COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 13 de agosto de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 14:34).

–Todavía no llegó la delegación, pero han llegado unos proyectos de ley, de los cuales, al parecer, algunos no merecerían mucho debate como el relativo a la extensión de ciertos seguros de desempleo o el del aplazamiento de la elección de la Caja Notarial por las dificultades de su realización como consecuencia de la pandemia. Otros proyectos, tal vez, requieran más estudio. Una posibilidad podría ser aprovechar este tiempo, mientras no llegue la primera delegación, para definir cómo trabajar sobre los proyectos de ley, que supongo estarán en poder de todos los señores senadores y señoras senadoras.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Los mandó la secretaría?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, los mandó. Llegaron el martes.

SEÑORA BIANCHI.- Quisiera hacer un planteo. No tengo ningún problema con el hecho de que haya secretarios personales, pero no pueden estar si no son autorizados por la comisión. Si se busca el tema en el Reglamento, por razones obvias, no está; si hay que autorizar la  presencia de  un diputado o un senador que no integra la comisión –más allá de que por cortesía parlamentaria no decimos nada– es lógico que por lo menos también sepamos quién está presente en la reunión. Eso es parte de la prolijidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permite, señora senadora, el artículo 160 del Reglamento dice…

SEÑORA BIANCHI.- Lo conozco bien.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dicho artículo dice: «(Asesoramiento).- Las Comisiones se asesorarán en la forma que estimen más conveniente, pudiendo invitar a funcionarios públicos y a particulares para que concurran a sus sesiones cuando lo estimen pertinente, a fin de oírlos».

Luego, el segundo párrafo dice: «Los señores Senadores podrán ser acompañados en la Sala de la Comisión por un asesor personal en el tema que se trate, el cual no tendrá autorización para hacer uso de la palabra».

SEÑORA BIANCHI.- Sí, pero por eso mismo nosotros tenemos que saber quiénes son y autorizarlos. Si un diputado viene...

SEÑOR PRESIDENTE.- No...

SEÑORA BIANCHI.- No voy a discutir más. No tengo problema...

SEÑOR PRESIDENTE.- Permítame, señora senadora.

De lo contrario, el artículo diría: «la comisión podrá autorizar». Vayamos a lo que dice el Reglamento.

SEÑORA BIANCHI.- Bien, lo que digo es que...

SEÑOR PRESIDENTE.- Se puede informar por cortesía, pero no es lo que dice el Reglamento.

SEÑORA BIANCHI.- Exactamente. Eso es lo que mínimamente se tiene que hacer y voy a explicarlo. Esta es una regla general del derecho: «quien puede lo más, puede lo menos». Si un senador que no integra la comisión quiere participar, teóricamente lo tendríamos que autorizar, a pesar de que por cortesía parlamentaria eso ya no se hace más, pero en algunas comisiones se vota y si un diputado quiere venir lo debemos autorizar con más razón.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo resolvemos.

SEÑORA BIANCHI.- Pero ya está.

SEÑOR PRESIDENTE.- La socióloga me está reclamando el tema de la comisión y es parte de los asesores.

SEÑORA BIANCHI.- Vamos a hacer las cosas ordenadamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- De vuelta; no voy a leer nuevamente lo que dice el Reglamento.

SEÑORA BIANCHI.- No, yo lo conozco muy bien al Reglamento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces podemos avanzar en los otros temas.

SEÑORA BIANCHI.- Quien puede lo más, puede lo menos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tenemos un proyecto de ley relativo a la manipulación de cargas que viene votado por unanimidad de la Cámara de Representantes y personalmente no tengo ningún problema en votarlo en la sesión de hoy, pero entiendo si hay senadores…

SEÑORA BIANCHI.- Hay que estudiar los proyectos de ley, porque si no nos pasa lo que sucedió el otro día. Esto no funciona bien.

SEÑOR PRESIDENTE.- No estoy imponiendo nada, señora senadora, estoy tratando de acordar un criterio de trabajo y abro la lista de oradores con la señora senadora Sanguinetti que siempre tiene la capacidad para articular.

SEÑORA SANGUINETTI.- Quisiera decir lo siguiente.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Estamos sin versión taquigráfica o con versión? Porque encima después aparecen cosas en la versión. Me dicen que con versión.

(Dialogados).

                –A mí no me interesa que quede fuera de la versión, pero es lógico que las compañeras taquígrafas se confundan. Entonces, que quede en la versión, porque si no se confunden y las compañeras taquígrafas no tienen la culpa.

SEÑORA SANGUINETTI.- Perfecto.

Capaz que lo que podemos hacer es definir qué proyectos de ley necesitamos aprobar rápidamente y los demás los dejaríamos para tratarlos en la sesión del 3 de setiembre. ¿Les parece bien?

SEÑORA BIANCHI.- Sí; lo que no quiero es más locura, ni apuros porque lo que hicimos el otro día fue una vergüenza. Yo me hice cargo del error, pero…

SEÑOR PRESIDENTE.- Estoy viendo si el proyecto de ley relativo a la elección de autoridades de la Caja Notarial tiene algún límite. Sobre el proyecto de ley del seguro de desempleo, me parece que es necesario dar una señal.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Cuál es el proyecto de ley de seguro de desempleo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Es el proyecto de ley relativo a los extrabajadores de la empresa Fanapel.

SEÑORA BIANCHI.- Eso lo podemos votar a tapa cerrada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es lo que estoy diciendo desde que empezamos.

SEÑORA BIANCHI.- Está perfecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay dos proyectos de ley más, uno sobre la manipulación de cargas que no tengo problema en estudiarlo; de hecho, ya hay un decreto.

SEÑORA BIANCHI.- No entiendo lo que dice, ¿manipulación de cargas?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí.

A todos los miembros de la comisión les llegaron los proyectos de ley. Yo no soy responsable de que no los hayamos visto antes; esa no es una responsabilidad mía.  Estoy tratando de acordar el criterio de trabajo para ver cómo considerarlos. Dado que nos queda una sola sesión en el mes, si algunos de los proyectos fueran urgentes y no requirieran mayor discusión, los podríamos aprobar en la sesión de hoy. Creo que es urgente el proyecto sobre el seguro de desempleo. La verdad que no estudié el proyecto de ley relativo al servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, ni el de la caja notarial y no sé si este último tiene algún plazo que complique. En todo caso, eso lo estudiamos más adelante. Además, si hay alguna urgencia, algo inevitable, de acá al martes tendremos tiempo para encontrar la forma de resolverlo.

Entonces, si están de acuerdo ponemos a consideración el proyecto de ley Extrabajadores de  la empresa Fanapel S.A. Cooperativa Textil Puerto Sauce. Seguro de desempleo. Extensión. Estamos hablando de la carpeta n.º 258/2020, distribuido n.º 212/2020. Reitero que es el proyecto de ley relativo al subsidio de desempleo de la Fábrica Nacional de Papel y de la Cooperativa Textil Puerto Sauce; sería el único para tratar hoy.

SEÑORA BIANCHI.- Estamos de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n° 258/2020.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Tenemos que elegir miembro informante.

SEÑORA BIANCHI.- Yo no, pero propongo a la senadora Sanguinetti.

SEÑORA SANGUINETTI.- Tengo un vínculo familiar con Juan Andrés, por lo que no puedo ser miembro informante.

SEÑORA BIANCHI.- Entonces, que sea la senadora Della Ventura, el presidente u otro senador; no tengo problema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores senadores están de acuerdo, entonces, la miembro informante es la señora senadora Della Ventura.

                Por otra parte, colocamos en el orden del día de la primera sesión de setiembre los otros proyectos de ley y, en todo caso, nos da más tiempo para ver si hay urgencia y no equivocarnos como en la última sesión.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Me sigue quedando una duda porque en el mismo distribuido están las dos propuestas. La que dice: «Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y por un plazo de hasta 180 (ciento ochenta) días» y la que establece: «Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de hasta 12 (doce) meses».

SEÑOR PRESIDENTE.- Vinieron en una sola carpeta; lo que votamos es la carpeta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Entonces votamos las dos. Quería que se me aclarara eso.

SEÑORA BIANCHI.- Está bien porque tiene la iniciativa del Poder Ejecutivo, o sea que votamos las dos. Por otra parte, quedó claro que la señora senadora Della Ventura va a ser la miembro informante; ¿es así?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señora senadora.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

 

(Ingresa a sala la delegación del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines)

 

                –Es un gusto para esta comisión recibir a la delegación del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, integrada por el compañero Mauro Rivero y Ernesto Martínez.

SEÑOR RIVERO.- En primer lugar queremos agradecerles por el espacio que nos dan y por dejarnos trasladar la problemática que tenemos los trabajadores del mar. Con el compañero Ernesto Martínez vamos a estar desarrollando las puntualizaciones con respecto a la obra del puerto de Capurro para que se entienda por qué hoy nuestro sindicato y los trabajadores del mar llevamos ya casi veinte días con una carpa instalada en la puerta de dicha obra.

                Desde un tiempo a esta parte hemos tratado de establecer conversaciones con las distintas empresas –Teyma, Chediak, Nogan, Trevi y Pilotes Uruguay– para la conformación de las tripulaciones que trabajan en la obra. En particular, en esta obra trabajan tres embarcaciones; dos de ellas son de las más grandes –que son las que se ven desde la ruta– y trabajan encima de pontones con grúas que pueden levantar hasta 150 toneladas. Los pontones son artefactos navales que son considerados barcos y como tales deben tener tripulación.

En ese sentido, dividimos la problemática en dos. El punto número uno es el de la seguridad laboral, porque entendemos que no se está respetando ni cumpliendo con todos los requisitos que se le pide a la gente de mar –tripulantes y trabajadores– para conformar dicha tripulación.

Entonces, las empresas apelan y se apoyan en un certificado de navegabilidad emitido por prefectura, que establece que la embarcación, cuando está fondeada, no necesita tener tripulación. Y este es un gran problema que tenemos en la bahía de Montevideo, porque hace menos de dos años —si no me equivoco— hubo una licitación estatal para poder remover 50 barcos con un costo de más de USD 3:000.000 para el Estado. Se trata de barcos que las empresas, por no pagar guardia mínima de seguridad, dejan ahí y con las tormentas terminan en donde sea. Esta es una ocasión más en la que prefectura no contempla el medioambiente ni la seguridad de otros buques y, por ende, de las tripulaciones, dejando al libre albedrío lo que suceda con esas embarcaciones. A su vez, dicho certificado hace referencia a las embarcaciones que no están trabajando, porque es imposible que una embarcación de este tipo opere sin tripulación; no son embarcaciones tan modernas que pueden ser operadas desde otro punto.

Entonces, como decía, ellos se basan en ese certificado para decir que en ningún momento, operando o sin hacerlo, precisan tripulantes. La realidad es que a bordo de la embarcación sí hay tripulantes, hay más de diez trabajadores y, de los diez, ninguno tiene documentación de gente de mar. Los trabajadores del mar hacemos un curso de familiarización de buques en la UTU Marítima, que dura tres meses. Después de esto somos grumete –es decir, aprendiz en los barcos– y tenemos que estar seis meses efectivamente embarcados. Lleva mucho tiempo –año y medio o dos– tener la libreta de embarque que, de alguna manera, te consagra marino. Posteriormente debemos hacer cursos internacionales de lucha contra incendios, de primeros auxilios, de supervivencia en el mar y de responsabilidad social a bordo.

Por lo tanto, entendemos que los cursos que a nosotros nos obliga a hacer prefectura y la Organización Marítima Internacional, en este caso, la misma prefectura y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los pasan por alto y no se los exige a los tripulantes que hoy están a bordo, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, de las embarcaciones y, por ende, del medioambiente, porque el combustible que hay en las embarcaciones es muchísimo. Esto es lo que planteamos como primer punto.

En segundo lugar, para nosotros también es muy importante el empleo por la situación en la que está la marina mercante y la coyuntura actual del país. En el año 2013 se votó la Ley n.º 19078, relativa a las tripulaciones para este tipo de trabajos, ya sea en obras nacionales o binacionales. Una ley nacional no puede ser aplicada a nivel binacional pero, igualmente, ayudó a que las empresas, en los dragados de Martín García y en los del Río Uruguay, contrataran personal uruguayo y argentino, no en el porcentaje que establece la ley, pero, de todas formas, fue un puntapié inicial para subir  tripulantes uruguayos.

Si se llegó a este punto en 2013 y se tuvo que hacer una ley fue porque antes de esto las tripulaciones eran de Filipinas, de Indonesia, europeas y croatas; podemos mencionar a trabajadores de todas partes del mundo que vulneraban sus derechos a diario, porque las empresas no respetaban las condiciones laborales de esos marinos, explotándolos. Entonces, si la obra es financiada por el Estado o por empresas nacionales, tiene que haber trabajadores marinos uruguayos porque cada vez tienen menos trabajo, dado que la marina mercante está en un retroceso; ya casi no hay barcos de cabotaje, se perdieron los últimos barcos de ultramar en la década del noventa y las marinas mercantes uruguaya y argentina fueron suplantadas por una bandera de conveniencia: la paraguaya. Las empresas multinacionales del transporte también optan por la bandera paraguaya por una cuestión de condiciones de trabajo y de las irregularidades que hay en el entorno laboral paraguayo. Allí no se pagan aportes de ningún tipo; no se cumple con las condiciones mínimas internacionales que establece la OMI o la OIT para esos trabajadores. Es decir que juegan en contra de los beneficios que implica tener una marina mercante nacional.

                En este caso en particular, en las embarcaciones de la obra del puerto Capurro, se da lo contrario a lo que dice la ley: el 80 % son trabajadores extranjeros y el 20 % son trabajadores nacionales. Y ninguno tiene titulación de gente de mar.

                A nosotros nos gusta remarcar, cada vez que tratamos de difundir la problemática que tenemos, que no se trata de que estemos peleando por trabajo solamente para ciudadanos naturales o que consideramos uruguayos. Queremos que quede bien claro que a lo que apuntamos es a que todos puedan trabajar sin importar su nacionalidad, pero en condiciones mínimas. Tiene que haber garantías de que esas personas puedan desarrollar bien su trabajo y se les pague lo que corresponde, aplicando la ley del país en el que trabajan, porque no se respetan los salarios, las condiciones de trabajo, la normativa que hay en el Uruguay. Y por eso las empresas optan por traer trabajadores del extranjero.

Queremos recordar también que nuestro sindicato tiene tripulaciones enteras de barcos de pesca conformadas por compañeros nuestros que son ciudadanos legales. No estamos diciendo, insisto, que queremos el trabajo para los uruguayos. Queremos trabajo de calidad, trabajo digno, para los ciudadanos y para las personas que vivan en el país sin importar dónde hayan nacido. Para nosotros es muy importante marcar ese aspecto, porque a veces se tergiversa.

Los dos puntos principales son, en definitiva, seguridad laboral y los porcentajes arriba de las tripulaciones. Esto también marca que se cumpla con todo lo anterior.

El tercer punto a destacar es que una de estas tres embarcaciones es de un capitán retirado de la Armada. Es la empresa Nogan, que con cuatro tripulantes dice que puede trabajar en las tres embarcaciones, algo que es ilógico. Se entiende que es imposible que cuatro personas trabajen en embarcaciones que son relativamente grandes, y la situación sería peor aún en un caso de emergencia. Esta empresa vulnera continuamente y no cumple con lo legislado acá a favor de la libertad y de un derecho humano fundamental que es la negociación colectiva, la libertad sindical. Ni siquiera reconoce al sindicato. No son capaces de pagar la licencia sindical y contratan solamente personal militar jubilado. Un capitán, dueño de la empresa, contrata a los que fueron sus subalternos anteriormente. Entonces, esa persona que ya percibe una jubilación obviamente que a la hora de luchar por salario y empleo no pelea en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, porque ya tiene un ingreso. Eso, a nuestro modo de ver, es injusto.

Además, siguen tratando a los trabajadores de esas embarcaciones, que ya no son trabajadores de una fuerza armada, a reglamento y bajo condiciones que son muy distintas a las de cualquier otro trabajador.

En definitiva, entonces, apelan a los militares retirados para desregularizar, y en esta obra la encargada de llevar adelante las negociaciones por parte de las cinco empresas ha sido la empresa del capitán retirado. Esto obviamente perjudica y no conduce a la negociación ni a la mesa de diálogo, a pesar del impasse que pusieron los trabajadores para que no haya medidas de ningún tipo mientras se está negociando, que es lo que se está haciendo al día de hoy desde que se acordó eso en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por cómo viene la mano, esto no va a terminar bien, porque la empresa planteó cumplir con lo que dice la ley, con el 10 %, que es subir a una persona; es más, hasta podría ser menos del 10 %. Y en todo caso, si el ministerio le exige que toda la tripulación esté integrada por gente de mar, ellos quieren poder contratar militares retirados, porque así lo planteó la empresa. Ellos dicen «nosotros tenemos nuestro personal», cuando la ley dice claramente que tienen que negociar con el sindicato representativo.

Entonces nosotros, por una cuestión de empleo, lo que hacemos es una bolsa de trabajo. No importa si el que se va apuntar está afiliado o no al sindicato; puede trabajar. Pero el tema es no sesgarlo para que trabajen ciertas personas y el resto no. En este caso también sufrimos una discriminación por parte de algunas empresas. Las empresas marítimas tienen que estar continuamente haciendo trámites en Prefectura o en la Armada; entonces, apelan a tener cargos jerárquicos de retirados para poder hacer los trámites con mayor facilidad. Esto es algo que no hay que tener miedo de decir, porque puede ser considerado corrupción o es posible que simplemente haya amiguismo o corporativismo de los que fueron militares. Pero eso está pasando; nosotros lo vemos y lo conocemos.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Faltaría que el compañero Mauro indicara los números de las leyes que regulan los puntos que él tocó. En el caso del 90% ¿cuál es el número de la ley?

SEÑOR RIVERO.- Es la Ley n.º 19078, y la ley que define qué se consideran artefactos navales o embarcaciones y que establece que tiene que haber gente de mar es la Ley n.º 16387.

SEÑOR MARTÍNEZ.- ¿Y el decreto regulatorio?

SEÑOR RIVERO.- Es el Decreto n.º 426/994.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Este dato es importante porque este conflicto se desata por un informe de un ingeniero que integra la Cotec –Comisión Técnica–, que depende de la Dirme, la Dirección Registral y de Marina Mercante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

                ¿Por qué digo esto? Nosotros no tenemos el documento completo. Tenemos solamente la hoja donde se refiere a la cantidad de tripulantes de seguridad. Allí figura guion y cero en cada cargo. O sea, todos los seres humanos nos podemos equivocar, pero este técnico se atribuyó el derecho a interpretar una ley e incluso a modificarla o anularla, porque el artículo 1.º de la ley 16387 dice que todo elemento flotante, autopropulsado o no, es a todos los efectos una embarcación. La ley es precisa; el legislador discutió mucho. Es el trabajo de ustedes. Una vez que laudan y se promulga la ley, nadie puede, a su antojo, modificarla, anularla u obviarla.

El decreto regulatorio, que es el Decreto n.º 426/994, dice en su artículo 1.º exactamente lo mismo. Repite que todo elemento flotante, autopropulsado o no, es a todos los efectos una embarcación. Y una embarcación se tripula con gente idónea, documentada. Se nos exigen títulos internacionales, como dijo el compañero, en incendios, cuidados médicos avanzados, etcétera. Además, tenemos que estudiar dos tomos legales. Uno de ellos es sobre responsabilidad social, para no incurrir en delito, como derrames de petróleo, etcétera. Y el otro tomo es sobre seguridad en el mar.

A todo esto hay que agregar otros títulos, según la categoría del buque: si es petrolero, si es quimiquero, etcétera. Tenemos que hacer cursos de familiarización con esos buques.

Los masters casi en su totalidad –porque he conocido civiles– son miembros de la Armada, o sea que cobran por clase una buena cantidad. Nos dan los cursos y tenemos que dar los exámenes en la universidad del mar, que también tiene un presupuesto del Estado.

                Como corolario, tendríamos que salir al mercado laboral y conseguir trabajo. Sin embargo, los trabajos que se generan van todos a parar a militares retirados, jubilados, que tienen un piso y, por lo tanto, a ellos no les preocupa tanto los derechos o lo que van a conseguir de remuneración.

                Por otro lado, como aclaró nuestro compañero, nosotros no estamos en contra de que trabajen otros habitantes no nacionales una vez que regularicen su documentación. Pero, ¿qué pasa? Por un lado, tenemos al uruguayo, que hace un esfuerzo para estar titulado y preparado y que integra una bolsa por la cual las empresas se benefician, porque con un solo llamado tienen un profesional documentado y entrenado. Y, por otro,  terminamos con un ingeniero que interpreta a su antojo una ley, la obvia, la deja al costado, al igual que deja al costado el trabajo de todos ustedes, de todos los legisladores –los que participaron y los que no–, es decir, los que integran el Poder Legislativo. Repito: deja de lado todo eso, aparte del trabajo nuestro. Nosotros no estamos peleando solamente por uno, dos, tres o cinco puestos de trabajo, sino que estamos peleando en el cuello de botella. Siempre hay un cuello de botella en las situaciones conflictivas que no se puede pasar; si se pasa se rompe.

                Estamos negociando y exponiendo en la Cámara de Representantes y –en el día de hoy– en el Senado, pero vemos que se violan las leyes a piacere.

En primer lugar, nosotros pretendemos que los legisladores defiendan su trabajo. Después podemos estudiar, tomarnos el tiempo, volver acá y formar una mesa de negociaciones con todas las fuerzas que convergen en el tema marítimo, desconocido por el cien por ciento de los uruguayos. En la escuela estudiamos que el Uruguay tiene forma de corazón invertido y nada más, cuando las dos terceras partes del Uruguay es agua. Nadie toma en cuenta eso.

                Cuando nos entrevistamos con el ministro Heber, tenía varios mapas del Uruguay arriba de la mesa y ninguno de ellos contemplaba el derecho marítimo, las 83.000 millas que tenemos de mar, de océano. Esos son caminos de carga para entrar y para salir; es riqueza ictícola, del subsuelo marino. Es todo nuestro y no hay trabajadores marítimo-mercantes trabajando en plataformas, en barcos que surquen la soberanía marítima. La soberanía es la ocupación del ser humano en la superficie de su país. Eso es soberanía. Lo otro es un regalo.

                Sabemos que somos una fuerza chica por la cantidad de trabajadores que se nuclean en el Suntma, pero debemos tener en cuenta que hay 5000 libretas en el mercado uruguayo. Un puñado de ellas pertenecen a la Armada Nacional y el resto se encuentra desparramado trabajando en cualquier cosa, aunque tienen título de todo tipo. Muchas veces se dice «vamos a crear mano de obra calificada», pero nosotros estamos calificados. Las empresas –en este caso voy a ser riguroso– toman trabajadores de la construcción y en más de una oportunidad expresamente dijeron «Ah, arréglense con el Sunca», como buscando que nos enfrentemos. Los trabajadores no nos vamos a enfrentar nunca, porque aprendimos que todos juntos luchamos por los derechos de los trabajadores. En este caso hay compañeros de la construcción ocupando puestos de trabajo y tenemos clarito que, si el corolario de este conflicto es que saquen a alguien, deberá ser ubicado en una tarea en tierra. El trabajador debe mantener el puesto de trabajo, porque nosotros no somos los culpables ni los responsables de haber creado esa situación. Esto lo dijimos en una reunión con las empresas y llegamos a la conclusión de que nos están jopeando. Nos jopean. Disculpen el término, pero nos jopean, porque, si un técnico, un ingeniero, pasa por arriba una ley, arregla con una empresa formada por militares y nos deja fuera a nosotros, se nos está agrediendo. Es una agresión al esfuerzo que realizamos en la vida, porque –como bien saben los compañeros aquí presentes– trabajamos en otra cosa. ¿Por qué? Porque nos exigen una cosa y después nos dicen que no hay fuente de trabajo, nos dicen: «no hay para ustedes».

                Quería aclarar eso porque las empresas están jugando a que nos enfrentemos trabajadores con trabajadores. No lo vamos a hacer, por supuesto. Es más, por el contrario, vamos a sumar fuerzas para resolver este conflicto.

Si uno tiene la justa, cuenta con los elementos, los pone arriba de la mesa, los comparte con los legisladores y les dice que su trabajo no es respetado, entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos cobrando sueldo, legislando, promulgando leyes y nos encontramos con un señor que según su leal saber y entender –puede estar equivocado, todo el mundo se equivoca– firma un documento por el cual borra de esa fuente de trabajo al personal que tiene que ocuparla.

Esto es un cuello de botella, porque va a más. No nos vamos a quedar con una miga para un trabajador cuando se lesiona a otro trabajador, que va a la desocupación, ¡no! Estamos hablando con el Sunca permanentemente. Estamos dialogando con las empresas, mostrándoles que nosotros vamos a seguir dialogando, pero también vamos a movilizar la fuerza, que no es la del Suntma solamente, es la del movimiento sindical. Lo hacemos en una buena, honestamente. Acá no hay un juego de poder, hay un juego de dignidad del trabajador que vuelve a la casa y dice «voy a hacer una changuita a la esquina para poder comer hoy» cuando es terrible profesional del mar. No puede ser.

                Nosotros defendemos nuestros intereses, pero pedimos, exigimos que el legislador defienda su papel como integrante de un poder independiente, del Poder Legislativo, para que nadie se sienta con el derecho a modificar una ley, a pasarla por arriba. Con todo el respeto lo decimos; el trabajador quizá se equivocó porque tiene un interés o un relacionamiento con la empresa Nogan.

Entonces, por ese documento se está generando un conflicto que se va a extender. Cuando haya ruido, cuando salga en televisión o en los demás medios, van a decir: «¡Pah, qué conflictivos los trabajadores!». Yo sé que ustedes recibieron a esta delegación y toman buena nota de nuestros planteos. Entonces, no, no somos conflictivos; llegamos a esto. Los números de las leyes ustedes los tienen.

                Terminamos nuestra intervención acá.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a abrir una etapa de preguntas de los señores senadores.

SEÑORA SANGUINETTI.- Muchas gracias por estar hoy, acá, presentes.

                No leí la ley, pero sí tenía los números. Tengo entendido que con relación a que la integración sea 90 % tripulación nacional la propia ley prevé situaciones en las que ese cupo pueda exceptuarse. Entonces, les quería preguntar a ustedes si están al tanto de que esto efectivamente es así y cuáles son las condiciones en las que la ley prevé que se pueda exceptuar ese cupo.

SEÑORA DELLA VENTURA.- No me quedó claro el inicio: ¿por qué ese ingeniero tuvo que hacer el informe? ¿Por qué alguien no dictaminó jurídicamente cuál era el camino más correcto? ¿En qué nivel se hizo? Eso es lo que querría saber.

SEÑOR PRESIDENTE.- Mi consulta es si la orientación viene de la empresa Nogan o de la empresa Teyma.

                Si no hay más consultas de los señores senadores, tiene la palabra la delegación.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Teyma se lava las manos. De Teyma es que recibimos la recomendación de que nos arregláramos con el Sunca; el Sunca y Teyma están en la misma manzana. Nos parece un desplante feo, una falta de respeto, y lo dejo por ahí.

                En cuanto a la consulta sobre el documento, es de una empresa a la que se le solicita un estudio sobre cuál es el marco legal en el que se va a desarrollar la operativa en las embarcaciones. Por eso digo que hay una contradicción, porque el informe habla de cero tripulantes de seguridad.

SEÑOR RIVERO.- La habilitación de las embarcaciones siempre tiene que estar supeditada a la Prefectura o a la Armada Nacional. Entonces, en este caso, cuando se da el certificado que permite que esa embarcación trabaje en nuestras aguas, se le dice cuál tiene que ser la guardia mínima de seguridad, que es la guardia que jamás puede abandonar el barco, en todo el año. Entonces, en este caso, esa embarcación no necesita de una guardia mínima de seguridad.

                               Por lo tanto, la empresa entiende que como no precisa una guardia mínima de seguridad, tampoco necesita guardia de explotación. O sea, la guardia de explotación se acuerda entre la empresa y el capitán del buque o quien esté a cargo de la embarcación. En este caso, la embarcación no lleva un capitán sino un contramaestre, un marinero o un patrón de cabotaje, con el cual se acuerda operar de la manera más conveniente para la empresa, como por ejemplo, fijando la cantidad de tripulantes. La empresa se agarra de que dice  «Tripulación cero en caso de fondeo», pero también es tripulación cero en el caso de la explotación.

                               Queremos aclarar también que esos trabajadores de la rama de la construcción son seis en total y que a la mayoría de los que están trabajando haciendo los pilotes –teniendo en cuenta lo que nos han planteado los compañeros– se les paga un tercio de lo que se les tendría que pagar por el convenio colectivo del consejo de salarios de la construcción. Es decir que la categoría de ellos no se cumple y se les paga un tercio de lo que se les tendría que pagar a los extranjeros. Entonces, ahí hay un problema grave y por ello se entiende que traigan a trabajadores argentinos y brasileños a trabajar en las embarcaciones y en obras nacionales; todo responde a una cuestión económica.

                               Por otra parte, la ley exceptúa lo que a  nivel marítimo se conoce como waivers. Son permisos que se le dan a las empresas para no cumplir con determinada ley; la ley dice que se puede dar un waiver o hacer una excepción. Esto se hace a nivel marítimo. Entonces las empresas vienen y tienen un waiver, que dice que se precisa solamente un radioperador, que es un trabajador que hace de traductor  –digamos– entre el capitán del buque y la Prefectura. Por eso la ley habla de este tema.

                               La Ley n.º 19078 es una ley simple, que solo tiene un artículo, no tiene mucha vuelta y se creó específicamente para lograr que los marinos uruguayos puedan trabajar en las obras que paga el Estado. Entonces, que no se cumpla con eso verdaderamente nos resulta indignante porque si se llegó a esa ley es porque antes no se cumplía, no se lograba subir y porque además las condiciones de los trabajadores que están en esas embarcaciones son malísimas.

                               Siempre pongo como ejemplo lo siguiente. Yo estuve trabajando en una embarcación que contrató UPM en el muelle Mántaras, que es la continuación del muelle C, en la concesión que se le da a UPM por cincuenta años, y lo que era el muelle pesquero del Uruguay. Cuando nos embarcamos en esa tripulación –no logramos llegar al 60 % de la embarcación–, el que estaba a cargo de la embarcación determinó que había un baño para los uruguayos y un baño para los europeos. Parece que nosotros no tuviéramos los mismos hábitos que tienen ellos o que tenemos costumbres distintas. Son cosas que pueden pasar, pero al trabajador le molesta mucho  eso porque la mayoría de los uruguayos –excepto algún caso– somos personas educadas, simpáticas, que nos gusta compartir a la hora del  trabajo, y la verdad es que cuando marcan una diferencia al decir: «Vos acá no», es xenofobia, y lo denunciamos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo comento porque en los barcos pasan muchas de estas cosas. En nuestro caso, no nos pegan –sonrío porque es lo único que nos falta– como sí les pasa a los chinos, a los indonesios y a los coreanos del sur. Por eso sonrío, porque es lo único que nos falta.

SEÑOR LOZANO.- Agradezco la comparecencia.

                               Veo los problemas que tienen. Entiendo que ustedes quieren que se cumpla con la ley en cuanto a los porcentajes de extranjeros contratados, sin por eso pasar a ser xenofobia. Me parece muy bien. Veo bien que legítimamente ustedes peleen por los puestos de trabajo sin pretender por eso que quienes están en los bancos fondeados queden sin trabajo.

                                Luego, me surge alguna dificultad con la empresa Nogan; me dicen que es de un capitán retirado que contrata marineros retirados. Estamos hablando de marineros que deben cobrar entre $10.000 y $15.000 en su retiro. Por lo tanto, no creo que sean muy privilegiados pero en la forma que lo expresaron sentí que había cierta discriminación hacia esos marineros. Supongo que como ustedes son muy buenos profesionales, quizás son mucho mejor que ellos, pero el dueño del barco tiene derecho a elegir si quiere trabajadores más o menos profesionales. Entonces, me parece que no está bueno que se haga ese tipo de discriminación con gente muy humilde y también pobre, como pueden serlo ustedes. Cuando hablamos de la defensa del trabajador, entiendo que también se los debería defender a ellos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando se retire la delegación voy a pedir que acordemos el criterio del que ya habíamos hablado porque no me queda claro si se aplica a todos o solo para algunos. Tenía entendido que solo haríamos preguntas.

SEÑORA BIANCHI.- Voy a hacer dos preguntas, tal como se había acordado. ¿Desde cuándo están en conflicto? La segunda pregunta es a qué ministerio consideran ustedes como más responsable, es decir, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Defensa Nacional. Nosotros somos un poder del Estado independiente y para poder colaborar en el mejoramiento de las relaciones laborales y en este conflicto podemos citar a las autoridades –y lo vamos a hacer– para trasladar esta situación pero queremos saber según la opinión de los trabajadores a quién les parece que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Las preguntas son concretas: desde cuándo están en conflicto y qué ministerio consideran ustedes es más responsable de haber dejado que esta situación llegara al grado que están planteando.

SEÑOR RIVERO.- Primero le voy a responder al senador. En nuestro sindicato las fichas de afiliación no son solamente para quienes no hayan sido militares; tenemos militares jubilados afiliados al sindicato. Cuando luchamos por mejorar el empleo y el salario lo hacemos parejo para todos; por algo los consejos de salarios no son solamente para los afiliados sino también para todos los trabajadores, incluso para los militares retirados. Lo único que nosotros planteamos es que es verdad que a veces hay cierta discriminación por parte de los civiles y que se habla de ellos despectivamente. Nosotros pedimos a los trabajadores que, de acá para arriba, se respeten las condiciones mínimas; no porque que alguien reciba esos $ 10.000 más –que a muchos hoy nos vendrían muy bien porque estamos sin trabajo, venimos del mismo barrio y estamos en las mismas condiciones– se deje de exigir que se respete el laudo, que se paguen las horas extras y que haya condiciones de seguridad en el trabajo. De ahí para adelante vamos todos juntos. Creo que sí hay discriminación de muchos tipos por distintas opciones que toma cada ser humano, como en todos lados de la sociedad, pero nosotros apuntamos a mirar por encima de eso y entender que la solución está en cumplir con lo que logra la sociedad en su conjunto, es decir, que se respete todo esto.

                En cuanto a lo que planteaba la señora senadora, estamos en conflicto o en preconflicto, diríamos nosotros, con la empresa, desde hace 18 días que es lo que lleva instalada la carpa afuera de la obra. En los últimos 15 días no se tomó ningún tipo de medida; en los primeros tres días se tomó una medida de corte que era perlada, era de una hora y entraban los camiones, pero estamos en negociaciones con la empresa para que se cumpla con las distintas leyes hace ya casi tres meses.

                Y sobre la pregunta que nos hacían acerca de qué ministerio es el que tiene más autoridad para resolver este problema, habitualmente nos la hacen y la realidad es que nosotros nos hacemos la misma pregunta: ¿quién lo resuelve? Porque vamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y nos mandan para el de Transporte y Obras Públicas, a su vez, en este ministerio nos dicen que no, que esto lo tiene que determinar la Prefectura, o sea que le correspondería al Ministerio de Defensa Nacional. ¡Y nos reunimos con todos! Y, de paso, venimos acá también. La realidad es que si se va a dar una solución, se dará si todos los ministerios determinan: «Sí, hay que cumplir con la ley; hay que subir a los tripulantes; hay que cumplir con las condiciones mínimas de los trabajadores del mar y hay que cumplir también con los convenios internacionales que nosotros firmamos, para que se cumplan en aguas uruguayas. Nosotros entendemos que la Prefectura es también la que tiene esa firma final que, en este caso, es la firma que planteó Ernesto Martínez del ingeniero que le da el okey a las empresas para que puedan trabajar y ese certificado de navegabilidad que le permite entender a la empresa que puede trabajar sin operarios; no sé cómo hacen para trabajar sin tripulación, pero ellos sí lo hacen subiendo trabajadores de otra rama de la actividad.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Quiero hacer una precisión a la señora senadora, que me parece fundamental, porque volvió al tema inicial: qué es lo que desató el conflicto. Es un informe, que nosotros no lo tenemos, que muestra solamente una hoja, inclusive, con una llamada personal «Te doy esto», que habla de tal tema. O sea que esa hoja –me parece que es un informe mucho más grande– es lo único que encontramos; es un ingeniero integrante de la Comisión Técnica, la Cotec, que está integrada por peritos e ingenieros navales que no tienen por qué ser todos militares, también hay civiles. A su vez, la Cotec es un organismo dependiente de la Dirme, la Dirección Registral de Marina Mercante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese sería el camino legal para llegar al chispazo, al detonante y que habla, justamente, de alguien que interpreta, a su leal saber y entender, que la ley no se aplica, pasando así por encima del legislador, que es el que legisla y después reglamenta. Por lo tanto: o se respeta o no se respeta. Y, en este caso, no se respeta.

                Nosotros tenemos la convicción de que estamos en una posición justa y de que, evidentemente, un dirigente sindical aconseja, pero hay que medir la disposición de la gente. Esto va a más, porque la gente no quiere irse para las casas sin nada, me refiero a un plato de comida ganado dignamente, como consecuencia de lo que estudió y de su preparación. En concreto, sabemos que vamos a ir a consulta, en primer lugar, con el Sunca y, después, con todo el movimiento sindical y vamos a poner todo en la cancha, porque tenemos la razón. Además, estamos viendo el trabajo de ustedes, los senadores, y decimos: este señor no solamente pasó por arriba de nuestros derechos, sino por arriba del derecho del legislador, de uno de los tres Poderes independientes del Estado.

                Creo que había quedado pendiente una consulta de la señora senadora Della Ventura en cuanto a qué hacíamos con el 90 % de la cancha y cómo se paraba el sindicato. Nosotros hemos negociado. Creo que la pregunta fue algo así como qué posición teníamos en el caso del porcentaje de tripulación.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Creo que fue la señora senadora Sanguinetti que habló sobre eso.

SEÑOR MARTÍNEZ- Bien. Para responder vamos a hacer una breve aclaración. En la práctica sabemos que si peleamos intransigentemente por el 90 %, no se pone en práctica ninguna de las obras. Entonces, en la práctica, hemos acordado el 50 %. Claro que después también se nos agarra de la mano, del codo y del hombro porque después violan ese 50 %, ya que suben junto al comando más tripulantes y, en definitiva, estamos en minoría.

¿Hemos demostrado paciencia? Sí. ¿Pusimos cintura en la cancha? Sí; aun teniendo desocupación. Por lo tanto, a esta altura del partido decimos que estamos en un cuello de botella que no podemos evitar que, de alguna manera, haga ruido y mucho, porque los puertos son la boca de entrada y salida del país, y si se trancan, se tranca toda la producción.

SEÑORA BARRERA.- Buenas tardes. Es un placer que estén hoy acá.

                Me gustaría conocer la opinión sobre cómo podríamos salir de todo esto y qué es lo que ustedes piensan que sería mejor para esta situación. Es decir, entendí todas las explicaciones que dieron, pero quisiera saber qué es lo que ustedes abordarían para que se solucione este problema. ¿Cuál es el punto justo?

SEÑOR MARTÍNEZ.- Esto que estamos haciendo: comunicarles a ustedes que su trabajo está siendo, de alguna manera, jopeado.

SEÑOR RIVERO.- Nosotros ya le hemos planteado la solución a la empresa más de una vez. La solución que le planteamos fue conformar una tripulación del 50 % entendiendo que, si no, sería un exceso la cantidad de tripulantes que iba a haber en las embarcaciones. Nosotros entendimos eso, lo contemplamos y planteamos llegar a un acuerdo. Obviamente, la empresa no quiso realizar esto, que implicaba subir seis tripulantes a la embarcación; la empresa lo rechazó y, de algún modo, dijo que capaz que se podía llegar a subir uno, dependiendo de lo que dijera el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. O sea que capaz que mañana el ministerio responde que se puede subir un tripulante.

Nosotros ya le hemos dado a la empresa en más de una ocasión la solución a este conflicto y tiene que ver con, primero que nada, cumplir con la responsabilidad de cuidar a los trabajadores y su dignidad, para que en el trabajo no vayan a sufrir un accidente y pierdan la vida como ya pasó hace muy poco en una embarcación de bandera paraguaya. En algún momento tendríamos que venir acá a hablar de la desregularización que hay a nivel marítimo. Y, como segundo punto, planteamos dejar una cantidad de tripulantes menor a la que plantea la ley inicialmente, que es del 90 %, y la empresa también lo rechazó.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Con respecto a la consulta de la señora senadora Bianchi, es tan compleja la actividad marítima que en ella confluyen varios ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa Nacional es el que avala nuestra documentación y es el que regula el trabajo a bordo y todo lo que tiene que ver con las operaciones de las distintas embarcaciones. El Ministerio de Educación y Cultura es el que refrenda los títulos cuando uno pasa determinado nivel. En el Ministerio de Transportes y Obras Públicas se encuentra el departamento de la Dirección Registral y de Marina Mercante. A su vez, como se mueve en una estructura militar, evidentemente, confluye en el ordenamiento de la Prefectura Nacional Naval, dependiente de la Armada Nacional. O sea que esto es complejo, hay más ministerios involucrados. Pero el camino hacia ese documento del ingeniero, nos parece –lo digo así porque se nos escatima todo el documento– que va por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos mucho su presencia.

 

(Se retira de sala la delegación del Sindicato Único

 de Trabajadores del Mar y Afines).

 

SEÑORA BIANCHI.- No tengo problema en convocar a la empresa. Me pregunto si no será más eficiente llamar directamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; también podemos llamar a los dos. Es un tema muy complejo, dado que confluyen muchos ministerios. Por eso pregunté. Sin embargo, el trabajador Martínez fue muy claro cuando dijo que destrabar esta parte a la que el informe hace referencia está en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Me parece que habría que empezar por dicho ministerio, que es el responsable público.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está convocado por el tema de los peajes y el de Ascot.

SEÑORA BIANCHI.- Entonces, le agregamos este tema.

Solicito que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comparezca lo antes posible porque, evidentemente, este es un conflicto que exige diligencia.

SEÑORA SANGUINETTI.- Recién le mencionaba al presidente que como esta es una comisión que recibe muchas solicitudes, podríamos pedir a las delegaciones que hablen aproximadamente quince minutos y luego disponer de diez minutos para las preguntas.

 

(Ingresan a sala las representantes de la Fundación Ágora

 perteneciente a la Unión Nacional de Ciegos).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a las integrantes de la delegación de la Fundación Ágora perteneciente a la Unión Nacional de Ciegos, UNCU, las compañeras Silvia Iroldi y Evangelina Ramírez. Pedimos disculpas por la demora, pero nos atrasamos con la delegación anterior. Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA IROLDI.- Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Efectivamente, pertenecemos al Programa Ágora de inclusión laboral, que es –tal como planteamos cuando enviamos la información– un convenio entre una organización española llamada Fundación Once para América Latina, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay como organización social y, en este momento, la OEI que es la Organización de Estados Iberoamericanos.

                Desde hace unos cuantos años, la Organización Nacional de Ciegos Españoles hizo un estudio en América Latina para conocer cuál era la realidad laboral de la población con discapacidad visual, debido a todos los lazos culturales e históricos que nos unen. En un censo que hicieron, encontraron que hay alrededor de cinco millones de personas con discapacidad visual en toda Latinoamérica y que el 80 % de esa población no tiene trabajo ni acceso a él.

                Hay dos temas fundamentales vinculados al acceso al trabajo: la educación y la rehabilitación. Justamente por ese motivo se generaron estos programas Ágora, financiados por el BID y que tuvieron un antecedente, unos planes piloto en Uruguay, Chile y Argentina. El resultado de esa buena tarea generó los programas Ágora. En Uruguay está desde el año 2006 y estas experiencias se fueron replicando en el resto de los países de América Latina.

                ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es acercarnos a esta población, conocerla, saber cuáles son sus necesidades de capacitación, de formación y también interceder a la hora de acceder a los puestos de trabajo y adaptarse, lo que incluye no solamente los ajustes razonables de los que habla la convención, sino además el seguimiento y los aportes técnicos y humanos.

SEÑORA RAMÍREZ.- Buenas tardes. Dentro de los aportes y la adaptación a los puestos de trabajo trabajamos fuertemente con el análisis de las plataformas, que son una herramienta digital muy importante para el uso del trabajo en sí para las personas con discapacidad visual. Debido a esto pedimos acercarnos a ustedes para ver si se puede lograr la accesibilidad web como herramienta fundamental para desarrollarse en los puestos de trabajo. No adelanta que las personas estén formadas, capacitadas y aptas para trabajar si el puesto de trabajo en esa área es inaccesible o está inhabilitado para que puedan realizar la tarea.

SEÑORA IROLDI.- Este año, a raíz de la pandemia y de que se aprobó la Ley n.º 19691 sobre el acceso al empleo en el área privada, venimos detectando fuertemente una necesidad de hacer este planteo que, como dijo la señora Ramírez, tiene que ver con la accesibilidad web. Como ustedes sabrán, las personas con discapacidad visual, en su enorme mayoría, utilizamos los lectores de pantalla, que es un software que con una voz sintética permite que uno pueda realizar a través de la voz todas las tareas que lleva adelante cualquier persona visualmente. Esto es maravilloso porque hace veinte años era impensable que una persona ciega pudiera no solamente manejar una computadora, sino también realizar muchas de las gestiones que se hacen en distintos puestos de trabajo.

                Eso es genial, pero ¿cuál es la enorme y fundamental barrera que estamos encontrando en estos últimos tiempos? Que al no existir una accesibilidad web, cuando se diseñan los programas y los sistemas para las distintas empresas, nunca se piensa en el tema de la accesibilidad y esto genera que, aunque una persona esté capacitada y tenga todas las herramientas, no pueda trabajar, no pueda acceder al puesto de trabajo. En algunos casos, quien puede acceder es una persona con baja visión porque puede utilizar el aumento de la lupa de Windows, ampliar la letra o usar una pantalla más grande con alto contraste. Eso genera que las personas ciegas quedemos totalmente relegadas a lo que se encuentra en el mercado, que cada vez es menos porque, como todos sabemos, la cuestión informática es fundamental en todos los lugares, incluso, para puestos bastante básicos.

                Nos parece que justamente en estos tiempos, en que el teletrabajo llegó para quedarse, esta es una barrera que quizás no se visualiza por las empresas ni por el Estado. En el caso de los organismos del Estado, hay uno paradigmático, que es la Intendencia de Montevideo porque allí se utiliza el sistema Linux, que no es accesible para los lectores de pantalla. Si bien es cierto que hay unos cuantos funcionarios que tienen discapacidad visual y que para ellos se plantea utilizar Windows, resulta que cuando ingresan a través de este sistema operativo, al no terminar de ser accesible, hay un montón de áreas donde la persona no puede ingresar. En la mayoría de los organismos del Estado se utiliza el programa APIA, que está vinculado a la cuestión administrativa y no está siendo accesible. Conocemos un caso en particular en un organismo donde ingresaron dos personas con discapacidad visual y, gracias a que un gerente dijo que si estas personas ingresan al Estado hay que darles las herramientas, empezaron a trabajar fuertemente para ver cómo se puede dar accesibilidad al programa APIA. Eso lleva horas de los técnicos de la empresa, de la Agencia Nacional de Vivienda y de nuestros técnicos, que están trabajando en pro de lograr la accesibilidad. Pero esto se hizo a través de alguien que tiene, digamos, la sensibilidad o la visión de que las personas tienen que poder ingresar en igualdad de condiciones. Estos son esfuerzos personales. Por eso nos pareció muy importante venir a conversar con ustedes, justamente para hacer este planteo, que quizás no está presente en las agendas.

                Y una cosa más: este programa, al estar financiado por esta organización española, no cobra a ninguna de las empresas, ni públicas ni privadas, por la adaptación de los puestos de trabajo, ni por ninguno de los servicios. Justamente, este programa nació para que se evitaran todas las barreras económicas vinculadas a lo que podrían ser los gastos por la adaptación de un puesto de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la presencia.

Vamos a abrir una ronda de preguntas de los distintos senadores.

SEÑORA SANGUINETTI.- Muchas gracias por estar acá.

                Tengo dos preguntas para hacer. Ustedes hablaron de este estudio de Latinoamérica que indicaba que el 80 % de las personas con discapacidad visual no tienen acceso al trabajo. Eso es bastante coincidente con algunas mediciones locales de discapacidad en general, si bien sabemos que, lamentablemente, no tenemos números oficiales sobre este tema. Les preguntaba si de su colectivo ustedes sí tienen alguna medición.

Y lo otro que me interesaba saber es lo siguiente. Con relación a este esfuerzo que se está haciendo con Apia, que entiendo es particular para una dependencia, quería saber qué se está previendo, si se está previendo algo para, de alguna manera, «sinergizar» y que ese aprendizaje y esos esfuerzos no queden limitados a esta dependencia, sino que de alguna forma se puedan trasladar a otras del Estado.

                Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ahora voy a preguntar yo.

                De vuelta les agradezco la presencia en esta comisión.

                Cuando se trabajó en el armado de la ley de empleo para las personas en situación de discapacidad, fue algo muy polémico con los colectivos que trabajan en la defensa de los derechos el hecho de incorporar beneficios específicos. Es muy polémico porque hay una premisa de que la inclusión no debe estar atada, como una lógica, a articular beneficios. Ustedes conocen un poco este debate y algunos elementos que estaban en la redacción original al final, en el consenso, no quedaron, por más que la Ley n.º 18651 sí plantea alguna variante que puede ir en esa dirección.

La pregunta es si ustedes pensaron en algún mecanismo específico que pueda tener después alguna variante para minimizar el impacto a la adecuación razonable que realice la empresa con respecto a las plataformas, a los efectos de facilitar la accesibilidad. Pregunto si esa puede ser una variante. Nosotros estamos comprometidos con colocar en la agenda, con fuerza, el debate de trabajo de discapacidad, siendo uno de los elementos que nos obliga a pensar en transporte‑discapacidad, educación‑discapacidad. Quería saber si habían pensado en algo, porque nosotros estuvimos reunidos con la UNCU cuando se dio esta discusión y este fue uno de los elementos más complejos de resolver. Supongo que conocen la problemática. Me gustaría saber si habían pensado en alguna variante en esa dirección, claramente teniendo en cuenta lo privado. En lo público, creo que ahí es otra la discusión. El Estado tendría que revisarse mucho en el sentido de la accesibilidad, pero esta es más una opinión que una pregunta. Ahora quería dejar esa pregunta formulada en términos de si se habilita una posibilidad de trabajo en esa dirección.

                Gracias.

SEÑORA IROLDI.- Primero le respondo a la senadora.

Tampoco tenemos números tan específicos, pero los porcentajes están en ese entorno. Hay algunas limitantes. Una de ellas son los niveles educativos y, obviamente, la discapacidad y la pobreza, como en muchos otros ámbitos, están de la mano. Tenemos extremos. Hay personas que son profesionales, que obviamente son un número bastante reducido en porcentaje, y personas que a veces ni siquiera han terminado la primaria, lo cual también, en ese caso, es algo bastante complejo. Pero luego, todo el mayor porcentaje que está en el medio de estos dos extremos son personas que se han ido capacitando en distintos ámbitos, incluyendo Inefop. Incluso, en el ingreso en el ámbito público tampoco la discapacidad visual está liderando esos ingresos. En este caso, en el ámbito público la dificultad no es el tema de la discapacidad visual porque las personas concursan primero y luego se ve si son accesibles o no los sistemas. Así que los porcentajes son bastante semejantes.

                Con respecto a Apia, si bien ha sido una iniciativa en la que la agencia realmente ha puesto lo mejor de sí y la empresa que genera el software también está trabajando junto a nosotros, la idea es que esta experiencia luego se pueda trasladar a otros lugares. Ahí sí deberá haber un trabajo mucho más formal o estructural, y no solo de nosotros, para llegar a los demás lugares.

SEÑORA BIANCHI.- Buenas tardes. Agradezco que estén acá.

                Tengo una pregunta muy concreta. Los temas de educación tal vez son un problema de más larga solución –no imposible; hay que hacerlo cuanto antes–, pero el software del que ustedes hablan –según entendí– les permite acceder a puestos de trabajo en forma prácticamente total. La primera pregunta es si ya está terminado y, la segunda –si lo está–, cuál es el costo. Lo pregunto para poder tomar alguna determinación –puede ser una ley o una resolución–, porque nosotros debemos ser ejecutivos en ese sentido a los efectos de que se incorpore en el ámbito público y, por supuesto, también en el ámbito privado. Encontrar el software que resuelva el problema es la solución.

                Entonces, lo que hay que ver –según lo que han manifestado; les pido, por favor, que nos den la información– es cómo hacemos para, si está terminado, acceder a él, porque es la forma de trasladarlo al ámbito público y al ámbito privado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ellos se encargan de financiarlo.

SEÑORA IROLDI.- En realidad, hay varios lectores de pantalla. Los que se usan habitualmente son Jaws –que significa mandíbulas; de hecho, el ícono es la mandíbula de un tiburón– y NVDA –por su sigla en inglés: Non Visual Desktop Access–, que es un software libre y se puede adaptar. El Jaws es un software que tiene licencia y, actualmente, ronda los USD 1800 en el mercado, aunque también se puede acceder a una licencia país. Es fabricado por la empresa Freedom Scientific. Ambos softwares funcionan y funcionan muy bien.

El problema no es el software –Jaws se trabaja desde hace mucho tiempo–, sino los programas y los sistemas cuando son diseñados, por ejemplo, para una empresa. El Apia fue diseñado sin normas de accesibilidad –que también existen en informática y, entonces, será compatible con los lectores. No sucede así con el Linux –si bien tuvo una versión que se llamó Orca, quedó en el tiempo, no se siguió desarrollando–, que es un sistema que se va generando con las aplicaciones –se va modificando con el tiempo– y, por lo tanto, es bastante complejo.

                Esos software ya existen, el tema es cuando se diseñan las páginas web y demás –Agesic tiene bien claras las normas de accesibilidad en su página–; es en el inicio donde debe hacerse, porque luego es muy difícil adaptarlas y, en algunos casos, realmente es imposible. Nos pasó con una empresa –pongo ejemplos de casos concretos, para hablar sobre casos reales– que quería incluir personas con discapacidad visual –incluso, las personas estaban casi elegidas– pero sus sistemas no eran accesibles. Hicieron el análisis para hacerlos accesibles y el costo era de USD 25.000. Obviamente, ninguna empresa va a invertir ese dinero de primera para cambiar los sistemas. Entonces, queda a la espera de cuando vuelvan a cambiar los sistemas –se verá si lo hacen o no–, pero siempre depende de la voluntad de las personas.

                Nosotros, como programa, no tenemos tan claro si lo que hay que hacer es una ley o una resolución. Justamente, la idea de conversar y de intercambiar con los señores senadores era ver cuáles eran las opciones y las posibilidades.

                Con respecto a la educación, realmente es un tema largo y no queríamos entrar en él porque hay gente trabajando en eso; nosotras nos dedicamos específicamente a la inclusión laboral.

SEÑORA RAMÍREZ.- Voy a hacer una aclaración. Antiguamente los puestos laborales para las personas con discapacidad visual eran los call center, hoy en día, con el tema de la educación y la formación, las personas empiezan a tener otros intereses y en consecuencia a buscar otros puestos de trabajo. Es ahí donde esto se empieza a agudizar. No podemos obligar a las personas a estar en puestos de trabajo, donde su perfil no es el acorde, no tiene las competencias y porque otros lugares no son accesibles; entonces, las personas ciegas o con baja visión, van al call center. Es ahí donde tenemos que romper otra barrera y habilitar los puestos de trabajo en forma general. Siempre pensamos en la accesibilidad física, pero no, la accesibilidad web es parte de esa accesibilidad universal. Hay que pensarlo y obligar a las empresas a que lo visualicen –por decirlo de alguna manera– a través de una reglamentación o decreto.

SEÑORA IROLDI.- Los programas informáticos se deberían diseñar pensando en la accesibilidad. Eso sería lo deseable. Eso no tiene ningún costo, porque no va a ser más caro para la empresa que lo compra o lo diseña, simplemente se trata de tener en cuenta ciertas cuestiones técnicas. No soy programadora por eso no lo puedo decir, pero sabemos que es así. En muchos países es un tema legislado y obviamente va a costar mucho menos si los programas se realizan teniendo en cuenta la accesibilidad. Incluso en algunas páginas la accesibilidad para alguien que la necesita se obtiene a través de un botón u otra herramienta. Me refiero a las páginas web para conocimiento y temas más culturales. Ahora, en las empresas y en el ámbito público la gran preocupación es esa. Esto haría que hubiera puestos de trabajo, porque, repito, si los sistemas no son accesibles no los hay. Es la enorme preocupación que tenemos.

                Respondiendo a la pregunta del senador respecto a la accesibilidad, debo decir que esta cuestión a veces tan manida de si esto tiene que ser financiado o no y cómo debe hacerse, es un tema a discutir seguramente con las organizaciones sociales. La realidad es que nos estamos quedando sin puestos de trabajo y nos sucede a nosotros y a Pronadis. Nos alarma la cantidad de personas que el último año quedaron por el camino. Estamos hablando de personas que tienen la formación y las competencias adecuadas.

SEÑORA RAMÍREZ.- En casos concretos, como dijo la señora Iroldi, una empresa hace un llamado, Pronadis se acerca y si no sabemos si ese llamado es accesible la persona puede seguir en el proceso de selección y cuando está en el final, el puesto se pierde. Sabemos que eso sucede en el ámbito privado, pero si en el ámbito público pasa no importa porque el organismo se compromete a accesibilizar el puesto y el  lugar no se pierde. Como dije, en el privado, sí se pierde. Ahí está la discriminación, en primer lugar, entre los tipos de discapacidad y, en segundo término, si se trata de baja visión o ceguera. Es decir que hay una doble discriminación.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Agradezco mucho la presencia de la delegación.

                A mi entender están poniendo sobre el tapete una problemática en la que no había pensado. Me pregunto si en el ámbito de la educación han tenido contacto con los extremos etarios que al día de hoy están tecnologizados como el Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá. ¿Qué pasa con los niños de baja visión o ciegos? ¿Qué pasa con los adultos mayores?

Me quedó claro que no saben cuál es la forma para solucionarlo, pero ¿cuál les parece que sería el ámbito más directo para poder llegar a plantear esa, diría, modernización y para poder tener otro tipo de accesibilidad? ¿A quiénes deberíamos impactar primero como legisladores? Creen que sería directamente con una ley. Luego, nosotros veríamos a quién invitar para buscar caminos para que esto sea obligatorio, de alguna forma, en el ámbito privado que es más importante que el estatal que es el que nosotros más podríamos reglamentar. Se me ocurre pensar que ya al día de hoy existe toda una infraestructura educativa y para la gente de tercera edad. Quisiera saber qué vínculo pueden tener para lograr una accesibilidad del tipo de la que ustedes manifiestan.

SEÑORA IROLDI.- Las computadoras del Plan Ceibal no son accesibles para las personas con discapacidad visual, y las del Plan Ibirapitá tampoco. A los niños con discapacidad visual se les entregó una computadora que está dentro del Plan Ceibal, pero que tiene el sistema Windows.

                Yo entiendo que hay todo un tema de licencias, todo un tema de costos, y que por eso muchas veces, como en los Centros MEC, se ha definido tener Linux. Es entendible el ahorro, lo que esperamos es que no sea un ahorro sobre la base de las dificultades de este colectivo, por lo menos.

                Efectivamente, tanto el Plan Ceibal como el Plan Ibirapitá consultaron a UNCU por el tema de la accesibilidad, para probar las máquinas, pero no son accesibles. No está pensado; a eso me refería cuando decía que desde el vamos hay que pensar en el tema de la accesibilidad. Estoy segura de que hay cuestiones en las que uno no piensa porque no son de su dominio; evidentemente, no somos adivinos en todo.

Creo que, a través de una ley o de algún mecanismo legislativo, sería importante considerarlo. Nos queda pendiente una entrevista con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información para promover esto, también. Sería bueno buscar caminos para que se convierta en una norma y que cuando se diseñen programas se vayan pautando de una manera escalonada para que, a medida que vayan cambiando los programas, los que se generen sean con accesibilidad desde el vamos. Obviamente, a veces se puede ir adaptando un programa, se hacen los llamados scripts y se van ajustando, pero realmente habría una diferencia enorme si la accesibilidad estuviera desde el vamos. Los programas que existen actualmente se podrán adaptar a la modalidad de cada persona en lo que hablamos sobre velocidad de la voz, los contrastes, etcétera; todo eso se puede adaptar, pero, si no tenemos sobre qué adaptar, no hay manera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar una constancia. Creo que tanto la Ley n.º 18651 como la convención nos mandatan y obligan a la accesibilidad, aunque no refieran a si es mediante una rampa, un intérprete de señas, el transporte o una plataforma web. Normas que orientan claramente en esa dirección hay; en todo caso, desde la comisión nos comprometemos a la búsqueda de soluciones.

                Les agradecemos mucho su presencia y quedamos en contacto.

SEÑORA IROLDI.- Muchísimas gracias por recibirnos y escucharnos.

 

(Se retira de sala la delegación de la Fundación Ágora).

 

SEÑORA DELLA VENTURA.- Simplemente quiero hacer un comentario sobre algo que estamos conversando aquí con algunos señores senadores y que me parece bueno colectivizarlo. A veces, recibimos los planteos y quedan ahí. Capaz que habría que hacer una reunión de esta comisión para analizar específicamente los temas que nos quedaron pendientes y ver cómo los tramitamos, es decir, cómo los seguimos.

                El señor presidente recién me recordaba la instancia en que se habló del tema de las camillas para hacer los Papanicolau. Por tanto, considero que debemos ver cómo seguimos con esos temas que, de alguna forma, nosotros somos los que tendríamos que pensar en continuarlos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Todos esos temas están en la agenda. Reitero, todos ellos. Estimo que están en la agenda formal de la comisión –en un listado de instituciones que están coordinadas para venir, según la prioridad– pero, además, creo que están en la agenda de cada integrante.

                Supongo que vamos a trabajar y buscar soluciones a los temas que nos plantean.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Exactamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- No nos vamos a limitar solamente al trabajo en comisión. Además, ya acordamos con la señora senadora Sanguinetti.

SEÑORA SANGUINETTI.- Desde nuestra perspectiva hay algunas áreas donde se puede mejorar en la implementación y también la ley en sí. Por tanto, vamos a reunirnos. Si algún otro señor senador desea sumarse, encantados.

                Este es un problema enorme que se está acentuando con las condiciones que estamos viviendo. Queda abierta la invitación entonces.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me enojé mucho con los cambios que le hicieron a la ley, en el Senado, en el período pasado. Escuche las declaraciones. Quedé muy enojado pero, bueno, es un enojo que se me pasará.

                Si los señores senadores están de acuerdo, hacemos ingresar a la otra delegación.

 

(Ingresan a sala representantes del Sindicato Único

de Especialistas Aeronáuticos).

 

–Buenas tardes. Disculpen la demora.

                La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado tiene el gusto de recibir a Laura Balado y a Andrés Barboza, representantes del Sindicato Único de Especialistas Aeronáuticos.

SEÑORA SANGUINETTI.- Disculpe, señor presidente, pero a las 16:30 debo retirarme.

SEÑORA BALADO.- Buenas tardes. Mi nombre es Laura Balado. Soy presidenta del Sindicato Único de Especialistas Aeronáuticos, es un sindicato de la Dinacia –Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica–, que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional.             Este sindicato representa a los técnicos, especialistas aeronáuticos y operadores, y a quienes trabajamos cumpliendo funciones en los aeropuertos de todo el país.

                Quisimos presentarnos ante esta comisión por varios temas que tenemos en Dinacia, algunos de ellos son de orden de gestión y otros, de orden aeronáutico. Nos pareció importante traer hoy aquí los que refieren a la gestión porque lo estrictamente aeronáutico excede, de alguna manera, a la comisión.

                En este momento tenemos un gran problema de desmantelamiento de los aeropuertos a nivel nacional. Continuamente nos estamos quedando sin funcionarios debido al envejecimiento de los trabajadores del sector aeronáutico. La mayoría de las personas –el 50 %–  aproximadamente dentro de tres años está para jubilarse y un 12 % está  cerca de la edad de retiro. Hace años no tenemos un recambio generacional.

También se ha manejado mal el tema de las vacantes y, por lo tanto, no se ha efectuado ese intercambio, salvo algunos contratos a término o provisoriatos que han entrado en los últimos años y que no son más de treinta.  La aeronáutica tiene aproximadamente un universo de 650 personas  y hoy hay, a la postre, alrededor de 450 a 460 funcionarios. Eso, de por sí nos está diciendo que hay un déficit  en cuanto a la gestión de personas y funcionarios en los aeropuertos. De esas vacantes, con la nueva ley que salió –estamos hablando del Decreto n.º 90–, las de 2019 no serán tenidas en cuenta y en el próximo período se va a dar el famoso tres por uno.  Eso nos hundiría más para poder cumplir con todos los servicios que tenemos en los aeropuertos. Como Estado parte, en realidad, estamos sujetos a las normas internacionales y tenemos que cumplir como aeropuertos internacionales ante la OACI, que regula la aviación internacional y comercial con varios decretos y reglamentaciones. Actualmente estamos haciendo agua –para hablarlo claro– y, de hecho, nos han rescindido varias vacantes  en los aeropuertos importantes del interior como es el de Laguna del Sauce, de Punta del Este, en el que estamos operando con cuatro funcionarios.

Como sindicato hace aproximadamente dos meses y medio que estamos haciendo gestiones para que esos contratos rescindidos a término puedan ser extendidos –como lo establece la normativa– por otro período de dos años. Tenemos otros contratos más, por ejemplo, en el aeropuerto del Jagüel, que son todos a término; si los rescindieran nos quedaríamos sin funcionarios y habría que cerrarlo.

Estamos tratando de llevar adelante los provisoriatos –que no son muchos– para que los presupuesten y nos urge este recambio, necesitamos traer personas para trabajar. Nos habían prometido que en el próximo período el Ministerio de Transporte y Obras Públicas  era el que iba a  tomar  la aeronáutica, pero no sabemos cuándo va a darse esto. Entonces acá tenemos otro problema, porque somos funcionarios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional –en vías de pasar al de transporte– y hay un proyecto que salió el año pasado, el Plan Maestro, que lo inauguró el exministro Rossi y lo está llevando adelante el ministro Heber, pero nadie tiene muy claro su funcionamiento. En realidad, el Ministerio de Defensa Nacional no se preocupa tanto porque es una unidad que va a salir de su órbita y el de Transporte y Obras Públicas tampoco, porque no sabe si se la lleva. Los funcionarios, de alguna manera, somos rehenes de esta situación porque nadie se ocupa, parecería que no les importa lo que suceda y se están desmantelando los aeropuertos. Este es uno de los elementos que pudimos presentar en la prensa hace poco por la preocupación que tenemos. Por eso decidimos que la opinión pública debía conocer lo que está sucediendo,  tratando de alertar lo que pasando en los aeropuertos por no tener personal.  Los funcionarios estamos trabajando doblemente en las tareas y, como a todos, nos pasó que hicimos agua con el tema de la pandemia porque los servicios están recargados, con personas mayores que tratan de poner toda la voluntad para cumplir con la tarea, más que nada en los aeropuertos principales como el de Carrasco, y no sabemos qué hacer. Por tal razón, como parte de los actores intervinientes, recurrimos a esta comisión para tratar de difundir lo que está pasando porque realmente nos preocupa como trabajadores.

                También tenemos otro tema importante como es la negociación colectiva. Estamos tratando de cumplir la normativa en Dinacia desde hace mucho tiempo, pidiendo permanentemente  instancias de negociación, pero es muy difícil. No sé si saben que la Dinacia es cívico-militar, está en la órbita de la Fuerza Aérea por un convenio que se hizo hace muchos años, pero el personal, en su gran mayoría, es civil. Hay algunas personas de la FAU porque, precisamente, nos falta gente y se trajeron algunos del escalafón K. Pero mayoritariamente los funcionarios somos civiles con jerarquías militares. En las direcciones principales las jerarquías son militares.

Entonces esto habla de una entelequia que muchas veces nos trae el doble de problemas, porque no están muy acostumbrados a lo que son los ejercicios sindicalistas de tener negociaciones. Les cuesta mucho no solamente el tema de informar, sino también de negociar hasta las pequeñas cosas. Por ejemplo, pedimos un protocolo de salud para los aeropuertos, porque el que se impartió está proyectado para las sedes públicas –incluye el tapaboca, el acrílico, ciertas cosas exigidas por la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública–, pero en los aeropuertos tenemos otras circunstancias, vinculadas a la propia actividad.

De manera que hicimos un protocolo basado en los aeropuertos de la región. Nos basamos mucho en el de AENA, que nos pareció que era el más parecido a la idiosincrasia uruguaya en cuanto a los aeropuertos, y lo llevamos ante el ministerio de trabajo para pedir que se pusiera en marcha y presentarlo ante la autoridad aeronáutica de salud pública. Desde el ministerio de trabajo se nos dijo que sí, se convocó a la Dinacia, pasaron casi dos meses en los que nos tuvieron de allá para acá, y ayer nos contestaron que el protocolo vigente estaba bien y que no les interesa otro. No negocian; en ningún momento nos dan el ámbito para negociar lo que queremos. Me refiero a lo que los trabajadores que estamos en el aeropuerto consideramos que hay que atender y creemos que es importante para tener una protección.

Hoy hablamos de protección sanitaria por el tema de la pandemia, pero por los aeropuertos pasan muchas otras infecciones que son propias de otros países, y es un corredor utilizado permanentemente. Ahora nos enloquecimos todos con la pandemia y hay ciertos controles. Hasta hace cuatro o cinco meses no los había. Podía pasar cualquier tipo de enfermedad.

Nosotros hace mucho queremos colocar esto en la comisión de salud y seguridad. Es una comisión que se creó más de diez años después de aprobada la norma y tampoco funciona como una comisión captadora de las necesidades de los trabajadores, ni en cuanto a su seguridad –que es importante en los aeropuertos, porque es una actividad que de por sí es peligrosa– ni a su salud. Se ha luchado hasta por una sala de lactancia, por desfibriladores, por tener bomberitos que no estén vencidos, por lentes de protección para los que están con los combustibles de los aviones, por zapatos, por ropa de fajina, etcétera. Todo es negado. Permanentemente se nos dice que no hay dinero. Estamos hace un año y medio pidiendo todas estas cosas y nunca llegan.

Se hizo una reforma en el aeropuerto de Melilla y nos tiraron unos contenedores, donde no nos ponían ni un equipo de aire acondicionado y caían los funcionarios como moscas del calor que hacía en pleno verano.

De manera que son muchas cosas y no nos daría el tiempo para exponer acá todos los puntos. Pero es un tema de gestión, y estamos preocupados porque no nos atiende nadie y ya no sabemos a dónde recurrir. Fuimos al ministerio de trabajo, nos dicen que sí, pactan cosas con el mediador y después no se concretan. Ya no sabemos cómo pedirlo. Ahora cambió la dirección, de vuelta pedimos tener buena fe en lo que es la gestión –es decir, aplicar el principio de buena fe previsto en el Decreto n.º 500/991– y nos dicen que sí, pero ni siquiera se aprueba un protocolo que no sale nada, porque no estamos hablando ni de plata. Estamos hablando de aprobar 25 hojas y negociarlas con los funcionarios. No sale nada de todos esos intercambios. Hace dos años que sistemáticamente son una pérdida de tiempo.

Obviamente que la confederación de funcionarios públicos, COFE, nos ha ayudado y ha tratado de apoyarnos, pero por parte de la dirección de Dinacia no dan voz a los trabajadores ni importancia a lo que nos pasa.

Entonces, se nos ocurrió plantearlo ante esta comisión para ver si ustedes, de alguna manera, pueden interceder o ayudarnos con alguna idea.

SEÑOR BARBOZA.- Básicamente, con el recambio generacional, estamos necesitando una mano enorme, porque, como bien dijo la señora Laura Balado, al día de hoy entre el 12 % y 13 % de los funcionarios –que deberíamos ser 650, pero hoy somos 450– tiene causal jubilatoria, y dentro de tres años el 50 % del personal va a tener causal jubilatoria. El recambio generacional es urgente, porque, como en todos los ámbitos, se requiere preparación. Si mañana integro a las 200 personas que faltan, no las puedo poner a trabajar ya, sino que necesitan capacitación y cursos. Entonces, hay que empezar ya y no cuando los trabajadores actuales se hayan ido.

Por esta razón es fundamental que no se aplique la regla de llenar una vacante de cada tres. Si hoy tenemos faltante de personal, necesitamos mínimamente mantener esa cantidad en el tiempo. Como decía la señora Laura Balado, nuestros servicios están regidos por OACI. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos un aeropuerto internacional, estamos diciendo que vamos a dar ciertos servicios. La realidad es que hoy estamos al límite de no dar ciertos servicios, o aparece en el papel como que los damos pero en la realidad no se están dando como se deberían dar. Por eso precisamos al personal para poder capacitarlo y así brindar los servicios que deberíamos brindar de la forma correcta.

Respecto a la comisión de salud ocupacional e higiene laboral, podemos decir que se ha transformado en una reunión muy amena –de venta de tuppers, como decimos en la interna– pero que no tiene resultados. Simplemente vamos y trasladamos los problemas. Tan así es que el 90 % de las veces dicha comisión no genera un informe o un resumen después de cada una de las reuniones. Si no hacen actas, mucho menos van a hacer un informe pidiendo que se mejore. De más está decir que el director de esa comisión es un militar. Por lo tanto, tiene una jerarquía que no le da libertad técnica como para poder expresar libremente lo que siente. Por el contrario, si desde el mando se le dice que no lleve algo adelante, él va a poner todas las trabas necesarias porque si no lo van a mandar arrestar.

Esto también pasaba con el técnico prevencionista, que también era militar, hoy retirado, y probablemente lo vuelvan a contratar por el PNUD. Es decir que en vez de hacer un llamado para contratar un técnico prevencionista, nos vuelven a traer al mismo, que era militar y cumplía órdenes. En definitiva, lo que pasaba era que no tenía independencia técnica. El técnico prevencionista no actuaba como debía, a tal punto que había vidrios rotos y no hacía un informe. Nunca hacía un informe. Las cosas las solucionaba sin hacer un informe. Era una cosa muy extraña.

Por lo tanto, los problemas graves, que requerían un informe para solicitar recursos, nunca se solucionaban. Entonces íbamos, exponíamos las cosas, y nunca subían porque no había un informe. Por supuesto que un informe después lo podían archivar diciendo que no tenían plata, pero ni siquiera quedaba por escrito el planteo.

En definitiva, no teníamos una negociación real, y mucho menos la tuvimos con el protocolo. Desde la Dinacia decidieron que se iba a aplicar básicamente lo que salió del ministerio. Pero, según lo acordado con el PIT-CNT y con COFE, se debería haber negociado con cada uno de los sindicatos para poder aterrizar ese protocolo, que era muy general; cada lugar tiene sus particularidades, por lo que se puede mejorar o se pueden cambiar cosas. Sin embargo, no se consultó a ningún gremio, aun cuando nosotros como gremio estábamos pidiendo el protocolo porque veíamos en el informativo que había brotes en otros países. A fines de febrero y principios de marzo, antes de que se declarara la pandemia, le pedimos a la comisión que hiciera un protocolo o que nos lo diera, pero nunca nos lo dio. Recién tres meses después –si mal no recuerdo– sacaron el protocolo. O sea, después de que el ministerio lo puso, lo imprimieron, le colocaron el título de Dinacia arriba y nos lo entregaron sin negociar. Nosotros hicimos una contrapropuesta. ¡Qué casualidad que durante dos meses no hayan podido revisar un protocolo! Durante dos meses una comisión no pudo revisar un protocolo y, cuando lo hace, dos meses después, se nos dice: «No, creemos que ya está todo recabado en lo que tenemos». ¡Eso no es negociación!

Básicamente, venimos a plantear eso: el tema de la gente, porque de lo contrario vamos a tener que bajar la cortina y cerrar aeropuertos, y que haya una negociación real, porque como bien decía la señora Laura Balado, lamentablemente, las jerarquías militares no están acostumbradas a negociar sino a dar órdenes. Y ahora, como no nos puede dar órdenes, nos informan.

SEÑORA BIANCHI.- Para mí es un placer que estén hoy acá, porque hemos trabajado juntos bastante tiempo y es un sindicato realmente muy constructivo. Están muy preocupados por el tema de la seguridad, porque el tema de los aeropuertos es un problema de seguridad nacional. El año pasado me dijeron: ¿y si llega a venir el ébola? Eso me quedó grabado y ahora vino la pandemia.

                Seguramente vamos a votar después, pero les agradecemos que nos hayan detallado todo este problema. No se pueden desmantelar los aeropuertos; hay muchas cosas en juego. Ustedes lo saben mejor que nadie.

Supongo que luego lo acordaremos en la comisión,  pero procuraremos hablar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en primer lugar, ya que ustedes han intentado comunicarse y no han podido –cosa que me consta–, a los efectos de que se tome en cuenta la real dimensión que tiene el control de los aeropuertos desde todo punto de vista.

                Agradezco su presencia y sé que son un grupo de trabajo que va a colaborar. Nosotros vamos a hacer lo posible para que el ejecutivo los escuche.

                Muchas gracias.

SEÑOR LOZANO.- Agradezco la visita de la delegación.

                Ustedes hablan del desmantelamiento de los aeropuertos. La primera pregunta sería: ¿desde cuándo ustedes entienden que están siendo desmantelados?

                Por otro lado, no sé si tienen conocimiento de un proyecto de ley que ya tiene media sanción, relativo a la privatización y creación de varios aeropuertos del país. Me gustaría saber qué opinión tienen al respecto.

                Sé muy bien que los salarios del escalafón K son los peores que hay en el país, los más sumergidos, pero ustedes no son K. Ustedes tienen un salario distinto porque hablan de negociación. No me queda muy claro eso y me gustaría que me explicaran un poco más. Ustedes hablan de los militares, pero ellos son todos escalafón K. Los militares no pueden negociar sus salarios, tienen los salarios más sumergidos y los van a seguir teniendo hasta que el Poder Ejecutivo los cambie. No sé quiénes son los que deben negociar los salarios de ustedes –que son distintos a los del escalafón K– en la negociación colectiva.

                Esas serían las preguntas.

Muchas gracias, nuevamente, por estar acá.

SEÑORA BALADO.- Primero que nada quiero decir que el desmantelamiento empezó hace mucho tiempo y en muchas áreas. La que más nos preocupa es el área de la fiscalización y el control de los aeropuertos. Con respecto a eso, hay inspectores; ese es un servicio muy cuidado en el resto de la administración central o de los entes públicos, como las intendencias, en las que los inspectores, obviamente, son cuidados, son la autoridad. En nuestro caso, la autoridad aeronáutica está perdiendo vacantes; cada vez somos menos y podemos llegar a menos lugares. Estamos las 24 horas en los aeropuertos pero cada vez con más limitaciones.

                La otra parte del desmantelamiento se refiere a la pérdida de vacantes y a poder cumplir con toda esa normativa internacional. Existen un montón de requisitos y de leyes para poder ser un aeropuerto internacional dentro de esa categorización para la que –como se hacía referencia– hubo una nueva denominación hace poco.  Dentro de esos requisitos hay algunas recomendaciones que pueden tomar los Estados signatarios.

Hace poco –algunos años– tuvimos la visita de la principal de ellos que, en realidad, siempre expresó, desde la OACI, que tendríamos que estar separados de lo que es la parte militar. Somos de los pocos países en los que la aviación civil está unida a la FAU, a lo que son, precisamente, los mandos militares. La aviación civil es civil y con jerarcas civiles; idóneos en la parte aeronáutica, pero civiles. Serían como gerentes de empresas. En nuestro país esto está asociado a lo que es la fuerza aérea nacional.

Entonces, de alguna manera, por un decreto del que ahora no recuerdo el número – es de la época del primer Gobierno de Tabaré Vázquez, si mal no recuerdo; esos datos los puedo pasar después– , las jerarquías son militares. Por eso digo que eso es como un híbrido, ya que los directores son de la FAU – por ley, por normativa– y el personal es civil.

Ellos no pueden negociar nuestro salario, estamos de acuerdo; eso se hace con el ministerio de defensa. De todas maneras, no es el tema salarial lo que trajimos a la mesa de negociación. Hoy por hoy nos importa más el tema de estar, de las vacantes.  Este es un tema que se incluye en un articulado que se va a presentar para la ley de presupuesto con respecto a una reestructura general que se quiere implementar en Dinacia. Ahí sí entra el tema del salario, de mover escalafones y de hacer todo un movimiento. Poca gente nos va a quedar para hacer los movimientos.

Como dice el señor senador, el escalafón K es uno de los menos pagos, pero nosotros no pertenecemos a él; tenemos otra escala de sueldos en base a lo que es la administración central. Tenemos distintos escalafones, por ejemplo, dentro de los especializados, los D, los C, los administrativos, y todo lo que se mueve dentro de lo establecido por la Ley n.º 19121 del estatuto del funcionario público. Esa es la norma que nos regula, como a todos los funcionarios de la administración central.

SEÑOR LOZANO.- ¿Eso lo negocian con el ministerio de defensa o con el ministerio de trabajo?

SEÑORA BALADO.- Con el ministerio de defensa.

                No sé qué otra pregunta queda por responder.

SEÑOR LOZANO.- También está la pregunta del proyecto de ley con media sanción de la privatización de los aeropuertos.

SEÑORA BALADO.- Salió lo de la denominación de la categorización. Hace algún tiempo –empiezo a hablar yéndome un poco para atrás–, con el hoy fallecido Jorge Menéndez, habíamos pensado en categorizar los aeropuertos, porque había muchos aeropuertos internacionales. Se necesitan muchos requisitos para ser internacional y menos para ser nacional; esa es la escala de valores. Ya en aquel momento se había pedido que hubiera menos, y lo que se hizo hace poco fue una nueva denominación.

                A su vez se van a privatizar algunos aeropuertos, como el de Rivera. En base a eso, mientras no se privatice la fuente laboral propiamente dicha… En los aeropuertos que ya están concesionados –como en el de Laguna del Sauce y el de Carrasco, a través de Puerta del Sur y Caisa, pertenecientes al mismo grupo de economistas– trabajamos con una sinergia.

Siempre se depende del Estado porque este es el contralor. Los funcionarios públicos hacemos la parte del Estado. En mi caso, concretamente, soy inspectora del transporte aéreo comercial y me ocupo de controlar y fiscalizar que se cumpla la normativa. Se le pide toda la documentación a la aeronave y a la tripulación. Durante mi guardia soy el Estado, la autoridad aeronáutica que fiscaliza y actúa como Estado para controlar que esté regularizado todo lo que entra a Uruguay, es decir que estén todos los papeles, los seguros al día y la documentación correspondiente. Esa es mi función –me cité como ejemplo– pero hay otras como los planes de vuelo, entre otras. Quien me acompaña es ingeniero electrónico y se dedica a controlar precisamente toda la operativa electrónica.

                Entonces el Estado, más allá de que se concesionen aeropuertos, tiene que estar como fiscalizador, y esa es nuestra función.

Por lo tanto, si el Uruguay no puede mantener distintos aeropuertos –porque es verdad que se vienen abajo por la falta de mantenimiento de la infraestructura –, no nos oponemos a que se concesionen; sí nos oponemos a que se pierdan fuentes de trabajo. Sí se trabajará con una sinergia y cada uno hará lo suyo. Nosotros fiscalizaremos  que el concesionario cumpla, para bien del Estado. De alguna manera nosotros también recaudamos en el servicio inspectivo a través de las multas. Somos muy parecidos a los inspectores de la intendencia; se cobran multas cuando no se cumple con ciertos requisitos, por ejemplo, cuando una matrícula no está habilitada. Por muchas cuestiones recaudamos para el país con esas multas, mayoritariamente a países extranjeros, a aeronaves de bandera extranjera. También somos recaudadores. La Dinacia recauda más de 52 millones de dólares al año con distintas cosas, como los cobros de  los sobrevuelos. La aeronáutica mueve un dinero que es importante. No llega porque va todo a rentas generales. Para poder funcionar y que la aeronáutica esté bien, se necesita una gran parte de eso. Por eso de alguna manera se concesionan aeropuertos.

                No sé si esto responde la pregunta realizada.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Por un lado entiendo que la preocupación y lo problemático en lo inmediato es que solo se está tomando uno cada tres y  que se están quedando sin gente para trabajar. Ese es uno de los temas.

Por otra parte –y creo que el señor senador Lozano se refiere también a esto–, hablan de negociar, de que se reúnen y de que, en realidad, no se llevan actas. Me gustaría saber cómo se denomina esa comisión, qué funcionamiento periódico tiene y  quiénes la integran. Me gustaría que profundicen más en eso.

SEÑORA BALADO.- Esa comisión se denomina comisión de salud e higiene ocupacional. En realidad, es una forma de cumplir con la normativa y con el Decreto n.° 291 y n.° 127. Como saben los señores senadores, este decreto se aprobó hace muchos años pero esta comisión recién empezó a funcionar en la Dinacia hace menos de dos años. Está formada por el presidente, que es un militar; un abogado, que representa la parte jurídica; una doctora, una sicóloga, una técnica laboral, un técnico prevencionista –que ahora no lo tenemos porque era un militar y se retiró– y los dos sindicatos. No sé si me faltó mencionar a alguien. Los sindicatos son, por un lado,  el de los controladores aéreos y, por otro,  el nuestro, que seríamos la parte de tierra; ellos son los de aire y nosotros somos los que estamos en los aeropuertos, en tierra.

                En esa comisión empezamos a plantear un montón de cuestiones laborales y de seguridad –diferentes según el aeropuerto– y también relativas a insumos, pero se desactivó. La última vez que nos reunimos fue el 9 de enero de este año. Como después, en febrero, vinieron las licencias y en marzo detonó la emergencia sanitaria, la comisión se desactivó. Se volvió a activar porque tuvimos que ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a manifestar que, precisamente durante una pandemia, cuando más necesitamos la comisión de salud, esta no funcionaba. Nosotros no teníamos ni siquiera tapabocas.

Tuvimos que realizar gestiones ante el Ministerio de Defensa Nacional, y la verdad es que en esta ocasión se hicieron eco de lo que necesitábamos –además, la normativa era pública, estaba en todos lados, era del Poder Ejecutivo– y nos mandaron partidas de tapabocas, alcohol en gel y guantes desechables. Incluso, puedo citar nombres: se habló con Fabián Martínez y con Cipriano Goñi, director general y subdirector respectivamente de la Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional. Estos insumos llegaron a Dinacia, porque hicieron la gestión ante el Hospital Militar, pero el brigadier que teníamos no los quería repartir, y no teníamos una comisión activa. Fue impresionante la lucha que tuvimos durante una semana para lograr que llegaran los insumos a todos los aeropuertos del Uruguay, en plena pandemia. De esto, puedo citar como testigos a estas dos personas. Después los insumos se empezaron a repartir y denunciamos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo que pasaba. Obviamente, el ministerio pidió que se hicieran bipartitas y que se reactivara la comisión.

El 23 de junio se reactiva la comisión y en ese momento empezamos de nuevo. Pero desde el 9 de enero al 23 de junio no tuvimos ese ámbito, ni para esto, que era lo básico, lo urgente.

SEÑOR BARBOZA.- Tan es así –ahora, después de varios intentos, nos pasaron la información– que el servicio de limpieza, que es de lo que nos venimos quejando en esta comisión desde el día uno, para que tengan una idea, en el aeropuerto de Artigas tiene 35 horas mensuales; por lo tanto, van lunes, miércoles y viernes dos horas y cuarenta y cinco minutos. En ese rato, tres veces por semana, pretenden limpiar y desinfectar toda el área de pasajeros más toda el área de la torre, que requiere limpieza de vidrios, porque el controlador de tránsito aéreo está mirando a través de 360º de vidrio para poder ver la plataforma. Y en situaciones similares están los demás aeropuertos, algunos con 50 horas, otros también con 35.

La comisión no ha logrado que esto se tome en cuenta y que en plena pandemia se aumente el número de horas de limpieza. Digo esto para que vean la eficacia de la comisión. Tampoco me consta que hayan hecho aunque sea un informe que diga que se tiene que aumentar el número de horas de limpieza, algo que para mí rompe los ojos. Si con esto no pueden, mucho menos podrán negociar un cambio de sillas, por ejemplo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me gustaría dejar un par de constancias. Comparto lo que dice la senadora Bianchi en el sentido de tratar de articular con algún ministerio. Además, voy a hacer algunos pedidos, más que preguntas.

                Les voy a pedir que, de ser posible, nos dejen –para sumar a la versión taquigráfica– todo lo que sea documentación que ayude a la discusión. Sabemos que en muchas áreas, como en la industria de la construcción y en magisterio, se alcanzaron espacios para establecer protocolos de actuación durante la pandemia que fueron eficaces o en las que, por lo menos, se tuvieron líneas claras de diálogo social, y sé que en varios sectores de la administración también se logró. Si hay dificultades, la idea es ver cómo podemos ayudar a aceitar esos mecanismos.

                Lo que me genera una pregunta –pero después lo analizaremos como comisión– es el tema de cómo afecta esto.

                Hasta ahora, creo que ustedes son de los más afectados, aunque también está el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tenía un 50 % de personas con posibilidad de jubilarse al final del período. El hecho de que en dos años la mitad del personal tenga causal jubilatoria, a mí me enciende mucho las alarmas. Entonces, además de la discusión de defensa, probablemente haya un planteo general para hacer, sobre todo por el caso de algunas dependencias porque, más allá de la especificidad, está la cuestión general, sobre todo para que no afecte al país. Aclaramos que compartimos ese costado de la argumentación.

                Les consultamos si pueden dejarnos la documentación de que disponen –más allá de lo que vayamos a buscar en la versión taquigráfica–, porque después viene otra delegación con la que tenemos que intercambiar y nos dice, por ejemplo, que lo de las dos horas cuarenta y cinco no es así, que de dónde sacamos eso, en fin. Contar con toda la documentación nos ayuda a trabajar de manera más eficaz.

                Les agradecemos mucho la comparecencia y quedamos con los teléfonos abiertos.

 

(Se retira de sala la delegación del Sindicato Único

de Especialistas Aeronáuticos).

 

 (Ingresa a sala la delegación de la Unión de Laboratoristas

 de la Administración de los Servicios de Salud del Estado).

 

                –Es un gusto recibir a la delegación de la Unión de Laboratoristas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, integrada por Luisa Grampín y Marlene Machado.

SEÑORA MACHADO.- Buenas tardes. Trabajo en el laboratorio del Hospital Fray Bentos e integro un grupo integrado por todos los laboratoristas del Uruguay que en este momento –si no es en este momento no va a poder ser en otro– vimos la posibilidad de mostrar lo que hacemos ya que hasta el momento somos invisibles, no existimos. Con todo esto de la pandemia, se saluda a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares de servicio pero el laboratorio no existe. Además, hay que tener en cuenta que nuestros sueldos son los más bajos de la Administración. En ese sentido, hay una gran diferencia entre los sueldos que se pagan en Montevideo y en el interior.

                No conozco el motivo –según decía una compañera, parece que en el interior el costo de vida es más barato–, pero cobramos $ 10.000 menos que en Montevideo.

                Nuestro sueldo está casi igualado al de alguien que ingresa como auxiliar de servicio, que no está mal que tenga su sueldo, pero nosotros tenemos una carrera de cuatro años con un internado obligatorio y luego con una…

SEÑORA GRAMPÍN.- Son cuatro años que hacemos en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que depende de la Facultad de Medicina, cuatro meses de internado obligatorio, un trabajo final y ahí estamos aptos para trabajar. La responsabilidad que tenemos es mucha porque trabajamos con muestras biológicas y muchos médicos, en un gran porcentaje, en base a eso toman decisiones para los pacientes. Es como que no nos tienen en cuenta. Siempre estamos entre el paciente y el médico, pero, reitero, es como que no existimos, nadie nos ve y llega un momento en que eso cansa.

SEÑORA MACHADO.- En este momento, por ejemplo, nosotros no solo realizamos la toma de muestras para la Covid, sino que las procesamos, las enviamos y hacemos todo el resto del trabajo. Se trabaja horario completo y se hacen  guardias las 24 horas. Todo el sistema está cubierto; en ningún momento queda descubierto. Sea cual sea la circunstancia siempre está cubierto por un laboratorista que ayuda. En 2018 comenzamos esta movida y el año pasado seguimos todos los pasos. No hay lugar donde no hayamos ido. Llegamos hasta el gremio, que no nos dio una respuesta ni quiso darnos una entrevista. Este año volvimos a solicitarla; vinimos a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes y ahí conseguimos, por lo menos, que el gremio nos ayudara, nos recibiera. Nos recibió, pero –no digo que todos los beneficios estén mal; están bien– pone a todo el personal de la salud solicitando la insalubridad. Nosotros no tenemos insalubridad; no tenemos años de descuento por trabajo con riesgo biológico; no tenemos un plus, por ejemplo, por área cerrada como tiene block quirúrgico, administrativo o farmacia. No tenemos contacto con el enfermo. Muchos laboratorios no tienen contacto con el enfermo, pero sí con todos sus líquidos biológicos. Muchos laboratorios trabajan haciéndole extracciones al paciente mientras que otros no tienen extraccionistas. Eso es muy variable, pero no contamos ni con un solo plus en toda ASSE para laboratorio; no hay ni uno. Llegamos a la asociación y esta presentó la insalubridad para toda Salud Pública. Eso nos pareció bárbaro, pero nos dijeron que iba a ser muy difícil.

Entonces, el martes hubo otra reunión con el señor representante Sebastián Andújar y le propusimos lo mismo porque íbamos a presentar un proyecto de ley para laboratorio, pero no como insalubre, sino como riesgo biológico inherente a nuestro trabajo. Todos los sectores en los que se trabaja tienen reactivos que son potencialmente nocivos. Por ejemplo, hay venenos con los que no se puede tener mucho tiempo de exposición; se necesita ventilar el ambiente; incluso, hay lugares que tienen campanas específicas y si pasa para el otro lado puede ser muy nocivo. O sea, tenemos nuestra protección, pero también corremos un riesgo biológico tremendo. Como decía, quisimos presentar un proyecto de ley y el diputado nos dijo que él iba a intentar poner un inciso en la ley de presupuesto solicitando un plus para el laboratorio. No sé si eso va a salir o no, pero queríamos que todos supieran cuál es el motivo.

                Con respecto a la parte laboral, como saben, hay un solo laboratorio, el de Florida, que está habilitado y mi compañera les va a explicar cómo se tramitó esa habilitación.

SEÑORA GRAMPÍN.- Trabajo en el laboratorio de Florida, el único habilitado del país. En realidad, la habilitación surgió porque un grupo de compañeros –en esa época yo todavía no trabajaba ahí–, en 2005 o 2006, tomó la iniciativa de empezar a trabajar en calidad y, entre todas las pautas a cumplir, el laboratorio tenía que estar habilitado. Llegamos a tener la acreditación hasta 2016 y después fue imposible mantenerla porque todo fue hecho a pulmón. Si bien hubo mucho apoyo para seguir adelante, en realidad, el apoyo fue de laboratorios particulares porque todo esto genera gastos y mucho compromiso, así como también horas de trabajo sin cobrar de la gente que trabajó en esa época. Como decía, fue imposible mantenerla porque nunca hubo una retribución de ningún tipo y cayó todo lo vinculado a la calidad, que ya no se hace más. Creo que igual uno tiene el hábito y trabaja de esa forma, pero hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. Así estamos.

SEÑORA MACHADO.- Al respecto, presentamos –está en el mail que se mandó– una encuesta de laboratorios que se hizo a nivel nacional a efectos de conocer las condiciones de trabajo y pongo como ejemplo mi laboratorio; lo llamo así porque lo siento mío. Allí trabajamos todos a la par, pero en un ámbito en el que, por mencionar algo, no tenemos baño, no tenemos una sala de extracción correcta como para sacar más muestras y que la gente no se amontone. Por esto de la pandemia hicimos un segundo lugar de extracción en el que tenemos sesenta centímetros, la silla, otro espacio de cuarenta centímetros y después todas las cajas del laboratorio apiladas. Tampoco tenemos un lugar para compartir un café, un té o algo; sí tenemos una mesita con dos sillas, un banco y una cafetera, pero entre todas las cajas del laboratorio. O sea, no es un lugar apto para el trabajo. Tampoco contamos con un lugar para cambiarnos, tenemos que ir y venir con nuestra ropa de trabajo porque vamos al baño público del hospital.

                No tenemos un cambiador; no tenemos un perchero ni un lugar para poner nuestra ropa; no tenemos nada. O sea que vamos y venimos. De todos modos, en este momento, esto está fuera de contexto porque no debería ser así.

SEÑORA GRAMPÍN.- Es decir, no se puede andar con la ropa de trabajo en la calle. No se podía antes, no se puede ahora ni nunca se pudo. O sea, tiene que haber mínimo un lugar para cambiarse.

Nosotros, obviamente, tenemos todo eso porque un laboratorio debe tener una sala de extracciones, una sala de espera, un vestuario y un área preanalítica y analítica por sectores: hematología, orina, bioquímica, inmunología, inmunología especializada, biología molecular y bacteriología. En Florida tenemos todo eso y está espectacular. Los invitaría a que fueran cuando quisieran a conocer el laboratorio, más allá de que ahora no estamos en el tema de la calidad, pero igual está muy bueno. Dicho laboratorio representa el gran esfuerzo que ha hecho la gente de ahí.

Si bien, obviamente, no se puede andar con la ropa así, hay laboratorios que no tienen nada y deben usar el baño público. Nosotros tenemos cocina, cámara, vestuario, baño para los funcionarios, otro para el público y para lisiados; tenemos de todo. O sea, está muy lindo.

SEÑORA BIANCHI.-  Muchas gracias por haber venido.         A uno le cuesta ubicarse, es decir que nada menos que los laboratoristas estén –como ustedes dicen– invisibilizados. Agradezco enormemente que hayan venido a la comisión porque uno conoce más la realidad en la que vive.

                Tengo varias preguntas.

 La primera –de pronto, la señora Machado ya la contestó; cuando el presidente le dé la palabra, quizás, pueda responderla– es con respecto a cuál es el nombre del hospital al que la señora hacía referencia y en el que trabaja. Quizás, lo dijo y no lo escuché.

                La segunda pregunta es con respecto a si ustedes tienen los datos de cuántos laboratorios funcionan a nivel de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y cuántos laboratoristas, es decir, cuánto personal está destinado para esa tarea.

                La tercera pregunta tiene que ver con algo que me llamó poderosamente la atención, que es que necesitaron la mediación de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes para que el sindicato los recibiera. Entonces, quisiera que nos aclaren la situación en la que ustedes se encuentran, es decir, si tienen una asociación, si están sindicalizados o si forman parte del sindicato correspondiente de los servicios de salud del Estado.

                No sé si se acordarán, pero son tres preguntas bien concretas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hacemos una ronda de preguntas así después contestan todas.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En primer lugar, quisiera darles la bienvenida, en particular a mi coterránea con quien, en su momento, me comuniqué por estos temas.

                Los derechos de los laboratoristas están estipulados en el Decreto n.° 129 de 5 de abril de 2005. Es decir, no es algo que ustedes nos están diciendo hoy y que aspiran a que en algún momento se reglamente, porque ya existe dicho decreto que los establece.

                Mi pregunta es en relación a si está en el debe el cumplimiento de este decreto, porque estamos hablando de muchos años; pasaron ya quince años de la aprobación del decreto. Quisiera saber qué pasos se dieron. Sé que avanzaron en Florida con respecto a la calidad, pero me gustaría saber si tienen conocimientos sobre otros porque, quizás, esa podría ser nuestra tarea: ver cómo, de alguna forma, se da cumplimiento al decreto y ocuparnos de la parte salarial, con respecto a lo que le habían dicho para compensar la tarea realmente riesgosa que ustedes hacen.

SEÑOR LOZANO.- Antes que nada, muchas gracias por haber venido. Creo que fue muy ilustrativa la presentación que han realizado y, fundamentalmente, quiero remarcar –al igual que la senadora Bianchi– que como dicen ustedes, de repente no estaban visibilizados y con toda justicia hay que reconocerlos. Considero que los problemas que ustedes presentan nos aquejan como algo que no era visible y que, como dijeron, existe desde hace años. Pienso que el Estado de a poco irá tratando de solucionarlos, por lo menos, algunos de ellos, sin duda, en lo que refiere a la infraestructura. La otra parte creo que es de más urgencia porque, sin duda, la insalubridad del trabajo que están haciendo no requiere demasiado análisis. Más que nada quería presentar este reconocimiento ante ustedes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me sumo a la pregunta de la señora senadora Bianchi en el sentido de un mapa general para tener dimensión de cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando y de la condición. Parto de una premisa: si hay una condición de trabajo precaria no se resuelve con insalubridad, sino la precariedad del trabajo en lo posible. En todo caso, la discusión de la insalubridad es cuando habiendo tomado todas las medidas para minimizar el impacto en la salud, igual persiste este impacto.

                Creo que los cambios en la Ley n.º 16713 lo hacen muy complejo, aun con informe epidemiológico sostenido acerca del envejecimiento precoz y otras resultantes en el trabajo. Es muy complejo abordar las declaratorias nuevas en insalubridades. En todo caso, esa es una discusión que va a derivar del diálogo de seguridad social que está previsto en el ámbito de una comisión de expertos. Me tocó muchos años trabajar demostrando esto, en el sentido de muerte prematura, envejecimiento precoz y un conjunto de falencias en la construcción, con informes contundentes de las distintas cátedras y aun, con datos contundentes, la ecuación económica es tan compleja que nos hizo muy difícil avanzar. Uno piensa en los CTI, donde se está todo el día entre la vida y la muerte. No puede existir mucha fundamentación contraria de que quien está sometido a un estrés de esa magnitud debería contemplarse por el deterioro que genera ese estrés en la salud de la persona. Creo que es uno de los aspectos que más va a tener que tomar en cuenta cualquier cambio en la seguridad social, porque hay que entender que hay actividades que no se pueden sostener.

                Agradecemos la participación y me sumo a las preguntas que realizaron los señores senadores porque nos ayuda a una mirada más integral de la cuestión.

SEÑORA GRAMPÍN.- Sobre el gremio quiero decir que estamos afiliados. Formamos un grupo y le pusimos de nombre «Laboratoristas Unidos». Todos los laboratorios de ASSE del país formamos un grupo de WhatsApp y así nos fuimos comunicando unos a otros.

                En cuanto al gremio, la mayoría estamos afiliados, o sea, aportamos un 1 % de nuestro sueldo, lo cual ya viene descontado en el recibo. Esto viene desde hace tiempo; desde 2000 o 2005 se empieza y se deja porque es como que no se llega a nada, como que no somos escuchados o quedan las cosas sin resolver. Yo no sabía lo que se leyó. No estaba enterada. No sabemos por qué el gremio no nos apoya. El año pasado nos asesoramos con un abogado. El presidente del gremio nunca nos recibió. Cuando llegaron a la Cámara de Representantes una diputada lo llamó y ahí fue que nos recibió. Y fue cuando se habló de la insalubridad para toda ASSE. Ahora estamos intentando tener nuevos diálogos. Mañana nos vamos a juntar un grupo más chico por Zoom para hablar sobre este tema. Hay gente del gremio que todavía no entiende qué es lo que queremos nosotros. Entonces, no pierdo la esperanza de que ellos entiendan la situación que pasamos y que vivimos. Eso es lo que nos pasa con el gremio. No es que no aportemos y que no estemos afiliados, es como que no tenemos respuesta.

                Yo lo que noto siempre es que, a nivel de salud, los gremios son más de enfermería, no sé por qué; de repente es porque son más cantidad. Tal vez por eso no nos escuchan tanto.

                Sobre lo que se decía del tema insalubridad, por ejemplo, tenemos que sacarnos el carné de salud cada dos años. En el Hospital de Florida ahora ya no está más, pero había una doctora que, además de ocuparse de eso, era médico prevencionista y me dijo que nos tendríamos que hacer un audiograma cada dos años para ver si vamos perdiendo la audición, porque los equipos son muy ruidosos, estén en uso o sin usarse, ya que siempre están prendidos pues funcionan las veinticuatro horas. Como siempre estamos cubriendo urgencias o emergencias, tienen que estar prendidos. Ese ruido es muy molesto y puede provocar pérdida de audición.

También está el tema de los campos electromagnéticos porque estamos entre equipos todo el tiempo. En algunos laboratorios hay más espacio, como en el que trabajo, que dentro de todo cumple bastante la reglamentación, excepto en algunas áreas que se han ido agrandando y ahí ya quedó chico el laboratorio, pero en otras áreas sí está bien. Por ejemplo, yo miro al microscopio inmunofluorescencia y teníamos una pantalla protectora que se rompió, y eso puede perjudicar la visión. Yo miro dos veces por semana; estamos hablando de dos días a la semana todas las semanas y ya hace un montón de años. Son cosas que uno no las va teniendo en cuenta, pero a la larga no sabemos si de repente tenemos menos visión porque la íbamos a tener o por el trabajo. Creo que ahí están los riesgos, más allá de los reactivos que largan olores irritantes o los accidentes a los que estamos expuestos. A mí me pasó que me saltó un control, que es un reactivo. No sé cómo fue que me saltó, pero me saltó al ojo. Entonces, ¿qué hice? Me lavé, fui a la emergencia y me dijeron: «Ah, ya te lavaste. Ya está», y punto. Estamos expuestos todo el tiempo. Uno trabaja de la mejor forma, pero los accidentes pasan y, sin embargo, no tenemos ningún plus o algo que diga que cada tantos años nos dan tanto de jubilación. Nada. Lo tienen los maestros, los profesores, los bomberos, etcétera; incluso los que trabajan en farmacia. Yo me preguntaba: ¿los que trabajan en farmacia? Y me decían: son los que parten los medicamentos y los ponen en bolsitas para los sanatorios, entonces, ¿y nosotros por qué no?

También está el estrés por el tema de la rapidez del resultado. Cuando trabajás en una guardia, en media hora tenés que tener pronto el resultado. Yo ahora, con los años, aprendí a ir de forma más calma, pero es difícil.

SEÑORA MACHADO.- Mi nombre es Marlene Machado. Soy del laboratorio del Hospital Fray Bentos.

Con respecto a la cantidad, estamos todos los laboratoristas de todos los laboratorios de ASSE integrados en esta movida. No sabemos el número exacto. Somos menos de dos mil, contando auxiliares de laboratorio y administrativos para laboratorios. Reitero, no llegamos a dos mil. Seremos mil setecientos o mil ochocientos, pero llegamos a contarlos exactamente. También hay licenciados, técnicos y algunos idóneos que todavía figuran.

SEÑOR LOZANO.- ¿La química no está?

SEÑORA MACHADO.- También estamos contando los químicos, que son los jefes de laboratorio.

SEÑORA GRAMPÍN.- Tenemos un jefe de laboratorio que es médico laboratorista o  bioquímico, puede ser químico farmacéutico o de alguna área de la química, pero no son muchos más los que pueden ser jefes de laboratorio. Luego en los laboratorios trabajan los administrativos, los auxiliares de laboratorio –es una carrera de un año o dos, dependiendo de cuándo la hicieron– y estamos los licenciados en laboratorio, que es esa carrera universitaria de cuatro años. También hay técnicos porque antes, en otra época, la carrera era de tres años y después revalidaron el título. Yo como estudié a la vejez, agarré la licenciatura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Viendo qué podemos hacer nosotros para ayudar a corregir los problemas que puedan existir sobre condiciones de medioambiente en el trabajo, precisaríamos que nos dieran más detalles para ver en qué circunstancias, en qué sanatorios, en qué hospitales, existen esas dificultades para ser más precisos en el control.

                En cuanto al otro planteo que hacen –y quizás los otros miembros de la comisión lo entiendan distinto–, me parece que habiendo convocado una comisión de expertos en materia de seguridad social votada recientemente en la ley de urgente consideración, la que en unos meses tiene que traer una respuesta sobre una reforma integral de la seguridad social, no sé si hay  espacio en materia de discusión de seguridad social para cambios parciales; además, la respuesta no va a venir dentro de cinco años, sino en unos meses. Sobre esa revisión se verá. Y pongo un ejemplo, la mitad de los trabajadores de la industria frigorífica se jubilan por discapacidad. Hay algunos sectores donde es muy notorio el hecho de que es necesario atender las consecuencias que el trabajo genera. Supongo que una discusión, que será compleja, para hacer viable la seguridad social en el Uruguay tendrá que atender cuestiones generales, pero también particulares. Para dar una respuesta como comisión, me parece que ahí  es donde habrá que derivar todo lo que exista sobre fundamentación, análisis epidemiológicos del sector en particular para poder interpretarse en esa mirada general.

                Lo otro que podemos hacer es convocar a las autoridades, pero precisaríamos contar con más detalles para saber dónde están las denuncias concretas sobre las condiciones de trabajo insuficientes o con deterioro.

SEÑORA BIANCHI.- Estoy totalmente de acuerdo. Es seguro que, en este momento, no se va a tocar absolutamente nada de la seguridad social, como muy bien decía el presidente, hasta que este comité de expertos termine con su labor para lo que tiene ciento ochenta días si mal no recuerdo, y luego ciento ochenta días más en caso de ser necesario. La verdad que todo se va a enfocar como un sistema y allí van a estar incluidas hasta las paraestatales, es decir que hacer algo sobre la seguridad social ahora, no es viable.

                A lo que dijo el señor presidente agregaría algo más, además de los datos que les pedimos que amplíen. A mí me gustaría invitar no solo a las autoridades, sino también al sindicato.

                Era lo que quería agregar.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Capaz que esto va más dirigido al presidente en particular. Un tema importante que plantean tiene que ver con la compensación salarial. Entiendo que cuando se habla de esperar a la comisión de expertos, se refiere más a las pasividades. Como pasa con los maestros como en mi caso, cada tres años se nos contabiliza uno más y esas cosas. Me parece que eso va por el lado de la futura reforma de la seguridad social. Mi pregunta concreta pienso que iría dirigida al presidente porque creo que es el que más experiencia tiene, pero, de pronto, hay otros senadores que también la tienen.  El tema de que se la considere como riesgo, con las circunstancias que están planteando, ¿sería específicamente para los laboratoristas? Lo pregunto porque se me generan dudas. Capaz que no corresponde para los administrativos y, entonces, serían menos. Entiendo que los laboratoristas tendrían que ver mejorado su salario como cierta compensación por el riesgo directo que tienen. Entonces, sería bueno precisar cuántos son los laboratoristas técnicos específicamente preparados que están en esa tarea. Además, me pregunto si eso otro no se puede tramitar de forma más ágil y por un camino separado a tener que esperar a la comisión de expertos. Se lo pregunto al presidente o también a la senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Sin duda, y se los iba a recomendar. Ahora viene el tratamiento de ley de presupuesto y me parece que es ahí donde se tienen que canalizar esas posibles compensaciones. Además, sería bueno que cuando se trate el presupuesto, que ahora está en la Cámara de Diputados, pidan ser recibidos para plantear sus necesidades.

                Por eso quiero escuchar al sindicato, más allá de que la instancia para esas compensaciones –que estoy de acuerdo que no tienen que ver directamente con la seguridad social– es durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto, porque es el momento en que se asignan los recursos. En consecuencia, es cuando se define si es posible hacer esas distinciones, esas compensaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay dos puntos a tener en cuenta.

Por un lado, si hay riesgo a la salud, el primer terreno es el conjunto de medidas que lo minimicen, no el canje del riesgo a la salud por plata. Voy a poner el ejemplo del trabajo en altura: por más medidas de seguridad que se tomen, está claro que hay un riesgo mayor a trabajar en el piso. Como el trabajo hay que hacerlo igual, lo que se compensa económicamente es lo que no se puede evitar.

                Por otro lado, hay dos márgenes: reducción de los años de trabajo para la jubilación o la jornada laboral. Cuando en la salud se discutió el tema de las seis horas se tuvo en cuenta que ese trabajo genera un conjunto de cargas, como el estrés, que impacta sobre la condición de vida del trabajador. Esta es una herramienta y otra es la seguridad social.

                No veo –aunque quizás existen– posibilidades inmediatas de reforma parciales en la seguridad social cuando se acaba de votar hace dos o tres semanas que habrá una reforma integral de la seguridad social. Muchas veces, cuando no hay discusión integral, se puede avanzar parcialmente. En ocasiones, los avances parciales generan esas inequidades. Se puede decir: ¿cómo tal sector llegó hasta acá y tal otro está muy atrasado en materia la seguridad social?

                Comparto con la senadora Bianchi en el sentido de mirar esto junto con la Federación de Funcionarios de Salud Pública. El ámbito para atender alguna situación particular es durante la discusión presupuestal que, por cierto, no es de amplísimos márgenes, pero ahí hay otro direccionamiento.

                Ninguna de estas cosas quita que si se están violentando derechos de la salud y de la seguridad de los trabajadores se intente resolver hoy.

SEÑORA GRAMPÍN.- En nuestro trabajo estamos expuestos todo el tiempo y lo tenemos que hacer, ya sea con un plus o sin plus; es nuestro trabajo. Para que tengan una idea de la importancia del tema les voy a contar lo que me sucedió: fui a donar sangre para la mamá de una amiga y el bacteriólogo me dijo que no podía ser donante. La gente que trabaja en laboratorio no puede donar sangre porque es personal de riesgo. A ese extremo se llega. Por lo tanto, estamos muy expuestos.

SEÑORA BIANCHI.-  No queremos hacer ningún comentario más delante de ustedes para no confundir más la situación. Es obvio que no se cambia la salud laboral por plata; hay afirmaciones que hay que contestar. Ahora tenemos que pensar en el tema –que sería para la Comisión de Salud Pública, especialmente, más allá de que se trata de condiciones laborales–, porque es obvio que hay que compensar también con dinero y no es que estemos con moneda de cambio en la salud, pero hay que tratar de resolverlo con la ley de presupuesto. Después veremos cuáles son efectivamente las posibilidades. No tengo dudas de que se va a tratar de ser equitativo. Aquí lo que hay es una gran inequidad, como ustedes lo han planteado, frente a otros sectores de la salud.

                Simplemente quería dejar esta constancia por lo dicho por el señor presidente.

SEÑORA MACHADO.- Quiero contestar al senador, con respeto. Nosotros ya presentamos la comparación de los estados de los laboratorios con una encuesta sobre las condiciones laborales de todos los laboratorios. A algunos, por ejemplo, les falta tener en condiciones la parte eléctrica. Este estudio no es de ahora, nosotros nos presentamos hace mucho tiempo.

                Nos reunimos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero debía conformarse una comisión bipartita y el gremio no nos acompañó. Entonces, ahí cortamos. Este año contactamos con el doctor Montaño, de ASSE, que nos brindó todo. Ahí nos enteramos de que Pablo Cabrera, que es laboratorista, estaba dentro de la comisión de ASSE, pero nunca hemos hablado con él. Montaño se preguntaba cómo era posible que siendo Cabrera laboratorista no se moviera por nosotros; le dijimos directamente que él no cobra un sueldo de laboratorista y es por eso, porque si él supiera lo que es, nos ayudaría.

                Con respecto a la comisión del gremio, cuando presentamos el tema de insalubridad, el gremio lo estableció para toda Salud Pública, y no digo que esté bien o mal, pero nosotros seríamos, en este momento, los primordiales, ya que un auxiliar de servicio de CTI está entrando a cobrar más que nosotros que tenemos toda la responsabilidad. Un auxiliar de servicio que entre hoy a CTI gana más que nosotros. Ellos tienen responsabilidad, por supuesto, pero nosotros también.

                Después de que presentamos esto al gremio, que fue antes del plenario del mes pasado, informamos que habíamos decidido hacer un paro solo de laboratorios para que nos vieran, y nos dijeron que no, que nosotros teníamos que amoldarnos a los paros que hacía el gremio. El gremio no nos apoyó, solo el laboratorio. Hemos chocado con eso; no sé por qué tenemos una pared enfrente que no nos reconoce.

                Una cosa más. Presentamos estudios hechos por el doctor Tomasina con respecto a todo el ruido del laboratorio y cómo afecta. Nosotros salimos del laboratorio y en plena noche sentimos ruido continuamente. Bajamos una aplicación para los celulares –que nos recomendó una compañera– que alerta sobre el riesgo electromagnético y nunca hemos llegado a estar en un lugar en que la aplicación diga que el riesgo electromagnético es bajo o normal; siempre estamos del medio para arriba. Todos tenemos la aplicación y nunca llegamos a estar en verde; siempre estamos en naranja o en rojo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.

                Se levanta la sesión.

(Son las 17:29).