COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN

(Sesión celebrada el día 21 de agosto de 2019).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:09).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«Carpeta n.º 1389/2019. Detenidos desaparecidos. Se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 2575/2019).

Carpeta n.º 1384/2019. Debates entre candidatos a la presidencia de la república. Se declaran de carácter obligatorio. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 2544/2019)».

SEÑOR CARRERA.- Voy a hablar en nombre de los compañeros de la bancada oficialista.

                En el día de hoy tenemos una agenda bastante cargada, por lo que espero que la sesión de hoy sea fructífera.

                En primer lugar, quiero decir que con respecto a la carpeta que refiere a los detenidos desaparecidos, en conversaciones con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, nos han comentado que están a favor de que este proyecto de ley se vote tal cual ingresó. Es así que nuestra intención es aprobarlo en la jornada de hoy. En ese sentido, como decía, nuestra posición es que el proyecto de ley se vote tal cual fue enviado porque es lo que nos ha solicitado la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

                En segundo término, en cuanto a la iniciativa sobre los debates entre candidatos a la presidencia de la república, nuestra posición también es votarla en el día de hoy. Es un proyecto de ley que se votó en la Cámara de Representantes con amplia mayoría. Además, existe el compromiso que estos sean obligatorios en la segunda vuelta. Es así que nuestra intención es aprobarlo en el día de hoy y que entre al Senado en la primera sesión de setiembre.

                En tercer lugar, el proyecto de ley de libertad vigilada –que proviene de la Comisión de Seguimiento del Nuevo Código del Proceso Penal, cuya creación fue votada por unanimidad–, fue elaborado por la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Ejecutivo. Es así que creemos que deberíamos dividir el proyecto de ley en un Capítulo I, que contenga los ajustes a la Ley n.º 19446 y un Capítulo II, que contenga algunas modificaciones sumamente necesarias al Código del Proceso Penal.

A los efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica, quiero decir que nuestra intención es que en la próxima sesión de la comisión –que tendríamos que ver si es el martes o el miércoles de la semana que viene porque algunos señores senadores tienen la Comisión de Seguridad y Convivencia– se introduzcan algunos cambios al CPP, que son de suma importancia, como, por ejemplo, hacer una modificación al artículo 39 del Código del Proceso Penal, que tiene que ver con la incompetencia por razón de lugar o de turno. Muchas veces ocurre que un delito es cometido por un delincuente en la zona metropolitana, por lo que los juzgados competentes pueden ser los de Montevideo o los de Canelones. Esto es para que haya eficiencia en la investigación criminal.

Cuando propusimos la modificación del Código del Proceso Penal –que fue votada por todo el sistema político uruguayo–, queríamos que existiera una mejor persecución e investigación criminal. En ese sentido, tenemos que hacer un ajuste porque el juez competente que analizará esa investigación criminal deberá asumir toda la competencia. Por eso proponemos esta modificación.

                Asimismo, la modificación al artículo 75, que tiene que ver con la falta de ética que lamentablemente existe en el ejercicio de la profesión, que voy a denominar como «abogado fugitivo». Muchas veces el abogado se retira de la audiencia a los efectos de que se declare nula.

                Por otra parte, la modificación al artículo 88, que tiene que ver con los métodos y las formas de instar. Lo mismo ocurre con el artículo 90.

                Y, por último, una modificación muy importante al artículo 365, que refiere a una modificación al recurso de apelación. Cuando se votó el Código del Proceso Penal en el año 2017, el recurso de apelación era escrito, pesado y no se llevaba con el sistema por audiencias. Es así que creemos que tenemos que hacer estas modificaciones al recurso de apelación, a los efectos de dejarlo en consonancia con el nuevo proceso penal, que es oral. Entonces, la modificación sería que si se va a apelar una sentencia, una providencia, un magistrado, la apelación tiene que ser realizada en el momento. Hoy estamos teniendo muchos inconvenientes en ese sentido.

                Otra de las modificaciones es, por ejemplo, que se tenga en consideración la firma electrónica. Se ha creado un sistema de interoperabilidad, pero un tribunal de apelaciones de cuarto turno la ha declarado nula porque dice que el Código del Proceso Penal no reconoce la firma electrónica.

                Es así que creemos que se nos está dando una oportunidad histórica. En definitiva, el primer capítulo tendría los ajustes al sistema de libertad vigilada, conforme nos remitió la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Ejecutivo. Como he expresado, creo que el realizarle pequeños ajustes al Código del Proceso Penal es una oportunidad histórica. En ese sentido, en conversación con el señor senador Vassallo, me decía que sería oportuno invitar a algunas personas que estén involucradas con este tema, a los efectos de que nos den su opinión acerca del Capítulo II, como la doctora Graciela Gatti –que es una magistrada que ha seguido los temas de la puesta en marcha del CPP– y el doctor Alberto Reyes, que es especialista en la materia. Son ministros del Tribunal de Apelaciones que han hecho un seguimiento y un gran esfuerzo en la implementación y conocen de estos temas. Y si algún señor senador ve la necesidad, sería oportuno invitar al doctor Jorge Díaz, que es el fiscal general de la nación.

Sé que les estoy tirando trabajo sobre la mesa, pero les decía a los colegas, a mis compañeros de bancada, que me siento en la obligación ética de hacer este planteamiento, primero, como militante político integrante del Poder Ejecutivo, porque desde allí trabajamos muchísimo para poner en marcha el nuevo Código del Proceso Penal, y también como militante político integrante del Frente Amplio, porque junto a los miembros de todo el sistema político, votamos el Código del Proceso Penal. En segundo lugar, si veo que hay desajustes en la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, como doctor en Derecho y Ciencias Sociales, me siento en la obligación de hacer el planteamiento, porque no puede ser que se dé un debate acerca de algo de lo cual no se conocen sus implicancias prácticas.

                Era lo que quería trasmitirles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero aclarar que la carpeta n.º 1379/2019, que regula el instituto de la libertad vigilada, integra el orden del día de hoy.

Estoy de acuerdo con el planteamiento que realiza el señor senador Carrera en el sentido de que en la próxima sesión recibamos a la Asociación de Magistrados, particularmente, al doctor Reyes, y también a la doctora Gatti y al doctor Jorge Díaz. Asimismo, podríamos recibir sugerencias de algún otro magistrado o jurista si algún senador quisiera, de manera de darnos un tiempo –hasta el próximo martes o miércoles en que sesionemos– para poder analizar este proyecto que ingresó en el día hoy.

                En principio, pude estudiarlo; de hecho, tengo una primera aproximación al análisis de los distintos capítulos. Hay algunos artículos en particular que me preocupan, como por ejemplo, el 5, el 11, el 14 y el 18. En cuanto al artículo 14, me gustaría analizarlo en profundidad y escuchar alguna opinión en lo que respecta a la práctica, donde pueden darse situaciones que son las que justamente pretenden revertirse pero, a su vez, sumándome a la preocupación que planteó el señor senador, la presencia de un abogado defensor es una garantía para el proceso en sí mismo y para el propio sistema democrático; por tanto, me parece que habría que estudiarlo más detenidamente.

                En suma, tenemos algunos planteamientos que realizar pero, en principio, estamos dispuestos a tratar el tema, por lo cual podemos comprometernos a recibir en la próxima sesión a los asesores que mencionamos y, a su vez, comenzar a trabajar con la inmediatez que el tema requiere.

SEÑOR VASSALLO.- Señor presidente: ¿podría repetir los artículos que le gustaría analizar más detenidamente? Solamente para anotarlos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, como no, señor senador. Son los artículos 5, 11, 14 y 18. Estas cuatro disposiciones me han generado dudas, por lo cual quisiera estudiarlas en detalle.

                Sin perjuicio de ello, tal como señalé, ya leí el proyecto de ley y estoy en condiciones de empezar a trabajar en él, aceptando la sugerencia que hizo el señor senador Carrera –que comparto– de escuchar los asesoramientos que puedan ayudarnos a tomar una posición para votarlo, si es necesario, en la próxima sesión.

Desde ya aclaro que tengo la apertura necesaria para citar a la comisión el martes o miércoles próximo, el día que mejor le venga a la mayoría de los integrantes.

SEÑORA EGUILUZ.- En lo que respecta al instituto de la libertad vigilada, hemos trabajado y es conocida nuestra posición, que fue manifestada por el señor senador Bordaberry en oportunidad de votarse el proyecto de ley. Más allá de eso, hemos trabajado en las modificaciones para que el proyecto de ley quede lo mejor posible. Por lo tanto, compartimos la idea planteada, e iba a sugerir que como el señor senador no va a estar presente los días 27 y 28 y está ocupándose de este tema, la sesión pueda realizarse otro día a los efectos de confirmar su presencia y poder avanzar en las modificaciones. Como ustedes saben, estoy en ejercicio de una suplencia y hay cuestiones en las que no tengo la continuidad que tiene él, por lo cual no puedo comprometerme, pero sí quería confirmar su presencia para la próxima reunión.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: me parece que este proyecto de ley es bien importante y su aprobación requiere cierta urgencia para ajustar su funcionamiento. De manera que me parece muy bien las convocatorias que se plantean y estamos disponibles para resolverlo a la brevedad.

                Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Agradezco a la señora senadora Eguiluz, al señor senador Mieres y al señor presidente por acompañar el planteamiento que realicé.

                Estuve haciendo algunas averiguaciones y me enteré de que la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, aparentemente, no estaría citada.

SEÑOR VASSALLO.- Quiero aclarar que todavía no hay una citación formal, aunque sí una fecha tentativa para el día martes de la próxima semana a la hora 15:00, con la presencia del señor ministro Bayardi. Pero esa fecha aún no ha sido confirmada porque no sabemos si el señor ministro podrá venir o no. Por tanto, la citación no ha sido realizada formalmente. Ahora bien, si fijamos la sesión para el martes con un horario flexible, quizás podría ser en la mañana, ya que la propuesta sesión de la otra comisión es a la hora 15:00.

SEÑOR CARRERA.-  Por la importancia del asunto, como miembro de la comisión me atrevo a solicitarle al señor presidente que se comunique con el presidente de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia para plantearle que este tema es importante para  nosotros y que quisiéramos mantener nuestra reunión del martes a las 14 horas para recibir a los invitados y reagendar la otra reunión que todavía no está confirmada. Creo que si el señor presidente les explica a los colegas de la comisión, no habría ningún inconveniente al respecto.

                En cuanto a la citación del martes, me parece que deberíamos recibir primero al doctor Jorge Díaz y, después, a los doctores Reyes y Gatti.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a proceder en esa dirección. Nos vamos a comunicar con la presidenta de la comisión correspondiente y citaríamos a la comisión para el martes a las 14 horas, con la convocatoria del doctor Jorge Díaz en primer lugar y luego de los doctores Reyes y Gatti en el orden que ellos prefieran.

SEÑOR CARRERA.- Creo que los doctores Reyes y Gatti pueden concurrir juntos, porque vendrían como especialistas.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑOR PRESIDENTE.- Consulto a los señores senadores sobre si tienen alguna consideración para hacer acerca de los temas ingresados que son: la carpeta que propone que el tema de la búsqueda de los detenidos desaparecidos se traslade a la Institución Nacional de Derechos Humanos y de Defensoría del Pueblo, y un proyecto de ley que viene con media sanción de Cámara de Representantes y  declara de carácter obligatorio los debates entre candidatos a la presidencia de la república.

SEÑORA EGUILUZ.- Con respecto a la Carpeta n.º 1389, de detenidos desaparecidos, personalmente no tengo elementos para proceder a votarla hoy. Entiendo la importancia del tema e, incluso, el trabajo de la Cámara de Representantes específicamente en la Comisión de Derechos Humanos. Es decir que no se trata de una negación al punto, sino de que me parece muy relevante como para considerarlo y votarlo sin tener elementos.

Entiendo el informe del senador Carreras, en el que hace suya la intención de la institución de derechos humanos a favor de esto, pero sin ánimo de dilatar por otro motivo que no sea el explicado, no estoy en condiciones de votarlo. Eso no significa que esté ni a favor ni en contra del proyecto de ley, pero ni siquiera conozco el texto que viene del Poder Ejecutivo, por lo que no puedo expedirme en este sentido y quería dejar una constancia al respecto.

SEÑORA MOREIRA.- Lo primero que quiero decir es que no olvidemos que debemos tomar posición sobre las propuestas de corrección que llegaron sobre la edad mínima para contraer matrimonio, tema que está en el orden del día de hoy, porque es lo que veníamos tratando y consideramos extensamente en la última reunión.

                Por otro lado, tenemos la propuesta de debate obligatorio para votar hoy.

                En cuanto al proyecto de ley que transfiere a la Institución Nacional de Derechos Humanos y de Defensoría del Pueblo estas competencias, quiero decir que  para nosotros es muy, muy importante. Entendemos que recién ingresó y que los representantes de la oposición quieran estudiarlo. Entonces, nosotros podríamos o bien votarlo hoy y dejar para el debate en Sala de la primera semana de setiembre las otras consideraciones o dejarlo para la próxima sesión –aunque no sé qué piensa la bancada del Frente Amplio, porque estamos en condiciones de aprobarlo hoy–, siempre pensando que tiene que entrar en la primera semana de setiembre para que se pueda aprobar en la Cámara de Representantes.  

Dado que tenemos previsto realizar una próxima sesión, podríamos poner este asunto como primer punto del orden del día para votarlo –presuponiendo que en esta semana todos lo van a estudiar y no se quiera hacer ninguna comparecencia–,  de manera que la oposición pueda leerlo y tomar posición.

SEÑOR MIERES.- Sobre el proyecto vinculado a los detenidos-desaparecidos, ya tenemos una opinión favorable y vamos a votarlo, pero me parece razonable esperar una semana y que todas las bancadas puedan tener una postura al respecto.

                Además, sabemos que los familiares de detenidos-desaparecidos están de acuerdo con el proyecto y, por lo tanto, ese es un componente relevante para definir nuestra posición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero trasladar la posición del Partido Nacional.

                Todavía no conocemos el proyecto que comete la búsqueda de los detenidos-desaparecidos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, porque ingresó hoy. Sí puedo comprometer nuestra disposición a tratarlo y votarlo en la próxima sesión.

                Ya que esa sesión será de carácter extraordinario, podemos disponer del tiempo que se requiera para votar todos los proyectos que podamos. No queremos hacerlo hoy, no por desconocer la envergadura del tema o la celeridad que requiere, sino porque la bancada del partido no tiene conocimiento al respecto y sería un proceder no adecuado.

                Sobre el proyecto de libertad vigilada, más allá de lo que se escuche de quienes van a comparecer, lo hemos estudiado en forma adelantada, por lo que estamos dispuestos a utilizar todo el tiempo que se precise en eso.

                En cuanto a los debates entre candidatos a la Presidencia de la República, acompaño la sugerencia de votarlo el martes, si es que viene con media sanción y tenemos un parecer similar.

                Por lo tanto, si todos estamos de acuerdo, la intención sería agotar el orden del día de hoy y dejar para el próximo martes el proyecto de libertad vigilada y los dos que ingresaron hoy, con el compromiso de todos los partidos de concurrir con una posición tomada para poder votar.

SEÑORA MOREIRA.- Me gustaría hacer la siguiente sugerencia. Dado que el proyecto de ley sobre debate obligatorio y el de la Institución Nacional de Derechos Humanos tienen acuerdo para ser votados propongo que se traten en la primera media hora a los efectos de que luego podamos dedicarnos en profundidad a recibir las opiniones del fiscal Díaz y de los doctores Gatti y Reyes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si todos están de acuerdo, procederemos en ese sentido.

                Corresponde pasar a considerar el segundo punto del orden del día: «Edad mínima para contraer matrimonio. Se modifica el artículo 91 del Código Civil».

                Tenemos una propuesta del senador Vassallo sobre este proyecto, por lo que le damos la palabra.

SEÑOR VASALLO.- En primer lugar, corresponde aclarar que este es un tema que hemos trabajado en conjunto, pero principalmente con la doctora Amalia de la Riva. Si bien discutimos este punto conceptualmente, tengo conocimiento que también  estuvo en contacto con varios asesores, que han elaborado una propuesta. Algunos senadores la conocen, dice más o menos así: «Ser cualquiera de los contrayentes menor de dieciocho años. No obstante, podrá contraer matrimonio el menor que obtenga previa dispensa judicial del requisito de la edad por razones justificadas y en interés de los contrayentes, cuando quien pretende contraer matrimonio tenga dieciséis años cumplidos. A tales efectos, la solicitud se tramitará por el proceso voluntario en la vía del artículo 404 del Código General del Proceso, Ley n.º 15982, del 18 de octubre de 1988, debiendo el juez competente mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y, en su caso, con sus representantes legales. La tramitación será gratuita y deberá oírse preceptivamente al ministerio público».

En este texto –espero no equivocarme, en cualquier caso la doctora de la Riva podrá asesorarme–, queda claro que los mayores de dieciocho años, como corresponde, no tienen limitaciones y existe una franja etaria de dieciséis a dieciocho años en la que se podrá contraer matrimonio, pero con la dispensa del juez. Ahora bien, aquí no existe diferencia de sexo; solamente se asume esa franja etaria para tomar interés en el asunto y establece algunas condiciones para que el juez resuelva. Seguramente, hay algunos otros elementos en los que los demás colegas o asesores se puedan apoyar a modo de fundamentación o explicación.

SEÑORA EGUILUZ.- Hemos seguido la discusión, nos consta que se ha avanzado en  este tema, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene la modificación del Código Civil y sus efectos. Entonces, me surgen algunas dudas. Más allá de que hoy están presentes las cátedras, ya que estamos discutiendo un nuevo texto –inclusive para acelerar porque está por terminar el período legislativo y hay cuestiones que tienen premura– quizás se podría consultar por escrito sobre el efecto que esto va a tener en el Código si no se hacen estas modificaciones. Este es uno de los puntos que quería comentar.

El otro aspecto refiere a los efectos que puede tener el nuevo texto en las uniones concubinarias, porque, en definitiva, se habla de la situación matrimonial, pero debemos tener presente que nuestro ordenamiento jurídico –diría que en una gran proporción– lo que trata son esos procesos. Por lo tanto, quisiera saber cuál sería la afectación con respecto a la edad requerida. Este es un tema no menor para dar certeza jurídica y, en definitiva, para que quede armonizado.

                El otro punto que me hace ruido está al final del texto cuando dice que deberá oírse preceptivamente al ministerio público. A algunas normas de orden presupuestal le hemos quitado al ministerio público ciertas incidencias y factores vinculados a los temas de familia. Esto se hizo justamente para dar prioridad a los asuntos que hoy en día sí tiene que atender el ministerio público, por ejemplo, los relativos al nuevo Código del Proceso Penal. Entonces, no sé si eso no estaría, de alguna manera, contradiciéndose con una línea que veníamos siguiendo en las últimas normas que hemos aprobado.

                Simplemente quería referirme a eso. Gracias, señor presidente.      

SEÑOR MIERES.- Comparto la preocupación de la senadora Eguiluz en cuanto a la necesidad de escuchar cuáles son los impactos que puede generar.

 En verdad, mantengo la misma cautela o preocupación que manifesté en la última sesión de la comisión respecto a que uno toca una norma y no sabe cuántas carambolas puede generar. Es eso simplemente, no es que tenga una posición contraria a la modificación. Sí creo que hay un pequeño problema de redacción. Me parece que se entiende mejor si dice «No obstante podrá contraer matrimonio el menor que obtenga dispensa judicial previa sobre el requisito de la edad» y no que diga «previa dispensa judicial», porque de lo contrario parece que la frase no culmina bien. Es una cuestión estrictamente de redacción.

                Por otro lado, vista la técnica estrictamente jurídica diría que la referencia al procedimiento debería ir como modificación del Código General del Proceso. No está bueno incluir en el Código Civil una normativa o una disposición; aclaro que me estoy refiriendo a la última parte. Es una modificación del Código General del Proceso dentro de una norma del Código Civil.

                La pregunta es si no es mejor desde el punto de vista legislativo que la norma tenga una modificación en el Código Civil y una modificación en otro artículo del Código General del Proceso. No obstante, como vamos a recibir opiniones de catedráticos, seguramente ellos lo podrán decir con mayor propiedad.

SEÑOR CARRERA.- Estuvimos conversando con colegas oficialistas.

                En primer lugar, estamos de acuerdo con la propuesta que elevó el senador Vassallo. Hemos analizado que tendría impacto en los artículos que van del 106 al 110 del Código Civil y perderían la aplicación práctica.

                La semana pasada recibimos a la doctora Luz Calvo que es la directora del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Proponemos que se haga una consulta por escrito de la propuesta que elevó el senador Vassallo. Se trata de una especialista en derecho de familia que se comprometió a trabajar con nosotros, por lo tanto, podríamos preguntarle si nos puede contestar antes del martes a las 14 horas, y ahí nos quedamos tranquilos.

                En principio sería eso. Igual vamos a tratar de dialogar en forma informal, pero creemos que la propuesta del senador Vassallo es muy buena y soluciona esta problemática. Por lo que dicen las senadoras existe un compromiso internacional con la Cedaw y ese fue el motivo por el que la bancada del Frente Amplio y la bancada femenina en su momento presentaron el proyecto.

En fin, la propuesta sería que se realice una consulta por escrito a la doctora Luz Calvo sobre la propuesta del senador Vassallo analizando los impactos. Creemos que en principio los impactos serían sobre los artículos que van del 106 al 110.

                Con respecto a la situación que planteaban los senadores Eguiluz y Bordaberry sobre el concubinato, en lo personal, no me metería en ese tema. Creo que es correcto que los cinco años para el concubinato empiecen a correr a partir de los 18 años de edad; lo dejaría así.

                Considero que es importante el último punto de la propuesta del señor senador Vassallo, que tiene que ver con oír preceptivamente al ministerio público. Cuando discutimos este tema la semana pasada, vimos que lo que se buscaba con esto era evitar o prevenir las situaciones de trata. Una de las posibles soluciones a esta problemática sería nombrar un defensor de oficio, algo que es muy común. Cuando ejercí la profesión, muchas veces me nombraron defensor de oficio por el Colegio de Abogados; es una tarea militante que se tiene por haber egresado de la Universidad de la República. Como decía, creo que sería importante escuchar al ministerio público porque debemos buscar una forma de prevenir esas situaciones. Por lo tanto, comparto este punto de la propuesta del señor senador Vasallo y considero que es algo que se debe destacar. 

                Por último –lo hemos conversado–, el proceso es el voluntario, y considero que está bien. Además, muchas veces las normas del Código Civil tienen impacto procesal, así que, en ese sentido, no habría inconvenientes.

                Muchas gracias.

SEÑOR VASALLO.- Además de los puntos sobre los que plantearon dudas algunos de los colegas aquí presentes, cuando analizamos el tema con la doctora de la Riva surgió otra preocupación que quisiera mencionar, que tiene que ver con el artículo 30 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que hace referencia a la capacidad de los padres para reconocer a sus hijos.

Como se ha dicho, cuando uno toca una pieza del tablero, hay que ver qué otras piezas se modifican o, en este caso, qué leyes se afectan. El artículo 30 del Código de la Niñez y la Adolescencia también hace referencia a la edad de los padres, pero no está en concordancia con lo que sugerimos. Entonces –lo hablamos con la doctora de la Riva–, sería bueno abordar también el artículo 30 para darle concordancia a todo.

El artículo 30 establece: «Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil y edad, de reconocer a su hijo.

No obstante, las mujeres menores de 12 (doce) años y los varones menores de 16 (dieciséis)» –acá se hace una discriminación por sexo y edad– «no podrán realizar reconocimientos válidos sin aprobación judicial, previa vista del Ministerio Público.

En los casos de progenitores menores no casados» –aquí aparece la otra diferencia– «el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la tutela, otorgando preferencia al abuelo que conviva con el progenitor que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refiere el inciso anterior que requieran autorización judicial, se deberá oír a cualquiera de los padres que haya reconocido al hijo.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que estos cumplan 18 (dieciocho) años».

Nos parece que deberíamos hacer coincidir ambas cosas: la edad para contraer matrimonio y lo que establece el artículo 30 del Código de la Niñez y la Adolescencia para reconocer a los hijos.

Recuerdo que en alguna sesión de la comisión el señor senador Michelini ya había hecho referencia a que algunos casos podrían quedar  un poco confusos o no bien resueltos si no mirábamos este tema. Quizás se podría hacer la consulta conjunta de todos los temas.

Por lo tanto, la propuesta es agregar este tema a los temas ya mencionados. Si fuera del caso y si los señores senadores hicieran acuerdo, quizá se podría pensar en ajustar este texto. 

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑOR PRESIDENTE.- En referencia al tratamiento del proyecto de ley que regula el régimen de edad mínima para contraer matrimonio y a las modificaciones al artículo 91, en función de los distintos aspectos que se han señalado hoy aquí, propongo que esperemos hasta que se consulte a la doctora Luz Calvo sobre todo lo concerniente al proyecto en sí mismo y a las derivaciones que pueda tener en el Código Civil en su conjunto y en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

                Si los señores senadores no quieren hacer otras consideraciones, propongo que esperemos a que secretaría realice las consultas pertinentes y distribuya la respuesta a todos los integrantes de la comisión, y que votemos este tema en la próxima sesión, que va a ser extraordinaria tal como lo hemos definido. Con posterioridad al tratamiento y a la votación del proyecto de ley sobre libertad vigilada, vamos a agregar al orden del día de la próxima reunión el proyecto de ley sobre edad mínima para contraer matrimonio y el tratamiento y la votación de los proyectos de ley que plantean que la búsqueda de detenidos desaparecidos se traslade al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y un proyecto de ley que viene con media sanción de la Cámara de Representantes y declara de carácter obligatorio los debates entre los candidatos a la presidencia de la república.

                Vamos a continuar con el cuarto punto del orden del día. Se trata de un proyecto de ley cuya autoría corresponde a quien habla y promueve una modificación en lo concerniente al domicilio legal del Instituto Nacional de Colonización. Es un texto breve que, en su artículo 1.º establece: «El Instituto Nacional de Colonización creado por ley número 11029 de fecha 5 de febrero de 1948, tendrá su domicilio legal y principal asiento en cualquier punto del territorio nacional».

                El artículo siguiente señala: «El directorio del ente autónomo por mayoría especial de 4 votos determinará cuál es la ubicación adecuada para su instalación, atendiendo primordialmente el criterio de mayor cercanía con las colonias y sus administrados».

                Estoy seguro de que el señor senador Vasallo, con quien compartimos la condición de exdirectores del Instituto Nacional de Colonización y la pasión por defender este formidable instrumento legal que es la Ley n.º 11029 y su plena vigencia, me comprende bien.

Desde siempre, me ha sorprendido que en el artículo 2 de esta ley figure como una obligatoriedad que el domicilio legal y su principal asiento sea en la capital del país, cuando –como lo establecemos en la exposición de motivos de nuestra propuesta– el 100 % de las 554 mil hectáreas, propiedad del Instituto Nacional de Colonización o afectadas a la ley, se distribuyen en los dieciocho departamentos restantes y, en la actualidad, ninguna está radicada en Montevideo. En realidad, esas 554 mil hectáreas están distribuidas en doce regionales e involucra a más de 5200 colonos, que, por razones obvias, tienen asiento fuera de la capital del país.

                Con esto no pretendo decir que sea necesario modificar esa norma, porque, tal vez, la cercanía al aparato administrativo del Gobierno nacional tenga su lado positivo. Pero, desde el punto de vista filosófico, me parece contradictorio que se obligue por ley que deba estar en la capital del país. Incluso, hay quienes, en el devenir histórico de este instituto, en el seno del directorio, han manejado ideas proclives en este sentido. Recuerdo un caso puntual de hace unos veinte años, del que tomé conocimiento cuando asumí el cargo de vicepresidente en el instituto, en el que se propuso trasladar la sede a Durazno por considerarlo el centro geográfico del país.

                Por mi parte, en su momento planteé el propósito de ubicar la sede en Paysandú, en el entendido de que si se traza una línea imaginaria desde Artigas a Montevideo nos encontramos con que el 80 % de los colonos están asentadas hacia el litoral oeste y el punto medio es ese departamento. Pero también se podría pensar en que podría estar en San José, que es el departamento con mayor cantidad de colonos.

                En fin, la idea es que la localización de este organismo, que regula y tiene el

100 % de su razón de existir en el interior del país, no vaya en su detrimento. Dicho de otro modo, es como si el Inavi no pudiera estar en Canelones porque una ley dispone que debe estar en Montevideo.

Ese es el propósito de este proyecto de ley; reitero que es una cuestión filosófica. Traslada una mayoría especial a un directorio de cinco miembros, en el que es necesario que cuatro estén de acuerdo con determinar, por distintas razones, que la sede se traslade a otro lugar. Además, se sigue una lógica ampliamente mayoritaria en el mundo, en países de régimen federal o unitario, donde no sobrecargan en una capital administrativa la necesidad de tener el asiento de todas las instituciones de gobierno. En este caso en particular hablamos de un instituto que regula en su totalidad a las personas y la tierra fuera de la capital. Reitero que la iniciativa no establece que la sede debe estar en otro lugar, sino que faculta al directorio a que lo establezca en virtud de lo que entienda conveniente para su mejor funcionamiento. Por otro lado, entiendo que es una señal de descentralización.

                En resumen, ese es el fundamento del proyecto de ley que impulsamos.

SEÑOR VASALLO.- Quiero decir que comparto esta iniciativa. Nos une una pasión común en lo que hace a los asuntos vinculados a la colonización.

                Sinceramente, estamos de acuerdo con la filosofía que impulsa el señor presidente a través de este proyecto de ley, que busca la descentralización del país y que en el interior se asiente la mayor cantidad de actividades productivas y de desarrollo institucional del Estado, y no solo de carácter privado.

                No obstante lo dicho, confieso que tengo serias dudas acerca de la efectividad    –al menos en estos tiempos– de un traslado institucional de la sede. Está claro que, en realidad, lo que plantea esta iniciativa es dejar abierta la posibilidad.

                Mis dudas –simplemente para explicarlas– radican en que si bien es cierto que la colonización tiene algunas áreas de mayor densidad, eso ha llevado a que la política de estos últimos años –en particular de este último período– apuntara a incrementar compras y actividades colónicas en departamentos del país en donde hay menor desarrollo, como por ejemplo en Rocha, Treinta y Tres, entre otros. Entonces, a mi juicio es difícil mirarlo desde ese punto de vista.

                También influye el problema histórico del Uruguay, que se ha conformado en dos siglos de desarrollo estructural y que no hace fácil las comunicaciones transversales. El esquema centralista sigue marcando muchas cosas y, además, hay áreas de relevancia institucional del Estado para la toma de decisiones que están radicadas en Montevideo.

                Y una última razón –que menciono rápidamente– tiene que ver con que en estos últimos años se ha hecho una enorme inversión en la actual sede, si bien no es propia. Se ha logrado que el Banco de Previsión Social –que es el dueño del edificio– conceda un período más de uso en forma generosa. Reitero que hay una importante inversión en términos de infraestructura y de base tecnológica que no es tan fácil trasladar.

                En definitiva, estos son comentarios para manifestar mis dudas sobre la viabilidad práctica de este proyecto de ley. De todos modos, comparto la filosofía y las razones que lo inspiran. Además, simplemente deja abierta la posibilidad.

                Por todas estas consideraciones voy  a acompañar esta iniciativa, pero quería compartir estas reflexiones porque me parece justo manifestar las dudas que me genera.

SEÑOR CARRERA.-  En primer lugar, creo que este proyecto de ley es sensacional. Está vinculado a una norma que viene de la época del batllismo y que tiene su plena vigencia.  Como hombre del interior puedo decir que es extraordinario ver todo lo que se ha hecho en estos últimos años y también, en particular, lo que se aportó en aquel debate que tuvimos hace poco. Aquí construimos políticas públicas y me parece extraordinario resaltarlo.

                En segundo término, quiero decir que la explicación de por qué se estableció por ley que el domicilio sea en Montevideo es histórica; siempre que se crean entes autónomos y servicios descentralizados se dispone que tengan domicilio legal en la capital de la república.

Creo que lo bueno del proyecto de ley es que busca cumplir con esto que, políticamente –como decía el señor senador Vassallo–, se vincula con esa intención de centralizar y acercar las instituciones al interior –adonde tienen que desarrollarse los cometidos– y eso lo compartimos plenamente.

Mientras escuchaba a dos colegas que son especialistas, estudiosos y conocen la realidad, pensaba, como hombre del interior, en un cambio institucional que costó pero que logramos y que tuvo un impacto extraordinario: la creación de la UTEC, bajo el mandato del expresidente Mujica. Me parece que eso fue algo extraordinario porque creamos –entre todos, porque esa fue una política de Estado– la segunda universidad pública del país y le dimos asiento, domicilio, en el interior. Eso es una cosa extraordinaria si pensamos en el cambio, si realmente lo queremos para el interior.

Hace un rato hablábamos –fuera de la versión taquigráfica– con las señoras senadoras Ayala y Eguiluz, que son del norte del país, donde están los mayores índices de vulnerabilidad y los menores de desarrollo humano. Se ha hecho muchísimo en ese sentido pero, lamentablemente, tenemos que reconocer –soy de Rivera, la señora senadora Ayala, de Artigas y la señora senadora Eguiluz, de Salto– que, aunque se ha avanzado muchísimo,  todavía nos falta.

Entonces, realmente creo que este tipo de creaciones institucionales que se asientan en el interior significan un cambio de lógica que tenemos que incentivar, así que vamos a acompañar el proyecto de ley. Creemos que lo que estamos buscando es dar un mensaje político en ese sentido, por lo que me parece bien importante lo que estamos haciendo.

                Esta era la constancia que queríamos dejar nuestra parte, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero reconocer el apoyo a la iniciativa y, particularmente, del señor senador Vassallo, en su condición de exdirector y conocedor de este instituto. También quiero adherir a los argumentos complementarios que él señaló.

El tiempo dirá si el traslado termina siendo definitivamente más conveniente o no, pero se da por razones prácticas y de otro orden; creo que es una señal política

–como decía el señor senador Carrera– y filosófica no menor. Y, sobre todo, se está legislando no para lo inmediato, sino para delante, para el porvenir; creo que eso le da más sustento a lo que se proyecta en la norma.

                También quiero reconocer expresamente el ejemplo de la UTEC, que señaló el senador Carrera, y podríamos sumar los emprendimientos de la Universidad de la República en los últimos años en el norte, lo que me parece que tenemos que hacer. Son señales que acercan lo que esas instituciones promueven a quienes vivimos en el interior, fundamentalmente en el norte, más alejado de la capital. Paralelamente, a la zona en la que se radican la dotan de un aporte a su microeconomía, a su desarrollo y a su promoción.

                Por lo tanto, en el marco del reconocimiento y del respaldo a la norma que se traslada, quiero circunscribirla filosófica y políticamente en lo mismo que inspiró el proyecto de la UTEC y las medidas que ha tomado la Universidad de la República.

                Si todos están de acuerdo, ponemos en consideración el proyecto de ley que está en la Carpeta n.º 1066/2018, del que todos los señores senadores tienen conocimiento.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CARRERA.- Propongo como miembro informante al señor senador Camy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 7. Afirmativa.

                La próxima sesión será el martes, a las 14:00.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 16:16)