Retorno a página principal

Carátula

 (Ingresan a sala representantes de Transporte Escolar Unido)

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Es un gusto para esta comisión recibir al señor Gerardo Senese y a la señora María Amalia Cayssials, representantes de la institución Transporte Escolar Unido, de la que sabemos más menos su problemática.

Sean bienvenidos y disculpen la demora.

SEÑOR SENESE.- Antes que nada, quiero agradecerles por habernos recibido. Simplemente, queremos plantear en la comisión la urgencia que teníamos por la aprobación del proyecto de ley que ya fue votado en la Cámara de Representantes, que habilita al Poder Ejecutivo a la exoneración de aportes patronales para el sector del transporte escolar.

              Como es sabido, las empresas de transporte escolar de todo el país, cuando se decretó la situación de emergencia el 13 de marzo debido a la covid-19 y la suspensión de las clases, hemos quedado absolutamente inhabilitadas para trabajar, con lo que eso implica para seguir manteniendo toda la estructura. El 99 % de las empresas nuestras son unipersonales pero en muchos casos nos corresponden las cargas sociales de los empleados acompañantes o choferes más todas las cargas que tiene cualquier empresa. Hasta el momento hemos tratado, con pocos logros, de paliar la situación esperando el comienzo de clases, pero la situación tampoco está a la altura de las expectativas que teníamos porque hay realidades muy significativas y diferentes entre lo que son las escuelas públicas y las instituciones privadas. Por ende, la aprobación de este proyecto de ley sería un gran alivio para nosotros, entre otros tantos. El gremio se ha reunido con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para tratar de prorrogar los seguros de desempleo, en el caso de los que tenían acceso; hemos logrado con el Banco República la postergación del pago de los leasings, ya que el 90 % de la flota del transporte escolar se renueva con esa financiación; y esto de la exoneración de aportes patronales nos pareció fundamental –es algo que veníamos pidiendo–, así como la exoneración de los aportes a la DGI, ya que son empresas que están cien por ciento paradas desde el 13 de marzo.

              Como decía, el comienzo de clases nos planteó una situación distinta, en el sentido de que estamos trabajando más horas y recorriendo más kilómetros por día. En el caso de las escuelas públicas, no llega a haber ni un 20 % de los usuarios que teníamos antes de la pandemia, y en el de los colegios privados, que tienen otra realidad porque van a clase todos los días con turnos de mañana y de tarde, se está caminando más, pero de todas maneras en los colegios que se está trabajando mejor no se llega al 40 % del uso del servicio que teníamos antes de la pandemia.

SEÑORA CAYSSIALS.- Quiero hacer hincapié en el hecho de que veníamos de un período también de poca actividad porque era verano, entonces, trabajamos quince días y automáticamente se cortaron las clases. Quiere decir que ya estábamos veníamos en un período de pocos ingresos, ya habíamos llegado al cero de nuestras reservas y teníamos la expectativa de empezar las clases y comenzar a funcionar a pleno. La realidad mostró que fueron solamente quince días de trabajo, retomándose la actividad recién el 29 de junio, porque las clases que se iniciaron antes, el día 15 de junio, fueron para preescolares y puede decirse que hubo muy poca actividad. En realidad, fue a partir de julio que empezó la reactivación de las clases, pero con los porcentajes de los que habló el compañero, que no son de fuerza, no son de peso. Entonces, empezamos a trabajar, pero con el 20 % de los ingresos no pueden cubrirse los gastos, los aportes que tenemos que hacer y las obligaciones que tenemos que cumplir.

SEÑORA SANGUINETTI (Carmen).- Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy acá.

              Quería preguntarles cuántas personas están involucradas en esta actividad, y más allá de lo que dijeron sobre la exoneración de los aportes patronales, quisiera saber si se estaría contemplando alguna otra medida.

SEÑORA BIANCHI.- Una de las preguntas que iba a hacer ya la hizo la señora senadora Sanguinetti. La otra es la siguiente: ¿ustedes son la única asociación, o hay más? Queremos conocer el universo de empresas que han sido perjudicadas con esta situación porque como comisión que trata los asuntos laborales nos interesa saber, especialmente, si hay alguna otra asociación con la que podamos conectarnos.

              Tengo dos preguntas más. ¿Tienen definido claramente cuáles son los porcentajes de empresas que cumplen esa función para instituciones de educación pública y para las de educación privada?

              Lo otro que quería saber es lo siguiente. Nosotros no podemos meternos porque las intendencias son constitucionalmente autónomas, pero me gustaría saber si también tramitaron ante la intendencia la exoneración del pago de la patente. Por lo que entendí, hicieron referencia al leasing del Banco República, pero algo más dijeron.

              En definitiva, lo que me interesa saber es si ustedes son la única asociación o si tenemos más universo de empresas para conectarnos, qué porcentaje atienden de educación privada y pública, y si iniciaron también el trámite de exoneración de patente de rodados, con la aclaración de que nosotros no podemos hacer nada sobre ello, solamente recomendar.

              Gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Simplemente, quisiera preguntar hasta dónde consideran que esta baja de trabajo que han tenido luego del 29 de junio –como decían– tiene que ver, por un lado, con la no obligatoriedad de asistencia de los estudiantes y, por otro, con que los hogares tienen menos ingresos, ya sea por situaciones de seguro de paro o por la falta de trabajo; incluso, en algunos casos pudo haberse dado hasta el pase de la educación privada a la pública. Como ustedes son quienes están más cerca del universo de padres que contrata, quería saber qué es lo que han percibido con respecto a esto.

SEÑOR SENESE.- Voy por orden. Primero, Transporte Escolar Unido es una de las gremiales más viejas del transporte de pasajeros; fue fundada en 1972, así que cumplimos cuarenta y ocho años en julio.

              En cuanto a la pregunta de la señora senadora Bianchi, nosotros tenemos representación a nivel país. Si bien hay una gran diferencia entre el transporte escolar en Montevideo, Canelones y Maldonado –por un tema de población–, allí es donde se nuclea la mayor cantidad de empresas. Luego tenemos empresas en el resto del país pero en mucho menor número.

              Trabajamos en conjunto con más de una agrupación: en Montevideo está TEM –Transportista Escolar Montevideo–, y en Canelones, la Uttec –Unión Transportistas Turismo y Escolares Canelones–; esta última nuclea mayoritariamente la parte de la costa de Canelones y trabaja en conjunto con empresas de Maldonado y de Rocha. En los temas importantes que nos involucran a todos estamos trabajando juntos; hoy estamos nosotros porque nos limitaron la cantidad de gente que podía venir.

              Además, tenemos otra particularidad: somos dirigentes que cumplimos con nuestra actividad. Nuestras camionetas escolares están paradas acá en la puerta; nos bajamos de la camioneta para venir a esta sesión. Entonces, muchas veces, por los horarios, se nos dificulta poder concurrir y nos ponemos de acuerdo entre todos.

              En cuanto a la diferencia entre la educación pública y la privada, no tenemos un número exacto que podamos decirles cabalmente, pero, de acuerdo con nuestra experiencia, es mucho mayor el usuario de la educación pública desde hace muchos años. Cuando yo iba a la escuela el trasporte escolar era un lujo. Fui la escuela pública y solamente había transporte escolar para los colegios privados; en las escuelas de barrio no existía. En los últimos veinticinco o treinta años ha cambiado la realidad de los hogares. Hoy en día es una necesidad para la mayoría de los que concurren a la educación pública. En muchos casos ambos padres trabajan. Para darles un ejemplo, hay niños que tienen la llave de su casa en la camioneta, o sea, que el acompañante baja a abrirles la puerta.

              Son realidades diferentes, pero entendemos que la matrícula de la educación pública es mucho mayor que la de la privada. Lo que nos ha dificultado el comienzo es que existe una distorsión en cuanto a que no hay obligatoriedad de concurrencia, pero creo que no es el número que más nos implica. La reducción de la carga horaria y los días de concurrencia derivan en que los padres que envían a sus hijos a la educación pública y están en seguro de desempleo achican sus gastos, como cualquiera que maneje la economía de su casa. También hay muchos padres –particularmente trabajo en la educación privada, en un colegio que era doble horario y hoy tiene un horario de 8:00 a 11:00 y de 12:30 a 15:30– que son profesionales o sus trabajos les permiten dejar de lado la camioneta e ir a buscarlos. Esa es nuestra principal baja; no sabemos cómo evaluarla, pero no creo que sea por la obligatoriedad.

              Por otro lado, tenemos un muy buen diálogo de trabajo con el Banco de la República y con las intendencias. Cabe aclarar que el transporte escolar está regulado por las intendencias, no por el Ministerio de Transporte y Seguridad Social. En el caso específico de Montevideo y Canelones, trabajamos y evaluamos todos los protocolos en cuanto a higiene, limpieza, desinfección y sanitización; no solo trabajamos gremialmente porque también integramos y participamos de todas las reuniones de trabajo que se hicieron a nivel de la Cámara de Transporte del Uruguay y de Presidencia de la República. Indudablemente, al comienzo de las clases, las gremiales elaboramos un protocolo –que después se les presentó a Salud Pública y a las intendencias–;  hemos trabajado de común acuerdo y no hemos tenido inconvenientes.

              Hemos planteado el tema relativo al pago de la patente, pero tampoco es resorte exclusivo de las intendencias; lo maneja el Congreso de Intendentes con el Sucive. En ese sentido, estamos haciendo las gestiones, sobre todo para exonerarlo el año que viene.

SEÑOR BONOMI.- No entendí la respuesta a la pregunta de la señora senadora Sanguinetti.

SEÑORA SANGUINETTI.- Justamente iba a preguntar sobre el universo de empresas.

SEÑOR SENESE.- A nivel país, aproximadamente, hay unas 800 empresas de transporte; el 99 % son unipersonales, micro- y pequeñas empresas. Por un lado, tenemos la limitante de que quien tenga más de un vehículo, como máximo, puede tener dos y, por otro, las que imponen las intendencias sobre la cantidad de coches por empresa. Son unos 1.600 a 2.000 puestos de trabajo en forma directa y la mayoría de las empresas están nucleadas entre Montevideo, Canelones y Maldonado. También hay otras ciudades, como Colonia, Paysandú y Salto; pero el universo, más o menos, es ese y estamos bajo las regulaciones de las intendencias del interior que, en su mayoría, copian lo que se establece para Montevideo.

SEÑORA CAYSSIALS- La obligatoriedad es uno los factores que pueden haber incidido en la baja del trabajo y, aunque parezca mentira, el teletrabajo también, ya que les ha dado una cierta flexibilidad a los padres con respecto a los horarios que, obviamente, son acordados con las empresas. Eso ha permitido que el padre pueda desplazarse y en media hora ir a llevar al chico y luego a buscarlo. Se ve que las empresas han tenido una cierta empatía o flexibilidad por toda la situación reinante. Ese ha sido un factor que ha incidido mucho.

SEÑOR SENESE.- Para finalizar –y resumiendo la intervención–, la solicitud primordial se debe a la urgencia que tienen las empresas, ya que todas siguen pagando. Es más, cuando se enteraron de que íbamos a venir hoy a la comisión, los primeros días de agosto nos preguntaron si pagaban el BPS o no, por la urgencia que tienen la mayoría de las empresas, que están en situación bastante crítica. Como en la Cámara de Representantes se había resuelto prácticamente en un día, vinimos todos pensando que en el Senado iba a ser igual. Por eso pido que se vea la posibilidad de atender la urgencia del caso.

              Muchísimas gracias por habernos recibido.

 

(Se retira de sala la delegación de Transporte Escolar Unido).

 

(Dialogados).

 

(Ingresa a sala la delegación del Colectivo Cantineros Unidos).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas tardes.

              Es un gusto para la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado recibir a las señoras Rosana Estrade y Grecia Izquierdo en representación del Colectivo Cantineros Unidos.

SEÑORA IZQUIERDO.- En primer lugar, agradecemos que nos hayan recibido.

              Como decía el señor presidente, pertenecemos al colectivo de cantinas unidas, uno de los sectores golpeados por esta situación desgraciada de la covid-19.

              Desde el 16 de marzo estamos con actividad cero, lo que ha traído, sin duda, una catarata de problemas. Uno de ellos, y el principal, es el endeudamiento que nos generó por la falta de ingresos. Me refiero propiamente al endeudamiento.

                             Hoy estamos ante una situación bastante compleja en la que peligran muchas fuentes de trabajo. Estamos representando a unas 350 cantinas a lo largo del país que están en la misma situación. La gente del interior es la más golpeada. Es nuestro único sustento, le destinamos muchas horas –el cien por ciento– lo que no permite tener otro trabajo. Nos ha llevado muchos meses encontrar una solución y estamos en el punto de partida, como el 16 de marzo o peor porque a esta altura ya estamos sumamente endeudados ya que los pagos de BPS y DGI siguieron corriendo, además de la falta de ingreso obvia por no tener trabajo.

SEÑORA ESTRADE.- Quiero acotar que no solamente están las cantinas de los liceos públicos sino también la gente de UTU que son alrededor de 123, los colegios privados que si bien tienen un contrato con cada colegio, en la parte tributaria están exactamente igual que nosotros, y las cantinas universitarias. Todo lo que agrupa el tema de las cantinas de la enseñanza está exactamente igual. Llegamos al punto de que hay cantinas que han cerrado por la deuda que tienen.

                             Hoy tenemos otro problema: si bien hay un protocolo para abrir las cantinas, uno de los puntos es el tema de estar al día con BPS y DGI. Los directores nos piden que estemos al día con eso y es imposible cuando hay gente que no tiene un plato de comida para llevar a la mesa. Hemos recurrido a CanastasUY –con ello pueden ver la magnitud del problema– para poder enviar esas canastas a la gente. En el interior ha sido peor porque han tenido que cerrar. Hay departamentos donde directamente las cantinas han cerrado.

                             Entonces, hoy queremos que ustedes estén al tanto de cuál es la problemática.

                             Pedimos mantener la fuente de trabajo; estamos en pos de eso. Hablamos de que son fuentes laborales en las que todos somos titulares e incluso en  muchas de las cantinas trabaja el matrimonio. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando el 13 de marzo tuvimos que bajar la cortina, en la casa el ingreso fue cero. Entendemos que las medidas desde Gobierno han estado presentes pero, lamentablemente, por ser empresas, a nosotros no nos pertenece ninguna, no hemos accedido a subsidios, no tenemos seguro de paro, no tenemos absolutamente nada. Repito: hablamos de empresas familiares, donde trabaja el matrimonio o la madre y el hijo. No somos empresas con grandes espaldas para manejar un problema como este.

SEÑORA IZQUIERDO.- Somos trabajadores; lo que nos diferencia es que tenemos una empresa abierta para trabajar. Nada más.

                            La cantina tiene un rol social dentro del liceo muy importante y se está dejando de lado. Cuando hacemos la licitación, conjuntamente con la oferta económica del canón, también ofrecemos becas. ¿Qué son estas becas? Cupos de alimentación para los estudiantes. Desde el momento cero, cuando intentamos buscar alguna solución para nuestros problemas, uno de los temas que pusimos arriba de la mesa fue la situación de estos estudiantes que se estaban quedando sin la beca. Hoy no la están recibiendo por una cuestión lógica: si las cantinas no funcionan, ese estudiante no puede percibir esa beca. Es algo que también nos gustaría poner sobre la mesa porque hay un montón de estudiantes que hoy están quedando por fuera de ese «beneficio» –entre comillas– por este problema de que las cantinas no pueden funcionar. En algunos casos funcionan, pero están vendiendo unos $ 200 y resulta completamente inviable abrir un negocio para vender por ese monto. Eso es algo que realmente nos preocupa.

                             Yo trabajo en el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, que es uno de los más grandes, y hace poco tuve una reunión de la que se desprendió que  aparentemente 100 estudiantes estarían necesitando la beca, o sea que se estaría duplicando el cupo de becas que da la cantina. Debido a la situación económica del país, muchos de los padres perdieron el empleo, están en el seguro y sus hijos necesitan recurrir a esto, pero hoy no se les puede dar. Nosotros ya hemos planteado esta situación y no hemos recibido respuesta. Pero lo cierto es que, además de nuestro tema, este tampoco es menor y sería importante encontrar una solución para esta gente que la está necesitando. Muchos chiquilines están recibiendo canastas que hacen los docentes con donaciones y eso es lo que hoy se están llevando para su casa.

                            Hace un tiempo le planteamos a Óscar el tema del proyecto de ley relativo a las camionetas escolares. Nosotros estamos endeudados y una de las deudas es con BPS, por lo que sería una medida paliativa poder anexarnos a eso y percibir el beneficio, en caso de que se apruebe esa iniciativa.

SEÑORA ESTRADE.- Nosotros estamos buscando formas para poder seguir trabajando y no que la cantina se limite solamente a atender a los chiquilines que van o a los directores y profesores. Hemos presentado un proyecto a la ANEP para poder absorber parte, al menos, de las viandas escolares, porque lo podríamos hacer y estamos además dentro de una institución de enseñanza. Ese es uno de los planteos que estamos haciendo y que tiene que ver con seguir generando fuentes de trabajo. O sea, no estamos pidiendo algo tan complicado como podría ser, por ejemplo, que se nos otorgue un subsidio. Nosotros estamos buscando una contrapartida, es decir, si no se nos puede dar un subsidio, que se genere una fuente de trabajo y, en ese sentido, ante la necesidad, podríamos llegar a cubrir lo que es ese cupo. Quizás no cubriríamos todo, pero eso sería una ayuda para nosotros. Entendemos que sería posible hacerlo porque estamos dentro de la misma institución e incluso podríamos llegar a pasar otro presupuesto para  las viandas porque, por ejemplo, la luz y el agua ya son de la institución.

                             Ese es un proyecto que ya hemos presentado y seguiremos trabajando sobre eso para ver si llega a buen puerto. De todas formas, si bien sabemos que BPS ha flexibilizado las deudas o la forma de pagarlas, el hecho de poder incorporarnos al proyecto de ley de exoneración de aportes patronales, sería para nosotros de una gran ayuda, porque hay varias cantinas que tienen empleados.

                             Debemos recordar que en las cantinas, a diferencia de las camionetas o cualquier otro rubro, no trabajamos desde el 30 de noviembre del año pasado; no es que esto nos agarra mal parados el 13 de marzo. Venimos sin trabajar desde el 30 de noviembre del año pasado; no trabajamos en diciembre, ni en enero, ni en febrero y en marzo cuando arrancamos, trabajamos solo una semana. Entonces estamos más endeudados aún, porque hubo que comprar mercadería para poner dentro de esa cantina y cuando teníamos todo tuvimos que bajar la cortina.

SEÑORA BIANCHI.- De los temas relativos a la industria y a la energía no entiendo, pero de estos asuntos sí. Me preocupa un aspecto, sobre el que quería preguntar. Quería saber si conocen otras organizaciones similares a la de ustedes, porque obviamente el número de cantinas liceales es mucho mayor, por la cantidad de centros educativos que hay; creo que hay más de 2.700 centros educativos.

              Obviamente, tal como adelantamos, estamos de acuerdo con lo de los aportes. Me consta que hubo flexibilización en el tema del pago, pero lógicamente el endeudamiento existe.

              Quisiera que quede claro o que se me corrija, porque personas vinculadas a las cantinas de los liceos se han contactado conmigo, aunque no sé si pertenecen a este colectivo. ¿La ANEP no les exige el pago del alquiler? Quisiera saber si eso es así o no, porque es importante.

              Me resultó interesante lo que se acaba de decir con respecto al proyecto que se presentó por el tema de las viandas. Me gustaría que se profundizara un poco más sobre cómo lo presentaron y dónde, porque existe una cobertura de viandas escolares en las escuelas, pero en los liceos y en las escuelas técnicas no. Hay en algunos del primer ciclo, pero son excepcionalísimos. Me resultó muy interesante eso, porque es una salida laboral.

              En consecuencia, quisiera que se me confirme si efectivamente no están pagando el alquiler, si tienen otras organizaciones –porque hay muchos más centros educativos– y que quede aclarado el tema del proyecto que se presentó en la ANEP.

SEÑOR LOZANO.- Saludo a la delegación.

              En realidad, la señora senadora Bianchi me sacó la pregunta en cuanto al proyecto en sí. Todos sabemos que las compras del Estado son complicadas por el Tocaf y por las licitaciones. No sé cómo se organizaron en ese proyecto como para poder entrar en las licitaciones. Quisiera que explicaran un poco más eso.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con respecto a las becas, quisiera saber qué universo abarcan y de dónde provienen: si son las becas de secundaria, del MEC, o se trata de otra modalidad. También me gustaría saber ante quién plantearon la preocupación.

SEÑORA BIANCHI.- Es un tema complejo.

              Las becas que dan las cantinas liceales son limitadísimas, porque están en relación con el pago del alquiler. El caso de la beca para un chico, por cierto que es fundamental, pero me importa más el tema de las viandas, porque son pocas las becas que dan las cantinas liceales. Quiero que eso quede claro: no es que alimentan a una gran cantidad de alumnos, pero la gente que no tiene conocimiento de la interna no lo sabe.

              Todo el mundo sabe –y si no lo saben lo vuelvo a repetir por enésima vez– que el liceo Bauzá tenía 5000 estudiantes y su cantina era la más grande, pero los alquileres nunca fueron demasiado importantes, y eso está bien, porque siempre se reconoció que eran trabajadores y se llamaba a licitación. Todo eso está muy bien reglamentado, pero la obligación de becas –lo digo para dejar tranquila a la señora senadora Della Ventura; desgraciadamente no se soluciona por ahí el problema– siempre fueron pocas porque están en relación al alquiler que pagan, que nunca fue muy importante. Aclaro que «demasiado importantes» siempre es relativo, pero me gustaría que quedara constancia, porque parece que tuviéramos una política de becas a través de las cantinas liceales y no es así. Ojalá fuera así, pero no la tuvimos y no la tenemos.

              En cuanto al proyecto, tengo las mismas preocupaciones que el señor senador Lozano sobre cómo nos metemos en licitaciones que ya están abiertas y todo lo demás.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar constancia de que hay preocupación por resolver esta problemática. Estamos buscando la mejor forma de instrumentar una solución rápidamente. Como no vamos a discutirlo ahora –porque eso lo hacemos en privado– les comunico la orientación.

SEÑORA IZQUIERDO.- En realidad –como decía la señora senadora Bianchi– es un porcentaje del  alquiler, es decir, forma parte de la ecuación económica que se hace inicialmente. No es que le demos becas a la mitad del estudiantado, pero sí este beneficio está dirigido a los más vulnerables y nos preocupa porque ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, en mi caso doy cincuenta becas y ahora tendría que dar cien. La cantina cubre cincuenta y después esas cincuenta quedan ahí. Esto es algo que data de muchos años, y creo que ha quedado un poco en la cuenta del olvido el tema de que estos números en algún momento se van a tener que agrandar en función de que cada vez se necesitan más. Pero lo cierto es que son pocas.

SEÑORA SANGUINETTI.-  ¿Cincuenta de cuántos?

SEÑORA IZQUIERDO.- Cincuenta de tres mil quinientos o cuatro mil.

En cuanto a las organizaciones, la nuestra es la única. Inclusive estamos tratando de formar una asociación para tratar de comprender a todas las cantinas privadas y públicas. Nosotros nos agrupamos desde el año pasado y una de las finalidades era justamente el armado de la asociación. Estamos encaminados, pero falta solucionar la parte económica, porque nos faltarían $ 40.000 para poder armarla. Una vez que se pueda cubrir tendríamos el camino despejado y, reitero, comprendería a todas las cantinas, de facultades, de colegios.

SEÑORA BIANCHI.- No es en el protocolo sanitario que está la obligación de estar al día con el BPS y DGI, sino cuando se firma el contrato con el adjudicatario. O sea que eso, que incluso lo  hablé con el profesor Robert Silva, se puede  arreglar con la ANEP, que es autónoma.

SEÑOR PRESIDENTE.- Donde sí se puede generar un problema es en los préstamos que definió el Gobierno por intermedio de la ANDE para pymes. Pero ese es otro tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradecemos mucho la intervención, porque justo ahora queremos plantear la posibilidad de ampliar la propuesta que viene de la Cámara de Representantes para incorporarlo y necesitamos tiempo para hacerlo.

SEÑORA ESTRADE.- Estamos en la primera fase con ANEP.

SEÑORA IZQUIERDO.-  Nosotros presentamos un «informe», entre comillas. Frente a la falta de trabajo, analizamos con qué recursos se contaba y qué nos podía brindar la administración en función de lo que ya hay para generar trabajo, teniendo en cuenta que hasta el año que viene no vamos a trabajar. Con el proyecto apuntamos a mantener las fuentes de trabajo. En realidad no profundizamos porque  necesitamos información para poder armar algo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la comisión agradecemos a la delegación por la información brindada.

 

(Se retira de sala la delegación del Colectivo Cantineros Unidos).

(Dialogados).

 

              –Creo es lo más conveniente es incorporar la carpeta al orden del día. Si nosotros trabajamos bien, el martes que viene podríamos estar votando el artículo y también la semana podría votarse en la Cámara de Diputados, que ya se votó por unanimidad; si lo votamos con el cambio digo. Creo que no cambia nada para el sector del transporte que en vez de estar vigente el martes, lo esté el miércoles. ¿Estamos de acuerdo?

(Apoyados).

              –Solicitamos que se incorpore la carpeta al orden del día.

En consideración el artículo sustitutivo.

              Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

              –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

              Corresponde designar miembro informante.

SEÑORA BIANCHI.- Propongo al senador presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

              –6 en 7. Afirmativa.

              Pasamos a votar que partir del próximo jueves la comisión sesione a las 14.30 horas.

(Se vota).

              –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

              En principio, el 13 de agosto vamos a recibir al sindicato de la pesca, al programa Ágora para la discapacidad visual, a la Dinacia y a los laboratorios de ASSE.

SEÑORA SANGUINETTI.- Para el 27 de agosto estaría convocado el ministerio y, eventualmente, se podría llamar a la Cámara de Comercio y a la Cámara de Industria, y a CUTI y al PIT-CNT los invitamos para la próxima.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estoy de acuerdo.

              Se levanta la sesión.

(Son las 17:54).

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.