Retorno a página principal

Carátula

COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO  Y SERVICIOS

(Sesión celebrada el día 11 de agosto de 2020).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:04).

(Ingresa a sala la delegación del Ministerio de Industria, Energía y Minería).   

–Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la delegación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, integrada por el subsecretario, señor Walter Verri; la señora directora nacional de Industria, ingeniera química Susana Pecoy; la asesora, doctora Alejandra Fostik, y el asesor jurídico, doctor Bruno Cabrera.

En el día de hoy los convocamos por el proyecto de ley de control sobre la fabricación, comercialización, importación y exportación de alcoholes y bebidas alcohólicas. La comisión resolvió citar al ministerio, al LATU y a Ancap.

Ancap ya se hizo presente y mostró una opinión favorable. Este es un proyecto de ley del período anterior; por eso nos pareció lógico consultar a las nuevas autoridades. Por lo tanto, los escuchamos y es un gusto que hayan concurrido aquí.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Muy buenas tardes. Agradecemos que nos hayan recibido. En nombre del Ministerio de Industria, Energía y Minería aceptamos gustosos la invitación, como corresponde al relacionamiento entre dos poderes del Estado.

Vamos a tratar de evacuar las dudas que puedan tener con relación a un proyecto de ley que no es de esta Administración, sino de la anterior, pero que ustedes han decidido desarchivarlo para tratarlo nuevamente. A priori tenemos que decirles que coincidimos con el proyecto de ley; no tenemos objeciones generales al respecto. En algún momento me comuniqué con la señora presidenta de la comisión a los efectos de trasmitirle que quizá necesitaríamos un poco más de tiempo para analizar algunas modificaciones que creíamos necesarias. De todas formas, ella insistió con la convocatoria y acá estamos.

                Básicamente, voy a intentar explicar lo que han hecho los técnicos que estuvieron trabajando en el tema, al igual que los del LATU, que  sabemos que después van a recibirlos. Esta es una ley modificativa de la Ley n.º 16753 que, a su vez, modificó la ley de creación de Ancap que establecía el monopolio de los combustibles.

Básicamente dice que se sustituyen cinco artículos de la Ley n.º 16753 que hoy está vigente.

                El artículo 2.º que se sustituye, en realidad, transfiere el control y las sanciones previstos en la ley que tenía Ancap al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Además, la propia ley establece algo que ha recogido en otras prácticas donde se le han dado atribuciones al LATU y determina que este preste el servicio de contralor y fiscalización de los alcoholes. Hace mención a la Ley n.º 13640 que modifica la ley de creación del LATU. Pero básicamente ese artículo cambia el contralor de Ancap al MIEM y, por su intermedio, al LATU. Creo que es claro.

                El artículo 3.º de la ley quedó igual.

El artículo 4.º, en realidad, toma un registro muy primario de lo que establece el artículo siguiente, que está derogado a texto expreso, modifica el registro establecido en ese artículo 5.º y determina que en lugar de ser llevado por Ancap con algunas modificaciones importantes debe serlo por el propio LATU como organismo encargado de la fiscalización y del contralor del alcance de la ley. Asimismo, dispone que las sanciones previstas en la Ley n.º 19264 son las aplicables al incumplimiento de esta ley.

                Este es un texto mucho más limpio, más claro, más ordenado y tiene un registro más eficiente que el que tenía el artículo 5.º. Lo simplifica a los fabricantes e importadores de alcoholes y bebidas alcohólicas cuando antes alcanzaba a fabricantes, comerciantes, tenedores, depositarios y consignatarios de alcohol. Hoy solamente se obliga a fabricantes e importadores de alcohol a inscribirse en el registro que el LATU llevará a esos efectos. Deberán declarar sus productos en dicho registro en los términos y condiciones que determine la reglamentación. Después habla de las sanciones. Por lo tanto, básicamente es un artículo que mejora la redacción existente y la hace más simple. Nosotros estamos de acuerdo con ella.

                El artículo 3.º del proyecto de ley deroga el artículo 5.º que recién mencionaba. No creo que valga la pena ahondar en él. Es claro que refiere al registro que se establece en el artículo 4.º.

                El artículo 6.º queda igual y el artículo 7.º es el tercer artículo que se modifica. Cambia la forma de rotulación, la forma del etiquetado obligatorio hoy están de moda los etiquetados frontales, pero no la esencia. Sigue manteniéndose la necesidad de contar con el etiquetado. No hay ningún cambio en eso. A su vez, establece la obligatoriedad de poner en la misma etiqueta o en una diferente el número de registro que se crea en el artículo 4.º. Quiere decir que hace mención a ese registro para que el número que obtenga la bebida alcohólica se establezca en una misma etiqueta o en otra diferente. Por otra parte, básicamente se dispone una sanción mucho más estricta cuando se compruebe el incumplimiento e, inclusive, aumenta el monto de la sanción de tres a cinco veces el valor ficto.

La multa, que era de tres veces el valor ficto establecido para la liquidación del impuesto específico interno Imesi por litro o fracción del producto en infracción, ahora se lleva a cinco veces ese valor ficto. A su vez, se establece que el producto que se encuentre en infracción –esto no estabacon relación a lo dispuesto en este artículo podrá ser sometido a la readecuación correspondiente, reportado o destruido en el plazo que determine la ley. Eso no estaba en el artículo anterior y, por lo tanto, da una opción diferente a lo que establecía el artículo 7.° en su redacción anterior. No sé si está quedando claro lo que digo, pero estoy tratando de resumir sintéticamente las modificaciones introducidas a cada uno de los artículos.

El artículo 8.°, que es el cuarto que se sustituye, cambia en primer lugar la unidad de medida, que pasa de GL –Gay-Lussac–, que es una medida bastante antigua que ya no se usa –inclusive, quienes no somos expertos en este tema tuvimos que buscarla para tratar de entenderla– a que los fabricantes importadores que comercialicen bebidas destiladas que difieran en más de una unidad respecto a la graduación alcohólica –repito que antes se decía un grado GL– serán objeto de una multa hasta cinco veces el valor ficto referido en el artículo anterior. Se recordará que esto se calculaba sobre el valor específico del Imesi, el impuesto específico interno. Establece que  corresponde una doble sanción cuando la composición del producto no se ajuste a las especificaciones que determine el Poder Ejecutivo. Acá hay una salvedad con respecto al artículo vigente: en cualquiera de estos dos casos, sin perjuicio de las sanciones, igual se podrá autorizar su reprocesamiento o destrucción, de acuerdo a lo que determine el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en acuerdo y con previo informe del LATU.

                Por otra parte, el siguiente inciso establece una prohibición mucho más estricta, ya que dice que quienes manipulen, alteren o adulteren bebidas alcohólicas destiladas serán sancionados con una multa equivalente a diez veces el valor ficto al que nos referíamos y, necesariamente, hay que destruir el producto. Obviamente, hay una sanción mucho más fuerte para quienes realicen manipulación de los productos; inclusive, el alcance de esta manipulación no solamente refiere a los fabricantes e importadores que se mencionan en el primer inciso del artículo, sino también a cualquier comerciante de alcohol. Esto queda claro porque no menciona a texto expreso a los fabricantes o importadores, sino que alude a quienes manipulen, alteren o adulteren bebidas alcohólicas. Por lo tanto, creemos que esta es una medida acertada porque se trata de una infracción muy grave. Lo mismo pensamos con respecto a la sanción y a que la destrucción del producto sea preceptiva. Esto se menciona a texto expreso.

El último de los artículos que se sustituyen expresamente es el referido a los alcoholes potables, que tienen una graduación menor. La disposición es muy similar a la anterior, pero en lugar de referirse a las bebidas alcohólicas destiladas se refiere a las bebidas alcohólicas potables. Dice más o menos lo mismo y se establecen dos tipos de infracciones, relativas a los que difieren en una graduación menor, al igual que el anterior, que tendrán una doble sanción, una multa y, en algunos casos, también la destrucción preceptiva. Este artículo, inclusive, podría redactarse junto con el 9.°, pero no lo hicimos, repito, porque no se trata de un proyecto que nosotros hubiéramos presentado. No obstante, es algo que estábamos analizando, puesto que ambos artículos dicen básicamente lo mismo, ya que aunque refiere a dos tipos diferentes de alcohol, alude a las mismas infracciones. No sé si he sido claro.

                Más adelante, hay artículos nuevos. Por ejemplo, el artículo 7.º establece que la presente ley entrará en vigencia a los 180 días a contar de su publicación.

                El artículo 2.º establece que el testimonio de la resolución administrativa firme que imponga sanciones de multa en cualquiera de los supuestos previstos en la presente ley constituirá título ejecutivo. Esta es una cuestión de técnica jurídica necesaria.

                El artículo 4.º faculta al LATU para establecer controles. Aquella delegación fijada en el sustitutivo del artículo 1.º claramente se establece a texto expreso para evitar dudas y para que en la práctica se sepa si el LATU tiene competencia para hacer las inspecciones e incautaciones. Por lo tanto, reitero, en el artículo 4.º se establecen las facultades que tendrá el LATU desde el punto de vista legal para ejecutar el contralor y la fiscalización de los alcoholes.

                En cuanto al artículo 5.º, queremos plantear una modificación que nos parece que puede simplificar la situación. Muchas veces, cuando se trata de recaudaciones que hay que volver a pagar, generamos más burocracia que soluciones. El artículo 5.º establece que por los servicios que le son encomendados por la presente ley, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay percibirá la contraprestación correspondiente por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Dicha contraprestación se abonará en ocasión de la ejecución de las actividades que se señalan en el citado artículo y será fijada por el mencionado ministerio de modo que resulte equivalente al costo del servicio. Tenemos una redacción bastante más sencilla; vamos a dejarla a la comisión para que la estudie, aunque obviamente no es más que una sugerencia. Allí se establece: «El Ministerio de industria, energía y minería, determinará la contraprestación a abonar por los servicios encomendados en la presente ley, de modo que resulte equivalente al costo del servicio prestado. La misma se abonará en ocasión de la ejecución de las actividades que se mencionan en la ley y podrá ser recaudada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay». Creemos que esta redacción simplifica; si la señora presidenta lo permite, les dejamos una copia.

                El artículo 6.º faculta a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland –Ancap– a conceder los beneficios de retiro establecidos en el artículo 32 de la Ley n.º 16127, de 1990, relativos a los retiros incentivados de los funcionarios públicos. Este artículo concede esos mismos beneficios a aquellos funcionarios de Ancap afectados –los clásicos laboratorios de Ancap– en la tarea de contralor de los alcoholes. Entendemos que la redacción de este artículo quizás requiera la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien es cierto que, cuando se envió el proyecto de ley, el Ministerio de Economía y Finanzas de ese momento –unos meses atrás– estaba de acuerdo, hoy hay otro ministro y otra Administración. Si bien eso puede incidir poco porque hay pocos funcionarios afectados y no necesariamente tienen que acogerse a esta ley, sino que pueden ser redistribuidos dentro de la propia Ancap, no estamos en condiciones de opinar acerca de si el Ministerio de Economía y Finanzas está de acuerdo con este artículo.

                Básicamente, tanto quien habla como la directora nacional de Industria que hoy nos acompaña y los asesores quedamos a las órdenes para contestar cualquier consulta que deseen hacer. 

SEÑORA PRESIDENTA.- No sé si algún senador o senadora quiere formular preguntas. Me parece que las explicaciones del señor subsecretario fueron muy claras. Es indudable que el objetivo que tuvo este proyecto de ley en su momento fue actualizar una ley del año 1976 y que estaba desactualizada para las necesidades y las realidades que hoy tiene la comercialización de los alcoholes. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en recepcionar las modificaciones que nos entregan; haremos las consultas pertinentes al Ministerio de Economía y Finanzas, en tanto afecta a funcionarios. Si bien son muy pocos, de cualquier manera, está bien la recomendación.

                Entonces, nos quedamos muy satisfechos de tener la opinión de ustedes, porque para llevar al pleno un proyecto de ley hay que tener el consenso necesario; un proyecto de ley tiene que ayudar y no complicar. Así es que, en ese sentido les agradecemos mucho la presencia.

                Por otra parte, si están de acuerdo quería hacerles una pregunta sobre una noticia que vi hoy sobre la zona franca en Artigas para impulsar la minería y quería saber si pueden  contar algo sobre eso.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Con mucho gusto. Las zonas francas son competencia del ministerio de economía y no del de industria, pero es cierto que tiene componentes industriales, porque básicamente quienes se instalan en zonas francas realizan procesos industriales. No estaba en la agenda, pero con gusto le respondo.

                En realidad, se están estudiando una batería de medidas para potenciar la industrialización de las piedras preciosas en el departamento de Artigas. ¿Por qué? Primero, porque quienes siempre recorremos el país sabemos lo que cuesta en el norte profundo de nuestro país generar empleo genuino y la piedra es uno de ellos, porque está allí, en su subsuelo y hay que potenciarla. Tenemos algunas dificultades. Aproximadamente el 75 % de las piedras preciosas que se sacan del subsuelo de Artigas se vende en bruto a distintos destinos –Estados Unidos, pero fundamentalmente Brasil y China– y termina siendo industrializada y obteniendo valor agregado por mano de obra de esos países. Las diferencias con Brasil son notorias, porque este país le termina vendiendo a China productos elaborados por mano de obra brasileña con piedra nuestra que hace pasar por brasileña. Eso está dentro de los negocios, la piedra se va exportada y no hay nada que decir al respecto. Lo que nosotros pretendemos es establecer beneficios que hagan posible una mayor industrialización y generación de mano de obra y en eso estamos trabajando.

La zona franca es una idea que tiene la Intendencia de Artigas. Tiene un proyecto de zona franca por el cual alguna actividad de industrialización de la piedra podría establecerse allí. De todas formas, si uno quisiera que toda la producción de la piedra estuviera en zona franca, no es fácil de lograr; no es algo sencillo que los que ya están instalados vayan a un predio de zona franca. No nos parece que ese sea el camino.

Estamos estudiando algunas otras posibilidades que pasan por establecer beneficios fiscales similares a los de las zonas francas sin estar en ese territorio. Ese es uno de los aspectos, entre varios que se están analizando. En el ministerio se ha conformado un grupo de trabajo que integramos junto con la asociación de mineros, la Dirección Nacional de Industrias, la Dirección Nacional de Minería y Geología –nosotros somos un poco los que lo estamos liderando– para buscar herramientas. Repito que la zona franca es una idea de la Intendencia de Artigas y puede ser o no un camino –eventualmente puede llegar a serlo y habrá que estudiarlo mejor–, pero estamos analizando otros. 

No sé si contesté la pregunta, pero es una primera aproximación a un tema para el que no vivimos preparados. Aparte, como todavía no tenemos cerrado el tema, no queremos avanzar en soluciones que todavía no tienen el consenso general del Poder Ejecutivo, porque esto involucra muchas áreas. Cuando uno habla de beneficios fiscales está involucrando un renunciamiento fiscal que debe tener el aval del ministerio de economía, OPP, etcétera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Eso es lo que me pareció cuando vi la noticia. En realidad, nosotros trabajamos mucho con ese circuito minero turístico en el período pasado y vimos el crecimiento que habían tenido. Hay un nivel de organización de los propios explotadores de las piedras muy bueno. Seguramente falta diseño y otras cosas para incorporarle más valor agregado, pero creo que hay mucho trabajo para hacer. Me impactó la noticia y por eso pregunté.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Usted fue ministra de turismo y la deformación la llevó a preguntar eso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Totalmente.

SEÑOR SUBSECRETARIO.-  Pero para que vea que el Gobierno actual también tiene presente eso, ayer cuando salió la nota en el diario, me llamó el director nacional de turismo para pedirme que no lo dejaran afuera, que quería estar en todo los circuitos turísticos, es decir, lo mismo que plantea usted.

SEÑORA PRESIDENTA.- Es que ha crecido mucho y es un atractivo.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En realidad, yo no hice la nota; estoy en la foto por casualidad, pero estamos avanzando en esa dirección.

                El turismo de minería es un tema que hay que potenciar. Hay un avance; hay algún proyecto que está vigente y que funciona muy bien.

SEÑOR SARTORI.- Quiero saludar la iniciativa que tiene el ministerio de industria y apoyar el desarrollo de toda la industria minera del norte del país, porque no es muy sabido el potencial que tienen esas tierras, más allá de las piedras preciosas, como el hierro y otra cantidad de minerales que, en realidad, están en un estado de desarrollo muy primitivo. Creo que hay muchísimo potencial, pero faltan las condiciones regulatorias y las exoneraciones para hacer que esa industria pueda realmente levantar y convertirse en un potencial del Uruguay. Es una muy linda línea de acciones de trabajo que se ha llevado en estos años.

SEÑORA BERAMENDI.- Quiero hacer algunas preguntas sobre el tema que es motivo de la comparecencia de los representantes del ministerio.

                Me gustaría saber si el proyecto implica tener que hacer inversiones adicionales en el LATU o si ya están dadas las condiciones. De pronto, ya lo dijeron. Llegué a la comisión cuando ya habían hecho la presentación del tema. Si es así, pido las disculpas del caso.

                Asimismo, quisiera saber si los costos de inspección de análisis se van a mantener o van a ser más elevados que los que eran en Ancap. Esta pregunta apunta a si lo que se está intentando corregir por un lado, puede llegar a tener un impacto negativo por otro, en términos de costos.

                Por otro lado, me pregunto cuánto estima el LATU que estaría recaudando y cuánto de ello es costo.

                Y, por último, quiero hacer un comentario que también me realizó gente que ha estudiado más específicamente el tema que yo –hoy estoy supliendo a la señora senadora Cosse– sobre algunos enunciados que refieren a alcoholes y bebidas alcohólicas, y otros del mismo proyecto que refieren a alcoholes y bebidas alcohólicas destiladas. Me gustaría, entonces, definir correctamente su alcance.

                Esas son algunas de las preocupaciones que quería trasladar a los invitados. Pido disculpas si ya hicieron referencia a ellas. En ese caso, olvídense de las preguntas y leo la versión taquigráfica.

                Muchas gracias.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- No hemos hecho referencia a esos temas.

                Con relación a los alcoholes, seguramente la ingeniera química directora de industria podrá contestar mejor que yo por ser más especializada en el tema; tiene más derecho a hablar.

                En cuanto a lo del LATU, es un tema que habrá que preguntarle a él. En realidad, no tengo esos números, dependerá también de la reglamentación. El objetivo no es generar un aumento en el costo hacia el usuario, sino que por el contrario, hacerlo más eficiente al sistema para que cueste menos al usuario. Ese es el objetivo. Cuando vimos este proyecto de ley, que seguramente se vaya a aprobar, uno de los objetivos que nos pusimos –algunos técnicos de aquí que han trabajado en el proyecto, porque son funcionarios del ministerio, ya están pensando en la reglamentación, como corresponde y debe ser– fue que el costo de la contraprestación del servicio sea menor a lo que hoy existe. Desconozco el precio que hoy cobra Ancap. No sé si en su comparecencia lo dijeron, pero no lo sé.

Con relación a lo del LATU habrá que preguntarle a él si tiene la infraestructura. Uno quiere pensar que el LATU tiene tecnología de punta y, seguramente, no le cueste cambiar absolutamente nada de lo que hoy tiene. Ellos están en mejores condiciones de responder.

Respecto a los alcoholes, me gustaría que hiciera uso de la palabra la señora directora nacional de industria que va a explicar mejor que yo cuáles son los alcoholes alcanzados y cuáles no.

SEÑORA PECOY.- En lo que tiene que ver con los alcoholes, básicamente estamos hablando de los alcoholes destilados y del alcohol potable de fabricación de Ancap. Quedan excluidos específicamente los de fermentación.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Si se observa el proyecto de ley, vemos que el artículo 1.º dice: «…a excepción de aquellas encomendadas al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)». Es decir que el Inavi sigue teniendo sus competencias en los alcoholes fermentados.

SEÑOR VIERA.- Doy la bienvenida al subsecretario y a las demás autoridades del ministerio.

                En función de la pregunta que formuló la senadora Beramendi, quisiera hacer la siguiente acotación. Es claro que este proyecto de ley fue presentado en el período anterior, fue desarchivado y cuando comenzamos a tratarlo entendimos necesario escuchar a las nuevas autoridades. Son las cosas típicas de una transición en un país democrático; hay que dar continuidad pero es claro que el Gobierno que recién entra se encuentra con una cantidad de cosas que fueron promovidas en otro momento como, por ejemplo, todo lo que generará la propia ley o el decreto reglamentario. No podemos perder de vista este hecho. Quizás, en su momento el Poder Ejecutivo, el ministerio, debería haber tenido la oportunidad de ingresar una iniciativa propia. De todos modos nos adaptamos a estas cosas porque el fondo es compartible. Ya estuvo de acuerdo Ancap, cuando vino su presidente, y la exposición que realizó hoy el subsecretario fue muy clara. Luego escucharemos al LATU para conocer su posición y aportes, a propósito de las responsabilidades que con esto asumirá. A partir de ahí la comisión deberá trabajar bastante en este proyecto de ley.

SEÑOR DOMENECH.- Me interesó mucho el tema de las piedras preciosas porque se mencionó que debería haber –según lo que está estudiando el Gobierno– una renuncia fiscal. Ante esto digo que esas renuncias fiscales son meramente formales porque en los hechos lo que sucede es que permitimos que se desarrolle el comercio y la industria de los países vecinos a expensas de nuestros recursos naturales y por cierto que ello no significa una verdadera «pérdida fiscal», dicho entre comillas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Coincidimos con el comentario del señor senador. Hablé de renuncia fiscal porque técnicamente hay un renunciamiento, sea poco o mucho lo cierto es que se deja de recaudar. Evidentemente, no se puede concebir como una pérdida sino, al contrario, se trata de un esfuerzo del Estado para que se desarrolle, en este caso, el trabajo de la gente de Artigas. No es para lamentar, sino para celebrar.

SEÑOR DOMENECH.- Está todo el tema del comercio de frontera. El senador Viera conoce ese fenómeno mucho mejor que yo.

SEÑORA PRESIDENTA.- También hemos recibido a la asociación de mineros y plantearon algunas dificultades que existen cuando las intendencias o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas buscan el material para sus propias obras. También se nos habló de la exoneración de un canon a la arena y a algún otro material. Les hago este adelanto porque cuando la comisión aborde esa iniciativa seguramente los convoquemos nuevamente para ver si podemos avanzar.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Estamos trabajando en ese tema y hemos tenido varias reuniones con la asociación de mineros. Algunas modificaciones vendrán en la ley de presupuesto, en el inciso correspondiente al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Precisamente, lo relativo a la cantera de obra pública no está incluido porque es un tema muy complejo al que estamos tratando de encontrar una solución diferente. Entonces, nos pareció que no era una materia presupuestal. De cualquier modo, insisto, se recogen algunos de los reclamos que hicieron, como la posibilidad de financiar el canon que muchos están debiendo, etcétera. Con el director de la Dinamige, el señor Pugliesi –y, obviamente, el ministro– estamos analizando modificaciones a esos dos aspectos que se mencionaron pero, fundamentalmente, al tema de las canteras de obra pública que es un dolor de cabeza para todos, no solamente para los mineros.

SEÑORA PRESIDENTA.- Y para el medio ambiente.

                Les agradecemos la presencia y volveremos a convocarlos en alguna otra oportunidad.

(Se retira de sala la delegación del Ministerio de Industria, Energía y Minería).

 

(Ingresan a sala autoridades del Laboratorio Tecnológico del Uruguay).

–Es un gusto recibir a autoridades del LATU; nos están acompañando el presidente del LATU, ingeniero Ruperto Long, y su gerente general, doctor Jorge Silveira.

Supongo que tienen claro por qué los estamos convocando, pero igualmente señalo que es por algunas modificaciones a la Ley n.º 16753, vinculada a la fabricación, comercialización, importación y exportación de alcoholes. Se trata de un proyecto de ley que viene del período anterior y la comisión decidió consultar al LATU, a Ancap y al Ministerio de Industria, Energía y Minería –al que acabamos de escuchar– para poder continuar con su tratamiento.

Sin más, les cedemos el uso de la palabra y los escuchamos con mucho gusto.

SEÑOR LONG.- Buenas tardes. Es un gusto saludar a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, que tuve el honor de integrar durante unos cuantos años, así que me siento, por supuesto, muy cómodo aquí.

                Paso, entonces, a hacer algunos comentarios sobre la propuesta. Antes que nada debo aclarar que el LATU participó, conjuntamente con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y con Ancap, en la elaboración de este anteproyecto. Por tanto, ya tuvimos la oportunidad, en esa ocasión, de colaborar en la parte que nos correspondía.

                De todas maneras, quería aprovechar la oportunidad para enfatizar en algunos aspectos que me parecen importantes.

Hay un tema de concepción, de filosofía, que nosotros compartimos y nos parece muy importante y es que, siempre y como criterio general,  los controles técnicos –las certificaciones, las inspecciones, etcétera– sean realizados por una tercera parte independiente, lo que permite actuar de una manera totalmente objetiva, sobre todo en temas como este que tienen que ver con la salud de la población o para dar transparencia al mercado. Así, los diversos actores tienen una visión y un control de una tercera parte independiente. En ese campo, el LATU tiene una vasta experiencia de muchas décadas, casi desde sus orígenes, en los aspectos que aquí se establecen, como la parte de crear un registro y administrarlo, la realización de inspecciones y muestreos, que deben ser hechos con determinados criterios técnicos para que sean razonables –no excesivos ni escasos–,  justos y en diversos escenarios, ya sea en los depósitos o en la comercialización de los productos. Luego está la realización de controles técnicos, análisis, etiquetado y, finalmente, el reporte de la situación, con particular énfasis en los apartamientos al MIEM, que es como la policía que rige el sistema. Como dije, eso se está haciendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo,  Metrología del LATU controla todas las balanzas, los manómetros, los surtidores de combustibles, productos premedidos, en fin, cosas muy variadas y que componen una larga lista, a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo mismo sucede con los productos alimenticios importados, que siguen un mecanismo similar, ya que tienen controles en diversas instancias. Algo diferente es el sistema de admisión temporaria, que también realiza inspecciones a las empresas, siempre sobre la base del mismo mecanismo.

Es importante señalar que el rol del LATU se limita a las tareas técnicas, como las que acabo de describir en cuanto a que, por ejemplo, no nos corresponde fijar las políticas públicas y, en la otra punta, no nos corresponde aplicar las sanciones. Obviamente, las políticas son fijadas por el Parlamento y el ministerio correspondiente, y el LATU es simplemente un instrumentador para que su vigencia sea efectiva y ofrezca garantías para todos los que intervienen.

Finalmente, quiero hacer una reflexión de carácter general, ya que se aplica en este caso y también puede darse en otros casos similares. Desde nuestra óptica, pensamos que es importante que las organizaciones públicas tiendan a una especialización en algunas líneas principales para evitar las duplicaciones, que son bastante frecuentes en el área pública de servicios, como la duplicación de costos. En fin, es un tema de costo-país, por lo que creo que es bueno atender ese punto en cada caso. En este caso en particular, la tarea que se le encomienda al LATU es una de las esenciales para un laboratorio público, técnico, certificado como organización a nivel internacional por el SQS, que es la organización suiza de la calidad. Además, los laboratorios son acreditados todos los años por UKAS –United Kingdom Accreditation Services–, o sea el servicio oficial de acreditación del Reino Unido, por lo que es casi universal. Todos los años hay que rendir los exámenes correspondientes, pero la contracara de eso es que las garantías que se otorgan a los participantes, al controlado, son muy grandes y en esto el LATU tiene varias décadas de experiencia.

Queríamos hacer estas reflexiones en cuanto a cómo vemos el tema puntual y también dar una visión un poco más general.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias.

                Parece clara la filosofía del LATU. Comparten el proyecto de ley con la mirada de que no sea Ancap quien controle, sino que pase al MIEM y al LATU. Me pareció muy claro también el rol técnico que tiene que jugar el LATU. La señora senadora Beramendi realizó una pregunta al ministerio que era específica para el LATU.

SEÑORA BERAMENDI.- Sí, señora presidenta.

                Quiero decir también que compartimos el objetivo general y el carácter del proyecto de ley. Nos parece que es una iniciativa adecuada, más allá de que como comisión luego intercambiaremos opiniones y discutiremos.

                En realidad, una de las consultas es si el LATU considera que hay costos adicionales para la realización de la operativa y si estima que esos costos –tanto de inspección como de análisis– se mantendrán o si en esa estimación tiene idea de que pueden ser mayores a los que se hacen en Ancap. Esto es para ver si no tiene un impacto negativo en términos del costo.

Por otra parte, quisiera saber si el LATU estima cuánto estaría recaudando y cuál es el costo para la operativa, si tienen alguna información que puedan facilitarnos.

SEÑOR SILVEIRA.- Todavía no tenemos estimación de costos exactos porque primero hay que ver el volumen del trabajo y el ámbito de aplicación, porque –como la señora senadora habrá visto– el trabajo tiene dos corrientes: la de los productos importados y lo que es de fabricación nacional. Por esa razón no tenemos ese volumen. Creo que no es muy grande por la dimensión del mercado y los flujos, pero no puedo responderle el valor exacto a la señora senadora.

                Tampoco puedo contestarle la primera parte de la consulta porque yo no sé cuál era la estructura-costo que tenía Ancap ni cómo lo hacía. Puedo decirle cómo lo haremos nosotros: no subsidiaremos otros servicios internos del LATU porque nuestra política de gestión es que cada actividad que hacemos debe autosustentarse en sus costos. Eso no quiere decir que se vaya a cobrar un costo excesivo, sino aquel que se ajuste estrictamente a la actividad. Eso dependerá de la cantidad de volumen que se importe, que redundará en la cantidad de inspecciones a realizar. Sí tenemos previsto que no incorporaremos ningún costo adicional. ¿En qué sentido? No precisamos inversión en equipamiento; las instalaciones ya las tenemos, los equipos los tenemos, los inspectores los tenemos y los analista los tenemos. Es decir, tenemos una estructura propia que no será necesario incrementar por el hecho de recibir esta actividad. Esta fue una de las cosas que planteamos cuando participamos activamente en toda esta elaboración, en el grupo de trabajo –cuando nos convocó el MIEM junto con Ancap–, y quiero que quede claro que todas nuestras propuestas fueron recogidas.

                En cuanto a la pregunta de la señora senadora, repito: el costo dependerá del volumen que exista y el LATU no tiene previsto ningún costo incremental por esta actividad que va a recibir. Tenemos todos los recursos para llevarlo adelante.

SEÑOR LONG.- Como explicaba el señor Silveira, en cada caso se ven los costos y se trata de trasladar exactamente lo que corresponde. Tratamos de no subsidiar ni abusar.

                Hay una cosa muy interesante; en la conformación del directorio del LATU –somos tres–, una de las patas es la Cámara de Industrias del Uruguay, donde se encuentran los fabricantes nacionales y muchas veces, los importadores. En definitiva, están todas las partes, pueden participar y eventualmente cuestionar, y cuando se ven los informes nos ponemos bastante rápidamente de acuerdo. No son solamente  un sujeto pasivo; son activos y pueden opinar y ayudar a definir. Eso siempre ha sido muy bueno por el manejo de los recursos y para evitar que se diga que se está cobrando cualquier disparate. El que está sentado frente a nosotros tiene interés en que se cobre exactamente lo mismo porque lo va a tener que pagar, sea el productor nacional, el que esté en la parte de manufactura o quien sea.

SEÑORA PRESIDENTA.-  El Ministerio de Industria, Energía y Minería acaba de dejarnos una modificación del artículo 5.º y me gustaría que ustedes tomaran conocimiento; capaz que podemos entregarles una copia. Dice así: «El Ministerio de industria, energía y minería, determinará la contraprestación a abonar por los servicios encomendados en la presente ley, de modo que resulte equivalente al costo del servicio prestado. La misma se abonará en ocasión de la ejecución de las actividades que se mencionan en la ley y podrá ser recaudada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay».

                ¿Están de acuerdo?

SEÑOR SILVEIRA.- Creo que también sirve de respuesta a la consulta de la señora senadora porque el que va a fijar es el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Obviamente tendrá la información que genere el LATU, pero, de acuerdo con el proyecto de ley, la última palabra será del MIEM, que tendrá el control del costo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos mucho a la delegación; quizás volvamos a vernos en alguna otra oportunidad.

SEÑOR LONG.-  Por supuesto, quedamos a las órdenes.

 (Se retira de sala la delegación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay).

SEÑORA PRESIDENTA.-  Si los señores senadores están de acuerdo, incluimos el tema en el orden del día de la próxima sesión para darnos un espacio, a efectos de intercambiar opiniones y resolver. En lo personal, como presidenta, no me gusta que los asuntos estén eternamente en la comisión.

SEÑOR VIERA.- ¿La próxima sesión sería la semana que viene?

SEÑORA PRESIDENTA.- La semana próxima ya es 19, por lo que quedaría para los primeros días de setiembre. No hay problema; podemos analizarlo con más tiempo y en la próxima sesión cada uno traerá su postura definitiva y después lo enviaremos al plenario. Ese es objetivo de las comisiones: trabajar para resolver las cuestiones que tenemos entre manos.

                Les recuerdo a los señores senadores que seguimos esperando que se anoten para hacer la visita al Polo Tecnológico de Pando, que va a ser el miércoles 26 de agosto.

                Se levanta la sesión.

(Son las 16:54).

 

 

                 

 

 

 

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.