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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 11 de julio de 2019).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:07).

–Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente).

«Carpeta n.º 1367/2019. Ley n.º 19.154, de 24 de octubre de 2013. Se deroga el inciso segundo de su artículo único. (Actividad artística. Se establece la compatibilidad entre su desempeño y la percepción de jubilación). Distribuido n.º 2491/2019».

–Antes de ingresar en el asunto previsto en el orden del día, que refiere a la reforma de la Caja Notarial, queremos plantear la posibilidad de convocar al directorio del Banco de Previsión Social para que nos informe sobre unos datos que salieron publicados en los medios de prensa en el día de ayer y también de hoy, referidos a las decisiones que dicho banco habría, o no, tomado respecto a casi diez mil hogares que no están cumpliendo con la obligación de enviar a los menores al sistema educativo. Recordemos que por la ley n.º 18227, el Banco de Previsión Social tiene la obligación de suspender el beneficio de las asignaciones familiares, una vez que se configura alguna de las causales que se establecen en la norma, y una de ellas es, justamente, la confirmación de la no concurrencia del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados.

Considero que este debate tiene dos partes. La primera es más bien conceptual, y si bien sé que hubo planteamientos en el sentido contrario a la condicionalidad de la prestación, interpreto que son planteos que, en este momento, no tienen respaldo legislativo porque la legislación vigente establece la condicionalidad. La segunda, es la cuestión práctica de cómo el BPS cumple con la obligación de suspender el pago de la asignación familiar hasta que no se verifique la presencia de los menores en el sistema educativo que es, obviamente, una condicionalidad en beneficio de ellos mismos.

 Habida cuenta de que un promedio de 9700 hogares están en falta –esto significa que aproximadamente 30.000 menores no están asistiendo al sistema educativo–, nos parece de orden pedir la convocatoria del directorio de BPS para que explique su actuación y para que podamos opinar y discutir en torno al tema.

SEÑORA PASSADA.- La verdad es que no sabía que el señor presidente iba a hacer este planteo en la comisión. Debo decir que quedé preocupada por sus manifestaciones  en las redes y, por lo tanto, hice la consulta pertinente a la ANEP y estoy a la espera de un informe, porque el dato que brinda la prensa no es el correcto, no es esa la cifra exacta. Como lo voy a recibir en la tarde, propongo obtener primero los datos reales de los organismos correspondientes y después convocar a las autoridades del BPS o de la ANEP, ya que esta es la que lleva la información tanto de las asistencias como de las inasistencias de los estudiantes. Aclaro que esto ya pasó en otra oportunidad y después resultó que la cifra no coincidía con la publicada.

SEÑOR PRESIDENTE.- El problema es de plazos. Esta comisión se va a volver a reunir en la primera semana de agosto. Por lo tanto, estoy reiterando el pedido para ver si es posible allanarse al planteo, porque el debate es pertinente igual. Para empezar, la cifra la dio una directora del BPS –no la inventaron los medios de prensa– y fue ratificada hoy por el directorio del organismo; el presidente, Heber Galli, salió hoy nuevamente en un medio de prensa –no recuerdo si fue en El País o en La Diaria– y manejó la misma cifra: 9700 hogares. Son manifestaciones públicas de jerarcas del Banco de Previsión Social que señalan que, efectivamente, se da esta situación en casi 10.000 hogares.

                Esta comisión no se va a volver a reunir hasta el 1.º de agosto, por lo que estoy haciendo este pedido hoy. Además, me parece que hay un problema técnico importante, que tiene que ver con la demora que se produce entre la ANEP y el BPS. Vale recordar que el obligado por la ley no es ANEP sino el BPS, que es el que tiene que decidir la suspensión, es decir, dejar de pagar el beneficio; lo que hace la ANEP es pasar información. Lo que ocurre es que mientras ANEP pasa la información y el BPS la procesa, se pierde el año lectivo. Hace tiempo que veo que eso es un problema, porque el objetivo no es suprimir la prestación a las familias sino lograr que los gurises concurran al sistema educativo. Ahora, si la información llega en julio, el año está perdido. Entonces, más allá de las cifras –si son 9000, 3000 o 10.000–, si es más o es menos –lo que se señalaba en uno de los artículos que leí es que se había reducido el número de un año al otro; bienvenido sea, pero seguimos teniendo un problema–, me parece que es de orden solicitar esta concurrencia porque, además, se trata de una cuestión central a la concepción de las políticas sociales.

                Por lo tanto, voy a insistir en la necesidad de resolver hoy la convocatoria porque, en caso contrario, el 1.º de agosto vamos a tener que volver a discutir el tema para que vengan, ¿cuándo? Detrás de esto no hay ningún interés particular; es más, faltan dos o tres semanas, pero me parece que los argumentos son más que suficientes como para pedir la presencia de estas autoridades en una comisión.

SEÑOR DRAPER.- Estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado y, además, más allá del tema puntual –que no es para nada menor–, nos parece más que importante conocer los términos en que se está manejando esto. Todos sabemos que este es un tema recurrente, que vemos y que no se controla. Entonces, ¡qué mejor que podamos tener, de manera directa, la información en esta comisión para salir de todas las dudas,  no solamente de las nuestras, sino de las de todo el país! Eso sería muy bueno y hablaría muy bien de nuestra gestión.

SEÑORA PASSADA.- Quizás haya desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema.

                Para tener el beneficio de las asignaciones familiares, una vez que el alumno está inscrito, hay que tomar en cuenta el período de deserción de la matrícula. Es decir, el sistema educativo tiene un plazo, que va a acorde hasta con la pérdida por determinadas faltas que tienen esos alumnos. Entonces, si se toma marzo como el inicio, tenemos Semana de Turismo en el medio y se tienen que computar hasta las 20 o 25 faltas de ese alumno para recién informar. Por eso se envía la información en junio o julio, justamente para contemplar la posibilidad de que ese alumno siga concurriendo a clases y mantenga el beneficio de la asignación familiar. En realidad, todo esto es para el seguimiento de esos padres que no están enviando a sus hijos a la escuela. No puede remitir la información en marzo, abril o mayo porque no alcanzan efectivamente los días calendario para saber si ese alumno concurrió o no, o si va a justificar las faltas por enfermedad. Entonces, pasado el período en que podría darse una situación de este tipo, o porque realmente se constató que ese alumno dejó de estudiar, ya estamos a fines de mayo o principios de junio, que es el momento a partir del cual se envía la información. Los que cumplíamos esa tarea en los centros educativos lo que hacíamos era llamar a los familiares porque, en realidad, no son 9000 hogares: ese es el número de alumnos que dejan de concurrir y, por lo tanto, esos padres –o quien esté ejerciendo el cuidado de esos niños– no van a percibir el beneficio de la asignación familiar.

                Hicimos nuestro planteo porque la cuestión o es que haya una tardanza sino que hay que tener presente los temas de calendario que tiene ANEP: no va a mandar la información sobre un alumno antes, si tiene diez o quince faltas, porque quizás las justifique y pueda seguir cursando y percibiendo la asignación familiar. Por eso había pedido el informe que se dio a fin de poder trasmitirlo.

                Por último, no me quedó claro si se está solicitando que las autoridades del BPS concurran la semana próxima o si queda para el 1.º de agosto.

SEÑOR PRESIDENTE.- El problema es que esta es la última sesión del mes. El jueves próximo es feriado y después ya estamos fuera del 18. Entonces, lo que estamos planteando es realizar la convocatoria para el 1.º de agosto. Obviamente, hay plazo más que suficiente para que estén todos los informes, elementos y demás datos, y podamos escuchar de boca del BPS la explicación –respecto de la cual tengo, desde hace bastante tiempo, opiniones críticas– que ahora nos da la senadora Passada. A partir de allí evaluaremos la situación.

SEÑORA PASSADA.- Solicitamos que se pida la información tanto al BPS como a la ANEP y que, además, se invite a las autoridades de los dos organismos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se cita para la sesión del 1.º de agosto a las autoridades de ANEP y al Directorio del Banco de Previsión Social para que informen sobre el procedimiento de pago y de suspensión de pago de las asignaciones familiares en relación a la condicionalidad vinculada a la asistencia escolar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Se va a solicitar a ambos organismos que, en lo posible, brinden la información referida a este punto con anterioridad a la sesión del 1.º de agosto.

                Resuelto este  asunto, pasamos a considerar el punto previsto en el orden de día, que corresponde al proyecto de ley de reforma de la Caja Notarial.

SEÑOR DRAPER.- Nuevamente voy a plantear lo que mencioné en sesiones pasadas: en base al artículo 97 del Reglamento, entiendo que estoy inhibido de actuar en este tema. Más allá de que los compañeros me autorizaron a participar, considero que lo más razonable es que deje la sala.

                Si me permiten, me voy a retirar. Les deseo una buena sesión.

(Se retira de sala el señor Alejandro Draper).

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a pasar a la consideración de los artículos que nos quedaron pendientes de aprobación, que son: 33, 34, 35 y 36.

                Previamente, me gustaría dejar una constancia. Como bancada del Partido Independiente no vamos a acompañar este proyecto por entender que contiene una serie de inconstitucionalidades, particularmente, la más relevante, la creación de un impuesto que implicaría una doble imposición sobre los jubilados de la Caja Notarial. En ese sentido es el informe de la División Estudios Legislativos de la propia Cámara de Senadores, por lo que nos parece que no podemos acompañar el texto.

                También digo que, como es de público conocimiento, hay un debate pendiente en materia de reforma de la seguridad social. Todo indica que va a tener lugar, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones nacionales, el año próximo, porque todos los partidos han manifestado la necesidad de una discusión en profundidad sobre la situación de la seguridad social en el país y su eventual reforma. Entonces, consideramos que este proyecto que presentó el Directorio de la Caja Notarial

–entendemos ha sido responsable de su parte manifestar los problemas que existen y pedir su tratamiento– debería inscribirse en ese debate más general que tenemos pendiente en Uruguay, para poder dar una discusión mucho más sistémica.

Entonces, en función de este argumento, que es más de política legislativa, y este otro anterior, que tiene que ver con la existencia de una norma que viola el principio de igualdad y que establece una doble imposición para un número importante de jubilados de la Caja Notarial, así como el artículo que crea la jubilación por edad avanzada en el año electoral –que también merece cuestionamientos desde el punto de vista constitucional–, no vamos a acompañar el proyecto.

SEÑORA ALONSO.- En la misma línea, y sin ánimo de reiterar los argumentos del señor presidente –que acompaño–, quiero decir que tampoco voy a votar el proyecto, por el momento en que es presentado y por las eventuales inconstitucionalidades que implican algunos de sus artículos. Quería dejar en claro mi posición; no sé –hoy no están presentes los demás integrantes de mi partido– cuál será la postura, pero reitero que en mi caso particular no voy a acompañar el articulado.

SEÑOR OTHEGUY.- Quiero hacer algunas consideraciones.

                Con respecto al tema general de política legislativa, comparto que el asunto de la seguridad social es algo que Uruguay debe abordar. Ahora bien: uno no tiene la bola de cristal como para saber si existirá la madurez suficiente –uno espera que sí– para hacerlo en plazos razonables y dar una integralidad a una reforma que a todas luces es indispensable discutir en nuestro país. Creo que eso no debe obstaculizar, como no ha obstaculizado otros debates vinculados al sistema de la previsión social. El Parlamento ha tomado decisiones debido a la urgencia y a la situación crítica que algunos de esos sistemas o subsistemas de seguridad social han venido experimentando en los últimos años. El caso de la Caja Notarial es uno de ellos y hay que notar que la iniciativa proviene del propio colectivo amparado por esa caja, que trabajó en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para aportar un texto que racionalice y tienda a equilibrar los números de ese organismo previsional, que en los últimos tiempos vienen mostrando algunas situaciones críticas que, de no abordarse, van a contribuir a profundizar la situación crítica que ya está viviendo.

                Por lo tanto, creo que es pertinente votar este proyecto de ley, que es iniciativa de la propia caja. Además, esto no es obstáculo para que, eventualmente, el año que viene discutamos integralmente el sistema de seguridad social y el Parlamento, con la composición que tenga, tome las decisiones que entienda correctas.

                Con respecto a la inconstitucionalidad, en la sesión pasada se citó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social justamente para abordar este tema. La exposición que ellos hicieron –creo que está en la versión taquigráfica– fue muy contundente e inclusive la fundamentaron con pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia relativos a estos temas que se cuestionan planteando la constitucionalidad de las decisiones.

                Entonces, la bancada del Frente Amplio vota este proyecto con responsabilidad y con tranquilidad, luego de escuchar la última exposición que realizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aquí en esta comisión.

                En cuanto al artículo sobre edad avanzada, sí entendemos que es contradictorio con la legislación vigente. El Uruguay ya legisló sobre este tema y creo que votar este artículo tal como viene se contradice con lo que este mismo Parlamento ha resuelto en materia de jubilaciones por edad avanzada. Por lo menos la posición del Frente Amplio es que no se debería incluir en este proyecto.

                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde considerar los artículos que resta por aprobar.

                Léase el artículo 33.

(Se lee).

                «Artículo 33.- Podrán optar por quedar comprendidos en el régimen de causales y asignaciones que se modifica a través de los artículos 15 a 18 de la presente ley, o en el resultante de la aplicación de dichos artículos, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal indicado en primer término antes de la vigencia de esta ley».

                –En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –3 en 5. Afirmativa.

                Léase el artículo 34.

(Se lee).

                «Artículo 34.- Las modificaciones al régimen pensionario previstas por la presente ley regirán para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia».

                –En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –3 en 5. Afirmativa.

                Léase el artículo 35.

(Se lee).

                «Artículo 35.- La presente ley entrará en vigencia el 1.º de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el artículo 29».

–En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –3 en 5. Afirmativa.

                –Léase el artículo 36.

(Se lee).

                «Artículo 36.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo previsto por la presente ley».

                –En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –3 en 5. Afirmativa.

                –Me dice la Secretaría que hay un problema en el artículo 3.º.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

                –Se va a votar la reconsideración del artículo 3.º

(Se vota).

                –5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Propongo la siguiente modificación para este artículo: «Artículo 3°.- Agrégase como último inciso del artículo 14 de la Ley n.º 17437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

“Las notificaciones de las resoluciones de la Caja podrán practicarse, asimismo, al domicilio electrónico constituido a tales efectos, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que las realizadas conforme a lo previsto en el inciso anterior, inclusive los previstos en el artículo 27 del Código Tributario, siempre que proporcionen seguridad

en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha".

                –En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–3 en 5. Afirmativa.

 

SEÑOR OTHEGUY.- Propongo como miembro informante a la señora senadora Passada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

         4 en 5. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Son las 15:39).

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.