COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN

(Sesión celebrada el día 7 de mayo de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 9:40).

                 –Antes de hacer ingresar a sala a la delegación de la Universidad de la República, quisiera coordinar con los señores senadores la agenda de trabajo del día de mañana. Agradezco que se haga llegar a la Secretaría la lista de senadores que integrarán la subcomisión A, que será la que sesionará en la sala 17, y los que integrarán la subcomisión B, que va a funcionar en la sala 15. De esa manera, garantizamos que haya cuórum permanente de senadores de todos los partidos políticos.

                Aclaramos que se permitirá que Cabildo Abierto, que tiene un solo senador integrante de la comisión, pueda estar representado en una subcomisión por su coordinador y por el senador Domenech en la otra, a fin de que todos los partidos tengan integración. Por supuesto que está abierta la participación de senadores que no integran ninguna de las comisiones, tal como lo hemos hecho hasta ahora.

                Por otro lado, quiero decir que hemos acordado que la integración de las delegaciones que van a concurrir no sea de más de cinco personas, salvo en alguna circunstancia especial y en ese caso sería para la subcomisión que funcionará en la sala 17 y nunca podrá exceder la cantidad de bancas de la «tribuna Amsterdam». De esa manera, creo que son 12 las personas que podrían integrarse a trabajar en las delegaciones.

                En la sala 17 la subcomisión será presidida por el senador Carrera, que es el vicepresidente de esta comisión,  y yo estaré presidiendo en la sala 15. La secretaría y los servicios del Senado que participan de la comisión deberán prever el ingreso y la salida de las delegaciones y por dónde hacerlo, para que el funcionamiento sea lo más fluido posible.

                En definitiva, solicito que en el día de hoy se haga saber a los secretarios de la comisión qué subcomisión van a integrar. Aclaro que también se podrá deambular por las subcomisiones. En realidad, lo que se pretende es que haya representación política partidaria para que, en el día de mañana, no se pueda argumentar que no se escuchó a una delegación porque no había representantes de todos los partidos políticos.

(Ingresa a sala la delegación de la Universidad de la República).

                –La Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley de Urgente Consideración tiene el gusto de recibir a la delegación de la universidad mayor de la república encabezada por su rector, el señor Rodrigo Arim, acompañado por la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, señora Ana Fraga; la decana de la Facultad de Ingeniería, señora María Simón; la integrante del Consejo Directivo Central por el orden estudiantil, señora Mariana Caffa; el integrante del Consejo Directivo Central por el orden docente, señor Gonzalo Salas; la integrante del Consejo Directivo Central por el orden de egresados, señora Ana Laura Mello, y la directora de la Dirección General Jurídica de la Udelar, señora Mariana Gulla.

                Tiene la palabra el señor rector.

SEÑOR ARIM.- Señor presidente: antes de empezar, quiero agradecer, en nombre de la Universidad de la República, la invitación a comparecer en el día de hoy en la comisión especial que tiene a estudio el proyecto de ley de urgente consideración.

                Si bien no se nos ha referenciado sobre qué parte de la ley de urgente consideración necesitan que la Universidad de la República se exprese, me gustaría hacer algunas consideraciones previas antes de centrarnos en el aspecto que en el día de hoy, dado el tiempo que nos han asignado, creemos más relevante tratar y comunicar a la Cámara de Senadores que es, concretamente, el funcionamiento del sistema de educación.

                Para la Universidad de la República, la LUC –nosotros comenzamos su análisis en base al borrador del proyecto de ley que fuera presentado públicamente a fines de enero de este año– es un cuerpo normativo amplio y diverso que refiere a muchos ámbitos de la vida nacional en los que los objetivos perseguidos tienen un vínculo no orgánico entre las distintas partes. Hacemos este planteo porque nos preocupa el tratamiento conjunto en tiempos muy acotados que marca el régimen establecido para una ley de urgente consideración, y con cambios normativos tan relevantes en distintos ámbitos de la vida nacional e institucional.

                Por mandato legal de la Ley Orgánica de la Universidad de la República –según su artículo 2.º–, es nuestra obligación contribuir al estudio de los temas de interés general y propender a su comprensión pública. Distintos aspectos de la ley de urgente consideración requieren la conformación de espacios de discusión, de intercambio académico, incluso en los espacios del gobierno universitario, para poder aportar a la comprensión general de temas tan relevantes como puede ser la seguridad, los medios de comunicación, los cambios económicos y la reglamentación económica que se introduce y, por supuesto, la educación. La diferencia en su estatus es que adicionalmente la Constitución de la república y la ley orgánica obligan a la institucionalidad pública a consultar a la Universidad de la república en aquellos aspectos que son atinentes a su giro específico, o sea, la educación superior; repito, esto lo establece la ley y  la Constitución.

                Quiero dejar expresamente establecido que para nosotros esa instancia todavía no se puede formalizar, porque la Ley Orgánica de la Universidad de la República establece que quien tiene que expresarse en estos casos es la Asamblea General del Claustro. En el día de ayer, la Asamblea General del Claustro tuvo su primera reunión, después de que fuera presentado formalmente el proyecto de ley.  Si bien está avanzando en su tratamiento, en los aspectos correspondientes a educación superior, todavía la Universidad de la República no tiene posición de sus órganos competentes, en particular, su Consejo Directivo Central y la Asamblea General del Claustro. Para nosotros esta es una primera aproximación y presentación ante el Parlamento nacional pero entendemos que todavía no estamos en condiciones de cumplir con lo que exige la ley, más allá de que la convocatoria no sea en el plano de la exigencia constitucional legal sino que responde a una invitación más general a los efectos de opinar sobre la ley de urgente consideración.

                Consideramos que es absolutamente pertinente discutir el rediseño de la ley de educación, y en esto queremos ser claros. Entendemos que la ley de educación incorpora un conjunto de dispositivos importantes de coordinación al interior del sistema educativo pero, a la vez, creemos que ha tenido falencias en su funcionamiento.

                Muchos de los integrantes que hoy estamos representando a la Universidad de la República hemos participado activamente en el espacio de coordinación, y nuestra valoración del mismo es que aporta elementos sustantivos, pero, simultáneamente, no ha tenido los estándares de funcionamiento adecuados que requiere una estricta coordinación del sistema de educación pública.

Ahora bien, el proyecto de ley de urgente consideración incorpora al sistema de educación pública un rediseño global, una nueva arquitectura en la coordinación. Una de nuestras dificultades es entender a cabalidad cuál es la motivación de esos nuevos diseños. Lo digo expresamente porque no hay una exposición de motivos clara y detallada de cada uno de los artículos que explique por qué razón se migra a esta nueva arquitectura del sistema de educación en general y público en particular.

Para nosotros –lo expresamos como Consejo Directivo Central en febrero de este año-, siendo pertinente la discusión, nos parece profundamente equivocado instrumentarla en cien días. Requiere el intercambio, la explicitación de argumentos y encontrar espacios de acuerdos institucionales que nos permitan mejorar el funcionamiento del sistema de educación pública, en particular. No obstante, entendemos –y queremos dejar constancia en este ámbito parlamentario- que las condiciones, a partir del 13 de marzo de este año, cambiaron.

La Universidad de la República ha hecho un enorme esfuerzo para migrar buena parte de su formación terciaria a plataformas digitales. Para que este Parlamento sea consciente, les digo que, en menos de un mes, más de 100.000 estudiantes de todo el país –todo el país- y cerca de 10.000 docentes han comenzado a operar bajo este paraguas. Esto está sosteniendo a la educación terciaria superior en el país, impensable en un contexto de restricciones de interacción física como la que tenemos en este momento.

 La Universidad de la República es una institución, por suerte, masificada; Uruguay necesita más estudiantes universitarios. Pero, a la misma vez, es imposible sostener clases presenciales, en este contexto, y es probable que eso sea bastante difícil de instrumentar en las próximas semanas. Por lo tanto, rápidamente, hemos tomado criterios e inversiones financieras muy relevantes para poder instrumentar que 100.000 estudiantes en el Uruguay de hoy estén cursando sus carreras de grado y posgrado bajo plataformas digitales.

A su vez, hemos redireccionado nuestros esfuerzos institucionales, y esto se expresa en el día de hoy en casi 5.000 pruebas de diagnóstico que hemos realizado junto con el Instituto Pasteur.

Asimismo, daré otras noticias que son parte de la fortaleza, no de la Universidad de la República sino del país y de las decisiones que ha tomado la institucionalidad pública en general incluyendo este Parlamento. En Salto, el Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad de la República está haciendo entre cincuenta y sesenta test diarios, y es probable que a partir de este viernes o de los primeros días de la semana entrante, en Tacuarembó, la Universidad de la República junto con el INIA, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Hospital de Tacuarembó esté instalando un laboratorio para hacer análisis clínicos. A la brevedad, tendremos otro instalado en el Centro Universitario de la Región Este, en Rocha. Es bien relevante, en el contexto actual, pensar en la capacidad de testeo en la frontera del país.

Estamos interviniendo directamente en la provisión de algunos insumos críticos para el país –digo críticos porque no hay en el mundo- como ser los hisopos y las mascarillas, el mecanismo de desinfección de la vestimenta de la seguridad médica, el diseño de ventiladores y pruebas terapéuticas que hoy se están haciendo en el mundo. La Universidad de la República es parte de un conjunto de pruebas que solamente están haciendo los países desarrollados y el Uruguay, en algunos casos. Podemos decir que hay estudiantes colaborando con el Ministerio de Salud Pública para la atención sanitaria y, por supuesto, todas las facultades del área de la salud, en todas sus estructuras de residencia; en el caso de la Facultad de Medicina y del Hospital de Clínicas, están adaptándose a esta situación.

 Lo hacemos por convicción institucional y por mandato legal, pero también lo hacemos convencidos de que ese es nuestro rol hoy y nuestra prioridad. Esto lo digo antes de entrar en el fondo del tema, porque nosotros entendemos como Universidad de la República que es complejo discutir un cambio normativo tan amplio, una arquitectura tan densa como la que se está planteando, en un contexto en el que las instituciones que tenemos que participar legal y constitucionalmente de la discusión, tenemos otras prioridades y estamos funcionando virtualmente; ustedes lo hacen de manera presencial, pero hemos tomado la decisión de que el Consejo Directivo Central funcione en espacios virtuales, desde hace ya más de un mes.

Hecha esta introducción, me gustaría señalar tres núcleos de problemas que había en la redacción original de lo que se denominó  «borrador». Algunos de ellos se han levantado en este proyecto de ley, que finalmente fue remitido al Parlamento, pero hay otros nuevos que nos preocupan por el alcance que puedan tener en algunos casos. Prefiero decir que hay problemas de corte instrumental y problemas sustantivos.  

En términos instrumentales, en febrero de este año, poco después de que se presentara el borrador del proyecto de ley de urgente consideración, señalamos que nos preocupaban, y mucho, dos cambios sustantivos que había en las excepciones para las compras directas del Tocaf. Son dos cambios enormes para la operativa de la Universidad de la República. El primero de ellos tenía que ver con la eliminación de la excepcionalidad de las compras de equipamiento científico, que había en aquel borrador original. Desde 1997 la Universidad de la República –junto con la UTEC, que fue agregada recientemente– tiene una excepción para la compra directa de equipamiento científico por su especificidad y su dificultad para establecer con claridad una licitación nacional o internacional. Lo que ha sucedido en las últimas legislaturas es que ese monto se ha ampliado. Hasta el día de hoy rige un límite de USD 10:000.000 para toda la institución.

En las discusiones previas y en los intercambios que tuvimos con los integrantes del Poder Ejecutivo, se ha logrado reincorporar esa excepcionalidad, lo que nos parece una buena noticia para el país y para la Universidad en particular, con un monto menor de USD 6:000.000.

SEÑOR BERGARA.- Solicito al señor rector que, en la medida de lo posible y en función de los temas que vaya abordando, haga referencia a los artículos concretos del proyecto de ley.

SEÑOR ARIM.- De acuerdo, señor senador. Voy a pedir asesoramiento a la doctora Mariana Gulla, al respecto.

                En estos casos, tiene que ver con el artículo 307. El inciso 18) incorpora ese nuevo límite.

                Quisiera ahora hacer otros comentarios: en primer lugar, desde el punto de vista cualitativo, claramente se entendió la dificultad de eliminar esta excepcionalidad.

Desde el punto de vista cuantitativo corresponde hacer dos consideraciones. La primera de ellas es que los USD 6:000.000 es un tope que la Universidad de la República no ha alcanzado en los últimos cinco años. O sea que tenía un permiso de USD 10:000.000, pero veníamos ejecutando, a través de este mecanismo, en el entorno de USD 3:000.000 anuales. Por lo tanto, si uno lo ve en un parámetro histórico, parecería que hay aire para completar esta situación.

 No obstante, quiero llamar la atención de los señores senadores sobre una situación que puede darse específicamente este año y que puede llevarnos a tener una complejidad adicional en la ejecución de este límite que, además, es un límite –permítanme decirlo– para toda la institución y es igual para la Universidad de la República y la UTEC, cuyo tamaño relativo es distinto.

En este momento tenemos dos grandes inversiones en camino. Ambas son extremadamente importantes para la Universidad y también para el país. La primera de ellas es la de culminar la Facultad de Veterinaria. La nueva Facultad de Veterinaria se está mudando de su localización céntrica en la ciudad en este momento. Es una obra muy importante para la cual tenemos asignados cerca de $ 600:000.000 para culminarla este año y terminar la mudanza completa de la facultad, en marzo del año 2021.

Eso tiene varias implicancias, entre otras cosas –luego voy a hacer comentarios al respecto–, liberar el inmueble que hoy está ocupando esa facultad, en un lugar céntrico y con un valor muy importante. Ahí tenemos un primer desafío y es que vamos a tener una demanda muy importante de equipamiento científico para equipar esa facultad, en tiempo récord, durante este año. Se trata de lo que los economistas solemos llamar un shock de una vez, pero existe. Efectivamente, este año vamos a tener que hacer una compra muy relevante de equipamiento científico para dejar a punto ese laboratorio, esa facultad en general. En particular, lo que cuesta en este caso es el equipamiento de los laboratorios.

Hay una segunda inversión relevante. La Universidad de la República está al borde de inaugurar en Salto, paradójicamente,  el primer laboratorio de seguridad P3 que va a tener el país. El laboratorio de seguridad P3 es el que permite el manejo de patógenos, como el del coronavirus. Entre paréntesis digo que con respecto al coronavirus la recomendación, en tiempos de normalidad, es que solamente se deberían utilizar laboratorios de estas características y no los que tiene el país. La OMS está recomendando efectivamente usar laboratorios de seguridad P2, que son de una seguridad un poquito menor, por la sencilla razón de que no hay capacidad instalada en el mundo para usar esto. El Uruguay podría haber tenido un laboratorio P3 si esto hubiese comenzado en junio y no en marzo, porque junio era el mes en el que teníamos la idea de inaugurar este laboratorio en Salto. Repito que será el único laboratorio de estas características en el país y una parte constitutiva de la estrategia de desarrollo que tenemos para la Universidad en el interior. Ahora, ese laboratorio requiere de un rápido equipamiento y es probable que el valor, sumando el de veterinaria  pueda ascender a los USD 100:000.000. Señalo esto, porque el problema ahora no es cualitativo sino cuantitativo y puede ser que sea por este año. Ahora bien, vuelvo a decir lo mismo, la herramienta de los USD 10:000.000, que nos permitía el Parlamento y la ley, la hemos utilizado con tal nivel de austeridad que nunca superamos los USD 3:000.000, aunque es probable que este año tuviéramos que superar estos guarismos. Entonces, no comprendemos la razón por la cual, siendo la Universidad de la República una institución que muestra en sus reportes habituales de rendición de cuentas  que es extremadamente austera en la forma en que utiliza este límite y nunca está cerca del umbral que le señala el Parlamento, se hace una disminución en su monto total cuando esto puede afectar el hecho de que Uruguay tenga un laboratorio de estas características, tan necesario, en tiempos razonables, o que la Facultad de Veterinaria pueda operar completamente a comienzos de 2021.

                Hay un segundo tema donde también diría que las soluciones son parciales y lo voy a retomar hacia el final de mi exposición. El artículo 27 del Tocaf vigente introduce una excepcionalidad para la contratación directa por parte de organismos del Estado, no solamente de la Universidad de la República –que es parte del Estado uruguayo y eso ya estaba incorporado–, sino también de las fundaciones instituidas por ésta. Ahora esa excepción se elimina y eso genera un problema creo que no solo a la Universidad de la República sino al país en general. En la versión que fue remitida al Parlamento y en este momento está a consideración de los señores senadores se reincorpora parcialmente, es decir, habilitando solo la contratación directa de la propia Universidad con sus fundaciones. Me acota la decana Simón que es el numeral 22) del artículo 307. Quiero señalar con precisión cuál es el punto central en este caso. Nos parece correcto y saludamos que la Universidad de la República incorpore la posibilidad de contratar con sus propias fundaciones –lo contrario sería un contrasentido–; no obstante, por otros cambios que surgen también en el Tocaf esto deja a la Universidad en inferioridad de condiciones con respecto a las universidades privadas y esto sí nos preocupa mucho por un conjunto de señales que se están dando en esta ley de urgente consideración.

                Si me permiten quiero señalar que esto surge porque, a la misma vez que se elimina este mecanismo de vínculo directo entre los organismos del Estado y la Universidad de la República, se incorpora, en el numeral 23) del mismo artículo, la posibilidad de un vínculo de contratación directa, excepcionado de cualquier mecanismo licitatorio, para las universidades privadas. Sobre esto en particular no tenemos nada para decir. Nos parece que es una decisión del Estado uruguayo establecer que las universidades privadas estén sujetas también a la posibilidad de contratación directa. Lo que genera un espacio de discriminación complejo es que a la Universidad de la República se la deja en peores condiciones que a las universidades privadas para contratar con el Estado.

Las universidades privadas operan por definición en el derecho privado, por lo tanto, ante una demanda de cualquier organismo del Estado sobre capacitación o sobre transferencia tecnológica están en condiciones de responder con la celeridad y la velocidad propia del derecho privado. Para que la Universidad de la República pueda aprobar un convenio con cualquier organismo del Estado necesariamente –y no por ineficiencia, sino por un marco regulatorio que nos rige– debe transcurrir un período que no es menor a un mes, en el mejor de los casos y de las hipótesis posibles. El instrumento con que contaba la Universidad de la República para tener la capacidad de responder rápidamente a demandas provenientes del Estado eran y siguen siendo, las fundaciones. Eso no quiere decir que nosotros reivindiquemos que la relación del Estado uruguayo con la Universidad pase por las fundaciones, de hecho, el año pasado la Universidad de la República modificó su ordenanza al respecto y está construyendo un sistema de monitoreo de las fundaciones que me parece crucial. Las fundaciones son parte de la Universidad de la República y como tal ella debe ser consciente de qué es lo que hacen y dejan de hacer, y claramente en eso estamos avanzando. Ahora, seamos claros: en la redacción actual de la LUC hay un conjunto de servicios –en aquellos espacios donde las universidades privadas, que no son todas, tienen masa crítica para reportar servicios al Estado uruguayo–  que van a estar en condiciones mucho mejores que la Universidad de la  República para hacerlo en forma rápida. Entiendo que esa no es la voluntad del legislador, pero es el resultado natural y directo de la redacción actual del proyecto de ley.

SEÑOR GANDINI.- Mi saludo y mi bienvenida a la delegación y al rector de la Universidad.

No alcanzo a entender, porque me parece que lo que establece el numeral 23) es al revés: no obliga a la Universidad de la República ni le da facilidades a las universidades privadas. Lo que dice es que cualquier organismo puede contratar con cualquier universidad o institución de nivel terciario de forma directa. Es decir que puede contratar de manera directa con la Universidad. No habilita a la Universidad ni a las universidades, sino a «los organismos señalados en el artículo 451 de la presente ley» para que contraten en forma directa con la Universidad. Lo que sí hace es poner a la Universidad en el mismo plano de posibilidades y oportunidades que cualquier institución que brinda capacitación de nivel terciario. Hay otras que no son universidades públicas que también lo hacen. Eso es lo que me parece entender.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR ARIM.- La intervención del señor senador Gandini es correcta cuando dice que se habilita a nuevas entidades a contratar en forma directa, el problema es que la Universidad de la República no se rige por el mismo derecho que las universidades privadas. Acá hay que hacer una doble lectura, porque se elimina la excepción  que estaba en el Tocaf, es decir que las fundaciones instituidas por la Universidad de la República podían contratar en forma directa con el Estado y al mismo tiempo se habilita a entidades privadas –¡bienvenido!– a contratar directamente con el Estado. ¿Cuál es el problema? Que si la Universidad de la República quiere hacer una contratación directa con el Estado tiene que hacer un convenio y los procesos de aprobación de estos llevan necesariamente semanas, cuando no, meses, y  no por ineficiencias internas, sino por los procesos legales que están regidos en ese mecanismo. Si se hace a través de las fundaciones se realiza en días, como lo podrán hacer las universidades privadas a partir de que se apruebe la ley. Al eliminarse la posibilidad de que nosotros lo podemos hacer a través de las fundaciones, no podemos responder en el mismo tiempo que pueden responder las universidades privadas.

SEÑOR ANDRADE.- Me parece que lo que no considera el señor senador Gandini es la eliminación del literal Y) del artículo 482 de la ley vigente que dice: «La contratación de bienes o servicios por parte de los organismos señalados en el artículo 451 de la presente ley, cualquiera sea su modalidad, con asociaciones y fundaciones vinculadas a la Universidad de la República». Al dejar afuera esta posibilidad la Universidad queda en condiciones inferiores para participar en una contratación.

SEÑOR GANDINI.- El numeral 23) no refiere a la Universidad. El sujeto son todos los organismos e instituciones públicas. Está autorizando a todo el resto de las instituciones públicas para que en su calidad de compradores de bienes o servicios puedan hacerlo en forma directa y la Universidad puede ser un prestador de esos servicios.  No le pone un límite a la Universidad, a nadie se lo pone.  Dice cuáles son los organismos del 451.

(Dialogados).

                –Dice que las instituciones a nivel terciario pueden vender y que no tienen…

(Dialogados).

                –Este inciso está colocado del otro lado del mostrador, no está colocado del lado del mostrador de las universidades. La Universidad puede ser compradora o vendedora de servicios. Aquí se dice que para vender servicios a través de las fundaciones –lo dice el numeral 22)– no puede hacerlo más de manera directa. Ahora, vender servicios –si se los convoca por el numeral 23)– lo puede hacer. Es decir, el que va a comprar servicios de capacitación de nivel terciario lo puede hacer de manera directa, sin una licitación. ¿Quién lo puede ofrecer? Todas las instituciones de nivel terciario: la Universidad, otras instituciones públicas –por ejemplo, la UTEC- y las privadas. Por otra parte, el que va a contratar los servicios, como ser, el Inefop, está autorizado a comprar sin hacer una licitación; le puede comprar a la Universidad de la República, a la UTEC o a la UM de manera directa. El sujeto del numeral 23) no es la Universidad, sino todos los demás; por lo tanto, la Universidad está en igualdad de condiciones para competir con todas las universidades. En el numeral 22) la Universidad sí pierde una capacidad a través de sus fundaciones, pero en el numeral 23) me parece que no. No vamos a discutir ahora este tema, lo veremos después. Esta es mi interpretación.

SEÑOR BOTANA.- Creo comprender el planteo de nuestro rector, el economista Rodrigo Arim. Me pregunto si lo que debemos es enlentecer todo el sistema o hacer los cambios institucionales en nuestra Universidad de la República para provocar una toma de decisiones más rápida. Es cierto que nuestro sistema de gobernanza en la Universidad se ha vuelto pesado para estos tiempos; esa es la realidad y por algo nos hemos negado a copiar el mismo sistema para la Universidad de la Educación que todos, en este Senado y en este país, queremos implantar. Por lo tanto, creo que deberíamos poner este tema en debate y agilizar algunos mecanismos de decisión en la Universidad, de forma de dotarla de una capacidad de decisión en el mismo tiempo que lo puede hacer una organización que trabaja en el ámbito privado.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de cederles la palabra a los señores senadores Bergara, Andrade, Cosse y Bianchi, voy a hacer una sugerencia.

Acá identificamos un problema y no hay voluntad política de nadie de perjudicar a la Universidad de la República, ni tampoco esa es la intención del Gobierno. Por lo tanto, si hay algo para mejorar en la redacción para que la Universidad de la República siga manteniendo las mismas condiciones de competencia, la Comisión puede trabajar y mejorar la redacción. En la intervención del señor senador Botana –que está en línea con la del señor rector de la Universidad– también queda claro que mediante los mecanismos internos de la Universidad de la República, sobre los que le competerá a ella en su momento trabajar y mejorar, se pueda llegar a evitar que se esté en inferioridad de condiciones que las universidades privadas a la hora de prestar estos servicios.

Creo que entrar a este debate en este momento no va a conducir a ninguna solución. Entonces, sin perjuicio de no coartarle el uso de la palabra a ningún señor senador, señalo que creo que acá tenemos identificado un tema sobre el que  hay voluntad política para mejorar, ya que la intención no es, ni cerca, perjudicar a la Universidad de la República en su búsqueda de convenios con instituciones púbicas como a los que se hacía referencia.

                Hecha esta aclaración, para que insistan sobre el tema, les daré la palabra a los señores senadores.

(Dialogados).

SEÑOR BERGARA.- Mi intervención no va a ser para entrar en ningún debate, simplemente va a ir dirigida a entender bien la situación; luego, debatiremos.  Considero que tiene sentido lo que expresa el señor senador Gandini en cuanto a que este numeral refiere a los otros organismos como compradores y que, efectivamente, la Universidad puede vender en forma directa. Nos gustaría que se terminara de aclarar que acá no se está hablando de la incapacidad de la Universidad de la República para contratar en forma directa con los organismos públicos, sino de la incapacidad de las fundaciones de la Universidad de hacerlo en forma directa. Entiendo que el señor rector decía que si no lo hace a través de las fundaciones, no tiene la misma capacidad de competencia con las universidades que pertenecen al derecho privado. 

Con respecto al otro punto mencionado por el señor rector, es decir a los procesos internos de la Universidad correspondientes al terreno de la generación de convenios y demás, creo haber entendido que quizás no están tan focalizados en un tema de procesos internos que hagan más eficiente a la Universidad –que seguramente hay muchos–, sino que en este caso también dependen del marco jurídico general del derecho privado. Quiere decir que tampoco podemos hacer magia hasta que no modifiquemos el derecho jurídico y me parece que la ley de urgencia, que ya tiene más de quinientos artículos, no es la oportunidad para revisar esos temas. 

SEÑOR ANDRADE.- Brevemente...

SEÑOR PRESIDENTE.- No diga siempre que va a ser breve, porque nunca lo es.

Haga uso de la palabra sin generarnos una esperanza que después nos provoca frustración. 

SEÑOR ANDRADE.- Señor presidente: un debate sin contendientes es el de quien quiere trancar todo y enlentecerlo, pero nadie quiere hacerlo, y no es lo  que plantea la Universidad. 

Lo que dice es que tiene un instrumento para participar en las contrataciones de forma directa que está inhabilitado por la redacción actual. Eso es lo que se señala. Entonces me parece que debemos concentrar el debate ahí y no donde no existe.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA COSSE.- Renuncio a hacer uso de la palabra porque quisiera escuchar las explicaciones del señor rector.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI.- Reitero la bienvenida a toda la delegación que nos visita en la mañana de hoy. 

Quisiera hacer una pregunta muy puntual. El señor ministro de Educación y Cultura en el día de ayer –estuvimos casi doce horas con él y su equipo– hizo una referencia concreta a las negociaciones con la Universidad de la República y reconoció que se habían cometido errores u omisiones en el borrador, que fueron corregidos. Ante la pregunta acerca de si hubo alguna observación más de la Universidad de la República respondió: nosotros contestamos hasta que nos hicieron observaciones, después no tuvimos más comunicación. Simplemente pregunto en este marco, si este tema fue planteado expresamente al señor ministro o a quienes estaban elaborando la LUC, en especial al doctor Rodrigo Ferrés, que claramente es la mano derecha de los ministros del ramo en cada una de las redacciones. Se trata de algo muy concreto. Quiero saber si esto se habló con el señor ministro y si se le hizo el planteo. Siguiendo la línea de lo que expresaba el señor presidente Penadés, señalo que ninguno de nosotros, y el señor ministro menos, tiene voluntad de retacear posibilidad alguna a la Universidad de la República. 

Mi pregunta es muy concreta. ¿Hablaron con el señor ministro Da Silveira y les dijo que no?

SEÑOR ARIM.- Voy a comenzar por el planteo de la señora senadora Bianchi, evitando contestar en nombre del señor ministro Da Silveira, pero sí planteando el intercambio que tuvimos al respecto.  En este aspecto en particular, el señor ministro nos derivó con los doctores Ferrés y Odizzio, con quienes sí tuvimos intercambio, en particular con este último. Cuando surgió la versión que está a estudio del Parlamento tuvimos algún intercambio y le señalé que persistía el problema que él creía que se había eliminado. Por lo tanto, me sugirió que fuera en el Poder Legislativo donde se generara la instancia para intentar corregir el asunto. Por supuesto que no me corresponde opinar sobre el fondo del tema en nombre de otros; simplemente, ante la pregunta que realiza la señora senadora Bianchi, estoy señalando los intercambios institucionales que tuvo el tema. 

Por otra parte, me gustaría hacer tres aclaraciones. La Universidad de la República requiere modificaciones normativas que hacen también a su funcionamiento interno, pero en este caso no estamos hablando de un problema interno de la Universidad. Estamos diciendo que el conjunto de restricciones que impone el Tocaf y el marco normativo nos deja en imposibilidad de contratar en forma similar a la de las universidades privadas, dado que se incorpora a estas últimas al CEP. No estamos cuestionando ese artículo. 

No estamos cuestionando que se esté incorporando a las universidades privadas –¿está claro?–, lo que queremos es tener las mismas herramientas porque si  no, como pasa en otras partes del texto –a nuestro entender, mucho más grave–, la Universidad de la República queda en inferioridad de condiciones a este respecto.

Esto no tiene que ver con una prueba de eficiencia interna, sino con que los requerimientos que establecen los mecanismos de contratación pública hacen imposible tener un acuerdo con un organismo público en cuatro o cinco días. Voy a poner un ejemplo solamente para que quede claro, que me acaba de señalar la ingeniera Simon y que es muy gráfico. En algunos convenios que realizamos con el Estado se requieren docentes y capacidades académicas, pero también capacidades muy específicas que nosotros no tenemos, como contratar buzos para hacer exploraciones subacuáticas. La contratación de un buzo por medio de la Universidad de la República, ¿qué es? ¿Personal docente? ¿Funcionarios no docentes? ¿Mecanismos de contratación indirecta? ¡Es imposible procesarlo rápidamente! No tenemos el instrumento jurídico que nos permita hacer una contratación de esta naturaleza para ir al encuentro de los requerimientos que plantea el Estado uruguayo. La manera de hacerlo es a través de las fundaciones. Ahora bien, en esta nueva versión de la LUC inclusive se incorpora una prohibición: no se nos permite contratar, ya no empresas, sino entidades privadas para proveer a otros. Por lo tanto, no podríamos utilizar ni siquiera el mecanismo de contratar un buzo a través de la fundación en el marco de un convenio con el Estado porque se incorpora una restricción adicional. No habla de empresas, sino de entidades en el derecho privado. Lo decimos con claridad: estamos pidiendo que se sostengan condiciones de provisión de servicios al Estado que sean equitativas con respecto a otros actores que se están incorporando. Al final del artículo 307 aparece la cláusula.

                El tercer elemento instrumental que es novedoso y que nos preocupa por su alcance tiene que ver con la reglamentación de los inmuebles vacíos y la potestad de que pasen a otra actividad. La forma en que está redactado el artículo nos genera profundas dudas.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Nos podría identificar de qué artículo está hablando?

SEÑOR ARIM.- Artículo 440.

                Nos genera hasta temor, porque el artículo 439, dice: «Los bienes inmuebles urbanos y suburbanos de propiedad de las entidades estatales de la Administración Central y de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, que estén vacíos o sin uso, quedarán transferidos de pleno derecho y pasarán a ser administrados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente… ». El concepto de vacío, desde el punto de vista jurídico, es extremadamente ambiguo.

SEÑORA ASIAÍN.- En la comparecencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con sus asesores se propuso reformular y revisar este articulado porque justamente se le hizo esta observación.

SEÑOR ARIM.- Para ser claros: en diciembre mudamos la Facultad de Veterinaria y ese predio dejó de pertenecer a la Universidad de la República. Digo esto para hablar de un activo que tiene un valor muy importante y del cual ya hemos pensado algunos usos al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor rector: ese artículo va a ser modificado.

SEÑOR ARIM.- Correcto.

(Dialogados).

–Si el señor presidente me permite, voy a pasar a lo que entendemos son problemas sustantivos, sobre los cuales hemos tenido varios intercambios con el señor ministro y entiendo que hay algunas discrepancias de fondo, pero también problemas de diseño que tienen que ver con la arquitectura del sistema de educación.

Uno de los elementos que hemos marcado a lo largo de todo el mes de febrero –o en el borrador original– tenía que ver justamente con la eliminación del concepto de Sistema Nacional de Educación Pública y de los espacios de coordinación entre las entidades que lo integramos. Para nosotros eso es complejo desde el punto de vista conceptual, subyace cierto renunciamiento a la idea de que tengamos un Sistema Nacional de Educación Pública en funcionamiento y articulado entre los entes que integramos ese espacio. Y tiene varias ramificaciones, algunas de las cuales socaban la capacidad de tener políticas institucionales adecuadas, eficientes y que salgan al encuentro de grandes necesidades nacionales, como es la descentralización de la educación terciaria.

                Permítaseme poner algunos ejemplos y luego vuelvo al comienzo de mi intervención. Nosotros no estamos defendiendo el funcionamiento actual del sistema, sino la necesidad de que exista un sistema público de educación en donde coordinemos los entes del Estado, por supuesto convocados por el Ministerio de Educación y Cultura. Hay varias instancias de coordinación, menos de las que requiere el país, pero que han dado resultados auspiciosos y concretos.

                En Rivera tenemos el primer campus conjunto de la Universidad de la República, de la UTEC, y de formación docente y de UTU. Compartimos recursos –no duplicamos bibliotecas ni cafeterías–, salones de actos. Tenemos una estructura, una forma de pensar el funcionamiento de un campus orgánico que evita la duplicidad de inversiones. Por supuesto que tenemos dificultad en otras áreas, pero el desafío de administrar ese campus presupone la coordinación. Hubo coordinación previa entre las entidades del Estado para hacerla viable y posible, y hay coordinación efectiva y cotidiana en el territorio, pero es ad hoc. En el momento actual, al eliminarse el espacio donde se hacía esa coordinación se generan problemas serios.

                El segundo ejemplo: entre la UTU y la Universidad de la República tenemos ofertas exitosas de tecnólogos a lo largo y ancho de todo el país en donde, además, en el interior se ha sumado la UTEC como un jugador importante con tecnólogos. Esto implica compartir recursos académicos, coordinaciones académicas, infraestructuras edilicias y no edilicias y, además, diseñar programas de estudios donde, por ejemplo, un estudiante que egresa como tecnólogo en Informática puede continuar –a partir de cierta trayectoria, no cualquiera– la carrera de ingeniería en Informática. Eso es coordinación efectiva, que sucede. De alguna manera, esos espacios donde se operan esas discusiones se eliminan en la ley, no existen más. Entonces, ¿de qué va a depender la coordinación? He intercambiado estas inquietudes con varios de quienes proponen la ley y me han dicho que va a depender de la voluntad política de las autoridades de turno en las entidades de enseñanza. En esto quiero ser bien claro: la Universidad de la República entiende que nos deben exigir coordinar, que no puede ser simplemente un acto voluntario de las autoridades que estamos al frente de las instituciones, que no somos entidades independientes, que somos autónomos pero no independientes, que no puede pasar –como ha pasado en este país– que dos entidades públicas ofrezcan un título con idéntica nominación en el mismo territorio. Y esos espacios de coordinación operativos que hace la planificación del desarrollo a lo largo y ancho del país de la educación pública, se socava. Por ejemplo, tenemos una instancia de coordinación que estoy seguro de que, con las autoridades que están asumiendo, va a seguir funcionando, pero no puede depender de las autoridades de turno, de la coordinación con la ANEP para evitar el papeleo en el ingreso a la Universidad de la República y que haya una transferencia informática del egresado de secundaria hacia la Universidad de la República sin que medie un proceso complejo, engorroso y, en este contexto, se imaginarán que, además, prohibitivo porque estamos con restricciones también en bedelía. Teníamos un proyecto conjunto en el que estábamos trabajando. Estoy convencido de que posiblemente se siga trabajando en él, pero el punto medular es que en la ley no se preserva la especificidad de lo público en términos de espacio de coordinación. Esto no va en contra de que existan espacios en donde haya otros actores de coordinación. Es una intervención que va en el sentido de eliminar la especificidad de que no tengamos espacios entre la UTEC, la ANEP, la Universidad de la República y el MEC, que nos permitan desarrollar una estrategia desde el sector público. La vida académica y universitaria tienen espacios de complementariedad, pero también de competencia. En las universidades privadas también hay espacios de competencia, en el sentido más estricto. No es que la Universidad de la República se lo planteé, pero si ofrecemos el mismo título no vamos a estar participando en el mismo ámbito brindando información sobre cuál es nuestra estrategia de desarrollo. No es razonable que eso suceda, porque eso genera respuestas –ya ha pasado–, por ejemplo, de un actor que se entera de que la Universidad de la República hace cierto tramo de una carrera, y hace el segundo tramo. Eso, como coordinación, requiere necesariamente un espacio previo. ¿Eso quiere decir que no lo pueden hacer? Lo pueden hacer, pero es el espacio de lo público donde tenemos que ubicar este tipo de esfuerzo.

La ley, tal como fue remitida, recoge –no estaba en su versión original– un aspecto en donde se exige la coordinación y la consulta en la formulación del Plan de Política Educativa Nacional. En la versión de febrero eso no estaba presente y en la actual sí, y es el artículo 147. Se establece que la remisión a la Asamblea General se hará previa coordinación y consulta con los entes autónomos de la educación pública. Reitero: estoy hablando del literal E) del artículo 147 del Plan de Política Educativa Nacional.

Ahí se incorpora un mecanismo de coordinación previa, pero no hay un mecanismo de coordinación cotidiana, es decir, por poner un ejemplo: «Bueno, la Universidad de la República toma la decisión de expandir su oferta en Tacuarembó». Para eso debemos tener previamente un espacio de coordinación con la UTU y la ANEP para ver cuáles son las ofertas que tienen en el territorio, terciarias o secundarias, porque a veces los problemas que tenemos se vinculan también con el bachillerato. Esa especificidad requiere necesariamente –porque los entes autónomos son forzadores de políticas públicas– de un marco distinto. Si uno lee esto junto con los artículos 185 y 186 de la versión actual, donde se crea la Comisión Coordinadora de la Educación, podrá ver que aparece otro marco preocupante. Esta comisión, que es el único espacio de coordinación general del sistema, pone en pie de igualdad –desde el punto de vista cualitativo– a la Universidad de la República con un delegado de las universidades privadas, pero también con el Inefop y la educación militar y policial. Ese es el único espacio definido de coordinación ex post la remisión del Plan de Política Educativa Nacional que se hace una vez por quinquenio. No hay otro espacio definido de coordinación entre los entes públicos del Estado. En algún sentido estamos desarmando un sistema que estaba funcionando de forma eficiente.

Volvemos a lo mismo; no estamos reivindicando la forma en que estaba funcionando, sino la necesidad de que existan mecanismos de coordinación que nos obliguen a tomar decisiones conjuntas entre los entes del Estado vinculados con la educación.

(Interrupción que no se escucha).

–No estamos pensando para nada que el sistema funcione de forma adecuada.

                A la vez, en la creación de la Comisión Coordinadora de la Educación hay una peculiaridad que me gustaría señalar con claridad. Entre sus cometidos está brindar recomendaciones a los entes de educación pública. En esta versión creo que es el inciso B) del artículo 187. Esta Comisión Coordinadora de la Educación –único ámbito que se preserva de coordinación de los actores y poniendo en pie de igualdad a actores públicos y privados– tiene como una de sus obligaciones generar recomendaciones para los entes públicos. Permítanme llamar la atención sobre la contradicción. ¡La Universidad de la República pierde cualquier potestad para opinar sobre educación militar y policial, pero esta puede opinar sobre lo que hace la Universidad de la República! Esto sucede con la redacción actual.

                Permítaseme señalar una segunda contradicción o, por lo menos, inconsistencia, salvo que sea algo que tenga un sustrato común que no comprendo al no haber una exposición de motivos. Las universidades privadas pueden opinar sobre lo que hace el ente Universidad de la República, pero obviamente esta no puede hacerlo con respecto a los planes de desarrollo de las universidades privadas porque no es parte de las formalidades, esto es, la asimetría. No tenemos ningún espacio en donde podamos emitir opinión sobre estos actores.

El Inefop también está en igualdad de condiciones que nosotros. Puede opinar sobre lo que hacemos o brindar recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer, pero no está establecido a la inversa. Por lo tanto, para nosotros esta conformación es particularmente seria. En nuestra visión no está establecida así, pero como no hay una exposición de motivos, la lectura que hacemos es que parece que estamos migrando a un sistema educativo en donde tenemos un espacio de coordinación a nivel del Poder Ejecutivo y luego tenemos prestadores públicos y privados cualitativamente en pie de igualdad, cuando la norma, es decir la Constitución y la ley, establece cosas distintas. La forma en que intervenimos en el proceso de planificación es tan menguada y acotada que se limita a una intervención cada cinco años y luego a ámbitos en donde, en realidad, tenemos una escasa participación y las potestades efectivas de coordinación entre las entidades públicas se eliminan. Para nosotros esto es muy relevante.

                También nos genera algunas dudas, por ejemplo, la eliminación –si bien hay un cambio con respecto a la versión de enero– de la referencia a la mercantilización en la educación como uno de los elementos restrictivos para la realización de acuerdos internacionales. Hay un cambio en la redacción con respecto a la original que acota este alcance. Insisto en que estoy hablando del artículo 147. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores senadores: como estamos teniendo un problema de numeración, producto de que la Universidad viene con un texto distinto al nuestro, apelaría a no seguir insistiendo en el número al que se hace referencia porque permanentemente será el equivocado. Lo que pido a todos es que ubiquemos de qué se está hablando y tratemos de identificar el texto. De lo contrario, podemos recurrir al senador Andrade que hasta ahora ha ubicado los datos permanentemente.

SEÑOR ARIM.- Esta lógica de funcionamiento de un verdadero Sistema Nacional de Educación Pública es el elemento central que nos preocupa. Por lo tanto, nuestra propuesta concreta es crear –sin dinamitar lo que ya plantea la ley– un espacio específico de coordinación, convocado por el MEC, que nos permita tener un espacio de planificación cotidiana, de seguimiento de los planes que hemos trazado y de los acuerdos que hemos realizado en el sector público. Esa es nuestra propuesta concreta: incorporar un artículo que tenga esas características. Esto tiene que ser adicional a la Comisión Coordinadora de la Educación, que la vemos como un espacio mucho más amplio y distinto, que tenga que ver con la coordinación de lo público: el ministerio y los entes autónomos de la educación.

SEÑOR BERGARA.- Sería bueno que la Universidad de la república enviara a esta comisión una propuesta de redacción de un artículo adicional.

SEÑOR ARIM.- Lo haremos llegar.

                Por último, me gustaría señalar un punto que, por específico, nos es preocupante. Vuelvo a decir que vinimos a esta comisión no para generar insumos para la discusión de otros aspectos de la ley con declaratoria de urgente consideración. Hay un componente que tiene que ver con seguridad –que nos preocupa– sobre la habilidad de sostener la educación terciaria en contexto de encierro, en particular, la limitación que se incorpora a partir de los veintitrés años para acceder a los derechos educativos y el cambio de pena. En este momento, en la Universidad de la República tenemos cien estudiantes en condiciones de privación de libertad. Hay algunas dificultades importantes que tienen que ver con el acceso mínimo a condiciones de estudio. Hemos tenido hasta el primer egreso universitario en esas condiciones en el mes de marzo. Queremos señalar que nuestra vocación institucional es continuar con una política que entienda la democracia en el acceso a la educación superior de todos los contextos y que la limitación o la restricción del derecho a la libertad física no se transforme en una restricción del derecho a la educación para aquellos que, estando privados de libertad, estén en condiciones de poder aprovechar lo que la Universidad de la República está trazando.

                Desde el año 2019 venimos desarrollando planes específicos para permitir el avance en las carreras de estudiantes en estas condiciones, con mucho esfuerzo de los docentes, pero también de adaptación curricular en estos casos. En la redacción actual de la ley esto puede ser un problema.

SEÑOR GANDINI.- El señor rector se refiere no a normas que vienen en la ley vinculadas a privación de libertad de adolescentes, sino a las que vienen en general y que restringen la libertad anticipada para determinados delitos, dejando algunos fuera de la posibilidad. ¿Es correcto eso?

SEÑOR ARIM.-  El artículo de nuestra numeración, y que nos preocupa, es el 82. Allí se crea la figura de joven adulto, que va hasta los 23 años y se usa para priorizar las plazas educativas y laborales. De nuestros 100 estudiantes en esa situación, ninguno es menor de 23 años. Entonces, me parece que estamos generando un contrasentido en cuanto a restringir el acceso a un instrumento y el cumplimiento de un derecho que es importante a través de este mecanismo. O sea, todos nuestros estudiantes quedarían comprendidos dentro de esa categoría.

                Por nuestra parte, vamos a remitir al Cuerpo un proyecto de modificación con respecto a las fundaciones, que ya oportunamente lo habíamos enviado al Poder Ejecutivo pero ahora lo volveremos a hacer para que se tenga noción al respecto.

                Resumiendo, a la Universidad de la República le preocupa que no se incorpore claramente una prohibición de una estrategia mercantilizadora de la educación superior. No lo estamos diciendo simplemente como una consigna, porque en América Latina y en el mundo hay enormes dificultades con esto. Basta con mirar con atención lo que está sucediendo en Brasil y en Perú, para entender que estas estrategias están llevando a la desprotección de muchos estudiantes. En el caso de  Perú, varias decenas de universidades perdieron el permiso debido a estas estrategias que se implementaron de manera agresiva en algún momento. Eso nos preocupa mucho. También nos preocupan los aspectos instrumentales, con las salvedades que hemos mencionado. En el caso de compras directas, el monto puede ser insuficiente  para la Facultad de Veterinaria y el laboratorio P3 para este año en particular. Nos preocupa, a su vez, el vínculo con las fundaciones por la forma en que se regula y porque no se habilita a los organismos públicos a contratar directamente con ellas. Además, nos inquieta sustantivamente la ausencia de un diseño institucional que preserve la noción de sistema de educación pública. Repito que esto no es lo mismo que defender su funcionamiento, sino que se trata de pararnos desde el lugar de defender la necesidad de que Uruguay tenga un verdadero sistema de educación pública en el que todos los entes autónomos que lo integramos tengamos la obligación legal de coordinar entre nosotros para generar políticas que vayan al encuentro de derechos de los uruguayos.

                Agradezco al Senado y estoy a disposición, junto con el resto de la delegación.

SEÑOR PRESIDENTE.- El mecanismo adoptado es que se harán todas las preguntas por parte de los señores senadores y luego los integrantes de la delegación responderán.

SEÑOR BONOMI.- Justamente, me quería referir a lo que se considera una limitación de estudio para los mayores de 23 años. Recordaba precisamente lo que mencionaron y que es el artículo que crea la figura de adulto joven, que es hasta los 23 años y que acá se pidió que sea hasta los 25. Yo no entendí que significara una limitación para que estudien mayores de 23 años, sino que se trataba de una priorización. Ahora bien, si no hay menores de 23 años que piden para estudiar en la universidad, la priorización no será efectiva. Esa es la interpretación que yo había hecho y no sé si la universidad hace una diferente.

SEÑORA ASIAÍN.-  Antes que nada, quiero hacer una aclaración. El proyecto de ley de urgente consideración formal es el que se presentó a la Asamblea General, que es al que se le da trámite. Ese texto tiene una numeración precisa y, además, tiene exposición de motivos. Digo esto porque en dos oportunidades se dijo que el proyecto no tiene exposición de motivos. 

Mi consulta tiene relación con esta interpretación en cuanto a que estaba limitada a los 23 años la continuación de la educación para personas que estaban recluidas. Estaba buscando el artículo porque, realmente, es dificultoso el manejo de la distinta numeración. Capaz que podría contestarme el señor Cde la Universidad de la República qué edades estima que habría que incorporar a la redacción. Digo, nuevamente, que no pude encontrar el texto del artículo, porque es dificultoso ir hacia atrás y hacia adelante sin saber la numeración correcta. De todos modos, tomé nota de este aspecto, porque tengo la misma impresión que el señor senador Bonomi en cuanto a que no existía una limitación, sino que era la creación de una categoría especial, para tener particular consideración respecto a ese sector de población que está en reclusión, y jamás imponer una limitación, precisamente a algo que se fomenta, como es la educación. Con esto no quiero polemizar, simplemente es para analizar detalladamente qué dice el texto.

SEÑOR CAMY.- Agradecemos al señor rector y a la delegación que lo acompaña.

                Precisamente, el artículo 82 busca lo contrario a la interpretación dada por el señor rector. Si bien establece como figura del adulto joven a aquellos que se encuentran en la franja etaria de 18 a 23 años, como decía el señor senador Bonomi, lo que se busca es extenderla a 25 años con el objetivo proactivo de incorporarlos, pero no en desmedro de quienes ya ingresan. Es más: a mi entender lo señalado por el señor rector confirma la buena dirección de este artículo al decir que precisamente los egresados y los que están más abocados al estudio, son parte de la población que no está comprendida en esta franja.              Eso afirma el objetivo de este artículo que es permitir también acceder a las bondades que suponen el trabajo y la educación a los jóvenes. Por lo tanto, lejos está en el espíritu de este artículo excluir a nadie.

SEÑOR BOTANA.- El artículo 82 dice: «Establécese la figura del adulto joven, que comprenderá a los reclusos procesados o penados de entre dieciocho y veintitrés años de edad. El adulto joven tendrá prioridad en la asignación a las actividades educativas en consonancia con el sistema educativo nacional que brinden los establecimientos penitenciarios, y en el aprendizaje y desempeño de algún oficio durante el lapso de privación de libertad».

                Si bien en el artículo se establece darles “prioridad”, entendemos que no se quiere “prohibir” a nadie. Coincido con los señores senadores Bonomi, Asiaín y Camy, pero no comprendo la posición de la Universidad de la República. Creo que habría que atender la experiencia del señor senador Bonomi como exministro del Interior que lo llevar a sostener la idea de extender esta prioridad a los 25 años por el cambio de conducta que se produce en esa etapa de la vida, según informara hace algunas sesiones en el Parlamento.

SEÑOR MAHÍA.- Buenos días. Bienvenidos.

                Quiero hacer un comentario, en primer lugar, haciendo énfasis en los sistemas educativos. Me parece que en el texto que tenemos a estudio –en lo personal no me da para hacer un drama en cuanto a si es el artículo 188 o 187 porque estamos hablando del mismo texto– debemos trabajar en esto, porque reforzaría la mayor parte del sistema público del Uruguay, que notoriamente está en la ANEP, en la Universidad de la República y en los entes públicos, en general. Por eso creo que sería bienvenido hacerlo.

Por lo que escuché en la intervención -durante algunos minutos tuve que ausentarme de la sala por lo que, quizás, lo que voy a plantear ya fue abordado- entendí que la Universidad, como cuerpo, todavía no tiene una posición para comunicar sobre algunos aspectos. Por esta razón, quiero transmitir un insumo, que para nosotros es importante –se debatió ayer con el señor ministro de Educación y Cultura y con el presidente de la ANEP-, relativo al artículo 197 del proyecto de ley de urgente consideración. Dicho artículo expresa: «Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley n.º 18437» (…) «Créase un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias. A dichos efectos se constituirá un Consejo Consultivo integrado por personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Este Consejo funcionará» -acá lo dice- «en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, actuará con autonomía técnica y tendrá una integración plural. Su cometido será el de asesorar al Ministerio de Educación y Cultura en los procesos de reconocimiento del nivel universitario de las carreras que voluntariamente se presenten, siguiendo criterios de calidad previamente definidos y en consonancia con otros sectores de la educación superior». Agrega que el Poder Ejecutivo lo reglamentará.

Este artículo, desde nuestro punto de vista –aprovechamos esta oportunidad para que la Universidad de la República lo conozca-, es de especial sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay una anhelo importante a nivel del cuerpo docente del Uruguay, terciario no universitario, de alcanzar, precisamente, el grado universitario y también hay un trabajo acumulado en la materia.

Quiero preguntar –esto nos va a servir para el debate interno que los miembros de la comisión debemos dar; tablero electrónico de por medio, tenemos un plazo de 31 días para aprobarlo en el Senado– por qué se considera la creación de un Consejo Consultivo exclusivo para la formación en educación bajo la órbita del ministerio. ¿Por qué no se le otorga la potestad al Inaeet? Dicho instituto fue creado por la Ley n.º 19852, el 23 de diciembre de 2019, acordada por los rectores de todas las universidades, privadas y públicas. En su creación participaron la ANEP, el Consejo de Formación en Educación y el Consejo de Educación Técnica –UTU-. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado, estando presente los senadores Amorín, Aristimuño, Aviaga, Besozzi, Bordaberry, Camy, Cardozo, Carrera, Castillo, Draper, Gallicchio, Gabriela García, Javier García, Garín, Heber, Iturralde, Lazo, López Villalba, Meléndez, Michelini, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Posada, Saravia y Xavier. Quiere decir que contó con una presencia muy amplia de senadores de los distintos partidos.

Esta ley establece entre sus cometidos: «Artículo 3.º A) Acreditar las instituciones de enseñanza terciaria universitaria y no universitaria pública y privada que voluntariamente se presenten, así como sus unidades académicas y sus carreras. B) Desarrollar procesos de evaluación de las instituciones, sus unidades académicas y sus carreras a solicitud de aquellas».

                Quiere decir que ya hay un diseño, que se hizo por ley, que contó con todo este acuerdo, no solo político partidario, sino de las instituciones que acabo de describir, que podría ser una herramienta muy válida para un anhelo fuerte.

Digo esto porque ayer se nos presentó una solución que, a juicio del ministro, era la única posible. Nosotros le señalamos ayer que era como una especie de forma de laudar la vieja cuenta entre Vaz Ferreira y Grompone.

Nos parece que habiendo existido consenso entre el ámbito público y privado, así como entre todos los partidos políticos, y ya teniendo diseñados los cometidos correspondientes, estamos en condiciones de dejar una pregunta para la Universidad sobre este asunto, que nos parece de primer orden.

Aprovechamos también para señalar en este contenido del proyecto de ley lo que hace a la validación de títulos internacionales, es decir, de aquellos que provienen de universidades de otros países, tema sobre el que sabemos se ha evolucionado y se ha actuado a un ritmo más rápido.

En este sentido, ayer se reconoció en sala por parte del ministerio que en algún caso había existido un diálogo letra a letra o palabra a palabra con la Universidad. En esa instancia preguntamos al ministro si ese diálogo implicó un acuerdo o si, simplemente, se estuvo escuchando y se incluyó lo que el ministerio entendía. Al respecto, el ministro nos dijo que preguntáramos a los representantes de la Universidad cuál había sido el nivel de cercanía en el referido diálogo.

                Entonces, como esta forma de tratamiento de estos asuntos que eligió el gobierno –que nosotros no compartimos– implica disponer de los tiempos que ya conocemos, decidimos hacer algunas consultas exprés en temas que no deberían tener ese carácter, pero lamentablemente las circunstancias nos obligan.

                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR OLESKER.- Quiero hacer dos comentarios.

Entiendo que la especificidad de lo público es un aspecto central y por eso voy a hacer un comentario aquí, para que se tome como ejemplo. La ley n.° 18161, que fue parte de la construcción del sistema de salud, fijando la existencia de un sistema integrado de salud, establece en su artículo 4.°, literal B, que ASSE está obligada a ejercer la coordinación del sistema público para realizar todo lo que el rector mencionaba.

Quiere decir que nosotros, en un sistema que es mucho más público-privado –porque estamos hablando de mitad y mitad–, acá estamos hablando de 90-10, lo que resulta ser bastante diferente. Pero este no es un problema referido a la cantidad sino a la calidad. Aquí se prevé que en un sistema integrado, donde hay prestadores públicos y privados, los públicos tienen objetivos diferentes a los del sector privado, por lo que es en aquel que recae la obligación de realizar la coordinación, según lo que establece el artículo 4, inciso B. En este caso se trata de un ente autónomo que podría ser la ANEP y no el ministerio. La conceptualización es asimilable y quiero traerlo porque me parece que el quiebre de la especificidad de lo público –se lo dijimos ayer al ministro, así que no voy a repetirlo; lo fundamentamos extensamente– es uno de los grandes problemas que tiene el capítulo de la educación.

En segundo lugar, quiero referirme a la especificidad del papel de las fundaciones de las universidades. No es un problema de ineficiencia la diferencia de contratación entre un organismo universitario y una fundación. Se trata de un problema de derecho, tal como lo expresaba el rector. Yo quiero decir –y para ello vuelvo a mi experiencia– que para los ministerios en los que estuve, particularmente para el Ministerio de Desarrollo Social, el rol de la Asociación Profundación para las Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, y el rol de la Fundación Julio Ricaldoni, de la Facultad de Ingeniería, fueron claves para que el Ministerio de Desarrollo Social desarrollara, eficientemente a nuestro juicio –y esta es una valoración ya de resultados–, los aspectos vinculados a las políticas públicas que el ministerio tenía encomendado, en un caso tecnológicas y, en el otro, de cobertura social y de seguimiento de los beneficiarios o receptores de beneficios. Entonces, quiero reivindicar ese rol.

El rector ha dicho, además, que las fundaciones no son entes aislados de la Universidad de la República que hacen lo que quieren y están descontrolados, sino que son organismos fuertemente regulados por la Universidad. Personalmente lo he sufrido, discutiendo con la Facultad de Ciencias Sociales algunas cuestiones que nosotros queríamos de la fundación y que no pudimos hacer, básicamente, por esas regulaciones –correctas– que tiene.

Por lo tanto, en los dos aspectos, tanto en la especificidad de lo público como en el rol de las fundaciones, y tomando experiencias que me ha tocado vivir –una en el MSP y otra en el Mides–, quería reivindicar –como lo hicimos ayer ante el Ministerio de Educación y Cultura– la necesidad de que no se modifiquen estas dos normas de lo público y del rol de las fundaciones.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Voy a reafirmar un poco lo que se está diciendo, pero en forma de pregunta. A veces, uno puede sentir que se percibe que vemos fantasmas en cuanto a perjudicar lo público, pero por los temas que ha traído la Universidad, ya sea por el lado de las fundaciones o por el de esta obligación de coordinar con los privados, llego a la conclusión de que con esto realmente se afecta al ámbito público. En ese sentido, queda planteada la pregunta.

SEÑOR BERGARA.- La señora senadora Bianchi y, en parte, el señor senador Mahía hicieron referencia al intercambio que tuvimos ayer con el ministro, en donde efectivamente este último manifestó que hubo intercambios con la Universidad hasta que no recibieron más objeciones. Pero, si mal no recuerdo, eso fue en el momento en que tratamos los temas del régimen de reválidas de títulos extranjeros, lo cual es correcto. Como entiendo que el señor rector no hizo referencia al tema –y quiero que quede constancia de esto–, ¿debemos interpretar que el mecanismo que está incluido en el proyecto de ley satisface, en el grado que cada uno evalúe, la posición que se tiene con respecto al proceso de reválidas?

SEÑORA BIANCHI.- No quiero hablar por un problema de alusión personal ni política, sino simplemente para decir que tengo la versión taquigráfica en mi despacho y la referencia que se hizo fue general; puedo estar equivocada yo o el señor senador. Lo que quiero que quede explicitado es si el criterio de relacionamiento había sido efectivamente así o no.

SEÑOR ANDRADE.- Creo que, en este caso, tiene razón el señor senador Bergara, pero la memoria me puede fallar.

                En primer lugar, no pensamos que atrás de la LUC esté la maldad del demonio en cada punto. No lo pensamos. Nos parece importante el planteo que hace la Universidad de la República respecto a no negar una articulación con las instituciones terciarias privadas y a que haya un nivel de coordinación que hoy no está establecido en la ley de educación, pero que simultáneamente se construya una especificidad de lo público. Esto fue largamente fundamentado. Se ofrece una variante que mejora sustancialmente la propuesta del capítulo relativo a la educación.

                En segundo término, no encuentro otra posibilidad que suprimir el literal B porque claramente es herencia de la antigua ley de educación, que se está modificando y donde el ámbito de coordinación era público y, por lo tanto, era lógico que tuviera que hacer recomendaciones sobre lo público. En este espacio donde el ámbito de coordinación no es público, no tendría sentido sostener que se van a hacer recomendaciones. No encuentro un argumento para poder defender la posición de mantener el literal B del actual artículo 188.

                En tercer lugar, hago mías todas las preocupaciones planteadas por el señor senador Mahía con respecto a la formación terciaria y a la posibilidad de obtener los títulos. Por lo tanto, me ahorro los comentarios al respecto.

El problema que tenemos en el artículo 82  –que también persigue un objetivo loable– es que, como tenemos una política específica para una determinada franja etaria, se generarían tensiones en el sistema carcelario y eso traería más problemas que soluciones. Por lo menos esa es la opinión del comisionado de cárceles. Hay una redacción alternativa  –lo digo para que la Universidad se la lleve; creo que todos los senadores la tenemos– que plantea la posibilidad de pensar en unidades específicas para la franja etaria que va de 18 a 22 años. Digo esto para pensar en políticas específicas, desde el punto de vista de la infraestructura, para esa franja etaria privada de libertad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Míreme a mí.

SEÑOR ANDRADE.- Pero es difícil. Mire que yo quiero a la senadora Bianchi. Quiero que conste en actas que tengo un gran aprecio por ella.

SEÑORA BIANCHI.- No diga disparates.

(Campana de orden).

SEÑOR ANDRADE.- En todo caso, el disparate no es mío, sino del comisionado de cárceles que nos planteó un texto específico que dice: «Artículo sugerido.- El sistema penitenciario contará con sectores o unidades especiales para alojar a adultos o jóvenes de entre 18 y 25 años con los medios adecuados a su franja etaria, a los efectos de una adecuada rehabilitación y acceso a sus derechos sociales, económicos y culturales».

 Entendiendo que es importante una política específica para esa franja etaria, quien hoy es comisionado parlamentario plantea que eso generaría tensiones en el sistema carcelario. Podría traer más problemas que soluciones. Lo digo –esto fue planteado por la Universidad desde otro ángulo– por si esto se chupa los cupos para las posibilidades de estudio, lo que también está en discusión en el proceso de la LUC.

SEÑOR CARRERA.- Doy la bienvenida a la Universidad mayor, como decía el presidente y hacía tiempo que no escuchaba esa expresión. Con todo respeto es así: «la Universidad mayor».

                Voy a solicitar que envíen los aportes que hicieron en un documento para toda la comisión, porque creo que pusieron sobre la mesa temas que son fundamentales y de suma importancia. Me parece que todos estamos de acuerdo en que tenemos que seguir profundizando la  descentralización universitaria y educativa.

Como riverense que soy –hace muchos años que me fui–, cuando vuelvo a Rivera me llena de orgullo ver que hoy somos un centro regional universitario. El año pasado, antes de las elecciones, estuvimos con el señor senador Viera y el señor diputado Osorio inaugurando el CURE. Nuestra voluntad es seguir trabajando en profundizar las cosas que se vienen haciendo bien. En definitiva, quería pedir, repito, si pueden enviarnos la exposición que hicieron en un documento y con algunas propuestas alternativas sobre los puntos que mencionaban. No está en la voluntad de ninguno de los senadores de esta comisión obstaculizar el desarrollo de la descentralización de la Universidad de la República con los dos grandes desafíos que tiene este año: la inauguración de la nueva sede de la Facultad de Veterinaria…

Señor presidente: pido que me ampare en el uso de la palabra. Realmente me molesta el murmullo; con todo el respeto y el cariño que también le tengo a la señora senadora Bianchi debo decir que así no puedo hacer un razonamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo amparo en el uso de la palabra y solicito a los señores senadores que hagan silencio.

SEÑOR CARRERA.- Por los grandes desafíos que se plantea nuestra universidad con respecto a la inauguración de la sede de la Universidad de la República o del laboratorio en la regional norte de Salto, para nosotros sería de suma importancia que se enviara una estructura de articulado.

                Ayer mismo el señor ministro dijo claramente –y consta en actas– que está en su voluntad profundizar en todo lo que tiene que ver con la coordinación del sector público. Para nosotros sería muy importante –y más con estos tiempos acotados que tenemos– que nos enviaran algunas propuestas de textos alternativos para trabajar.

                Nuestra idea es la siguiente. Nosotros estaríamos recibiendo visitas en la comisión y empezaríamos a votar el proyecto en la semana del 25 de mayo –si no es así, señor presidente, le pido que me corrija–, por lo que ustedes tendrían hasta el 22 o el 23 de mayo para elevarnos las propuestas. Agradeceríamos muchísimo que nos las enviaran.

                Vaya mi saludo para la delegación.

SEÑOR BONOMI.- Voy a hacer dos comentarios breves.

                En el tema de los adultos jóvenes, personalmente, tomé la iniciativa como un estímulo a esa franja etaria y no como una limitación a los demás. Justamente, ellos son los más difíciles en el sistema penitenciario por lejos; son los que crean mayores dificultades. Por eso solicitamos que se aumentara la edad a 25 y no a 23 años. Si se puede hacer eso modificando la redacción, probémoslo, aunque creo que no estaba en el espíritu la limitación, sino el estímulo.

                El otro comentario tiene que ver con lo que hemos estado preguntando continuamente acerca de si se conversó con el señor ministro. El ministro nos dijo que había hablado con la Universidad sobre los temas exclusivamente vinculados a la educación; pero ahora la Universidad trajo como problemas artículos generales que no refieren a la educación. Entonces, yo parto de la base…

(Dialogados).

–Claramente el artículo 307 no está referido a la educación, sino que es un artículo general que, en mi opinión, perjudica la competencia de la Universidad. Di por descontado que no estaba hablado con el señor ministro porque el artículo refiere a un tema que no tiene que ver con la educación.

SEÑORA BIANCHI.- Una aclaración previa. Parecería que solamente me escucharan a mí. Estaba hablando con Jorge y ayer se habló en varias bancadas; pero no importa, yo banco, no tengo ningún problema y los aprecio a todos, lo saben.

                A mí lo que me preocupa –y lo digo con el enorme respeto y también cariño que le tengo al señor senador Andrade– es que a veces se parta de consideraciones erróneas y no por mala intención. Esto me preocupa y no es una opinión, sino un hecho de la realidad.

La responsabilidad de la educación pública y privada en el Uruguay es del Estado. Después vamos a desarrollar esta idea con mi compañera Carmen Asiaín porque ella es quien me lo ha planteado. Cuando se hace énfasis en el tema de lo privado –no voy a reiterarlo, pero lo he vivido durante cuatro años en el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada– y en la resistencia de la Universidad de la República a las universidades privadas, es una falsa oposición. No le estamos cediendo el lugar al privado; es al revés. Señor presidente: quiero dirigirme al señor senador Andrade porque me preocupa el tema y tenemos la misma concepción ideológica en este sentido. Nosotros no le estamos retaceando papel al Estado; tenemos que traer a las privadas al ámbito del Estado porque el control y la supervisión son mayores y porque es responsabilidad del Estado y así está configurado el régimen en la Constitución. Hay libertad de enseñanza. Eso es así desde la Constitución del año treinta. La responsabilidad de la educación es del Estado. En consecuencia, no es una contradicción ni un énfasis en lo privado, sino todo lo contrario.

Eso es lo que quería señalar. Lamento pedir la palabra y hacer perder tiempo al Cuerpo, pero sé que, en ese sentido, tenemos sentimientos bastante parecidos. No obstante, esto es al revés.

Me quedó por plantear otro aspecto del que luego hablaré fuera de la sesión, pero reitero que es al revés. 

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor senador Andrade ha sido aludido y, por lo tanto, tiene el uso de la palabra. 

SEÑOR ANDRADE.- No soy el intérprete del planteo de la Udelar y solo hice un razonamiento. Dije que no hay un planteo radical que –como figura en el actual articulado– haya sido ubicado en el rechazo a la construcción de una coordinación del sistema de educación general público-privado. Eso no es lo que trae la Udelar, sino que sostiene que eliminar la posibilidad legal de la coordinación de lo público en lo específico como parte de esa articulación del sistema de educación general es un error. En el día de ayer, el señor ministro dijo que, más allá de la redacción, pensaba profundizar en la coordinación de lo público, no limitarla. Lo sostuvo claramente y todos lo escuchamos. Simplemente pienso que el planteo de la Udelar nos abre la posibilidad de complementación de iniciativas que enriquezcan a la LUC. 

SEÑOR BOTANA.- Quiero referirme al numeral 23 del artículo 307, relativo a las compras directas por parte de los organismos mencionados en el artículo 451. Cuando el señor rector nos manifestó la demora en hacer convenios que tiene la Universidad por sus procesos internos, pensé que la dificultad para esa competencia estaba en la propia gobernanza de ese centro de enseñanza. Más adelante, la ingeniera Simón en su intervención nos señala que los tiempos de contratación de la Universidad –que son los tiempos del sector público–, la ponen en dificultad para competir con los que hacen una oferta desde el sector privado, como ocurre específicamente con la contratación de buzos. 

Deseo dejar constancia de que vamos a buscar una redacción alternativa, a través de la cual trataremos de igualar las posibilidades de competencia de la Universidad de la República en esta circunstancia sin perjudicar a los que este artículo pretende dejar en pie de igualdad. Quiere decir que debemos mejorar las posibilidades de competencia de la Universidad sin perjudicar a los demás oferentes en este sistema. Hagamos rápido al lento y no enlentezcamos al que puede responder más rápido. Ese es el objetivo hacia el que vamos a movernos. 

Gracias, señor presidente.

SEÑORA COSSE.- Quisiera reiterar la bienvenida a la delegación y agradecer a los representantes de la Universidad por todos los conceptos vertidos y los aportes futuros que todos esperamos. 

Asimismo, me gustaría hacer una pregunta concreta. En su exposición, el rector se refirió a las limitaciones en la compra de equipamiento científico; marcó la conducta de austeridad con respecto a los límites actualmente vigentes y planteó, como algo de una sola vez, dos casos específicos relevantes ocurridos este año en la Facultad de Veterinaria y en el laboratorio P3 de Salto. Ahora bien, mi pregunta es si no deberíamos considerar que estos casos relevantes puedan volver a aparecer en cualquier momento por tratarse de investigación científica que se realiza a lo largo del tiempo. Eso no quedó claro en su exposición y quisiera que lo explicaran. 

SEÑORA DELLA VENTURA.- Me voy a referir a lo expresado por el señor senador Botana.

                A mi entender, hay un marco legal reglamentado –que no vamos a modificar ahora– por el cual lo interno es lo que enlentece el proceso y el mecanismo que tenía la Universidad, a través de fundaciones, era lo que permitía hacerlo más rápido. Entonces, deberíamos apuntar a recomponer ese mecanismo para lograr agilizar todo el trámite. No pueden hacer más de lo que hacen porque está estructurado así; tienen equis cantidad de días para llevar a cabo tal o cual tarea o determinados plazos por tratarse de un organismo estatal. Si comprendí bien y todos pretendemos igualar las posibilidades, deberíamos hacerlo a través del mecanismo de las fundaciones.

                Por otro lado, también quiero hacer referencia a los adultos jóvenes –según entiendo, es hasta los veinticinco años–, porque estamos de acuerdo en que hay que estimular a esa población, pero me gustaría preguntarle al exministro –porque ahí podría estar el problema– y a las autoridades de la universidad  –para saber cómo lo concretan– qué posibilidades reales tiene el Ministerio del Interior en cuanto a recursos humanos para supervisar que cien privados de libertad que están estudiando, puedan asistir a los centros educativos. Quisiera saber si el ministerio debe contar con recursos humanos determinados porque quizá quien decide –no sé quién es– dice que tiene a alguien de veintiocho años –por poner un ejemplo– que quiere ir a la facultad y a otro individuo de veintitrés o veinticuatro años, pero si el texto expresa que se debe priorizar el estudio, me gustaría saber con qué dispositivos se cuenta para que puedan hacerlo efectivo porque quizá existen limitantes.

                Por lo tanto, me gustaría que el señor senador Bonomi y las autoridades de la Universidad me explicaran cómo se instrumenta el estudio de los privados de libertad porque…

SEÑOR PRESIDENTE.- Señora senadora: la pregunta al señor senador Bonomi no corresponde.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido disculpas.

                La dificultad puede darse al decir que se va a atender específicamente a esa población.

                Muchas gracias.

SEÑOR SABINI.- Quiero dejar una constancia porque creo que es un tema neurálgico.

En el día de ayer recibimos al Ministerio de Educación y Cultura –que estuvo once horas– y tocamos un montón de puntos, pero considero que el tema de la coordinación es el más importante de los que trata esta ley. Lamentablemente, en las condiciones en las que estamos trabajando es muy difícil llegar a todos los aspectos, pero el asunto que plantea el rector se contrapone a lo que nos expresó el señor ministro en el día de ayer, con relación los artículos 187 y 188 del articulado que tenemos en la numeración de la vieja Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública, actual Comisión Coordinadora de Educación, si llegara a aprobarse.

                ¿Por qué digo que está en contradicción? Porque en el día de ayer el señor ministro planteó claramente que el objetivo era que la educación pública tuviera un mayor control sobre la educación privada y que se pudieran ampliar las potestades del Estado. En realidad, esto hay que leerlo en función de lo que es el literal B) del artículo 188 de la LUC, que mantiene el inciso B) del artículo  108 de la actual ley de educación y dice: «B) Coordinar, concertar y emitir opinión sobre las políticas educativas de la educación pública e impartir recomendaciones a los entes». Por lo tanto, para que se cumpla lo que planteaba el señor ministro, este inciso B) debería ser modificado; si no, estamos en la hipótesis que plantea la Universidad de la República en cuanto a que las universidades privadas emiten opinión y deciden en algún sentido sobre las políticas públicas.

SEÑOR DOMENECH.- Quiero dejar sentado –aunque más no fuera al pasar porque realmente no es el objeto de estas actuaciones que estamos teniendo– que discrepo con la afirmación de que la educación pública tenga algún tipo de preeminencia sobre la privada. En materia de menores es claro que existe consagrado un  derecho–deber de los padres, pero respecto a la educación de los mayores no existe ningún otro derecho del Estado sobre la educación que no sea el de asegurarla con los límites precisos que fija la Constitución de la República. Es decir que no existe el tan mentado derecho de que la educación pública controle a la privada, sino que se ha establecido por leyes que, a mi juicio, no tienen fundamento constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha finalizado la lista de oradores, por lo que corresponde que haga uso de la palabra el señor rector. Le ruego que redondee su presentación y, por supuesto, serán más que bienvenidas las sugerencias por escrito de las modificaciones de los artículos que hemos trabajado en la mañana de hoy.

SEÑOR ARIM.- Antes que nada y para ser extremadamente breve quiero hacer algunas aclaraciones.

                Cuando señalamos que no hay exposición de motivos nos referíamos a la exposición de motivos de cada una de las transformaciones que hay en la ley. Un ejemplo claro es que en ningún momento se especifica y argumenta por qué se elimina la excepción a la contratación directa de las fundaciones. Se elimina una sección que viene de larga data y no hay una especificación en el texto –quizás a nosotros no nos llegó con ese grado de detalle– de cuál es el argumento para eliminar esa excepcionalidad. Nos pasa lo mismo cuando hablamos de la coordinación en general del sistema, porque era un espacio específicamente público.

                En cuanto a las intervenciones sobre el tema de las fundaciones voy a poner un ejemplo claro, pero no voy a redundar en el tema porque fue bastante discutido. ¿Qué está haciendo la Universidad de la República con la epidemia del COVID-19? Está ejecutando alguna parte de los recursos que obtiene, no a través del Presupuesto Nacional sino de otros mecanismos, a partir de la Fundación Manuel Pérez, de la Facultad de Medicina, muchas veces en acuerdo con instituciones públicas. Para nosotros parece poco clara la razón, el porqué, de eliminar la excepción cuando, en realidad, no se está limitando a la universidad, sino al resto de los organismos del Estado. El hecho de contratar con las fundaciones es una potestad  del resto de los organismos del Estado –insisto– y no una obligación. A esto nos referíamos cuando decíamos que no entendíamos la congruencia global de la línea argumental que justificaba algunas incorporaciones en esta materia.

                Me  gustaría  centrarme  en  un  aspecto  recurrente  al  que  efectivamente  no hice mención –cometí una omisión–, que tiene que ver con el tema de las reválidas. Hay dos consideraciones de distinta naturaleza que hice públicas en otras ocasiones.

                En primer lugar, como mecanismo de relacionamiento institucional no nos parece razonable que se modifique la Ley Orgánica de la Universidad de la República sin que previamente haya mecanismos mínimos de consulta, de intercambio, de pertinencia. Nos enteramos por la prensa que había un proyecto de ley que modificaba dicha ley orgánica. Quiero decir que quien habla, en particular, no cree que esta ley sea intocable; de hecho, ha planteado la intención de modificarla. Sin embargo, pienso que hay un mecanismo de vínculo institucional que hace más viable modificar un elemento –aunque sea uno pequeño– del cuerpo normativo; hubiese sido sano que previamente se le comunicara a la Universidad de la República para que hubiera algún intercambio y hasta quizás hubiésemos evitado algunos problemas que tuvo la redacción original.

                Con respecto al fondo del tema, uno de los aspectos que nos preocupaba mucho era que la redacción de enero implicaba decididamente que se dejaban de emitir títulos de reválida por un tiempo prolongado en Uruguay, porque pasaba las potestades sin establecer cómo se hacía. En el año 2019, la Universidad de la República entregó mil títulos de reválida, mientras que hace diez años se entregaban cien. Precisamente, en  el día de ayer firmé otros cien títulos de reválida de médicos.

Es un proceso importante para el país y no de la Universidad de la República, a quien la ley le otorgaba esa potestad. Con la redacción actual creo que tenemos un marco de dos años para pensar cuál sería un sistema razonable de reválida de títulos, pero también hay inconsistencias. Por ejemplo, el vínculo entre reválida parcial y total no es orgánico ni consistente. Por un lado, se dice que esto es un problema de las universidades y, por otro, que es del Ministerio de Educación y Cultura, pero no es así. La reválida parcial suele ser un producto derivado de que no es posible dar una reválida total y eso genera algunos problemas. Entiendo que en la forma que está redactado ahora no violenta el derecho del inmigrante porque mantiene un proceso, pero simultáneamente deja varios cabos sueltos e inconsistencias en cuanto a que el país pueda tener un verdadero sistema de reválidas.

                Nosotros insistimos porque tenemos la convicción de que la Universidad de la República debe tener una restricción legal, pero no a su autonomía sino a su independencia. Con la redacción actual, la Universidad de la República no está obligada a coordinar; a partir del momento en que se vote el Plan de Política Educativa Nacional, no tendrá ningún espacio de coordinación asignado, salvo este macro espacio en el que participan todos los actores. Creemos que es absolutamente imprescindible la necesidad de tomar decisiones consistentes entre los entes autónomos de educación para tener una política educativa consistente en el país. En algunas áreas representamos el 100% de los estudiantes y hace mucho tiempo que la Universidad de la República no tiene vocación monopólica, ya que decidió que no tiene ninguna intención de ser la única universidad pública del país. Simultáneamente, creemos que dado el peso relativo de la universidad, su historia, su trayectoria en el país y lo que aporta a la sociedad –en esta crisis generada por el COVID-19 ha quedado bastante claro–, tiene que haber un espacio de coordinación específico de lo público que se entienda en clave de políticas públicas. Por supuesto hay que abarcar al ámbito privado en otras áreas, pero no son excluyentes. Un ámbito en el que participemos actores públicos y privados no es excluyente de otro para los entes autónomos en sí mismos, donde podamos pensar en un desarrollo orgánico coherente para evitar situaciones –que se han dado– de inconsistencias en decisiones, lo que lleva a un uso inadecuado de los recursos públicos.

                Por último, debo decir que tal como está planteado el inciso B), es hiriente. Dar la potestad a un actor para que opine sobre lo que debe hacer el ente Universidad de la República cuando éste no tiene la potestad inversa es casi que agraviante desde el punto de vista institucional. Creo que es una herencia previa y así lo asumo, pero sería bueno saber cuál es la motivación. Vuelvo a decir que esto no está explicitado y que si tiene un objetivo político, es válido discutirlo; discutamos –por ejemplo– por qué razón el Inefop podría opinar sobre la Universidad de la República, pero esta no puede opinar sobre dicho instituto.

                Quiero hacer una aclaración porque a veces la historia nos condiciona hasta para pensar que los vínculos siempre se mantienen en el tiempo como congelados y según como uno los conoció. La Universidad de la República no tiene un mal vínculo con las universidades privadas. Un ejemplo a mencionar es que el año pasado este Parlamento aprobó un proyecto de ley para crear un instituto nacional de acreditación a raíz de un acuerdo que surgió como resultado de un trabajo conjunto entre la Universidad de la República y las universidades privadas. Venimos trabajando muy bien en el consejo consultivo y eso lo hemos trasmitido con los rectores con los que nos hemos reunido. Aquí no hay un espacio de discriminación y no venimos a dar un discurso en contra de que las universidades privadas existan, pero queremos que sean de buena calidad, al igual que el resto de la educación en general. Eso implica asumir que hay una especificidad normativa y errores específicos; no somos prestadores en pie de igualdad. Somos entidades que tenemos roles establecidos por la Constitución y la ley, y somos distintas. La especificidad de lo público también tiene que ver con esto y seguiremos coordinando con todo el sistema –con las privadas también– como lo hemos hecho en los últimos años. Lo haremos de una manera fecunda, que genere insumos para el país y asegure la calidad, porque cuando desaparecen las políticas públicas y la fuerza de las entidades públicas –de esto también hay evidencia internacional muy clara a nivel académico–, uno de los problemas centrales es que los sistemas derivan en estructuras hiperjerarquizadas y estratificadas donde los sectores más vulnerables acceden a los tramos de menor calidad.

La Universidad de la República, que es un bicho muy extraño –lo digo con mucho cariño–, combina simultáneamente la investigación de alto nivel con una estructura democrática y abierta de acceso. Esa es nuestra vocación profundamente democrática y si eso no existiera en el Uruguay estaríamos en una situación muy complicada. Este país tiene que mejorar y mucho la cantidad de los estudiantes universitarios que tiene y para eso deben pasar muchas cosas, pero desde esa vocación queremos construir un verdadero sistema de educación pública. Hemos sido críticos de su  funcionamiento, vamos a seguir siéndolo y seremos capaces de identificar nuestros problemas al respecto. No es una visión autocomplaciente para nada; es una visión para que las entidades públicas sean capaces de construir algo que nos permita reproducir lo que hicimos, primeramente, en Rivera o lo que empezamos a hacer en Tacuarembó, y las ideas de tener carreras y cargos conjuntos, porque no hay un espacio para definirlos. ¿No sería razonable que este país tuviera cargos conjuntos y que un docente lo fuera simultáneamente de la Universidad de la república y de la UTEC, o de los ámbitos de la ANEP especializados en educación terciaria? ¿No podemos hacer llamados conjuntos o concursos que nos den todas las garantías de su apertura, de su transparencia y de su mecanismo de funcionamiento? Eso es lo que pensamos cuando hablamos del sistema de educación pública en general.

                En particular, nos preocupa el tema de la Universidad de la educación, la ausencia de reflexiones y el cambio de normativa. Tenemos que converger en un sistema de educación universitario vinculado a la docencia, como existe hoy en el mundo en general, pero eso requiere el esfuerzo de todos los sistemas, en particular, de los públicos, que estamos involucrados en esta temática.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la comparecencia de la delegación de la Universidad de la república.

SEÑOR GANDINI.- A los efectos de ayudar a la comprensión y al diálogo de este tema, solicito que la versión taquigráfica de esta sesión sea enviada al ministro de Educación y Cultura, y la de la sesión del día de ayer, a la Universidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor senador.

Antes de que ingresen los miembros de la UTEC, solicito una reunión con los senadores de todos los partidos políticos para fijar algunas reglas de juego. 

 (Ingresa a Sala la delegación de la Universidad Tecnológica del Uruguay).

SEÑOR PRESIDENTE.- La comisión tiene mucho gusto en recibir a la delegación de la Universidad Tecnológica del Uruguay, integrada por la licenciada Graciela Do Mato y el doctor Rodolfo Silveira, consejeros de la UTEC, y por el magíster Amadeo Sosa, la contadora Rossana Santomauro y el doctor Gabriel Delpiazzo.

                Sin más, cedemos el uso de la palabra a los integrantes de la delegación.

SEÑOR SILVEIRA.- Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.

                Están aquí presentes quienes consideramos podían aportar en esta instancia de consulta y discusión.

                En la parte de educación de este proyecto de ley, hay dos artículos que atañen a la UTEC. El primero de ellos es el que prorroga la figura del Consejo Directivo Central provisorio hasta diciembre del 2022 y el segundo refiere a la integración de la UTEC en las comisiones departamentales de educación, en aquellos departamentos en los que está presente.

Con respecto a ese segundo artículo, tuvimos una reunión con los ministros de Educación y Cultura y de Industria, Energía y Minería, en su momento, unos días antes de la asunción, en la que solicitamos que en la ley de urgente consideración se incorporara la UTEC a esas comisiones –ya que no estaba contemplada originalmente en el articulado–, en el entendido que era un actor universitario en el interior, por lo que era lógico que de alguna manera estuviera presente. Entonces, estamos de acuerdo con esa incorporación, pues nos parece algo natural.

                En lo que tiene que ver con el otro artículo, que refiere a la prórroga del Consejo Directivo Central provisorio, tal como ustedes saben, esa prórroga se debe a que hay que reglamentar la ley de creación de la UTEC, que tiene un aspecto importante que es la integración por parte de trabajadores y empresarios a ese consejo. Eso se prorrogó un par de veces y justamente aquí estamos presentes los dos consejeros, que somos los que continuamos en funciones, y que fuimos prorrogados en la última ley de presupuesto hasta el 1.° de setiembre de este año. Lo que sucedió en ese medio tiempo fue que cuando se solicitó que la Corte Electoral convocara a elecciones y demás, como estaban próximas las Elecciones Nacionales, la corte ya no estaba en condiciones para convocar, lo que llevó a que terminara el período de gobierno anterior con nosotros integrando el Consejo Directivo Central provisorio.

Cuando conversamos con el ministro de Educación y Cultura, y estando presente también el ministro de Industria,  Energía y Minería –eso estuvo bien, porque nosotros tenemos mucha vinculación con el mundo del trabajo y por lo tanto ese ministerio es un socio activo en muchos de los proyectos de la UTEC y en su oferta educativa–, discutimos bastante sobre el asunto de mantener el consejo por dos años más. Nosotros opinamos –esto fue antes del COVID-19– que quizás mantener la figura del Consejo Directivo Central provisorio –no estamos hablando de las personas, sino de la figura– hasta el 2022 era mucho y dijimos que capaz que en el 2021 se podía convocar a elecciones. Además, la universidad ya creció bastante y hoy hay más o menos una masa crítica que podría garantizar una convocatoria con egresados, docentes, estudiantes, etcétera, si es que se mantiene la ley original en las condiciones en las que estaba previsto reglamentarse.

                Por otra parte, creo que también deben saber que nuestros cargos –por ser cargos políticos– fueron puestos a disposición el 1.° de marzo. Eso también es una realidad y lo saben el señor ministro y el señor presidente de la república.

En lo que tiene que ver con la política universitaria, no hay ningún otro artículo en la parte de educación que nos corresponda en ese capítulo.

                Después hay otros artículos en los cuales se mencionan algunas nuevas reglamentaciones por ejemplo en lo que tiene que ver con el Tocaf y con algunas exoneraciones que tiene la Universidad que, en principio, nos tocan.

En definitiva, para explicar ese tema, solicito que se dé la  palabra a la licenciada Do Mato.

SEÑORA DO MATO.- Buenos días, y gracias por habernos recibido.

                El artículo 174 es por el que solicitamos una reunión con el ministro designado en aquel momento, que es en el que efectivamente la UTEC no estaba contemplada,. También queremos referirnos al artículo de la integración de la comisión, el 187, en el que se integra a la Universidad Tecnológica del Uruguay, lo cual constituye un agregado que nos interesa mucho.

                Me gustaría repetir  que debe entenderse que estamos atravesando una pandemia, que los plazos  pueden ser no adecuados, pero consideramos que el Consejo Directivo Central tendría que formarse en 2021; dos años nos parece mucho. También debe quedar claro que no hay nada reglamentado aún, y si no se trabaja al respecto, no vamos a lograr conformar el Consejo Directivo Central de la Universidad Tecnológica del Uruguay;  todavía falta que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.

SEÑORA SANTOMAURO.- Mi preocupación apunta a la parte operativa de la universidad en cuanto a las compras y contratación de personal. Es una Universidad en crecimiento –recién hace seis años que fue creada– en la que todos los años se contrata personal tratando de hacerlo con criterio y de forma eficiente para mantener una relación adecuada entre el número de estudiantes y de personal docente y no docente.

La  mayor preocupación está dada por el lado de los artículos vinculados a las contrataciones, ya sea a través de arrendamientos o de llamados. Leí una versión que no sé si es la última, pero me preocupó el hecho de que para hacer un llamado haya que mandar la información a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la cual tendrá hasta tres meses para contestar si tiene o no una persona para ocupar ese cargo. Entiendo que tres meses no es un tiempo razonable; ahí hay muchos aspectos para revisar. Por un lado se nos pide eficiencia a los organismos públicos y, por otro, se instala una normativa que en cierta medida nos ata de manos. Entonces, si el tema es el control, hay otras maneras de hacerlo. Nosotros hemos comenzado a hacer auditorías externas desde el inicio. Creo que estamos trabajando bien. Tenemos la auditoría del Tribunal de Cuentas que no nos hizo grandes observaciones. Creo que cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir y por ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, creo que deberían revisar un poquito todos estos aspectos en el sentido de facilitar la gestión.

Es difícil para una universidad de este tipo, que apunta a captar determinado perfil de personas, trabajar –por lo que yo entiendo– con personal excedente de otros organismos –en el caso de que se haga una reestructura– o tener que esperar tres meses para que la Oficina Nacional del Servicio Civil diga que sí o que no a un perfil determinado; seguramente, nos va a tener que decir que no y, si nos dice que sí, es probable que no sirva.

Creo que, en ese aspecto, hay que revisarlo un poco, porque si se pide eficiencia, todos los artículos que se aprueben tienen que ir en esa línea. Pensaba que habían sacado también el de investigación, pero creo que lo volvieron a poner y bajaron el monto.

Por otra parte, están los topes de compras estatales. Se siguen todos los lineamientos de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, con los criterios actuales y haciendo las publicaciones electrónicas y demás. Creo que estamos trabajando muy bien, en los tiempos requeridos. En definitiva, la información es pública, cualquier persona la puede ver. Va todo en el sentido que queremos.

Entonces, me parece perfecto que soliciten auditorías externas en todos los organismos, pero los artículos deberían facilitar la gestión porque creo que también se va a evaluar cómo cumplen los organismos con sus cometidos, lo que también será evaluado por la ciudadanía en general. En este sentido, considero que hay que ayudar a los organismos y no complicarlos.

Les pido que revisen los artículos en todo lo que implica ir para acá y para allá, obtener la autorización de este o del otro –hay mucho de esto por lo que he leído–, porque eso lo único que hace es demorar la gestión y  dará pie a que se diga que  los funcionarios públicos no trabajan bien, que los organismos no cumplen con sus cometidos y demás.

Esta es mi preocupación en cuanto al capítulo de contrataciones vinculado a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Por lo que entiendo, se está pensando en asignar un delegado de servicio civil, no sé si en todos los organismos o en algunos –tal vez por áreas– pero no considero que sea necesario hacerlo. Si el objetivo es controlar, hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo, con auditorías externas; también se pueden implementar otros sistemas ágiles. Ya tenemos bastantes pasos previos –Tribunal de Cuentas, entre otros–, que no van en la línea de una Universidad Tecnológica en la que importa mucho el tiempo; es decir, adaptarse rápidamente a los cambios. Por eso tiene que ser una organización ágil y flexible. De lo contrario, no vamos a poder cumplir con nuestros cometidos.

Era cuanto tenía para decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?

Si no lo toma a mal, señora contadora, les vamos a enviar la última versión  con el texto debidamente articulado para que nos identifiquen los artículos que a la UTEC le preocupan, en los aspectos que acaban de hacer referencia.

SEÑOR BERGARA.- Si ustedes tienen una propuesta de redacción alternativa, solicitaría que nos la hagan llegar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la UTEC y les pedimos disculpas nuevamente por hacerlos esperar.    

                Se levanta la sesión.

(Son las 12:11).