COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

(Sesión celebrada el día 15 de agosto de 2019).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las13:06).

                –Le damos la bienvenida a los representantes de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros, que nos visitan a fin de informar la visión del sector con relación a la pesca ilegal.

SEÑOR BRAIDA.- Buenas tardes. Agradezco el honor de que nos hayan recibido con tanta celeridad.

                En primer lugar, quiero decir que hemos enviado un material por email con todas las referencias del caso.

                Tenemos el honor de presentarnos ante esta comisión, con el fin de plantear nuestra preocupación por las repetidas acusaciones que se vienen reiterando por parte de diversas ONG, en contra de los buques pesqueros extranjeros que operan en Montevideo y, en particular, sobre nuestro país.

A través de la prensa y de informes propios, la ONG de origen argentino, Océanosanos, acusa a Montevideo de ser el segundo puerto del mundo en descarga de pesca ilegal, y a Uruguay de fomentar la descarga de pesca pirata. Tal vez no sean estas las acusaciones más graves que pesan sobre este sector –porque también nos denuncian por violación a los derechos humanos–, sin embargo, son estas las que directamente se tratan en esta comisión y en las que nos queríamos focalizar.

En la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, la mencionada ONG, junto con la Organización para la Conservación de Cetáceos, en fecha 9 de octubre de 2018 –según surge de la versión taquigráfica de esa reunión–, desinforma a las señoras y señores diputados mezclando conceptos y sectores que nada tienen que ver e introduciendo el concepto de «el puerto de Montevideo es el segundo destino más visitado del mundo por buques de carga refrigerada, asociados a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada». Esto, que ya se ha vuelto una especie de muletilla, surge de un informe de otra ONG, Oceana, presentada en Indonesia, en febrero de 2017.

Entendemos que el informe de la ONG Oceana, está realizado con absoluta seriedad y en base a un estudio de la situación global del sector pesquero. Lo que resulta carente de seriedad, y podemos entender como tendenciosa, es la forma en que Océanosanos interpreta, traduce y divulga ese informe.

Como primera medida, debemos tener en cuenta que el reporte de Oceana fue presentado en el año 2017, y en lo que al puerto de Montevideo refiere, solamente menciona el año 2015 –en el día de ayer salió un informe en el que Océanosanos reitera que Montevideo sigue siendo el segundo puerto en descarga de pesca ilegal–, utilizando como fuente únicamente algo que refiere al 2015.

Por otra parte, debemos saber de qué habla el reporte. Según detalla el informe, Oceana «expone la escala global del trasbordo en el mar, una práctica que puede enmascarar las prácticas de pesca ilegal y ocultar abusos contra los derechos humanos». Explica que es «para identificar posibles puntos críticos de trasbordo, así como los principales países cuyos buques estuvieran involucrados en una posible cita en el mar y los puertos que visitaron con mayor frecuencia». Eso es lo que estudia el informe de Oceana.

Nótese que, con buen criterio, el informe habla siempre en formato condicional. «Puede», «posible», «posibles», son las palabras que utiliza, pero en ningún momento afirma la existencia de pesca ilegal u otras actividades ilícitas, sino que las supone. Del mismo modo, vale señalar que identifica los «puertos que visitaron con mayor frecuencia» –refiriéndose únicamente a los buques reefers–, Con «visitaron» no hacen referencia explícita a descargas o a ilegalidades. Simplemente hace referencia a los puertos que fueron visitados por ese tipo de buques, que son mercantes, cargueros. De hecho, el propio informe define el trasbordo como la transferencia de carga, combustible, provisiones, tripulación, artes de pesca desde un barco a otro, y que puede tener lugar en puerto o en el mar. Si bien el trasbordo es una práctica global y común, también puede ocultar actividades pesqueras sospechosas. A menudo, estos eventos ocurren entre un barco pesquero y un barco de carga refrigerado –también denominado reefer–, que implica la transferencia de la captura de peces. Aunque estos eventos son a menudo legales, las restricciones al trasbordo varían de acuerdo a la zona económica exclusiva del Estado, el pabellón y la región. Esto es textual del informe de Oceana.

De aquí mismo también se desprende que, en el año 2015, el puerto de Montevideo fue el segundo puerto más visitado en el mundo por buques reefer que podrían haber estado involucrados en trasbordos con buques pesqueros. Esto también es textual del informe, pero tampoco se habla de pesca ilegal.

Hasta aquí podemos resumir que la actividad de trasbordo es una práctica global, común y legal, que podría verse afectada por actividad de pesca ilegal, entre otros ilícitos; «podría». En el año 2015, Montevideo fue el segundo puerto más visitado en el mundo por buques reefer, que podrían haber recibido trasbordo por parte de buques pesqueros. Convengamos que los buques reefer pueden transportar otro tipo de carga como, por ejemplo, carnes, cítricos, etcétera. Todas las cargas refrigeradas pueden ser transportadas en estos buques.

                Sin ánimo de ser reiterativos creemos que es necesario dejar bien en claro que el informe realizado por la ONG Oceana no acusa a Montevideo de recibir pesca ilegal, no afirma que la actividad de trasbordo implique pesca ilegal, sino que dice, en forma condicional, que podría ocultar actividades ilícitas –nos permitimos decir entre paréntesis que eso sucede con cualquier otra actividad humana– y que solo se refiere a 2015 cuando pone a Montevideo como el segundo en el ranking de los puertos más visitados por estos buques. De alguna forma la ONG Oceanosanos deduce y denuncia, a partir de este mismo informe, que el puerto de Montevideo está catalogado como el segundo a nivel mundial en recibir pesca de trasbordos sospechada de ser INDNR, léase pesca ilegal no declarada y no documentada.

                Lo que publican en el informe –que adjuntamos en el material que les enviamos– lo tergiversan aún más cuando en la prensa directamente hablan de Montevideo como el segundo puerto del mundo en recibir pesqueros ilegales y lo perpetúan hasta el día de hoy en todos los medios.

                Se nos hace muy difícil no ver una intencionalidad en esta mala interpretación de un informe serio, más aún cuando brindan datos falsos en esta misma Casa, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes. En la versión taquigráfica del 9 de octubre de 2018 de esa comisión, el representante de la ONG Oceanosanos expresa: «… el nuestro (refiriéndose al puerto de Montevideo) es el segundo puerto en el mundo en donde Global Fishing Watch identifica por lo menos cinco mil incidentes de transbordo», cuando el verdadero informe de Global Fishing Watch identifica en 5.065 –para ser precisos– los incidentes que se dan entre los años 2012 y 2016 a nivel global y no en Montevideo; habla del mundo entero. Se trataría de una cifra un poco alarmante si la centralizamos en un año y en Montevideo. No podemos pensar que se trató de un error, no ante una comisión de la Cámara de Representantes, no cuando se está denunciando una situación de esa magnitud y mucho menos cuando esa acusación se repite de forma goebbeliana en todos los medios de prensa y se hace cómplice a nuestro país de favorecer la pesca ilegal. De hecho, han reiterado que ellos no están en contra de la pesca, sino de que Montevideo facilite las condiciones para la pesca ilegal.

                Ahora veremos cuál es la realidad de nuestro país y de los buques de bandera extranjera que operan en el puerto de Montevideo.

                Uruguay ratificó en  la Ley n.º 19017, de 2012, que fuera reglamentada por Decreto n.º 323 de 2017, el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que fuera aprobado por la FAO en la Resolución 12/2009 y registrado ante la Secretaría de las Naciones Unidas con el número I-54133. Siendo, al 29 de junio de 2019, junto a Chile y Perú, los únicos países de América del Sur que lo han ratificado. Ni Argentina ni Brasil lo han hecho.

                Cierto es –y lo decimos con orgullo y convicción– que Montevideo es y ha sido desde épocas coloniales puerto de referencia para buques pesqueros de diversas nacionalidades que operan en el atlántico sudoccidental. Lo ha sido por diversos motivos y hoy lo es –entre otras razones– gracias a que contamos con una ley de puerto libre que facilita el tráfico de mercancías, a que Montevideo es un hub logístico donde operan las principales líneas navieras del mundo a costos razonables, a que todavía seguimos siendo competitivos y también, por supuesto, a que tenemos instituciones respetables y estables.

Solo por mencionarlo, es falso que nuestros vecinos no permitan el ingreso de pesqueros extranjeros a sus puertos; simplemente no son atractivos por temas tributarios, prácticos, e incluso por reclamo de soberanía sobre licencias de pesca, que luego podemos profundizar.

                Ahora bien, detallemos muy brevemente cómo opera un buque pesquero extranjero en nuestro puerto. Primero que nada, aclaremos que estos buques realizan sus capturas en la zona denominada altamar o aguas internacionales, por lo general del atlántico sudoccidental en la zona denominada FA0 41. Esta zona no está regulada por ninguna OROP –Organizaciones Regionales de Pesca–, como hay en otras zonas del mundo. Por lo tanto, salvo especies protegidas por acuerdos específicos, la reglamentación pesquera aplicable a esa zona es propia del país de bandera del buque que está operando. Del mismo modo, la pesca que trae a bordo tiene como nacionalidad u origen la bandera del buque. Si hay un barco español que capturó pesca en aguas internacionales, el pescado es de origen español.

                Previo a la llegada del buque, se transmiten diversos documentos a la Dinara a través de VUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior; esto sucede desde que entró en vigencia el Decreto 323/017. De forma tal que la mencionada dirección nacional inspecciona documentalmente el 100 % de los pesqueros que piden ingresar al puerto y eso ocurre días antes de la llegada propiamente dicha.

                Hasta tanto la Dinara no da el visto bueno para que el barco ingrese a puerto, la Administración Nacional de Puertos no le designa un muelle donde operar ni autoriza la entrada de este a él. Una vez autorizada la entrada a puerto por parte de la Dinara y con un sitio de atraque designado por la Administración Nacional de Puertos tan pronto arribe el buque al puerto, es sometido a inspecciones documentales y/o presenciales de diversos organismos como el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional de Migraciones, Interpol, Prefectura Nacional Naval –la cual inspecciona presencialmente al 100 % de los buques–, Dirección Nacional de Aduanas y Dinara.

                En lo que a materia del buque y la pesca refiere, la Prefectura Nacional Naval verifica toda la documentación del buque, incluidas sus licencias de pesca, no permitiendo despachar al buque si alguno de esos certificados está caducado. Es decir, hasta que no se renueva con las autoridades competentes, ese buque no puede salir del puerto. A su vez, cuando la Dinara hace inspecciones presenciales, focaliza su inspección en cotejar la información que se transmitió vía electrónica con la realidad de lo que se está descargando en cuanto a especies y sus cantidades.

                El producto de la pesca –y en base a instrucciones del armador o del capitán– es transbordado a contenedores para ser reembarcado en buques mercantes hacia el resto del mundo o trasladado a depósitos de nuestro puerto a la espera, como cualquier otra mercadería que se encuentra en nuestro puerto libre.

                Una operativa similar es la de los buques reefer, la única diferencia es el tiempo porque la Dinara tiene que inspeccionar la documentación de todos los barcos que introdujeron mercadería en ese mercado. Dependiendo de la época del año o del estado de la zafra –esto no es algo menor–, el buque vuelve a salir tan pronto como descarga o puede solicitar una estadía prolongada durante la cual aprovecha a realizar tareas de mantenimiento, reparaciones, entre otras. Repito, este es un dato no menor dado que gran parte de estos trabajos son realizados por parte de talleres y empresas nacionales; esto es trabajo y mano de obra uruguaya que abarca todo el espectro de especializaciones. Estamos hablando de la mano de obra más básica a la más especializada.

                Para nada despreciable es el abanico de servicios contratados en nuestro país para asistir al buque y a su tripulación como provisiones, combustibles, equipamientos generales, transportes, pasajes internacionales, restaurantes, camas de hotel, servicios de salud, comunicaciones, entre una larga lista de otros servicios.

                Por lo antedicho, repudiamos y rechazamos tajantemente las acusaciones de las ONG foráneas que en complicidad con actores nacionales y seguramente con intereses creados están haciendo sobre nuestro sector y sobre nuestro país.

                La Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros brinda su total respaldo a las autoridades nacionales y a las instituciones por ellas representadas, aun discrepando en ocasiones con ellas.

                Entendemos que, lejos de obstaculizar el ingreso de buques pesqueros a puertos, se debe fomentar, de forma tal que más buques puedan ser controlados en el amparo de un acuerdo internacional del cual Uruguay es el único país del Atlántico Sudoccidental y uno de los tan solo tres de Sudamérica que lo ha ratificado. 

                Finalizando nuestra presentación no podemos obviar la pregunta sobre si existe pesca ilegal en el Atlántico Sudoccidental. Seguramente, sí. Nuestro país es víctima de la incursión ilegal de buques brasileros que capturan en aguas de la zona económica exclusiva. Como estos,  hay cientos de buques operando en aguas internacionales y que no recalan en Montevideo. Sobre esos buques, no tenemos información ni detalles. Los buques que ingresan a nuestro puerto son sometidos a controles que minimizan el riesgo de incursión en pesca INDNR con lo que podemos afirmar que nuestro país muy lejos

–reitero, muy lejos– de fomentar la pesca ilegal, la desalienta a través de medidas acordadas internacionalmente e implementadas por ley.  

                Nuevamente, deseo agradecer que nos hayan recibido y la atención brindada por parte de las señoras y señores senadores. Quedamos a su entera disposición en caso de que así lo requieran y con gusto responderemos las preguntas que deseen hacer.

SEÑOR YARZA.- Antes que nada, agradezco habernos recibido en el día de hoy.

                Como asesor legal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay expreso que hoy estamos aquí sentados porque compartimos lo manifestado por nuestra gremial CAPE, la  Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros.

Estamos muy preocupados de que organizaciones no gubernamentales de otro país puedan hacer este tipo de conjeturas, denuncias o dar información que no es verdadera o que no ha sido del todo cotejada. Creemos que esta intencionalidad no puede quedar impune, sino que debe ser contrastada. Al cierre de la sesión dejaremos una copia a cada uno de los señores senadores de lo que hasta el momento ha dicho CAPE. Creo que también se adjuntaron mails enviados anteriormente a la comisión en los que figuran los informes pertinentes que, evidentemente, manifiestan algo totalmente distinto a lo que acusa esa ONG argentina.

Nuestra preocupación, como Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, radica en que acá se asienta la imagen del país y esta no puede ser buena si una ONG argentina nos está diciendo que el país, por poco, vive de la pesca ilegal e ilícita. Este tipo de acusaciones no solo afectará a los comercios sino a nuestros sectores de actividad que también viven y dependen del sector pesquero.

Simplemente, quería expresar nuestra preocupación que debe importar tanto a los legisladores aquí presentes como al sector privado. Por ello estamos sentados aquí.

Por supuesto, nos ponemos a su disposición para responder cualquier duda o pregunta que deseen realizar.

Muchas gracias.

SEÑOR GARÍN.- Desde ya agradecemos a la delegación que hoy nos visita,  el material que nos van a dejar.

Su planteo es de mucha preocupación y es muy bueno que lo hayan expresado aquí ya que se trata de un ámbito de dominio público. En este primer acto, seguramente se está generando un primer contrapeso a lo que puede ser información animosa en sentido contrario a los intereses del país.

                Luego, señor presidente, voy a dejar planteada la posibilidad de que en el ámbito de la comisión podamos pensar en algún mecanismo para tomar medidas sobre la base de esta comparecencia y darle un rango más institucional de respuesta, sin perjuicio de lo que aquí ya se ha dicho.

                No tengo preguntas para hacer, simplemente quiero agradecer a los invitados que hayan traído la información documentada, que facilitará posteriores acciones, y dejar anunciado que cuando sea el momento podremos abordar una discusión en la interna de la comisión de cómo abordar la información que nos han dejado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero decir que para mí este tema es absolutamente nuevo, porque no he tenido acceso a esos antecedentes de la ONG que los invitados mencionan reiteradamente, y con mucho énfasis. Consulté a la secretaría respecto a este tema, si hay material, documentos, presencias, convocatorias o invitaciones, pero me han dicho que no ha habido nada y que ustedes son los primeros en asistir para plantear este tema. Es evidente que lo que ustedes dicen es de mucha importancia y tenemos que darle la debida actuación, aunque deben saber que estamos casi finalizando este período legislativo y que, prácticamente, nos quedan los 15 días del mes que viene –el 15 de setiembre finaliza el período ordinario–, sin perjuicio de que el Parlamento puede seguir funcionando hasta el 15 de febrero, cuando ya asuman los nuevos parlamentarios electos.

                Reitero que nos interesa mucho el tema, sin duda, lo han planteado con mucho énfasis porque es muy importante. Esta situación, en alguna medida, repercute no solo en el problema de la pesca ilegal y de las acusaciones que se hacen, sino en el funcionamiento del puerto, en un momento y situación que estamos bajo sospecha. Entonces, no es conveniente para nosotros –que somos defensores del interés nacional y que acá están representados los cuatro partidos políticos que integran el Senado– agregar un componente más a esta sospecha.  Quedamos a las órdenes para recibirlos nuevamente, si lo consideran conveniente.

                Agradezco el planteo que han hecho sobre este tema porque, sin duda, es un tema importante y que tenemos la obligación de atender con toda la responsabilidad del caso.

SEÑOR BRAIDA.- Quiero agradecer a ambos senadores por sus dichos.

                Quiero aclarar que el material lo enviamos unos minutos antes de venir a la comisión, porque era mucho y queríamos darles los informes. También quiero aclarar que el material que enviamos es información en la que se basa Océanosanos para hacer las denuncias. No es que nosotros buscamos otros informes, sino que las referencias que ellos usan, nosotros las levantamos, las leemos, no hacemos interpretación, simplemente, traducción, porque algunas están en inglés.

Sí hay una pequeña aclaración que quiero hacer y es que ellos estuvieron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes y eso fue un error mío que me di cuenta luego de haber pedido la audiencia aquí. De todas formas, nos parecía oportuno mantener esta entrevista.

También hay denuncias de mayor gravedad que hacen explícitamente cómplice a Uruguay en violaciones a los derechos humanos cuando nuestro país es un ejemplo a nivel mundial en el tratamiento de esos temas. No planteé este tema aquí, porque quería focalizarme en la pesca ilegal, que es lo que más vínculo tiene con esta comisión, pero ya solicitamos audiencia con la Comisión de Derechos Humanos de Diputados para plantear esa otra parte. Nos han denunciado –no me gusta usar la terminología que ellos utilizan– de descargar un muerto por mes de barcos chinos, por maltratos, etcétera. Por ejemplo, acabamos de pedir un informe a la Suprema Corte de Justicia sobre los efectos de consumir únicamente agua de mar, porque nos denuncian que estos barcos tienen a sus tripulantes durante seis o siete meses tomando nada más que agua de mar, lo que es fisiológicamente imposible. De todas maneras, no queremos decirlo nosotros y, por eso, pedimos el informe al Instituto Técnico Forense, a través de la Suprema Corte de Justicia.

                Nos encontramos trabajando y estamos a disposición de los señores senadores para colaborar en lo que crean conveniente. Como decía, el material fue enviado antes de venir para no traer una carpeta enorme a cada uno de ustedes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera hacer una pregunta más. Si es una Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros, quiere decir que es de cierta entidad. Por tanto, me gustaría saber qué cantidad de empresas representan, qué frecuencia tienen los barcos, cuántas toneladas de material se descarga y cualquier otra información que puedan tener para hacernos una composición de lugar un poco más cercana a la realidad.

SEÑOR BRAIDA.- Nuestra cámara es muy joven: tiene tres años. Prácticamente desde su fundación –cinco meses después– tiene personería jurídica, es decir que se firmaron los estatutos y se inscribió en el Ministerio de Educación y Cultura.

                Agrupamos al 90 % o 95 % de las empresas que representan a buques pesqueros extranjeros que operan en el puerto de Montevideo y un porcentaje similar de las empresas operadoras portuarias. O sea que nosotros somos agencias marítimas, es decir los representantes del armador en los puertos en los que opera el buque. A la vez, el operador portuario es el que manipula la carga. Se trata de los servicios al buque y del que manipula la carga.

                También nacimos socios de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios; nuestros estatutos fueron firmados en sus instalaciones.

                Esa es más o menos la institucionalidad de nuestra cámara.

                En cuanto a buques, representamos a aproximadamente 200 buques pesqueros que operan regularmente en el puerto de Montevideo, es decir que entran y salen del puerto a lo largo del año. Un detalle a tener en cuenta es que estos buques contratan a los puertos nacionales –principalmente al de Montevideo– como puerto base; es decir que ellos no solo hacen su descarga de mercadería, sino que también hacen sus reparaciones, sus mantenimientos y sus esperas. Por ejemplo, los buques asiáticos dedicados a la pesca de calamar tienen una zafra de seis meses y el resto del año quedan descansando. Ese descanso –por definirlo de alguna manera– se hace en el puerto de Montevideo. En una etapa está simplemente en stand by y luego, en la etapa previa a zarpar, se hace todo el aliste.

                La flota europea, principalmente española, tiene un descanso de dos meses al año, en los que le hacen un overhaul a los buques. Para hacer una analogía, la entrada al puerto cuando no se opera se puede comparar a la entrada a boxes de la fórmula 1, pero despacito. Lo que en la fórmula 1 sucede en unos segundos cuando rodean al auto, en los barcos dura uno o dos meses, en cuyo tiempo se hacen trabajos de pintura, mecánica, electrónica, electricidad, carpintería naval y un sinfín de cosas, casi todo con mano de obra uruguaya.         

                Esos son los 200 barcos que operan regularmente. Hay algún otro barco eventual, que no lo contamos porque se trata de buques que no tienen a Montevideo como puerto base.

                Hay que destacar eso de puerto base, porque hay un historial del barco. No se trata de un barco pesquero que un día cayó en el puerto y no sabemos de dónde viene. Este barco sale de Montevideo, vuelve, va de acá a altamar, de altamar a Montevideo. Además, siempre opera con nuestros servicios.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Cuánta gente es posible que esté trabajando en torno a esta industria de la pesca extranjera?

SEÑOR BRAIDA.- Estadísticamente, por cada persona trabajando a bordo de un buque pesquero, se calculan  unas 3,5 personas trabajando en tierra. Si calculamos 200 barcos a un promedio de 35 a 40 tripulantes, podemos decir que entre mano de obra directa e indirecta se supera las 20.000 fuentes de trabajo nacionales.

                Olvidé mencionar algo que no es menor: las entradas a dique se hacen en Uruguay. Los diques nacionales, tanto el de la armada como el dique Tsakos operan con nuestros buques,  que reservan un año antes el lugar a través del pago de una seña. O sea: a ese nivel está programado el trabajo en el Puerto de Montevideo. No son eventualidades o paracaidismos, sino emprendimientos representados por empresas uruguayas.

                Estas ONG nos acusan de ser multinacionales, pero en el caso del sector pesquero, casi todas las empresas representantes somos de tipo familiar. Nuestra empresa tal vez sea de las más chicas, ya que solo mi padre y yo trabajamos allí. Casi todas llevan el nombre del apellido del familiar o del fundador de la empresa. Es cierto que algunas tienen algún representante asiático o europeo –con temas idiomáticos y  culturales–, pero son todas empresas uruguayas.

                En el caso de la pesca se da una particularidad: todas somos de la época del viejo código aduanero, en que ser agencia marítima implicaba  tener una empresa con determinada antigüedad, un permiso firmado por el ministro de economía, unos trámites que superaban ampliamente los seis a un año de gestión, garantías en bonos del tesoro ante la Aduana y garantías en efectivo ante la Administración Nacional de Puertos. Ahora, con el nuevo código aduanero, cualquier empresa, sin antigüedad puede registrarse. Las garantías pasaron a ser pólizas de seguro; quiere decir que si no se paga la póliza la garantía no queda. 

                En definitiva, no solo está la particularidad de que son todas empresas familiares, sino que con una antigüedad importante. Repito, además de representar a una de las más pequeñas y de las más nuevas, tenemos ya diez años en el mercado, o sea que también venimos del viejo código aduanero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a los invitados por la información recibida.

                Como presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado sugiero que soliciten una entrevista a la comisión de ganadería de la Cámara de Representantes para plantear este y otros temas, y que toda información, respecto al seguimiento de esta situación, nos la remitan a los senadores o a la propia secretaría de la comisión.

                Si bien los señores representantes tienen un permanente seguimiento de las comisiones afines, en este caso tendremos un especial interés de que los miembros de la comisión de ganadería de la Cámara de Representantes reciban esta información, dado que, como mencionaron los invitados, las organizaciones habían estado precisamente en esa comisión.

SEÑOR BRAIDA.- Agradecemos nuevamente al señor presidente y a los señores senadores por su tiempo.

                (Se retiran de sala los representantes de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros).

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería pasar a considerar el segundo punto del orden del día.

SEÑOR GARÍN.- Si me permite, señor presidente, antes de pasar al segundo punto, como complemento al planteo que acabamos de recibir, quiero decir que compartimos con el resto de los integrantes de la comisión la siguiente preocupación.

                Hemos recibido una denuncia importante que involucra una actividad económica, perjuicios a personas y perjuicios a la imagen país, por tanto, considero que como comisión deberíamos adoptar una decisión. En concreto, hemos pensado en dos posibilidades. Una, sería elevar a la consideración de Dirección Jurídica del Parlamento la situación que se nos acaba de relatar más la documentación que dejen en la comisión, sobre todo, ante la eventualidad de que debamos presentar una denuncia ante la fiscalía en el caso de que existan personas físicas o jurídicas uruguayas, especialmente si estas están detrás de las denuncias de difamación o falsas promociones o promociones distorsionadas de informes a nivel nacional. Esto sería, entonces, para el caso concreto de que existan personas físicas y jurídicas nacionales involucradas, porque en ese caso podría operar la fiscalía.

                En su defecto, si se constatara que son esencialmente opiniones de personas físicas o jurídicas extranjeras, se podría dejar habilitada la posibilidad de trasladar esta preocupación sobre las situaciones que se están dando, mediante nuestra cancillería, por ejemplo, al ámbito del Mercosur.

                Veremos cuál es el mecanismo más adecuado, pero la idea es que, una vez que recibimos esta información, no nos quedemos sin adoptar alguna acción complementaria, sino, al contrario, que analicemos cuál sería la mejor posible. Acá de lo que se trata es de resguardar la imagen país y, especialmente, el trabajo de mucha gente que no puede quedar bajo sombras de sospechas en virtud de la difusión de una información distorsionada. Es más, ante una situación de aparente denuncia, somos funcionarios públicos, por tanto, corresponde que hagamos las acciones complementarias para detener esta situación.

(Apoyados).

                –Es cuanto quería plantear, pues me parece que vale la pena y que, en todo caso, tomemos una decisión como comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Propongo que se deje en el orden del día el análisis del planteo hecho por la delegación que nos visitó, que leamos esos materiales, que leamos también las denuncias que se hicieron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes. Aparentemente, el material es abundante incluido el que nos dejaron ahora. Con base en la preocupación planteada por el señor senador Garín en la próxima sesión se podría ver qué iniciativas se podrían tomar.

SEÑOR GARÍN.- Sin perjuicio de que comparto el planteo del señor presidente, considero que, tal como se procedió en un caso tratado en la Comisión de Medio Ambiente, remitir este tema a Dirección Jurídica a efectos de ir adelantando pasos y que esa oficina nos pueda dar un informe sustanciado de posibles acciones que podamos adoptar.

SEÑOR DE LEÓN.- Al igual que el señor senador Garín, considero que deberíamos ir adelantando pasos y enviar la versión taquigráfica de esta sesión a Dirección Jurídica del Parlamento y, en forma complementaria, a la cancillería. 

                Esa es mi propuesta concreta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estoy de acuerdo, pero hay un volumen de información que todavía nadie ha podido leer. Incluso, está la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes, de la que yo al menos no tenía conocimiento. Pienso que quizás podríamos tomarnos una semana para juntar el volumen de información y trasmitirlo en un dossier más completo de lo que puede ser un principio de denuncia.

SEÑOR DE LEÓN.- Entiendo eso, pero creo que ya lo que se planteó en esta sesión amerita que enviemos esto a Dirección Jurídica, dado el antecedente reciente de la Comisión de Medio Ambiente. En ese caso, inmediatamente de recibir una delegación, enviamos una nota por parte de la comisión a jurídica para ver cuáles serían los pasos a seguir. Me parece que aquí podríamos agregar a la versión taquigráfica la información enviada por esta delegación vía correo electrónico.

SEÑOR DRAPER.- Me parece que una cosa no obsta a la otra y que las dos se podrían hacer en forma paralela, dada la importancia de lo que han expuesto estas personas que han venido.

SEÑORA XAVIER.- Estoy de acuerdo en dar curso ya a la versión taquigráfica del día de hoy, al material que vino por correo electrónico y a la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes que se adjunta. Ya con eso Dirección Jurídica tendría elementos para comenzar a analizar la situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Adoptamos entonces la resolución de remitir a Dirección Jurídica del Poder Legislativo los antecedentes de la versión taquigráfica de hoy, la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes, el documento que nos han repartido ahora y el material recibido por vía electrónica, ateniéndonos  así a lo que ellos nos sugieran. En todo caso, volveríamos a citar, pero puede  no ser necesario.

SEÑORA EGUILUZ.- Estoy de acuerdo con la metodología.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Creo que este tema es muy complejo y que a medida en que se tire de la piola empezarán a aparecer una cantidad enorme de otras cosas, algunas de las cuales tendrán que ver con la pesca y otras no. 

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑOR PRESIDENTE.- Como se propuso remitir los antecedentes al servicio jurídico del Parlamento y también se mencionó a la cancillería, solicito que se señale expresamente si los remitimos a la cancillería. Es decir, ¿estamos de acuerdo en remitir los antecedentes al área jurídica y también a la cancillería?  

(Apoyados).

SEÑORA EGUILUZ.- ¿Vamos a remitir los antecedentes sin esperar el informe del área jurídica?

SEÑOR PRESIDENTE.- Remitiríamos los antecedentes en forma simultánea.

                Ahora pasamos a considerar el segundo punto del orden del día: «Carpeta n.º 1374/2019. Fondo de Fomento de la Granja. Se modifica el apartado i) del literal B) del artículo 8.º de la Ley n.º 17844, de 21 de octubre de 2004. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 2534/2019)».

SEÑOR GARÍN.- Creo que este es un proyecto de ley bastante simple de abordar en general. Concretamente, refiere a una pequeña adecuación de algunas disposiciones del Fondo de Fomento de la Granja, a efectos de dar una mayor cobertura a un beneficio que se previó desde el primer día y que permitió ayudar a resolver temas de endeudamiento de los productores granjeros contraídos antes del 30 de junio de 2002. Recordemos que el Fondo de Fomento de la Granja se creó en respuesta a la crisis del 2002 en el sector. La ley, entre otras cosas, además de reestablecer estrategias de reactivación productiva del sector, permitió destinar recursos hacia los productores granjeros que tenían deudas con anterioridad al 30 de junio de 2002.

                En realidad, el fondo funcionó muy bien y generó soluciones muy importantes tanto a productores como a trabajadores que fueron beneficiados de diferentes maneras. Transcurridos varios años –pasaron quince años desde la creación del fondo– nos dimos cuenta que algunos productores granjeros que podrían haber sido beneficiarios, llegaron a la edad de jubilación y se encontraron con que tenían algunos adeudos; habiendo tenido la posibilidad de utilizar los beneficios de la ley en su momento no fueron conscientes de esos adeudos. El Fondo de Fomento de la Granja, tal como está redactado actualmente, establece la exigencia de que sean productores granjeros activos. Algunos hoy ya están retirados y la ley no les permite acceder al beneficio, por lo que uno de los primeros conceptos que agrega esta nueva redacción es que abarque a productores en actividad y, eventualmente, también a aquellos que ya no lo estén, sin perjuicio de que quienes no estuvieran en actividad tendrían que haber estado haciendo actividades productivas de las que establece esa ley de fomento de la granja. En esto no hay innovación; la novedad importante es la referida a que esto podrían hacerlo productores que ya dejaron de serlo, que ya no están activos; esta modificación los alcanzaría.

                El segundo aspecto importante es que los recursos que habilitaría la aplicación de esta nueva redacción se destinaría, además, para cubrir todos los adeudos patronales; insisto: todos los adeudos patronales. Como esos adeudos patronales son, precisamente, adeudos, cambiaría la constitución de los elementos de los aportes de los patronos al Banco de Previsión Social cuando están vencidos, por lo que la redacción que se está proponiendo es para que ahora el Fondo de Fomento de la Granja cubra el conjunto, la globalidad de los elementos que forman los aportes patronales para quienes están con deuda. De esta manera, estaríamos consiguiendo que la nueva redacción supere ese concepto que dije inicialmente para que quienes no se dieron cuenta a tiempo y ahora ya están retirados de la actividad, puedan usar el Fondo de Fomento de la Granja para resolver sus endeudamientos

Además, el segundo concepto es que todos los componentes que forman el aporte patronal de quien tiene deuda puedan ser cubiertos por el Fondo de Fomento de la Granja porque, hasta el momento, eso no estaba previsto.

                Esas son las dos grandes novedades que incorpora este proyecto de ley. En virtud de eso, nos parece que se trata de una buena solución, que estaría dando certeza, definitivamente, en cuanto a dar un nuevo paso para despejar todo lo que son los adeudamientos de los productores granjeros con el Banco de Previsión Social, incluso para aquellos que no lo percibieron en su momento pero ahora son conscientes del tema.

                Además, se posibilitaría el tener recursos para poder cubrir esos adeudos que ahora están identificados. De esa manera, estaríamos dando la posibilidad a esas personas para que, incluso, terminen de hacer sus aportes a la seguridad social y puedan pasar a tener un régimen de beneficio pleno de sus pasividades como retirados de la actividad de productores granjeros. Esto es lo más sustantivo.

Yendo a la redacción concreta del articulado –ya voy a dejar esto planteado, señor presidente–, vamos a poner a consideración la posibilidad de volver al texto original que remitió el Poder Ejecutivo cuando la iniciativa ingresó al Parlamento. En síntesis, estamos hablando de que removeríamos el inciso tercero tal como está redactado. Aclaro que el inciso tres es el que dice: «A los efectos de la presente norma, se entenderán como aportes patronales, los aportes globales por hectárea con exclusión de los aportes del personal dependiente». Estamos proponiendo retirar esto del texto y recuperar ese concepto de aportes globales en el inciso anterior, que empezaría diciendo: «En este caso se contemplarán solamente las deudas de aportes patronales y globales a la seguridad social». Estaríamos agregando «y globales», aunque creo que quedaría mejor: «En este caso se contemplarán solamente las deudas de aportes patronales globales a la seguridad social». Después tendremos que ver cuál es la mejor redacción pero esta es la forma de asegurarnos que todos los componentes que forman parte del aporte patronal estén resguardados en la ley para que sean cubiertos.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- En la sesión anterior planteé que si bien esto ampara directamente al productor, al titular, también tenemos que tener en cuenta –se verá cómo hay que hacerlo desde el punto de vista jurídico– a quienes trabajaban con ese productor y quizás tampoco se han podido jubilar o lo han hecho de forma incorrecta, porque el productor no hizo los aportes patronales correspondientes.

SEÑOR GARÍN.- El otro día conversábamos sobre esto con el senador López Villalba y por eso pedimos asesoramiento desde el punto de vista jurídico. Recordemos que esto está hablando de aportes al BPS y se está destinando recursos del Fondo de la Granja para cubrir adeudos de aportes. El problema de un dependiente cuyo empleador no hizo los aportes del BPS, está configurando un delito. Entonces, el espíritu del fondo siempre fue ayudar a superar las deudas del productor que algunas veces podría haber sido empleador. Lo que sucede es que nunca se previó cubrir deudas de dependientes al BPS con este instrumento porque ha habido otros para eso.

SEÑOR DRAPER.- Me pregunto qué pasa con los dependientes. No me queda claro lo relativo a los aportes patronales globales y en relación a los dependientes coincido con la apreciación de que estaríamos ante apropiación indebida, para el caso de que no se hubieran hecho los aportes. Ahí ya es otro tema.

SEÑORA EGUILUZ.- Sobre el mismo punto, no sé si global es una definición en cuanto a las paramétricas que tiene el BPS cuando hace la distribución. La redacción actual del artículo 3.º dice: «En estos casos se contemplarán solamente las deudas de aportes patronales a la seguridad social de productores familiares…» y quizás cuando se habla de ampliar el espectro, se está haciendo referencia a, por ejemplo, las contribuciones especiales,  que pueden ser patronales, aunque serían casos bastante excepcionales. No me queda claro a qué espectro de la contribución de seguridad social se refiere, para poner una definición que sea adecuada y que no genere este tipo de dudas que surgen en este momento.

SEÑOR GARÍN.- Hace un rato bajé de la página del BPS los criterios para el pago de los aportes. Aquí figuran varias categorías, pero me voy a referir a la subcategoría que corresponde a cuando existen adeudos pendientes de pago. Allí se dice que los contribuyentes podrán realizar los aportes de tres maneras y luego se explicitan las tres situaciones. La primera, es el pago total de la obligación del mes no vencido –más arriba, está definido qué conforma el pago total–. La segunda, es el pago mínimo de la obligación del mes no vencido. Ninguna de estas categorías se aplicaría, porque son deudas de larga data. Y la tercera, corresponde al pago mínimo de obligaciones vencidas –que es la que sí se aplicaría–, debiendo comenzar por el mes más antiguo y requiriendo la declaración jurada de no pago pertinente.

Entonces, la categoría que se podría aplicar es la del pago mínimo y más arriba está definido qué lo conforma. En una fila aparecen los aportes personales, jubilatorios, Fonasa y Fondo de Reconversión Laboral; en otra, aportes patronales por servicios bonificados y en la última, multas y recargos si se paga fuera de fecha. Estos son los tres ítems que conforman el pago mínimo.

Entonces, cuando hablábamos de pagos patronales globales nos queríamos referir a esta globalidad, pero capaz que hay una forma de expresar lo mismo de manera más precisa y ajustada a la jerga de esta temática específica. Lo que quería dejar planteado con «pagos globales» es que atendamos este tema; luego encontraremos una mejor y más ajustada manera de expresarlo.

SEÑORA EGUILUZ.-  Sin ser experta en los temas del BPS,  por lo que leía el senador, pienso que esto se refiere a las contribuciones especiales que tienen que ver con los servicios bonificados. Puede haber otras especialidades que no conozco, pero seguro se refiere a las contribuciones especiales. Por lo tanto, por un tema de técnica legislativa, si los señores senadores están de acuerdo, propongo que alguien más experto en los temas del BPS nos brinde una definición más adecuada. Me parece que el vocablo correcto no sería «globales», pero deberíamos dejar un espectro amplio para que comprenda lo que el señor senador Garín está manifestando –y con lo que creo estamos todos de acuerdo–, esto es, que abarque a todos los espectros, que hoy serían el aporte patronal y las contribuciones especiales a la seguridad social por el aporte patronal. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los servicios bonificados, que quizás en el sector rural refiera a la nocturnidad de los tamberos o alguna otra situación de esa naturaleza.

SEÑOR DRAPER.- Me parece muy lógico lo que plantea la senadora. No hay dudas de que estamos de acuerdo con el espíritu de la ley, pero creo que para evitar alguna confusión, me parece que necesitamos asesoramiento para aterrizar lo que hace a ese artículo y mañana no depare ningún inconveniente.

                Por tanto, adhiero a que se haga la consulta pertinente para ya definir el tema y darle para adelante.

SEÑOR GARÍN.- Si estamos de acuerdo en lo general, propongo que aprobemos el texto y que lo revisemos de aquí al momento en que vaya al plenario y eventualmente hagamos un sustitutivo.

Entonces, mociono para que lo votemos como vino del Poder Ejecutivo y si hay que hacer alguna adecuación de las deudas de los aportes patronales, propongamos un sustitutivo ya que todos compartimos el espíritu y el objetivo; lo único que tenemos es una razonable duda técnica de cómo expresarlo.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Además, el informe sobre cómo va a ser expedido por el propio Banco de Previsión Social será un respaldo que va a quedar en las actas de la comisión, lo que va a dar  tranquilidad de interpretación.

SEÑOR GARÍN.- El proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo tiene un inciso menos, el que le agregó la Cámara de Representantes. Si bien quizás el presidente entienda correcto buscar otra forma, propongo votar por la negativa el proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes y por la afirmativa el del Poder Ejecutivo y, como hablamos, tomaremos los recaudos complementarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes.

(Se vota).

                –0 en 8. Negativa.

SEÑOR GARIN.- La redacción del artículo único del proyecto de ley dice que se contemplarán solamente las deudas de los aportes patronales a la seguridad social de productores familiares. Quisiéramos consultar si las deudas de aportes patronales –como está expresado– alcanzan plenamente el mecanismo con el que hoy el BPS opera los aportes patronales.

                Para finalizar, si el BPS hiciera sugerencias con respecto a la redacción y el proyecto de ley mereciera adecuaciones, las terminaremos de votar como un aditivo en el momento de tratarlo en la Cámara de Senadores.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Complementando lo que decía el senador Garín, acompañaremos dicho proyecto de ley sujeto a esa modificación, y consultaremos a los diputados de nuestro partido, que votaron el proyecto, dado que somos suplentes y queremos saber qué fue lo que ellos entendieron cuando agregaron ese artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tenemos que ser conscientes –por lo menos, como presidente de la comisión lo siento así– de que lo que nos está apurando es el período de tiempo que tenemos por delante.

Lo lógico sería dejar el proyecto de ley a consideración en la comisión pero, dado que estamos en la última sesión ordinaria del mes de agosto y este tema ya pasaría a la primera sesión del Senado en setiembre, parece conveniente que, junto con la aclaración de los senadores Draper, López Villalba y Eguiluz, se haga la consulta. De esta manera, se ganaría tiempo entre que el proyecto de ley sale de la comisión y se incorpora al orden del día de la primera sesión ordinaria del mes de setiembre.

SEÑOR DRAPER.- Coincido plenamente con lo que plantea el senador López Villalba sobre nuestra calidad de suplentes y estamos al tanto de lo que se resuelva en el plenario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo.

(Se vota).

                –8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se ha propuesto como miembro informante al señor senador Garín.

(Apoyados).

                Se levanta la sesión.

         (Son las 14:20).