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Carátula

 

COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO,

TURISMO Y SERVICIOS

(Sesión celebrada el día 7 de octubre de 2020).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:04).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Carpeta n.° 304/2020. Equipos de radioaficionados. Se modifica la Ley n.° 17517, de 11 de julio de 2002. Proyecto de ley presentado por el señor senador Luis Pintado.

                Solicitud de audiencia del Centro de Radioaficionados de Montevideo (CRAM, para referirse a la Carpeta n.° 304/2020 – Equipos de radioaficionados)».

 

(Ingresa a sala una delegación de la coordinadora de sindicatos de Ancap).

 

–La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios tiene mucho gusto en recibir a una delegación de la coordinadora de sindicatos de Ancap, integrada por Natalia Belo y Martín Villamil, ambos de Fancap, quienes nos solicitaron ser recibidos.

SEÑORA BELO.- Buenas tardes. Soy secretaria general de Fancap y como integrantes de la coordinadora de sindicatos de Ancap venimos hoy aquí a plantear nuestra importante lucha en defensa de la industria del portland, y por eso queremos solicitar que se tenga en cuenta el tratamiento del proyecto de ley que existió hasta el año 2000 en cuanto al uso de cemento portland de industria nacional en las obras públicas. Entendemos que esa iniciativa fue desarchivada, pues se le dio tratamiento, pero no se llegó a una decisión final. En el marco de la importancia que tiene la industria nacional, la generación de empleo, de lo que significa para el departamento de Paysandú que siga produciéndose portland en la planta de Ancap y de la necesidad de que se vuelva viable este negocio de incrementar las ventas –una opción es a través de esta ley para promover el uso del portland de Ancap, aunque sea en un 50 % en lo que refiere a obra pública–, es que venimos hoy a solicitar su atención respecto a este tema que consideramos fundamental para el desarrollo del país, para la generación de empleo y para la salud de todo el pueblo. 

                Entendemos que el desarrollo de la industria nacional es fundamental, más en un departamento que en el correr del tiempo ha sido golpeado económicamente por diversos factores y en el que varias industrias han sufrido grandes problemas de adecuación de mercado. Creemos que es muy importante que este Cuerpo tome en consideración este proyecto de ley para viabilizar una puerta más de venta de nuestro producto.

SEÑOR VILLAMIL.- Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en este ámbito.

                Como decía la compañera, hasta el año 2000 teníamos vigente algo que surgía de los orígenes de Ancap: que en toda obra pública se utilizaba el cemento de producción estatal. En el año 2000 –específicamente, creo que era un decreto del 90– se derogó esa obligación y se liberó a la competencia que había en ese momento, lo cual se mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que toda obra pública se puede hacer tanto con cemento de producción estatal como también con cemento de producción no estatal. Incluso, se puede importar cemento, como está sucediendo entre algunos actores privados.

                Nosotros estamos fomentando un proyecto de ley que fue ingresado a la comisión de industria de la Cámara de Representantes por los entonces representantes Javier Umpiérrez, del departamento de Lavalleja, y Cecilia Bottino, del departamento de Paysandú. Ese proyecto de ley ingresó como tal a la comisión de industria y ahí tuvo una discusión que no llegó a buen puerto; por lo tanto, no llegó a ser considerado en el plenario por distintos motivos. Uno de ellos fue la intervención que tuvo en esa comisión de industria un representante de la empresa Cemento Charrúa, en representación de los futbolistas Diego Lugano y Diego Godín. Ellos argumentaban que si prosperaba ese proyecto de ley los podría perjudicar.

                Nosotros, como sindicato, en ese momento dijimos: si el proyecto comercial de estos dos empresarios hubiese sido el que se planteó en un principio de industrializar la materia prima y obtener el cemento portland, que es el producto final, se verían favorecidos. Si bien el proyecto de ley reconoce la intervención privada que tenemos hoy en día en el mercado, en sus pocos artículos dice que toda obra pública se tendría que hacer con cemento de producción nacional, y que por lo menos el 50 % de esa cuotaparte sería la estatal. Pensamos que si estos empresarios producían su cemento a nivel nacional estarían beneficiados, el tema es que su plan empresarial quizá nunca contuvo la idea de producir a nivel nacional, sino que fue un artilugio –me hago cargo de la palabra– que se utilizó para tener –no quiero llamarlo favoritismo– cierta adecuación a algunas quitas.

Ellos hasta el día de hoy lo importan de Turquía, básicamente. No sé con qué beneficios tributarios lo conseguirán, pero llega al país en una condición muy ventajosa para competir con el nuestro. No sabemos si ese cemento cumple, o no, los requerimientos de las normas. En Uruguay tenemos, por suerte, una norma que regula aquellos requerimientos técnicos que debe tener el cemento para cumplir determinadas prestaciones estructurales y demás. Los cementos producidos de forma nacional cumplen esa norma.

Nosotros desconocemos cuáles son las características técnicas que tiene el Cemento Charrúa. Al día de hoy están participando en el mercado local con una mínima cuota, pero están participando. Ellos entendieron que si llegara a prosperar este proyecto de ley los perjudicaría, tuvieron eco en la comisión de industria de la Cámara de Representantes y el proyecto no llegó a discusión del plenario. Eso se archivó, por no haberse tratado en la legislatura anterior y lo que estamos haciendo ahora es generar contactos con los actores políticos que integran la actual comisión de industria para que se desarchive, a los efectos de que sea tratado en algún momento. Tenemos conocimiento de que ese proyecto de ley fue desarchivado, y creo que se va a tratar en algún orden del día, aunque no sé en cuál. Además de que se considere en dicha comisión y de que luego pase al plenario, nuestra intención también es ver –llegado el caso– diferentes voluntades y qué postura, eco u oídos podemos tener en ese ámbito.                Tenemos una inquietud concreta –surgió ahora en la charla previa con mi compañera– en cuanto a la posibilidad de que en la comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado también se pueda presentar un proyecto similar. Quisiera saber si existe la posibilidad de que a pesar de que el proyecto esté en el ámbito de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes también pueda ingresar uno de similares características en la Cámara de Senadores.

                Con respecto al porqué de todo esto, quiero decir que hace unos meses tuvimos una reunión con el actual presidente del Directorio de Ancap, ingeniero Alejandro Stipanicic, quien nos hizo una puesta a punto sobre lo que implica el negocio del portland. Nos planteó tres escenarios, en base a un análisis que realizó una consultora encomendada por Ancap, para analizar de manera técnica y lo más objetivamente posible el futuro o el estado de situación del negocio del portland dentro de la empresa estatal. En ese estudio analizaron el mercado argentino y el nacional, dónde habría lugar para colocar un cemento estatal, e hicieron una prospección a corto plazo de cuál sería el retorno ante determinadas inversiones. De ese análisis, Ancap nos presentó tres escenarios. Los dos primeros plantean directamente la paralización total de la industria cementera en el norte del país, es decir, en la ciudad de Paysandú y, el tercero, la búsqueda de un inversor privado que compre el activo, que no se ha instalado desde el año 2012. Tenemos contenedores que hacen a un proyecto de reconversión de la matriz energética para la instalación de la tercera línea de cocción o lo que es el famoso horno 3, que se compró –y es parte de los activos de la empresa–, que está perdiendo su valor porque, como se imaginarán, se trata de muchas piezas que, entre otras cosas, exigen tener en cuenta la vigencia de su garantía y demás. En los hechos, eso aún sigue dentro de los contenedores.

                Entonces, el tercer escenario plantea la búsqueda de un inversor privado que compre esos activos de la empresa y que sería rentable la industrialización de la piedra caliza si se instala una nueva planta –distinta a la que tenemos en Ancap– al lado de la cantera, por un tema de traslado de piedras y economicidad. Por lo tanto, los dos primeros escenarios paralizan la empresa, es decir, la actividad de la planta, y el tercero plantea una «pseudoprivatización», por llamarlo de algún modo.

                 En esos diálogos intentamos lograr un ámbito técnico de intercambio para que,  como trabajadores, pudiéramos ser parte de ese análisis que hizo la consultora y obtener datos que nos sirvieran a los efectos de crear un cuarto escenario. Ahora estamos en la instancia de presentar al Directorio de Ancap y al presidente –con quien tuvimos una reunión posterior– un cuarto escenario. Tenemos cierta problemática porque ese escenario tendría que ir de la mano de un proyecto de país en cuanto a qué queremos hacer con las empresas públicas y con Ancap como motor del desarrollo industrial del Uruguay, es decir, si queremos fomentar la obra pública o el déficit de vivienda.

                 Uruguay tiene el consumo de cemento per cápita más bajo de la región. Esa situación no quiere decir que como ciudadanos compremos menos cemento, sino que no se materializa en una gestión del Poder Ejecutivo o del Gobierno de fomentar una obra pública. Incluso, obviamente, el consumo es menor que el de Brasil y Argentina pero también que el de países que no están tan desarrollados como, por ejemplo, Paraguay.     Entonces, ahí habría un nicho de colocación de nuestro cemento. También existe uno en el norte argentino, en la Mesopotamia. Si bien Argentina tiene un superávit de producción con respecto a su demanda, está al sur del país, y por un tema logístico sería inviable llevar al norte, a costos razonables, el producto que se elabora al sur del país. Ahí cumple un papel fundamental, geográficamente, cómo está ubicada la planta de Paysandú con respecto a la región. El tema es que desde el Directorio y desde Ancap interpretamos que no se quiere explorar ese mercado como Ancap, sino a través de algún privado. Si ese nicho está, nosotros nos preguntamos por qué necesitamos un privado para acceder a ese mercado, porque podemos incursionar como estatal en él, ya que está necesitado de oferta.

                Después tenemos otros actores que también influyen en la decisión por la que no se pretende invertir. Es el comienzo de una industria con capitales extranjeros que se está desarrollando en el país: me refiero a Cielo Azul. Esta es una empresa que se está instalando en el departamento de Treinta y Tres y que creemos va a estar comenzando a producir a fines de este año, principios del que viene. Entonces, creemos que hay mercado. Además, tenemos la materia prima, que es la piedra caliza. Nosotros en Ancap somos propietarios de las canteras. Estudios geológicos dicen que tenemos una prospección de yacimientos para unos cien, ciento cincuenta años, con un capital estimado de diez mil millones de dólares. El tema es inversión sí, inversión no. Ese es el tema sobre el que ronda la problemática.

                Somos conscientes de que esta empresa que se va a instalar va a tener una rentabilidad mayor porque la tecnologización que tiene su fábrica es muy superior a la de Ancap. Uno de los problemas que tenemos hoy es que poseemos una estructura en la fábrica que no se puede justificar económicamente porque no ha habido inversiones desde hace un tiempo, y ahí entra el tema de la falta de inversión o culminar las inversiones en la planta de Paysandú. Pero Ancap tiene tres plantas. Dos de ellas son industrias que producen cemento portland, y una es distributiva, ubicada en la ciudad de Montevideo, en el barrio Manga. La planta de Minas tiene una pequeña diferenciación con respecto a la de Paysandú, porque ahí sí se hicieron inversiones. Las plantas originalmente de Minas son de 1956 y de 1963. Ahí tenemos, al día de hoy, la mitad de la planta de esa época, y la otra mitad de la planta del año 14, que fue cuando comenzó a funcionar el tercer horno, este que no comenzó a funcionar en Paysandú.

                Se lograron varias cosas con esa tecnologización. Se logró cambiar la matriz energética; pasar de depender de los combustibles fósiles derivados del petróleo a depender de una matriz un poco más amplia, más eficiente energéticamente y menos contaminante, como por ejemplo el carbón. Pero aún son necesarias otras inversiones, que están relacionadas más bien con la forma en la que se obtiene el producto final, vía seca, vía húmeda, algo un poco más técnico. Creemos que en la planta de Paysandú es imperiosa la necesidad de terminar esas inversiones para ser más rentables y demás; pero, además, también creemos que se tendrían que explorar estos mercados, por ejemplo el nicho que hay en el norte, en la Mesopotamia argentina.

                Pensamos también que si bien no vamos a recuperar a que el cien por ciento de la obra pública se haga como hasta el año 2000, con cemento estatal, consideramos que es una ayuda muy importante que por lo menos este proyecto de ley culmine y se transforme en ley. Como les decía, sería bueno que el cien por ciento de la obra pública sea con cemento nacional y que por lo menos la mitad sea con cemento estatal.

                Es básicamente eso.

SEÑOR SARTORI.- En primer lugar, comparto un diagnóstico en el que por primera vez veo que es de los más transparentes con relación a la situación actual. Como ustedes saben, está el manejo irresponsable de las inversiones, hay líneas de producción anticuadas y poco adaptadas a la realidad de hoy. Creo que el resultado de lo que estamos no es para nada una falta de recursos naturales. Tenemos los depósitos de calizas más grandes de todo el sur de Latinoamérica. Si alguien analizara todo Latinoamérica, seguramente el mejor lugar para producir cemento diríamos que es Uruguay y, a partir de allí, se podría exportar a la región. Incluso, podría realizarse con la última tecnología a costos rentables y seguramente más competitivos que Argentina.

                Además, mirando hacia adelante, tenemos la perspectiva de hacer navegable el río Uruguay hacia arriba, lo que permitiría que a todo el sur de Brasil llegara el cemento uruguayo de manera rentable, mejor que lo que tenemos hoy.

                Creo que, además del manejo irresponsable y la mala gestión de esa empresa, existe una oportunidad que este Gobierno y las nuevas autoridades tienen que reconocer. No se trata solo de mirar los números hoy, sino de ver también en lo que podríamos transformar a esa industria. Ahí comparto con ustedes que con inversiones buenas y bien planificadas la realidad podría ser totalmente diferente. Esta podría ser una de las industrias que más crezcan, direccionen y potencien a nuestro país. El tema político sobre el uso del cemento nacional en las empresas públicas y demás creo que es otra discusión.

Quiero compartir y validar –en base a un análisis que he realizado– que en Uruguay hay un futuro rentable para esta industria y que la planta de Paysandú, hecha de otra manera, con otro tipo de capacidad de producción y otra tecnología, es estratégica. Deberíamos apoyar la visión que ustedes tienen para no terminar vendiéndole a un privado algo muy valioso por poca plata y sin capacidad de saber qué es lo que va a pasar o, simplemente, mirando los números de URUD´OR y decir que no es rentable y tomar la decisión de cerrarlo. Creo que hay un camino y debemos apoyar esa visión de reestructurar, reinvertir y sacar adelante a esta industria y, en particular, a la planta de Paysandú.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quisiera hacer un par de preguntas.

                En primer lugar, los invitados nos preguntaban si era posible un nuevo proyecto de ley similar al de la Cámara de Representantes. Personalmente, considero que no. Si ya hay un proyecto con esas mismas características en la Cámara de Representantes, debemos esperar que esa cámara lo trate y recién cuando sea elevado al Senado  podremos tratarlo nosotros. Si no lo tratan, habrá que ver si algún señor senador plantea que la cámara vuelva a tratarlo, pero no será el momento hasta suceda eso en la Cámara de Representantes.

                En segundo término, ustedes decían que hay que hacer inversiones y yo escuchaba ahora al señor senador Sartori. De lo que hemos visto del presupuesto para los próximos cinco años, no vemos inversiones en este tema. Por lo tanto, están bien las expresiones de deseo, pero la semana próxima vamos a recibir al presidente de Ancap para hablar de su mirada sobre la empresa pública y lo que se propone para adelante. Tal vez, después de tener esa información podremos transmitirles a ustedes –después de un debate en la comisión– cómo lo vemos.

                Ustedes dejan algunas preguntas de los beneficios. No sé qué palabra utilizaron de la empresa de Godín o de Lugano que debe tener algún nombre.

SEÑOR VILLAMIL.- Se llama Cemento Charrúa.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Eso se vincula a la ley de inversiones o a algunos beneficios especiales para la industria del cemento?

SEÑOR VILLAMIL.- Nosotros, en algún momento, pedimos como sindicato que se le subieran los aranceles al máximo permitido para las importaciones del Mercosur –creo que esa solicitud no tuvo eco–, porque entendíamos que podía, a través de una triangulación entre libres mercados, llegar de una forma que, si bien no era desleal,  competitivamente era llamativo el precio del producto exportado acá en Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo que pregunto es si los beneficios, ese descuento o esa exoneración, tienen que ver con la ley de inversiones o es una ley particular para este emprendimiento.

SEÑOR VILLAMIL.- Ellos deben haber tenido sus beneficios cuando se constituyeron y se instalaron en Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTA.- Como ley de inversiones. Correcto.

SEÑOR VILLAMIL.- Eso es para conformar su polo logístico, pero nosotros nos referíamos a los aranceles que pagan para traer ese producto al Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTA.- El arancel para importar.

SEÑOR VILLAMIL.- Sí, para importar.

SEÑORA PRESIDENTA.-                 ¿Toda la importación que hace Cemento Charrúa es de Turquía?

SEÑOR VILLAMIL.- No tenemos datos específicos; sabemos que la mayor parte es de Turquía, pero quizás también traigan de otro país en que haya excedente. Básicamente, la mayor parte de la importación es de Turquía.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Ustedes hablaron de que ellos tienen –no sé si les entendí bien– un mínimo de cuota en el mercado local?

SEÑOR VILLAMIL.- Claro. Hoy en día el mercado nacional, el consumo, se divide básicamente en partes iguales –vamos a suponer que hay un 45 % y un 43 %– entre el cemento de Ancap y Cementos Artigas –que también está constituido en Lavalleja–; el resto está dividido en pequeñas fábricas, como Cemento Charrúa y otras que también producen cemento. Básicamente, la mayor parte del cemento que se consume en Uruguay es la mitad procedente de Cementos Artigas –que es nuestra competencia– y la  otra parte es cemento estatal.

Ellos tienen una pequeña participación en el mercado, que quizás ronde el 5 % de todo lo que se consume en el Uruguay, pero a esto hay que sumarle, a fines de este año y principios del que viene, la entrada en el mercado nacional de Cielo Azul, que es la empresa que se está constituyendo en Treinta y Tres.

Suponemos –y esto lo ha dicho Ancap– que esperan que Ancap retenga parte de ese 45 % que tiene hoy en día, y baje a un 30 % o un 35 %. Esto sería con la suposición de que Cielo Azul va a exportar a Brasil, pero algo va a colocar en el mercado nacional.

SEÑORA PRESIDENTA.- Actualmente Cemento Charrúa, además de esa mínima cuota en el mercado local, ¿qué hace con su producto? ¿Cómo lo comercializa?

SEÑOR VILLAMIL.- En barracas.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Quiere decir que va al comercio minorista, digamos, no a la construcción directamente?

SEÑOR VILLAMIL.- Por eso tiene un 4 % o un 5 % del mercado total. No sé si es por un tema de que no se conocen mucho las capacidades técnicas del producto que no ha logrado insertarse –vamos a decir– en la confiabilidad del cliente. Nosotros vendemos tanto en bolsas para María o José que van a comprar a una barraca, como a granel para determinados clientes. El cliente que compra a granel necesita prestaciones más importantes que Ancap garantiza a través de la trazabilidad del negocio, desde la obtención de la materia prima y todo su proceso hasta los análisis que, a su vez, se le  hacen al producto final.

SEÑORA PRESIDENTA.- Correcto.

SEÑOR VILLAMIL.- Eso genera una confiabilidad muy grande en el cemento estatal que hace que tenga clientes importantes, pero también es cierto que quizás la empresa que se está constituyendo la tenga. En Uruguay hay una ley que obliga a esa trazabilidad y a obtener los certificados por parte de los organismos competentes, que son los que liberan el producto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Quiero hacer una pregunta con respecto a Cemento Charrúa.

Por lo que dice nuestro invitado, Cemento Charrúa es importador y no productor.

SEÑOR VILLAMIL.- No produce cemento a nivel nacional.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Entonces, el 5 % que tiene del mercado lo importa.

SEÑOR VILLAMIL.- Ellos ni siquiera producen el elemento con el cual se forma el cemento, que es el clínker. Se obtiene la piedra caliza, se la procesa y se obtiene un elemento que se llama clínker. Después, a ese elemento se le agregan otros elementos para obtener un cemento estructural –que cumple con una norma: CPN 20 o CPN 40– o el cemento de albañilería, que tiene otras prestaciones.

                Ellos no producen ni siquiera el elemento para formar el cemento, sino que importan directamente el cemento ya elaborado o el clínker y lo procesan en su planta. Básicamente, hoy en día están importando el cien por ciento de su producto, de lo que venden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por último, ¿cuántos trabajadores hay vinculados al cemento en Ancap?

SEÑOR VILLAMIL.- A grandes rasgos, podríamos decir que son unos seiscientos trabajadores propios de Ancap –podría obtener el número exacto– y tenemos una cuota parte igual de empresas vinculadas a Ancap, por ejemplo, talleres mecánicos o servicios. Hablo de empresas que son casi fijas, no de talleres. A veces cuando Ancap necesita algo va y solicita una orden de compra o un proceso licitatorio y se cumplen las garantías. En definitiva, esas son tercerizaciones. O sea que, básicamente, estaríamos hablando, quizás, de unos mil doscientos a mil quinientos puestos de trabajo relacionados con la actividad cementera estatal.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿De Ancap directamente son seiscientos?

SEÑOR VILLAMIL.- Podría ser, pero no tengo el número exacto.

SEÑORA PRESIDENTA.- No importa, nosotros también se lo vamos a consultar al presidente de Ancap. Era para tener una idea.

SEÑORA BELO.- La producción no sería posible sin los mil quinientos; esto no funcionaría solo con el funcionariado de Ancap.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Sin las empresas? 

SEÑORA BELO.- Exacto.

SEÑOR VILLAMIL.- Podríamos decir que son unos trescientos funcionarios propios de Ancap o en modalidad de contrato de función pública, y unos quinientos o seiscientos más relacionados directa o indirectamente, es decir, transporte, servicios y mano de obra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

                Si no hay más preguntas, agradecemos su presencia y nos mantendremos en contacto.

SEÑOR VILLAMIL.- Los agradecidos somos nosotros.

 

(Se retira de sala la delegación de la Coordinadora de Sindicatos de Ancap).

 

(Ingresa a Sala la delegación del Ministerio de Industria, Energía y Minería).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Damos la bienvenida a los representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, al señor subsecretario Walter Verri, a la economista Silvana Grosso y al doctor Bruno Cabrera.

                Como ustedes saben, nosotros les hemos pedido su opinión con respecto a un proyecto de ley presentado en la Cámara sobre la situación de la empresa Caputto; concretamente, se trata de una minuta de comunicación que habla del futuro de esa empresa y de la preocupación por seguir exportando cítricos a Estados Unidos, a la Unión Europea y a Vietnam, un mercado que se abrió hace poco. Con mucho gusto los escuchamos.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos y recibirnos. Les trasmito el mensaje de excusa del señor ministro Paganini, que no pudo acompañarnos en el día de hoy.

                Lo primero que queremos decir con relación a la minuta de comunicación presentada por los señores senadores del Frente Amplio es que coincidimos con la preocupación que allí se señala, ya que el sector citrícola del Uruguay es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que genera mano de obra en el interior, donde muchas veces no es fácil lograr inversiones. Genera mucha mano de obra, más o menos un trabajador citrícola por hectárea. Hoy el sector tiene aproximadamente quince mil hectáreas, por lo que estamos hablando de una masa laboral importante. A eso debemos agregarle los empleos no directos, que son muchísimos más. Por lo tanto, estamos hablando de un sector importante para la economía del país, tanto para la producción como para la generación de fuentes de trabajo.

Es un sector que tiene muchos años de desarrollo. Se cree que la citricultura ingresó al país con los inmigrantes italianos y españoles de principios del siglo pasado, del 1900. Se radicaron básicamente en la zona de Salto, Paysandú y Canelones, que es donde están las primeras plantaciones para consumo interno del país. Después vino una oleada de franceses que se instalaron en Paysandú, como Darricarrère, Crouzet y Cucimano, que terminaron generando otros emprendimientos y, aproximadamente en la década del setenta, empieza el desarrollo de la citricultura con fines de exportación. Es así que en Paysandú y Salto se genera la marca URUD´OR  que, en definitiva, gestionaba en conjunto la exportación de la mercadería, dando apoyo de mercado y logístico; posteriormente, vino todo el desarrollo más reciente de la citricultura a nivel tecnológico con los packings, donde se lava, se acondiciona y se encajona la fruta. Primero eran cajones de madera y hoy son cajas de cartón que también generan negocios conexos. Justamente, uno de los principales acreedores de Caputto es una de las fábricas de cajas de cartón. Luego tenemos toda la tecnología de la producción propiamente dicha con el riego por goteo, por microaspersión e, inclusive, algunos  emprendimientos cuentan con embalses, como Forbel S.A. que está en las afueras de Paysandú.

Para mí la citricultura es muy importante porque soy oriundo de Paysandú y entre  mi departamento y Salto tenemos el 82 % de la producción citrícola del Uruguay. El otro 18 % está ubicado en la zona de Canelones –aunque también hay algo en San José– básicamente dedicado a la producción de limones. Por lo tanto, no creo que sea necesario abundar más sobre la importancia de la citricultura.

Voy a contar lo que ha sido este proceso y cuáles son las soluciones que hoy tiene el Gobierno, que no son las que se plantean en la minuta porque hay razones jurídicas que impiden que avancemos en esa dirección. Primero que nada tenemos que situar el tema y decir que está en concurso judicial, hay un síndico nombrado por la justicia y apelaciones judiciales de la empresa desplazada. La empresa Caputto presentó dos recursos: uno sobre el decreto que determina su desplazamiento de la dirección de la empresa y otro de inconstitucionalidad; los dos están en curso. Por lo tanto, cualquier solución en la que podamos avanzar sobre la empresa está supeditada a la resolución de estos dos recursos judiciales, salvo que se solucionen antes, de común acuerdo con las partes, que es en lo que se está trabajando. Solamente los pongo en tema para que se entienda.

En el año 2018 la empresa exportó USD 20:000.000, de los cuales el 46 % fue a Estados Unidos, es decir casi USD 10:000.000. El mercado de Estados Unidos, arancel cero, implica un antes y un después en la citricultura. Si no fuera por ese mercado, hoy la citricultura estaría en dificultades porque en el resto del mundo tenemos aranceles y competimos con aranceles muy altos con países que no los tienen, como Perú y Nueva Zelanda, que son competidores directos. Sin embargo, en el año 2018 el ejercicio de Caputto cerró con un pasivo de USD 64:000.000 y un activo de USD 79:000.000, lo que llevó a que unos meses después, el 15 de febrero de 2019, Citrícola Salteña se presentara a concurso de acreedores, lo cual fue aprobado por la justicia el 25 de febrero del mismo año. 

En abril de 2019, el Gobierno del momento –el Gobierno anterior– asistió con la creación del Fondo Citrícola  –que fue un préstamo con nombre y apellido, pero fue una solución para la situación del momento–, que establecía un fideicomiso de USD 3:500.000 provenientes de la Agencia Nacional de Desarrollo. Fue administrado por la propia ANDE que presidía el comité de dirección, el Ministerio de Industria, Energía y Minería –que integrábamos nosotros– y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La zafra se terminó en 2019 en base a ese fideicomiso que funcionó a pesar de tener algunas dificultades y le dio capital de trabajo a la empresa para poder hacer frente a la cosecha. Esto implicaba varias cosas,  como no afectar la marca país y no incumplir con los clientes en el extranjero, no dejar la fruta en los montes –con el daño ecológico y de la planta a futuro irreversible– y también mantener la fuente de trabajo. La empresa se mantuvo funcionando y se sacó adelante la zafra 2019. No fue todo lo exitosa que le hubiera gustado al Uruguay, y se terminó con un déficit de USD 5:300.000. A pesar de la ayuda que se le dio con el fideicomiso, el 9 de enero el Parlamento tuvo que aprobar, con carácter de urgente  –levantándose el receso parlamentario–, otra ley, que estableció la creación en el BPS de un fondo de asistencia para créditos laborales de los trabajadores de la empresa citrícola salteña. En definitiva, lo que se consiguió con esa ley fue poder pagar los créditos laborales de los trabajadores que habían quedado sin pagarse y asegurar el cobro a los trabajadores que tenían créditos pendientes por parte de la empresa.

                En noviembre de 2019, Caputto estuvo muy cerca de lograr un acuerdo con la mayoría de sus acreedores en el marco del concurso, pero finalmente las negociaciones se frustraron. Según dijeron ellos mismos, el BROU decidió cambiar su postura. Desconocemos las razones. La situación es que no se llegó a un acuerdo y el concurso siguió adelante.

                Cuando se dio el cambio de Gobierno, nos encontramos con la misma situación que había en el 2019, en el comienzo de la zafra: la empresa no tenía capital de giro y seguía el concurso en marcha. Para poder levantar la cosecha de ese año se dieron las mismas condiciones y en marzo de este año se volvió a votar, por unanimidad de los partidos políticos –no sé si de todos los señores diputados y senadores–, un nuevo fideicomiso. Estamos hablando de un fondo de USD 3:600.000 millones de dólares, casi lo mismo que el anterior que, si no me falla la memoria, fue de $ 124:000.000. También se empezó a administrar de la misma manera: la Agencia Nacional de Desarrollo presidía el comité de dirección del fideicomiso, junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sin embargo, las cosas empeoraron; el 15 de mayo la Justicia decretó la liquidación de la empresa, con desplazamiento de sus directores, asumiendo la dirección la Liga de Defensa Comercial, Lideco. Obviamente, esto generó la reacción inmediata de los accionistas de Caputto, que establecieron estos dos recursos de los que ahora volveré a hablar, porque es un ingrediente no menor a la hora de resolver el problema.

                La empresa sigue manteniendo adeudos anteriores –antes del concurso–, de sueldos, de salarios, de aguinaldos, de despidos y de salarios vacacionales de los trabajadores, que más o menos andan en el entorno de USD 1:000.000.

SEÑOR SARTORI.- ¿Cuántos trabajadores son?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Hoy son aproximadamente 1.500. La cantidad depende mucho del momento de la zafra, pero el máximo fue de 1.500 e indirectos llegaban a 2.500.

La empresa tiene aproximadamente 3.500 hectáreas cultivadas. En su mayoría, los campos están en Salto –hay algunos en Paysandú, pero muy pocos– y tienen variedades de alta demanda mundial. Justamente, otro problema que presenta la citricultura y por lo cual hubo que reconvertirse, es que las variedades que el mundo había comenzado a consumir no eran las que teníamos plantadas. Entonces, hoy muchos de esos campos están produciendo la variedad que se consume más. Por lo tanto, esta zafra fue mejor que las anteriores.

                Hasta ahora, la operativa ha sido normal, la zafra está llegando a su final –termina en el mes de setiembre u octubre, dependiendo un poco de las variedades y de las características climáticas del año– y ha sido mejor que lo habitual, mucho mejor que en los dos últimos años. Y, como les decía, se dio una buena calidad de producto. Hay variedad de árboles jóvenes que comenzaron a dar fruto, entrando en producción,  para la  demanda del mercado internacional.

                Por otra parte, la pandemia del coronavirus, que ha complicado tanto al mundo y a nosotros, ayudó a la industria citrícola porque el mundo ha requerido más naranja debido a la vitamina C; en consecuencia, la gente ha consumido más naranja y por eso se ha vendido mejor.

Actualmente, los trabajadores citrícolas están negociando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un seguro de paro especial, que habilite a todo el sector citrícola –no solo al salteño– a llegar hasta marzo del año que viene con el seguro, con la expectativa de que haya una nueva zafra en 2021. Cabe aclarar que ese es, también, el deseo del Gobierno.

                Hoy la situación es que la zafra está culminando con éxito. La liberación en tiempo y forma de los recursos del fideicomiso del fondo citrícola ha sido clave para mantener la capacidad operativa de la empresa, es decir, el capital de trabajo. Se ha logrado un clima laboral y sindical de armonía y eso genera una buena zafra porque no hemos tenido problemas. Entre la sindicatura, los acreedores y el fideicomiso se logró una paz sindical que es buena y que en el sector citrícola no es fácil de lograr porque, en general, es un sector conflictivo en ese aspecto. Creemos que eso ha colaborado a una buena zafra. A su vez, algo no menor es que esta zafra está terminando con un desahogo financiero por parte de la empresa que, incluso, va a permitir hacer frente a una cola de la zafra anterior, de aproximadamente USD 5:300.000 y a créditos posconcursales que están pendientes de pago.

                La situación jurídica de la empresa es que está en liquidación judicial, pero existe el obstáculo jurídico interpuesto por los accionistas de la empresa. Por tanto, cualquier decisión que podamos tomar a futuro va a depender siempre de la resolución. El concurso fue solicitado, la  Justicia  decretó la liquidación de la empresa, se separó a sus autoridades y se nombró como liquidador a Lideco. La empresa presentó dos recursos, uno contra esa resolución y otro por inconstitucionalidad; sin embargo esos recursos no suspenden el concurso ni la resolución judicial de liquidación y desplazamiento de sus autoridades. Por lo tanto, las dos cosas se llevan en simultáneo, lo que genera una incertidumbre a la hora de saber cuál será la resolución final. Este inconveniente lo quiero destacar porque no es menor, ya que a la hora de analizar cualquier propuesta de solución hay que tener en cuenta que la situación está en poder de la Justicia para poder resolver la venta de la empresa que, en definitiva, es lo que queremos.

                En cuanto a la situación financiera, según la tasación los activos en liquidación –la chacra y el packing–, ascienden a USD 71:000.000. La deuda total es de USD 52:000.000 y unos USD 33:000.000 son de acreedores que tienen garantías reales sobre los activos de la empresa, es decir, sobre la tierra y el packing. Esos acreedores privilegiados son, fundamentalmente, instituciones bancarias y los accionistas tenederos de obligaciones negociables porque en 2016 se creó un fideicomiso con obligaciones negociables, que no se cumplió por parte de la empresa Citrícola Salteña.

                La aspiración del Gobierno es que se logre una venta en bloque antes de fin de año, si es que prosperan los esfuerzos que se están realizando, es decir, las negociaciones para levantar los dos recursos judiciales que hoy nos ponen un signo de interrogación, al menos. Es una situación compleja que puede provocar un retraso, por lo tanto, dar hoy una fecha de liquidación es difícil.

                La base de la liquidación tendría que fijarse en un 50%. Los acreedores –sobre todo el Banco República– están pensando que debería fijarse una base mayor, de alrededor de USD 40:000.000. Ese valor sería largamente superado si la empresa fuera vendida en condiciones normales; la empresa vale mucho más, aun en la situación en la que está, por lo tanto, creemos que ese es un precio razonable. Lo más importante es que, en caso de que sea vendida por esa base de USD 40:000.000, resultaría suficiente para cancelar los créditos privilegiados, o sea los que tienen garantías reales, y la totalidad de los despidos y las deudas posconcursales, con lo cual hay una garantía para los trabajadores de que se van a cancelar sus adeudos y los despidos de los que están hoy. No olvidemos que el concurso implica la liquidación total y quien compra lo hace libre de todo. Obviamente que la capacidad adquirida por los trabajadores hará que nuevamente sean vueltos a contratar, pero esa es la realidad jurídica.

Se ha mantenido conversaciones con al menos nueve grupos de inversión con interés en participar en la compra de los activos y con los organismos públicos que han intervenido en esto consideramos que, al menos tres de ellos, tienen potencial real como para hacer frente a una empresa de este porte.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Son grupos nacionales?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Tengo entendido que son internacionales; desconozco si hay alguno nacional, porque no participé directamente. Podría ocurrir que algún otro grupo lograra establecer alianza entre capitales y capacidades operacionales para poder funcionar.

                Somos razonablemente optimistas de que vamos a poder venderla por encima de la base y, si fuera posible, antes de fin de año, en la medida en que podamos destrabar la situación jurídica.

Es imprescindible mantener la unidad estratégica de montes y planta; son indisolubles si queremos mantener la producción. Eso es clarísimo. 

Tenemos algunos objetivos para poder vender en bloque y culminar exitosamente la zafra 2020. Se están realizando en tiempo y forma todas las labores agrícolas necesarias para la sanidad de las plantas. El Banco de la República –como principal interesado en cobrar o acreedor– ha tenido una participación fundamental –que quiero destacar– en todo lo que ha sido la preservación y el trabajo para lograr armonizar todo esto. Y otro de los objetivos es sostener la continuidad de la producción citrícola y su valor económico y social.

Por si no pudiéramos venderla en bloque, si no hubiera algún interesado y el plan A –por decirlo así– fracasara o no pudiéramos desbloquear la situación jurídica, o no hubiera interesados en la primera instancia de la venta –que aspiramos y deseamos que pueda ser lo antes posible–, se está trabajando en un plan B, concretamente, en el establecimiento de una red de defensa de los valores de los activos –como lo denominan los técnicos–, que consiste en evitar la venta por partes y poder mantener la unidad productiva para conservar la producción y las fuentes de trabajo. 

La principal acción para poner piso a la licitación consiste en crear un instrumento financiero que permita sostener la unidad en ausencia de ofertas atractivas en primera instancia, para luego vender en conjunto en condiciones más adecuadas. Este instrumento sería un fideicomiso financiero que sería capitalizado por la mayor parte de los acreedores  –obviamente, cediendo sus derechos– y por un socio industrial que aportaría capital fresco y capital de gestión. Este sería elegido, obviamente, por el fideicomiso. El instrumento sería desarrollado por República AFISA y su diseño está en curso. Los potenciales socios industriales serían seleccionados entre empresas con experiencia en el sector exportador y con capacidad financiera que, a su vez, aporten capital de trabajo, que es lo que se va a necesitar para poder seguir manteniendo la unidad productiva. El objetivo, entonces, es mantener la unidad para venderla muy bien y recuperar el máximo de valor. Ese es el objetivo del plan B con esta herramienta financiera que, reitero, sería un fideicomiso financiero que funcionaría de esa manera. Este instrumento está en proceso y pido reserva en este aspecto. 

Por último –después quedaré a las órdenes para responder las preguntas, al igual que los técnicos que han trabajado en este tema y, sobre todo, en la instrumentación del fideicomiso, que es en lo que más ha tenido participación el Ministerio de Industria, Energía y Minería–, quiero decir que para que estos objetivos se cumplan precisamos que la mayor parte de los acreedores participen en la solución –se está negociando con ellos–, que los obligacionistas cedan sus derechos al fideicomiso, a condición de cláusula resolutoria, y que se resuelvan los obstáculos legales.

                Creemos que con esto no solo manifestamos nuestra preocupación por el tema de Citrícola Salteña, sino que también establecemos caminos y alternativas que nos permitan pensar, no en una sola solución –porque si no se llega a esa nos quedaríamos sin nada– sino también en un plan B, ante la eventualidad. Además, los técnicos están trabajando en una tercera posibilidad, aunque es más difícil de conseguir y que ahora no viene al caso porque está muy verde, por decirlo así.

                Lo que quiero trasmitir es la preocupación del Gobierno nacional para salvar la citricultura del norte del país, salvar a la empresa Citrícola Salteña, salvar la fuente de trabajo y salvar las plantaciones de naranja, que tienen un desarrollo de muchísimos años, con variedades jóvenes que hoy el mundo reclama, sobre todo sabiendo que detrás de eso hay miles de puestos de trabajo, de Salto fundamentalmente, pero también de Paysandú, que los necesitan mucho.      Ojalá pudiéramos dar más detalles. Repito que es un tema que está en manos de la Justicia, pero el principal acreedor, que es el Banco de la República, está preocupado en encontrar una solución, así como también los ministerios de industria y de ganadería, que somos los que hemos participado activamente en todo este proceso desde que asumimos el Gobierno. Esperamos que al terminar el año este tema esté resuelto y que haya aparecido un inversor que se haga cargo de la planta, de los montes, que los trabajadores tengan asegurada la zafra 2021 y que el Uruguay tenga asegurado su poder exportador. Ojalá podamos volver a comparecer aquí y decir que se resolvió el tema.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Quiénes son los acreedores privilegiados y cómo operan? ¿Son acreedores con garantías reales?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Exacto, son acreedores con garantías reales.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Y quiénes son? ¿Son bancos?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Sí. Básicamente son los bancos, pero también hay alguna empresa grande.

SEÑOR SANGUINETTI.- Esos son los privilegiados.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Los que tienen garantías reales, o sea poseen prendas sobre los bienes en cuestión y que ascienden a USD 33:000.000.

SEÑOR SARTORI.- Si entendí bien, ustedes proponen que dejemos sin efecto esta propuesta y dejemos este asunto en manos del Poder Ejecutivo, ya que se están buscando esas soluciones.

SEÑOR SUBSECRETARIO- Ustedes sabrán lo que tienen que hacer, no lo voy a decir yo. Lo que sí digo es que estamos transitando otros caminos que, a mi juicio, conducen al mismo fin, que es preservar las fuentes de trabajo y la unidad productiva en bloque. No está en nuestros planes venderla por partes, primero porque no defenderíamos la plata que ha puesto el Estado a través del Banco de la República en esto y, segundo, porque no defenderíamos la fuente de trabajo y ese no es el objetivo. En definitiva, el objetivo buscado es el mismo y las herramientas son diferentes. Sabemos que esta herramienta no es fácil de lograr, ya que todos los actores involucrados son privados y, además, no tenemos el control de toda la situación porque, como dije, está en manos de la Justicia, hay un concurso y no es una situación que la pueda cambiar el Poder Ejecutivo.

SEÑOR SANGUINETTI.- La liquidación está decretada.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Sí, es así, está decretada. Además, hay recursos interpuestos. Por lo tanto, lo tomamos en cuenta, lo aceptamos y valoramos, pero hoy no nos parece viable ese camino; esperamos que se pueda resolver por otras vías que, a nuestro juicio, serán mejor para la empresa. Esto es transitorio, es un pool de empresas que gestionarían una empresa que, además, todavía tiene dueño; debemos recordar eso, porque ese dueño todavía está peleando por su empresa, a través de los recursos que ha presentado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Yo soy firmante de este proyecto de minuta de comunicación y el objetivo tenía que ver con lo que decía el subsecretario Verri en su primera intervención, esto es, con la preocupación por la actividad –porque sabemos la importancia que tiene– y, fundamentalmente, con el hecho de que la marca autorizada para ingresar exportando, tanto a Estados Unidos como a otros países, es Caputto. Entonces, teníamos la duda de qué podía pasar, en el sentido de que se perdiera esa marca de productos citrícolas. Sabemos que Guarino y algunas otras empresas nacionales tienen cierta fortaleza y pensábamos que también podían contribuir a la solución.

                Lo que nos preocupaba era salvar esta producción, obviamente, nos preocupaban los puestos de trabajo y, fundamentalmente, el ingreso a los países a los que les vendemos, porque hacían cuestión de la marca Caputto.

Me gustaría tener un poco más claro cómo está esa situación.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- La marca Caputto es propiedad de Citrícola Salteña; por lo tanto, está dentro de la liquidación y no se va a poder desagregar, salvo que se venda por separado, pero eso no es nada de lo que dije ahora; al contrario. ¿Es así, doctor Cabrera?

SEÑOR CABRERA.- Buenas tardes.

En principio, sí, la marca está como intangible dentro del patrimonio de Caputto. No tenemos información sobre si, eventualmente, puede haber alguna subespecie contractual de uso de marca a otras empresas, que pueden ser del mismo grupo o no. Está dentro de la masa concursal y correrá la misma suerte que corra toda la masa concursal.

Quería destacar una cosa, si me permite el señor subsecretario: el síndico que está como liquidador ha comprendido bastante y ha trabajado –al menos en el ámbito del grupo del Fondo Citrícola– en la globalidad del proceso. Lideco no se ha limitado a hacer su trabajo, que sería liquidar y vender, sino que comprende que es algo integral y ha sido muy colaborador con nosotros. Está trabajando codo a codo con los acreedores y con todos para tratar de conservar el núcleo productivo en general.

Me parece importante destacar eso, porque para el liquidador es mucho más fácil cumplir su trabajo, establecer sus plazos, decir: vendo esta chacra, vendo esta máquina y cierro mi trabajo. Es interesante la actitud que ha tomado porque facilita el trabajo de todos.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Quisiera decir una cosa más. Había tenido una participación muy importante y muy activa el Banco República en la preservación de las unidades todas juntas y, sobre todo, en trabajar fuertemente para que a las plantas se les haga todo el proceso de sanidad que se les debe hacer para poder preservarlas para las cosechas que vendrán. También hubiera podido no hacer nada, levantar la fruta y no brindar a la planta los cuidados que requiere cada vez que se levanta la cosecha. Yo no soy experto en este tema, pero los que conocen saben que es así.

Por lo tanto, el Banco República ha tenido una participación muy activa defendiendo, obviamente, sus recursos, su plata, porque es el principal acreedor, pero también al país, que tiene allí valores que hay que defender.

SEÑOR DOMENECH.- Las deudas con el Banco República, ¿son todas hipotecarias?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Creo que no todas. ¿El doctor Cabrera lo sabe?

SEÑOR CABRERA.- No sabría decírselo con certeza. Creo que hay alguna prendaria también, de alguna máquina.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Sí, creo que hay alguna prendaria.

SEÑORA PRESIDENTA.- Me queda la preocupación en cuanto a que, o se pierde todo, o se gana todo.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Se va a ganar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a ganar, dice usted. Esa es la preocupación de la marca, fundamentalmente, que es indisoluble.

                Hasta ahora, ¿no ha habido problemas en las exportaciones?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- No; ninguno.

SEÑORA PRESIDENTA.- No ha habido ninguno. Esa era otra preocupación.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Las exportaciones se han desarrollado con total éxito. La zafra ha sido exitosa, la producción ha estado por encima de lo previsto y no se ha tenido ningún inconveniente.

                Otros años se ha tenido algún inconveniente sanitario, sobre todo, por la fruta que se demora en algún puerto. Nosotros tenemos un problema logístico con la naranja: nuestro principal socio comercial es China y, sin embargo, a China no le vendemos casi nada; no es porque no quiera nuestra naranja, sino por lo difícil que es llegar con la fruta en condiciones en tanto tiempo de traslado.

Estamos en un lugar difícil del mundo y, a su vez, también tenemos cantidades chicas; entonces, muchas veces no llenamos un barco por nuestra propia capacidad, sino que tenemos que hacer escalas en puertos de Brasil y eso hace que demore la llegada de la fruta, con los peligros que implica de llegar manchada, por ejemplo. Tenemos algunas desventajas. Chile, por ejemplo, tiene un problema porque no tiene moscas, dadas las condiciones climáticas por la cordillera, el mar y los océanos. Ellos no las tienen, nosotros sí; pueden despachar a 4 grados y nosotros lo tenemos que hacer a 0 grado, y eso también es un contrapeso. Pero durante este año no hemos tenido ninguno de esos problemas y Citrícola Salteña ha podido exportar, como también lo hizo Azucitrus, que hoy en día es el principal exportador, que superó a Citrícola Salteña a raíz de esta problemática.

                Lo que he expresado es el detalle del trabajo que el Gobierno viene haciendo para que la solución sea exitosa –compartimos la preocupación de la presidenta de la comisión– y para que esto se resuelva de la mejor manera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo que si hay algo positivo de todo esto es que va a haber una solución definitiva. La empresa Caputto ha tenido todas las ayudas posibles de las diferentes administraciones para que siguiera funcionando y, realmente, ha sido muy incumplidora. Creo que ha llegado el momento de tomar una decisión; ojalá sea la que el subsecretario nos trasmite, por el bien del Uruguay y de una producción tan importante para una zona de la que depende el trabajo de tanta gente.

                Si no hay más preguntas, le agradezco enormemente que nos haya acompañado.

SEÑOR NIFFOURI.- Dado que llegué tarde, quiero dar la bienvenida a la delegación. En algún momento el subsecretario Verri manifestó que algunas de las cosas debían mantenerse en reserva. Las actas son públicas; por lo tanto, quisiera saber cuáles son los temas que se debían mantener en reserva.

SEÑORA PRESIDENTA.- En su oportunidad solicitamos que no se tomara versión taquigráfica.

(Dialogados).

–Les agradecemos por habernos acompañado.

Se levanta la sesión.

(Son las 17:11).