COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

(Sesión celebrada el día 4 de agosto de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 13:36).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«Solicitud de audiencia de la asociación civil Ser Libre a los efectos de presentarse y brindar propuestas orientadas a programas de prevención y rehabilitación y políticas relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas».

–Siguiendo el orden del día, continuamos con el tratamiento del proyecto de ley sobre la disposición de productos alimenticios. Teníamos previsto recibir hoy a dos delegaciones: el Congreso de Intendentes y el Instituto Nacional de Alimentación, INDA. Si los señores senadores no quieren decir nada previamente, recibimos a los delegados del Congreso de Intendentes.

(Ingresa a sala la delegación del Congreso de Intendentes).

                –Bienvenidos a la Comisión de Salud Pública del Senado.

La idea es escuchar aquellos puntos que ustedes tengan para decir sobre el proyecto de ley que tenemos a consideración. Primero los vamos a escuchar a ustedes; después podrá haber preguntas.

                Tienen la palabra.

SEÑOR AMADO.- Buenas tardes.

                Mi nombre es Marcelo Amado y en este momento estoy en la dirección del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, que anteriormente era Bromatología. Dentro del Congreso de Intendentes existe un grupo de trabajo que coordina todas las bromatologías del país y que viene trabajando desde 1987, por lo menos.

Desde el 88 ese grupo de trabajo ha venido bregando por el registro único nacional de alimentos –lo que nos parecía importante poner arriba de esta mesa–, y durante los cuatro últimos años ha venido trabajando junta con la OPP para poder concretarlo. Esto implica un avance muy grande para todo el país y principalmente para las pequeñas y medianas industrias, que hoy tienen que registrar su alimento en los 19 departamentos si pretenden venderlo en todo el país. El registro único nacional lo traigo a colación por un tema al que después voy a referirme.

En este momento, en la OPP hay un proyecto de pliego de llamado a licitación internacional para el diseño del software y la planificación del sistema con los fondos BID. De acuerdo a lo que la OPP nos ha informado últimamente, todo indicaría que a fines de este año se estaría adjudicando, y el desarrollo llevaría un año y medio por lo menos. Quiere decir que esperamos que en el 2022 exista en Uruguay un sistema único nacional de alimentos en el marco del Congreso de Intendentes.

                Todas las intendencias estamos de acuerdo en tener el mismo  criterio a la hora de aplicar el código bromatológico, que es la ordenanza bromatológica nacional, la número 315/94, y estamos trabajando muy fuertemente y en coordinación con Salud Pública, que desde hace dos años ha venido incorporándose al trabajo de este registro único nacional. De hecho, sería muy deseable que Salud Pública participara oficialmente y como parte de este sistema, dado que es la policía nacional en el tema de los alimentos. Traemos esto a colación porque en el proyecto que ustedes presentan y que nos hicieron llegar, hay algunos aspectos que son de consideración. Se habla de los registros de los alimentos y de su vida útil y eso debe ser coordinado por todas las intendencias. También se mencionan los tipos de establecimientos y, en ese sentido, una vez que esté el registro único nacional de alimentos, el establecimiento se registra en el departamento de origen donde está asentado y eso quedaría ya registrado para todo el país. Con respecto a los alimentos, hoy cada departamento tiene su base de datos. De esta manera, estaría la base de datos online, compartida en forma simultánea, una vez que el alimento se registra. O sea que los datos a los que se hace mención en el proyecto estarían todos repartidos.

Quería comentar que la química Yanet Hagopian, que junto conmigo integra la mesa del Congreso de Intendentes en la parte bromatológica, se excusa por no haber venido, pues está engripada. Por su parte, el químico Alejandro Bertón, que también integra la mesa del Congreso de Intendentes en la parte de bromatología, también se excusa, pero han venido otros compañeros, como Santiago Esteves, por Rivera. Esa mesa es la que coordina todas las actividades del grupo de trabajo de bromatología.

Desde 2016, en Uruguay  está trabajando un grupo convocado por la FAO en el tema de las pérdidas y los desperdicios de alimentos. En 2017 ese grupo contrató una consultoría de la Fundación Ricaldoni –Facultad de Ingeniería– y a partir de ello se hicieron una serie de estudios sobre las pérdidas en Uruguay. He traído un pendrive y si ustedes lo desean podemos dejarles la información. Esos estudios se hicieron para precisar cuáles son las pérdidas en las distintas cadenas de alimentos, la cuantificación y dónde ocurren. Según ese trabajo, las pérdidas totales de Uruguay rondan el 10 % de alimentos convertidos a masa de materia prima. Esa cuantificación diferencia mucho de lo que son otros países de Latinoamérica e, incluso, de algunos europeos. Ahí hay que distinguir dónde se dan las mayores pérdidas. En los países ricos y en las modalidades de los países europeos, los desperdicios se dan mayoritariamente en el sector del consumo y la distribución, asociados a los excesos. En los países más pobres lo que se da son pérdidas asociadas a la producción y a las poscosecha. En el caso uruguayo, hay un mix más volcado a lo que es producción y poscosecha, y no tanto a distribución y consumo.

                Aquí hay algunos números –si quieren, luego se los ilustro–, pero el concepto es que, en el caso uruguayo, la mayor cantidad de pérdidas se da en esos niveles. Podemos verlas en volúmenes físicos o en dinero, es decir, las pasamos a valor. En cuanto a los volúmenes físicos, las pérdidas están dadas en los cereales, en frutas y hortalizas, y en lechería, no tanto en la parte cárnica. Si las vemos en valor, es en la parte cárnica donde, justamente, se dan las mayores pérdidas. Luego le sigue la leche.

                ¿Cuáles son las razones por las cuales en estos rubros se dan las mayores pérdidas? En la industria cárnica las pérdidas se dan en la producción, por mortandad y algunas enfermedades del ganado, y en lo que respecta al frigorífico, la mayor parte de las pérdidas se deben al mal manejo del animal, a muchos moretones y daños que ocurrieron en la producción pero que se expresan como pérdidas en ese sector.

                Con relación a los cereales, gran parte de las pérdidas se dan en las cosechas y en la distribución, y también un pequeño volumen de pérdidas se da en la elaboración.

                En lo que refiere a frutas y hortalizas, la mayor parte de las pérdidas ocurre en la poscosecha, ya sea por el machucado –en el caso de las frutas–, por el mal manejo, por la deficiencia en la caminería y en los vehículos, y luego por la ineficiencia en la cadena de frío.

                Quiero comentarles que, como estuve vinculado al Mercado Modelo y al proyecto de la UAM –Unidad Agroalimentaria Metropolitana–, es de esperar que gran parte de las causas de estas pérdidas puedan resolverse o sean atendidas por el proyecto de la UAM y por el mercado norte de Salto. Se espera que todo eso ordene y profesionalice el sector.

                En cuanto a los lácteos, las pérdidas que se dan en la leche fluida se deben a problemas en la cadena de distribución. Hay ineficiencias debido a la baja inversión en los distribuidores. No quisiera entrar en lo que podrían ser las causas más profundas, pero esas son las expresiones que se dan allí. Por tanto, ese aspecto puede manejarse con inversiones a nivel de minoristas, inversiones a nivel de la cadena de distribución, lo que significaría una recuperación de los productos.

                Y en los puntos finales del consumo, las pérdidas rondan el 11 %. En definitiva, del total de las pérdidas, en el consumo tenemos entre un 10 % y un 11 % y, en la distribución, entre un 8 % y un 9 % de todos los alimentos, o sea que no es allí donde está el problema, desde el punto de vista de los grupos en los que hemos trabajado junto con la FAO. Es decir, si bien puede ser allí donde uno percibe que hay más desperdicio, porque podemos ver que se tiran diez sándwiches, quince kilos de pan, una torta o la mitad de un guiso –y eso duele y uno siente que está desperdiciándose todo eso–, el principal problema no está allí. El punto crítico no es exactamente ese.

                En el grupo de trabajo del congreso tratamos este tema. En su momento enviamos al congreso una serie de consideraciones, principalmente por lo relacionado con la vida útil, y aquí ya ingresamos en lo que plantea el proyecto de ley. Se han realizado algunas consideraciones sobre ese tema. Actualmente la vida útil la establece el productor, el industrial. Él es quien fija y determina la vida útil que va a darle al producto, de acuerdo con su saber y entender y algunos estudios técnicos. ¿Por qué digo algunos estudios técnicos? Porque hay un componente comercial muy fuerte. El alimento se desdobla en su dialéctica entre alimento y mercancía: a veces es alimento, nutritivo y alimenticio, como dicen los nutricionistas y, otras veces –la mayoría–, es mercancía.  Entonces, en ese concepto de mercancía es que históricamente se ha fijado la fecha de vencimiento de un alimento. Se fija con ese criterio para empujar al minorista a empezar a venderlo; hay una presión de venta para que se den señales de una organización en la logística de renovación de stock y se realiza el frenteo, como dicen los supermercadistas. Después eso tiene su contraparte, que se ha venido expresando en los últimos diez años de forma muy fuerte, porque el supermercado devuelve los productos vencidos. Cuando hay un sector dominante de la distribución que tiene mucha presión sobre las devoluciones, la industria empieza a revisar las fechas de vencimiento.

En estos últimos cinco años se ha dado –puedo decirlo con propiedad porque en el sector en que yo estoy hacemos la habilitación de los productos– un cambio de la vida útil de muchos alimentos. Sin mucha explicación, yo he ido entendiendo ese concepto de cómo la industria iba fijando sus fechas de vencimiento. A su vez, eso desvaloriza el concepto de fecha de vencimiento porque si yo digo, por ejemplo, que esta botella con agua vence a los seis meses y dentro de cuatro meses digo: «Mire, no cambió ningún elemento del proceso, pero nos dimos cuenta de que, en realidad, dura ocho meses». ¿Qué estoy diciendo? Que hace seis meses el agua también duraba ocho. ¿Cómo le explicamos al consumidor cuál es el valor de la fecha de vencimiento? Capaz que el agua realmente dura ocho meses, en vez de seis, pero después puede suceder que fuerce un yogurt a que dure cuatro meses, y a los cuatro meses y un día se pone en mal estado porque es mucho más perecedero, porque hay otros elementos. Entonces, es muy delicado trabajar con liviandad sobre la fecha de vencimiento o la vida útil.

                Los europeos trabajan sobre lo que es el consumo preferencial, que difiere de lo que es la fecha de vencimiento o la vida útil. Nosotros, en Montevideo, en la última resolución en que se modificó la reglamentación para registrar alimentos –la traje y después les doy el número–, cambiamos algún concepto y establecimos que la fecha de vencimiento o de caducidad final debe estar respaldada por un estudio de vida útil real. Lo pusimos así para ir empujando a que se coloque aquella fecha después de la cual, a los pocos días, el producto ya no tenga más vida, porque no pretendemos desperdiciar alimentos.

                Volviendo al concepto de fecha de vencimiento, reitero que los europeos trabajan con las fechas de consumo preferencial, que son aspectos de calidad, es decir,  hasta la fecha que se indique, el producto tiene una conservación y mantiene sus aspectos de calidad; luego sigue siendo inocuo, sigue manteniendo las características desde el punto de vista nutricional, pero puede ser que no se haya conservado algún elemento de calidad. Por ejemplo, en el caso de las bebidas refrescantes o de algunas aguas con gas, pueden haber perdido un poco de presión; a la larga, obviamente, pierden vida útil, pero tienen una fecha de consumo preferencial. Y hay listas de algunos alimentos de esta clase, digamos.

Ahora bien, hay alimentos que no pierden la vida útil. En Uruguay todavía no hemos entrado en esa discusión, si bien el Codex la deja planteada. Vuelco esta información acá porque son elementos que nos pueden servir para enriquecer la discusión e ir más al fondo del problema. Por ejemplo, el arroz –por nombrar algunos alimentos–, las legumbres secas, como los porotos y las semillas, si se mantienen las condiciones de conservación en cuanto a la temperatura, exposición a la humedad y a la luz, no ofrecen problemas. Claro que ese alimento, como el poroto, no me va a servir de semilla porque va a ir perdiendo la capacidad de germinación; de repente, se va a ir perdiendo el nivel de proteína, pero el alimento como tal sigue teniendo valor y puede tener una vida prolongada.

                Hoy en Uruguay a ese tipo de alimento se le fija un año y, a veces, dos como máximo; otro ejemplo es el maní. Ahora, ¿qué debemos tener? Las condiciones de conservación, sobre todo en lo que respecta a la humedad, y la menor inalterabilidad del producto en los procesos de industrialización. Lo mismo pasa con la miel, que es un alimento que no se deteriora con el pasar de los años, salvo que esté expuesta al aire; debe estar envasada, sellada, no debe haber posibilidades de que capte agua. Dicho alimento tiene  muy baja actividad de agua. Si no capta agua, no está expuesta a la humedad y no se contamina por algún factor de contaminación externo, la miel no se deteriora. Ahora, esto es una bomba de tiempo en la medida en que no se maneje bien. O sea, es muy probable que encontremos botulismo si la miel tiene agua o humedad, pero eso puede ocurrir a los dos años o a los seis meses y ahí es cuando tenemos que analizar las condiciones de conservación. Lo mismo pasa con los porotos: tenemos bolsas de porotos que se vencieron porque les hemos puesto una fecha de vencimiento.          

                Por lo tanto, la fecha de vencimiento es un elemento a trabajar desde la legislación. Con Salud Pública podemos seguir conversando sobre estos temas porque es justamente quien rige el Reglamento Bromatológico Nacional y tenemos un excelente relacionamiento. Trabajamos constantemente y estamos en permanente discusión –en el sentido de intercambio–, debido a que nos llegan alimentos nuevos todos los días y tenemos que ver cómo adaptamos esa legislación. La sal y el azúcar no tienen fecha de vencimiento. Hay que ver alimento por alimento o grupos de alimentos.

                Con respecto a lo que mencionaba cuando hablamos de fecha de caducidad o de consumo preferencial en cuanto a cuáles son los mejores términos, hay que tener mucho cuidado de que la rotulación sea muy clara en la forma de conservar el producto y en la logística.

 Volviendo al proyecto de ley presentado, queremos hacer algunas consideraciones.

En el artículo 1.°, cuando se establece que algunos productos ya no están aptos para su venta pero siguen validos para el consumo, considero que es un concepto que no deberíamos manejar; reitero, no deberíamos manejarlo. En este sentido, pretendemos desde la bromatología no desdoblar ese par dialéctico alimento o mercancía porque entran en conflicto rápidamente, ya que si no está apto para la venta, tampoco lo está para el consumo. Eso nos pasa cuando se decomisan alimentos. Lamentablemente, una hora antes de venir para acá, se hizo un decomiso muy grande en un depósito que tuvimos que clausurar y se trajo mucha mercadería vencida que, aparentemente, están comercializando; o sea, es un lugar desde donde se distribuye mercadería vencida. Esos productos que se acaban de decomisar tenemos que tirarlos y destruirlos porque no podemos decomisar un alimento a alguien y después regalárselo a otra persona porque me pueden decir: «Si yo no lo puedo vender, él no lo puede comer».

Siguiendo con el tema del decomiso, si alguien me regala un alimento que no está para el consumo, yo tengo que destruirlo. Ese es el concepto que nos parece que surge de la redacción del artículo 1.° que nos rechinó mucho en el grupo de trabajo porque, si no está apto para la venta, tampoco lo está para el consumo. O sea, si perdió valor, no se puede consumir.

                Ahí surge otro tema. Si desde la bromatología estamos permanentemente presionando para que se mantengan las condiciones de distribución de un alimento que tiene valor, para que se haga con determinadas temperaturas controladas y que haya una inversión en un vehículo que esté en condiciones de higiene, que esté limpio –estamos permanentemente en la calle controlando eso; algunos se nos escapan pero intentamos que sea un mínimo–, cuánto más difícil será hacerlo si el alimento no tiene valor. Si hoy tenemos problemas para que se invierta en cadena de frío para la distribución de un alimento que va a ser vendido, cómo vamos a hacer para que hagan esa inversión para trasladar un yogur que está vencido. Menciono el yogur para no hablar de marcas; es un alimento que requiere frío y que está vencido. Otro ejemplo son los helados que se descongelan y se vuelven a congelar –alguno de ustedes habrá comprado y saben lo complicado que es– porque los que los reparten dicen: «No pasa nada, cuando llegamos se lo ponemos en el freezer y los muchachos los comen igual». Bueno, a veces, en los productos que pasan por ese proceso de congelar y descongelar hemos encontrado contaminación porque aquellas bacterias y microorganismos que están latentes, en el momento en que la temperatura sube un poco, se desarrollan y despegan. Por eso es muy importante la cadena de frío.

                Luego se habla de productos cuya fecha de vencimiento se encuentra cercana. Hace unos momentos trataba de explicar a qué refiere la fecha de vencimiento porque, por ejemplo, conocemos la experiencia de Bimbo. Cuando yo estaba en el Mercado Modelo pude ver que Bimbo generó allí un expendio porque ellos tenían la costumbre de recorrer sus puntos de venta. Recogían sus productos unos diez días antes de que vencieran y los vendían prácticamente a un peso la tonelada a un criadero de cerdos –era como un precio simbólico–, pero se dieron cuenta de que podían venderlo. Ahora recogen el alimento porque tienen una logística para eso y luego lo venden mucho más barato para un sector del consumo. De hecho, se instaló un local en el que se vendían alimentos de Bimbo que estaban próximos a vencer, pero con su logística. Aclaro que tuvieron que ponerles una faja que decía «expendio» porque muchos almaceneros chicos los compraban y luego los vendían, lo que era una competencia para ellos mismos. Por lo tanto, esto es muy complejo.

                Se habla de una fecha cercana al vencimiento o habrá que ver si se establece un porcentaje, por ejemplo, 30 %, 10 % o tantos días antes. La cantidad de días es muy variable; hay productos que vencen en veinticuatro horas. Aquí se mencionan alimentos de rotisería como, por ejemplo, los sándwiches y en ese caso el vencimiento es en horas. Los sándwiches que los supermercados venden prácticamente en el día o a los dos días, dependiendo del nivel de conservación, estarán vencidos. Ese punto lo vemos con preocupación en cuanto a la definición de los alimentos que se pretende distribuir y cómo se ajustan.

                Cuando se habla de las grandes superficies, se mencionan los doscientos metros, pero hoy la tecnología comercial ha reducido, y mucho, esos metrajes en cuanto al manejo de los alimentos. Además, muchas cadenas están organizando centros de elaboración y los otros puntos distribuyen. Ahí es donde el metraje del local no necesariamente ajusta y a veces, en determinados barrios de Montevideo o en ciudades chicas, la producción excedente no siempre se da en los locales grandes. Ahí cabe reflexionar acerca de si no vale la pena –algunas empresas han empezado a hacerlo– disminuir los volúmenes de exposición de alimentos frescos elaborados en las rotiserías o en las panaderías locales a última hora.

                Alguna cadena probó de bajar los precios a las 8:00, pero después se dio cuenta de que a las 9:00, cuando cerraba, tenía amontonada a la gente porque los que antes iban  a comprar a las 7:00, después se acercaban a las 8:00, hora a la que bajaban los bizcochos, las tartas o la pascualina. Esto es complejo.

                En otros lugares del mundo se ha buscado incentivar esas acciones. Me parece interesante remarcar esto porque en el artículo 8.º del documento se plantea, para administrar eficientemente los alimentos, recomendar al Poder Ejecutivo realizar campañas e introducir programas para la educación. Este artículo me parece muy importante.

Cuando estuvimos en Argentina con la gente de FAO de Chile –el material que he traído  puedo dejarlo– supimos que se estaban realizando campañas para aprovechar mejor los alimentos, organizar la compra del consumidor y educar para que cuando vayan a comprar las tartas no tengan necesidad de ver las treinta que hay, sino que si ven que hay solo un pedazo, lo compren. Ahora, capaz que si hay una sola, por las dudas, no la compran.

Eso es lo que se ha ido planteando a nivel mundial: ir bajando la exposición y educando al consumidor. Di solo un ejemplo, pero nos pareció interesante y oportuno traer una muestra, que puedo dejar. En otros lugares se ha ido haciendo este tipo de experiencias para ir bajando la ansiedad del consumidor que tiene que ver las pilas de alimentos. Se apunta a bajar la modalidad de venta por sobreexposición.

Por otro lado, en el punto 4 dice que las organizaciones beneficiarias «asumirán la recolección y almacenamiento de los alimentos donados» y se hacen cargo de la logística. Nosotros estamos en contacto con ese tipo de organizaciones y sabemos que no tienen la capacidad para hacerse cargo y cumplir con las necesidades de una logística adecuada.

En todas estas experiencias nos parece que quien entrega un alimento tiene que hacerlo en buenas condiciones. Los argentinos tienen una ley en la que expresamente establecen que el alimento, para ser donado, debe ser genuino y estar en condiciones de acuerdo al reglamento bromatológico y que ese donante debe garantizarlo hasta el momento en que lo retiran de su local. Luego tiene que haber una logística adecuada para los alimentos; ahí hay que ver cómo se organiza. Pero considero que darle esa obligación, compromiso o responsabilidad al que va a recibir el alimento es muy complejo porque estamos hablando de organizaciones que, por lo general, son muy débiles y que no siempre tienen las características necesarias. Estamos pensando, por ejemplo, en ollas del Uruguay pero ya son otro tipo de estructuras; si hablamos de merenderos, de algún comedor u ONG que da de comer, eso nos parece complicado.

Además, dice: «Asimismo serán responsables de la entrega sin costo de dichos alimentos entre los necesitados». Eso es obvio. Lo único a señalar es que hay que enseñar, explicar o dar una capacitación porque, de lo contrario, el tema alimentos es complejo.

                Después el articulado dice, en el punto 5: «En el caso de productos caducados, los mismos tampoco podrán ser destruidos…». Suponemos que esto apunta al tema del compost y de la alimentación animal; habría que prever el tema de los envases, que tiene que ser coherente con la ley de protección al medio ambiente y de envases. Acá hay que separar lo que es el envase de lo que es el contenido, porque también hemos visto en algunos criaderos de cerdos cosas complejas que después terminan afectando y dañando. Ahí hay que ver y profundizar un poco más en el tema del envase y cómo se va a hacer esto, mencionando, de repente, algún vínculo con la legislación relativa al medioambiente y a los envases.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias por su visita, que ha sido muy esclarecedora. Quisiera hacer dos preguntas puntuales generales. Hoy en día, ¿en qué etapa intervienen en la distribución, en el descarte o en la donación de alimentos? ¿En qué etapas plantean intervenir o estiman pertinente intervenir de aprobarse un proyecto cuya base puede sufrir modificaciones?

                Por otra parte, ¿cómo estiman la ley argentina? ¿Puede servir de ejemplo para tomar alguna de sus regulaciones?

SEÑOR SARAVIA.- Es un placer que hayan venido a informarnos sobre este proyecto de ley que ha presentado el señor senador Peña. Creo que tiene aspectos importantes, pero es una base para la discusión. Justamente, la presencia de ustedes que, además, están trabajando sobre este tema en profundidad y con la explicación que brindaron, nos han abierto un camino para conversar sobre este tema.

                Seguí atentamente el desarrollo de la exposición y algunas cosas que conozco por mi experiencia tienen que ver, en definitiva, con que el proyecto apunta a que determinados excedentes de alimentos vayan a sectores de la sociedad que los necesitan. Esa es la idea del proyecto de ley y es hacia donde queremos apuntar. Mencionaron el trabajo que están haciendo con la FAO. Es un trabajo que se está haciendo desde hace muchos años sobre la cadena agroalimentaria, sobre todo, porque hoy el bienestar animal no está disociado del bienestar humano. Esa es una clave fundamental para discutir sobre estos temas. Lo mismo pasa con las cadenas agrícolas en relación con los granos o la lechería. Tiene que ver con el bienestar animal, cómo se trata al animal en el campo, por ejemplo, en el caso de la carne con los machucones, los hígados, los descartes, etcétera. Esos descartes, en general, en la industria frigorífica van destinados a otras cosas, pero no puede llegar nunca al bienestar porque usted descarta un hígado por saguaipé o estomatitis o necrosis de hepatitis mal curada, incluso, por enfermedades en los propios productos que se les da a los alimentos en el tratamiento porque cada día se ajusta más la producción. Pasa lo mismo en la lechería. Por ejemplo, hígado descartado por saguaipé. Ahí tenemos un elemento de trabajo, por ejemplo, para el artículo 1.º, porque hay que ser más específico con este elemento. Lo mismo pasa con los granos.

                Para el trabajo que ustedes están realizando, en realidad, acá sería importante tener una herramienta que les permita llegar con los excedentes y no con lo que está vencido o en malas condiciones o que sean descartes. Ninguna industria deja de aprovechar lo que descarta de segunda o de tercera porque eso va a molienda de raciones de segunda calidad para alimentos. No es lo mismo el proceso de mantenimiento en vida útil de una carne de pollo, pescado o cerdo que la de una vaca. Son diferentes los procesos y los problemas que tiene la carne con las contaminaciones. Entonces, ¿ustedes lo ven viable en esta línea pensando en lo que se hace en otras partes del mundo? En definitiva, las grandes áreas comerciales o las cadenas de producción de alimento destinan al consumo humano para beneficiar justamente los excedentes de producción y no lo que va para descarte. ¿Se entiende la pregunta?

                En realidad, si uno mira a España y a otros países del  mundo puede ver que van por la vía del excedente de producción. O sea, me sobró en el supermercado determinada cosa que tiene buena calidad y la dono, la destino a una ONG o a un merendero. En Uruguay esto se ha hecho mucho y actualmente se sigue haciendo. Creo que una legislación en este sentido, con la participación del Estado, puede ayudar en eso.

 Ese es mi planteo. Cuando se llega a descartar determinado producto es porque, en definitiva, no sirve al consumo humano ni al animal, porque el bienestar humano está relacionado con el bienestar animal y cada día en el mundo entero –y en Uruguay ni que hablar– se avanza mucho más en esa línea.

                Muchas gracias por la presencia y los aportes.

SEÑOR OLESKER.- La mía es una pregunta a raíz de que se mencionaron dos puntos que me parecieron contradictorios y quería que se aclarara.

                Este proyecto tiene varios problemas y uno de ellos es el tema de las fechas de vencimiento. Todos quienes, más o menos, intuíamos que ahí habría un punto de difícil ubicación, ahora lo vemos confirmado.

                Al principio se hizo referencia al concepto de consumo preferencial, que daría la idea  de que podría haber –digamos– varias fechas de vencimiento. Cuando uno piensa eso, también piensa que esas varias fechas de vencimiento pueden estar ligadas a fechas de vencimiento para la venta y fechas de vencimiento para el consumo. Sin embargo, luego, en la segunda parte, se dijo: «Lo que no está apto para la venta no está apto para el consumo». Entiendo que son afirmaciones contradictorias, por lo tanto, me gustaría que se profundizara en ese punto.

                En la sesión anterior, el señor presidente de la comisión dijo que había que pensar si no sería bueno tener distintas fechas de vencimiento según las distintas calidades. ¿Se puede trabajar en esa línea? Hablo de los productos en general y no tanto de los más perecederos, sino de aquellos cuya calidad se va deteriorando pero no necesariamente de un día para el otro.

                Esas son mis preguntas.

SEÑORA SANGUINETTI.- Muchas gracias por la participación.

 Claramente, este es un tema muy complejo; cuantas más delegaciones recibimos, más percibimos su complejidad.

Creo que coincidimos en que hay varios aspectos para mejorar.

                En algún momento mencionaron el grupo de trabajo de la FAO y demás y en varias oportunidades mencionaron ejemplos de otros países. Quisiera saber si tienen alguno de esos materiales disponibles para enviarnos, que muestren el camino que se ha recorrido en esta línea, a fin de poder tomarlo como insumo para trabajar por una eventual mejora del proyecto.

                Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Buenas tardes.

                Al principio de la exposición se habló del registro único nacional de alimentos. No tenía esa información y me parece crucial, porque sería un mapa país.

Tengo dos preguntas para formular.

Una vez creado ese registro, ¿sería un lugar de uso abierto?

Por otro lado, este proyecto se está considerando en este momento, pero creo que habría que desligarlo de esta situación determinada que estamos viviendo –pandemia, ollas populares y demás– y considerarlo como una iniciativa de aprovechamiento a largo plazo. Digo esto porque, por momentos, se puede generar confusión. La pregunta sería si ustedes estaban notando la falta de legislación en torno al procesamiento de todos los productos alimenticios. Hay que tener en cuenta que incluso se está trabajando para que sean registrados en forma única.

                Esas son mis preguntas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pueden responder.

SEÑOR AMADO.- Les agradezco las preguntas, realmente, porque me di cuenta de que me faltaba expresar algunas cosas.

                Con respecto a la ley argentina, nosotros la estuvimos mirando y nos parece que tiene elementos muy interesantes para tener en cuenta, sobre todo porque habla de alimentos que tengan valor, que tengan utilidad. En cuanto al control, creo que sí, que todo el sistema que este proyecto de ley considera necesariamente debe estar bajo el control de las bromatologías de los departamentos; de eso no hay dudas. Después habrá que definir si es un control permanente o si es un control aleatorio, pero como estamos hablando de alimentos, obviamente, también tiene que participar Salud Pública; es así. Si estamos legislando sobre alimentos, compete a Salud Pública; eso se incorpora a la legislación de alimentos y después se ejecuta. Como les decimos a los compañeros de Salud Pública, los brazos ejecutivos de Salud Pública somos las bromatologías departamentales, porque somos las dendritas que tocamos todos los músculos del país, pero el rector es Salud Pública. Si ese control hay que hacerlo cada vez que hay una donación, eso ya es algo instrumental, pero la legislación tiene que prever que las bromatologías departamentales tengan competencia.

                Sobre lo que el planteaba el senador Saravia, hay que ver qué entendemos por excedente y qué entendemos por descarte. Me parece que este proyecto de ley debería, antes que nada, propender a disminuir los desperdicios de alimentos. Lo ideal, y hacia donde apuntan la FAO y los Objetivos del Milenio, es llegar a cero desperdicio. Nosotros tenemos que ir hacia eso y a que la sobreproducción de alimentos no sea una sobreproducción, porque está faltando alimento. Ese desbalance en la distribución del alimento –aunque no solo es algo logístico– hay que canalizarlo de forma diferente, porque la ineficiencia de la distribución del excedente es muy grande y, por lo tanto, el peligro de que ese excedente no sea bien trabajado y de que no llegue en tiempo y forma a la población necesitada es enorme.

En la lógica del productor de excedentes eso está pago, pues como dije al principio, estamos hablando de alimentos, pero son mercancías. Ninguno de nosotros va a creer que ese comerciante que después le va a decir a este organismo que tiene para donar tantos kilos de pascualina, no los tiene ya pagos. Por lo tanto, no sé hasta qué punto se considera excedente. Esa es una ineficiencia del sistema que estamos obviando o a la que le estamos haciendo un baipás con esto; o sea, es como un lavado de ineficiencias. Yo me permito hacer cincuenta pascualinas cuando sé que voy a vender treinta, porque después las otras las regalo, pero en realidad vendí las cincuenta, porque en el precio que fijé ya sé que tengo que tirar veinte, lo tengo calculado; o sea, cuando hago cincuenta y sé que tiro veinte, esas veinte las tengo cobradas. Entonces, no me parece que sea lo adecuado manejar excedente en estos términos.

Hay excedente de producción en el campo; eso es inmanejable muchas veces. En el caso de la producción de fruta se puede manejar porque se hace raleo; hay algunas acciones que se pueden realizar para disminuir el excedente de producción. Si hay un excedente de producción, se bajan los precios o se canaliza. En el Mercado Modelo hoy está trabajando Redalco, que está regulando –digamos– lo que antes era el desperdicio. Nosotros logramos abatir mucho el desperdicio; desde 1990 hasta 2015 bajó mucho y sigue bajando. Según los últimos datos de desperdicio a nivel mayorista, por las buenas prácticas del mayorista, o sea, por la racionalidad de los productores y los trabajos de Junagra durante muchos años, se bajó mucho y se pasó de un 20 % ó 30 % de desperdicio que teníamos a principios de los ’90, al porcentaje que tenemos hoy que es de aproximadamente un 2,5 % en ese tramo de la cadena. En el Mercado Modelo sigue habiendo desperdicios, porque si en una bolsa de papas se pudre el 10 %, hay que tirarla toda; el costo de recuperar ese 90 % es muy alto, entonces, se la entregan a Redalco, que asume ese costo. Pero eso no es excedente. El descarte –y existe un trabajo muy fuerte a favor del consumo de los descartes– se da en productos naturales. Pero cuando nos enfocamos en este proyecto, nos parece que en lugar de hacer referencia al excedente o a la sobreproducción, debería hablarse de sobrante porque, en realidad, estamos más enfocados hacia allí. El sobrante tiene valor comercial y nutricional pero no se puede vender porque se terminó la hora del comercio, no hay más clientes y para dejarlo para el otro día se pone feo el producto o pierde el valor. Hoy hay organizaciones que están trabajando en ese sentido. Es cierto que falta una legislación que regule eso, porque hoy hay organizaciones bien intencionadas pero, en fin, a la intención hay que evaluarla porque, digamos –para que se entienda–, la intención mía es buena porque soy yo, pero quizás para usted no es buena mi intención, porque no me conoce. O sea, no podemos caer en que la gente actúa bien porque es de buena voluntad. El INDA, en el período pasado, tuvo problemas muy serios porque muchas industrias eran muy simpáticas y se sacaban de arriba y lavaban impuestos donando al INDA cosas que no tenían valor nutricional. Si yo a usted le dono la mitad de lo que produje, lo declaro y no pago impuestos. Entonces, también hay todo un tema atrás de esto que hay que analizar con mucho cuidado.

                En definitiva, creo que lo primero es disminuir el desperdicio. Lo ideal sería que no tuviéramos nada para donar, porque eso significaría que no hay sobreproducción ni desperdicio y sí eficiencia en la cadena alimenticia. Después vemos cómo abastecemos o cómo cubrimos la parte nutricional de aquella población que tiene carencias, pero ese es otro tema. Hay que diferenciar los dos temas.

                Con respecto a la fecha de vencimiento, hay que hacer una distinción, porque una cosa es la fecha de vencimiento como la tiene Uruguay, que hay una sola, y otra cosa es legislar para que exista una fecha de consumo preferencial y una fecha de vencimiento y eso depende de la familia de alimentos. En el caso de aquellos alimentos que admiten fecha de consumo preferencial, tendrían dos fechas, la de consumo preferencial y la de vencimiento. Pero no todos los alimentos admiten las dos fechas. Entonces, hay que analizar muy profundamente qué tipo de alimentos admiten poner esas dos fechas, que serían aquellos que pierden calidad pero no inocuidad, por decirlo así. Otros alimentos, los más perecederos, que tienen alta actividad o que tienen posibilidad de contaminación microbiológica y que son fermentos, pierden las dos cosas a la vez. Luego habría que ver cómo se pone esa fecha. Pero hay que tener en cuenta que son dos cosas totalmente distintas y hoy hay una sola en Uruguay. Es un tema que hay que ver y analizar mucho con Salud Pública. El Codex lo tiene previsto pero el Uruguay todavía no lo ha internalizado.

                Cuando ustedes me digan les paso el material que hemos traído y los contactos.

                Una vez que el Sunae esté instalado es de acceso público. Actualmente la información es pública, lo que sucede es que en algunas intendencias hay que pedirla. En el caso de la Intendencia de Montevideo, está en internet. Una vez que está cargada, es para todo el país.

                Por otro lado, es de hacer notar que falta legislación. En este tema hay una carencia, y lo hemos discutido mucho. Nosotros veníamos trabajando y pensando en esto desde mucho antes que comenzara la pandemia. Me refiero a 2016 y a 2017. Es una preocupación. Lo hemos conversado en la Comisión de Bromatología del Congreso de Intendentes y, efectivamente, hay una carencia; hay una realidad que, más allá de que uno no quiere que haya excedentes, ella existe. Entonces, tenemos que legislarlo para ver cómo lo tomamos, pero siempre dentro del marco del alimento con valor.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Algún señor senador desea formular alguna otra pregunta?

                Les agradecemos mucho el aporte; esperamos que sea de utilidad para la redacción final del proyecto de ley.

                Estamos a las órdenes.

SEÑOR AMADO.- Estamos dispuestos a concurrir las veces que sea necesario.

(Se retiran de sala los representantes del Congreso de Intendentes)

 

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

 

(Ingresan a sala los representantes de Instituto Nacional de Alimentación).

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Salud Pública del Senado les da la bienvenida a los representantes del Instituto Nacional de Alimentación.

                Ustedes han recibido el proyecto de ley relativo a los productos alimenticios. Quisiéramos conocer su opinión en base a lo que se ha dicho aquí. Tienen un máximo de veinte minutos para hablar. Luego los señores senadores les realizarán algunas consultas.

SEÑOR ELGUE.- Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Elgue; soy director del Instituto Nacional de Alimentación.

                En primer término, destacamos esta iniciativa que aborda una temática que es relevante. En un mundo donde la demanda de alimentos aumenta es necesario trabajar para reducir su desperdicio, no solo por razones económicas sino también éticas y de cuidado del planeta.

                En segundo lugar, el proyecto de ley aborda una parte sustancial de la problemática presente en el Uruguay relacionada con la necesidad de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Si bien este proyecto no aborda de forma integral el problema, ya que solo considera la etapa final relacionada con el desperdicio de alimentos que se denomina «desecho de comida o productos alimentarios», hay diversas medidas a tomar previamente a la llegada de los productos a las grandes superficies. La ley debería trabajar en estos temas para prevenir estos desperdicios y atacar las pérdidas de la cadena productiva. Es ahí donde nos enfocamos particularmente y no tanto en los productos ya comercializados.

                A modo de introducción, citaremos los aspectos claves del proyecto de ley que dan contexto a puntos críticos. La misión de INDA es proteger y promover el ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada de todos los habitantes del territorio nacional, con especial énfasis en la población social biológicamente vulnerable. El Estado es sujeto de obligaciones para facilitar el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada; esto obliga a considerar no solo proteger contra el hambre, sino también contribuir al acceso a alimentos de calidad, sanos, inocuos, que favorezcan el bienestar de las personas.

                La crisis sanitaria de la covid-19 ha contribuido a evidenciar urgentes necesidades de generar políticas integrales que den respuesta a los problemas alimentarios y nutricionales para evitar su agravamiento. Las personas que enferman de coronavirus y padecen obesidad o enfermedades no transmisibles, como diabetes e hipertensión, tienen mayor riesgo de enfermar gravemente o perder la vida. Se estima que la emergencia sanitaria por covid-19 está generando un incremento de la malnutrición en todas sus formas: desnutrición y obesidad.

En los últimos años han presentado un crecimiento sin precedentes la obesidad y las enfermedades no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión, entre otras, problemas que coexisten con un retraso de crecimiento y anemia infantil. La nutricionista María Rosa Curutchet va a dar ciertos datos de nuestra realidad actual sobre la nutrición.

SEÑORA CURUTCHET.- Muchas gracias. Es un privilegio estar acá.

                Queríamos presentar algunas cifras del contexto de la situación en la que estamos en Uruguay cuando hablamos de lo alimentario y lo nutricional, y decir por qué estos temas tienen que ser considerados o tenidos en cuenta cuando trabajamos en un proyecto de ley que apunta a reducir el desperdicio de alimentos en la población.

                En Uruguay, lamentablemente, la malnutrición por exceso es un problema de alta prevalencia. Es un tema que sucede en el mundo moderno hoy, y Uruguay no escapa a esa realidad; estudios nacionales muestran que alrededor del 40 % de nuestros niños padecen sobrepeso y obesidad.

El retraso de crecimiento o la malnutrición por déficit también sigue siendo un problema que aún no está resuelto; si bien hemos tenido una evolución positiva en los últimos años, sigue siendo un problema prevalente en el país. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos a niños que tienen los dos problemas de malnutrición: el déficit y el exceso. Incluso, tenemos casos en que ambos problemas se presentan en el mismo niño: niños que pueden tener un retraso de crecimiento asociado a un sobrepeso y una obesidad; eso los hace mucho más susceptibles a desarrollar enfermedades no transmisibles en su vida adulta, o a que debuten en las que podríamos considerar como enfermedades del adulto mayor a edades mucho más tempranas de lo que sucedía unos cuantos años atrás.

                Hay estudios recientes y evidencias de que entre los escolares en Uruguay hay cifras de presión arterial elevada; se estima que el 15 % de los niños escolares presentan cifras de presión alta. Consideren que si un niño a los nueve o diez años tiene hipertensión, cuando tenga treinta años va a llevar veinte años con una enfermedad crónica sobre sus hombros.

                Cuando uno analiza el consumo de alimentos en la población, se encuentra con un estudio realizado el año pasado por el Programa de Alimentación Escolar en el que se estimó que los niños consumen cien gramos de azúcar por día y esa cantidad viene fuertemente incorporada a alimentos industrializados y bebidas azucaradas. Eso implica más del doble de la cantidad máxima que un niño debería consumir en una vida adecuada, según establece la Organización Mundial de la Salud.

                Cuando analizamos a la población adulta o a la población general, nos encontramos con que en trece años –entre los años 2000 y 2013– se triplicó en el Uruguay el consumo de bebidas azucaradas: pasamos de treinta a noventa litros por persona por año.

                 En cuanto al consumo de productos industrializados con alto contenido de grasas, sales y azúcar, los denominados productos ultraprocesados, en el Uruguay se duplicó el consumo, alcanzando una cifra cercana a los 146 kilos por persona por año. Esto nos muestra un cambio muy fuerte en el perfil y en los hábitos de consumo de la población que, de alguna manera, explican este complejo problema que tenemos hoy como sociedad, vinculado a la calidad de los alimentos.

                Por otro lado, se han sustituido fuertemente los alimentos frescos, la comida casera y las preparaciones elaboradas a mano por comida industrializada.

                Con respecto a la población adulta en el Uruguay, en solo siete años la obesidad aumentó un 8 % y la hipertensión arterial se incrementó también un 8 % con una tasa promedio de crecimiento anual de un 1 %. Eso demuestra que estamos frente a un problema de magnitud de salud pública muy importante.

 Por lo tanto, un proyecto de ley de estas características debe tener necesariamente la mirada a ese perfil de consumo, a ese problema que tiene nuestra sociedad, y pensar cómo se puede favorecer mejores comportamientos y conductas alimentarias en la población en general.

Por ende, interesa considerar que la calidad nutritiva en los alimentos es un factor clave; no podemos considerar en general a los alimentos como si todos fueran lo mismo, sino que hay que mirar su calidad nutritiva, a quién están dirigidos –no podemos pensar que toda la población requiere el mismo tipo de alimentos– y no favorecer el consumo de alimentos que puedan tener un perfil nutricional inadecuado.

En ese sentido, creemos que las consideraciones que planteamos para este proyecto de ley deben ser tenidas en cuenta necesariamente porque, obviamente, nos interesa facilitar y favorecer el consumo de alimentos frescos, de verduras, de frutas y de preparaciones elaboradas a mano, con características de tipo casero, y apuntamos, también, a reducir, limitar o controlar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos procesados con exceso de sal, grasa y azúcar que explican esta pandemia que tenemos de sobrepeso, obesidad y malnutrición en todas sus formas. Esto se da en todas las clases sociales, en todos los niveles socioeconómicos y en todos los grupos etarios.

Muchas gracias.

SEÑOR ELGUE.- Buenas tardes; los saluda el director del INDA. Sugerimos a los señores parlamentarios que se incluya la calidad nutricional de los alimentos naturales, procesados y ultraprocesados en la ley y dejamos a disposición el protocolo MIDES-INDA que se utilizó para la recepción de donantes en la pandemia.

                A su vez, solicitamos que se proteja a la población más vulnerable, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, con la prohibición de destinar para el consumo productos ultraprocesados y bebidas con alto contenido de sal o azúcar. Hay que considerar algún tipo de soporte económico para los alimentos frescos que incluya alguna medida de incentivo para los productores familiares, ya que esta ley aborda particularmente los productos de las grandes superficies y no los que quedan en las plantaciones o en las diferentes granjas.

                Sería deseable incluir un monitoreo de los alimentos que se desperdician en cuanto a qué tipo de productos y qué empresas involucran. Deberían incluir fechas de vencimiento y de consumo preferentes porque son diferentes. La fecha de vencimiento marca el momento en que el producto deja de ser inocuo porque no tiene las condiciones que tenía al inicio y la fecha de consumo preferente es para aquellos productos que pueden prolongar su vida útil más allá del vencimiento. Esto no lo considera el proyecto de ley.

                Creemos que uno de los puntos críticos de esta iniciativa es que queda librado a posibles prácticas abusivas y especulativas de comercio, lo que tendrá como consecuencia el agravamiento de los problemas ya descritos. Además, deja enormes espacios reservados a la reglamentación. En el caso de que se haga una ley interpretativa, INDA está a las órdenes y ofrece todos sus medios y técnicos para apoyar a una comisión en base a lo que nosotros consideramos una alimentación saludable.

                El proyecto de ley tiene una perspectiva asistencialista y no una adecuada perspectiva de derecho. La población de destino se define como «necesitados» y consideramos que deberían ser ciudadanos con derecho a una alimentación cualitativa y cuantitativa adecuada. No solamente se trata del problema del hambre, sino también de una alimentación adecuada porque muchos de los productos que se venden en las grandes superficies causan más perjuicios que beneficios.

                Otro punto del artículo que tampoco consideramos adecuado es que el INDA, como parte del Ministerio de Desarrollo Social, en este momento no tiene los recursos suficientes como para fiscalizar que se cumpla la norma, tal como lo establece la ley.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Me parece muy interesante la información que han dado, sobre todo en relación con las consecuencias de los productos ultraprocesados. Recuerdo que está vigente, aunque su aplicación está suspendida, una ley sobre etiquetado. Aquí nos enfrentamos a una contradicción: el mercado que presiona y el valor del alimento. ¿Qué pasa? Si ponemos la información en letra muy chica, nadie lo lee y, si se pone un distintivo grande, llama la atención. Ahí es donde está el conflicto en la aplicación de esa ley. Es verdad que el alimento ultraprocesado siempre tiene conservantes, colorantes, saborizadores, etcétera; incluso, si alguien que no es técnico en la materia lee las etiquetas, la información no es comprensible. Por eso, señalar el exceso de grasa, sal o azúcar simplifica el concepto. Ahí tenemos un problema que claramente tenemos que resolver y coincido totalmente con lo que dicen con respecto a los ultraprocesados porque tiene mucho que ver con la vida moderna y por eso el problema es más complejo. De todos modos, con este proyecto de ley –creo que esa es la intención del señor senador Peña, autor de la iniciativa– se intenta optimizar todo el esfuerzo de la producción de alimentos con relación a la población. Ese es el objetivo grueso que tenemos y por eso hemos recibido a una gran cantidad delegaciones, todas con puntos de vista válidos, lo que nos habla de que no es tan sencillo regular esto, pero que es imprescindible hacerlo.  Por eso nos preocupaba el INDA, no solo porque es el organismo rector, sino porque en determinados ciclos de crisis cumple un papel mayor al de la rectoría.

Obviamente, sé que se requieren rubros porque el control es en el territorio nacional. Esto tiene una importancia muy grande; me refiero a que sea en todo el territorio nacional y que no haya ciudadanos de primera y de segunda o, por ejemplo, ciudadanos de frontera que consumen lo del otro lado. No sé qué regulación puede ponerle el INDA a esto.

La idea de intercambiar creo que estaba en el espíritu de ver cómo podemos hacer el texto más ajustado, de modo que sea una herramienta útil y no un saludo a la bandera.

                Quería dejar esta constancia porque me parece muy interesante lo que nos expusieron.

SEÑOR ELGUE.- No estamos solamente preocupados por el desperdicio de alimentos en las grandes superficies, sino en todo el país. Sabemos que hay un desperdicio que es mayor y que, por un tema de mercado, muchas veces no llega a los habitantes más vulnerables, que es, sobre todo, de productos naturales. Lo otro sobre lo que  hablábamos hoy es el tema de tener una visión más amplia.

SEÑORA CURUTCHET.- Creo que en un proyecto de ley de estas características –que es sumamente valioso y necesario– tenemos que considerar el  problema de reducir pérdidas y lo que estas implican. Me refiero a todo lo que sucede antes de la etapa de comercialización y a cómo reducir el desperdicio, que es lo que ocurre desde que se comercializa hasta lo que pasa en nuestros hogares, respecto a lo cual hay campañas educativas establecidas acá.

En nosotros, como consumidores comunes, también incide ese desperdicio de alimentos, pero también hay que señalar que Uruguay tiene un volumen considerable de pérdida de alimentos que ocurre antes; por ejemplo, sucede todos los años con el tema de la manzana. Cuando el mercado se satura no conviene cosechar ni levantar determinadas manzanas que no reúnen ciertas condiciones o exigencias del mercado; lo mismo sucede con el zapallo, con los tomates y con una gran variedad de alimentos frescos, cuyo consumo queremos fomentar. Pensamos que este proyecto de ley debería considerar, tal vez más explícitamente, estrategias que nos ayuden a reducir esas pérdidas, ese desperdicio de alimentos.

                También pensamos que, en realidad, este proyecto de ley aborda, más que nada, el tema de cómo canalizar esa producción excedente o ese posible desperdicio, pero no plantea aspectos relativos a cómo reducir las posibilidades de que se genere ese problema ni de cómo facilitar a las grandes superficies, de pronto, otras estrategias. Hay experiencias internacionales interesantes en esto, por ejemplo, generando outlet de verduras, frutas o alimentos frescos con precios diferenciales. Uruguay tiene alguna experiencia de eso en el mercado agrícola, pero habría que ampliarla más.

                Tampoco se consideran –por ejemplo, cuando un donante da productos frescos a un distribuidor– los costos que pueden estar implicados en cómo se refrigeran o se mantienen los alimentos. No hay una adecuada conceptualización o concientización en este marco legal acerca de cómo canalizamos y facilitamos el consumo del alimento fresco y el cuidado del alimento natural.

También queremos señalar el peligro que puede existir entre lo que establecen el artículo 1.º y el artículo 2.º al conveniar –Elgue lo planteaba recién– con productos cuyo consumo, de pronto, no queremos facilitar o fomentar. Puede haber una cadena de comida rápida, por ejemplo –según lo que establece el artículo 1.º– que convenia con un CAIF para facilitar excedentes, pero esa también puede ser una estrategia de marketing para facilitar consumo, para acostumbrar paladares; después esos propios niños van a demandar, de pronto, ese  producto.

El tema tiene esa complejidad. Nos parece que este marco legal es necesario y valioso, pero que tiene que considerar esos puntos críticos que favorezcan el consumo de los alimentos frescos con esa visión amplia de que la población económicamente más desfavorecida hoy es la que más padece los problemas de malnutrición en Uruguay. El retraso en el crecimiento y la obesidad tienen una prevalencia muy similar en la población económicamente más desfavorecida. Hablamos de un 10 % y un 11 % de los dos problemas.  O sea que ahí hay un combo de problemas o un caldo de cultivo que no contribuye al bienestar de las personas. Eso implica costos de desarrollo social, así como también sanitarios, por lo tanto, condiciona nuestro capital humano. Y un proyecto de estos debe considerar, de alguna manera, no generar impactos negativos en la salud de los más desfavorecidos.

SEÑORA LAZO.- Mi intervención va en el mismo sentido de lo que se viene planteando por parte de todos. Creo que estamos de acuerdo con que cualquier iniciativa que ayude a disminuir pérdidas o cosechas pero que, además, atienda lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas, nos interesa. Es fundamental el tema de los controles, y lo digo como una reflexión en voz alta. Cada una de las instituciones u organismos que han comparecido me han aportado la necesidad de que sean referentes. La nutricionista hizo una valoración muy importante –que ahora lo vimos en el marco de la pandemia porque, sin duda, transversaliza todo– respecto a las poblaciones de riesgo, donde se encuentran los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Me preocupa quién debería ejercer esos controles. Aparentemente serían múltiples actores. Por un lado, está el tema de la inocuidad. Por otro, la no generación de un mercado que pueda dar lugar a lo que se mencionó, esto es, un mercado de alimentos que termine volviéndose en contra y generando lo contrario de lo que está planteando esta ley. Por lo tanto, más que pregunta es una reflexión en voz alta y la necesidad –creo que está en los artículos 4.º y 5.º– de saber quiénes son los encargados de realizar el control. Me parece que esto implica una reformulación, no de lo que plantea el proyecto sino de la forma cómo se implementa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos su presencia en la comisión.

                Sus aportes van a ser considerados a la hora de la redacción final del proyecto.

                Muchas gracias.

                Se levanta la sesión.

(Son las 14:58).