COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 25 de junio de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, queda abierta la sesión.

(Son las 13:06).

                –Buenas tardes a todos.

                Quiero aclarar que, tal como informé por el grupo de WhatsApp, se ha encontrado una solución a parte de los problemas que están teniendo los trabajadores del Enjoy. Se llegó a un acuerdo tripartito para estos ochenta a cien trabajadores que no tenían derecho al seguro de desempleo porque eran contratados por temporada, mediante el cual la empresa los pondrá en planilla hasta el mes de abril y pagará una multa. Y al darles de baja por la causal de suspensión, como tienen más de setenta y cinco jornales, pueden ser beneficiarios del seguro de desempleo.

                También hubo una respuesta favorable de la primera extensión del seguro de paro…

(Interrupciones).

                –Me parece importante que quede constancia de esto en la versión taquigráfica.

                Si bien luego tendremos que hacer un seguimiento al tema estructural de fondo, que es cómo se aborda una temporada turística –tiene que hacerse con muchísima dificultad–, por lo menos, las primeras urgencias fueron atendidas.

SEÑORA BIANCHI.- Primero, estimo que no es conveniente acostumbrarnos a decir «no» a la versión taquigráfica porque si no se nos genera un gran lío para entender los temas.

                Segundo, pido disculpas por no haber podido estar en la sesión pasada, a pesar de que estuve de acuerdo con que se cambiara el día de reunión. De todos modos, ya leí la versión taquigráfica.

                Tercero, con el respeto que le tengo al presidente Andrade –que es mutuo–, quiero decir que el orden del día de hoy me pareció realmente un disparate, ya que estamos cursando una pandemia y tratando de trabajar lo más ordenadamente posible. El señor presidente de la comisión ha dicho públicamente que una de las razones por las cuales me respeta es porque trabajo mucho, o sea que no estoy diciendo esto porque no me guste trabajar sino porque, realmente, es una locura de temas. Tenemos la visita de: la señora ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la asociación de funcionarios de ese ministerio, la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, la Asociación Industrial de la Construcción del Este, la asociación de funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, y el Sindicato del Citrus. Creo que ante todo tenemos que tratar de contemplar una razón de salud pública, porque queda claro que la situación sanitaria no está controlada y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Más allá de que sé que algunos asuntos son urgentes, me sorprendí mucho al ver este orden del día.

                Entonces, entiendo que tenemos que ser más racionales y considerar las medidas de distanciamiento social, de la cantidad de horas que estamos en un salón cerrado, y demás.

                Por otra parte, me parece genial lo que está haciendo el señor presidente en el sentido de arreglar problemas puntuales y urgentes en forma personal, pero pido –ya lo planteé cuando había que citar a quienes pedían entrevistas– que se le dé un mayor grado de institucionalidad. ¿Desconfío de lo que hace Andrade? En absoluto; al contrario, confío plenamente en él y sé que lo hace con el espíritu de solucionar problemas, pero no todo puede resolverse, como decía mi abuela, «entre gallos y medianoche» –dicho esto entre comillas–.

                Repito: no es porque no le tenga confianza al señor Andrade –mañana puede haber otro presidente–, sino porque no debe ser así. Si los temas se tratan en la comisión deberíamos, por lo menos, ser más consultados. Le agradezco los esfuerzos que hace, incluso lo manifesté en el grupo de WhatsApp, pero no me parece que sea lo más adecuado.

                En resumen, lo más importante a destacar –reitero– era la racionalización del orden del día y dar mayor institucionalidad a las intervenciones del señor presidente. El presidente de la comisión es el presidente de la comisión y no un órgano en sí mismo. No importa si pertenecemos al partido de Gobierno o estamos en la oposición, pero los demás partidos políticos tenemos que estar enterados, por lo menos, del camino por el cual se llega a determinadas soluciones; me alegra infinitamente que así sea pero tenemos que tener otro grado de participación.

                Ya me explicaron las razones de la cantidad de delegaciones –y es lo último que voy a decir–, porque me llamó la atención la sesión de hoy. Como sabemos, las sesiones son del 1.º al 18 del mes, pero me dijeron que había temas urgentes cuyos plazos vencían el 30 de junio; con eso no hay ningún problema. Lo que sí me preocupa mucho, como ya señalé, es este orden del día y que no se compartan los procesos de negociación.

                Nada más, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En este caso no comparto la opinión de la senadora Bianchi por lo siguiente: fue en este ámbito que se discutió la idea de hacer gestiones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. O sea, planteamos abiertamente que íbamos a hacer gestiones para ver la posibilidad de ampliar el seguro de desempleo y para explorar la condición de amparar a estos trabajadores. Podemos hacer dichas gestiones sin pasar por la institución; las puedo hacer como senador de la republica que está preocupado por una circunstancia. Sin embargo, en este caso sí se trató en la comisión y sí se generó la condición de que había que hacer gestiones a los efectos de ver la manera de amparar a este sector de trabajadores. No me corté solo a hacer gestiones con el ministro. Lo que sí me pareció adecuado fue compartir cada respuesta que iba teniendo del ministro, porque, en realidad, esto no correspondía a una gestión personal –que se puede hacer también–, sino que había pasado por la comisión.

Mi segunda valoración –en la que podemos acordar o no– tiene que ver con que hay dos maneras de trabajar en la comisión. Una manera un tanto histórica es que la comisión reciba distintas delegaciones, las escuche y se deje constancia en la versión taquigráfica de las expresiones. Yo participo de la idea de que cuanto más se pueda trabajar en resolver los diferendos que lleguen, mejor. Y eso no se hace solo con el funcionamiento de la comisión, porque ningún diferendo laboral puede esperar una semana o quince días para ver si encuentra algún ámbito para resolverlo; se hace construyendo otras instancias. En la legislatura pasada integré la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y, junto con el diputado Abdala, me tocó resolver conflictos laborales haciendo negociaciones particulares.

En tercer lugar, tenemos un funcionamiento semanal de la comisión –podríamos ver un funcionamiento diferente– y nos llegan situaciones complejas, como es el caso de la tienda que llegó hoy, que es por doscientos despidos. Sinceramente, a mí, me pesa mucho decirles que esperen quince días para recibirlos. Lo mismo sucede con el caso del citrus, que con el cierre de Caputto tiene una zafra complicada; no podemos decirles: «Bueno, esperen a la otra semana».

Entonces, me quedan dos variantes: fijamos otro día más en la semana, que puede complicar sobre todo a los integrantes de la comisión que vienen del interior, o postergamos la intervención de la comisión en intentar ayudar en estos temas. En realidad, sabiendo que estamos en una situación sanitaria compleja y sin poner en riesgo a nadie, prefiero que la comisión haga un esfuerzo por recibir ya a la mayor cantidad de delegaciones. Mi opinión, que la pueden compartir o no, es que al Parlamento lo fortalece tener presencia en temas que son de mucha importancia social, porque puede ser que para la mayoría no lo sean, pero para determinados sectores de trabajadores sí.

Con respecto al resto de las delegaciones, en la sesión pasada habíamos resuelto recibir a la Cámara de la Construcción del Uruguay y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y después el senador Niffouri nos planteó la posibilidad de agregar al sindicato del ministerio, lo que nos pareció pertinente porque estamos tratando el tema.

Luego se presentaron estos otros dos problemas y me pareció que no era la mejor señal postergar la visita de las delegaciones cuando la comisión se está reuniendo. De todas maneras, podemos discutir si el criterio debe ser recibir hasta un determinado número de delegaciones o tener un funcionamiento de la comisión con mayor amplitud. En lo personal, preferiría que tuviéramos un funcionamiento con mayor amplitud o, en todo caso, después de tanta cantidad de delegaciones, fijar otro día de sesión, sabiendo que esto es mucho mas complicado.

SENADORA BIANCHI.- No quiero abrir un debate ahora porque, además, tenemos esta cantidad gente y no vamos a hacer esperar a nadie.

Antes que nada, quiero decir que en la Cámara de Diputados integré por más de un año la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social cuando el señor Andrade ya había renunciado a su condición de diputado, así que conozco el funcionamiento y comparto lo que se ha dicho. Ahora bien, si se necesita una sesión extraordinaria, se votará; las únicas dos comisiones que tienen régimen de trabajo del 1.º al 30 de cada mes son Hacienda y Constitución y Legislación. Eso no está puesto porque sí, sino porque, de lo contrario, con las cuatro comisiones más la especial no daríamos abasto.

En segundo lugar, estoy de acuerdo con que hay que negociar una manera distinta, pero no podemos saltar la institucionalidad. Esta comisión no puede convertirse en una sucursal del PIT-CNT, y lo digo con todo respeto. De lo contrario estamos actuando mal desde el punto de vista institucional, y yo defiendo la institucionalidad.

Otro aspecto que recalco es que estamos poniendo en riesgo la salud de todos los que vamos a participar de la reunión durante muchas horas y con un montón de invitados, cuando estamos en un momento en el que hay dudas –tal como dicen las autoridades científicas; no me refiero a las políticas– acerca de la posibilidad de que el virus esté circulando en Montevideo. Estoy hablando de circulación social, como se expresó en el día de ayer. ¿Eso significa que tenemos que dejar de trabajar? No; nunca estuve dispuesta a hacerlo, aunque podría pedir licencia, porque tengo 66 años. Pero me parece que hay que aplicar la racionalidad. Y este tipo de decisiones no las puede tomar solamente el señor presidente.

Hoy no es día de sesión. No sé si se votó en algún momento. De ser así, está perfecto. Pero vamos a ser racionales. Personalmente –y los señores senadores saben que no es un problema de falta de colaboración–, no estoy de acuerdo con trabajar así.

No voy a coartar la posibilidad de que otros hablen, pero creo que tenemos que comenzar a recibir las visitas, porque además afuera hay un ministro de Estado esperando para entrar. En todo caso, en la próxima sesión –que sí va a estar dentro del período que corresponde– deberemos discutir acerca de esta forma de funcionamiento. De lo contrario, es una anarquía. Si a cada uno se le ocurre hacer funcionar las comisiones como quiere, realmente no podemos trabajar ni estudiar los temas.

Pido disculpas pero sinceramente quería hacer el planteo. Como corresponde, el señor presidente me respondió y yo le dije lo que creí que le debía contestar. Pero propongo que la discusión sobre este punto –porque me parece que el tema amerita una discusión– se realice en la siguiente sesión, el jueves de la próxima semana, en el día y hora que correspondan, y ahora comencemos a recibir a las visitas, porque ya son las 13:20.

Reitero las disculpas en lo que a mí corresponde y no voy a decir nada más.   

SEÑOR BONOMI.- Tengo posición al respecto, pero precisamente la cuestión de orden que deseo plantear es que tenemos seis puntos en el orden del día y una señora ministra esperando para ser recibida. Por eso propongo dejar la discusión de fondo para la próxima reunión o por lo menos para después de escuchar a las visitas.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quiero realizar algunas aclaraciones, porque se ve que la señora senadora no tiene conocimiento de cómo se procesó el tema, pero estoy de acuerdo en postergar el punto para la próxima reunión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por mi parte solo voy a dejar constancia de que las gestiones que hicimos pasaron por esta comisión. En todo caso, tendríamos que leer la versión taquigráfica de la sesión en la que discutimos qué hacer con respecto al Enjoy. De lo contrario, estamos generando un manto de dudas que no me parece correcto.

                Pero hacemos pasar a las autoridades que nos visitan y después discutimos el tema.

 

(Ingresan a sala la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial

 y Medio Ambiente, doctora Irene Moreira; el director nacional de Medio Ambiente, señor Eduardo Andrés; el director general de Secretaría,

coronel retirado Gabriel Albornoz, y el señor Gonzalo Reissig).

 

                –Para esta comisión y para los miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Senado que con mucho acierto decidieron participar de esta instancia, es un gusto recibir a las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

                Recibimos a una delegación de COFE, de la que participaron trabajadores contratados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, quienes expresaban preocupación por la incertidumbre laboral –ustedes habrán recibido las versiones taquigráficas– y por cuánto pudieran repercutir las políticas medioambientales en el recorte presupuestal correspondiente en esas áreas de contratados. Y vimos que la mejor forma de intentar promover un diálogo era conocer la opinión de las autoridades, a quienes, reitero, es un gusto recibir y les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA MINISTRA.- Gracias, señor presidente, por las palabras de bienvenida.

                Para quien les habla y los demás integrantes de la delegación del ministerio es un gusto estar hoy aquí participando en esta comisión, porque entendemos que esta es la forma de proceder: dar conocimiento, transparencia y las explicaciones que necesiten para poder llegar a buen fin ambas partes.

                Nosotros estamos cumpliendo con lo que establece el Decreto n.° 90/020, que estamos obligados a asumir. Hemos tomado el tema con total responsabilidad, en el sentido de que para el ministerio y para quien habla, los funcionarios no son un número, sino personas, y estamos estudiando caso a caso porque cada situación personal es una situación diferente. Es así como lo estamos haciendo, es decir, de una forma responsable en ese sentido.

                Si bien fue convocado el señor director nacional de Medio Ambiente, Eduardo Andrés, también pedí al director general de Secretaría, Gabriel Albornoz, que me acompañara, porque entiendo que estas medidas debemos tomarlas a nivel ministerial, es decir, de inciso. Por lo tanto, si tratáramos el asunto relacionado solamente con una dirección, podríamos estar haciendo una discriminación con respecto a los otros funcionarios que también integran mi cartera.

                Por esa razón, si el señor presidente de la comisión lo entiende pertinente, cedo el uso de la palabra al director general de Secretaría para que los ponga al tanto de cuál es la situación que está viviendo el ministerio.

SEÑOR ALBORNOZ.- Buenas tardes.

                Concurrimos a esta prestigiosa casa para dar cuenta de la invitación a la señora ministra y al director nacional de Medio Ambiente, y hacer una presentación global de la situación y no solo y específicamente de la Dinama.

                Como saben, el Decreto n.° 90/020, del 11 de marzo de 2020, ha generado mucha preocupación sobre todo en lo que abarca al personal –no digo funcionarios, porque no revisten ese carácter, sino que son empleados contratados del Estado–, no solo porque especifica el tema de las contrataciones y el abatimiento en el caso de las nuevas recontrataciones, sino fundamentalmente por lo que establece su artículo 4.°, sobre el cual todos han presentado sus dudas al respecto. Esto simplemente es genérico, pero ahora voy a ingresar en el detalle.

                Me parece que han dejado de considerar que también existe un artículo 5.°, que abre la posibilidad de las excepciones que sean planteadas por el inciso para obtener la recontratación de aquellos empleados con los que se quiera continuar contando en su actividad. De hecho, se han realizado varias recontrataciones, todas amparadas en la solicitud del artículo 5.°.

Asimismo, quiero resaltar algo que no escapa al elevado conocimiento de los aquí presentes. Me refiero a que este decreto  no solo se aplica al tema de los contratos para el abatimiento del gasto, sino que también estipula un porcentaje de abatimiento del 15 % de las inversiones con respecto a lo ejecutado en 2019.

El artículo 3.^o –que para mí es muy importante– establece la disminución en la adquisición de mobiliario y equipamiento. Aunque pasa desapercibido, todas las situaciones de los artículos 1.^o, 3.^o, 4.^o y 5.^o hacen al todo, y menciono esto para no centrarnos exclusivamente en lo que afecta a un artículo. 

Voy a pasar a hablar más detalladamente de cada uno de los componentes de esta situación preocupante. Por supuesto que la legitimidad del decreto no se discute y se acata con obediencia republicana. Tampoco se discute la legitimidad de los afectados en reclamar por la estabilidad de su fuente de trabajo. 

Quiero hacer alguna precisión inicial con relación al tipo de contratos. Voy a adelantar el número de contratos que abarcan a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: en total son 875. Para mí esto fue una sorpresa porque cuando iniciamos las conversaciones para la transición en diciembre –tengo en mi poder el documento que nos presentó la Administración anterior–, uno de los cuadros que nos mostraron hacía referencia a los recursos humanos y marcaba que había 131 contratados en el ministerio.

Reconozco mi ignorancia con respecto al funcionamiento interno del ministerio previo al 2 de marzo. Cuando entramos, empezamos de a poco –no fue fácil comenzar a deshojar la margarita– y llegamos al número, espero que final –no quiero tener ninguna sorpresa por otro lado–, de 875 contratos, que tienen un abanico de formas de contratación que es necesario que los miembros de las comisiones aquí presentes consideren. Hay contratos que se hacen a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo por medio de convenios directos –de hecho, en estos casos, no es el ministerio el que contrata, sino la Corporación Nacional para el Desarrollo–, algunos son del BID a través del PNUD y otros son puramente del PNUD –esta es la misma situación que la anterior: no es el ministerio el que hace la contratación, sino el BID o el PNUD que contratan directamente a la persona– y también hay contratos como el de la Fundación Ricaldoni. La mayoría de esos contratos tienen la misma característica, a excepción de algunos que luego el director de la Dinama va a explicar en detalle.

En la comisión se dijo –tuve la oportunidad de leer las versiones taquigráficas de sesiones anteriores– que se financiaban con rubros que no eran presupuestales. Eso es verdad en un 50 % porque se financian con rubros que no son presupuestales sino de los organismos que mencioné, pero el ministerio les hace la transferencia de rubros para que ellos paguen eso. Por lo tanto, hay una triangulación, que no quiere decir más que eso. No la califico. Es una herramienta que encontraron las administraciones anteriores para poder contar con los técnicos necesarios. 

Como decía, esas son las diferentes formas de contrato y las menciono para que quede claro en qué situación nos encontramos. 

En cuanto a la consideración a nivel global, tuvimos una muy interesante y amena charla con la gente de COFE, que solicitó una entrevista y la señora ministra la concedió y me invitó a participar. En esa entrevista con la gente de COFE, les explicamos todo lo que estoy mencionando. No les dimos tantos detalles, pero sí les señalamos los rasgos más importantes y generales. En ese momento, hice una apreciación personal que quiero repetir acá, delante de la comisión. Yo he visto que mucha gente está preocupada por su fuente de trabajo –como dije, esto es tan legítimo como el decreto–, pero me extraña que nadie haya levantado la voz o reclamado por dos situaciones que se dan en el ministerio y respecto de las cuales la ministra me mandató a que tomara especial precaución. Una de ellas –la principal– es la relativa a los PEL, Primera Experiencia Laboral, que también son contratados y ganan cuatro BPC, lo que al día de hoy son $ 18.000 aproximadamente. Nadie reclamó por ellos.

La otra situación es la de los contratados en Cambio Climático. Este ministerio tiene la particularidad de que las diferentes unidades ejecutoras tienen su propia organización; me refiero a Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente, Dinagua y Vivienda, pero existe otra, que no es una dirección nacional, sino simplemente una dirección, que es la de Cambio Climático y que al día de hoy tiene 26 contratados. Lo único que tiene esa dirección son 26 contratados, con la característica de que cada uno lleva adelante un proyecto; entonces, es específico para el proyecto; cae el contratado, cae el proyecto. Esto nos hace ajustarnos a lo establecido en el literal b del artículo 5.^o del decreto, que fija como casos de excepción los que «se encuentren en ejecución y su retraso o suspensión impliquen mayores costos para el Estado». Los costos no van a ser monetarios, pero sí de imagen, porque el Estado se comprometió a llevar adelante esos proyectos, que son muy importantes y muy innovadores.

                Por lo tanto, con respecto a estas dos situaciones –los contratados de Cambio Climático y los contratados PEL, respecto de las que fui mandatado por la señora ministra–, reitero que me llamó la atención que nadie se preocupara por ellas, pero que nadie se preocupe porque desde ya adelanto que no se va a ir ninguno.

                Además de estos, están los diecisiete contratos de Dinavi, que son contratos de trabajo. Los contratos de trabajo en el pasado eran más de cuarenta y de a poco esas personas fueron pasando a presupuestadas, pero en un momento esto se congeló, coincidentemente con la época en que se hizo un esfuerzo de contratos por las vías que  nombré anteriormente.

                Dicho esto, voy a pasar a analizar los detalles particulares, pero antes quiero mencionar que hay una situación que también fue planteada por parte de las personas preocupadas por la aplicación de este decreto y es su vieja aspiración de pasar de ser contratadas a presupuestadas, que, en los hechos, no se ha dado. En los últimos quince años hubo llamados para cubrir 257 vacantes, pero no se han presentado por una razón lógica, que entiendo. Si los sueldos son de $ 60.000, $ 70.000, $ 90.000 o $ 134.000, no van a pasar a ganar $ 31.200, que es el mínimo cuando entran a la función. Han elegido no entrar a la función porque les afecta su ingreso. Pero no se trata de que no haya habido oportunidades; las hubo y muchas. En los últimos tres años –para referirme solo al corto plazo– hubo once llamados para cubrir diecinueve vacantes.

                Voy a contar una anécdota. En una de las unidades ejecutoras –no viene al caso especificar cuál– un contratado decide presentarse para pasar a ser funcionario presupuestado. Gana el llamado, pero no entra y solicita que le reserven el cargo. La Administración anterior no le reservó el cargo porque entendió que eso era ilegal e, incluso así, ese funcionario decidió no acceder al cargo y seguir contratado. No lo critico; es absolutamente lógico porque esto implicaba una rebaja importante de sueldo y hoy la gente, en el mundo en que vivimos, mira mucho el día de hoy y el de mañana, pero no lo que puede pasar dentro de cinco o diez años.

                Entrando ahora a los detalles, que también son importantes, como les decía, el ministerio tiene un total de 875 contratos. No voy a hacer referencia a cada unidad ejecutora, pero al día de hoy hay 35 contratos rescindidos. Lamentablemente, no tengo el porcentaje, pero debe rondar el 4 %. Está bastante lejos del 40 %, lo cual implica un error de concepto. Días pasados, cuando en la Cámara de Representantes comparecimos ante la Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración, preocupaba la reducción del 40 % del personal, pero no es lo que dice el decreto. Lo que establece el decreto es que hay que reducir el 40 % de los rubros afectados a los contratos, lo cual no implica que sea el 40 % de las personas. Puede ser más del 40 % si lo que se decide es quitar los salarios más bajos, o menos del 40 % si se decide quitar los salarios más altos. En este caso, lo que se ha rescindido hasta el día de hoy, en todas las unidades ejecutoras –no solo en la que presentó el reclamo aquí, pues son once en la Dinama– son treinta y cinco contratos, lo que alcanza el 4 %, porcentaje que está bastante lejos del 40 % que maneja el resto de la opinión pública. Esa rescisión de treinta y cinco contratos llevó a una reducción de $ 23:000.000. Si hacemos una cuenta rápida, es notorio que se rescindieron salarios altos, no los más altos, pero altos.

                En el caso de las unidades ejecutoras, de todo lo que se tiene previsto rescindir de aquí en más, la rescisión más grande es la del Plan Juntos, que son sesenta y dos contratos. Aclaro que esto tiene una característica particular: no necesitamos rescindirlos porque son contratos a fin de obra, es decir que finaliza la obra y ya no hay más contrato. De hecho, cuando finalizan las obras y se inician otras, se contratan nuevos trabajadores. En definitiva, el número más alto es el del Plan Juntos, pero es un número mentiroso en el sentido que acabo de indicar; son sesenta y dos contratos, desde hoy hasta el 31 de diciembre.

                Por otra parte, hasta el momento, una unidad ejecutora tiene previsto no recontratar a tres funcionarios y otra unidad ejecutora piensa no recontratar a seis. El decreto está vigente y nosotros estamos intentando tener un equilibrio entre estos gastos que, como bien nos aclaró el Ministerio de Economía y Finanzas, van por separado, o sea que lo que estamos reduciendo por el artículo 2 corre por carriles distintos que lo que estamos reduciendo por el artículo 4. No tienen nada que ver. En muchos casos en lo que vamos a hablar decimos que redujimos equis cantidad en tal cosa, pero permítanos no ir tan al fondo en esto otro, y así vamos llevando las cosas hasta el día de hoy. Les recuerdo, por ejemplo, que se redujeron $ 23:000.000 con los contratos que se rescindieron hasta el día de hoy. Lamentablemente no tengo el número al que vamos a llegar con los contratos que se prevé rescindir, pero solo la Dirección General de Secretaría, por un plan de ahorro que, incluso, viene de antes –pues este plan de ahorro fue dispuesto por la señora ministra el 3 de marzo, o sea que no había ni coronavirus ni Decreto n.º 90– ha podido reducir, globalmente, $ 6:892.500. Con esa reducción es que intentamos llegar a un equilibrio. ¿Y qué se hizo en ese caso? Se dejaron de comprar diarios, revistas, semanarios, teléfonos celulares para los cargos jerárquicos, se readecuó y se hizo un estudio del sistema de vigilancia y seguridad de los siete edificios que tiene el ministerio en la capital y de los once que tiene en el interior, se reacondicionó el sistema de limpieza, se redujeron las horas, se renegociaron los contratos del sector informático y la mayoría de las empresas lo aceptaron porque, por lógica, prefieren cobrar menos pero estar seguros de que van a cobrar, en esta situación tan complicada.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Buenas tardes.

                Ante todo, agradezco a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social por permitirnos participar en esta sesión, habida cuenta de que la Comisión de Medio Ambiente recibió a un grupo de funcionarios contratados. Precisamente, basándonos en lo que ellos nos manifestaron, trajimos una serie de preguntas, muchas de las cuales, en realidad, ya fueron respondidas porque el secretario general, señor Albornoz, fue sumamente claro en su exposición.

                Lo primero que quería saber era si las autoridades entrantes del ministerio habían recibido de las autoridades salientes información sobre la inminente situación que se iba a  presentar en relación con el tema de los contratos. El señor Albornoz señaló que la información que recibieron fue que había 131 contratos y que luego se encontraron con que eran 875. Por eso, no hay necesidad de profundizar en este tema.

También me gustaría saber si al 30 de junio tienen previsto realizar nuevos ceses, si las autoridades del ministerio se han reunido con los representantes del gremio y cuál es la posición del gremio frente a esta situación. Nosotros tenemos conocimiento de que existen contratos bajo la modalidad de servicios personales a través de proyectos financiados con aportes de organismos internacionales. ¿El ministerio piensa continuar con estos proyectos?; ¿bajo qué condiciones?

Según nos manifestaron los funcionarios en la Comisión de Medio Ambiente, la mayoría de las tareas que realizan son esenciales y ante el cese de algunos de estos contratos se vería afectado el normal funcionamiento de las respectivas direcciones del ministerio. ¿Se ha considerado esta situación?

                Por otro lado, todos nosotros estamos preocupados por el tema de los ceses y, realmente,  recibimos con muchísima satisfacción lo que se ha dicho sobre los contratos de aquellos que tienen su primera experiencia laboral: que van a continuar trabajando, como así también los que están vinculados al cambio climático.

                No tengo más preguntas para formular porque, reitero, el señor Albornoz fue muy claro en su exposición y mis dudas han sido evacuadas.

                Muchísimas gracias.

SEÑORA SANGUINETTI.- Agradezco a la delegación su visita y la claridad de los conceptos vertidos.

                Mi consulta va dirigida, específicamente, a la explicación de la diferencia entre los 131 y los 875 contratos. Este último es un número que llama poderosísimamente la atención, por lo que quisiera que se profundizara al respecto.

SEÑOR CARRERA.- Doy la bienvenida a las autoridades y agradezco su presencia.

Estoy en la misma condición que la señora senadora Rodríguez, soy invitado en esta comisión, ya que integro la de Medio Ambiente, y agradezco la oportunidad de poder participar.

Ante todo, quiero destacar que en la Comisión de Medio Ambiente recibimos a los funcionarios, que plantearon con mucho respeto su situación y su preocupación. Quiero dejar bien en claro esto porque no leí la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, pero sí participé de la instancia de la mencionada asesora en la que ellos señalaron que fueron recibidos por el señor Eduardo Andrés, director de la Dinama, quien los atendió muy bien. En definitiva, nos plantearon una preocupación general que también tenemos nosotros. Hace unos días realicé un pedido de informes a efectos de saber cómo cada uno de los ministerios está aplicando el Decreto n.º 90/2020. Es una situación compleja, porque me imagino estar en el lugar de ustedes y tener que aplicar esta reducción; lamentablemente, tenemos estas situaciones en el Estado.

Por suerte en el Ministerio del Interior, donde me tocó estar mucho tiempo, la situación estaba bastante ordenada porque no existía el escalafón de funcionarios civiles, sino que había un escalafón especial, el escalafón L; entonces, uno ve las diferentes situaciones.

                Al Frente Amplio le preocupa que cuando se discutió la ley de urgente consideración, acompañamos la creación del ministerio de medio ambiente porque consideramos que era el camino correcto. Queremos decir –lo dijimos en la fundamentación–  que nosotros le dimos un voto de confianza al Gobierno porque creíamos que  debíamos ir más allá de lo que en definitiva quedó. Lo central de la creación del Ministerio de Medio Ambiente se da a través de la Dinama y de la Dinagua; después se le da la facultad, a través de un artículo de la Constitución, para hacer redistribuciones y adecuaciones ministeriales. Nosotros aspiramos a que en el futuro algunas competencias que están en la Dirección General Forestal y alguna otra dirección del Ministerio de Ganadería y Pesca, pasen para allí. 

                En la visita de la Dinama, la semana pasada, tomamos conocimiento que tiene alrededor de doscientos funcionarios; hay 106 funcionarios que están en esta situación de contratados, de los cuales  –como señalaba la señora senadora Rodríguez–, al 30 de junio, 77 estarían llegando al fin de su contrato. A nosotros nos preocupa esta situación porque si no se renuevan estos 106 contratos, nos preguntamos cómo se van a desarrollar los cometidos de la Dinama. El país está dando un paso importante con la creación del ministerio de medio ambiente, que va a ser ley dentro de poco, porque si se hacen modificaciones a la LUC, antes de que finalice julio va a estar vigente. Según estuvimos viendo, estos funcionarios tienen diferentes antigüedades y vencimientos, y algunos hace muchos que están allí. Entonces, hay que reconocer que hay un know how, un conocimiento, que solamente tienen algunos funcionarios.

                Mi profesión es la de abogado y claramente digo que abogados que sepan de derecho medioambiental deben ser los de la Dinama, donde hay un equipo profesional. Existen muy pocos profesionales que saben de derecho medioambiental; me imagino que entre ellos están los ingenieros que estuvieron en el estudio de los problemas que tuvimos hace un tiempo en el Río Santa Lucía o los que realizaron el estudio de impacto medioambiental de UPM 1, UPM 2 y Botnia.

                Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es cómo piensa la Dinama cumplir con sus cometidos en el futuro desarrollo del ministerio de medio ambiente, qué ocurrirá con el 70% de los contratos que vencen el 30 de junio, y cómo se desarrollarán las actividades a partir del 1.º de julio. Creo que esa es la preocupación central que nos planteaban los funcionarios la semana pasada, y es tener un horizonte en sus vidas, porque si a uno no le avisan que se va a vencer el contrato, no se puede organizar.

                Me parece importante la información que nos dio el señor Albornoz, y es un tema que me parece bastante injusto, que nunca lo pude solucionar en la función pública, cuando estuve en el Poder Ejecutivo; ahora que estoy de este lado, en el Poder Legislativo, quizás pueda conseguirlo. A los contratados por el Estado –es decir, quienes tienen esa situación de precariedad–, la ley de concursos públicos no los habilita a presentarse a un concurso; eso no está bien, es algo que hay que solucionar. A nosotros nos pasaba que cuando convocábamos a un concurso para presupuestados, los contratados estaban en el mismo nivel que las personas que venían de afuera y se querían presentar. Me parece que ese es uno de los muchos problemas que tenemos y creo que uno tiene que buscar una política  para poder regularizar las situaciones que tiene el Estado.  Muchas veces uno convoca a concurso y al contratado no se le reconocen las calificaciones de todos esos años que estuvo en la función pública. 

Es una buena noticia lo relativo a Cambio Climático, que a nosotros nos preocupaba. Allí hay 26 contratos y el 100 % son por préstamos internacionales; eso también va a pasar al ministerio de medio ambiente.

En cuanto a lo de la primera experiencia laboral, me gustaría preguntar cómo es que se va a resolver esto. La primera experiencia laboral se da con un contrato, también, por un plazo de tiempo que vence y me parece que lo correcto es, justamente, que se venza. Eso es muy importante para que futuros muchachos y muchachas puedan hacer una experiencia laboral, y eso tiene una reglamentación especial, porque si ellos permanecen en la función pública, ahí es cuando empiezan los líos para parte del Estado.

Más que nada agradecemos la exposición de las autoridades y son esas las interrogantes que queríamos hacer: cómo se van a cumplir los cometidos y lo del 70% de estos funcionarios cuyo contrato vence el 30 de junio. Nosotros hicimos un pedido de informes porque queríamos saber cómo va a hacer el Estado –me parece que tanto la cartera que ustedes representan como otros ministerios tienen situaciones bien complejas– para cumplir con el Decreto n.º 90.

También quiero referirme a algo que mencionaba el señor director general. Nadie discute la legitimidad del Decreto n.º 90 de este año 2020, es una política que definió el señor presidente de la república con su equipo y de eso no tenemos duda. Lo que nos preocupa es cómo se van a desarrollar algunas tareas que creemos que son cometidos esenciales en una política que tiene que ver con algo que es importante para todos nosotros, que es la creación del ministerio de medio ambiente.

SEÑOR LOZANO.- En principio, quiero agradecer a las autoridades del ministerio de vivienda; creo que han sido más que claras en la exposición.

También quiero manifestar la preocupación que me cabe, en lo personal porque, al igual que el señor senador Bonomi y la señora senadora Della Ventura, integro las dos comisiones –o sea que recibimos a las dos delegaciones en la Comisión de Asuntos Laborales y después también en la Comisión de Medio Ambiente– y sé que las exposiciones fueron más o menos en el mismo sentido. En ambas ocasiones la preocupación de ellos estaba en los 106 funcionarios contratados.

Específicamente, hice una pregunta –y la respuesta en aquel momento la verdad es que no me satisfizo– acerca de por qué había contratados que llevaban 15 años en esa situación y nunca habían pasado a ser presupuestados, es decir, qué había pasado en el Gobierno anterior que no se habían presupuestado y me dijeron que había sido una libre elección. En realidad, veo que la libre elección lo fue, sí, pero también es evidente que había un tema relativo al salario. Y la pregunta ahora está en si esa diferencia –que, por lo que recién se manifestaba, entiendo que es muy importante– entre los salarios de los presupuestados y los de los contratados, no crea problemas dentro del propio ministerio. Es muy claro que los contratados han optado durante tantos años por seguir en esa condición –a pesar de que había vacantes reales para ocupar como presupuestados–,  por un tema de salario.

                Después quiero plantear otra preocupación en cuanto a esos 106 funcionarios. Ellos también tenían –creo que legítimamente– la preocupación de si iban a ser desplazados o si sus contratos –aquellos setenta y tantos que se vencían el 30 de junio– no iban a ser renovados. Quisiera saber si ya hay una decisión tomada – ya que estamos a pocos días–  en cuanto a algunos de ellos o a todos, es decir, si hay casos de esos contratos que no van a ser renovados o si ninguno va a ser renovado.

Ellos también manifestaban otra preocupación, ya que tienen cursos y expertise,  y manifestaron acá que han hecho distintas experiencias laborales y de estudio por lo cual en todos estos años se han especializado en el tema del medioambiente. Pensamos que los funcionarios de la Dinama serán el embrión del nuevo Ministerio de Medio Ambiente que, en definitiva, se quiere formar para fortalecer la protección y el cuidado del medio ambiente.

                También me gustaría saber si esos, algunos o todos los funcionarios van a ser consideramos para ese nuevo ministerio.

SEÑORA BIANCHI.- Hago mías las preguntas de los colegas y voy hacer un agregado a lo expresado por el señor senador Carrera.

Considero muy buena iniciativa el tema sobre la primera experiencia laboral que está en la ley, porque reglamentó la situación de los becarios y de los pasantes, por lo tanto, hay que cumplirla. Realmente es una muy buena ley para facilitar el ingreso de los becarios que están estudiando y de los chicos que ya han terminado las especializaciones o cursos de bachillerato al mercado laboral -en este caso en el Estado, partiendo de la base de que se cumple- a realizar su primera experiencia laboral y no podemos distorsionar su funcionamiento.

                Por otro lado, voy a hacer una consideración de tipo político: estuve en el Estado y no me sorprende que existan estas variadas opciones de contrataciones. Cuando como coalición decimos que queremos racionalizar significa que queremos arrancar como se debió haber hecho, es decir realizando las reestructuras correspondientes lo más rápido posible, porque además son fáciles de hacer como, por ejemplo, recomponer la carrera administrativa. A veces, en las reclamaciones laborales veo con mucho pesar, como lo dijo la señora ministro o Albornoz, que la gente piensa en lo inmediato en lugar de pensar en el futuro. No veo en las reivindicaciones sindicales la recomposición de la carrera administrativa, que no solamente está consagrada en la Constitución, sino que asegura evitar la discrecionalidad de todos los Gobiernos, sean del signo que sean.

Por lo tanto, opino que este puede ser un desafío importante para el funcionamiento del nuevo ministerio, pero también es una oportunidad para arrancar de cero de la mejor manera. Sé que los plazos están sobre nosotros, pero ya que se forma una nueva institucionalidad que arranque bien. El tema de la formación especial y la experticia que tienen los contratados está bárbaro, pero hay que llamar a concurso. El ingreso a la función pública tiene que ser por concurso. Hay que terminar con estos mecanismos sui generis de estos años, no digo que antes no se hayan hecho, nadie es santo en este aspecto, pero hay que regularizarlo de una buena vez. La experticia y el conocimiento, así como lo trabajado hasta ahora pueden perfectamente ser considerados en un concurso, es decir calificados especialmente o que reciban un puntaje especial, pero no me parece bien validar por sí el hecho de que todo es derecho adquirido, porque no es así. Ahora que nuestros invitados toman contacto, otros lo habrán tomado antes, respecto a cómo se llega a los contratos de función pública verán que existen distintas motivaciones. No quiero profundizar más en este punto, pero todos nos entendemos. Nos vamos a preocupar de que nadie quede injustamente sin trabajo, pero sí, de una buena vez, regularizaremos la situación del Estado y actuaremos también al revés: si creamos el ministerio arrancaremos de cero y bien. Además, si es necesario un período de transición ustedes, como ministerio, tienen facultades y podrán fijar ese período de transición hasta que el personal ingrese al Estado a través de los concursos, como corresponde. Estoy de acuerdo con el senador Carrera en que hay muy poca gente que sabe sobre Derecho Ambiental en el Uruguay, pero también me pregunto cuánta gente habrá que de repente sabe de esto y no tuvo oportunidad de llegar a los cargos. No lo sé y es una gran incógnita. Tampoco sé si hay estudios de la Universidad de la República o de alguna universidad privada, pero probablemente haya gente y hay que dar a todos las mismas oportunidades.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En primer lugar, quiero agradecer la presencia del ministerio aquí.

                En segundo lugar, me gustaría señalar que cuando la comisión decidió invitar al ministerio era por nuestra preocupación sobre lo que nos había llegado a través de los funcionarios contratados –en particular de Dinama y no tengo claro si también estaba incluido Dinagua– de que el 30 de junio vencía una cantidad de contratos, más precisamente el 70 %, en esas áreas.

Según los apuntes que saqué cuando ellos estuvieron, los temas que tratan estos funcionarios –de los cuales, un porcentaje grande en cada división son contratados, según el organigrama que tenemos– son: la contaminación del suelo, aire y agua; el impacto ambiental cuando se presentan proyectos; las denuncias que tienen que ser atendidas rápidamente; los recursos sustentables; el tema marino;  la biodiversidad y los residuos sólidos. O sea, es una gama muy importante de temáticas para la cual, supuestamente, hay un personal que ha tenido experticia y conocimiento previo, por lo que realmente uno piensa que desmantelarlo también va a implicar consecuencias serias, más allá del aspecto laboral de los funcionarios, que acá quedó muy explícito, y si aspiraron o no en su momento a entrar regularizados y todo eso.

                De todas formas, es importante referirnos a lo que piden al final de su carta.  Allí dicen que por todo lo expuesto proponen que los contratos de servicios personales de las mencionadas unidades ejecutoras del ministerio sean renovados hasta que se definan las líneas estratégicas y se consoliden los cargos requeridos para sostenerlo; esto en el marco del nuevo ministerio o de la estructura que finalmente se concrete. Es decir que ellos mismos piden que hasta tanto no se tengan las definiciones claras estratégicas se continúe con estos contratos.

                Entonces, la preocupación más grande de la comisión tiene que ver con qué va a pasar con estos contratos, qué va a pasar con los otros pequeños números que quedan para setiembre y diciembre, pero lo urgente era el 30 de junio.

                Después está el tema de la primera experiencia laboral y de cuántos jóvenes estamos hablando. Como decía el senador Carrera, hay una modalidad y es que se pueda ir renovando esa experiencia nueva laboral por parte de diferentes jóvenes.

                Esas serían mis inquietudes.

SEÑOR BONOMI.- Damos la bienvenida a la delegación del ministerio y agradecemos su presencia.

                Solamente voy a dejar una constancia, porque no quiero debatir. Como decía el senador Lozano, nosotros recibimos el mismo día dos delegaciones de la Dinama compuestas por distintas personas –los que vinieron de mañana y los que vinieron de tarde–, pero en ambos casos se manejaron con total respeto y no reivindicaron solamente su derecho al trabajo sino que también plantearon las cosas desde el punto de vista de la evolución del ministerio. En ambos casos hablaron de cómo funcionaba y defendieron eso. Si bien comparto con el señor senador Carrera la legitimidad del Decreto n.º 90 en cuanto a que existe el derecho a adaptarlo, a plantearlo y a llevarlo adelante, me quedan dudas en cuanto a poner un porcentaje rígido para distintos organismos, porque hay organismos y organismos; algunos contratan gente sin especialidad alguna y  otros contratan gente con más especialidades y mayor profesionalización, al punto de que se transforman en importantes para el trabajo del ministerio. Ese es el caso de los trabajadores, de los funcionarios o de los contratados –como se le quiera decir– de la Dinama. Nosotros les preguntábamos si luego de haber sido contratados se habían especializado o si habían hecho cursos y nos decían que continuamente.

En definitiva, es un grupo de contratados de los cuales depende el funcionamiento de una dirección del ministerio y nos parece que aplicar un porcentaje rígido pone a quien tiene que decidir quiénes sí y quienes no en un compromiso grande y complicado. Comparto la legitimidad, pero no sé si estoy de acuerdo con establecer este porcentaje.

                Por otro lado –lo decíamos en la comisión que trató la LUC cuando fundamentábamos nuestra posición–, fuera cual fuera el gobierno, se podía prever que se iba a crear este ministerio porque era una necesidad para el desarrollo productivo del país y se apuesta a eso. De lo contrario, hubiera sido más conveniente que la selección final la hiciera el nuevo ministro del ministerio de ambiente y no el que tiene la responsabilidad fundamental, que es el ministerio de vivienda. Esa era la duda que teníamos y por eso recibimos e intercambiamos opiniones de forma muy respetuosa con los contratados de la Dinama. Nos preocupa que puedan perderse recursos.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Algunas de las apreciaciones que se están planteando ya se hicieron la semana pasada y una de las consultas era cómo se originaban estos contratos. Creo que debe haber pasado lo mismo en la Comisión de Medio Ambiente y la respuesta que nos dieron –consta en la versión taquigráfica– es que son llamados abiertos, pero después pudimos chequearlo. No hay contrataciones directas sino llamados abiertos, se postulan varios y se gana ese proceso. Todos sabemos cuáles son los componentes de las remuneraciones; el 70 % son profesionales y con el descuento del IVA la franja de lo que cobran va desde los treinta y pico a los noventa mil. Pedimos esa información porque fue parte de la discusión, pero después cada uno puede pensar si es o no muy extravagante para un profesional o para un técnico en algún área. Nuestra preocupación no se centraba en eso porque es evidente que esta no es una decisión particular sino una política general para recortar las contrataciones. No hubo un estudio previo y lo sé porque la semana pasada escuché la posición pública de quien va a ser el ministro de medio ambiente; él decía que no tenía un estudio previo del impacto que esto podía generar desde el punto de vista de las políticas medioambientales.

                La primera consideración que quiero hacer es que a priori no negamos la posibilidad de que se realicen reestructuras que puedan mejorar o articular el diseño institucional de la política medioambiental. Sin embargo, es algo contradictorio que en un momento donde el sistema político unánimemente se pronuncia a favor de fortalecer las políticas medioambientales con la creación de un nuevo ministerio haya un ámbito como la Dinama –que no es el único pero sí el principal para dicha creación–, donde existe un 40 % de contratos –esa es una realidad preexistente, aunque quizás  habríamos querido que hubiera un 12 %, un 10 % o un 0 %–  y parece muy difícil disimular el impacto. De todas formas, solicitamos información acerca de cuánto impactaba en cada área, ya que hay áreas que parecen ser sensiblemente afectadas.

La primera preocupación es acerca de cuánto se pueden debilitar con esta decisión las políticas públicas en materia medioambiental y la segunda tiene que ver con la incertidumbre laboral. Según se nos dice, un 70 % de estos contratos culminarán el martes próximo y, a todas luces, parece ser muy difícil que, en el breve tiempo que queda, ese proceso de reestructura no nos lleve a tomar decisiones que para el Estado puedan llegar a ser muy equivocadas. Supongamos que tenemos un equipo sobre el que no nos dio tiempo de hacer una evaluación lo suficientemente profunda y el tiempo hace que se deba tomar la decisión de perder ese vínculo laboral – o, por ejemplo, el vínculo que tiene una persona con los colectivos del área–, que luego puede ser complejo recomponer.

                Al parecer, el tiempo no da para contar con la masa crítica suficiente y más en un cambio institucional promovido por una ley que si bien aún no se votó, probablemente esté vigente una semana después de la culminación de los contratos de un área en la que el porcentaje de contratados es muy alto. Me tocó revisar cuál es el porcentaje de contratados en varias áreas del Estado y en el caso de la Dinama es muy fuerte, comparado con el promedio de la cantidad de contratados. En este caso, podría ser razonable –es una preocupación que sostuve cuando vino la delegación de contratados y lo hago también ahora para mantener una coherencia– no tomar la decisión, tener un tiempo para postergarla y así, de repente, no dar una señal tan contradictoria en cuanto a que el cerno principal del nuevo ministerio se viera resentido de una manera tan profunda.

Asimismo, hay una discusión diferente que parece no ser el centro de la cuestión. Entiendo que el sindicato del ministerio de vivienda representa solamente a los presupuestados; es una decisión del sindicato –en la que no me voy a meter– no representar a los no presupuestados. Es una cuestión sindical y tienen todo el derecho de hacerlo. Si bien puede no compartirse, claramente no es el interlocutor de la negociación colectiva. Creo que el sindicato de la OSE hace lo mismo, es decir que no representa a quien no es funcionario pleno del organismo.

Por lo tanto, en este caso no hay posibilidad de tener una contraparte para un proceso de negociación colectiva, lo que a su vez dificulta más la situación. En mi opinión, debería fundamentarse, porque así como se tomaron algunas excepciones para redactar el decreto, habría que tener cuidado en no perder capital acumulado porque, si bien es cierto que la cuestión del medioambiente es histórica, en cuanto a su importancia política es relativamente nueva. El tema medioambiental comenzó a jerarquizarse cuando nos vimos ante factores climáticos complejos –nos obligaron las circunstancias– producidos por el calentamiento global, pero no hay una historia institucional tan larga como en otras áreas. De hecho, si observamos el presupuesto de la Dinama dentro del presupuesto general del ministerio, notaremos que es una participación residual. Es un tema que debemos ir incorporando y profundizando.

Fíjense, que parte de la delegación que asistió a la sesión anterior eran trabajadores contratados a los que se les va a extender el plazo, pero con recortes. Particularmente, me llamó la atención que dos de los integrantes que vinieron a presentar la situación de los contratados eran trabajadores a los que se les sostenía el contrato, pero esta semana tomaron conocimiento de una reducción aún mayor del porcentaje de posibles nuevos contratos. Al parecer, día a día se están tomando decisiones sobre esto.

En definitiva, creo que el plazo del 30 de junio –fecha en que se vencen los contratos– parece ser un plazo demasiado breve, por mayores que sean los esfuerzos,  como para achicar el margen de error.

Quiero dejar constancia de que en este caso el margen de error es la posibilidad de perder importantes vínculos laborales, así como de debilitar políticas que también son importantes para el Estado, cuando el sistema político –de manera unánime– estableció que se iría en la dirección de fortalecerlo.

SEÑOR NIFFOURI.- En primer lugar, quiero agradecer la visita de las autoridades del ministerio de vivienda y adelanto que las preguntas que pensaba formular son más o menos las mismas que ya se han hecho. Agradezco también la visión general que nos han dado, porque si bien los convocamos por un tema de un área en particular –la situación que nos plantearon los funcionarios contratados de Dinama–, es bueno contar con un panorama global de todo el ministerio.

                Nos llama poderosamente la atención el número de contratados a partir de los 131 que nos manifestaron había en la transición. Por lo tanto, quisiera conocer cuál es el número total de funcionarios presupuestados del ministerio para tener una idea del porcentaje de los contratados. Sabemos que los llamados a contratación, en principio, fueron abiertos, pero cuando se les renueva el contrato empieza a haber falta de claridad, porque a algunos se les renueva el contrato, pero a otros no.

Está bien que se hagan llamados abiertos para contratar funcionarios y quienes nos visitaron el jueves pasado claramente manifestaron que sabían que el contrato que habían firmado era a término, pero estamos enterados de que se fueron dando renovaciones a lo largo del tiempo, generándose una situación irregular que, a nuestro juicio, se tendría que haber resuelto antes. También es cierto que el Decreto n.º 90/2020 no establece un porcentaje exacto en cuanto a la reducción de los contratos. En el literal b) del artículo 5.º está prevista la excepción que permite contratar personas que sean fundamentales para que se siga desarrollando una determinada tarea.  Es decir que puede claramente hacerse uso de esa excepcionalidad, con lo que esos casos no formarían parte de ese porcentaje.

                En síntesis, más allá de la visión general que nos dieron de todo el ministerio, querríamos conocer la particular de la Dinama, sobre todo respecto a esos 106 contratados que nos visitaron la semana pasada. Ellos nos manifestaron que, aparentemente, a casi ninguno se le renovaría el contrato. Quisiera saber si ya tienen eso estipulado al 30 de junio; por ese motivo la comisión resolvió celebrar esta sesión antes de esa fecha.

Concretamente, ¿tienen definido cuántos funcionarios seguirían y cuántos no en esa área el ministerio?

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún otro senador desea plantear interrogantes, dejamos al Poder Ejecutivo en el uso de la palabra.

SEÑORA MINISTRA.- Voy a hacer una breve introducción y luego voy a ceder el uso de la palabra a los directores, para que contesten en forma profunda los temas aquí planteados.

                Realmente, comparto varias cosas que aquí se dijeron, y una de ellas es lo que decía el senador Bonomi en cuanto a quién tendría que cesar, si quien habla o el futuro ministro o ministra. Ojalá no tuviera que recaer en mi persona esa responsabilidad. Yo siempre comparo este tema con el nacimiento de una criatura, pues la opción de la creación de este nuevo ministerio estuvo en el programa de Gobierno del actual presidente y era un hecho que iba a nacer, por lo que desde que asumimos la cartera hemos tratado de mantener contacto con los posibles integrantes de ese nuevo ministerio para comenzar a trabajar conjuntamente, a fin de que esta criatura naciera con vida y viable, como dice nuestro Código Civil. Así que, como decía, hemos mantenido contacto permanentemente, pero como es sabido la ley de urgente consideración aún está con media sanción, por lo que lamentablemente me toca a mí este proceso. Pero, en realidad, me encantaría no tener este peso sobre mis hombros.

                Con respecto a lo que decía la señora senadora Bianchi de la carrera funcional, por supuesto que es lógico y que se trata de un derecho y un reconocimiento a quien entró y tiene la aspiración de hacer una carrera. Aquí justamente se encuentra presente el director de la Dinama, que tiene 30 años de funcionario y cuando tuve que designarlo como director nacional de esa repartición no dudé ni un minuto, porque realmente consideré que lo merecía por su trabajo y su dedicación. Ahí comienza el conflicto –a ello se refirió el senador Lozano– en cuanto a los contratados y a los presupuestados, porque muchos de ellos entran y a veces ocupan lugares por encima, con sueldos mucho más elevados que el presupuestado, y eso empieza a crear un poco de rispidez, que no hace bien a la función pública. Como bien dijo el señor presidente, el gremio no representa a los contratados; en algún momento se manifestó un deseo de los contratados de ingresar, pero el propio gremio no los integró, así que el diálogo se torna aún más difícil.

                El presidente consultaba sobre algo muy importante, que es el número de presupuestados y puedo decir que actualmente ese número es de 544, es decir que supera ampliamente los contratados y prácticamente hay como dos ministerios, o un ministerio paralelo.

                Con respecto a los PEL, que considero una experiencia importante para esos jóvenes que recién empiezan, debo decir que en este momento hay 98 PEL en el ministerio. Desde que estoy al frente de esta cartera, hubo un solo cese que se debió a que la persona dejó de ir y pensamos que quizás encontró otro lugar para trabajar, pero no comunicó y simplemente dejó de asistir de un día para el otro. Pero, realmente, puedo decir que la experiencia que tenemos es formidable. Mientras hablo con ustedes hago memoria del caso de una muchacha –no recuerdo su nombre– que está estudiando notarial por lo que la colocamos en esa repartición. Me decían las escribanas que su apoyo es increíble, así como su voluntad y dedicación. Realmente es importante que se les dé a estos jóvenes la posibilidad de tener su experiencia laboral y por eso les hemos dado prioridad a estos chicos. Son noventa y ocho desde marzo hasta ahora,  a excepción de una joven que  suponemos haya encontrado trabajo. 

Con respecto al derecho ambiental compartimos que conocemos poco. En la época en que me recibí tenía la materia derecho ambiental en la Universidad Católica, pero en la Universidad de la República no existía. Sinceramente no sé si en este momento la tiene. Me acaban de acotar que existe como materia opcional. Comparto que al no ser una materia oficial muy poca gente se ha dedicado  al tema. Dada la importancia que ha tomado el derecho ambiental es una de las materias que tiene que formar parte de las materias curriculares  y evidentemente va a aumentar el número de estudiantes que la cursen. 

Si el señor presidente lo permite, me gustaría que el director general de secretaría y el director nacional de la Dinama profundizaran y aportaran mayor información.

SEÑOR ALBORNOZ.-   Antes de comenzar a contestar quiero señalar que algunas de las preguntas las responderá el director de la Dinama.

Un deseo personal es que la versión taquigráfica de esta sesión no llegue al Ministerio de Economía y Finanzas porque cuando se enteren de que estamos en el 4 % se nos van a venir arriba.  En la mejor de las posibilidades vamos a poder reducir el 12 %. No creo que ese número ideal establecido en el decreto se pueda cumplir. Veremos; si no, me tendré que ir para mi casa.

La señora senadora Rodríguez preguntó si se mantendrán los contratos de las personas contratadas por organismos internacionales. Asumo que está preguntando sobre las que no son con carga presupuestal, o sea que no representan una transferencia de dinero que son, por ejemplo, GEF, Fondo Verde Climático. Esos sí se van a mantener.

En cuanto a si las personas son imprescindibles, creo que no hay nadie que sea imprescindible en ninguno de los cargos, pero sí están muy capacitados. En lo personal, le preguntaría a la persona que se crea imprescindible qué pasaba en la organización antes de su ingreso. ¿Sólo cuando ingresó se empezó a cumplir la función que está desempeñando? Insisto en que hay personal muy capacitado -algunos más, otros menos-  y en este caso quiero hacer una salvedad, porque todos estamos focalizados en la Dinama. No es la única dirección que tiene técnicos sobrecapacitados, Dinagua, Cambio Climático y Dinavi también los tienen. Si comenzamos a analizar  la Dinavi  y nos focalizamos en el Programa de Mejoramiento de Barrios, que tiene 169 funcionarios contratados desempeñando su función, o en el Plan Juntos, con 404 activos y uno en seguro de paro, podemos señalar también que encontramos personas muy capacitadas para la función que están cumpliendo, en niveles que van desde la más alta alcurnia hasta los más bajos. Repito, están muy capacitados para lo que hacen y ese es el soporte de la organización.

La señora senadora Sanguinetti y el senador Niffouri consultaron sobre la cifra, que va de 131 a 875. Quiero aclarar algo. Lo que nos presentaron no es mentira, son contratos que realizó el ministerio, pero no nos informaron sobre los contratados por otros medios. Como expliqué al inicio técnicamente no son contratados por el ministerio, sino por la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la fundación Ricaldoni. Esos son los organismos que contratan, más allá de que después el ministerio tenga que transferir dineros para que se puedan pagar esos salarios. 

                Entonces, no fuimos informados sobre los otros contratos. Habrán considerado que no era relevante informarnos; no sé cuál era el número durante la transición, pero hoy es el mencionado.

                Con respecto a las consultas del senador Carrera, la mayoría serán contestadas por el director de la Dinama.

Preguntaban, ¿cómo se está aplicando el decreto? En forma global; es decir, no estamos preocupados en especial por la Dinama o por la Dinagua. En lo personal tuve reuniones previas con los directores de las unidades ejecutoras y les di directivas generales, pero también le di la libertad a cada unidad ejecutora para que encontrara los medios para tratar de rescindir la menor cantidad de contratos posible. Esas fueron las directivas. Cada uno se movió dentro de sus posibilidades. Pongo como ejemplo a Dinagua. Todos los contratos que tiene son por la fundación Ricaldoni. La directora de Dinagua entró en contacto con dicha fundación y le planteó –creo que motivada por los propios empleados–  la reducción del horario. De esa forma, no tenían que rescindir a nadie. La directora habló con la fundación Ricaldoni —fue lo que se me informó hace dos días cuando estaba preparando la planilla para concurrir a esta comisión— y esta le dijo que sí, que no tenía problema en cancelar todos los contratos y hacerlos todos de nuevo con menor horario. De hecho, van a bajar los salarios y eso va a generar parte de la reducción. Es decir, se sacrifican los propios contratados. Esta fue la solución que encontró ella.

                Ahora bien, otras unidades ejecutoras no lo pueden hacer porque si le rescinden los contratos, existe la obligación de llamar a concurso, y el concurso tiene que pasar por la Oficina Nacional Del Servicio Civil, por la OPP, por el Ministerio de Economía y Finanzas y corremos el riesgo de que no dejen contratar y, a su vez, que contraten a otra persona, porque si se hace un llamado se puede presentar otra persona. Ni eso les da la seguridad de que volverán a ser contratados.

                Esto lo digo en respuesta a cómo se está aplicando el decreto. Repito, se está haciendo de forma global con libertad de acción por parte de cada una de las unidades ejecutoras a aquellos que encuentren situaciones innovadoras.

                Respecto al concurso y a los que están en situación de debilidad –lo uno con lo de los PEL y lo agrego a lo que dijo la ministra—, los que están contratados se encuentran en la dicotomía de pasar a ser presupuestados y ver reducido su salario, o permanecer contratados y correr el riesgo de que no se les renueve el contrato, pero obtener  mejor remuneración mes a mes.

Voy a hacer un adelanto respecto a los PEL, que creo que no lo sabe ni la ministra. Estamos reorganizando la ley de presupuesto y es nuestra intención proponer  una modificación, que tiene que ser a nivel de todo el Poder Ejecutivo. Como ustedes saben el contrato de la primera experiencia laboral es por un año y no es renovable. Por esta razón queremos hacer una modificación a la ley que generó esta situación para habilitar un porcentaje —puede ser el 20% o el 25% de esos PEL que lograron la experticia— y permitirles ampliar el contrato. Es decir, en lugar de que el contrato sea de 12 meses, que abarque 18 o 24. Sabemos que la persona que se queda le está quitando el lugar a alguien que tiene interés en ingresar, pero también sabemos que hubo un esfuerzo del inciso para que esa persona se preparara en un campo determinado. Si la persona responde favorablemente –hay de todo, pero la mayoría responde–, además de extendérsele  el plazo del contrato por buen comportamiento y por buena calificación de parte de sus jefes inmediatos, entendemos que deben tener un plus a la hora de habilitar nuevos llamados a concursos para la Administración pública.

Entonces, en esa innovación, podrían estar también los contratados. Es decir, que aquellos que son contratados tengan una calificación diferencial de prioridad. Podría ser una opción; no sé si es discriminatorio o no, tendríamos que estudiarlo.

El senador Lozano preguntaba acerca de los 106 contratados. Posteriormente, el director de la Dinama lo va a explicar bien, porque no son 106. Ellos están preocupados por la situación, pero será el señor Eduardo Andrés quien dará las explicaciones.

                Quisiera referirme ahora al equilibrio salarial, porque es bastante dispar. En los cargos más altos no ocurre eso, porque quien ocupa el cargo más alto de la administración cobra unos $141.000 y el contratado, $142.000, es decir que es una cifra similar. Pero si analizamos los cargos en el escalafón, al ir bajando se empieza a generar una brecha en perjuicio de los presupuestados. Sin lugar a dudas, como había señalado la señora ministra, esa situación genera cierta rispidez entre los funcionarios, porque hay casos en los que hay una diferencia salarial importante entre el contratado y el presupuestado a pesar de estar realizando exactamente la misma labor.

                A su vez, el otro caso que mencionaba la señora ministra –y que quiero traerlo a colación– es que muchos cargos de jefatura son ocupados por personal contratado. Eso es así porque los directores tienen más confianza en un técnico que en otro, pero, de hecho, ese técnico que está ocupando una jefatura está tapando la carrera funcional del resto de los contratados. Allí se ha generado una segunda situación en la que se han generado desavenencias.

                El señor senador Lozano también preguntó cuántas de esas 106 personas que nombré anteriormente van al nuevo ministerio, pero eso lo responderá el señor Andrés.

                Por otra parte, ya respondí la consulta realizada por la señora senadora Bianchi acerca de los PEL, así como lo relativo a la distorsión generada en el empleo básicamente, desde mi punto de vista, por las diferencias salariales.

                A su vez, creo que fue la señora senadora la que también consultó por la expertise de los funcionarios, es decir, si se habían preparado.

SEÑORA BIANCHI.- Esto lo hablaremos en otra instancia, pero, en lo personal, no estoy de acuerdo con modificar la ley relativa a becarios y pasantes porque la mayor cantidad de desempleo se da entre los jóvenes: tenemos entre un 25 % y 28 %. Eso lo señalo para que quede constancia.

                Lo que dije es que todos queremos la recomposición de la carrera, la reestructura en la recomposición de la carrera, y terminar con estas situaciones que se dan en el Estado, que son impresionantes. El proceso de desinstitucionalización al que hice referencia hace años lo ratifica la realidad.

                Considero que, si se trata de personas que tienen una experiencia, un expertise, una formación que no tienen otros, en el momento del llamado a concurso no deben presentarse en las mismas condiciones, es decir que se debe valorar eso, se les debe dar un puntaje especial por esa formación; eso lo sabrá quien haga las bases del concurso. Ahora bien, el derecho de igualdad para los que están afuera –no sabemos si tienen la misma expertise o más, porque no podemos basarnos en presunciones– tiene que ser respetado. De una buena vez, hay que poner las cosas en su lugar y que el ingreso al Estado sea por concurso.

                Era cuanto quería decir. Muchas gracias.  

SEÑOR ALBORNOZ.- Paso ahora a responder las preguntas formuladas por la señora senadora Della Ventura.

                Varios señores senadores consultaron sobre los PEL, pero eso ya lo respondí.

                Si bien el director de la Dinama es quien va a responder específicamente si se va a generar un impacto negativo en el sistema ambiental, quiero señalar que la preocupación se refiere a todos los contratos.

Sin duda que va a tener un impacto negativo en todas las unidades ejecutoras que tengamos que rescindir contratos. No puedo ser exageradamente optimista como para pensar que no va a tenerlo. No tengo dudas de eso. El tema es el control de daños, es decir, tratar de que el daño sea el menor posible, y por eso la señora ministra dijo al comienzo que se estudia caso a caso. Se ha negociado. Esta pregunta vale para aclarar algo que me había quedado pendiente.

Tuve una serie de reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas por este tema y reconozco que atrasé a los directores de las unidades ejecutoras, porque siempre les dije que esperaran a que yo terminara mis negociaciones para que ellos tuvieran los pies sobre la tierra. Lo más fácil para mí hubiera sido decirles el 12 de marzo: «cumplan con el 40 %, que estamos salvados». No escapa a su conocimiento el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas en marzo estuvo abocado pura y exclusivamente al Fondo Coronavirus y demás, o sea que no fui recibido con muy buena gana. Después tuvimos dos instancias más de encuentro y ahí sí pudimos profundizar en esto.

Reconozco que esa serie de reuniones fue lo que atrasó un poco la definición y por eso es que hoy estamos a contrarreloj con el 30 de junio, como el presidente de la comisión ha mencionado varias veces.

Voy a contestarle al senador Bonomi, que hacía mención a que no estaba de acuerdo con haber incluido un porcentaje rígido. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero también entiendo que, al mirar globalmente, no se puede empezar a hacer distinciones de uno a uno, porque todos quieren entrar en la excepción, y cuando la excepción es para todo el mundo deja de serlo y pasa a ser la regla. Entonces, reconozco que hubiera sido mejor que no fuera rígido; quizás hubiera sido más sensato hacerlo por objetivos en lugar de numérico, pero también debo decir –espero que los integrantes del ministerio de economía no lean la versión taquigráfica– que estamos lejos del cumplimiento del 40 % de los rubros afectados.

¿Por qué no lo hace el nuevo ministerio? Eso lo contestó la ministra.

Con respecto a lo que el presidente mencionaba del pago del IVA, por ejemplo, la directora de Cambio Climático hizo una gestión con los organismos que les pagan el salario a los funcionarios. En el caso de Cambio Climático, el organismo les paga el salario y el Ministerio les paga el IVA. Ella consiguió que no les pagáramos el IVA; ellos se hacen cargo del IVA. Incluyen el IVA dentro de los contratos nuevos y ya no lo tiene que pagar más el ministerio. No es una reducción muy grande, pero algo es.

No sé si me quedó alguna pregunta sin responder.

SEÑOR CARRERA.- Hoy el director general Albornoz hizo referencia a las personas que están contratadas por fideicomiso. Quería saber si las autoridades anteriores les informaron acerca de los fideicomisos que tienen firmados.

Por si alguien en la comisión no lo sabe, el fideicomiso es un patrimonio de afectación que se crea mediante una modalidad constitutiva. Además, los fideicomisos de las personas públicas tienen que ser autorizados por ley. Por ejemplo, el fideicomiso del Plan Juntos está autorizado por leyes y constituye un patrimonio de afectación; es decir: tiene un destino específico y se habilita a que se contraten personas, las cuales se rigen por el derecho laboral privado.

                Me parece que tenemos que dejar claro que existen autorizaciones legales para la creación de los fideicomisos. Quería saber si los informaron sobre los fideicomisos que ha firmado el ministerio. Por lo general, esos fideicomisos se crean con la CND –Corporación Nacional para el Desarrollo– o con República Afisa, del Banco República, que son las dos principales instituciones.

                Sé que hay personas contratadas por fideicomisos. También hay préstamos internacionales, algunos de los cuales son reembolsables y afectan el déficit fiscal; los que no son reembolsables no lo afectan, por lo general, porque son una donación y, si se gastan en el mismo año, no tienen un impacto negativo. Hay muchas de estas situaciones.

                Quería dejar esa constancia y preguntar si tuvieron conocimiento o no de los fideicomisos que tenía autorizado y firmado el Ministerio de Vivienda, que es la unidad donde trabaja Albornoz.

SEÑOR ALBORNOZ.- El período de transición tuvo varias etapas. Una de ellas fue general, a la que concurrieron todas las autoridades. No se nos informó de ello, pero quedamos todos en contacto. En varias ocasiones me contacté con el entonces director general de secretaría, doctor Homero Guerrero, que fue quien me informó de esa situación, sobre todo apuntando al Plan Juntos y a cuál era su funcionamiento. Aclaro que no tenemos ninguna objeción; es más, creemos que es una herramienta espectacular. Así que no tenemos ningún problema en ese sentido. Pero eso genera transferencias del Estado para soportar esos fideicomisos.

SEÑOR ANDRÉS.- Si me permiten, voy a hacer un pequeño recuento; espero no cansarlos con su extensión.

                Tengo treinta años de funcionario y, como decía la señora ministra, previamente a la inauguración del ministerio, funcionaba la División de Saneamiento Ambiental en la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dicha división tenía como objeto controlar las industrias y era el preámbulo de los estudios de impacto ambiental; además, controlaba las playas y todas las acciones que pudieran afectar el medioambiente. El mayor grupo de técnicos que integramos el ministerio, básicamente la Dinama –porque fuimos todos juntos a la Dinama–, era de alrededor de 40 personas, de las cuales el 80 % éramos técnicos, capacitados en diferentes áreas; había ingenieros químicos, ingenieros civiles, ingenieros agrimensores, arquitectos, biólogos y estudiantes avanzados.

                Basándonos en la experiencia de trabajo que teníamos, comenzamos a desarrollar todas las actividades de la Dinama. Fue así que se formaron las dos grandes líneas de trabajo iniciales de esa dirección.

                Una de ellas fue la definición de impacto ambiental. En torno a ella se aprobaron dos leyes: primero, la ley de protección del medio ambiente, y luego, la de impacto ambiental. Esta última nos encomendaba evaluar todas las actuaciones en territorio en lo que respecta a las industrias, a plantaciones forestales y a todas las acciones antrópicas que se instalaran sobre el territorio y que pudieran afectar o tener algún impacto sobre el ambiente.

                La otra gran línea de trabajo –que estaba prevista– fue el control de los efluentes industriales. Todas las industrias instaladas en el país requerían una autorización ambiental previa, que se llamaba autorización de desagüe. Para otorgarla se hacía un estudio explícito sobre el funcionamiento de las industrias, se hacía un seguimiento y se realizaba una autorización de seguimiento. Había una acción punitiva; por tanto, se cobraban multas por excesos o por pérdidas o salidas extraordinarias a los cursos de agua, con la finalidad de controlar ese tipo de actividades.

                Fue así que se nombraron las dos divisiones medulares de la Dinama, la de control y la de impacto ambiental –han tenido diferentes nombres a lo largo del tiempo, pero todos las conocen–, que se han dedicado a controlar, básicamente, todo lo relacionado con el crecimiento industrial, agrícola y todos los usos del territorio donde puedan verse involucradas las características del ambiente y pueda haber pérdida o afectación de algo, en particular todos los cursos de agua y las costas del Río de la Plata, del océano Atlántico y del río Uruguay. También teníamos el seguimiento y control de las playas de toda la franja costera, los 360 kilómetros del Río de la Plata y del océano Atlántico, para lo cual se hacía un seguimiento de la calidad de las aguas.

                Todas esas actividades eran desempeñadas por un número de alrededor de 40 funcionarios, que tenían expertises y formaciones particulares.

                A partir de ese momento empezaron a hacerse actividades de apoyo y se creó el Proyecto Probides en Rocha –muchos deben haberlo conocido–, en el cual por un proyecto particular con apoyo internacional, se invirtió una suma importante –en millones de dólares– para poder conocer los denominados humedales del este, ubicados en Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja, particularmente donde está la laguna Merín y toda su influencia territorial.

                Sabrán ustedes que el proyecto Probides duró unos cuantos años y tuvo resultados de conocimiento y de formación de profesionales. La Dinama participó y fue el promotor de ese proyecto. Los alrededor de 40 técnicos que estaban fueron los que lo promovieron, a pesar de que no participaron de él, porque lo que hizo el proyecto fue contratar otros técnicos.

                Como decía Gabriel Albornoz, el director general, los contratos siempre en esos casos, como eran en moneda extranjera, generalmente en dólares, tenían un valor bastante por encima de los ingresos que teníamos los funcionarios. Nunca hubo ningún inconveniente. Todos trabajábamos de acuerdo y juntos.

                Luego de eso, se desarrolló el Programa EcoPlata, que operaba sobre las costas del Río de la Plata y parte del río Uruguay, también con esa modalidad de contratos y por un tiempo limitado. Se hacían contratos, se terminaban y no había ningún reclamo. Algunos funcionarios de Dinama podían rescindir sus contratos como funcionarios públicos y presentarse a un llamado para entrar a trabajar en esos proyectos, pero sabían bien que iban a dejar de tener esas remuneraciones una vez que se terminara el proyecto.

                A continuación, se formuló el Proyecto Freplata, con la misma idea y con el mismo desarrollo y modalidad de contratos. Se operó, en ese caso, en las costas del Río de la Plata, el Océano Atlántico y parte de las costas del río Uruguay. Trabajamos en la confección de vasta información técnica que era necesaria para el desarrollo de las actividades antrópicas. Está el caso, por ejemplo, de la definición de los 250 metros de línea de costa, que es la definición que se hace para no permitir acciones antrópicas que puedan afectar el medio ambiente. Algunas formulaciones salieron de ese proyecto. En este caso también se utilizó esa modalidad de contrato a término y sin recontratación.

                La Dinama mejoró, aumentó y creció con esos proyectos. En el 2005, luego de una cantidad de acciones de funcionarios, se formuló la ley de áreas protegidas. Yo participé de ese trabajo, en el que formulamos el proyecto SNAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Una vez que se hizo el llamado, ganaron los cargos de director y de ayudantes algunos técnicos que hoy están todavía ahí, con expertises distintos y con una gran concentración de sociólogos. No había concentración de otras especialidades como biólogos, agrónomos o ingenieros, sino mucha cantidad de sociólogos.

                Ahí comenzamos a trabajar en la determinación del sistema de áreas protegidas. Nuevamente los funcionarios del ministerio empezaron a trabajar directamente con los contratados del proyecto SNAP, en otra modalidad. No trabajábamos en diferentes lugares, sino que estábamos todos juntos. Y en este momento es cuando se comenzó a tener esa diferencia salarial, que se hacía cada vez más evidente, por una sencilla razón: los técnicos que estaban involucrados en la Dinama previamente –que eran los que habían formulado el proyecto, los que conocían el tema y los que promovieron las áreas protegidas– quedaron relegados a un segundo plano, porque, como decía el director Albornoz, los cargos de dirección los tenían los contratados del proyecto. Y eso posiblemente originó que hubiera personas que estuvieran molestas por ese motivo, porque indudablemente que en algunos casos ganaban tres veces más que un funcionario. Esa era mi situación, por ejemplo, pero nunca me quejé. La verdad es que lo pasé por alto, porque tenía una motivación igual que cualquier técnico que estuviera contratado para un proyecto a término. Cuando uno empieza a trabajar en lo que le gusta, se involucra y no mide ni siquiera el tiempo ni el esfuerzo que le dedica.

                Las actividades de la Dinama se han desarrollado de esa manera. La diferencia es que a partir de ese proyecto empezaron a renovarse automáticamente los contratos cuando llegaban a su término. ¿Por qué? Porque los jerarcas consideraron que era necesario que se renovaran y tenían sus razones para ello.

                A partir del año 2010, la Dinama empezó a explorar otros caminos de acción como, por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos y algunas otras tareas colaterales que necesitaba desarrollar porque se consideraba que formaban parte de las actividades que hacía lo sociedad y que podían afectar al ambiente. En ese momento nuevamente se empezó a contratar por proyectos. Ahí aparecieron los proyectos BID, que tenían una modalidad diferente. Eran proyectos de préstamo según los cuales el BID otorgaba el dinero al país, pero con ciertas condiciones como el fortalecimiento de las capacidades, o sea que la Dinama creciera en conocimientos y desarrollara sus obligaciones de la mejor forma posible. ¿Qué pasó en ese momento? Los ingresos de los funcionarios del proyecto BID se equipararon a los de los técnicos de base, es decir, los presupuestados. Por lo tanto, con los proyectos BID no ocurría igual que con otros donde la diferencia de ingresos era mayor. Luego de que el proyecto BID 1 terminó, comenzó el proyecto BID 2. Cuando finalizó el primero, a todos los funcionarios contratados se les terminó el contrato y tuvieron que concursar nuevamente para integrar el proyecto BID 2. No hubo un seguimiento de los contratos. Se tuvo que hacer un nuevo llamado y recontratarlos. El objetivo de la Dinama y de los integrantes del BID era contratar a las mismas personas, siempre y cuando fuera necesario. Primero había que saber si los objetivos de planificación estratégica de la Dinama coincidían con lo que se iba a hacer. En ese caso se mantendrían el diseño del llamado y los términos de referencia para poder continuar de alguna manera con los contratos de los que ya estaban involucrados. En algunos casos eso no pasó.

Como respuesta a la pregunta acerca de si la Dinama puede trabajar sin algunas expertises digo que sí, porque todo cambió en Uruguay a partir del año noventa, cuando comenzaron las actividades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La Universidad de la República, a iniciativa de los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y de la propia Universidad, empezó a desarrollar actividades de estudio –por ejemplo, para las especializaciones y las tesis de grado o de posgrado– y consultó a la Dinama acerca de cuáles eran las necesidades de funcionamiento para desarrollar capacidades que colaboraran en lo que se necesitaba hacer. Tanto es así que en los años siguientes se celebraron convenios con la Universidad. De hecho, tenemos una infinidad de convenios con la Universidad de la República y, en particular, con el Centro Universitario Regional Este –CURE–, que está establecido en Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.

En síntesis, la Universidad está presente en la Dinama. ¿Cómo? A través de los contratos. Cabe aclarar que nosotros no regulamos esos contratos, sino que apoyamos con los convenios y la Universidad contrata técnicos de sus cátedras y estudiantes, ampliándoles el horario o dándoles trabajo a los estudiantes para que desarrollen las actividades. Podría nombrar varios de los convenios, que son unos cuantos, se siguen desarrollando y no se terminan en esta Administración.

Así como tenemos convenios con la Universidad de la República, hay otros con los laboratorios, las instituciones privadas y las intendencias. La Dinama también forma a los técnicos de las intendencias y genera capacidades para que algunas de las obligaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que también pueden ser desarrolladas por las intendencias, sean llevadas adelante por sus técnicos. Tenemos un contacto permanente con las intendencias.

                La Dinama, una vez iniciado este Gobierno, ha desarrollado una actividad de presentaciones semanales de sus técnicos entre sí para aumentar el conocimiento de lo que hace cada uno. O sea, es una actividad de extensión que se hace en la Universidad y nosotros lo hacemos en la Dinama con la participación de la Universidad; no obstante, las presentaciones las hacen los técnicos de la dirección con sus capacidades. Con esto quiero decir que las capacidades de la Dinama para desarrollar sus objetivos no van a decaer en nada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, ¿cuántos son los contratados en la Dinama? Y otra pregunta: ¿estos convenios con la Universidad no sufren recortes?

SEÑOR ANDRÉS.- Puedo dar un número que no es real y decirle que son 128, pero quizás haya algunos más. ¿Por qué? Porque hay contratos con organismos internacionales que ni siquiera están dentro del edificio de la Dinama. Entonces, puedo decir un número y errar por alguna cifra. En este momento, reitero, son 128 en total.

                Con respecto a los convenios, aclaro que no caen. Siguen porque son convenios marco y se firman para determinados trabajos. No son permanentes, sino que se hacen convenios con la Universidad para trabajar, por ejemplo, en el tema de las microalgas verdes, con las cianofíceas, y otro para trabajar en la contaminación difusa. Estamos preparando gente para enfrentar la iniciativa del río Negro, junto con los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería a los efectos de desarrollar tecnologías y aplicaciones en la cuenca del río Negro con la inauguración de la planta de UPM 2. Podría seguir mencionado ejemplos porque hay varios y quizás haya alguno que no recuerdo en este momento.

                Por lo tanto, tenemos unas capacidades que permanentemente se están mejorando. No hay duda de que si la Dinama ha tenido éxito es porque ha permitido que se capacitaran más, pero el ingreso no es para el conocimiento, sino porque cada vez tenemos más técnicos fuera de la dirección que quieren ingresar y están tanto o más preparados que los que tenemos. Entonces, lo que hicimos y estamos haciendo con los directores, los gerentes y los responsables de las diferentes unidades es tratar de ver de cuáles capacidades se puede prescindir por un motivo u otro –porque no interesan, no se dedican correctamente o no están funcionando tan bien– y forzamos la situación para que la cantidad de personas que no fuera necesario contratar fuera lo menor posible. Como en el proyecto BID participa ese organismo como decisor de los contratos que hacemos porque están interesados en que no haya ninguna acción que pueda no beneficiar a la Dinama, tuvimos que corregir algunos términos de referencia, pero fueron muy pocos porque ya estaban establecidos en el convenio.

                El 1.° de julio comienza el Proyecto BID III, que va a durar cinco años y que consiste en un préstamo de ese organismo que va a pagar el Estado. Ese dinero se transporta a un organismo gestor, que en este caso puede ser la CND o el PNUD, como ha sucedido en estos últimos años. En ese ámbito se contrata a los técnicos por un llamado y se les paga el sueldo por ahí. Por lo tanto, nosotros no tenemos el control de ese funcionario, pero sí el del proyecto porque es auditado por personal de la OPP y del BID. Entonces, el seguimiento es permanente.

                Con respecto a algunas preguntas que quizá quedaron colgadas, quiero aclarar que para poder realizar la disminución de contratos –que es muy pequeña con relación a los más de cien contratos que tenemos– se priorizaron las áreas medulares de la Dinama en las cuales la dirección no puede perder participación, como son las divisiones de impacto ambiental y control –que tienen compromisos y que si no se cumplen generan repercusiones no solo económicas sino también jurídicas–, y tratamos de no disminuir nada, si bien había unos cuantos contratos, pero quizás ahí tengamos déficit de funcionarios. En algunas otras áreas, establecimos como vínculo que el gerente o el director hicieran un análisis de las personas que ellos seleccionaban para entre todos acordar disminuir el horario, en caso de que se pudiera, o a algunos otros contratados pedirles que hicieran alguna actividad, porque siempre hay tiempo para hacer otra cosa. En otros casos, tuvimos que decidir que ese llamado no se iba a hacer.

Esta actividad comenzó a realizarse el 1.° de abril; no fue hace cinco días. El 1.° de abril ya nos enfrentamos al problema y fue un dolor de cabeza para mucha gente porque, indudablemente, a nadie le gusta tratar de determinar a quién no va a contratar; creo que a ninguno de los que está acá puede gustarle. A mí, personalmente, no me agrada. Eso hace que quienes deben tomar decisiones sufran al momento de decir a las personas que no van a ser recontratadas. ¿Es un derecho? Sí, es un derecho, pero tampoco es una obligación del Estado recontratar, pero hacerlo estaba establecido como una actividad permanente, sin embargo, en ese caso había que decírselo. Bueno, eso no es fácil y espero que ninguno de ustedes tenga que hacerlo. También digo que esto fue meditado, discutido y analizado. 

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Eso fue informado en abril?

SEÑOR ANDRÉS.- Fue informado el 1.° de junio. No pudimos hacerlo antes por no tener la información precisa de si podíamos presentar una disminución que fuera autorizada. Entonces, nuestro problema era poder llegar al mínimo y que pudiéramos justificarlo. Para eso necesitábamos información del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo tanto, solicitamos al director general que nos la brindara, pero fue informado el 1.° de junio. ¿Por qué? Porque había personas que tenían que tomar la licencia que tuvieran pendiente, o por una cuestión meramente humana de decir a las personas que tenían que buscar otros ingresos. Nos parecía que debería haber sido antes, pero no fue posible. 

SEÑOR PRESIDENTE.- El jueves pasado vinieron acá –tal como figura en la versión taquigráfica–  dos integrantes contratados que manifestaron que el 18 de junio –no el 1.° y menos en abril– se les informó que su situación era que recortaban un 10 % y un 20 % de las horas. Ayer les avisaron que el recorte es de un 25 % y un 50 %. ¿Me explico? 

SEÑOR ANDRÉS.- Puede haber algún caso. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Recibimos representantes de los contratados.

SEÑORA BIANCHI.- Quiero plantear una moción de orden. Voy a pedir que no se dialogue. Usted es el presidente y se da la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se está aclarando sobre el tema. Además, la señora senadora Bianchi no estuvo la semana pasada. Me estoy refiriendo a una de las informaciones que recibimos de parte de los integrantes que vinieron. Por eso me llama mucho la atención que si se definió en abril, las novedades que llegaron a la comisión es que fue ayer. ¿Se entiende?

SEÑOR ANDRÉS.- Es así. Personalmente informé a las personas; a algunas lo hice por teléfono porque no estaban en Montevideo y no podía acceder ese día. Es verdad que algunos ajustes se hicieron después ¿Por qué? Porque teníamos que cumplir con un requisito. Como dijo el director general, todavía quedan algunas cosas para ajustar, pequeños detalles, pero quedan pendientes, y eso es una necesidad: uno no puede tomar la decisión de algo que después tiene que cambiar, hay que hacerlo lo antes posible para no afectar a las personas. 

SEÑORA DELLA VENTURA.- Agradezco muchísimo toda la información que se nos ha brindado.

Concretamente pregunto: ¿cuántos van a ser cesados al 30 de junio y cuántos van a continuar? Me parece que esa es la primera preocupación, pero todavía no tenemos ese dato. 

SEÑOR ALBORNOZ.- ¿Se refiere a la situación particular de Dinama?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí.

SEÑOR ALBORNOZ.- Dinama ya rescindió 11 y va a revocar 6 más en junio. Los 17 fueron notificados, lógicamente los que ya se fueron, pero se avisó con anterioridad y estos 6 también están notificados.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias. 

SEÑOR CARRERA.- De los setenta contratos, ¿son once los que ya se rescindieron y se van a rescindir seis más?

SEÑOR ALBORNOZ.- ¿El número setenta, del que habla usted, es genérico, del inciso?

(Dialogados).

SEÑOR CARRERA.- Según la información que tenemos nosotros, al 30 de junio de este año vencen 77 contratos. A nosotros nos gustaría saber cuántos contratos se van a renovar al 30 de junio.

SEÑOR ALBORNOZ.- En Dinama, a junio, van a cesar seis personas a las que se les va a rescindir el contrato. Además, a quince se les va a reducir el horario y otros cuatro finalizan porque termina el proyecto, no es que se les esté rescindiendo el contrato, sino que es la misma situación de los sesenta y dos del Plan Juntos que ya mencioné.

De junio a diciembre, no sabemos todavía cómo va a ser. Hemos planteado en el Ministerio de Economía y Finanzas –lo que han aceptado– que alguna de las transferencias que hacemos a las diferentes organizaciones para pagar los salarios sean consideradas como inversión y no como rubro cero. Al ser consideradas como inversión, en lugar de entrar en el artículo 4, que refiere al 40 %, entran en el artículo 2, que establece que sea del 15 %. Esto va a generar una menor reducción. Pero como dijo el director de la Dinama, esta es una situación que día a día va cambiando. Se presentan las situaciones, los funcionarios plantean casos particulares y hay que tomar las decisiones el día que vence el contrato, más allá del aviso previo que debe realizarse, lo que incluso a veces especifican los contratos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a hacer una pregunta para ver si entendí bien: de los contratos que vencen en junio, ¿solamente diez no van a ser renovados?

SEÑOR ALBORNOZ.- Así es.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuatro porque se terminan y seis porque no van a ser renovados. El resto continúa y, de ese resto, ¿quince van a tener reducción horaria?

SEÑOR ALBORNOZ.- No sé si los funcionarios aceptaron.

SEÑOR PRESIDENTE.- Y al respecto no hay cambios hasta diciembre, ¿es así?

SEÑOR ALBORNOZ.- No. Va a haber cambios a diciembre a medida que se vayan generando los finales de contratos. Hay un grupo que termina…

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Pero del 70 % de los contratos que culminan en junio?

SEÑOR ALBORNOZ.- Sí. Del resto se va a tramitar la recontratación. Después, eso no depende de nosotros. La recontratación no depende de nosotros; la tenemos que pedir por el artículo 5, literal b), y escapa a nuestro control. Hasta ahora nos han autorizado todas las que pedimos.

SEÑORA MINISTRA.- Creo que lo que está quedando demostrado es que de parte del ministerio se está haciendo el mayor de los esfuerzos para que este impacto no recaiga en un número más importante de personas. Reitero que hemos estado siendo muy cuidadosos por aquello que dije al inicio: para nosotros los funcionarios no son un número, sino personas, y detrás de esas personas hay familias generalmente. Estamos estudiando caso a caso. A veces la demora a la que se hizo mención se debe precisamente a ese estudio fino, pormenorizado que estamos tratando de llevar a cabo.

                Quiero dejar sentado que nos preocupa y nos ocupa mucho el funcionario.

SEÑOR PRESIDENTE.- En virtud de que no hay más preguntas de los señores senadores, agradecemos a la delegación del Poder Ejecutivo su disposición.

De este lado, también quedamos a las órdenes.

SEÑORA MINISTRA.- Gracias a ustedes nuevamente. Es un placer para el ministerio venir a este ámbito; estamos a las órdenes para concurrir todas las veces que sean necesarias.

(Se retiran de sala las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).

(Ingresa a sala la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas tardes.

                Le damos la bienvenida a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,  a su presidenta,  Rossana Berrini, quien vino acompañada  por  Ana Gutiérrez,  Natalia Petrone y  Mario Risi.

SEÑORA BERRINI.- Como sabrán, el tema que nos convoca hoy es el sistema de los contratos.

                Vamos a hacer entrega de una votación que se realizó en nuestro inciso con todos los agremiados, que refleja el posicionamiento que tienen los funcionarios con relación a este tema. En realidad, eso está en las dos mociones que acabamos de entregar. Allí se plantea un acompañamiento en los contratos en todos los procesos que se estaban ejecutando o un no acompañamiento. Y el resultado de la votación fue un no acompañamiento a todos los contratos.

Debemos decir que nos llamó la atención cuando COFE se presentó aquí con los contratos, porque ya habíamos hablado como sindicato con López y con Pereira, y les dijimos que esperaran el resultado de la votación. Y al no ser así, sentimos que se pasó por encima de la autonomía sindical de un gremio que estaba llevando adelante un proceso lógico y de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Pero no fue así.

En consecuencia, queremos que conste en la versión taquigráfica lo ya expresado porque vimos que una de las acotaciones de Pereira tenía que ver con que el sindicato estaba con ciertas inquietudes en relación a los contratos pero en realidad nosotros estábamos con la inquietud sobre qué opinaban los funcionarios, para seguir con el tema de los contratos, dentro de lo que es el sindicato. Esto en lo que tiene que ver con la primera instancia.

                Aclarado este tema, en virtud de lo que se planteó en la asamblea y luego de leer lo que se manifestó en las comisiones de Asuntos Laborales y Seguridad Social y Medio Ambiente, entendemos que en la vida hay una opción en la que nosotros podemos elegir. O sea, si hace quince años que estoy trabajando en una institución y elijo seguir funcionando como contrato es porque tengo algunos beneficios; quizás tengo un salario diferente, pero también tengo el beneficio de poder trabajar particularmente por fuera, algo que no tiene un funcionario público. Entonces, cuando se plantean casos como los que aparecen ahora y que nos llaman poderosamente la atención –en el sentido de que hay personas de veintitrés, diez, quince, tres años que están en una disyuntiva–, pienso que todo el mundo eligió. Uno elige ser abogado porque le gusta, otro elige ser biólogo, otro ser panadero; siempre se elige. Creo que en veintitrés, quince o diez años hubo períodos para poder acceder a llamados externos e ingresar a la Administración central, y mucho más cuando nuestro ministerio tuvo un proceso de reestructura en el período de Mujica; nuestro ministerio fue uno de los cuatro que tuvo una reestructura. Por lo tanto, existieron los mecanismos para que en ese momento se pudieran crear las vacantes que se entendía pertinentes y necesarias para ingresar a la Administración.

                Señalo esto a modo de consideración, porque me parece importante que se tenga en cuenta que no estamos en contra de nadie. Todos, contratados y funcionarios públicos, trabajamos juntos; y bueno, unos tienen sus beneficios, y otros, los suyos. Yo elegí quedarme adentro: fui contratada hasta el 2008, año en que ingresé a la Administración pública. Yo ingresé porque fue mi opción, mientras que hubo otros que prefirieron quedarse afuera. Esto es importante tenerlo presente también en este tema; todas las cosas que uno hace en la vida son elecciones que uno toma y no tienen que ver con voluntades políticas, no pasa por ese lado, y más en este sector en que se está planteando.

                Dejaría por acá, aunque no sé si los señores senadores tienen alguna pregunta para hacer o mis compañeros algo para acotar. 

SEÑORA DELLA VENTURA.- En primer lugar, quiero saludar la presencia de los invitados.

                En segundo lugar, mirando los resultados, veo que la diferencia se dio por muy poquitos votos, pero no importa porque justamente hay que respetar las mayorías.

                Me gustaría saber si, en general, ustedes consideran que está bien que cesen todos los contratos. ¿Eso lo consideran como algo oportuno o consideran que se pueden ver perjudicados los objetivos en los que trabaja el ministerio? Si en los hechos y por estas razones que ustedes señalan respecto a que cada uno elige su destino, etcétera, se atiende esa posición y cesan todos los contratos, ¿no se resentiría el funcionamiento al que uno aspira en el área del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente?

                Muchas gracias.

SEÑORA BERRINI.- En particular, creo que no hay un cese total de contratos; hay contratos que tienen término y no hay un cese total. Si bien entiendo que uno puede hablar y plantear algunas cosas de una manera o de otra, en realidad, todo esto surge con los contratos de la Dinama, que son 106. No todos los contratos van a cesar; algunos se van a renovar porque se entiende que se necesitan en la función en la que están.

                Nuevamente voy a referirme a la elección. Las personas que hoy por hoy se encuentran en este proceso están preocupadas, como es lógico, porque se trata de su fuente de trabajo, porque el país y el mundo tienen que enfrentar el tema de la covid que nos pone en una situación bastante compleja, con un ministerio que pretende dividirse y formar el Ministerio de Medio Ambiente. Pero evidentemente hay capacidades que se necesitan y quizás sean capacidades nuevas de acuerdo con la forma en que se implemente la nueva estructura.  Y vuelvo a decir: una nueva estructura como la que se implementó en el período de Mujica que planteó determinados objetivos.

Creo que no todos los contratos van a cesar, son muy pocos los que cesan; hay gente que ya renunció y está trabajando en la órbita privada. Es más, hay gente que habiendo tenido la elección, tuvo doblemente la elección. El año pasado hubo contratos que se presentaron a provisoriato, algunos ingresaron como provisoriatos y otros como el sueldo de los contratos era muy superior a lo que iban a ganar si ingresaban como provisoriato, renunciaron. En la vida, todas son elecciones. El único problema que tengo en esta elección, es que hay algunos provisoriatos que tienen prelación, o sea, si no entro yo, entras tú, pero como se hizo en un año electoral mucho después de lo que se tenía que hacer –en vez de hacerlo en febrero, se hizo en marzo–, la prelación no pudo ingresar. Entonces, ahí tendríamos un provisoriato. Repito, en la vida, todas son elecciones, pero a veces cuando la elección es propia y decido por mi vida y por mis cosas, está bárbaro; ahora, cuando mi elección puede perjudicar a un tercero a veces tengo que pensar cómo lo hago. ¡Ojo!, no tienen por qué saberlo porque tienen supervisores que los orientan –como hacen los padres con los hijos– y les dicen si lo tienen que hacer ahora para que entre el segundo y ese que se quede como contrato, esa posibilidad existía. Pero las renuncias están acá, es información pública. De hecho, desde el 2011 se hicieron 62 llamados internos.

SEÑORA PETRONE.- Solamente en la Dinama se hicieron 62 llamados externos, de los cuales quedaron 4 vacantes.

SEÑOR LOZANO.- Quiero agradecer la presencia de la delegación. Creo que fue concisa, pero muy clara la exposición. Coincido con que en la vida todas son elecciones.  Por una parte, si uno opta por la seguridad jurídica en determinado momento, elige ser un funcionario presupuestado y cumplir con el estatuto del funcionario público. Y, por otro lado, en algunos casos se elige ser contratado, con la inseguridad que conlleva que el contrato –como se explicitó aquí- tiene dos partes que lo firman y se renueva o no por la voluntad de esas partes. En este caso, nosotros estamos preocupados por los contratos que no llegaron a renovarse, pero también como se explicitó acá, fue decisión de esos funcionarios contratados optar por seguir en la inseguridad que da el contrato para el resto de la vida. Por lo tanto, la exposición ha sido muy clara.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a dejar dos constancias.

                En primer lugar, nosotros no somos quienes para resolver la interna de los sindicatos. De hecho, los trabajadores del Enjoy hace años tienen una diferencia sustancial con el sindicato madre, el Sughu. Ahora, como los trabajadores pidieron ser recibidos por la comisión, los recibimos, independientemente de la diferencia que tienen con el sindicato madre.  Nosotros no podemos negarle a COFE que participe acompañando a los trabajadores –no le corresponde eso a la comisión, en todo caso, es un tema interno gremial que tendrán que resolver– y tampoco somos quienes para inmiscuirnos en la plataforma gremial del sindicato.  Este puede entender que comparte o no la causa de la defensa de los puestos de trabajo de los contratados, pero no le corresponde a la comisión laudar el tema porque no somos jueces, como tampoco lo somos de las conductas individuales, ya que está el individuo que decidió dedicarse a tener una profesión desde tal ángulo o desde tal otro. O sea que como comisión –y quiero dejar constancia y subrayar cada una de esas cosas– no nos corresponde eso y no correspondía, en principio, citar al sindicato del ministerio de vivienda porque teníamos claro que tiene la referencia de no representar a los contratados. Estamos hablando de invitar a una organización que establece que no representa a los trabajadores involucrados, pero  una vez que supimos que querían participar no hubo ninguna dificultad en que lo hicieran; quedó clara esa posición en el sentido de entender que no van a reivindicar las acciones de los trabajadores contratados.

SEÑORA PETRONE.- Quiero hacer una aclaración: los compañeros contratados en  20 años nunca pidieron agremiarse a nuestra asociación así que, por lo tanto, estatutariamente esa representación no se permitía, pero sí hemos tenido excepciones, como con los pasantes o becarios, en otra época.

Recién en febrero de este año ellos pidieron agremiarse y estábamos muy sobre la fecha con todo; también teníamos sobre nuestra mesa otros temas que eran prioritarios y después nos agarró la covid-19.

Quería que quedara explícito eso, es decir, que ellos nunca habían pedido agremiarse hasta febrero de este año.

SEÑORA BIANCHI.- Voy a discrepar fuertemente con la posición del señor presidente. Los actuales invitados no lo saben –y no tienen por qué saberlo–, pero esto tiene que ver con lo que dije al principio de esta sesión. Me voy a referir especialmente a este caso.

                Nosotros, como comisión del Senado de la nación, no tenemos que discriminar si algún grupo de trabajadores pertenece o no al sindicato; personalmente, eso no me interesa. Yo tengo que recibir a todos los ciudadanos que son trabajadores y que están representados en el Senado de la nación, porque esto no es un sindicato ni la central sino el lugar donde están representados todos los ciudadanos, sindicalizados o no, de las organizaciones más representativas o menos representativas de todos los aspectos que se puedan imaginar. Nosotros tenemos obligación de recibir a todos y si no citamos estamos en omisión; quiero que esto conste en la versión taquigráfica y frente al sindicato de la Dinama.

SEÑOR PRESIDENTE.- No entendió nada.

SEÑORA BIANCHI.- Entendí muy bien. Nosotros no debemos discriminar si tenemos que citar y escuchar o no porque el sindicato los considera adentro o afuera o porque los contratados no se afiliaron. Entiendo muy bien lo que pasaron estos años, sobre todo con la carrera administrativa de los funcionarios públicos. Así que en esto no coincido porque me parece que es nuestra obligación escuchar a todos.

                Otra cosa: me entero ahora –uno todos los días, por suerte, aprende muchas cosas– y felicito a quien corresponda, de que este ministerio ha sido de los pocos que tuvieron reestructura. Realmente fue una enorme carencia que en la mayor parte del Estado no se hicieran reestructuras y, entonces, la distorsión de la carrera administrativa consagrada en la Constitución fue mucho mayor que en el caso de ustedes, gracias a haberse hecho la reestructura en el año 2011, según entendí, en el Gobierno del presidente Mujica. En este caso, además, queda más claro que en ningún otro organismo público, que están las vacantes y están los funcionarios presupuestados, es decir, que está ordenada la casa.

En cuanto al tema de si son contratados o no lo son, queda más claro que es una elección personal. En organismos públicos, donde no se hicieron reestructuras o estructuras –como lo quieran llamar; en general se llaman reestructuras porque ya habían estructuras–, para resolver situaciones y que el Estado pudiera funcionar, hubo que recurrir a contratos de función pública como, por ejemplo, en el MEC, con horas de apoyo que no tienen nada que ver. En fin, en el caso de ustedes está clarísimo que tenían la estructura hecha y los que quisieron quedarse en la situación de contratados deberán asumir las consecuencias. Lamento profundamente haber faltado a la comisión –nunca lo hago, pero el otro día tuve que hacerlo por razones personales–, porque hubiera querido escucharlos antes que al ministerio. Quiero decirlo frente a ustedes porque no me gusta hacerlo cuando la gente que uno involucra al hablar no está presente.

                La situación de los trabajadores y la pérdida del trabajo nos preocupa a todos; esto no es una cuestión de partidos políticos, sino de conciencia ciudadana. Realmente nos preocupa. Ahora, si hay una base de respeto a la institucionalidad cuando se toman las decisiones nos quedamos mucho más tranquilos. Por lo tanto, agradezco muchísimo su presencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hoy tenemos un problema de entendederas importante en la comisión.

                Los trabajadores contratados no tienen sindicatos.

(Murmullos).

                –Señora senadora Bianchi: le voy a pedir que me respete en el uso de la palabra. Escuché cada cosa que dijo, a pesar de no tener ningún fundamento.

(Dialogados).

                –Justamente, decidimos recibir a un grupo de trabajadores que no está sindicalizado. Reitero, no tienen sindicato; no tienen referencia sindical; no integran un colectivo organizado. Sin embargo, están preocupados por la perspectiva de la pérdida de puestos de trabajo y decidimos recibirlos. Les consultamos: «¿ustedes integran el sindicato del ministerio?». Nos dijeron que no y, además, nos plantearon que, por estatuto, el sindicato del ministerio solo sindicaliza funcionarios.

Por supuesto, estamos  abiertos a recibir a todo el mundo y a convocar al sindicato del ministerio. Creo que fue el senador Niffouri que planteó que el sindicato del ministerio quería comparecer en la comisión y a los dos minutos le dijimos que nos parecía bárbaro que expresaran su opinión sobre un tema. El ejemplo que puse va en la misma dirección: los trabajadores del Conrad no integran el sindicato del PIT-CNT base, el Sughu, con el que tuvieron diferencias. Sin embargo, ¿tuvimos algún problema en recibirlos? Ninguno. La práctica de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social es contraria al hecho del que nos acusa la senadora Bianchi, que afirma que no recibimos colectivos que no adhieren al PIT-CNT. Claramente estos dos colectivos –el de la Dinama y el de los trabajadores del Enjoy– no están integrados o tienen diferencias. Entonces, ¿en qué se sustenta la acusación de que acá discriminamos trabajadores? Estoy acá para enterarme, salvo que después se fundamente que hay alguna práctica en la que se intentó, de alguna manera, discriminar a un trabajador. No entiendo en qué se fundamenta; parecería que queremos enredar la cancha. Vamos a recibir con el criterio más amplio a cualquier trabajador que quiera presentarse ante la comisión.

Esa ha sido la práctica, así que no entiendo la discrepancia que se plantea. Si me la explica, ¡bárbaro! ¡Explíqueme  la diferencia! ¿Dónde está la diferencia?

SEÑORA BIANCHI.-  En primer lugar, no es necesario levantar la voz.

                En segundo término, a mí nadie me intima a nada, excepto el Poder Judicial y en general nunca lo hizo.

                Quise dejar claro que, de acuerdo con la intervención del señor presidente –no soy tonta y el presidente me conoce; estoy enterada de las negociaciones porque el hecho de no venir no significa que me desconecte–, parecía que hacíamos una concesión a recibir trabajadores no sindicalizados. Es lo último que voy a decir, porque ya quedamos en coordinar –en la próxima sesión lo haremos– de qué manera nos vamos a manejar para que queden explícitos los criterios. Lo que yo quise fue dejar la constancia de que no es una concesión, no es porque nosotros tengamos un criterio amplio ni es porque somos macanudos. No; es lo que tenemos que hacer como senadores de la nación. Eso es lo que dije y si no se había entendido ahora debe haber quedado más claro.

No voy a hablar más sobre el asunto hasta que en la próxima sesión la comisión se ponga de acuerdo en los criterios de funcionamiento. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Me siento aludido, así que voy a hablar. 

No sé por qué entendió eso la señora senadora. Expliqué que de las delegaciones que hemos recibido, que fueron cuatro, dos responden a colectivos –uno sindicalizado y otros no– que no tienen relación con el sindicato de base de la organización más representativa y no dejamos de recibirlos. ¡Expliqué un criterio! Ahora, si expliqué un criterio y la senadora entendió que hacíamos una concesión graciosa, es un problema de lo que entendió la senadora, no del criterio que expliqué con mucha claridad.

SEÑORA BERRINI.- Si bien a veces se dice «no aclares que oscurece», quiero hacer una aclaración que en este caso puede sumar un poquito a todo esto.

En particular, COFE me llamó un día en que estaban en el consejo los contratados, esperando ser entrevistados o tener una reunión con ellos, para ver qué hacía. Rossana Berrini no va disponer si COFE recibe o no a alguna persona o a algún trabajador del país, por lo que les dije: «Recíbanlos».

Quiero aclarar que como sindicato nosotros estábamos pasando por un momento en el que se estaba rectificando nuestra directiva.  Después de que ellos tuvieron la reunión y nos enteramos de que iban a tener una reunión aquí con las autoridades del ministerio, nosotras tres –Natalia Petrone, Ana Gutiérrez y quien habla– tuvimos una reunión en COFE donde hicimos planteos y sugerencias, porque desde hace muchos años el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente viene diciendo que tiene un ministerio paralelo.  Por ejemplo, de las 184 personas que estamos en la Dinama –una sola unidad ejecutora–, 25 corresponden a  provisoriatos y 106 son contratos. En los períodos anteriores, ante cualquier actitud que los funcionarios hubiésemos querido tomar –reclamos por cualquier índole u otra cosa que entendiésemos pertinente–, el ministerio seguía funcionando y en Dinama seguían saliendo todas las cosas porque no nos olvidemos que ellos tienen acceso al sistema de expedientes electrónicos GEX y a la firma electrónica; es un funcionario más de carrera.

                Por otro lado, recuerdo que entregamos aquí, en la  Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social –en el período de Mujica–, tres cajas con material de todo este proceso de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y sus contratos. Debe estar en algún lugar del Parlamento y alguien lo debe haber estudiado o, por lo menos,  rayado. Así como de Uruguay Concursa podemos traer esto, en ese caso dejamos tres cajas –enfrente, en el Anexo–, pero nunca tuvimos ningún tipo de respuesta.

De hecho, más allá de que hubo casi una estructura total –pero no fue tan así–, tenemos funcionarios de carrera o funcionarios que entraron por contratos o por lo que fuere y después fueron provisoriatos, que en este momento están cumpliendo una actividad administrativa en alguna división, que siguieron estudiando y se recibieron de abogados. Por lo tanto, nos encontramos con la disyuntiva de que, por ejemplo, la jefa de la división necesita un abogado y allí mismo tiene un administrativo que lo es, pero no existe la vacante. Entonces, ¿qué hace? Llama un contrato afuera. Y ahí empezamos a generar esto de que el contrato empieza a ser in aeternum, porque se va renovando permanentemente y, sin embargo, adentro hay un funcionario de carrera que ya es abogado.

                A todos nosotros que somos funcionarios públicos nos pagan el sueldo y lo mismo sucede con el quiosquero de la esquina, con mi madre o mi padre, por lo que como sugerencia digo que sería bueno buscar mecanismos a fin de generar vacantes para el concurso de aquellos funcionarios que se fueron superando, que empezaron siendo administrativos y hoy son abogados. El tema es que no tenemos el concurso de ascenso porque no está esa posibilidad para que se pueda ascender y no tener que llegar a generar esto. Eso no es ir contra alguien porque son compañeros que trabajan con nosotros. Yo trabajo en Biodiversidad, es decir que trabajo con la mayoría de los contratos que tiene Dinama. No es un tema de ir contra el funcionario, todos somos compañeros. Simplemente, como dije desde el principio, uno elige y tiene tiempos. Solo quería hacer esa aclaración.

SEÑOR NIFFOURI.- Quiero agradecer la comparecencia de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Creo que hubiese sido necesario recibirlos antes de que vinieran las autoridades del ministerio. Considero pertinente lo que han manifestado. También pienso que estos momentos de reestructura son oportunidades que se generan para que no pase nuevamente lo que ha ocurrido, más aun teniendo en cuenta algunas declaraciones de las autoridades del ministerio en las que manifestaban que durante la transición les habían pasado 131 contratados y al día de hoy el ministerio tiene en carpeta a 875. Creo que hay que aprovechar la oportunidad de la creación del ministerio de ambiente y los espacios que se generan dentro de él para que se reorganice y que no exista ese círculo vicioso que entendemos que es el del contratado, recontratado y la carrera funcional del presupuestado que va quedando relegada.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su comparecencia.

 

(Se retira de sala la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).