COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

(Sesión celebrada el día 15 de setiembre de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 13:35).

                –En virtud de que se me informa que no hay asuntos entrados ingresamos directamente al segundo punto del orden del día relativo al proyecto de ley sobre productos alimenticios.

SEÑORA SANGUINETTI.- Al trabajo original que ya se había hecho respecto a incluir la devolución de los distintos actores incorporamos alguna cuestión adicional en función de la última delegación que nos visitó de forma virtual.

                Si los señores senadores están de acuerdo, puedo ir leyendo artículo por artículo o comentando los agregados en cada uno de ellos.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Lo que usted va a leer difiere del comparativo distribuido?

SEÑORA SANGUINETTI.- Sí, difiere levemente del comparativo distribuido.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Preferiría, entonces, que se leyera artículo por artículo para su mejor comprensión.

SEÑORA SANGUINETTI.- «Artículo 1º.- Con el fin de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de sectores vulnerables de la población, así como el cuidado del medio ambiente, se prohíbe destruir o tirar productos alimenticios por parte de los establecimientos comerciales de grandes superficies destinados a la venta de artículos alimenticios, la industria alimentaria, el Mercado Modelo, las empresas elaboradoras de alimentos, las empresas productoras de alimentos y de poscosecha, así como aquellas dedicadas a la importación y distribución de alimentos».

SEÑORA TOPOLANSKY.- Lo único que objeto es lo relativo a la poscosecha porque es imposible controlarlo. En general, si le queda un resto de acelga en el cantero, queda enterrado. Después pasa el arado de disco, se entierra y pasa a ser abono. Es verdad: es un desperdicio, pero se transforma en abono. Materialmente es absolutamente imposible controlar eso porque le van a decir que vengan todos los días a recoger todo. Eso no corre. Es una utopía.

                Lo único que modificaría es esa expresión. Cuando hablan con los chacareros las organizaciones que trabajan con ellos y les piden para ir a recoger, en general no tienen ningún problema, pero hay que ir el día indicado porque, de lo contrario, se les para el circuito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que ha leído la señora senadora, ¿lo tenemos los miembros de la comisión?

SEÑORA SANGUINETTI.- No. Justamente, iba a pedir que se repartiera.

SEÑORA ASIAÍN.- Quizás la secretaría podría encargarse de sacar las copias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Fotocopiamos el documento y se lo repartimos a todos los señores senadores.

SEÑORA SANGUINETTI.- Con relación a la objeción que planteó recién la señora senadora Topolansky, tenemos dos alternativas: directamente podemos sacarlo o ver la posibilidad de agregar algo que no esté vinculado a la prohibición. Entendemos el reparo que plantea, pero la idea es que de alguna manera recoja el espíritu de seguir poniendo énfasis en la poscosecha.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Me parece perfecto. Lo que veía imposible era controlar eso; materialmente es absolutamente imposible, pero si en la ley está con otro carácter puede servir para generar conciencia del tema.

SEÑORA SANGUINETTI.- Perfecto.

                El artículo 2.º es el artículo 4.º del original, que cambió de lugar por un tema de armonía global, pero el texto es el mismo.

                Luego, en el artículo 3.º, en lugar de determinar «el Decreto de Bromatología», se puso «de acuerdo con la normativa bromatológica vigente». Dice: «Podrán ser objeto de donación a título gratuito, todos aquellos productos alimenticios que cumplan con las exigencias bromatológicas y que sean aptos para el consumo, de acuerdo con la normativa bromatológica vigente». Entonces, como dije anteriormente, el artículo 3.º, en lugar de determinar «el Decreto de Bromatología», se puso: «de acuerdo con la normativa bromatológica vigente», tal como señaló la senadora Lazo y así lo recoge también el Banco de Alimentos.

                El artículo 4.º quedaría redactado de la siguiente manera: «En las condiciones descriptas precedentemente, las empresas comprendidas en lo dispuesto en el artículo 1º) deberán acordar convenios de colaboración solidaria con bancos de alimentos, entidades, ONGs u organizaciones benéficas, quienes deberán llevar registro documental del destino de las donaciones a sectores vulnerables de la población o en su caso, a las organizaciones que trabajen con las poblaciones más vulnerables». Entonces, en el artículo 4.° se sustituye la palabra «solidarios» por «solidaria» y se agrega al final una nueva redacción en referencia a los beneficiarios finales de la donación –«a sectores vulnerables de la población o en su caso, a las organizaciones que trabajen con las poblaciones más vulnerables»–, a fin de que no queden por fuera de la donación las organizaciones que trabajan con poblaciones de menores recursos económicos.

                El artículo 5.° no cambia su redacción. Dice: «Los bancos de alimentos, entidades, ONGs u organizaciones benéficas que firmen convenios al amparo de la presente ley, tendrán la obligación de recoger y almacenar los alimentos donados en condiciones higiénicas y distribuirlos adecuadamente. Serán asimismo responsables del retiro, conservación, depósito y refrigeración necesarios para gestionar las donaciones recibidas, quienes serán los encargados de distribuirlos gratuitamente entre sus destinatarios, en las condiciones previstas por el Poder Ejecutivo en su reglamentación».

SEÑORA ASIAÍN.- Nosotros nos habíamos estado reuniendo con el Banco de Alimentos ya desde el 2018 por iniciativas similares. Es decir que su propuesta ya viene con un estudio previo. Y por lo menos el Banco de Alimentos lo que manifestaba era la dificultad de que se hiciera pesar sobre sus hombros todas estas tareas, porque, en la logística, no siempre es el propio banco el que recoge. Por eso se hizo la propuesta de establecer que el banco sí coordina las tareas de recibir, recoger, distribuir y almacenar, porque a veces lo hace, es decir, el Banco de Alimentos tiene una donación, tiene destinatarios y coordina para que el destinatario vaya directamente a recoger esa mercadería. Pero sería gravoso para ellos –así lo manifestaron– cumplir con lo previsto en este artículo en relación a lo actualmente están haciendo.

SEÑORA SANGUINETTI.- Esto viene a sugerencia de ellos, justamente. Por eso me llama la atención. Pero lo podemos revisar.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Los alimentos los puede recibir directamente una ONG, cualquier entidad de ese tipo o el Banco de Alimentos. Es más amplia, me parece, esta redacción. Lo importante es que tengan firmado el convenio.

SEÑORA SANGUINETTI.- Es el anterior artículo 4.°.

SEÑORA ASIAIN.- En ese artículo 4.° se dice que coordinarán, no que tendrán la obligación.

SEÑORA SANGUINETTI.- Si le parece, señor presidente, me comprometo a revisar el espíritu detrás de esta modificación.

                El artículo 6.° dice: «Una vez entregados los alimentos donados en las condiciones exigidas en la presente ley, las empresas donantes quedarán eximidas de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse con ellas, salvo que se tratare de hechos u omisiones que devengan en responsabilidad penal». El alcance de la eximición de la responsabilidad prevista no cambia.

El artículo 7.° dice: «En los casos de alimentos no aptos para el consumo humano, pero cuyo destino sea la alimentación de animales o a la producción de compost para la agricultura, se deberá implementar mecanismos para su donación libre de envase, cuyo tratamiento sea acorde a lo previsto en la Ley 17.849 de 29 de noviembre de 2004». La previsión prevista no se modifica.

En el caso del artículo 8.°, modificamos la redacción a raíz de la observación que nos hicieron en relación al mercado negro de venta de productos vencidos. Entonces, dice: «Los productos alimenticios objeto de donación, no podrán bajo ningún concepto ser comercializados ni por los sujetos que recibe las donaciones, ni por quienes sean sus beneficiarios finales». Esa es una incorporación nueva.

                El artículo 9.° es el que en el proyecto presentado por el senador Adrián Peña era el artículo 6.°. Varias delegaciones mencionaron que debería ser el INDA el responsable de esto. Entonces, quedaría redactado de la siguiente manera: «Cométase al Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social, la función de inspección, contralor y la eventual aplicación de sanciones por el incumplimiento a lo dispuesto en la presente».

SEÑORA TOPOLANSKY.- Creo que para que este control y esta inspección se pueda hacer realmente efectiva en los 19 departamentos, debería estar a cargo de las bromatologías de las intendencias, porque hay una en cada departamento, ya hacen inspección de alimentos y tienen el expertise de inspeccionar. En cambio, el INDA no tiene inspectores para hacer esto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es real que no tiene inspectores, pero tal vez sean dos inspecciones diferentes. La de Bromatología apunta a que el producto esté en condiciones. Pero ¿quién controla que no se tire el producto, que se cumpla con el artículo 1.º? Tal vez eso escapa a Bromatología.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Eso es verdad. Lo que sucede es que el hecho de que el producto esté en condiciones es algo crucial. Después, controlar que no se tire va a ser más difícil, tanto si estuviera a cargo de Bromatología como si estuviera a cargo del INDA.

                Son dos cosas diferentes. Me parece que el control de la calidad puede hacerlo Bromatología casi automáticamente porque tiene las condiciones para llevarlo a cabo. Ahora bien, no sé a quién asignar la tarea de inspección de que el producto no se tire. Eso no lo tengo claro.

                La ventaja que tiene Bromatología es que las 19 intendencias tienen un departamento de Bromatología. Por lo menos conozco bien cómo funciona el de Montevideo, que recorre todas las ferias, los comercios, etcétera. Ellos controlan el vencimiento del queso rallado, por ejemplo. Siempre están requisando una cantidad de productos. Ese expertise lo tiene Bromatología, porque se dedica a eso: al control del estado de los alimentos.

                Pero, reitero, no tengo claro quién debería controlar la otra parte. Tal vez puede quedar así, pero me parecía que era exigirle al INDA una inspección que no puede realizar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, hoy no está en condiciones de hacerla.

SEÑORA SANGUINETTI.- Escuchando a la señora senadora Topolansky se me ocurre que lo que podríamos hacer es dividir las competencias de control. Por un lado, podríamos dejar dentro de la órbita de Bromatología lo que tiene que ver con el control de la calidad de aquello que se va a consumir, y, por otro, establecer que la inspección de que los productos no se tiren quede a cargo del INDA.

SEÑOR SARAVIA.- Ya de por sí hay un artículo del proyecto que prevé que no se puede donar ningún alimento que no esté en condiciones bromatológicas. Por lo tanto, ya hay una inspección bromatológica cuando alguien va a donar un alimento.

                En cambio, lo que controla INDA es que en el caso, por ejemplo, de las donaciones en una escuela, la calidad del alimento no afecte la salud humana.

                Es decir que son controles totalmente diferentes. Cada organismo tiene una potestad.

                Insisto, el artículo 3.° ya establece que el alimento debe cumplir con las exigencias bromatológicas vigentes.       Y cada intendencia tiene la obligación de hacer una inspección bromatológica del alimento que se va a donar o que está donado. INDA interviene de otra manera.

                Quizás en la redacción no queda bien clara la potestad de INDA.

SEÑORA TOPOLANSKY.- El artículo 9.° establece: «Cométase al Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social, la función de inspección, contralor y la eventual aplicación de sanciones por el incumplimiento a lo dispuesto en la presente».

 SEÑOR SARAVIA.- Claro, pero para el tipo de calidad de alimentos que recibe la población. No se refiere al control bromatológico.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Lo que digo es que me parece que está clara la redacción.

SEÑORA ASIAÍN.- Recuerdo que en la comparecencia de los representantes del Ministerio de Salud Pública –porque también había estado en cuestión si podía hacer esta supervisión–, ellos entendieron que el organismo competente era el INDA y señalaron que tenía, además, los medios para hacer este tipo de inspección.

                Agrego que lo que me preocupa es que, con la multiplicación de controles y la división de competencias, se terminen creando obstáculos para la donación. Lo que no hay que perder de vista es que estos alimentos tienen que llegar a la población vulnerable, y si multiplicamos controles, quizás entorpecemos. Tengo clarísimo que no es el ánimo para nada, pero debemos tener ese cuidado del fino balance.

                Muchas gracias.

SEÑORA SANGUINETTI.- Teniendo en cuenta la precisión del señor Saravia, creo que quedaría subsanado el reparo de la senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Sí, está bien, pero me parece crucial lo que dijo la señora Asiaín, porque si hacemos todo esto y finalmente, por tanto control, no llegamos a la gente, no tiene sentido. Tenemos que agilitar.

SEÑOR SARAVIA.- Interpreto que lo que se le comete al INDA es la aplicación de esta ley, es decir, controlar que las grandes superficies no tiren la comida, etcétera, y no tanto el control de la calidad ni la parte bromatológica, que corresponde a otros organismos.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Claro. Hay dos funciones, como dijo el señor senador Saravia.

SEÑORA SANGUINETTI.- El artículo 10.° establece: «Promuévase las campañas de concientización en el cuidado de los alimentos desde la educación formal, con énfasis sobre la necesidad de una administración eficiente en el consumo de estos». Simplemente hicimos una pequeña mejora de redacción al artículo original del senador Peña.

SEÑORA ASIAÍN.- Me queda la duda de que si no se encomienda esta tarea a alguien, es decir, si no se identifica quién está encargado, puede quedar como algo muy genérico, muy abierto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal vez no sea bueno ir tan al detalle y que esto sea objeto de la reglamentación.

SEÑORA ASIAÍN.- Está bien.

SEÑORA TOPOLANSKY.- También se podría agregar que dicha promoción será regulada por la reglamentación.

SEÑOR SARAVIA.- Creo que debería decir «Promuévase las campañas públicas» y dejar el resto a la reglamentación. De esa manera, queda claro quién se va a encargar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, agregamos la palabra «públicas» después de «campaña».

SEÑORA TOPOLANSKY- Y la primera parte del articulo iría hasta «el cuidado de alimentos». El resto lo definiría la reglamentación.

SEÑORA SANGUINETTI.- Finalmente, el artículo 11.° dice: «La presente ley se reglamentará dentro del plazo máximo de ciento ochenta días desde su publicación».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si estamos de acuerdo, entonces, votaríamos el proyecto en la próxima sesión.

 

(Ingresa a sala una delegación de la

Federación de Funcionarios de Salud Pública).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a una delegación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Los estamos recibiendo a solicitud de ustedes, de manera que con mucho gusto les ofrecemos la palabra.

SEÑOR MANZINO.- Venimos a acompañar a las asistentes sociales, que nos han solicitado esta gestión, en un marco de aspiraciones de carácter general que han sido dirigidas a los legisladores a través de la carpeta de presupuesto de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

También estamos preocupados por el recorte presupuestal que hemos comprobado entre el texto que ASSE nos envió hace aproximadamente treinta días y el texto que efectivamente después llegó a la Cámara de Representantes. Concretamente, constatamos que hay una reducción de ese monto prácticamente en un tercio.

A su vez, queremos manifestar la preocupación de carácter general de que no se ha avanzado en la conformación de una estructura salarial y en la aprobación de un estatuto del funcionario de ASSE.

Las asistentes sociales van a exponer la situación que las afecta específicamente, que no es distante de la situación que atraviesan el conjunto de los licenciados y otras tecnicaturas dentro del organismo.

SEÑOR TOSHME.- Buenas tardes. Mi nombre es Marisa Toshme. Soy licenciada en trabajo social del Hospital Maciel.

SEÑORA BARCELO.- Mi nombre es Laura Barcelo y soy trabajadora social de la RAP metropolitana. Soy referente de los trabajadores sociales de ASSE y venimos trabajando estas reivindicaciones desde hace más de cinco años.

                Somos 200 trabajadores sociales en todo el país, incluidos los colegas de salud mental. No sé si tienen muy claro lo que hacemos, pero trabajamos bastante. Y atendemos a una población de un millón y medio de usuarios.

                Estos trabajadores, que estamos en los hospitales y en el primer nivel, nos enfrentamos a diferencias horarias, salariales, de cantidad de recursos humanos –hay hospitales con treinta y hospitales con uno– y a un montón de situaciones de inequidades, sobre todo por el tema de salud mental. Como sabrán, las compañeras de salud mental cobran un incentivo de $ 20.000 de diferencia. Nuestro sueldo nominal es de $ 39.400. Nosotros peleamos por esto continuamente, porque se supone que el Sistema Nacional Integrado de Salud es integral y la atención es integral.

Por ejemplo, un compañero que trabaja en el departamento de Lavalleja tiene que cubrir un territorio muy extenso. Más allá de que el traslado es a su costo, se imaginarán que en estos poblados si hay un usuario que necesita apoyo en salud mental, no va a ir a buscar un centro de salud mental. Hay 47 equipos de salud mental en todo el país. O sea que nosotros estamos haciendo ese mismo trabajo.

                 En los llamados de trabajador social, la encargada de recursos humanos decide quién va a ganar $ 50.000 y quién va a ganar $ 30.000, o sea, no hay ninguna diferencia en cuanto a nuestros conocimientos o nuestra capacidad. Es imposible no dar respuesta a los usuarios.

                Hay hospitales, como el INCA –es un ejemplo claro de que nuestros usuarios tienen patologías psiquiátricas–, en los que no existe un equipo de salud mental. Otros ejemplos son el Hospital Español, el Hospital de Salto y el Hospital de Paysandú. La colega del hospital de Paysandú tiene 158 camas para ella sola y da esa respuesta.

                Las compañeras que trabajan en el Hospital Maciel pasaron de ser ocho a ser cuatro –en su momento eran dos– y parece que el servicio no tuviera importancia. El doctor Villar hizo un boletín con las estadísticas, y las consultas del departamento de trabajo social con las cuatro compañeras fueron 1063 en tres meses, mientras que las consultas del departamento de trabajo social de las colegas fueron 197. O sea, el trabajo es el mismo, porque si los pacientes psiquiátricos ingresan por una apendicitis o porque se quebraron una pierna, no los ve la sala de psiquiatría; los ven las colegas normales y corrientes. Sin embargo, tenemos esa diferencia.

                Entonces, sentimos que hay trabajadores sociales clase A y clase B, y estamos peleando para que esa diferencia no exista más. Entre esos 200 trabajadores sociales que mencioné anteriormente, están incluidas las colegas de salud mental.

                Otro tema es el de las cargas horarias. En un mismo centro de trabajo hay compañeros que trabajan 24 horas, 20 horas y hasta 15 horas. Esos acuerdos se lograron en base a lo magro de los salarios, pero fueron acuerdos verbales. Ahora, las nuevas autoridades están exigiendo cumplir a rajatabla el tema de los horarios, o sea, si el trabajador firmó por 24 horas, tiene que cumplir las 24 horas. Pero esos acuerdos se habían logrado con la federación porque los sueldos eran tan malos que no reteníamos a la gente. La gente capacitada o con vocación se va; nos quedamos los más veteranos y los que nos quedamos porque no nos pueden mover.

Ahora empezaron a bajar el lineamiento de que todo el mundo cumpla con las 24 horas, sin tomar en cuenta todo ese proceso de más de 15 o 20 años que se ha venido trabajando allí, en el que nosotros también buscábamos la equiparación horaria, porque en un mismo centro de salud había colegas que trabajaban 20 horas y otros 24, y eso complicaba.

                Con respecto a cómo desarrollamos nuestra tarea, en los hospitales tenemos la presión de las altas médicas, que son un problema. Nosotros solo somos ejecutores de las políticas públicas. No nos podemos llevar gente a nuestra casa. No podemos dar respuestas que no tenemos. Y recibimos una presión constante, tanto de las direcciones de los hospitales como de la plantilla médica. Los médicos sienten que nosotros debemos responder, y hemos tenido problemas por eso. Ellos nos dicen: «Si yo no soluciono un aneurisma, me tengo que ir. Vos no me sacás una cama; andate». Entonces, todo el día estamos peleando por las equiparaciones.

                Dentro de las instancias de reivindicaciones que tuvimos, la última fue en la Dinatra en diciembre del año pasado. Lo único que autorizó ASSE fue evaluar –debe figurar en las actas– que los traslados a realizar entrevistas domiciliarias o determinadas cosas se hicieran con un auto de ASSE. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que están planteando? Esta fue la única negociación en la que transó: si yo tengo que hacer una visita, que me lleve el auto del centro de salud, sobre todo en las periferias.

SEÑORA TOSHME.- Les cuento que en el Hospital Maciel, por ejemplo, para trabajar nos llega esta hoja de interconsulta. Les voy a comentar una que llegó el 11 de setiembre sin dar el nombre: paciente con retraso mental, epilepsia en tratamiento, clonazepam, patología psiquiátrica en tratamiento con haloperidol, etcétera, y se agradece valoración.

                Hemos venido dando lucha desde hace varios años, porque hay como un discurso en el que se deposita la responsabilidad en el licenciado en trabajos sociales. Yo, si tengo cuarenta camas en el Piñeyro y están llenas, no puedo ingresar a nadie más; hay lista de espera. Entonces, parecería ser que uno debería llevarse el paciente para la casa, porque se nos plantea que nosotros lo tenemos que poder resolver. Por lo menos, el año pasado tuvimos varias reuniones y en una de ellas el doctor Villar nos dijo: «Si yo no puedo solucionar un aneurisma, me tengo que ir. Tú, si no podes resolver la situación de un paciente…».

En el Hospital Maciel somos cuatro; éramos dos, pero después de un año y medio de lucha recuperamos a dos compañeras, y atendemos 300 camas; el Hospital Pereira Rossell también tiene 300 camas, pero tiene treinta y pico de trabajadores sociales. Nosotros somos cuatro trabajadoras sociales que en la mano ganamos $ 26.000. Los licenciados en trabajo social –capaz que no lo saben– estudiamos en la Facultad de Ciencias Sociales una carrera de cuatro años con tesis. Muchas tenemos posgrado y maestría, y ganamos $ 25.000, el mismo sueldo que un auxiliar de servicio. Y no está mal que gane eso; lo que está mal es que nosotros ganemos lo que ganamos por un contrato de 24 horas.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Cuántas horas hacían hasta ahora efectivamente? Ahora les exigen las 24, pero ¿qué era lo normal antes?

SEÑORA BARCELO.- La mayoría hacemos 24, pero algunas colegas hacen 20 y hay otro colectivo que hace 15.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Y ahora se les exige a todos 24?

SEÑORA BARCELO.- Sí, a todos se les exige 24 horas; se emparejó, pero no para equiparar. En realidad, si todos nosotros hiciéramos 15 horas ganaríamos lo mismo que ganan los colegas de salud mental.

SEÑORA TOSHME.- En realidad, nosotros atendemos a pacientes con patologías psiquiátricas todo el tiempo, con patologías vinculadas al consumo de alcohol, etcétera y no cobramos ese incentivo; atendemos a todos, tengan o no patología psiquiátrica. Todo el tiempo vienen pacientes al departamento de trabajo social como el que les mencioné hace un momento, que llegó el 11.

SEÑORA BARCELO.- Y en el interior es peor, porque hay que dar respuestas y se imaginarán que con esas distancias no van a ir a buscar a un trabajador social que pertenezca a un equipo de salud mental.

SEÑORA TOPOLANSKY.- No logro entender el tema; capaz que ustedes hablan muy rápido y esto es algo que yo recién estoy conociendo. ¿Por 15 horas alguien dedicado a salud mental gana más de lo que ustedes cobran? Me gustaría que me explicaran más.

SEÑORA BARCELO.- Los colegas que trabajan específicamente en salud mental tienen una compensación de $ 20.000 de diferencia. Nosotros reivindicamos que hacemos un trabajo igual, que atendemos a la misma población; reivindicamos que a igual función, igual remuneración. No tenemos forma de discriminar a los pacientes, los vemos o los vemos.

                También explicamos que hay una inequidad horaria –de la que no son responsables los compañeros, sino las autoridades que lo permitieron– que data de hace más de 15 o 20 años. Por un acuerdo verbal se estableció que en determinados centros de salud unos trabajen 20 horas y otros, 24 horas, con el mismo contrato firmado; y hay lugares en los que se trabaja 15 horas, con el mismo contrato firmado de 24 horas. El tema es que acá se va a obligar a trabajar a los compañeros 24 horas, pero nunca se va a tocar a las autoridades que permitieron esas inequidades. Cuando yo entré a Salud Pública en el 2009, por ese llamado entramos cinco compañeras, de las cuales dos hacíamos 24 horas y las otras tres hacían 20. Después siguieron entrando compañeras y siguieron haciendo 20 horas. O sea, todo depende de la cara o de la suerte que te toque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Digamos que los que hacen menos de las 24 horas firmadas tienen una suerte de aumento en el sueldo.

SEÑORA BARCELO.- Se tiene una diferencia salarial.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿La que ahora se deja sin efecto?

SEÑORA BARCELÓ.- Exacto, ahora se deja sin efecto y todo el mundo va a pasar a hacer 24 horas. Cuando nosotros decimos que queremos ganar lo mismo que los colegas de salud mental, no significa que el sueldo de salud mental esté bien, pero por lo menos queremos ganar lo mismo, porque estamos haciendo ese trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Cuántas horas hacen los colegas de salud mental?

SEÑORA BARCELO.- Hacen 20 y 24 horas.

SEÑOR OLESKER.- Entiendo que la compensación no está ligada a la tarea en salud mental, sino a pertenecer a un hospital que integra la Dirección de Salud Mental.

SEÑORA BARCELO.- Que pertenece a un equipo de salud mental.

SEÑOR OLESKER.- Sea en el interior, en el Vilardebó o donde sea.

SEÑORA BARCELO.- Exacto, cuando iniciamos un expediente reivindicando esta situación solicitamos a ASSE que preguntara a las direcciones de los centros de salud si sus trabajadores sociales que no pertenecían a los equipos de salud mental atendían a esta población. No lo hicieron, pero obviamente es imposible no atenderlos. Estamos cumpliendo con esa función.

SEÑOR OLESKER.- La segunda pregunta que quería hacer es si esa compensación también involucra a otras profesiones del equipo de salud mental como, por ejemplo, los médicos, psicólogos.

SEÑORA BARCELO.- Todos los equipos de salud mental tienen una compensación. Por ejemplo, en la RAP metropolitana el año pasado se designó el  equipo básico territorial integrado por un psicólogo, un asistente social y otros profesionales. A todos los psicólogos se les equiparó al salario de salud mental. Trabajamos a la par y en territorio con ellos, pero a los trabajadores sociales no les sucedió lo mismo.

Ahora estamos en conflicto y hemos tomado la resolución de no atender pacientes con patología psiquiátrica para ver si alguien nos da bolilla y entienden  que es imposible no atenderlos. No podemos derivar continuamente, pero no hemos obtenido una respuesta.

SEÑORA TOSHME.- Estas medidas se tomaron luego de la última  instancia que tuvimos en Dinatra, en la que se nos planteó que se iban a dar vehículos para que las personas puedan hacer su trabajo en el interior del país, lo que nos pareció que era obvio. Tuvimos reuniones con el doctor Alarico Rodríguez, con la señora Greif, con el doctor Fernández Galeano; agotamos todas las instancias y nunca tuvimos receptividad. 

SEÑORA BARCELO.- Entendían el compromiso pero nunca hay plata.

SEÑORA TOSHME.- Y estamos hablando de que trabajar en salud mental y cobrar la compensación significaría pasar a tener un nominal de $ 55.000, para la tarea que llevamos a cabo, que es ejecutar política pública todo el tiempo, con todo lo que eso  implica. Somos los que ponemos la cara ante el usuario, porque a donde vienen a golpear la puerta es al Departamento de Trabajo Social, y tenemos que decirle que no tenemos recursos.

SEÑORA BARCELO.- Tenemos que decirle al usuario que camine diez cuadras o un kilómetro hasta llegar a una policlínica que lo atienda por salud mental.

SEÑOR OLESKER.- De los 200, ¿cuántos están?

SEÑORA BARCELO.- Más o menos la mitad o un poco menos. El  Piñeyro del Campo, por ejemplo, pertenece a salud mental y poblaciones vulnerables, y sin embargo no hay asistentes sociales. ¿Por qué? Las compañeras dan la respuesta. No hay que hacer nada especial para dar una respuesta; hay que estar ahí. Y estamos y damos respuesta.

Después está el ninguneo de la profesión. En los últimos llamados para trabajador social, en el  tribunal no había un asistente social que evaluara. Es como si se contratara a un pediatra y en el tribunal hubiera psicólogos y asistentes sociales pero no un médico. Es una profesión dura, trabajamos arduamente y nos sentimos realmente minimizados.

SEÑORA TOSHME.- Desde el año pasado rige la Ley n.º 19778, que regula nuestra profesión. El artículo 13 dice claramente que cuando se forma un tribunal debe haber un asistente social. Es como que uno evaluara a un internista. Nunca lo podría hacer. Quiero que quede claro que se han formado tribunales sin licenciados en trabajo social.

SEÑOR RUIZ.- Mi nombre es Pablo Ruiz y pertenezco a la secretaría de presupuesto y salud de la federación, que lleva adelante la compañera Silvia Machado.

Quisiera redondear un poco el tema de las compañeras. Esto tiene ya larga data. Venimos conversando con las autoridades anteriores de ASSE respecto de su situación y acá hay planteos desde el punto de vista de la profesión que realmente se deben revisar. Parte de esa revisión está plasmada en el documento del presupuesto de la federación, así como parte de la estructura escalafonaria, lo que dejamos en la secretaría de presupuesto de departamento.

                También hay temas que son de desarrollo a nivel país sobre cómo atienden a los usuarios los trabajadores sociales. La equiparación salarial no es un reclamo caprichoso, sino técnico. Hay un estudio atrás de eso y estadísticas de la cantidad de gente que atienden en todo el país. No sé si lo mencionaron, pero estamos hablando de más de un millón y medio de personas que tienen asignadas para atender y es un colectivo que no ha sido visto a nivel de las reestructuras que se han venido realizando en ASSE.

                Hay que desarrollar más a fondo lo que es la parte técnica, la de cómo se desenvuelve la carrera y abordar, de alguna manera, lo que es la profesión que ejercen, justamente, universitarios. Hablamos de compañeras que han sido relegadas en el proceso de las constantes reestructuras que ha tenido ASSE.

Quiero dejar por aquí el tema; mi intención era aclarar el panorama y hacer una valoración más bien política del reclamo de las compañeras, que podrían aportar algunos detalles más desde el punto de vista técnico; básicamente, es eso.

Es más, tenemos trabajadores clase A y clase B; y trabajadores clase C, también. Lo que mostraban las compañeras a nivel del mapa es que hay técnicos que prácticamente recorren departamentos enteros y ni siquiera un vehículo se les pone a disposición; el gasto sale de sus propios bolsillos, o sea que se les reduce más el salario. De verdad que así uno se da cuenta de que no hay una política aplicada para atender a la población. En realidad, ¿con qué calidad se va a atender a la población? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando un técnico o un asistente social tienen que recorrer sesenta u ochenta kilómetros y el gasto tiene que salir de su bolsillo. Tiene que coordinar con el transporte que va al lugar, esperar que pase el ómnibus, tomarlo e ir a la localidad.

Esa es la realidad que tenemos en el interior y en el interior profundo, que constantemente estamos recorriendo como federación. Esta situación no se da solo en este caso, pero este es uno de los tantos que tenemos a nivel país en los cuales la gente –los técnicos, los médicos– está esperando un ómnibus para poder ir a atender a un paciente, a una población que está en el interior profundo. Esa es la preocupación real que tenemos y no solo es reivindicativa a nivel económico –porque hay inequidades– sino también en cuanto a la atención, porque no estamos brindando una atención de calidad a los usuarios.

Viene por ahí la explicación que quería dejar.

SEÑORA BARCELO.- Nosotros en mayo del año pasado nos reunimos con la comisión de legislación del trabajo de la Cámara de Representantes. Nunca tuvimos una respuesta, fue una más de las reuniones que tuvimos. Es posible que nos jubilemos haciendo preguntas y viniendo a conversar –es probable que sí–, pero quiero comentarles que una compañera que se jubiló este año lo hizo con $ 16.000 en la mano, y la verdad es que es lamentable porque por lo menos nosotros valoramos muchísimo nuestro trabajo y nuestros usuarios también, porque son prioridad.

SEÑOR OLESKER.- En un sentido más de carácter horizontal y no vertical, con relación al sueldo de otros trabajadores sociales, ¿cómo es el salario en relación a otros profesionales –y excluyo a los médicos, obviamente–, como licenciados en Enfermería o laboratoristas?

SEÑORA BARCELO.- Los licenciados en Enfermería ganan más que nosotros.

SEÑOR OLESKER.- ¿Los psicólogos también?

SEÑORA BARCELO.- Sí, claro. Los laboratoristas también porque tienen un complemento y los de farmacia también porque tienen un complemento. Los del BPS trabajaban sin convenio y ahora ASSE hizo convenio con BPS y con la intendencia; la intendencia no tiene trabajadores sociales, así que nosotros atendemos a los usuarios de la intendencia, con los sueldos de la intendencia. Los colegas del BPS ganan $ 60.000 líquidos en la mano y compartimos consultorios y pacientes. Hablamos de la misma población porque al BPS, desde que empezó a atender a usuarios de ASSE, se le vino encima otra realidad.

SEÑOR MANZINO.- Quería señalar que el conjunto de la institución presenta este tipo de dificultades, que no es una situación exclusiva, por así decirlo. Sí es, en este caso, específica, porque es el propósito de la reunión, pero no exclusiva. Hay otras profesiones que también tienen, en su seno, enormes inequidades porque no se ha dado cumplimiento a la construcción de una estructura de funcionamiento de carácter general desde la propia descentralización del organismo, por lo que situaciones de estas se ven a lo largo de toda ASSE.

SEÑORA SANGUINETTI.- Quiero agradecerles la visita; me tocó, unos cuantos años de mi vida, trabajar con colegas de ustedes, así que reconozco el valor que implican, en el día a día, cuando uno está trabajando en una organización social, especialmente en contexto.

                Entendí lo de la situación salarial y demás, pero me quedó una pregunta muy puntual. Esto que ustedes mencionaban de que no había ningún trabajador social en los tribunales de selección, ¿alguna vez se hizo la pregunta de por qué es así? Eso me quedó sonando.

SEÑORA BARCELO.- Se le hizo a Barbieri, la representante de la gerencia general, y a Cardozo, adjunta de la unidad de negociación de ASSE. Ellos dieron como respuesta que puede pasar. Yo le solicité que me dijera un solo tribunal donde no hubiera un funcionario de la misma profesión del que se estaba evaluando, y me dijo que no lo tenía en mente, pero que puede pasar. Yo dudo mucho que pueda pasar eso.

Por ejemplo, en el último llamado habilitado del Maciel entró una compañera, que era la última que había ingresado, y ahora acaba de entrar otra para salud mental; la que salió segunda entró en salud mental. ¿Entienden la diferencia?

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no entendí mal, ustedes son licenciadas.

SEÑORA BARCELO.- Exactamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Cuántas licenciadas hay hoy egresadas sin trabajo? ¿O todas tienen trabajo?

 SEÑORA BARCELO.- No hay egresadas sin trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- O sea que todas las que egresan como licenciadas tienen trabajo. Por tanto, esas doscientas no pueden aumentarse.

SEÑORA BARCELO.- No pueden aumentarse porque el sueldo es malo, no les llama la atención. Los compañeros que ingresan renuncian enseguida. No les atrae porque ganan en otros lados más dinero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Directamente, no hacen la carrera.

SEÑORA BARCELO.- Sí hacen la carrera, pero consiguen enseguida un trabajo mejor en otro lado. Ahora entraron dos compañeros nuevos, ya están concursando para INAU y se van a ir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si hubiera un atractivo económico diferente…

SEÑORA BARCELO.- Sería distinto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay más licenciadas en trabajos sociales…

SEÑORA BARCELO.- Claro que es así. Ahora nosotros, como medida gremial, no integramos tribunales, para que no entren compañeros. En algún momento en ASSE lo planteamos: ¿para qué contratan trabajadores sociales si realmente no servimos para nada? Porque es un ninguneo a la profesión la forma en que ellos actúan con nosotros. Me dijeron una sarta de cosas.

                En realidad, nuestra medida es que no entren compañeros. Nos tendríamos que poner firmes en no atender pacientes psiquiátricos, que no entren compañeros en los llamados, contando con el apoyo de la federación –obviamente–, pero esa no es la idea. Estamos desbordados y vamos a estarlo más todavía. Hay mucha gente que se sumó a ASSE. En las policlínicas hay mucho trabajo, y ni hablar de salud mental. Es todo uno, porque es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Cuando hablamos de eso, se me erizan los pelos. Si es integrado, cómo no se dan cuenta. Atendemos al usuario, que es nuestro leitmotiv.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Más que una pregunta quisiera hacerles una sugerencia. En este momento el Presupuesto se está tratando en la Cámara de Representantes, por lo que sería importante empezar el planteo por allí. Después vendrá el Presupuesto, sobre fines de octubre, al Senado. Nosotros lo recogemos en la comisión, pero diríamos que acá hay cuestiones presupuestales. La parte técnica, en lo que se refiere a esas diferenciaciones, quedó clara. En realidad, hay una carrera que no está siendo retribuida acorde al esfuerzo académico. Todas esas cosas quedaron claras. Yo estoy siguiendo el Presupuesto, pero todavía no he tenido acceso a todas las planillas porque está en la otra cámara. Pero sería muy importante que este planteo lo repitieran en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, porque el primer ajuste del presupuesto se hace en la Cámara de Representantes. Es una sugerencia que les hago.

SEÑOR PRESIDENTE.- El planteo de ustedes es, básicamente, presupuestal, no tanto de salud.

SEÑORA BARCELO.- Nosotros lo que buscamos es la equiparación salarial. Además, no estamos hablando de que vamos a pasar a ganar $ 150.000. No es así. Estamos hablando de un nominal de $ 55.000, que con los descuentos legales correspondientes quedaría en unos $ 39.000 líquidos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay otras preguntas, agradecemos a la delegación que haya venido a esta comisión.

SEÑORA BARCELO.- Muchas gracias por recibirnos y les dejamos este material.

 

(Se retira de sala la delegación de la

Federación de Funcionarios de Salud Pública).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Yo diría que sería conveniente enviar a ASSE la versión taquigráfica del planteo que acabamos de escuchar, para que tengan conocimiento; eventualmente podría remitirse a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes, y luego a la del Senado.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 14:45).