitucional y ya se ha utilizado otras veces, lo que vimos fue que es complicado desarrollar estos aspectos en una propuesta con tantos artículos y tantas temáticas de peso y de fondo.

                Ahora hay que tener en cuenta, además, el tema de la pandemia, que ha afectado a toda la población, con miles de personas en seguro de paro, desempleadas. No hay que caminar mucho porque a cien metros de acá hay varias ollas populares y cualquiera de ustedes puede ir a ver lo que está pasando con nuestros compatriotas. De manera que hay una dificultad efectiva para hacer escuchar la voz de la gente, de la sociedad. Todos tenemos que cuidarnos y es complicado hacernos oír. Incluso, hay algunas medidas dentro de la LUC que limitan o coartan la libertad de expresión. Por ejemplo, quiero destacar lo que ha dicho en las últimas horas el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, que hablaba de lo complicado que va a ser poder expresarse. Incluso manejaba en forma irónica que a partir de ahora cada uno de nuestros sindicatos, que tienen como tradición histórica salir a la calle a manifestarse por distintas cuestiones que consideramos prioritarias o necesarias, va a tener que manifestarse en la vereda y no en la calle, porque de lo contrario podría estar cometiendo algún delito. Está también el tema de la apariencia delictiva, sobre lo que se ha hablado durante varios meses. Quizás nuestros hijos puedan tener cierta apariencia que no se corresponde con lo que se considere apropiado. Es decir que hay cuestiones que a todos nos afectan como ciudadanos.

                Por otro lado hay algunos artículos vinculados al tratamiento presupuestal, que también van a afectar a la universidad. Está, por ejemplo, todo el tema de la regla fiscal –artículos 204 a 210–, que los sindicatos de la educación consideramos va a limitar el tema presupuestal. Nosotros veníamos desde hace varios años con la propuesta de seis más uno. En esta circunstancia –y más con estos planteos– para nosotros va a ser muy difícil poder concretar nuestras aspiraciones. Además, hay propuestas que genéricamente están reduciendo el tema de las vacantes. Ustedes saben que la Universidad de la República se está extendiendo a todo el país y está descentralizada. Se están haciendo actualmente test de coronavirus en Salto, en Montevideo, en Maldonado, en la regional este. Y hay cuestiones que desde el punto de vista presupuestal van a afectar la posibilidad de que haya más recursos humanos, más docentes, y que los hijos de los trabajadores puedan desarrollarse, estudiar y formarse en la Universidad de la República. Además, me imagino que todos son conscientes de que los egresados de la Facultad de Medicina y los enfermeros que están ayudando en esta pandemia son muy importantes.

                Otro aspecto que hemos visto en la LUC son cuestiones vinculadas al avance o fomento de la educación privada y, consecuentemente, un cierto repliegue de lo público. Justamente en estos momentos de pandemia es muy importante desarrollar políticas públicas relativas a la salud y la educación. Ya en el año 2018, en la conferencia regional de educación superior, las universidades de la región habían visto con preocupación el avance de la mercantilización de la educación. Y hay países que no son un modelo para nosotros, como, por ejemplo, Chile, donde se están desarrollando determinadas políticas en ese sentido. Nos preocupa que haya algunos aspectos relativos a lo público en la educación que no estén contenidos en este proyecto de ley. Incluso, entendemos que va a contrapelo de lo que nosotros estamos proponiendo.

SEÑOR ECHEVERRY.- Mi nombre es Hugo Echeverry y represento a la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.

                Ante todo quiero agradecerles por esta instancia, porque para nosotros es bueno poder decir algunas cosas, subrayando todo lo que señalaron los compañeros también.

                Lo que nosotros vemos desde nuestra organización es que estamos ante un proyecto de ley para gobernar cinco años, que mantiene algunos aspectos que ya se venían ejecutando y que refuerza, por ejemplo, el tema de las privatizaciones. Además, esta norma está atada al presupuesto, y todo lo que se resuelva va a perjudicar a los trabajadores en ese aspecto. Y también está atada a otro tema que se viene, que es la reforma de la seguridad social.

                Entendemos que lo único que le falta a este proyecto de ley para ser una ley de presupuesto es la asignación de los dineros correspondientes. Aquí hay aspectos que no se plantean a favor de los trabajadores. Nosotros, como trabajadores de la salud, siempre hemos reivindicado la creación de cargos, el tema salarial, el tema de la vivienda, el trabajo seguro, que no haya en la universidad ni en ningún lugar público trabajos tercerizados. Además, nos hemos opuesto a que se contrate gente y no se les respete los derechos a los derechos a los trabajadores, como ocurre dentro del Hospital de Clínicas. Todos estos aspectos no se ven reflejados en este proyecto de ley.

                Además, este proyecto facilita que las instituciones públicas utilicen para la realización de obras la tan famosa y cuestionada por nosotros PPP. Esto es importantísimo, porque implica un mayor riesgo para la construcción de las obras y también en cuanto a los costos. En su momento se quisieron realizar obras en el Hospital de Clínicas por medio de este mecanismo y estimamos que su costo sería seis veces superior al del valor proyectado. Esto se dio vuelta mediante la lucha de los trabajadores, los estudiantes y los egresados de la universidad.

                Por eso decimos que este proyecto de ley no contempla ninguna de las reivindicaciones que tenemos los trabajadores desde hace años. Por ejemplo, no plantea algo que para nosotros es una enfermedad pandémica. Me refiero, concretamente, a que no está contemplada la eliminación de las AFAP. De allí se podrían obtener recursos económicos para solventar los salarios, la atención de la salud de la gente y la educación, que son las bases que debería tener el Estado para poder, como en el caso de la pandemia por la que estamos atravesando, solucionar muchos problemas de gente que, como decían los compañeros, está pasando hambre. Y no estamos hablando de 100, 200 o 300 personas –lo que sería igualmente grave–, sino de miles y centenares de miles de uruguayos.

SEÑORA VIETRO.- Buenos días a todos. Mi nombre es Brenda Vietro y pertenezco a Affur.

                Quiero agradecerles esta instancia y decirles que a la brevedad les haremos llegar un documento con lo que hemos expuesto aquí, con nuestros desacuerdos respecto de este proyecto de ley y con planteos al respecto. En cuanto lo coordinemos y lo tengamos realizado, se los haremos llegar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y esperamos con mucho gusto los documentos que entiendan oportuno enviarnos.

SEÑORA COSSE.- Ante todo, damos la bienvenida a las delegaciones.

Ya se ha hecho una tradición integrar docencia con investigación y con extensión. En ese sentido, en lo que refiere a extensión, el ingeniero Maggiolo desempeñó un papel revolucionario –en su rol dentro de la ingeniería y también como rector– en cuanto al impulso de la integración de los institutos de las diferentes facultades con la realidad, con la sociedad. Eso fue evolucionando hasta que la universidad encontró en las fundaciones un elemento importante de cooperación con el resto del Estado y con el sector privado. En este sentido, me gustaría que –aunque fuera a modo de ejemplo– nos contaran las tareas que desarrolla la Fundación Ricaldoni, por ejemplo, para los organismos del Estado, grosso modo; hoy están entre nosotros el doctor Cancela y el señor Juan Valle Lisboa que, me consta, conocen del tema.

Asimismo, quisiera saber qué opinan del contenido de este proyecto de ley que impide que los organismos del Estado contraten directamente con las fundaciones de la universidad.

SEÑOR CANCELA.- Agradezco mucho a la señora senadora Cosse la pregunta, porque realmente es un tema importante para la universidad.

Por un lado, las fundaciones que la universidad ha establecido le han permitido extender su ámbito de acción y colaborar más eficazmente, tanto con el sector privado como con el sector público. En particular, desde la Fundación Ricaldoni se han llevado adelante –y se sigue en esa línea– múltiples acciones. A modo de ejemplo, hay una línea de acción muy importante con Agesic, contribuyendo en todo lo que es el desarrollo del gobierno de gestión electrónica. Voy a citar un caso bien puntual. Desde la Fundación Ricaldoni se posibilitó el desarrollo de un proyecto, a nivel latinoamericano, de generación de estándares para intercambio de datos médicos, es decir, para lo que son los sistemas de registro de datos clínicos informatizados, fundamentales para que dentro de cada país las instituciones puedan interoperar e intercambiar información sobre sus pacientes y sobre la prevalencia de enfermedades –como se está dando en este momento– y, también, para que de un país a otro los Estados puedan cooperar en ese tipo de información. 

Por otra parte, con la Agesic se ha aportado al desarrollo de los estándares de intercambio de información y de servicios en el Estado. Como se sabe, durante la pandemia los únicos trámites que se han podido hacer, prácticamente, son aquellos que tienen gestión electrónica, lo que ha permitido que el Estado siga cumpliendo parte de sus funciones hacia la ciudadanía. La interoperación de esos trámites requiere una serie de estándares informáticos que la Agesic ha desarrollado con el apoyo de la propia fundación.

También desde la fundación se ha trabajado en cooperación con Antel y con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y se ha aportado al desarrollo de proyectos de diseño de infraestructura, así como de proyectos de evaluación de desempeño y de optimización del uso más eficiente de los recursos que tienen las distintas dependencias estatales. Además, se ha trabajado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en temas vinculados a la agrimensura, a los sistemas de información geográficos y a la capacidad de los distintos organismos del Estado de compartir, también, esa información. Podría seguir abundando, porque hay muchos más ejemplos, pero quizá el señor Juan Valle Lisboa pueda aportar algún otro.

Con respecto al proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, en particular, impide la contratación directa de las fundaciones por parte del Estado y, por lo tanto, corta un canal de funcionamiento que es muy importante. Por un lado, permite que el Estado contrate directamente instituciones educativas privadas –que tienen muchos beneficios fiscales– y que pueda seguir contratando a la Universidad –que no tiene esos beneficios–, pero pierde la posibilidad de la contratación de las fundaciones que, como dijimos, ha sido realmente un canal fuerte que ha permitido la participación e inserción de muchas personas, además del aporte de experticia, de know how, que no necesariamente el Estado puede tener contratado en forma continua, pero sí puede contratar en los momentos en que necesita.

SEÑOR VALLE LISBOA.- Simplemente, quisiera agregar que para quienes trabajamos en temas de investigación en la Universidad, las fundaciones muchas veces representan una manera de responder rápidamente ante demandas. Entonces, el no poder contratar directamente lleva a que, ante una demanda rápida, quizás haya que hacer un convenio con la institución universitaria por otro lado, lo cual enlentece. Muchas veces se critica al Estado por la lentitud; en particular,  recibimos las críticas de la Universidad en ese sentido y, en general, esas críticas son ciertas, no las esquivamos. Como dije, estos mecanismos de trabajar a través de las fundaciones nos permiten responder muy rápidamente, y eliminar esta posibilidad, de alguna manera, nos pone en una desventaja. Capaz que se nos escapa, pero no entendemos mucho cuál es la razón de ello. Claramente nos va a perjudicar en los tiempos y en la capacidad de ejecución de proyectos que podamos hacer en convenio con muchos elementos del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la información.

SEÑOR GANDINI.- Quisiera dejar algunas constancias e información a la delegación.

                Con respecto al numeral 22) del artículo 307, recibimos alguna opinión con respecto a la Universidad y quedamos en analizarlo con más atención. Es el que refiere a las fundaciones.

                En cuanto al numeral 23), hay una mala interpretación. Este numeral establece que todos los poderes del Estado y todas las instituciones públicas –gobiernos departamentales, entes autónomos, Tribunal de Cuentas, etcétera– pueden contratar, bajo el régimen de excepción, con todas las instituciones de nivel terciario, no solo con universidades, cuando se trate de servicios vinculados a la capacitación, en igualdad de condiciones.

                Con respecto a las fundaciones solamente voy a decir que funcionan bajo derecho privado, y esa es una particularidad que obliga a mirar con atención el manejo de recursos públicos hecho bajo formas que carecen de determinados controles, como ocurre con las organizaciones privadas. Este proyecto de ley plantea controles para las sociedades anónimas, para las personas de derecho público no estatal, para las sociedades anónimas en que participa el Estado, etcétera, que no estaban antes. Esa es la particularidad.

                Con todo, vamos a estudiar en particular el artículo 307.

                La delegación está siendo escuchada del mismo modo si hubiera 500 personas en la calle o ninguna. La representatividad, para nosotros, la tienen sus delegados, que han sido nombrados para estar aquí. Por lo tanto, para nosotros no hay ninguna variante en el tiempo en que estamos discutiendo este tema; con todo respeto estamos escuchando sus opiniones sobre la Universidad, sobre la regla fiscal y sobre otras tantas cosas.

                Este proyecto de ley tiene prohibido incluir materia presupuestal; por lo tanto, no está atada al Presupuesto. Constitucionalmente tiene prohibido eso y quiero aclararlo porque se ha dicho varias veces.

SEÑORA ASIAÍN.- Voy a agregar que, como fruto de negociaciones e instancias de la bancada del Partido Colorado, en el artículo 307 –que trata de las excepciones a la licitación y, por lo tanto, habilita la contratación directa– se incluye lo que en el artículo 33 del Tocaf vendría a ser el ordinal 24), referente a ANEP. En cuanto a lo que decía el senador Gandini, esto lo va a proponer el Poder Ejecutivo en su comparecencia, seguramente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos mucho su presencia. Tengan buenos días.

(Se retira de sala la delegación de ADUR).

 (Ingresa a sala la delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay).

La Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración tiene el agrado de  recibir a una delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, encabezada por el señor Mauro Conti y la señora Mariana Caffa, a quienes con mucho gusto escucharemos.

Tiene la palabra el señor Conti.

SEÑOR CONTI.-  Ante todo, agradecemos que nos reciban porque nos parece sumamente importante poder brindar la opinión de los y las estudiantes universitarios de Uruguay.

Dado el poco tiempo de que disponemos para hacer nuestra exposición, trataremos  de ser lo más sucintos posible, aunque nos habría gustado poder intercambiar  con todos los legisladores la posición de la federación sobre estos temas.

Acorde a la posición de la mayoría de  los actores de la  sociedad civil y de las distintas organizaciones sociales, nos parece que la discusión en términos legales es bastante acotada debido al tiempo de análisis parlamentario de que se dispone. 

En cuanto al tema de la educación, entendemos que la modificación de más de setenta artículos, referidos a temas diferentes, merecería  una discusión mucho más profunda. Y creemos que las reformas que se puedan hacer, tanto a la Ley General de Educación como a otras normas a las que ella refiere, deberían ser objeto de una discusión mucho mayor porque, en nuestra visión percibimos que las reformas y los problemas educativos  que existen en el Uruguay no pueden ser solucionados mediante la imposición, sino a través de acuerdos entre los distintos actores que componen el sistema educativo en sus diversos niveles.

Por eso, no nos parece buena la modalidad que se genera cambiando, en particular, la Ley General de Educación, e introduciendo algunas reformas respecto a la Universidad –a las que haremos referencia–, porque no nos permite discutir algunas cosas y  llegar a acuerdos entre los grandes actores de la educación, siendo esto central para poder generar reformas que transformen y mejoren el sistema educativo. 

Como muchos de ustedes saben –acá hay muchos legisladores que  han sido parte de nuestra federación a lo largo de la historia–, la FEUU recoge un concepto de educación en el que se la considera un bien público social, un derecho  humano universal y una responsabilidad de los Estados. La Conferencia Regional de Educación Superior de 2018, celebrada en Córdoba –instancia realizada por la Unesco para América Latina–, volvió a señalar, justamente, la necesidad de pensar a la educación en ese sentido y creemos que esto está referido a un artículo en particular.  Quiero citar la declaración de la conferencia de 2018 que dice, textualmente, lo siguiente: «La educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y la igualdad, garantizándolas sin distinción social, género, etnia, religión o edad. La educación no es una mercancía. Por ello, instamos a los Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo, o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo». En este contexto, instamos a incrementar los recursos destinados a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a las artes. Esto refiere al artículo 131 del proyecto de ley de urgente consideración que modifica el artículo 14 de la Ley General de Educación, en cuanto a la posibilidad de generar tratados con Estados u organismos multilaterales respecto a la mercantilización.

Nos parece muy claro que en el articulado vigente la semántica implica que no se puede hacer ningún tratado que permita concebir a la educación como una mercancía. En cambio, en el articulado que se propone sí se puede tratar a la educación como una mercancía, mientras no sea la única manera de ver a la educación. Eso es un problema porque, en definitiva, puede generar procesos de mercantilización y privatización de la educación, a lo que evidentemente la comunidad internacional más vinculada a la educación no está dispuesta por entender que es negativo.

Obviamente, nos gustaría que se eliminara ese artículo del proyecto de ley de urgente consideración y se mantenga el artículo de la Ley General de Educación vigente.

Por otra parte –según el enfoque y la historia de la federación que proviene de la Reforma de Córdoba, hace más de cien años–, nos parece muy relevante la visión de la universidad autónoma y cogobernada. Creemos que es la mejor forma de gobierno que pueden tener las universidades públicas. En este sentido, y respetando lo votado anteriormente por este Parlamento, creemos que también es negativo que se sigan postergando las elecciones universitarias en la UTEC. Nosotros pudimos acceder a las actas y las propias autoridades de la UTEC plantean que se pueden hacer las elecciones.

Para finalizar –luego hará uso de la palabra Mariana–, quiero mencionar un aspecto que consideramos sustantivo: la defensa de la universidad pública y de lo público. Creemos que los distintos artículos que eliminan el Sistema Nacional de Educación Pública y también el sistema terciario de educación pública, constituyen un retroceso bastante relevante. Como dijo el rector el día que estuvo en la comisión, no estamos en contra de que existan la universidad y la educación privadas, pero sí entendemos que el sistema público tiene un rol diferente y una necesidad particular de coordinar.

Estudio ciencias políticas, y hay un autor que dice que la institucionalidad se ve en la emergencia, es decir, la fortaleza de la institucionalidad se ve justamente en las situaciones extraordinarias. Evidentemente, la situación del coronavirus ha sido extraordinaria y también muestra la fortaleza de lo público y de tener un sistema coordinado de educación pública. Es un sistema que, en particular en el nivel terciario, tiene a la Universidad de la República junto con el Hospital de Clínicas, a la universidad generando los hisopados, los estudios, las mascarillas, y también propuestas en términos de reformas económicas que puedan servir de sustento a la población. A su vez, tenemos a la UTEC promoviendo distintos artículos que el país hasta hace poco no tenía. Ese tipo de coordinaciones se pueden dar gracias al Sistema Nacional de Educación Pública y, en particular, al sistema terciario de educación pública. Es por esa razón que nos parece negativo que se elimine. Asimismo, consideramos que la integración que se le da al Sistema Nacional de Educación Pública en el articulado actual es una ofensa a la capacidad de la Universidad.

Como los señores senadores sabrán, de acuerdo a la Ley General de Educación,  en la composición del Sistema Nacional de Educación Pública, la universidad tiene tres representantes. De acuerdo al articulado propuesto, la universidad tendría un solo representante frente a un montón de diversas instituciones, ya sea de educación privada –a nivel de primaria, secundaria y universidad–, como el INAU e Inefop, entre otros. Si bien son instituciones absolutamente respetables, creemos que hay una determinada jerarquía y una determinada historia con conocimientos producidos que deben ser tenidos en cuenta; no es lo mismo las opiniones de unos que de otros. Es importante –como decía el rector– que se pueda opinar sobre la educación pública desde sectores a los que no se puede opinar sobre su ámbito.

SEÑORA CAFFA.- Muy buenos días. Agradecemos la posibilidad de estar hoy aquí.

                Me gustaría complementar lo que el compañero Conti planteaba y ahondar en algunos aspectos específicos.

Obviamente, nuestra presencia como federación tiene un vínculo con quienes estuvieron antes, de la Universidad de la República, porque somos parte de ella y, de alguna manera, hay ciertos planteos que hace la universidad que la federación acompaña y trabaja en eso.

                Queremos sintetizar nuestro planteo de la defensa de una educación pública y la coordinación de los entes públicos –como planteaba el compañero Conti– en relación con la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública. Esa coordinación no es lo que aparece en el articulado de la ley de urgente consideración, ya que se trata de una coordinación muy básica que será convocada una sola vez en el quinquenio. Por lo tanto, no permitirá una real articulación entre los entes de educación.

                Entendemos que al tratarse de un proyecto de ley de urgente consideración, con determinados plazos, no se habilita una amplia discusión en general  sobre los artículos referidos a la educación. Hoy estamos acá y tenemos la posibilidad de hablar, pero en noventa días es muy difícil procesar la información en todos los espacios de discusión, es decir, los estudiantes, los docentes y los egresados. Venimos de una universidad cogobernada, razón por la cual esos espacios son tan importantes para nosotros. Y no simplemente desde esa visión negativa que se tiene hacia los gremios y hacia la federación, sino desde el lugar de la construcción y el aporte, porque también somos quienes recibimos la educación y tenemos cosas para aportar desde el compromiso y con la seriedad que se merece.

                Consideramos, entonces, que esta urgencia nos limita las discusiones en nuestros órganos y espacios cotidianos. Además, esta ley de urgente consideración hace una reforma profunda al sistema educativo en un corto plazo y sin espacios para la amplia discusión, lo que a nuestro juicio puede llevar a un parcial o total fracaso. Si los procesos de transformación no se construyen colectivamente con todos los actores, vienen por imposición, y eso no va a ser asimilado de la misma manera que si fuera construido  realmente por todos.

                Entonces, uno de esos espacios fundamentales –y fue muy bien defendido cuando vino la universidad– es el de la coordinación cotidiana de los entes, para poder articular y proyectar. Pusimos el ejemplo de lo que pasa en Rivera, donde se coordinan la universidad, la UTU, la ANEP y demás; nosotros quisiéramos seguir replicando y seguir apoyando ese tipo de cosas.

                Por otra parte, vuelvo a lo que mencionaba Mauro Conti sobre la mercantilización, porque nos parece muy importante que se tome en consideración en esta comisión. Hubo una mejora en la redacción entre el anteproyecto y lo que se presenta hoy, pero consideramos que si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hicieron esa modificación en el proyecto de ley de urgente consideración, avanzando en restringir los convenios para no hacer de la educación un bien mercantil, se podría considerar la habilitación del articulado actual, que es muy específico sobre cuál es el sentido de la educación. O sea que proponemos que se mantenga lo que actualmente dice.

                Hay otros artículos que implican una afectación directa a la universidad que también se plantearon, como el vínculo de las fundaciones de la universidad. Consideramos que todo eso fue recibido por este Cuerpo y que, además, la universidad quedó comprometida a enviar –y se estará haciendo en los próximos días– algunas propuestas para modificar esos artículos.

Una cosa más: no queremos dejar de mencionar  que se hace una modificación a la Ley Orgánica de la Universidad de la República sin una previa consulta, sin un diálogo previo con los actores universitarios, quitando de la potestad de esta universidad la cuestión de las reválidas de títulos y pasándola a la órbita del MEC.

Si bien el tiempo ha pasado y la universidad no tendría por qué ser la única que revalida títulos –hoy por hoy existe la UTEC–, habría que repensar el tema y, además, es algo que se modifica en el mismo proyecto. Sin embargo, creemos que no se da un marco real, o sea que no queda claro –al menos para nosotros– cómo va a funcionar eso dentro del MEC.

                Entonces, se modifica la ley orgánica sin consulta al demos universitario y, además, tampoco se da una respuesta concreta a la ciudadanía y a los actores universitarios de cómo va a funcionar eso. Si se hubiera consultado, si se hubiera dado la posibilidad de la conversación, se hubieran encontrado, incluso, caminos mucho mejores, más rápidos, más ágiles y sin tener que estar remodificando.

A su vez –vuelvo a reafirmar–, esa modificación de la ley orgánica se plantea, de alguna manera, no respetando la autonomía y el cogobierno de la universidad –nosotros, como federación, lo sentimos así–, no llamando al diálogo a los actores universitarios. Hay que tener en cuenta lo que es para nosotros la ley orgánica y el significado que tiene, seguramente, para muchos de los que están acá, que habrán participado, incluso, más que nosotros, en esa construcción.

                Gracias.

SEÑOR OLESKER.- Como bancada fuimos quienes propusimos la invitación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y lo hicimos con un doble sentido: como organización universitaria –y, por lo tanto, para escuchar sus opiniones con respecto al capítulo vinculado a la educación– pero también como organización juvenil con larga tradición en opinar y proponer cosas referidas a los jóvenes.

Entonces, queríamos preguntar a la federación si tiene opinión –en caso contrario, si pudiera acercarla cuando la tuviera– sobre los artículos 74 a 79, que modifican las normas sobre adolescentes privados de libertad. Esto tiene que ver con cosas que la federación ha tratado, por lo menos, históricamente, y queríamos saber su opinión sobre ese capítulo.

SEÑOR ANDRADE.- En primer lugar, quiero dejar la constancia de que compartimos el enfoque y las preocupaciones de la FEUU.

Por otra parte, quisiera preguntar si nos pueden acercar propuestas más concretas, más específicas sobre el articulado que  permitieran, en estos días que nos quedan, ver la posibilidad de modificación de los aspectos que más vulneran.

Por último, a la pregunta que hace el señor senador Olesker, quisiera agregar el tema de la suspensión condicional del proceso, que también impacta con particular fuerza sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal.

SEÑOR MAHÍA.- Señor presidente: pude escuchar parcialmente la intervención de la delegación de la FEUU, pero sí pude atender lo que dijo la señora Caffa con respecto a la creación y a la validación de los títulos universitarios.

Ella se refería al hecho de que en el proyecto de ley esto se pasa al ministerio de educación, relegando el rol histórico que ha tenido la universidad –en su opinión–, pero  admitiendo, a su vez, que hubo cambios a medida que ha pasado el tiempo.

La pregunta concreta –capaz que no pueden contestarla ahora, pero por lo menos la dejo planteada– es la siguiente. Dado que existe la Ley n.º 19852, de 23 de diciembre de 2019, que le otorga al Inaeet la posibilidad de avanzar en la materia y que tuvo el acuerdo de la universidad pública, de las universidades privadas –también participó la ANEP a través de los distintos consejos–, quiero saber qué opinión tendrían si, en vez de recurrir al ministerio como está planteado en el proyecto de ley, se pensara en esta institucionalidad que ya existe y que tiene el acuerdo de los distintos actores, como recién señalé.

Específicamente, el literal A) del artículo 3.º dice: «Acreditar las instituciones de enseñanza terciaria universitaria y no universitaria pública y privada  que voluntariamente se presenten, así como sus unidades académicas y carreras». A su vez, el literal B) establece: «Desarrollar procesos de evaluación de las instituciones, sus unidades   académicas y sus carreras a solicitud de aquellas». El artículo 12 comienza diciendo; «Se entiende por promoción de la calidad el conjunto de iniciativas y actividades orientadas a favorecer la mejora continua de la educación terciaria». El artículo 13 habla del concepto de evaluación. Y podría seguir, señor presidente, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, me parecía muy oportuno hacer esta intervención a los efectos de valorar una herramienta que no solo tiene el respaldo que acabo de señalar, sino que contó con el voto unánime en el Senado y fue recientemente aprobada.

                Muchas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Durante muchos años y con mucho orgullo milité en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Como decía, milité desde que fundamos la ASCEEP y después en la ASCEEP-FEUU.

Concretamente, quiero preguntarles cuál es la opinión que tiene la FEUU acerca de que las fundaciones a las que estamos haciendo referencia actúen en el ámbito del derecho privado.

SEÑOR CONTI.- Antes que nada, queremos agradecer a algunos legisladores que saludaron por los noventa y un años de la FEUU. De verdad estamos muy agradecidos y creemos que han sido parte de la historia muy gloriosa de esta organización.

                 Una intervención que habíamos soslayado es que en esta situación también nos parecen bastantes complejos los artículos 204 y 210, que hacen referencia a la normativa fiscal que se propone. En particular, dado el contexto de pandemia que existe,  se prevé que el producto bruto interno de nuestro país y de todos los países de América Latina va a bajar, lo que implicaría decididamente un recorte del gasto público, por más que este Parlamento no quiera.

Por lo tanto, el presupuesto de la universidad debería disputarse con el de las otras funciones que tiene el Estado, que son sumamente necesarias, como ser la salud pública, la vivienda, etcétera. Por eso nos parece inconveniente tratarlo en este momento.

Se resaltaba el artículo 210 de la LUC, porque genera una complicación. A pesar de que la universidad está mandatada a enviar el presupuesto que solicita al Parlamento directamente y no a través del Poder Ejecutivo, lo que establece este proyecto de ley es que si el Parlamento quisiera cumplir con lo que solicita la universidad debería sacar el dinero estrictamente de otros incisos del Estado. Es decir que no podría subir el gasto público propuesto por el Gobierno. Básicamente, esto es lo que propone el artículo.

Respecto a las preguntas formuladas por los señores senadores Olesker y Andrade, quiero decir que hace poco sacamos una declaración, junto con Serpaj y un conjunto de organizaciones sociales, que refería justamente a este tipo de aspectos. Venimos trabajando de manera sistemática con estudiantes privados de libertad y creemos que este conjunto de normas no mejoran la situación de los adolescentes privados de libertad ni su rehabilitación.

De todas maneras, nos podemos comprometer a acercarles algunas ideas que  no solo la FEUU sino también los centros de estudiantes que la componen han planteado; ellos tienen posiciones particulares con respecto a estos articulados. Nosotros no las trajimos hoy porque nos citaron particularmente para hablar de la educación, pero nos comprometemos a enviarlas al Parlamento.

SEÑORA CAFFA.- No sé si la pregunta del senador Botana apunta a si tenemos interés en que pase al derecho público.

El planteo que hacemos es que la universidad, con estas fundaciones, de alguna manera, tiene una herramienta que, no solo nutre a los mismos servicios universitarios en cuanto al desarrollo de actividades y demás, sino que es un vehículo que nos permite dar respuesta con celeridad ante una posible contratación o convenio con una empresa pública. Es lo que planteó la universidad cuando vino. Si tenemos que hacerlo desde el mecanismo del derecho público, se haría en un plazo absolutamente distinto al que rige para el resto de las universidades o empresas que van a concursar en un mismo llamado. Entonces, se limita la posibilidad de que la Universidad de la República pueda concursar en igualdad de condiciones y responder con agilidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la presencia. Estamos a las órdenes. Esperamos el material que se han comprometido a enviar.

(Se retira la delegación de la FEUU).

Habían sido invitados a participar de esta reunión el Centro de Estudiantes del IPA y el Centro de Estudiantes de Magisterio, pero no han comparecido a la convocatoria.

 

 (Ingresa a sala la delegación de la Intergremial de Formación Docente).

–La comisión especial creada por el Senado de la república para el análisis del proyecto de ley con rótulo de urgente consideración tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a la delegación de la Intergremial de Formación Docente, conformada por las señoras Ana Muñoz, Estela Gramajo y Daysi Iglesias y los señores Milton Rodríguez, Martín Irisarri, Raúl Gil Alliaume y Juan Bernassa, a quienes cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA GRAMAJO.- Buenos días, señor presidente y señores senadores. Representamos a la Intergremial de Formación Docente y concurrimos a este ámbito por varias cuestiones. Ustedes ya tuvieron entrevista con los demás miembros de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y nosotros adherimos a su declaración, con ese punteo.

                Consideramos que este proyecto de ley de urgente consideración afecta a la educación pública tal como la conocemos, en el sentido de que se empieza a ver a la educación ya no como un sistema, sino como una organización compleja donde no existe la misma jerarquización que actualmente tiene la ANEP. También nos preocupa como la ANEP, que posee cierta autonomía, deja de tener políticas de Estado y pasa a depender automáticamente del Ministerio de Educación y Cultura del gobierno que sea. Entonces, nos preocupa y mucho esa pérdida de autonomía.

SEÑOR IRISARRI.- En ese sentido, creemos que, precisamente, esa afectación de la autonomía lesiona fundamentalmente el principio de laicidad que ha regido a la educación desde su fundación. Desde la creación del Conae en adelante, en las sucesivas leyes establecidas a partir de la Ley n.° 14101, del año 1972, se ha recortado, precisamente, la autonomía de la ANEP. Creemos que el camino que se está tomando es peligroso. Originalmente, la laicidad se presentó como un concepto basado en que las materias religiosas no deberían intervenir en la educación; hoy es un concepto bastante más laico, más secular. Por lo tanto, el hecho de que la educación pase a depender directamente del Ministerio de Educación y Cultura afecta al concepto de laicidad en esa versión más secular.

En este sentido, hay un artículo de la Constitución de la república que establece, precisamente, la autonomía de los entes de la enseñanza. La modificación de la libertad de cátedra y la dependencia del profesorado de las directivas del Ministerio de Educación y Cultura afectan y lesionan, por un lado, la libertad de cátedra y, por otro, el principio de laicidad. No soy jurista, pero supongo que en materia jurídica eso debe implicar una cierta contradicción que no sé cómo van a resolver.

SEÑOR GIL.- Quisiera hacer algunas puntualizaciones, como han hecho anteriormente mis compañeros. Un punto de arranque de todo esto es una declaración conjunta que ha existido con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Ese es el marco referencial. De aquí en más queremos señalar algunos puntos que se refieren a la formación docente.

Encontramos una serie de cuestiones que están planteadas en el proyecto de ley, que nos parece que más que resolver problemas, los incrementa y de manera exponencial. Algunos de ellos merecen mucho cuidado, como el artículo 166 que modifica el artículo 69, estableciendo una cuestión muy delicada. El literal B) establece que la Administración Nacional de Educación Pública desarrollará acciones tendientes a que los docentes en actividad obtengan un título correspondiente a través de programas diseñados a tal efecto. Nadie duda de la intención moral de resolver un problema, pero el asunto es el cómo; debe analizarse si lo resuelve o lo incrementa porque hay una situación de replicación. Quiere decir que además de ya contar con treinta y dos centros de formación docente en la república, que instruyen de manera presencial y sistemática, tendremos simultáneamente estas otras acciones dirigidas para una parte del cuerpo docente, representado en un casi 40 %, que está dando clase en secundaria y no tiene titulación. Por lo tanto, el país, la república, deberá destinar fondos, simultáneamente, no solo a la formación sistemática, sino también a la situación creada en paralelo. Se trata de un costo adicional y se deberá financiar de alguna manera. Este es un mensaje muy tremendo porque lo que se está transmitiendo es que lo mejor para aquel que opta por estudiar y trabajar es que no lo haga. A partir de esta formación en servicio, a los veintiocho mil alumnos que tenemos en formación docente se les está ofertando una vía en paralelo, de simplificación, abaratamiento y titulación rápida. ¿Esto resuelve un problema o lo genera?  A todas luces parecería que las formas de crear carreras profesionales y demás son sistemáticas. Ya hemos tenido experiencias en el pasado sobre estas cuestiones y representa un retorno de riesgo innecesario. Quisiera señalar algunas zonas de riesgo que son absolutamente innecesarias. Una de ellas está en el artículo 192, que es sobre el estatuto docente. El Estado nos está ofreciendo lo siguiente: una multiplicidad de marcos legales para hacer una misma cosa. Establece una multiplicidad que convive, en el mismo espacio de tiempo, dentro de la misma organización y de la misma institución, con lo cual tenemos la intención de crear y fortalecer carreras profesionales pero, simultáneamente, las relaciones contractuales y de carrera profesional serán distintas. Además, no aclara cómo se va a realizar. Acá en ningún lugar menciona a la ley de negociación colectiva. Son modificaciones legales que –aparentemente, al menos aquí–  no queda claro cómo se van a instrumentar desde el punto vista legal. Esta es una cuestión que nos preocupa muchísimo porque más que resolver un problema, lo incrementa. Advierto que es una versión muy apurada de todo esto; no estamos haciendo consideraciones sobre el carácter de arquitectura política que tiene el proyecto para el campo de la educación. Lo estamos dejando afuera porque no nos da el tiempo. No obstante, es bien claro que hay una concepción muy piramidal y jerárquica de estas cuestiones. Pero, simultáneamente, como refiere el dicho popular, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil.  Y resulta que si bien hay una concentración jerárquica de esto, a la vez se establece que los directores de los institutos –y esto quiere decir en todos los subsistemas– son los que definen las condiciones cómo los docentes se incorporan y funcionan allí, que es algo que habrá que ver. Discúlpenme, pero me imagino que cuando esto se vaya a implementar, habrá cosas que no se podrán hacer, por ejemplo, en el consejo de primaria, porque allí los docentes obtienen los cargos de otra manera. Así que vamos a tener multiplicidades, superposiciones, expansiones rizomáticas y una fórmula legal que torna a esto extremadamente débil. Hubo una preocupación por el fortalecimiento piramidal del poder y, simultáneamente, los directores de los institutos definen cómo se contrata al personal docente. Además advertimos esto a todo el cuerpo legislativo: es la ruptura de la noción de salario universal porque aquí está planteado que los pagos serán en función de los resultados, contraprestaciones. Entonces, son cambios de fragmentación de una formación de los docentes del Uruguay ajustados a currículas particulares, con textos específicos y relaciones de empatía que se tenga con la dirección. Es de extremo riesgo.

                Perdonen pero es la síntesis más apretada que puedo hacer.

SEÑORA IGLESIAS.- Voy a continuar la reflexión sobre el artículo 192 en sus literales A), B), C), D) y E).

                Pedimos que se piense sobre lo siguiente: el artículo cambia, a través de un texto legal –y es correcto que así sea, pero no su contenido–, las características de los contratos laborales. Además, genera una modificación y pasa el conflicto a nivel del Codicén, de la ANEP. Indudablemente, lo que señaló el colega que me antecedió es real. Todas estas modificaciones, por el marco de otras disposiciones legales, han de tener que pasar por la bipartita. En su inciso A) genera una situación realmente extraña. Cuando una ley establece que un organismo puede disponer un nuevo estatuto más otro que está, supongo que no lo dice para el Codicén que está ahora, sino para cada Codicén que venga. Por tanto, cada Codicén que venga, tendrá la potestad de hacer un nuevo estatuto y los docentes vamos a tener la potestad de quedarnos por los viejos estatutos o estar en el nuevo y cuando pasen tres años se generará algún proceso de estabilidad. Lo que tratamos de señalar para la reflexión colectiva es que los cambios estructurales no siempre garantizan las finalidades que se enuncian. Seguramente, el cambio estructural que se propone tiene una meta, que en la política educativa actual se resume así: la mejora de los aprendizajes; creo que es lo que importa. Ya desde tiempo atrás, diría que desde hace quince años, las investigaciones que analizaron cómo mejorar los sistemas educativos y, particularmente, un ministro neozelandés –si recuerdo bien– dijo: «nos equivocamos, quisimos mejorar la educación cambiando la estructura y en realidad, no es cambiando la estructura que se mejora la educación». Esto es parte de una investigación internacional; no lo digo yo ni lo invento, está escrito; se estudió cómo hicieron los sistemas educativos que lograron resultados de calidad.

                Por tanto, cambia la estructura en aras de ese objetivo –es lícito que lo haga–, pero la pregunta es cómo evitan el ciclo sucesivo de inestabilidad en relación con el literal A) del artículo 192. Es inevitable porque hoy hay un Codicén que tiene determinada línea política,  mañana vendrá otro y vamos a llegar al absurdo de tener tres estatutos vigentes en un lapso de diez años, porque no es evitable ya que lo ampara la ley.

                Otro de los puntos es la intromisión en los aspectos didácticos. Debo decir que ya la Ley n.º 18437 hacía un menudo favor al establecer los ejes transversales de carácter curricular. Una ley no puede entrar en la materia curricular si es que existe autonomía del ente, ya que justamente una de sus autonomías es la técnica.  Está bárbaro que se entienda en un momento que es un eje transversal, la educación de derechos humanos, pero la ley no puede establecer el currículum.

                La Ley n.º 18437 lo hizo, pero la actual modificación supera ese problema –a nuestro modesto punto de vista– y genera que las contrataciones, permanencias y hasta aspectos salariales sean por la adhesión a una metodología. Entonces, pregunto al Parlamento –que es el que va a votar el proyecto de ley– ¿qué metodología me van a decir que debo enseñar? ¿Debo enseñar a leer por el método global o por el analítico sintético? ¿Cuál opinan ustedes que es el más adecuado? Seguramente, algún miembro de esta sala, que es colega, podrá tener una opinión fundada en esa materia, pero la mayoría, si le digo «enseñanza de lectura por el método global», no entiende de qué estoy hablando.

                Por lo tanto, pedimos la revisión del artículo 192, particularmente, en sus literales A), B), C) y E) porque no está acorde con el objetivo que tienen. Por el contrario, abren fuertes espacios a la inestabilidad y a la intromisión en materia técnica que es nuestro metier y, en definitiva, nuestra responsabilidad.

                Muchas gracias.

SEÑOR RODRÍGUEZ.-  En este proyecto de ley hay una particularidad que hace a un cambio de denominación vinculado fundamentalmente al quitar la palabra público o el sistema de educación pública, que no es menor. Hace muchos años que distintos organismos a nivel sindical y otras organizaciones vienen denunciando el avance privatizador y también mercantil, acerca de las formas en las cuales la educación debe ser impartida organizadamente.

                El avance de la concepción mercantil –pensando en la educación como un producto de canje, con un valor– de alguna manera busca allanar el camino para este tipo de redacciones en las cuales no se cuida a nuestra educación pública, aquella que es fundamental y a la que asiste la mayor parte de los estudiantes de nuestro país, de todos los departamentos; provienen de sectores que necesariamente precisan apoyos. Aquí se diluyen en un sistema de becas que queda en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y no como hoy que está en el marco del consejo de formación, en comisiones que allí  se imparten, desarrollan y otorgan.

                Se habla de un Sistema Nacional de Educación que de alguna manera diluye los propósitos públicos, la gratuidad no está garantizada –en ninguno de estos artículos está claramente expresado cómo se va a garantizar–, como así tampoco el acceso y las garantías que necesitan los estudiantes y en el caso de los docentes la clara identificación del eje de su profesión.

                Hablar de un Sistema Nacional de Educación, de alguna manera, es  privilegiar a pequeñas empresas dedicadas fundamentalmente al negocio de la educación y no justamente lo que buscamos, que es ampliar las garantías para que la mayor parte de los hijos de este país puedan acceder a la educación terciaria y superior; ese es el propósito principal de muchos de los docentes que elegimos trabajar aquí.

SEÑORA MUÑOZ.- Los compañeros ya han planteado los puntos, pero desde el núcleo de Paysandú –al cual represento– nos parece importante resaltar la autonomía de la educación. En ese sentido, consideramos que lo que señaló Milton Rodríguez sobre el Sistema Nacional de Educación Pública es un eje fundamental que debe ser vuelto a analizar. Asimismo, la discrecionalidad en la elección de los docentes por parte de los directores, con lo cual no estamos de acuerdo, es otro factor que hay que reconsiderar. Nos parece que los procesos de la ley vigente –sobre los que seguramente tenemos mucho para cuestionar y mejorar– cumplieron algunos cometidos sociales que, en esta urgencia, no se están pudiendo generar. Es más, ni siquiera los núcleos tenemos la posibilidad de dar debates relevantes sobre estos temas que nos parecen sustanciales; nos quedamos con ganas de decir más pero los tiempos no nos lo permiten.

Creemos que los puntos a los que aludieron mis compañeros son fundamentales. Queremos rescatar la autonomía de la ANEP, pues no habilitamos la discrecionalidad por parte de las direcciones. En fin, pensamos que este punto debe ser modificado en el proyecto de ley.

SEÑOR BERGARA.- Damos la bienvenida a la delegación y muchas gracias por sus opiniones.

En el artículo 160 –o artículo 159 en la versión anterior– se hace referencia al Consejo de Formación en Educación, el único consejo que, según la propuesta del proyecto de ley, sobrevive como tal. Allí se dice que la integración será con cinco miembros designados por el Consejo Directivo Central de la ANEP. Nosotros planteamos la posibilidad –incluso interactuamos con el señor ministro en esa dirección– de que dentro de los cinco miembros se explicite que haya un representante del orden docente y uno del estudiantil. Me gustaría conocer la opinión de nuestros visitantes al respecto.

Muchas gracias. 

SEÑOR MAHÍA.- Buenos días y gracias por la presencia de la delegación.

Quiero consultarlos acerca del reconocimiento del título docente de grado universitario, sobre el cual existe alguna propuesta en el articulado. Le hemos formulado la misma pregunta a la delegación de la FEUU, en el marco de lo que establece la ley vigente en cuanto a la posibilidad de darle otra institucionalidad. Lo concreto es que los docentes del país –sobre todo los egresados del IPA o de Magisterio– tenemos un viejo anhelo porque desde la época de Grompone –y desde antes, de Magisterio– se tiene el monopolio del título para trabajar en el subsistema pero no se accede al rango universitario. Esta es una discusión muy vieja a la cual, entiendo, este proyecto de ley –a través del artículo referido– pretende darle un camino de solución.

Me gustaría conocer la opinión de nuestros visitantes al respecto, porque son quienes están especialmente involucrados en esta temática.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quiero saludar a la delegación, en particular a Daysi Iglesias, quien además de colega, en su momento compartimos nuestro trabajo en la Federación Uruguaya de Magisterio.

Quisiera saber, desde la óptica de los institutos de formación docente, cómo se ve la afectación en cuanto a tener –como mencionó el señor senador Mahía– titulación universitaria, tema al cual se apunta en este documento aunque, en realidad, ya estaba establecido que era un derecho y se estaba trabajando en eso, como así también en la universidad de la educación.

                Quisiera saber cómo consideran estos aspectos que menciona el proyecto de ley.

SEÑORA IGLESIAS.- Con respecto a la primera interrogante planteada, que tiene que ver con mantener integrantes de los consejos electos por el voto docente o por el voto estudiantil,  nuestra respuesta es afirmativa; es más, consideramos que deberían mantenerse los consejos de primaria, de secundaria y de UTU –apoyamos en esto los planteos realizados por CSEU–, y en esa integración debería estar presente también el integrante que hoy es electo por el voto docente.

                Esto se inscribe dentro de un lineamiento que no fue inventado por la intergremial ni por la Coordinadora de Sindicatos de la Educación; es un lineamiento de carácter internacional que está presente en todas las organizaciones internacionales, como en la OEI, e incluso en la Asociación Europea de Comercio: que los sistemas educativos tengan en cuenta la participación de los implicados. Entendemos que esa es una doble mezcla; es un sistema representativo y participativo directo. Creemos que es un buen paso que se dio y que debería mantenerse.

                Si nos preguntan sobre el trasfondo, la aspiración de los sindicatos que integrábamos en el año 2008 estaba orientada a la composición total a través de la elección por los implicados, y lo que recogió la Ley General de Educación actual es una parte. Además, como se ha señalado mucho que el problema de la educación era la participación de los sindicatos en los consejos, recalcamos –repito: recalcamos– que son minoría. Eso es para quitar cualquier idea con respecto a que quienes determinan la educación son aquellos electos por el voto docente; es uno en tres en cada uno de los consejos desconcentrados, y dos en cinco en el Codicén.

                Nuestra aspiración sería, no solo que se mantuviera esa delegación en el Consejo de Formación en Educación, sino que se mantuvieran los demás consejos también con la misma integración.

SEÑOR GIL ALLIAUME.- Voy a responder la pregunta que formuló el señor senador Mahía y también haré una pequeña apostilla sobre lo que había preguntado el señor senador Bergara.

                Uno de los ejes de las reformas del Estado elaboradas en los años noventa son las responsabilidades compartidas; en este caso, las representaciones tienen que ver con las responsabilidades compartidas. Digo esto porque hay varios elementos en juego en este proyecto de ley y en el que fue ley anteriormente. Más allá de lo que nosotros podamos opinar, hay hasta una orientación política de carácter planetario sobre la conveniencia de esos procesos en los cuales la sociedad civil y sus diversos actores deben estar presentes. Este proyecto de ley no tiene eso.

                En cuanto a lo que planteaba el señor senador Mahía, quiero dejar una cosa muy clara. Este no es el primer proyecto sobre la universidad de la educación; yo conozco como cinco o seis que han estado en el Parlamento desde fines de los ochenta hasta el presente, con distintas arquitecturas.

Voy a transmitir parte de nuestra reflexión, o sea, lo que hemos discutido y planteado sobre este punto. Ante cualquier creación de una universidad primero está su funcionalidad: ¿a qué responde?, ¿qué necesidad se atiende? Es una respuesta difícil de dar. Hay que ver si es una necesidad que está instalada en la sociedad frente a una cosa específica, o es la lucha por el estatus. Siempre hemos entendido que no se trata, simplemente, de cambiar el título que está en la puerta de un edificio, sino de la modificación de una institución. Ese es un elemento clave.

                Además, quiero señalar riesgos. Si mañana creamos una universidad de la educación –y ya se dijo muy correctamente que ha habido un monopolio–, entonces, mañana se desmonopoliza y la universidad de la educación no tiene el sistema destinatario. ¿Se entiende lo que eso significa? Que todos quienes tengan un título universitario emitido por cualquier unidad académica, pública o privada, tendrán los mismos derechos de ejercer la docencia. ¡Téngase presente eso! Porque no trata solamente de preocuparnos por el hecho de tener un logo que diga «Universidad»; hay que ver cómo se relaciona, porque la ANEP seguirá siendo un ente autónomo, solo que ahora cuando se cree la universidad de la educación, ese enlace que estaba funcionalmente establecido no lo estará, salvo que exista alguna norma que no conocemos. Por ejemplo, en mi caso soy universitario y, de hecho, en secundaria nunca pude ejercer como docente en otros  lugares; sí he ejercido en  el Instituto de Formación Docente porque  concursé. Pero una vez que esto se establezca, habrá que mirarlo con atención. Además, hay un hecho que tiene que ver, quizás, con la política fiscal, porque estamos hablando de que el día de mañana sesenta mil titulados serán contribuyentes del Fondo de Solidaridad. Menciono esto porque cuando se habla del proyecto de ley no se le recuerda a la gente que cuando se titule tendrá por delante treinta años de aportes. Son cosas que hay que pensarlas.

¿Qué problema se atiende y se resuelve? No he encontrado nunca respuestas consistentes. Esto es parte de una problemática, no se trata de la posición de nuestro sindicato –que no ha discutido sobre el tema–, porque prácticamente se trata de una discusión en el campo político- partidario.

SEÑOR IRISARRI.- Sobre el tema de la universidad de la educación, ciertamente no hay consenso en el ámbito de la formación docente. La delegación sindical nunca ha tomado esto como bandera, entre otras cosas, porque la universidad de la educación no puede ser una mera formalidad. No estamos de acuerdo con que se reconozca meramente el grado universitario per se, sin que ello  implique una modificación de las estructuras y de las funciones. En principio, el año pasado hubo un  concurso de oposición y méritos –supongo que los representantes electos estarán al tanto– tendiente a regularizar la situación de profesores de asignaturas específicas y algunas generales, que no había habido en ninguna Administración desde el año 1985, salvo en el caso de algunos concursos específicos de didáctica. Entonces, tenemos una matriz muy heterogénea respecto de la composición del profesorado, y creemos que si hay que postular una universidad de la educación o un rango universitario, ello no puede ser una mera formalidad, necesariamente debe estar dotado de contenidos. Además, hay que tener en cuenta todos los problemas que implican, como el Fondo de Solidaridad, el reconocimiento universitario,  etcétera.

Por lo tanto, si se piensa en una universidad de la educación, deben considerarse todos los términos involucrados y no la mera posibilidad de poner la chapa en la puerta de una casa.

SEÑOR MAHÍA.-  Puedo coincidir o no con algunas valoraciones formuladas, pero ese no fue el centro de mi intervención.

La pregunta concreta –capaz que no puede responderse ahora– era sobre la propuesta que contiene el proyecto de ley de urgente consideración en materia de educación, sobre la búsqueda del rango universitario mediante este dispositivo legal y seguir ejerciendo el  título en la ANEP. Concretamente, a eso apuntaba mi pregunta. El resto de las valoraciones, como si está bien o mal que haya una universidad de la educación u otra institucionalidad, es una materia que se puede analizar. Lo único que quería saber era si había una opinión sobre ese artículo y, de no haberla en este momento, no hay ningún inconveniente en que la acerquen después.

Me había quedado una valoración –creo que la hizo la maestra Daysi Iglesias– sobre algunas  afirmaciones que refieren a las modalidades para enseñar a leer y a escribir, si tenían que estar o no dentro de una ley. Tenemos una opinión al respecto, pero hemos acordado no debatir, sino esencialmente hacer consultas. Acá se dijo que el Parlamento iba a tener que arreglar el tema de si había o no inconstitucionalidad en este tipo de cuestiones. Si alguien presentara el recurso debe tener la legitimidad de interés afectado. En ese sentido, podría no ser el Parlamento como tal el que determine si presenta un recurso sino los colectivos que se sientan involucrados. Será después otra institución del Estado la que le dé o no razón al reclamo. A veces se puede llegar a pretender tener respuestas sobre algunos contenidos que notoriamente no refieren a estas posibilidades, más allá –insisto– de la opinión de fondo con respecto a lo planteado.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI.- Es público y notorio –aunque no lo sabe la delegación actual– que estoicamente he mantenido silencio a lo largo de toda la mañana, pero acá tengo colegas con quienes hemos compartido, y aún compartimos, inquietudes mucho más sistemáticas de lo que la gente piensa, y hemos aportado algunos cambios y tomado algunas decisiones. Por tanto, me siento legitimada para hacer alguna aclaración por honestidad intelectual.

                Comenzando por el final, coincido totalmente con que el nivel universitario de los centros de formación docente debe ser de contenido; sobre eso no hay ninguna duda. Quienes tuvimos el placer de cursar en el Instituto de Profesores Artigas en otras épocas, teníamos a los autores de los libros como profesores. En consecuencia, coincido en que no debe ser meramente formal. Y no voy a debatir pero, por honestidad intelectual, quiero hablar mirando a la cara a los colegas que están acá y decirles que eso quedó claro.

En segundo término, en el Partido Nacional –en él soy una de las referentes en educación– queríamos derogar la Ley General de Educación, y lo he dicho desde que integraba el Frente Amplio porque siempre fui coherente con mi pensamiento. Queríamos eliminar totalmente la representación docente. Dentro de la coalición negociamos –porque obviamente es una coalición, como lo es también el Frente Amplio, y el que me diga que el Frente Amplio es un partido, no está diciendo la verdad–…

(Dialogados).

–No voy a contestar porque no estoy para hacer perder el tiempo a nadie. Quiero que quede claro cuál es la postura en este sentido.

Hemos llegado a una negociación muy importante y ahora hay dos representantes docentes en el Consejo Directivo Central. ¿Por qué nosotros estamos en contra de la representación docente? Porque consideramos que los docentes tienen que llegar al nivel del asesoramiento, y por eso tenemos las asambleas técnico-docentes con rango legal desde la década de los cuarenta en Uruguay, y tenemos que fortalecer esa parte. Lo resumo en una forma grosera para que me entiendan –después en sala trataré de ser más académica–: no se puede ser patrón y empleado al mismo tiempo.

En tercer lugar, discrepo con mi querida –no sé si amiga, pero sí conocida– Daysi Iglesias en que la representación docente que se da en la actual Ley General de Educación y que se dio desde que se hicieron las elecciones hasta ahora, tiene un solo representante; tienen un solo representante en cada consejo, dos representantes en el Consejo Directivo Central, y salvo en primaria, en UTU y en secundaria –destaco la excepción–, gana el voto en blanco. Esto es algo que no se dice porque la gente no opta por los representantes que se postulan. ¡Gana el voto en blanco! Entonces, por descarte, quedan los representantes sindicales. No se dio así en el caso del doctor Robert Silva en el último período, quien con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y con gente independiente de todos los partidos políticos –de todos–, logró con dificultad una representación realmente social.

Hay otro elemento por el cual no me gustan las representaciones sociales en los mandos de la educación –me gusta usar las palabras apropiadas– y es cuando coinciden los sindicatos con el gobierno. Entonces, los sindicatos fueron funcionales en cuanto a lo bueno que se hizo –reconozco que se hicieron cosas buenas– pero, en general, en cuanto a lo malo, que se refleja en los resultados educativos desde la pequeña infancia hacia adelante.

                Quiero que entiendan, mirándonos a los ojos, por qué no queremos –al menos ahora, hasta que no saquemos la educación de donde está– representantes sociales, excepto en el Consejo Directivo Central porque –reitero– fue una negociación y mantiene los representantes políticos. Y está bien que así sea porque vivimos en una democracia representativa. Las corporaciones –y yo pertenecí siempre a ellas; fui fundadora de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, Fenapes, en la dictadura– no pueden gobernar; cuando gobiernan las corporaciones baja la calidad de la democracia representativa. Entonces, con total cariño –que saben que les tengo a muchos porque no nos conocemos desde ahora– les quiero decir, claramente, cuál es la postura de una referente de la educación que dedicó su vida a la educación.

                Aclaro que no voy a entrar en ningún debate y no voy a contestar nada porque lo que queremos es escuchar a los invitados. ¡Al final de tanto callarse, tanto callarse, tanto callarse, ahora sí quiero aportar a mis colegas senadores datos que no tienen por qué saber, porque los docentes siempre fuimos muy corporativos y endogámicos! ¡Reconozcámoslo! Eso fue un defecto.

                Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Si revisamos nuestra institucionalidad, encontraremos –lo digo de memoria, por ejemplo, los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Industria, Energía y Minería– lugares en los que hay representaciones empresariales. En muchos casos, representaciones empresariales que actualmente tienen un nivel de coincidencia programática muy nítida con el actual gobierno. Y tienen todo el derecho a tenerla; cualquier representación gremial tiene el derecho de tener opinión que pueda ser coincidente.

                La pregunta que me surge, en términos de referencia teórica acerca del veneno que implica la presencia de las organizaciones de la sociedad civil en la institucionalidad, es por qué la LUC no recoge ese pronunciamiento –que es del Partido Nacional, según dice la señora senadora– para excluir todo este tipo de representaciones de manera veloz del Estado. De lo contrario, pareciera que las representaciones que sí nos preocupan son la de los trabajadores organizados; esas, ¡parece que sí!

                Experiencia sobre esto en América Latina hay un montón. Tanto que la Constitución chilena impide a los sindicatos participar de la política; claro que fue construida en la época de cesión.

(Intervención que no se escucha).

La interrupción del senador Botana me causa gracia.

Leí la obra de un historiador que en una parte rescata cómo la guerra fría había generado tal nivel de paranoia que un representante de la Armada de los Estados Unidos se terminó tirando por la ventana porque veía venir los rusos. Entonces, cuando en un debate se tiene que ir a la Rusia soviética o a Cuba, es porque cuesta mucho debatir sobre el fondo del tema.

En lo personal, encantado de abrir el debate y lleva la discusión  a dónde quieran. Pero, ¡basta con decir que todos los problemas del Uruguay tienen que ver con los trabajadores organizados! ¡Basta! Por lo menos, tengamos una discusión no tangencial sino central acerca del papel de los trabajadores organizados y los problemas que el país tiene.

SEÑOR PRESIDENTE.- Los invitados han presenciado una parte turbulenta de la sesión. Hasta ahora la mañana había sido muy tranquila. Es como un volcán, después vuelve a calmarse todo y volvemos a la nueva normalidad.

SEÑOR SABINI.- He escuchado atentamente a la delegación pero me parece que no estamos acá para discutir la naturaleza política del Frente Amplio sino para referirse a los artículos que  presentó el Gobierno en el proyecto de ley de urgente consideración.  En ese sentido, creo que no podemos dejar pasar algunas aseveraciones que se han hecho.

                La legitimidad política de los consejeros sociales no proviene de su ideología ni de la coalición que realizan, sino del voto de la gente, en este caso, los trabajadores de la educación. Por lo tanto, la elección de Robert Silva o de cualquier otro consejero para nosotros vale exactamente lo mismo y eso lo queríamos dejar sentado.

                Ahora sí, quiero volver a la pregunta –porque me parece que para eso estamos acá– que creo hacía el senador Mahía y que es relevante, que tiene que ver con que aquí se propone un sistema para certificar el carácter universitario de algunas carreras que voluntariamente se presenten a un sistema conformado por el Ministerio de Educación y Cultura a través de un consejo asesor. La pregunta concreta que quiero hacer tiene que ver con cuál es la opinión de la intergremial en este sentido.

                Muchas gracias.

SEÑOR IRISARRI.- Quiero hacer un par de apreciaciones sobre algunas de las intervenciones.

Ese argumento de que no se puede ser patrón y empleado a la vez claramente no funciona en la Universidad de la República, por la que transitamos muchos de nosotros porque en ahí hay un sistema de autonomía, de participación y de cogobierno bastante claro en el que los estudiantes, los docentes, etcétera, cumplen roles diferentes y también cumplen roles diferentes en el gobierno de la educación.

                Lo otro que queríamos dejar planteado respecto a la pregunta del señor senador Sabini es que hemos expresado que nos oponemos a que el rango universitario sea, primero, una mera formalidad y, segundo, que se instale una especie de doble estatuto que desconozca absolutamente la carrera profesional que hemos tenido a lo largo de los años.

                La tercera cuestión que queremos explicitar es que las organizaciones sociales y los sindicatos no somos corporaciones sino colectivos humanos de lo más variados, que pretendemos expresar nuestras posiciones en lugares como este.

                Y lo cuarto que queremos decir es que sí, claro, a veces la democracia no es meramente representativa o, en todo caso, la representatividad de la democracia se da por diversos canales y no por el canal exclusivo del voto quinquenal.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Ruego a los señores senadores que si quieren hacer uso de la palabra, por favor la pidan que con mucho gusto los escucharemos, pero que no interrumpan.

(Dialogados).

                –Por supuesto que sí, el problema está en que este momento está hablando la delegación que nos visita. Una vez que terminen su intervención, con mucho gusto voy a dar la palabra a los señores senadores porque esta mesa ha garantizado, permanentemente y a todo el mundo, el uso debido de la palabra.

SEÑOR GIL ALLIAUME.- Quiero hacer tres observaciones en su orden.

Cuando el señor senador Mahía hizo la aclaración y demás, nosotros realizamos una intervención –ahora también lo hizo el compañero– señalando que tenemos una determinada lectura sobre un proyecto político-institucional; esto no lo vamos a reiterar porque ya se lo dijimos.

Sobre lo del rango universitario y demás, lo que vemos es una vía de carácter administrativo –lo digo en un sentido muy laxo– para la aplicación de la modificación, pero no es propiamente un proyecto político-institucional que implique cosas. Ahí adentro lo que tenemos solamente es la disposición a tender a un rango determinado.

Por eso nuestra observación va a que para discutir estas cuestiones tienen que ser parte de un proyecto político-institucional en el que se detalle qué queremos, por qué lo queremos, cómo lo queremos y para qué lo queremos. Entonces, no tenemos como contramedida un proyecto elaborado sobre el que podamos opinar porque tenemos dos líneas escritas que están dentro de la LUC.

De más está decir que nos parece que esa es una solución dentro de una línea administrativa y no hay que ser muy lúcido para darse cuenta de que la moneda de canje es darte mañana un título que eventualmente tendrá carácter universitario sin que eso tenga un aparataje universitario. No queremos redundar en lo que el compañero ya aclaró porque acá no es cuestión de cambiarles las chapas. Tampoco entendemos que una universidad es porque nos la merecemos. Es el país el que está primero y se responde a las necesidades del país. Eso es lo clave.

                Hay una segunda cuestión. El señor senador Mahía observó aspectos –casi de carácter heurístico– y dijo que habría que ver si para estos problemas no se establecen soluciones que mañana dan lugar a inconstitucionalidades. No soy jurista y no tengo por qué serlo pero hay una cuestión que está planteada en la LUC que establece que la evaluación de los docentes quedará sujeta a los directores de los institutos. Inmediatamente preguntamos, ¿con qué disposiciones legales? ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación? ¿Dónde están instalados? Lo único que hay hoy es un informe que hace el director de un centro sobre un profesor, pero miren que eso no es un sistema de evaluación del desempeño de un docente. Quiere decir que por esta norma se establecen situaciones de discrecionalidad, porque usted dispone de una evaluación que no tiene un marco legal de ningún tipo, ni siquiera dentro de la ANEP. Miren que los que estamos acá participamos en el Consejo de Formación en Educación en el diseño del nuevo capítulo que se hizo para formación docente y les aclaro que las disposiciones que se establecieron para la evaluación están mal. Nosotros lo señalamos. Están mal. La Administración anterior hasta le erró en la forma de evaluar, porque no es sencillo. Incluso implica experticia, que hay que adquirirla, hay que formarla, etcétera. En este momento, ¿se imaginan si en 2021 empieza a regir esto? ¿Cuántos de los directores son de carrera? ¿Cuántos llegaron a esos cargos por concurso? Basta con mirar hoy en secundaria o en la UTU para saber si lo son. Es como si yo mañana evalúo a un mecánico y yo de mecánica nada sé. Esto no resuelve un problema, lo incrementa. No tiene atrás un soporte legal ni administrativo ni de ningún tipo, por lo tanto, tendencialmente será discrecional.

                Hay un tercer punto que quiero señalar casi por un matiz lingüístico. No, no somos corporaciones. En el curso de sociología política uno puede perfectamente identificar qué es una corporación. No estamos frente a corporaciones. Casi el 40 % de los docentes de formación docente, en este caso, son universitarios. Los otros pueden ser profesores de enseñanza media, maestros o de terceros o cuartos lugares. Una corporación es homogénea, recluta, selecciona, evalúa y hace carrera en función de una trayectoria. Lo único que se parece a una corporación en el Uruguay, en el campo educativo, es magisterio porque no hay otra forma. Es más, tiene un monopolio de verdad. Tiene un monopolio en la carrera, en los ascensos, en la profesionalización, etcétera, etcétera. Sus directores llegan por formación y concurso. Eso eventualmente sería una corporación. Lo otro, mis amigos, son ¡agregados! Agregados; cosas apiladas y puestas allí. Son distintas formaciones, distintas heterogeneidades, distintas culturas, distintos sistemas de identidad, dificilísimos de amalgamar. Cuando se sale y se dice que esto es una corporación, es una licencia del lenguaje. Claro, coloquialmente todos nos entendemos pero en realidad lo que estamos viendo es la lucha por un régimen de inmunidades y poco más, pero extremadamente heterogéneo ¡y diverso!, y no en un sentido positivo de la palabra. Diverso quiere decir irracional, conflictivo, de difícil resolución. Nada de eso está resuelto. Por eso en los pilares de cualquier transformación, ¡esto es un requisito!, como señalaba el compañero. Usted no inventa la universidad. No se inventa la investigación por un decreto administrativo, ¡son años de formación! Muchas veces vimos que en estas cosas deciden hacer un pilar de investigación. Fantástico. ¿Con qué financiamiento? Cuando mañana un profesor en formación docente tenga que ser un investigador, supongamos, ¿cómo destina parte de su tiempo a la investigación en lugar de dar clases? ¡¿Cómo lo hace?! ¡¿Cómo hace investigación biológica con laboratorios que son prácticamente para nivel inicial?! No; no existe. ¿Está claro? Y pueden ponerlo en cualquier campo disciplinario y voy a decirle que simplemente es una cuestión ornamental, es un mal español. Es volver a la tradición española de lo que se parece pero que no es. Entonces esa es la cuestión que el compañero estaba señalando. No es solo una lucha por la formalización o por un estatus –que entendemos, que comprendemos–, pero señalamos las dificultades.

                Disculpen. Simplemente quería aclarar esas tres cosas.

SEÑORA IGLESIAS.- En primer lugar, quiero hacer una aclaración por si fuimos malentendidos. No pretendemos banalizar ninguna discusión. La discusión entre la democracia representativa y la democracia participativa atraviesa el mundo, a tal punto que hoy ya se habla de estatus de equilibrio, ni una ni la otra. Se han desatado contra la democracia participativa argumentos de peso no descalificables.

Sartori —no el legislador uruguayo, sino Giovanni— desató un conjunto de argumentos demoledores de la democracia participativa. ¡Demoledores! Así como otros desataron un conjunto de argumentos que son a favor y parecen irrefutables. Lo que tratamos de decir es que la Ley n.º 18437, aunque no recoja lo que nosotros sostuvimos en el año 2008, de alguna forma, introduce una alternativa que hoy está presente en el mundo: equilibrar lo representativo con lo participativo. Es más, existen estudios sobre qué ha pasado con lo participativo en América Latina. Si los miran, se darán cuenta de que hay que aprender de ellos, porque la mayoría señala que lo participativo fue desviado y ha terminado en un proceso burocrático que no ha ayudado a la gestión de las instituciones.

¿A qué nos alerta este debate que hoy se ha dado entre los señores legisladores y del que también participamos nosotros? Que estamos ante un tema de gran profundidad, que no se puede solucionar —disculpen la expresión, no es para ofender a nadie— con una tijera o pretendiendo mantener, por un acuerdo, a dos en un lugar, eliminando a los otros. Nosotros aquí no estamos mandatados para hablar de lo que puede suponer el descalabro del funcionamiento —la senadora conoce nuestra posición—, diluyendo a los consejos en los ámbitos de secundaria, primaria y de UTU. Seguramente, eso empeorará la gestión.  Si eso se está haciendo para evitar que haya un integrante electo, ¡peor aún!

                Lo que señalamos respecto a las líneas transversales de la Ley n.º 18437, que tienen continuidad en el artículo 192, literal D actual —nos dijeron todos los ejes transversales de la Ley n.º 18437, sin importarles si después los cambiaban o no—, es que delegan a la autoridad política, y no se ha visto nunca dejar en manos de la autoridad política —en la ANEP siempre estuvo separada de la autoridad técnica, por eso hay estamentos a los que se llega por carrera y concurso, y otros por designación de ustedes, que son los políticos— la prescripción metodológica. Esto en Uruguay no pasó nunca.

Entonces, seguramente, nosotros podamos saber qué mecanismos vamos a aplicar y cuáles no, pero aún no ha sido votado, y es nuestra función alertar a quienes van a levantar la mano. No pretendemos en lo más mínimo vulgarizar la discusión entre dos modelos de democracia, que hoy las nuevas elaboraciones dicen que deben tender al equilibrio. Es lo que pedimos, de alguna manera, que se mantenga.

En cuanto a la elección, el mismo argumento dado en esta sala por la elección de un representante como el profesor Robert Silva —que hoy es nada menos que el director general de la ANEP— demuestra que la gente suele ser libre cuando vota.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Creemos que lo que está en discusión en este momento es si adherimos a un sistema representativo o a uno corporativo. Es claro que el Uruguay tiene un sistema de representación política que pone en manos de quienes son elegidos en elecciones cada cinco años al poder político. Yo no estoy en contra de la participación de los grupos de interés o de profesión, pero entiendo que la conducción de los órganos de gobierno tiene que estar en manos de quién ha sido elegido con el voto secreto y universal. No se puede delegar esa facultad. Ahora, si queremos ir a un sistema corporativo, habrá que plantearse una discusión constitucional muy profunda y seríamos prácticamente precursores en América Latina de un sistema de esa naturaleza.

Además, en el Uruguay sistemáticamente se ha violentado la Constitución. Si hay un grupo de interés cuya participación ha sido negada en materia de educación de los menores de edad, es el de los padres. Si hay que representar grupos de interés o profesión, los padres deberían estar comprendidos en los gobiernos de la ANEP. Sin embargo, no tienen ni voz ni voto, cuando la Constitución establece que ellos tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. 

Quería dejar sentada mi posición en este sentido, aunque entiendo que correspondería que lo discutiéramos en el plenario.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Estamos de acuerdo con la ampliación de la participación de los padres, pero en realidad no deberíamos limitar la participación de los docentes. Según una de las exposiciones, quedó bastante clara la visión que se tiene de la mayoría que integra esta comisión y que hoy está en el Gobierno. Evidentemente, cuando se les deja dos lugares a los otros consejeros, se define que se prioriza lo político. Ante esta duda que presenta el señor senador, señalo que, en realidad, quien estaba primando no era el representante electo, sino la otra parte. Me pregunto si no se comprende la importancia de tener un representante del ámbito del que se trate, electo por un cuerpo docente. Acá no se trata de que ese miembro sea electo por el sindicato, sino por el cuerpo docente, que lo elige libremente. A mi entender, si eso se retacea, se retacea la democracia, porque esa elección directa –al igual que lo que ocurre con nuestra elección cada cinco años– es muy legítima también en esos ámbitos. Me parece que esto –lo dije cuando comparecieron las autoridades y cuando sugerimos que esta norma no se considerara como un proyecto de ley de urgente consideración– lesiona esa historia tan rica y buena de los consejos.

Comparto todo lo que aquí se ha dicho en cuanto al carácter universitario, que fue una de las preguntas que se formularon. Creo que debemos darnos ese debate porque, evidentemente, las cosas no están claras en el texto ni en cuanto a aquello a lo que debemos apuntar cuando requerimos el reconocimiento universitario.

Me parece importante resaltar este punto. ¿Se tiene miedo a que un cuerpo determinado, en este caso el docente, elija a un representante? Creo que está bueno que en todos los ámbitos exista esa delegación que permite ver de adentro la problemática que se está tratando, porque la mirada no es político-partidaria. Entiendo que si eso se puede ampliar, mejor, pero no estoy de acuerdo con quitarlo o retacearlo.

SEÑOR GANDINI.- Hubiera deseado no intervenir, pero no me siento comprendido en muchas de las cosas que se han dicho. Por ello, para que conste en la versión taquigráfica y para que lo escuche la delegación que nos visita, señalo que creo en la autonomía de la educación y en la democracia representativa. No considero que el Gobierno deba definir estrictamente la conducción de la educación. Reitero que creo en la autonomía y en la representación del cuerpo docente, no en mayoría, pero este debe formar parte del Consejo Directivo Central, como lo prevé esta iniciativa. Tampoco me como la pastilla, ni soy ingenuo. Una cosa es la autonomía y otra, la independencia. Está lleno de autonomías y de representaciones de gente que no es independiente de su ideología, de su partido político.

                No creo en la representación de aquellos que no tienen organizaciones. Miren lo que nos pasa con el movimiento de los usuarios en la salud. Pura chapa, pura pinta. No se representan más que a ellos mismos y atrás hay estructuras partidarias, porque no hay organizaciones de usuarios serias detrás. Creo, sí, en organizaciones con larga trayectoria, que no son solamente los sindicatos que se han podido hacer representar.

                Considero que es un buen debate, pero no hay que perder de vista valores históricos, que han hecho que los gobiernos puedan ir por un lado y la conducción de la enseñanza pueda tener independencia del gobierno de turno. Nos pasó antes, durante y después de la dictadura; durante gobiernos blancos, colorados y del Frente Amplio. No ha sido lo que uno quiere, porque se ha confundido a veces autonomía con independencia. Pero creo que es un debate que siempre se va a mantener y nunca estará del todo resuelto.

                Creo en los gobiernos representativos, pero también creo que en la enseñanza la autonomía es un valor que hay que defender y mantener, y me parece que la ley, donde lo tiene que hacer, lo hace.

                Quería marcar mi visión, que no necesariamente es la que se ha manifestado en sala.

SEÑOR BOTANA.- Quiero hacer una reflexión de carácter general, porque creo que esta delegación ha provocado este debate, lo que me parece un muy buen aporte. Sinceramente, valoro enormemente las posiciones que han manifestado. Por supuesto que discrepo filosóficamente, pero distingo el hecho de que hayan sido claros y de que tengan posturas propias. Me parece que desde ese punto de vista es absolutamente respetable y debemos valorar como comisión lo que aquí se nos ha aportado.

                Obviamente, al igual que el senador Gandini, creo en la democracia representativa y no creo en los corporativismos. Pero además quiero advertir una cuestión que me preocupa cuando se tratan las cuestiones de un signo de gobierno y del otro signo de gobierno. A mí me disgusta profundamente entregarles la salud a los médicos, la seguridad a la policía, la educación a los educadores, la economía a los economistas. Creo que existe, en esos casos, una natural tendencia a servir los intereses y los postulados de los que practicamos esas profesiones. Ni que hablar de entregarles a los bancos lo financiero y a los escribanos, todas las cuestiones formales. Creo, sinceramente, que a veces tenemos los seres humanos la tendencia a servir los postulados de nuestras profesiones, cuando no los intereses de las mismas, en vez de servir las demandas de una sociedad. Por eso, prefiero siempre la participación de los representantes políticos elegidos por la ciudadanía, obviamente sin ignorancia de la cuestión técnica. Pero esa es una posición que seguramente es diferente de la que interpreto tienen ustedes.

                También quiero manifestar otra cuestión. Sabemos todos acá que no existen en esta etapa grandes reformas en cuanto a la organización de los sistemas de formación docente en el país, que este proyecto de ley no trae reformas tan profundas. Pero sí me parece un lindo desafío el de asumir juntos el debate que nos debe conducir a esa universidad de la educación o al mejor estatuto para nuestros docentes, que tal vez podría no llegar a pasar por la universidad, como ustedes lo manifiestan. A muchos de nosotros nos convenció siempre esa idea de que el docente tuviera rango universitario, pero sinceramente entiendo y me parece de absoluto recibo lo que ustedes están diciendo, en cuanto a que el tema debe estar en la esencia y que no debe ser un tema ni de estatus, ni de formalismos, ni de cuestiones de ese tipo. Y lo que creo, sí, es que tenemos que juntos asumir el desafío de un debate en serio, inteligente y constructivo, no para enfrentar posiciones, sino para encontrar la gran solución a la formación docente que sirva al Uruguay que se debe venir en los próximos años.

                Sé que he hecho una valoración de carácter general, que nada aporta a los detalles de la discusión del proyecto de ley pero que sí pretende valorar la presencia de esta delegación, que ha venido con ideas propias a nutrir el debate, y es una actitud que quiero resaltar.

SEÑOR BONOMI.- Ante todo saludo a la delegación.

                Quiero solamente dejar una constancia. Me quedó clarísima la posición de la delegación. Me quedó clarísima la posición de algunos senadores del Gobierno. Me quedó clarísimo que hay una contradicción enorme. De manera que me siento tentado a participar, pero voy a cumplir con lo que acordamos, que es debatir a partir del 25 de mayo.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Simplemente quiero hacer una reflexión para este debate, que debe ser centenario ya; no es en absoluto actual. Los mayores científicos, aquellos que de alguna forma determinan la orientación de nuestra salud, de nuestra economía, mayormente han sido formados en la educación pública. Pensar que nuestros maestros, profesores y estudiantes sean vedados de la palabra en los organismos de conducción de la educación habla claramente de algunos temores a confrontar con quienes todos los días desarrollan actividades prácticas de enseñanza en todos los rincones de este país. Lamento ese retroceso, como trabajador y como miembro de un sindicato. Los científicos son convocados para cuando ocurren pandemias como esta y otras, pero no van a ser convocados, quizás, cuando se tenga que hablar sobre los destinos de la educación. Así que esa discriminación es interesante para reflexionar.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos mucho la presencia en la mañana de hoy.

                La comisión pasa a cuarto intermedio hasta las 14 y 30 horas.

(Son las 12:43).

 

 

 

 

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.