COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

 

(Sesión celebrada el día 18 de agosto de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:39).

                –Les damos la bienvenida a quienes nos visitan. Además, agradecemos que hayan respondido rápidamente a nuestra solicitud y que comparezcan con una delegación bastante masiva y calificada. Estamos recibiendo a la ministra, señora Irene Moreira; al subsecretario, señor Tabaré Hackenbruch; al director de Dinavi, señor Jorge Perini; al director de secretaría, señor Gabriel Albornoz; al jefe de gabinete, señor Gonzalo Reissig; y a las asesoras, doctora Margarita González y escribana Paula De Armas.

                En el entendido de que el ministerio de vivienda además de la dotación presupuestal tiene que presentar un plan quinquenal –es de los pocos ministerios que tiene una tarea adicional a la de los números, que es la parte más cualitativa–, la comisión entendió que antes del 31 de agosto sería bueno –más allá de que el presupuesto ingresa por la Cámara de Representantes– tener una visión global de cuáles serían las líneas conductoras del Plan Quinquenal de Vivienda.

SEÑORA MINISTRA.- Para nosotros es un gusto estar nuevamente en esta comisión. Hace poco tuvimos la oportunidad de comparecer a otra comisión que creo que fue  la de trabajo.

Como representante del ministerio, debo decir que es un placer poder tener este contacto y este diálogo que nos parece muy interesante porque, en definitiva, debemos trabajar en forma conjunta, sobre todo, en un área tan particular y tan especial como es la vivienda. 

Obviamente, desde que asumimos en el ministerio de vivienda estamos muy preocupados por el déficit habitacional que es muy grande; estamos hablando de sesenta o setenta mil viviendas y de alrededor de seiscientos o seiscientos cincuenta asentamientos a nivel del país, donde queda claro que en Montevideo –por su caudal de habitantes– está el foco principal, después sigue Canelones y luego, en tercer lugar, hay un departamento del interior profundo que conozco mucho y es Artigas. 

Nuestra mayor preocupación fue tener que trabajar e intentar poner un pienso realmente grande para lograr un número importante de viviendas a lo largo de este quinquenio. Por supuesto que en el momento en que asumimos nunca pensamos que trece días después íbamos a vivir una circunstancia como la que ha ocasionado la covid-19, que nos ha afectado a todos en todo el territorio de nuestro país. Sin embargo, estoy totalmente convencida de que si queremos generar ese motor de la economía del país lo vamos a lograr, sin lugar a dudas, a través de la construcción, que es la que mueve todo. Es evidente que hay dos ministerios que van a tener un rol importante en todo esto; me refiero al Ministerio de Transporte y Obras Publicas y, fundamentalmente, el de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, como se llama actualmente.

En consecuencia, con ese pienso que tanto he mencionado y con el poco o mucho dinero que tengamos, intentaremos ejecutar la tarea de la mejor forma para que ese dinero rinda. Desde el primer momento estamos tratando de abrir el abanico, no solamente en todos los programas que tiene el ministerio –no estamos atados a uno solo–, sino también y sobre todo a lo que se refiere al DAT, es decir, al Documento de Aptitud Técnica. Entendemos que hay que dar posibilidades a otros sistemas alternativos que en el resto del mundo han funcionado muy bien aunque, lamentablemente hoy, por no tener el DAT, se nos inhabilita su construcción. Por eso pensamos, por ejemplo, en la construcción en madera. En Uruguay hay hectáreas y hectáreas de plantaciones, pero hoy en día se están exportando los rolos prácticamente sin un valor agregado; creo que eso también serviría. Además, se cumpliría una doble o triple función –quizás– porque no solamente estaríamos en el rol del ministerio, construyendo vivienda, sino también tratando un área tan importante como es el ambiente. Como se sabe, si comparamos un metro cúbico de hormigón con un metro cúbico de madera, estaríamos capturando una tonelada de CO₂ de nuestro aire, de nuestra atmósfera, así que también estaríamos trabajando en el área ambiental. 

Podría mencionar una tercera opción que es el fomento del trabajo, algo tan necesario hoy en día, ya que para obtener este valor agregado se le van a dar posibilidades a muchas personas para trabajar en un área en la que hasta hoy no se opera. Tuve la oportunidad de estar en Tacuarembó, hace un par de días, visitando una empresa en donde se exporta el 95 % de lo que se produce, o sea que solo un 5 % queda en Uruguay.

Por lo tanto, me parece muy importante ese sistema alternativo, pero no es el único; en realidad hay muchos otros con los que se trabaja bien en el mundo entero. 

Me gustaría dejar sentado que no pretendemos bajar la calidad; queremos construir vivienda sin desmedro de la calidad.

Como dije, quiero una buena calidad y, sobre todo, que el costo del metro cuadrado no supere –en este tema tenemos una discusión con el señor subsecretario– los USD 1.000, porque si no la vivienda dejaría de ser la vivienda social que buscamos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si un arquitecto puede estudiar en Argentina, Chile, Canadá o Japón, viene al Uruguay, revalida las materias y puede ejercer como arquitecto, por qué un producto que esté respaldado y muchas veces reconocido por su propio Gobierno, no puede venir acá y «revalidarse» –entre comillas– y no pasar tantos años de estudio. Tenemos DAT que están un año y medio o dos años –es lo normal–, pero  hay casos que en ocho años aún no se ha sacado el DAT.

Creo que la necesidad de vivienda es tan grande que el ritmo al que tenemos que producir tiene que ser rápido y ágil. Es la única forma de que las necesidades no nos pasen por arriba.

                                Esas son las áreas fundamentales en las que hemos estado trabajando en el DAT, en los sistemas alternativos. También hemos puesto pienso en un programa llamado «Entre Todos». Entiendo que cuando ponemos el foco en una situación, tenemos que poner todo juntos. Así como con la covid-19 hemos puesto ese punto focal y entre todos hemos trabajado y estamos siendo ejemplo en el mundo de cómo fue tratada esta situación, hay también una emergencia habitacional en la que todos juntos tenemos que poner ese punto focal. Cuando digo «todos juntos» no solo me refiero a todos los programas que tiene el ministerio de vivienda, sino también a una relación en la que haya una interrelación y en la que participe el ministerio, el Mides, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, la UTE y la OSE –es muy importante lo relativo al saneamiento– y, obviamente, las intendencias y en ese sentido, ya hemos mantenido conversaciones con el Congreso de Intendentes. Me parece que es la forma de evitar que esa ola siga creciendo. La respuesta del Estado ante el crecimiento de los asentamientos es mucho más lenta y entonces, evidentemente, tenemos que cambiar esa situación.

También estamos trabajando en el IAT para lograr un sistema más ágil, sobre todo en las cooperativas. Allí, cuando el IAT funciona, logramos inaugurar casas en el tiempo adecuado, pero otras veces el IAT falla, entonces, creo que también hay que encarar ese tema con responsabilidad. Con esas tres áreas, fundamentalmente, estamos tratando de llevar adelante el ministerio.

En este momento, obviamente, estamos trabajando en el plan quinquenal. Hemos sido víctimas también –como todos los ministerios– del Decreto n.º 90/2020. Hemos conversado con la ministra de Economía y Finanzas, contadora Arbeleche, con el presidente de la república Luis Lacalle Pou y con representantes de la OPP para que la reducción no nos afectara tanto   –reitero, para mí es una emergencia habitacional la que vive el Uruguay y, por lo tanto, hay que medir este ministerio con una vara distinta a la que se usa para otros– y hemos logrado, con gran esfuerzo, un porcentaje menor. Se ha tenido conciencia que este es un punto fundamental para el país.

Aguardo las preguntas. No sé si alguien quiere decir algo.

SEÑOR CAMY.-  En primer término, quiero saludar y agradecer la presencia de esta comitiva tan representativa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, encabezada por la señora ministra y el señor subsecretario.  Por supuesto, saludamos y respaldamos una comparecencia que sintéticamente ha expresado un parecer que, en diagnóstico y proyección de propuestas de trabajo a futuro, compartimos.

                En segundo lugar, quisiera hacer algunas consultas puntuales. ¿A qué obedece el tiempo de atraso –que tiene un notorio perjuicio– en el llamado DAT? ¿Por qué funciona tan lentamente? Me pregunto si eso se atribuye a una excesiva burocratización en el diseño que tiene el proceso de habilitación o si es un tema que puede estar vinculado con otro tipo de legítimas presiones o intereses, y que la operativa del mercado o la propia lógica del país haga retrasar esto. Parece poco entendible que ante una situación de emergencia habitacional y ante oportunidades que se plantean por la vía de construcción de sistemas alternativos u otro tipo de cosas que van a facilitar esa construcción e, incluso, a abaratarla, la traba sea un tiempo de dos años o más de estudio.

                Otra pregunta está relacionada con lo siguiente. Al pasar, la señora ministra planteó una suerte de discrepancia o, por lo menos, opiniones divergentes en un ámbito de discusión en el ministerio sobre el costo máximo que puede alcanzar la construcción. ¿A qué obedece eso? Quisiera saber si simplemente hay una opinión técnica que obedece más a lo que puede ser el comportamiento macroeconómico, a proyecciones, o si efectivamente ven que, pese al marco de ese tenor, igual es posible bajar el costo.

                Tengo otra pregunta sobre lo que mencionó la señora ministra sobre el Decreto n° 90/2020. Quisiera saber en qué rubros o en qué aspectos va a afectar lo que tienen planificado, si simplemente se va a enlentecer en el ámbito de un presupuesto quinquenal que va a ser revisado, como se ha anunciado a través de las rendiciones futuras, o si se entiende que hay algún área o alguna proyección concreta que se tendría que postergar.

SEÑOR ANDRADE.- En primer lugar, quería agradecerles la presencia en la comisión. Nosotros estamos tratando de recibir a todas las organizaciones que tienen que ver con el tema de la vivienda. Estuvieron los promotores privados de la construcción, está citada la Cámara de la Construcción del Uruguay y también estuvieron Fucvam y Fecovi. Algunas de las interrogantes tienen que ver con preguntas que nos hicieron las propias organizaciones. Para nosotros es importante contar con las líneas generales de cómo se piensa con respecto del presupuesto quinquenal, a los efectos de permitirnos tener el trabajo de la comisión con los planteos que surjan de las organizaciones vinculadas con la producción de viviendas o que reivindican el acceso a la vivienda.

                Un reclamo que se nos hizo, como una preocupación, fue el retraso en la convocatoria a la comisión asesora de la vieja ley de vivienda.

(Dialogados).

                –¿Ya la convocaron?

Esa fue una de las preocupaciones que nos hicieron llegar distintas organizaciones.

                También hubo un consenso y quiero dejar constancia de ello. Siendo que la mirada del hábitat es una política transversal, tanto en lo cuantitativo, como en lo cualitativo, siempre tiene importancia, pero en un momento de dificultades económicas tiene doble importancia porque no hay dudas de que cumple un doble papel: resolver el techo y resolver el trabajo. Pocas industrias –creo que ninguna de las que hoy podemos ver– tienen la relación entre peso invertido y la cantidad de puestos de trabajo que generan.

                La segunda característica –que considero muy importante– es que la demanda de vivienda es nacional. A diferencia de determinadas industrias que, por cuestiones de logística, solamente pueden colocarse cerca de un puerto o cerca de donde está la materia prima, la vivienda tiene la posibilidad de impactar en la oferta de empleo a nivel nacional. En algunos pueblos del interior, si las personas no tienen la posibilidad de acceder a un empleo público, difícilmente tengan una posibilidad de trabajo distinta a la que ofrece la industria de la construcción.

                Una tercera característica que fortalece esta perspectiva es que no requiere mayor calificación para el ingreso; por tanto, brinda mucha facilidad para absorber empleos de otros sectores de actividad. Al tener fuertes encadenamientos productivos –del 75 % o del 80 %, según distintos estudios–, los insumos son nacionales. La mitad de nuestra industria siderúrgica nacional se mueve por la construcción, así como un tercio de la industria del plástico y canteras, caleras, balastreras, cerámica roja, cerámica blanca, carpintería de aluminio. Por cada puesto de trabajo directo mueve un puesto de trabajo indirecto, mayoritariamente, y ni hablar del impacto en el mercado interno.

                Ustedes entenderán que en el medio de la emergencia no solo hay que mirar desde un ángulo el déficit cuantitativo o cualitativo, sino también aspectos de hacinamiento, aspectos de allegamiento, orientar la perspectiva según la cantidad de hogares que se forman por año, con una mirada de cobertura, y ver cómo se canaliza el ahorro nacional para poder participar en la producción de vivienda. En medio de esas perspectivas, claramente la construcción es un elemento principal que permite pensar que en esta área puede estar buena parte de la salida.

Por eso queremos jerarquizar este intercambio de ideas, ya que las discusiones que puedan llegar al Ministerio de Economía y Finanzas, además de todos los ministerios, colocando una agenda de prioridades, son legítimas. En este caso, por sobrada fundamentación nos parece que se encuentra mucho de lo que se necesita. Alguien puede tener la mejor asistencia para la salud, pero si en su casa hay una humedad insoportable y vive en condiciones de hacinamiento esa asistencia a la salud se va a complicar debido a sus condiciones de vida.

                Yo tuve la posibilidad de intercambiar opiniones con algunos de los científicos que están trabajando en el Centro Universitario de Tacuarembó con respecto a pensar en nuevos tipos de plantaciones que puedan ser el soporte de una cadena forestal para madera de muebles. Me parece una de las perspectivas más interesantes, no solamente para la industria de la construcción, sino también para incorporar componentes de valor agregado. Hay combinaciones de plantaciones de algarrobo que en determinados países fueron utilizadas como un soporte.

                El problema que existe es que buena parte de la plantación que hoy tenemos no sirve, por el tema del tiempo, pero me parece bueno pensar en políticas de mediano plazo que permitan vincular ciencia y tecnología con mayor valor agregado.

No hay duda de que cualquier estrategia de trabajo de calidad tiene que colocar en el centro una sinergia entre la UTU, la UTEC, la universidad, las políticas públicas y los planes que puedan recoger resultados en lo concreto para resolver una cuestión compleja como la de la vivienda. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para poner el acento en este caso en un área que, repito, es de extraordinaria sensibilidad en todos los planos.

                Intercambiamos muchas ideas sobre seguridad –no me quiero pelear con Camy–, pero cualquier política de seguridad que no atienda la segmentación territorial, la integración urbana, a mediano plazo está condenada. No hay país que reduzca los niveles de violencia que no piense, en primer lugar, en ese componente de la integración urbana.

                En eso se juega también un partido que no siempre se visualiza articulado y que para nosotros es clave articular: todas las políticas que permitan resolver esto, algunas de las cuales son de la producción de vivienda y otras no. Voy a poner un ejemplo: el hecho de que tengamos doscientas cuarenta mil viviendas vacías, sacando las ciento veinte mil que son de segunda propiedad –o sea, el caso de alguien que tiene una casa acá y otra en la costa–, y que miles de estas tengan como denominador común la especulación, para mí es una preocupación en el tema de la vivienda. Habría que pensar cómo se construyen instrumentos que desestimulen que una parte de la producción de vivienda cumpla una función de especulación en el sistema inmobiliario, o de fondo de garantía de créditos.

                La reivindicación de la función social de la vivienda, en mi opinión, es una de las claves para destrabar. Sabiendo que no hay políticas de vivienda sin presupuesto y que hay que mirar el conjunto de las herramientas que se tiene para atender el déficit, quiero dejar constancia de que somos socios en la perspectiva de trabajo para atender un tema que requiere, necesariamente, políticas de Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera hacer cuatro preguntas. Seguramente, muchos de los aspectos concretos se están elaborando, pero, por lo menos, podríamos tener una intuición.

                En primer lugar, tomando como referencia lo que la ministra anunció sobre el decreto 90/20, quiero saber si el presupuesto 2020-2025 va a tener como línea de base el del año 2019 o el de 2020, dado que 2020, en principio, no será un 15 % en gastos de funcionamiento, sino que será un poco menos –según lo que ha expresado la ministra– e, incluso, será más bajo que el de 2019. Por una convocatoria del ministro de Desarrollo Social a otra comisión sé que se está conversando sobre cómo hacer las líneas de base en los ministerios de impacto social.

                En el mismo sentido, quiero saber si la línea de base va a tener modificaciones en términos de la composición interna. Según las cifras, el gasto del ministerio en el año 2019 fue de $10.000:000.000, de los cuales alrededor de siete mil se destinó al Programa de Mejoramiento de Barrios, a viviendas para jubilados, al Plan Juntos y al Plan Nacional de Relocalizaciones. La construcción de viviendas nuevas correspondía al 70 % y los programas más postergados a un 30 %. La ministra anunció que va a haber un fuerte impulso hacia los asentamientos; quizás ustedes pueden dar una idea —tal vez no cuantitativa, pero sí cualitativa— de cómo se va a redistribuir.

                En segundo lugar, quiero saber si ya hay alguna definición de la nueva dirección que se formó, la Dinisu, si hay una idea de su composición y qué programa de la vieja Dinavi quedaría en la nueva Dinisu; parece claro cuáles son, pero me gustaría confirmarlo.

                En tercer término, quiero saber cuál es la perspectiva que ustedes plantean de manera cualitativa —si tienen alguna cifra, mejor— sobre las cooperativas de vivienda. Sobre el año 2020 ya hemos tenido una respuesta, que la propia ministra ha dado en un pedido de informes respecto a que va a haber un solo sorteo y que se va a completar el cupo con las llamadas en espera, es decir, las que perdieron tres sorteos. Queremos saber qué número se va a completar, sobre todo, en el plan quinquenal. Me refiero a la cantidad de las viviendas y a si van a mantener el sistema de sorteos, porque incluso entre las organizaciones de las cooperativas nunca fue muy bien visto, dado que el sorteo lo puede ganar una cooperativa que se formó hace seis meses. Antes de la implementación de los sorteos había otro sistema de selección de las cooperativas, antes de 2008. Quiero saber si se va a mantener ese régimen de sorteo o si se va a hacer de otra manera.

                Por último, quiero conocer la perspectiva para el plan de viviendas para jubilados. Quiero saber si tienen alguna idea de cómo va a evolucionar. Tiene un número muy relevante desde el momento en que se asigna todos los años y ha venido creciendo con el tiempo desde el año 2008. Quiero saber si tienen alguna idea cualitativamente; si piensan que puede haber algún cambio.

SEÑORA TOPOLANSKY.- No voy a formular algunas preguntas porque ya se hicieron. Quiero hacer una pregunta genérica. Los programas que ya venían funcionando, ¿se mantienen todos o hay algún programa que está en discusión?

Por otro lado, les pregunto si el sistema de garantías del ministerio se va a mantener paralelamente a los artículos introducidos en la LUC. Quiero saber si van a funcionar ambos o si el sistema de garantías va a tener otro destino.

Después, quisiera saber qué hay pensado en cuanto a cartera de tierras, porque muchos de los asentamientos están en propiedad privada, y eso supone compra de tierras.

Esos serían los tres puntos para agregar a los que ya plantearon los otros senadores.

Gracias.

SEÑOR CAMY.- Quiero agregar dos cosas, de una de ellas me olvidé y ahora, a raíz de un planteamiento que hizo la senadora Topolansky, me acordé de otro tema bien puntual.

                Entre los proyectos que venía ejecutando el ministerio de vivienda, me interesaba mucho uno de rehabilitación urbana que, lamentablemente, no se expandió demasiado; digo esto porque he participado en las intendencias y sé que algunas de ellas no lo consideraron, a mi juicio, con la importancia que tiene. Algunas otras como, por ejemplo, la de Colonia, sé que lo utilizaron muy bien, y creo que Montevideo y Canelones algo hicieron. Eso era muy dinamizador de la microeconomía local ya que trabajaba el comerciante y se mejoraba la vivienda. Quisiera saber si está planificado mantener eso en la actual gestión y presupuesto.

Lo otro tiene que ver con el tema de que, en algunos departamentos del interior, por la característica de estar las ciudades fundadas al lado de ríos muy importantes, progresivamente vienen sufriendo cada vez más las inundaciones. Algunos de ellos han tenido situaciones realmente traumáticas, y quedó para siempre como algo que periódicamente va a suceder. Quisiera saber si en ese marco se está contemplando, de parte del ministerio, algún tipo de plan, acción, programa o postulación para trabajar, concretamente, con esos departamentos.

SEÑORA MINISTRA.- Con respecto a la rehabilitación urbana quiero decir que sí, que realmente hay departamentos en los que se ha visto un gran trabajo al respecto. Uno de ellos, como bien lo ha dicho el señor senador Camy, es Colonia, donde estuvimos hace un par de días, justamente, entregando una nueva partida. Hay un cuarto contrato que está listo para trabajar; se hizo un relevamiento habitacional que demostró que no se trataba tanto de falta de vivienda sino de necesidad de repararlas y mejorarlas.

Voy a mencionar un caso concreto, como anécdota: el de una persona que había sufrido un accidente –estaba paralítica–y, obviamente, lo que necesitaba era que su casa, que era toda con escaleras, tuviera rampas con el fin de que esa persona saliera a la calle por sus propios medios y ¡vaya si eso le cambia su calidad de vida! Realmente me parece sumamente importante este tipo de ayuda.

Además, con el pago de la cuota se sigue generando ese trabajo y, entonces, es un «te ayudo y me ayudás» porque es entre ellos mismos que se van apoyando.

Como bien ha dicho el señor senador Camy, reactiva la economía del lugar porque se compra en la barraca de ahí y en la ferretería de la villa, del pueblo o de lo que sea. Así que, en lo personal, lo considero realmente uno de los programas importantes que hay en el ministerio.

                Con respecto a las inundaciones, ¡vaya si conozco! Artigas es uno de los departamentos que las sufre. Hay un barrio entero –el barrio Rampla– en el que un 24 de diciembre a medianoche se inundaron todas las casas a gran velocidad. Además, se da otra cosa: cada vez se inunda más rápido porque el río crece más velozmente. En Durazno también tenemos un caso de estos.

(Dialogados).

                –Realmente somos conscientes de esa dificultad y de esas necesidades.

                Voy a ir contestando algunos puntos y después, si se me permite, voy a dejar hablar a Tabaré Hackenbruch, quien ocupa la subsecretaría de la cartera.

                Con respecto a la citación que mencionaba el señor senador Andrade, señalo que esto ya fue comunicado a la Coavi; justamente, por el tema de la covid-19 no quisimos hacer una reunión todos juntos pero sí hemos pedido que nos pasaran todas las informaciones. El plazo para que esto llegue es hasta el 26 de agosto y a partir de esa fecha nosotros le daríamos la respuesta; así que estamos cumpliendo con lo que dice la ley.

                En lo que refiere a la mano de obra y a las actividades, ese valor agregado que se le pondría para lo cual no se necesita una especialización al ingreso, dentro de las cooperativas valoro más el sistema de ayuda mutua, porque no es solamente entregar la casa sino que tiene un valor agregado: quien hizo el pórtland, quien puso los ladrillos, quien colocó las ventanas –indudablemente esas casas tienen otro valor– y, además, brindan la posibilidad de aprender oficios. Muchas de esas personas nunca habían hecho un cemento, no habían hecho la eléctrica de una casa ni habían colocado una cerámica, y ese conocimiento que adquieren es una forma de abrirles una puerta para el día de mañana poder desempeñarse en esas tareas como profesionales. Ese es un valor agregado, porque estamos dando un recurso, un arma, que esos profesionales jóvenes no conocían. Por eso valoro mucho el sistema de construcción de viviendas por ayuda mutua, tanto Mevir como el de las cooperativas.

                También se habló del tipo de madera. Hemos tenido conversaciones con la embajadora de Canadá, en las cuales ella misma nos dijo que antes que embajadora es empresaria de la madera. Nos habló del valor que tenemos nosotros, porque el mismo árbol que en Canadá demora entre 28 y 30 años aquí se produce en 12 a 15 años. Realmente, esa es una gran ventaja que tenemos, y creo que no estamos viendo el valor que puede tener ese crecimiento, poner esas plantas a producir acá, ese valor agregado, para dar actividad a la construcción de casas de madera.

                Con respecto a la intervención urbana, ¡vaya si es importante! Estoy de acuerdo con eso que mencioné del plan «Entre Todos», porque no se trata simplemente de dar vivienda a la personas necesitadas –siempre me inclino hacia los más frágiles, hacia los más débiles, a quienes hay que apoyar–, no es solamente entregarles una vivienda, sino que tiene que haber un relacionamiento interinstitucional, donde el Mides juega un rol importante y también el Ministerio de Educación y Cultura a través de Internet. Realmente hay que trabajar de manera interrelacionada; como dije, no es solo entregarles una llave. Creo que esta es la forma que tenemos de darles posibilidades, de que cuiden la casa, de que crezcan en ella, de darles un plus a esas personas.

                Con relación a la nueva dirección, la Dinisu –creada por la LUC y a la que hizo referencia el senador Olesker–, en ella estarían integrados, según la ley, el Programa de Mejoramiento de Barrios –el PMB–, el Plan Nacional de Relocalización y el Plan Juntos. Aún no me ha llegado una notificación oficial pero en lo que respecta a la parte de rubros, lamentablemente, el PMB pasaría a la OPP, con lo cual –a mi modesto entender– no estoy de acuerdo. Para mí ese programa tiene que quedar en la Dinisu porque, entre otras cosas, va de la mano con el plan de relocalización; de otro modo, quedaría solamente el Plan Juntos y no tendría sentido la creación de esa dirección. Pienso que ahí debe de haber un malentendido que podrá subsanarse en oportunidad de la presentación del presupuesto.

                Con respecto a las cooperativas, es cierto lo que se dijo en el sentido de que hubo un solo sorteo en el cual entraron mil viviendas de la cooperativa, y luego mediante la segunda vía, que es el tercer llamado, entraron cerca de novecientas viviendas. Quiere decir que, prácticamente, estamos cerca de lo establecido, que eran dos mil viviendas. Nosotros dejamos el segundo llamado en suspenso. No es que esté cortado, sino que lo dejamos en suspenso a raíz, sobre todo, de la covid‑19. Mientras se mantenga la emergencia sanitaria estamos trabajando con un 50 % de los funcionarios y hacemos mucho teletrabajo; evidentemente, para presentar hay que hacer todo un trabajo que las oficinas, tanto en el interior como en Montevideo, no tendrían la posibilidad de cumplir. En cuanto a la posibilidad de hacer un levantamiento, a esta altura creo que ya sería muy difícil hacer el segundo llamado. Pero estamos prácticamente en las dos mil viviendas –creo que andan en las mil novecientas– que se hicieron el año pasado y estaban previstas para este año.

                Con relación a la perspectiva de las viviendas de jubilados, en el día de ayer, justamente, hicimos entrega de cuarenta viviendas para jubilados. El edificio de apartamentos se encuentra ubicado en Avenida San Martín. Era un edificio de apartamentos a estrenar. Habrán constatado que yo siempre digo que tenemos que pensar en los más frágiles, que no son solamente los que están en asentamientos, –en algunos de los cuales se ven realidades dantescas–, sino también los jubilados, que aportaron toda una vida al BPS y cuando llega el momento de disfrutar tienen que afrontar los achaques y los medicamentos. Creo que otorgarles un techo digno les da tranquilidad en esa etapa de su vida, a esa edad avanzada. Por lo tanto, el proyecto para la vivienda de los jubilados sigue en marcha.

Aprovecho para contestarle a la senadora Topolansky, que me preguntaba por los programas. Existen todos los programas; no se ha quitado ninguno. Está el programa de las cooperativas, el Plan Juntos; en fin, todos. No ha habido un solo cambio. Hemos tratado de trabajar en ese «entre todos» –como yo lo llamo–, que es nada más que una forma de trabajar en la que todos juntos sacamos el tema adelante, sin quitar ninguno de los programas que están en el ministerio. Desde que asumí, dije que no vengo a fundar un ministerio. La institución existe, los hombres pasan. Lo que quiero hacer es que lo que está funcionando bien, siga funcionando bien, y lo que se pueda mejorar, obviamente mejorarlo. La idea es poner nuestra impronta, que es esto: que nuestra forma de trabajar sea «Entre Todos».

                Quizás mi compañero quiera hablar sobre el Decreto n.º 90/2020, que fue en lo que estuvo trabajando. Si lo permite, señor presidente, quisiera que haga uso de la palabra al señor Gabriel Albornoz.

SEÑOR ALBORNOZ.- Buenas tardes.

                Para poner lo que voy a explicar en contexto, haré un breve racconto. La  ministra, el subsecretario y quien habla fuimos designados el 16 de diciembre y a partir del 18 empezamos a tener reuniones, en las que comenzamos a planificar el concepto con el cual se iba a ingresar a este ministerio y a tratar de desarrollar las diferentes vías que había para la solución de la vivienda.

                En ese entonces, y ahora más, la ministra marcó cinco direcciones generales, que es a las que apuntan todos los trabajos que pensamos hacer. Son las cinco direcciones que ella tiene como prioritarias. En el período comprendido entre diciembre y febrero empezamos a tomar contacto con todos los integrantes que, de una u otra forma, están vinculados al tema de la vivienda, ministerial y extraministerial. Se tuvo contacto con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, con la Cámara de la Construcción, con el sindicato, con promotores privados independientes, con delegaciones de jubilados y de extranjeros, que querían acercarnos nuevas formas de construcción. Todas ellas se analizaron y se obtuvo un dossier importante para empezar a trabajar. Lamentablemente, a doce días de haber entrado al ministerio, cambió la situación, apareció la pandemia, nos tocó y hubo que hacer una replanificación de lo que se había programado, manteniendo las cinco direcciones generales que les mencionaba.

                La señora ministra en su alocución pasó por todas ellas: los jóvenes, los jubilados, los más vulnerables en los asentamientos irregulares, los funcionarios públicos y los grupos vulnerables, es decir, aquellos que tienen enfermedades que los afectan económicamente, como pueden ser los celíacos, los diabéticos, las familias que tienen niños con autismo, etcétera. Esas cinco direcciones se manejan transversalmente –se trata de que conecten entre ellas– y, de esa manera, se van redireccionando los programas para atender esa situación.

                Un par de días antes de la pandemia, en una presentación que me tocó hacer, puse en una diapositiva –un poco en broma, un poco en serio–: «Apareció el primer jinete del apocalipsis», refiriéndome al Decreto n.º 90 del 11 de marzo. A los dos días apareció el segundo y ahora estamos lidiando con los otros dos, que son la LUC y la ley de presupuesto. O sea que ya tenemos a los cuatro.

                A partir del Decreto n.º 90 –los señores senadores conocen exactamente la letra fría–, tal  como dijo la señora ministra, se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para intentar flexibilizar la situación con respecto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Luego de una serie de reuniones en las que me tocó participar, tratamos de presentar la mayor cantidad de argumentos posible para que se entendiera que era una situación extremadamente específica. Esa especificidad del ministerio despertó la buena voluntad de otros gobernantes y se logró cierta flexibilización.

                Para hablar en términos numéricos, se preveía una reducción del 15 %. A principios de 2020 se dijo que la línea de base sería lo ejecutado en 2019 y a eso se debía aplicar un abatimiento del 15 %. O sea que el máximo que se podía llegar a ejecutar en 2020 era el 85 % de lo ejecutado en 2019, pero con la salvedad de que en el tema de los contratos particularmente ese abatimiento llegara al 60 %.

                En definitiva, para hablar de números generales, en el tema contratos se está en el entorno del 15 %; suponemos que a fin de año vamos a llegar a ese porcentaje. Se consideró con una especial sensibilidad el tema de que atrás de los contratos había personas. Tal como expliqué en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, a la que fuimos invitados específicamente por este tema, hubo una especial sensibilidad con respecto a las personas contratadas porque, justamente, su debilidad radica en que no revisten el carácter de funcionario público. En esos números estamos.

                Con respecto al abatimiento en la parte financiera, del rubro cero no se tocó absolutamente nada –no se tocó ni se va a tocar nada de lo que es retribuciones personales– y en gastos de funcionamiento y gastos de inversión no se llegó al abatimiento del 15 %; estamos por debajo y nos vamos a mantener ahí. Además, es muy probable que en algunas líneas de crédito no tengamos ningún tipo de abatimiento porque hay una pendiente. Luego de una gestión que hicieron la ministra y el subsecretario con la ministra de Economía y Finanzas y el director de la OPP, se pensó en abrir una línea de crédito. Hoy la ministra firmó una carta solicitando la apertura oficial del crédito y tenemos la esperanza de que se apruebe porque ya se conversó con las autoridades. Quiere decir que no vamos a llegar al abatimiento del 15 %.

                Ahora pasamos al presupuesto, que es el período que viene. Las autoridades también tuvieron una sensibilidad especial con este ministerio y la línea de base –lo había preguntado el señor presidente– es la de 2019. De hecho, me hubiera gustado más que fuera la de 2020, pero cuando planificamos el presupuesto no se sabía el resultado de 2020. De todas formas, esto fue parejo para todos los ministerios: la línea de base es la de 2019. En nuestro caso es de alrededor de diez mil millones de pesos.

                Aquí tenemos que hacer una diferenciación porque, como dije, el rubro cero no ha tenido ningún cambio. Para funcionamiento la ley dispone un 20 % de abatimiento para todos los incisos, pero para inversión va caso a caso y ministerio a ministerio. Nosotros en funcionamiento no vamos a llegar al 20 % ni cerca porque se atendieron algunas situaciones particulares, sobre todo en el tema de alquileres. El ministerio tiene la obligación de ser garante solidario para algunos alquileres y, obviamente, hay un porcentaje de morosidad y de no pago, que nuestra cartera no tiene más remedio que afrontar. Por otro lado, en cuanto a los subsidios de alquiler, no podemos decirle al arrendatario que tiene que bajar el 15 % por el Decreto n.° 90 y hay que afrontar el alquiler con el aumento que va a tener en 2021. Eso también se entendió y son los         casi cuatrocientos cincuenta millones de pesos extra. Eso afectó el porcentaje general y fue la causa de que no llegáramos al 20 %. Este es un ejemplo; hay otros, pero son menores. El más importante es el del alquiler y el director de Dinavi podrá explicarlo con mayor detalle.

                En el rubro de inversión, no tuvimos abatimiento, pero sí nos dijeron que había un repère en el que nos teníamos que mover. Entre  uno y otro eran aproximadamente doscientos millones de pesos –para los números que maneja el Ministerio no era gran cosa–, pero no podíamos pasar de cero a doscientos de la línea de base y estamos en trescientos y algo por arriba. Por lo tanto, se logró un poco más de los doscientos.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En relación con el DAT, se está trabajando con la Facultad de Arquitectura para elaborar un convenio nuevo y hacer un proceso de reingeniería a fin de que diferentes procedimientos se disparen al mismo tiempo. Como está armado ahora para hacer un proceso había que pasar a uno y se alargaba, y la idea es disparar diferentes procesos al mismo tiempo. Suponemos que, como consecuencia de la Covid-19 y de que algunos procesos son lentos, lamentablemente estaremos firmando el convenio cuando tengamos finalizado el estudio. Como decía la ministra, la intención es tener diferentes sistemas alternativos de construcción. Ustedes saben bien que en el proceso de construcción de las viviendas hay variables que uno puede manejar y otras que no. Dentro de las que se pueden manejar, justamente, se trata de que haya la mayor aplicación de innovación y tecnología como forma de bajar el costo. Creemos que ese puede ser uno de los caminos.

                En cuanto a la segunda pregunta acerca de por qué tenemos diferencias en el metro cuadrado de construcción, justamente se debe a que hay variables que no podemos modificar. El costo del salario, del combustible y el costo-país no puede  modificarlas el ministerio. La ministra tiene una expectativa en cuanto al costo del metro cuadrado que me encantaría que se pudieran cumplir, pero están las variables que no podemos modificar y que, indudablemente, van a incidir en el precio final.

                Quiero agregar que, en cuanto al costo del metro cuadrado con estos sistemas alternativos de construcción, tenemos que ser claros en el sentido de que está asociado al proyecto de fideicomiso y, fundamentalmente, a la recreación de un mercado inexistente a través de una política de subsidios. La intención del ministerio es ampliar las políticas de subsidios para la compra de vivienda, fundamentalmente a las cuotas, para recrear un mercado que ya venía flojo y, pospandemia, lo estará aun más.

SEÑOR CAMY.- ¿Es para compra de vivienda usada?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- No, para construcción de vivienda nueva, fundamentalmente orientada a los deciles cinco, cuatro y tres, que son los de clase media y media baja.

                La ley de promoción de vivienda es una política de Estado. En la historia del Uruguay la construcción de vivienda siempre lo ha sido a través de diferentes instrumentos. La ley de promoción de viviendas de interés social indudablemente dio resultados, pero, de repente, no llegó a plasmar el sentido con el que fue creada, que es llegar a esa franja de ingresos económicos. Como decíamos, esas son variables que a veces no podemos manejar, como el precio del combustible, el precio del pórtland, los salarios, etcétera. Creemos que, a través de una política de subsidios a las cuotas y a las personas, se puede recrear un mercado que hoy no está presente para esas personas.

                Por lo tanto, primero estaba la ley de promoción de viviendas, después el decreto y posteriormente el ministerio sacó una reglamentación sobre el decreto de renunciamiento. Todo eso está bien alineado, pero nos faltan otras patas y la comisión puede darnos una gran mano para que tenga un fuerte impacto.

Como planteaba la señora ministra, tuvimos una reunión con el Congreso de Intendentes e hicimos un planteo formal a la Mesa sobre la necesidad de que aquellos proyectos de vivienda que sean de interés social tengan una normativa similar en las diecinueve intendencias con respecto a la altura, al FOS y también a los sistemas alternativos de saneamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces las directrices o las reglamentaciones de los departamentos no ayudan a que haya mayor inversión en vivienda. Tuvimos muy buena acogida en el Congreso de Intendentes y van a tratar el tema. Obviamente, eso va a llevar un proceso, pero sería muy importante que lográramos armar el fideicomiso y subsidiar la cuota. A su vez, sería bueno que consiguiéramos que las normativas fueran similares en las diecinueve intendencias, fundamentalmente en lo que refiere a la propiedad horizontal. Como los señores senadores saben, la ley de propiedad después tiene un aterrizaje departamental. Para los sistemas alternativos de viviendas y para las casas en madera hay que generar un aggiornamiento o mejoras, y eso tiene que lograrse en todas las intendencias al mismo tiempo. Nos pareció que la mejor forma era a través del Congreso de Intendentes –fundamentalmente, dándole fortaleza institucional– y de esa manera lograr que las normativas de propiedad horizontal se modernicen rápidamente, alinéandolas a esta idea de promoción de la vivienda.

Otra pata en la que la señora ministra ha trabajado mucho es la que tiene que ver con los sistemas alternativos de saneamiento. Si quisiéramos que todo fuera a través del sistema tradicional de colector, la inversión necesaria en todo el país estaría cerca de los ocho mil millones de dólares y llevaría entre cincuenta y sesenta años en el mejor de los casos. Obviamente, eso es inviable hoy. Estamos buscando sistemas alternativos de vivienda y trabajando con el futuro Ministerio de Ambiente y con OSE para estudiar las experiencias que ya se han hecho en lugares cercanos como Argentina y Brasil, y también en otras partes del mundo, para permear esa política de vivienda no solamente donde hoy ya están los servicios, sino también donde no hay saneamiento.

Como corolario final quiero decir que la señora ministra ha insistido en trabajar en algo que va en línea con lo que planteaba el señor senador Andrade. Durante el período pasado se firmó un convenio con el gobierno de Finlandia para intercambiar información, conocimiento y experiencia con respecto a las casas en madera y a los muebles y creo que es algo que tenemos que aprovechar. Finlandia está dispuesta a darnos gratis todo su conocimiento de cientos de años sobre la construcción de casas de madera y su marca registrada con respecto a los muebles de madera. De hecho, sus diseños generaron un cambio a nivel europeo y a nivel mundial. En ese sentido, justo cuando la señora ministra mandó la nota, la embajadora de Finlandia estaba de vacaciones. Volvía en estos días; así que vamos a retomar el contacto para hacer efectivo ese convenio que, como decíamos, no es de este gobierno, sino que fue firmado en el anterior.

(Dialogados).

–Como habíamos mencionado en nuestra anterior comparecencia, la LUC nos va a dar una cartera interesante de tierras. La idea es trabajar en conjunto y nosotros entendemos que los principales socios del ministerio de vivienda son las intendencias y la idea es trabajar junto con ellas en forma sostenida en lo que refiere a la ampliación de la cartera de tierras y, obviamente, en todo lo que nos va a dar la LUC en ese sentido.

Es cuanto quería informar, pero si surge cualquier otro tema, quedamos a las órdenes.

SEÑORA MINISTRA.- Si el señor presidente me permite, aclaro que el director general de secretaría debe retirarse; lo digo por si desean hacerle alguna pregunta específica. 

SEÑOR PRESIDENTE.- De todas formas, podemos preguntarle a la señora ministra, aunque me gustaría que se especificara un poco más la propuesta acerca de que no iba a haber abatimiento en las inversiones. Si entendí bien, en el presupuesto de 2021 están los abatimientos en otros rubros, pero, en principio, en inversiones y con respecto a la línea de base no los habría. ¿Es así?

SEÑOR ALBORNOZ.- Con respecto a la línea de base, no habrá abatimiento en el rubro de inversiones durante todo el período. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias. Quería saber si había entendido bien.

SEÑOR ALBORNOZ.- De todas formas, si uno mira el total del ministerio, notará que se reduce sensiblemente, pero eso es porque no estará más la Dinama, ni Dinagua y se va la División de Cambio Climático. O sea que si miramos los números generales, veremos que habrá menos dinero. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Me refería a la inversión en vivienda y en esa no habrá abatimiento.

SEÑOR ALBORNOZ.- No, señor presidente.

(Se retira de sala el director general de secretaría, señor Albornoz).

SEÑOR PINTADO.- En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de la señora ministra, del señor subsecretario y de todas las demás personas que integran la comitiva del ministerio de vivienda.

Muchas de las preguntas que quería hacer ya fueron respondidas, pero creo que hay algo que mencionó la señora ministra y tiene que ver con los diferentes temas de construcción. Si no me falla la memoria, ella dijo que si estuviera habilitado en otro país, sería bueno que quedara habilitado también en Uruguay. Eso es muy importante porque, evidentemente, uno de los grandes problemas –como se ha dicho– es el tiempo; el que necesita una casa no puede esperar ocho años para que de repente habiliten un sistema que se usa para construir –por ejemplo– en China, que es muy bueno por su precio y calidad. Es imposible pedir algo así.

Me parece que es un tema muy importante y habría que lograr, con los diferentes actores involucrados, la habilitación del DAT. Por ejemplo, si se reciben los requisitos que se utilizan en Finlandia para la construcción en madera y estamos diciendo que hay un convenio firmado –desde el Gobierno anterior– para las casas y muebles de madera, entonces que quede automáticamente habilitado. Esto nos va a permitir agilitar el trámite y brindar soluciones, no solo a través del ministerio de vivienda, sino también de los particulares. Ahí podemos conectar el tema de la habitación como primera vivienda o de clase media.

Como bien se ha dicho, hubo una la ley que intentó impulsar la construcción de vivienda para la clase media, pero era imposible acceder a ella. Pensemos, por ejemplo, en un apartamento de USD 140.000; hay que recordar que en el Banco Hipotecario los intereses eran del 7 % u 8 %, mientras en los bancos privados eran del 5 % o 5,5 %, por lo que era imposible acceder a esa vivienda. Sin embargo, si habilitamos diferentes sistemas de construcción que sean rápidos y ágiles, esas mismas personas podrán hasta autofinanciarse o pedir un préstamo en un banco. 

Otro punto muy importante, en mi opinión, tiene que ver con el plan de vivienda para los jubilados. 

Con respecto al plan de viviendas, siempre decimos que tenemos dos o tres sectores que están bien desprotegidos. Uno de ellos es el sector de los jubilados que, como decía la señora ministra, llega desprotegido por varios motivos: el alto costo de los medicamentos, la falta de agiornamiento de la jubilación al costo país. Entonces, debemos proteger a este sector y acercarnos a él con la mayor cantidad de viviendas. Voy a decir algo que puede parecer jocoso. Creo que esta conversación la tendríamos que hacer secreta porque con todas las prebendas que han conseguido del ministerio y de la OPP, si otros ministerios se enteran, capaz que complican a esta cartera y le sacan algún recurso. Así que tratemos de mantenerlo en secreto.

                                En la vivienda hay una parte muy importante que es la educación. Recuerdo que hace muchos años cuando se les entregaron las primeras viviendas a las personas de los asentamientos, de condición humilde, muchas veces, al otro día le habían sacado el bidet y el inodoro para venderlos. Entonces, el gran componente para que también tenga éxito cualquier política de vivienda es que haya educación en esos sectores de la sociedad. El Estado tiene que dar acceso a la vivienda y también debe dar educación para poder conservarla. Eso es muy importante. Cuando vino la globalización, cuando todo el mundo quiso tener acceso a todas las cosas, faltó educación por parte del Gobierno. No todos pueden llegar y el querer hacerlo lleva a veces a grandes endeudamientos y después es muy difícil para las familias salir de esa situación. 

                                Sé que la ministra nombró dos lugares: su Artigas querido y Durazno. Otro lugar en el que tenemos problemas en Canelones es el río Santa Lucía, donde hubo varias inundaciones. Hace unos días, en el lanzamiento de la lista, nuestro candidato a alcalde decía –era una de sus propuestas– que teníamos que buscar una solución porque cada vez que subía el río Santa Lucía dejaba devastadas a las familias porque perdían todo por esa velocidad que antes era mucho menor a la actual y que vuelve imposible actuar para salvar parte del mobiliario de las viviendas en unas horas.

                                Me quedaría por ahí, pero haría mucho hincapié y me gustaría que el ministerio trabajara en ello, para derribar ese muro que se ha creado a través del DAT; automáticamente, por información de otros estados, pueden quedar habilitadas las viviendas. Creo que eso es muy importante, además de los puntos que señalé relacionados con la educación y con el plan de viviendas para jubilados.

                                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero hacer una pregunta y dejar algunos comentarios.

                                Hay una ley vigente de fincas abandonadas que da oportunidad de reciclaje en zonas que tienen todos los servicios. Creo que a esa ley hay que sacarle el potencial. Si bien en todo el territorio nacional no es pareja la realidad de viviendas abandonadas, en el área metropolitana es particularmente importante este punto.

                                Por otro lado, quiero decir que no es casual la demora en el tema del DAT. Eso tiene una historia. Las primeras viviendas prefabricadas que vinieron a Uruguay con sistemas alternativos fueron muy malas. Eso generó mucho rechazo, desconfianza y la necesidad de controles técnicos. Entonces, aquellos hechos generaron esta lentitud. Es necesario tener un organismo que verifique porque, además, está el tema del clima. Uruguay es un país húmedo –por eso los que tenemos reuma lo padecemos–, que no es igual a tener un clima seco. Hay algunos factores climáticos y demás que inciden en un sistema constructivo y, por eso, se generó esa especie de prejuicio. Hubo razones para ello. Esto no quiere decir que deba ser lento, sino todo lo contrario; estoy de acuerdo en que sea rápido, pero quería dejar esa constancia.

                               También quería decir que hay una experiencia con Finlandia y Mevir en construcciones de madera en el norte, y por lo que pude ver el resultado fue positivo. Tampoco se trata de usar un solo material porque ha habido experiencias con materiales combinados que generaron buenos resultados.

                               En cuanto a la crecida de los ríos y las zonas de bañados, debo decir que en el Uruguay debería haber estado la ley de ordenamiento territorial mucho antes. Esa ley llegó tarde. En los bordes de los ríos, de los arroyos no se debe construir. Ciudad de la Costa no debería existir, es el saneamiento más caro de todo el país. Se hizo por una razón inmobiliaria y no había ordenamiento territorial. Hay una parte de Santiago Vázquez que, prácticamente, está sobre un bañado del río Santa Lucía, entonces, no se debería haber dejado construir. Ahí nunca van a dejar de subir las aguas a los pozos de las casas porque hay cosas que no las podemos dominar. Creo que el problema nace por haber organizado el territorio tardíamente.

                               Pienso que hay algo que debemos mirar para el futuro porque fue una especie de banco de prueba en cuanto a variedad de vivienda y celeridad de construcción. Debido a la desgracia del tornado de Dolores se hizo una reconstrucción en poco más de un año con una variedad de sistemas constructivos. Allí se dio lo que decía la ministra de la confluencia de todos. No pudimos repararle el alma a la gente, porque eso va por otro lado, pero sí pudimos reparar la ciudad y quedó mejorada en su diseño, en el trazado de las calles, en la iluminación y en las viviendas. Allí colaboraron todos los sistemas. Fue una especie de banco de prueba que me parece que sería bueno mirarlo con detenimiento porque nos puede servir como un camino de aprendizaje cuando vayamos a realizar una acción fuerte en un punto del territorio. Por eso, quería dejar esa sugerencia. Creo que hay que seguir bien de cerca ese proceso que tiene bastantes cosas interesantes, aunque algunas hoy ya no se harían.

En cuanto a la construcción –y me va a apoyar el senador Andrade– todos los años hay una feria de la construcción en el Uruguay y uno ve que aparecen materiales nuevos que se superan y revolucionan por los tiempos y la calidad. Y la agilidad que podamos tener en esto es importante.

Yo no me pongo en ningún lugar para dar consejos, pero fraternalmente digo en la comisión que van a aparecer dos obstáculos para autorizar rápidamente sistemas que vengan de otros países: uno es jurídico, porque los abogados tienen la virtud de complicar algunas cosas. Lo digo con el perdón necesario a la señora ministra.

(Hilaridad).

–El otro obstáculo es que hay que consultar a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, con la que me he peleado varias veces, porque todas las corporaciones van a defender cosas.

Lo dejo como un comentario fraterno, sin ánimo de ofender a nadie.

A veces se nos atraviesan cosas más importantes y otras menos importantes. Reducir el déficit y trabajar sobre los asentamientos son dos premisas en las que, me parece, acá nadie discrepa, pero todos tenemos que poner la cabeza a trabajar.

SEÑOR LOZANO.- Primero que nada, quiero agradecer a la ministra, al subsecretario y a las demás autoridades del ministerio. Creo que han sido por demás claros en ilustrarnos sobre los distintos tópicos que se han tocado hoy.

                Tenía una pregunta concreta, aunque sé muy bien que recién estamos trabajando en el tema del presupuesto. Como tiene que ver con eso, quizá no haya una respuesta concreta por esa parte, pero quisiera saber cuál es el estimativo que tienen en cuanto a la proyección de viviendas para el quinquenio en los distintos programas.

                No sé si lo pueden contestar, si tienen un estimativo general, o si todavía tenemos que esperar al presupuesto.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de ceder el uso de la palabra a los invitados, quisiera hacer un comentario con relación a lo que dijo el señor subsecretario.

Primero, voy a desmitificar  una cuestión.  Siempre se dice que la Ley n.º 18795 –la vieja IVIS, que ahora es sobre vivienda promovida– no cumplió su objetivo. Esa es una verdad a medias, porque la IVIS tenía dos objetivos: un objetivo de acceso y un objetivo de construcción. En el caso de la construcción, tenía el objetivo de sacar a los constructores de la costa y llevarlos a las zonas céntricas del país, como Jacinto Vera y Aguada; ese objetivo se logró, por lo menos en Montevideo –no conozco otros lugares–, tal vez en parte de Maldonado y también en Canelones. En Montevideo se logró; no hay duda. Uno recorre la ciudad y ve que la construcción en zonas con servicios fue muy importante.

Me tocó ser parte de esa ley. Yo presidía el gabinete social que el presidente Mujica había generado en su gestión de gabinetes sectoriales; por lo tanto, participé bastante activamente en esa ley. Claramente no logró el objetivo de accesibilidad.

Aquí va mi pregunta. Cuando el subsecretario dice que quiere hacer un nexo entre esta ley y los subsidios, ¿se refiere a la Ley n.º 19588 de subsidios? En el artículo 66, literal B), esta ley habla de subsidios a la cuota; en principio sería para cooperativas o para formas sociales de vivienda. Es la vieja Ley n.º 14105, previa a la dictadura, que después nunca se instrumentó y que se reflotó con la Ley n.º 19588. En mi opinión, esa sería una noticia muy importante para el acceso a la vivienda.

Primero hay que presionar para que los niveles constructivos sean de menores costos; eso es verdad, pero  aun bajando  a niveles  de los que se preveía en la ley IVIS –entre 80, 100 o 110 eran las primeras previsiones; después se fueron– hay quienes no llegan. Además, sugiero que, a diferencia de la ley para cooperativas en la que el subsidio va de cero a cien –siempre fui partidario de que en los subsidios a las cuotas no hubiera cero, aunque sea un 5 %, es decir, que no hubiera un subsidio al 100 %, pero esa fue una sugerencia–, se ponga más alto el umbral. Es decir que quienes no pueden pagar hasta el 50 % –no el 100 %–, accedan por el resto a este subsidio. Creo que esto, sumado a algunos cambios que ustedes han hecho en la Ley de Vivienda Promovida –aprovecho para decir que no comparto que hayan eliminado el tope, pero esa es una discusión que ya se dio–, que han sido bastante importantes, puede ir moviendo ese nivel constructivo hacia los deciles tres, cuatro y cinco que, claramente, hoy están por fuera.

                La pregunta concreta es si se piensa anexar las dos leyes a favor del subsidio.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Básicamente, la filosofía es esa. No va a ser la mezcla perfecta porque se piensa en un subsidio hasta el 30 % de la cuota para los sectores de la vivienda promovida. El de la cooperativa sigue igual, no se toca. La intención es recrear un mercado inexistente, por razones económicas, con un subsidio a la cuota. Esta fue una discusión profunda que se dio con la OPP. En un principio la intención era que el ministerio se quedara con un porcentaje de las viviendas, es decir, el 30 % de las viviendas que se construyeron a través de un fideicomiso, pero se observó que se podía ayudar mucho más recreando el mercado a través de un subsidio a la cuota.

                Este es el camino que estamos recorriendo. Ojalá lo podamos lograr. 

                Con respecto a que cumplimos parcialmente, estoy totalmente de acuerdo. Creo que desde el punto de vista de la movilidad de la economía y de la generación de metros cuadrados, a través de la reglamentación que hizo en su momento el ministerio para promover las viviendas que no están en la franja costera, cumplimos. En once años se construyeron 27.000 viviendas. Lo que claramente no se logró es lo que pretendemos hacer con esta mistura para llegar a los deciles de clase media y media-baja –deciles cinco, cuatro y tres–. En este caso, la forma de bajar los metros cuadrados de construcción sin bajar la calidad constructiva es yendo hacia nuevas tecnologías, porque esta es la única variable que podemos tratar.

                Con respecto a lo que manifestaba la senadora Topolansky en cuanto al documento de aptitud técnica es verdad, hay sistemas constructivos que pueden haber dejado una mala experiencia o un mal recuerdo. Al día de hoy, estamos hablando de sistemas que están probados hace treinta años en países de todo el mundo.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Puse el ejemplo más duro: Euskalerría. Se trajo una técnica, que era muy buena, que en Francia funcionó, pero no se trajo completa. Entonces, eso hizo que en Euskalerría –hemos padecido cada vez que vinieron los vecinos de Euskalerría– se generara un brete, porque en el papel estaba bien, pero en la práctica resultó así. Por eso la prevención contra determinadas cosas se generó. Si pudiéramos superar eso, sería fantástico.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que no se puede perder la calidad. Uno de los problemas que hay es que a veces en la homologación no tenemos la capacidad para demostrar que lo que nos traen no es lo mismo a lo que nos dijeron que nos iban a traer. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que no hay un instituto que pueda medir bien la combustibilidad; hay que hacerlo en Buenos Aires. No hay un lugar de prueba en cuanto a la calidad del fuego. Estoy convencido de que cuando un problema subsiste durante mucho tiempo es porque no es de fácil solución, pero tenemos las ganas, las fuerzas y hemos encontrado un muy buen eco en el rector de la Facultad de Arquitectura. Quiero decirle a la senadora, para que se quede tranquila, que estamos trabajando junto con el Congreso de Intendentes, la SAU y la Facultad de Arquitectura. La que estuvo más lenta fue la Facultad de Arquitectura, pero entendemos que a veces las prioridades que tenemos no tienen por qué coincidir.

En concreto, hoy prácticamente está cerrado un convenio para la reingeniería del proceso; no hablamos de la pérdida de calidad sino de que determinados procesos que antes se hacían encadenadamente, se puedan disparar al mismo tiempo y reducir así el tiempo de decir sí o no. Me refiero a que ya cuando la persona vaya a presentar un sistema constructivo haya un checklist y sepa qué es lo que se le va a pedir y, además, que diferentes procesos se puedan disparar al mismo tiempo.

 Es solo eso; no estamos inventando el agujero de la torta frita sino que, con la misma calidad constructiva, tratar de que el tiempo de demora sea menor y que el proceso de homologación del sistema sea más rápido.

SEÑOR PINTADO.- Me quedó algo en los apuntes que vi como muy importante: la manifestación que hizo la señora ministra de que no venía a refundar el ministerio. Eso me pareció muy importante; es un punto muy interesante porque muchas veces, cuando vienen los cambios de gobiernos, el de turno a menudo borra lo que había antes y piensa que se tiene la potestad para comenzar de nuevo porque anteriormente no había nada bueno. Entonces, eso me pareció muy importante y no lo quería pasar por alto.

                Con respecto a lo que decía la señora senadora Topolansky de que en el tema del DAT hay muchos jugadores en la cancha –por decirlo de alguna forma–, creo que acá puede haber muchos intereses creados. Sin lugar a duda –y me hago cargo de lo que digo–, hay intereses creados y, entonces, hay que buscar la solución. O sea que si los arquitectos no quieren que se implemente un sistema de construcción, que es bueno para el país, que tiene un costo muy accesible para la gente, lo más importante es que habrá que sentarse con la sociedad de arquitectos y buscar la solución si para que se construya esa casa se necesita la firma del arquitecto, el arquitecto cobra y, en fin. Hablo de buscar caminos y de que no se cree un muro porque no le puede servir a la sociedad de arquitectos. En el fondo –y ahí engancho con lo otro que decía el señor presidente cuando hablaba de la ley, que una parte la cumplió y otra parte no la cumplió–, comparto eso también pero, para mí, la parte más importante es la llegada de la gente a la vivienda porque, en definitiva, eso es lo que buscamos, desde el gobierno, quienes tenemos vocación de servicio. Para mí la política es eso: que las cosas lleguen al pueblo, a las personas. Entonces, es muy importante tirar abajo esos muros y buscar una solución rápida, ya que no podemos demorar ocho años porque haya una sociedad o un colectivo o algo que diga «No, yo acá me paro porque esto no sirve a mis intereses».

                Gracias, presidente.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Quienes tenemos años en todo esto sabemos que son legítimos los intereses que hay en los diferentes grupos que integran la sociedad, y parte de la actividad del gobierno es tratar de manejar esos intereses en beneficio de la colectividad. Tomé como un aporte positivo lo que planteaba la senadora y, efectivamente, tanto es así que ya estamos trabajando con la sociedad de arquitectos y nos parece razonable que así sea.

                Entonces, esto lo vemos como un proceso natural del sistema democrático, en el que los diferentes colectivos se aglutinan y tratan de defender intereses que entienden que son legítimos y propios; nosotros entendemos que está bien que lo hagan. En el juego del sistema democrático cada uno trata de responder a cuál es su rol y el rol nuestro es tratar de tender puentes, de que las cosas sucedan y, en ese sentido, entendemos y reconocemos que tales expresiones son naturales. Todos los que estamos acá fuimos gobierno u oposición; cuando éramos gobierno teníamos ese tipo de presiones y cuando uno es oposición dice «Hay que arreglar esto más rápido». Estamos tratando de tener ese doble rol de constructores de puentes y de buscar los caminos de construcción y alternativos.

 Gracias, presidente.

SEÑORA MINISTRA.- Quiero agradecer las palabras del señor senador Pintado. Realmente lo siento así; no es un eslogan sino que lo siento así.

Mencioné el río Cuareim y Durazno, obviamente, por ser los casos más nombrados, pero somos conscientes de lo que pasa con el río Santa Lucía y en San José, a donde tengo prevista una visita; ya estamos con un plan de relocalización y, obviamente, voy a avisar al respecto.

En cuanto al tema de la educación de las personas que reciben viviendas que usted mencionaba, señor senador Pintado, realmente es importante. Hemos visto que para un ladrillero, por ejemplo, el caballo tiene mucho valor y a veces ellos mismos quedan fuera porque ponen al caballo dentro de la casa. Evidentemente, hay que educar a esas personas para que le den valor a la casa. Por eso fue que dije más de una vez que el sistema de ayuda mutua tiene un valor agregado, porque cuando uno construye con sus manos y hace el esfuerzo de trabajar, creo que le está dando ese valor y sabe que las cosas no caen del cielo. Así sea mínimo, creo que el valor que le da la persona es bien importante.

La ley de fincas abandonadas, vaya si es importante; están, justamente, en las zonas donde tienen todos los servicios, que es una de las cosas que más encarece las viviendas. El traer el saneamiento hasta una cooperativa encarece precisamente la casa, a pesar de que no tendría que ser así. Entonces, la idea es proyectarnos a esa ley ya que va a habilitar la posibilidad de conseguir esas viviendas que hoy están abandonadas. Pienso que la ley de urgente consideración también va a brindarnos esa posibilidad por medio de aquel artículo que menciona inmuebles «vacíos y sin uso», va a darnos esa bolsa que hoy no tenemos.

Y, como bien decía el señor subsecretario, existe desconfianza en el DAT porque, evidentemente, a veces por algunos, pecan todos. Estoy luchando –y disculpen la forma de hablar– con aquel cuento que nos leían cuando éramos niños llamado «Los tres cerditos», porque el uruguayo quiere su casa de ladrillo y cemento, y no por cambiar eso estamos perdiendo calidad. Como bien dijo el senador Pintado, un sistema alternativo que ahorra en el precio por metro cuadrado va a posibilitar la construcción de más viviendas para más uruguayos, y en eso estamos enfocados. Acá lo que importan son los uruguayos que están pasando mal, que están en una situación de fragilidad; a esos nos debemos todos como equipo, sin banderas políticas.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- En primer lugar, quiero saludar y agradecer a la delegación que nos visita. Han sido muy claros en sus exposiciones y quedamos sumamente satisfechos con lo que están haciendo. Van a trabajar en coordinación con los otros organismos del Estado, y eso es fundamental.

Quizás la señora ministra me tilde de «el enemigo», pero ella manifestó que tenemos entre 600 y 650 asentamientos concentrados en Montevideo, Canelones y Artigas. Me gustaría saber en este quinquenio qué porcentaje tienen previsto erradicar, pero estoy hablando de asentamientos propiamente dichos, porque hay miles de casas en condiciones sumamente precarias que necesitan reparaciones, pero me interesa más que nada cuántos asentamientos se tiene previsto erradicar en este quinquenio.

En lo que respecta a la construcción de viviendas, una de las fallas que hemos tenido es el tema de la accesibilidad para personas con discapacidades múltiples. En ese sentido no sé si hay previsto algún porcentaje, porque eso es sumamente importante

 En cuanto a la educación de quienes reciben las viviendas, vengo realizando un seguimiento en los últimos realojos y puedo decir que realmente las cuidan; ya no estamos en esa cultura de que arrancan los inodoros o las piletas; no es así. Lo más probable es que sea cierto que el ladrillero trata de brindarle esa protección a su caballo pero tenemos que trabajar con la cabeza de que lo que quieren es tener un techo digno. Y lo digo porque –reitero– he venido haciendo un seguimiento. Sucede tanto en los realojos como en otros casos, que si yo soy desprolija y compro una casa, no voy a cuidarla y tenerla bien, pero no podemos estar con esa cabeza de que aquellos sectores que están recibiendo una casa –que a veces son los menos favorecidos– tienen esa cultura de: «saco el wáter, rompo, lo vendo». Realmente, no es así. 

En lo referente a la Sociedad de Arquitectos, estoy segura de que van a entender cuáles son las prioridades. En cuanto a las prioridades, hoy se trata de la gente, más allá de los intereses que todos tenemos –y es lógico, son empresarios–; pero acá primero es la gente. Son miles de uruguayos que están esperando por una vivienda digna. Así que, realmente, les agradecemos porque salimos todos con nuestras preguntas evacuadas y con muchas expectativas en cuanto a la gestión que va a realizar este ministerio.

SEÑORA MINISTRA.- Gracias, senadora Rodríguez, por sus palabras.

                Evidentemente, hemos hablado con la Sociedad de Arquitectos. Hemos tenido un buen diálogo. Está armado prácticamente el convenio, como lo dijo el subsecretario, así como también con la academia, en tanto la universidad está afín. Hemos tenido un muy buen trato. Pienso que con ese objetivo vamos a llegar a buen puerto.

                Con respecto a la discapacidad, quiero fomentar que haya un porcentaje de viviendas para discapacitados. Ya he dicho una y otra vez que no quiero formar guetos: guetos de discapacitados, guetos del ejército, guetos de soldados, guetos de jubilados. Por ejemplo, ayer inauguramos estas dos torres maravillosas a estrenar, muy lindas, realmente muy lindas, pero yo decía que era suntuoso. Creo que el relacionamiento con varias generaciones tiene otro plus. Para discapacitados, por ejemplo, recién hablaba Albornoz de personas con autismo, de personas vulnerables. También hay que entremezclar. Para mí eso es importante. Tiene que haber porcentajes en las distintas cooperativas o algo así.

Decir cuántos asentamientos vamos a corregir en este quinquenio: ¡cómo me gustaría decirlo!

(Hilaridad).

                –Lo que pasa es que, primero, no me gusta decir por decir y comprometerme con algo que no puedo hacer. Sí le digo que cada asentamiento es una realidad distinta. Algunos, como los de la orilla de San José, hay que sacarlos, realojarlos, eliminarlos armando ahí alguna plaza, algún polideportivo, algo como para que no vuelvan más, como pasa en Artigas. No pueden volver más al arroyo. En otros asentamientos, con la relocalización de diez, quince, cincuenta casas, con el plan de mejoramiento barrial armo un barrio llevando los servicios ahí.

Y el otro tema que no me permite dar hoy un número ficto es que si yo como ministerio logro crear este «entre todos», aspiro a que la velocidad de la solución sea mucho más rápida y pueda lograr un mayor número de correcciones de asentamientos. Estoy convencida de que si seguimos como estamos ahora, que un terreno que es rural tenemos que pasarlo a suburbano, tiene que ir a la Intendencia, la Intendencia llevarlo a la Junta Departamental, la Junta Departamental votarlo, que vuelva, etcétera, se nos va la vida y podemos hacer en el quinquenio tres, cinco, no sé. Es por eso la idea de este programa «Entre Todos», poniendo el punto focal en ese asentamiento y trabajando todos juntos, como bien decía la senadora Topolansky. Dolores fue un ejemplo. Ahí voy a evitar toda esa burocracia y toda esa pérdida de tiempo tan grande. Entonces, si logramos el «Entre Todos», que la senadora esté segura de que va a haber muchos asentamientos fuera del país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la presencia, los conceptos vertidos. Obviamente, luego leeremos con detenimiento la versión taquigráfica y seguiremos en contacto con el ministerio.

Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA.- Gracias a usted, señor presidente. Para nosotros ha sido un placer y estamos dispuestos a venir todas las veces que sea necesario.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Son las 18:16)