COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN

(Sesión celebrada el día 14 de setiembre de 2020).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:07).

–Antes de comenzar quiero aclarar que estoy supliendo a la senadora Lazo, que es la presidenta de la comisión.

Damos la bienvenida al representante del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Hernán Bonilla, y a una delegación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, integrada por la técnica en administración Juliana Aguirre y la licenciada Analía Corti, quienes han sido convocados a los efectos de dar su opinión sobre el proyecto de ley de vacantes a ser provistas por el Estado.

De manera que con mucho gusto les ofrecemos la palabra.

SEÑOR BONILLA.- Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.

                Quizás sería bueno que, como introducción al tema, desde la Oficina Nacional del Servicio Civil nos comenten la situación de las distintas cuotas.

SEÑORA CORTI.- Buenas tardes.

                Leímos el proyecto de ley y lo primero que queríamos comentar es que estamos de acuerdo con el espíritu de hacer efectivo el cumplimiento de las cuotas.

                Las observaciones que podemos hacer al proyecto son las siguientes.

                En primer lugar, las tres cuotas que están legalmente vigentes y la que está prevista en el artículo 105 de la ley de urgente consideración son diferentes. No tienen las mismas características. Entonces, nos entraban algunas dudas de cómo esto impactaría en cada una de ellas.

                En el caso de las personas con discapacidad, es un 4 % y ya es sobre las vacantes generadas, o sea, no se calcula sobre las vacantes provistas.

                Sin embargo en el caso de afrodescendientes, es el 8 % sobre los puestos de trabajo y, en el caso de trans, el 1 % sobre los puestos de trabajo. Además, en estos dos casos se excluyen los arrendamientos de obra y los arrendamientos de servicio.

                Lo que está previsto en el artículo 105 es el 2 % de las vacantes a ser llenadas en el año.

La otra inquietud es que tampoco alcanza a los mismos organismos, porque el artículo 105 excluye a algunos organismos como la Corte Electoral, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales. Vemos que esa puede ser una dificultad para la implementación. Como todos saben, son cuotas que no se han cumplido nunca. Algunos organismos las cumplen un año, otros las cumplen otros años, pero en general no se llega a cumplir con el porcentaje previsto.

SEÑORA AGUIRRE.- La parte que me corresponde a mí es el área de reclutamiento y selección.

                Nosotros tenemos un sistema para gestionar esto y lo hemos ido adaptando a cada una de las normas que han salido. El área nuestra gestiona todo lo que es Administración central y en determinados vínculos. En el caso de los demás organismos, se les genera un usuario y son ellos quienes publican sus llamados. Lo que sí hemos hecho es ir modificando el sistema para que el organismo pueda reflejar si está cumpliendo o si va a cumplir en ese llamado con la cuota. Hemos ido aggiornando el sistema para que todos ellos puedan incluir la información de los llamados en que van a cumplir. Pero ya escapa a la gestión nuestra. Ellos solamente publican en nuestro portal.

SEÑORA CORTI.- Otra dificultad que le vemos al artículo es que los organismos nunca llaman el mismo año en que se generan las vacantes. Ese es un problema para controlar. Hay que ir viendo para atrás si la vacante que se generó ese año se llena o no, porque además del proceso de querer llenarla, el concurso en sí mismo lleva un tiempo.

Entonces, es más efectivo, me parece, el control sobre los llamados efectivamente realizados que sobre las vacantes generadas. Por lo menos para la Oficina Nacional del Servicio Civil es más efectivo realizarlo de esa manera.

SEÑOR BONILLA.- Voy a aportar los datos concretos de las cuotas.

                En el caso de las personas con discapacidad, la ley prevé el 4 % de las vacantes generadas, y estábamos en el 1,3 % el año pasado.

                En el caso de la población afrodescendiente, se prevé una cuota del 8 % sobre los puestos de trabajo y estamos en un 2,2 % de cumplimiento.

                En el caso de las personas trans, la cuota es del 1 % sobre los puestos de trabajo, excluyendo arrendamiento de obras y servicios, y estamos en un 0,03 %.

                Y evidentemente en el caso de las víctimas de delitos violentos todavía no hay datos, porque no se ha reglamentado la ley.

                Compartimos las observaciones realizadas por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Creemos que hay mucho para trabajar en el cumplimiento de los objetivos que ya están fijados y que hay un buen camino para avanzar, aunque naturalmente estamos dispuestos a intercambiar sobre el proyecto de ley y estaremos a lo que disponga el Parlamento con respecto a cómo deben aplicarse estas cuotas de aquí en adelante, si entiende que hay que hacer modificaciones.

SEÑORA AGUIRRE.- Lo que queríamos expresar es que, en la medida en que en el área se van recibiendo solicitudes para hacer llamados a concurso, a los organismos convocantes los obligamos a cubrir esa cuota en la convocatoria. O sea, cuando se hace un llamado, si es por más de ocho vacantes, le avisamos al organismo que debe incluir, o lo incluimos nosotros, una cuota en ese llamado. Así hemos venido trabajando hasta ahora.

                Con población trans todavía no hemos empezado a trabajar porque, en realidad, en el área nuestra tenemos un parate 2019-2020 hasta que se empieza de nuevo con los concursos. Tenemos un histórico de lo que ha ido pasando en la convocatoria y hemos logrado llamar más del 8 %, pero en el proceso de concurso no se ha podido lograr que quedaran listas de prelación como para cubrir esas cuotas. Pero nosotros, incluso si los llamados vienen con un solo puesto, cuando llegamos al puesto número ocho les decimos que hay que cubrir la cuota. Insisto, estoy hablando de la convocatoria, no de los ingresos. Es necesario marcar esa diferencia.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Antes que nada, agradezco la presencia de los invitados.

                Quiero hacer mención a este proyecto de ley referido a las cuotas de las personas con discapacidad, afrodescendientes, trans y víctimas de delitos violentos.

                Estamos totalmente de acuerdo con estas cuotas. Son derechos adquiridos y que debemos respetar todos. Pero sí debo manifestar mi preocupación. Considero que lo primero que tenemos que hacer es cumplir con las cuotas. Durante todo el período anterior nosotros realizamos solicitudes de informes, y nunca se ha cumplido con las cuotas. No se han respetado. Entonces, entiendo que la Oficina Nacional del Servicio Civil obligue a incluirlas en los llamados, pero después no se cumplen. Eso es lo principal. Lo primero que tenemos que hacer para que estas poblaciones realmente logren una equidad –que es lo que todos deseamos– es cumplir con las cuotas. De lo contrario, no tienen sentido.

                Yo no tengo ningún inconveniente en acompañar y votar todo lo que sea para mejorar, pero llega un momento en el que uno se cansa. Considero que lo primero que tenemos que hacer es cumplir, y acá no se está cumpliendo. La Oficina Nacional del Servicio Civil obliga, pero ¿qué sucede cuando no se cumple? Absolutamente nada.

                Otro aspecto que considero que hay que mejorar es cómo realmente se instrumentan esos llamados. Hemos vivido situaciones de violencia y de discriminación en algunos llamados que se han realizado. Tenemos que trabajar en la instrumentación. Cuando llega una persona con discapacidad o afrodescendiente que se anotó, en primer lugar hay que ver de qué forma se lo recibe. Tuvimos un ejemplo muy claro que nos sucedió en el Banco de Seguros del Estado. Cuando hubo un llamado para personas afrodescendientes, los sentaron en lugares separados; les entregaron una carpeta diferente, con un sticker diferente. Lo único que faltaba decir era «negros».

                Yo hice un llamado a los directores y me respondieron que quisieron hacer las cosas de la mejor forma posible y que no se habían preparado. De manera que en una de las cosas que tenemos que trabajar es en mejorar, en capacitar a los funcionarios que elaboran los llamados y en buscar una herramienta para obligar a que se cumpla con las cuotas. Y quizás se podría premiar a aquellos organismos del Estado que realmente cumplan.

                Vuelvo a reiterar, estoy totalmente de acuerdo y soy la primera en exigir que se respeten los derechos adquiridos. Pero para respetar los derechos adquiridos tenemos que cumplir con la ley, y hoy no se está cumpliendo.

                Señora presidenta, pido disculpas porque tengo una reunión ahora, junto con la presidenta del Senado, con las mujeres trans. Simplemente quería dejar sentado, y que quede muy claro, que soy la primera en apoyar todas estas iniciativas, pero lo primero que tenemos que hacer es cumplir, porque, si no, no tiene sentido.

                Muchísimas gracias.

SEÑORA SANGUINETTI.- Le doy la bienvenida a la delegación y le agradezco la participación y la explicación.

                Creo que nadie de los que estamos acá no está a favor de las cuotas. Estamos todos en la misma situación que la señora senadora Gloria Rodríguez. Todos reconocemos que estamos en un debe. Pero indudablemente es un tema muy complejo. Yo conozco, más bien, la realidad de las personas con discapacidad y tengo más o menos claro por qué no estamos llegando a cumplir esa cuota. Pero, si bien hoy están presentes legisladores del partido que propuso este proyecto de ley, quizás aprovecharía la presencia de la delegación –sobre todo en el caso de Juliana Aguirre, que trabaja en selección de personal– para conocer cuál es, desde su perspectiva, la realidad, porque hacer énfasis en que las cuotas hay que cumplirlas me parece que puede llegar a no tener demasiado sentido si no estamos abordando los reales problemas y las reales limitaciones.

                Como sabemos, hay algunos problemas que son complejos, como, por ejemplo, el acceso a la educación. En el caso de las personas con discapacidad, el cuello de botella está ahí, y entonces muchas veces quedan por fuera de los llamados. En lo personal creo que hay una necesidad de adecuar los requerimientos de algunos llamados para que quede contemplada la realidad de estos colectivos. Pero sobre todo quisiera saber cuáles son las otras razones o los otros aprendizajes que ustedes han tenido en estos años, para entender por dónde se puede mejorar.

SEÑORA KECHICHIAN.- Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí.

                Yo creo que estamos ante un tema de Estado, porque estoy segura de que en este tema no hay diferencias ideológicas. Estoy segura de que todas las personas, seamos políticos o no, estamos de acuerdo con que tenemos que ser proactivos en buscar espacios para las personas que históricamente han estado más relegadas.

                Habiendo sido alguien que gestionó una porción del Estado, también confieso que no es sencillo, que muchas veces no es solo la voluntad o las ganas que podamos tener de resolver el problema, sino que se nos presentan algunas situaciones como las que mencionaba la señora senadora Rodríguez. En ese caso, algunos funcionarios pensaron que era bueno que quedara bien señalado que estaban cumpliendo y por eso los diferenciaron. Pero las personas afectadas lo sintieron como un agravio, y es lógico que así lo sientan. Es decir, nos falta mucho, a los funcionarios del Estado, a los que hemos diseñado o a los que ahora diseñan políticas públicas, para avanzar en este tema.

                Por eso, me parece que las preguntas que hacía la señora senadora Sanguinetti son bien importantes, para saber dónde puede estar el nudo y qué podemos hacer nosotros desde el Parlamento, porque quizás hay que modificar algunas cosas que en teoría parecían perfectas y después –lo digo por experiencia propia–, cuando uno las aterriza, cuesta mucho cumplirlas. Allí es cuando se pierde la confianza de la gente, y no es por mala voluntad. Es porque realmente a veces resulta muy difícil articular el llamado con lo que la población espera. Por ejemplo, la situación que más conocemos la señora senadora Sanguinetti y yo es la de la discapacidad, por muchos motivos. Y por eso me parece importante esta instancia, porque quizás nosotros podemos ayudar en algo, en mejorar o en simplificar. Por ejemplo, si no entendí mal, se dijo que tal vez es mejor chequear no desde las vacantes, sino desde los puestos de trabajo. Puede ser que sea así. En lo personal estoy totalmente abierta y dispuesta a contribuir para que esto se pueda cumplir en algún momento en este pequeño país, en el que me parece que nos hace falta avanzar mucho en este terreno. Sin dudas, esto no se logra solo con el avance manuscrito de las leyes, sino también desde la práctica fuerte del poder público.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestros invitados y, en segundo término, formular una pregunta. Me parece muy importante que se nos asesore desde lo técnico, ya que nuestros invitados están viviendo permanentemente estos temas que estamos considerando.

                Con respecto a la cuota para discapacitados, recuerdo que una vez pregunté sobre eso en la Intendencia de Florida y se me dijo que de acuerdo con el porcentaje establecido –que es del 4 %–, de cada 25 ingresos, uno debería corresponder a una persona discapacitada, pero en realidad como nunca se tomaba a 25 personas tampoco ingresaba nadie para ese único cargo asignado.

                Por otra parte, me gustaría saber si cuando se dijo que cada ocho se avisaba, se hacía referencia a un caso en particular. Me parece que está bien avisar, pero también ver a quién se da el aviso si no se cumple con la cuota y qué pasos se dan en ese sentido.

SEÑORA AGUIRRE.- Nosotros en el área gestionamos lo relativo a la Administración central. Allí, en determinados vínculos, como provisoriatos, contratos de trabajo, contratos laborales, etcétera –o sea, en aquellos vínculos que nosotros debemos gestionar–, la convocatoria se cumple sí o sí, porque de lo contrario nosotros no gestionamos el llamado. Quiere decir que si se da el caso que planteaba la señora senadora, en que los llamados son para llenar una sola vacante, cuando se llega al número 8 se avisa que hay que empezar a cumplir con la cuota. Pero no es solo eso lo que se debe contemplar, sino también las limitantes que a veces esa población tiene.

                Por nuestra parte, hemos discutido muchísimo este tema en la interna de Uruguay Concursa, porque si la ley nos obliga a hacer un llamado tenemos que seguir la norma correspondiente. Si nosotros tenemos que incluir dos poblaciones que tal vez hayan tenido diferentes maneras de acceder a la formación, al tener que gestionarlos en el mismo llamado, estamos generando un desnivel, pero el decreto nos exige hacer el llamado en una misma convocatoria.

En la convocatoria siempre se cumple el 8 %, pero el problema es que luego en el proceso se van perdiendo postulantes, tanto a nivel del listado general como de los postulantes que se autodefinieron como afrodescendientes. La señora senadora Rodríguez se tuvo que retirar, pero quiero aclarar que en nuestra experiencia tenemos todo sistematizado y el propio sistema pregunta a la persona si quiere ser incluida o no en la cuota. Ese es un dato que no se da, que simplemente se usa para definir, dentro de mil postulantes, quiénes están dentro de la cuota. El sistema los separa internamente y, si hay que ordenarlos, también procede a ello. Por ejemplo, si hay 5000 postulantes para un puesto, hay que hacer un ordenamiento y llamar a una equis cantidad de personas, en cuyo caso se hacen dos listados, pero luego de hecho eso, ellos vuelven al mismo camino para recorrerlo todos juntos. Finalmente, el sistema los separa porque, independientemente del puntaje, lo primero que se cubre es la cuota afro. En definitiva, nosotros no ponemos ningún tipo de identificación en los llamados.

Obviamente, los llamados para discapacitados son diferentes porque solo pueden participar personas inscriptas en la comisión. En ese caso, la persona declara estar inscripta en esa comisión y se cruzan los datos. A su vez, se pregunta a las personas qué necesitan o en qué las podemos ayudar, pero eso se da en un proceso de concurso que está reglamentado y del que no nos podemos salir.

Quiere decir que para todas las poblaciones tenemos que seguir el mismo camino, que es el que marca el decreto. Cuando empecemos a incorporar a la población trans, como en el decreto reglamentario se establece que debe ser en el mismo llamado, estas personas van a competir con otras que, por ejemplo, tienen diferente formación. Entonces, si lo que se quiere es protegerlas por su falta de acceso a la formación o porque fueron objeto de discriminación y se las pone en un llamado en el que se requiere una formación alta, ni siquiera están en condiciones de competir.

Me parece que esas son las cosas que hay que considerar al momento de reglamentar. A las personas discapacitadas se las pone en un llamado para que no empiecen con desventaja en el inicio del proceso; ese es el análisis que  hay que hacer a la hora de incluirlos en un llamado público y abierto para que realmente puedan competir.

                En el caso de la población afro se cumple con el 8 % e integran las listas de prelación el 2 %. Por lo tanto, si no se cumple es porque las personas no llegan al final del proceso; algunas quedan en el camino. También se da el caso de personas que quedan en el llamado y entran pero no por la cuota afro –es decir, no se computa su ingreso por la cuota afro–,  porque si están muy bien calificadas ingresan por la lista de todos los postulantes y no se computan para la cuota afro. En este caso no se exige ninguna certificación, sino que solo debe decir que se autodefine como afro. Eso el sistema lo toma como un dato, pero nunca se le pide una identificación, ni siquiera en la entrevista. Incluso, tratamos de manejar el número de postulantes, que es un número que da el sistema, para evitar cualquier dato que sirva para identificarlas en el proceso.

SEÑOR SARTORI.- ¿Si la persona no se autodefine y termina siendo contratada, entra en el cálculo de la cuota?

SEÑORA AGUIRRE.- No.

SEÑOR SARTORI.- Entonces, la cuota puede ser más alta si se incluyen aquellos que no se autodefinen.

SEÑORA  AGUIRRE.- Pero no ingresan por la cuota reservada.

SEÑOR SARTORI.- Esa puede ser una de las explicaciones de por qué la cuota es tan baja.

SEÑORA AGUIRRE.- No.

SEÑOR SARTORI.- ¿Cuántos trans hay en Uruguay?

SEÑORA AGUIRRE.- Alrededor de 700.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑORA CORTI.- En el caso de las personas trans, se necesita estar haciendo el trámite, haber hecho el cambio de identidad en la Dirección Nacional de Identificación Civil o tener la tarjeta de trans que otorga el Mides. Para las víctimas de delitos violentos, en el artículo están previstos los requisitos; en este momento no recuerdo exactamente cuáles son, pero hay que tener una sentencia judicial que dictamine que la persona o un familiar fue víctima de algún delito violento.

SEÑORA AGUIRRE.- Cuando decimos que en los demás casos se exige una documentación probatoria, para la población afro la condición es la autopercepción. Es simple: al inicio del proceso el sistema le pregunta si tiene bachillerato completo, etcétera –todo lo que sea excluyente para ese llamado–; si es para muchas localidades, se le preguntan las localidades, y si se autodefine como afrodescendiente. Eso es lo que establece la norma para este caso. En los demás, así como vamos a pedirle a una persona trans su certificado de estudios, su libreta de conducir –lo que sea que exija el llamado–, también se le va a exigir lo que marca la norma.

SEÑOR LOZANO.- Agradezco a la delegación por la clara exposición que ha realizado.

                Creo que el espíritu de la ley es, evidentemente, evitar la discriminación hacia ciertos colectivos, tratar de llegar a la equidad, a la igualdad de oportunidades para todos los grupos que integran la población.

                La duda que se me presenta con la autodefinición es, atendiendo a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra formación y a la viveza criolla –como suele llamársele–, hasta qué punto alguien que no pertenece al colectivo trata de obtener un crédito u ocupar un puesto que no le pertenece. Es decir, se estaría definiendo de una forma que no es a los efectos de sacar ventaja, en lugar de buscar la equidad entre los distintos colectivos.

                La pregunta es bastante concreta, y me gustaría saber si ustedes pudieron haber detectado alguna situación así o depende, simplemente, de la autodefinición de cada uno.

SEÑORA AGUIRRE.- Queda en la autodefinición porque así lo determina la norma: la persona que se autodefina como afrodescendiente podrá participar en esos llamados. Ahora bien, en una convocatoria del 8 %, alrededor de un 2 % queda en lista de prelación. Entonces, si hubiera un abuso, quizás del 8 % de la convocatoria, estaríamos consiguiendo un 8 % en la lista de prelación final, y no es así; ese porcentaje va bajando, y la cantidad de personas afro que quedan en listas de prelación es de aproximadamente un 2 %.

SEÑORA KECHICHIAN.- Me siento obligada a hacer uso de la palabra por pertenecer a la bancada que hizo esta propuesta.

                Quiero aclarar que nuestra preocupación radica en preservar el espacio de estos colectivos teniendo en cuenta el decreto sobre reducción de vacantes; ese es el objetivo. Me gustaría poder conocer su opinión acerca de cómo ven la propuesta en el marco del decreto que obliga –y obliga; de ello no hay duda– a reducir la convocatoria de vacantes en cada uno de los incisos.

SEÑORA CORTI.- Entiendo perfectamente y comparto la preocupación.

Según la experiencia que hemos tenido, me parece que es más fácil controlar y decir: «Este organismo hizo llamados y no cumplió con las cuotas». Es algo más fuerte que decir: «Se generaron vacantes y no las llamamos», porque pueden decir que no las llenaron todavía, pero que lo van a hacer. Además, para las cuotas de personas con discapacidad aplican solamente las vacantes de ingreso, es decir que no son todas las vacantes. Por ejemplo, si se jubila alguien que tiene un grado más alto que el de ingreso, esa vacante que se genera no va para la cuota; solamente va si la vacante se transforma en una de ingreso o se crea una vacante de ingreso.

Otro aspecto que me gustaría aclarar es que la oficina, en el marco de la preocupación que mencionaba la senadora Rodríguez, realizó una guía para el ingreso de personas con discapacidad y también para las personas afro. Además del no cumplimiento, vemos que hay una falta de conocimiento de cómo llevar a la práctica los concursos.

Nosotros trajimos las guías –si quieren las dejamos–, además de los informes que la oficina presenta al Parlamento todos los años; tenemos los de 2019 de personas con discapacidad y afro.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos muchísimo su valioso tiempo para venir a esclarecer algunas dudas. Vamos a sacar copias de esto para repartir.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 15:45).