COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(Sesión celebrada el día 9 de julio de 2019).

 

SEÑORA PRESIDENTA- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:40).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Carpeta 1357/2019. Modificación del artículo 3º de la Ley de Directriz Nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del Océano Atlántico y Río de la Plata. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores senadores Bordaberry y Carrera.

                Fucvam. Dirección Nacional. Solicitud de audiencia a efectos de presentar a las nuevas autoridades.

                Nota de la División de Estudios Legislativos, de fecha 8 de julio de 2019, en respuesta a la consulta formulada sobre la Carpeta 1324/2019, artículo 4.º del proyecto de ley de bienes inmuebles vacíos o sin uso de propiedad del Estado».

 

(Ingresan a sala la presidenta del Instituto Nacional de Colonización y sus asesores).

 

                –Buenas tardes y bienvenidos.

                Los hemos invitado a esta comisión porque estamos tratando un proyecto de ley que refiere a bienes inmuebles vacíos o sin uso de propiedad del Estado y nos gustaría contar con la opinión de la institución a la que ustedes representan.

SEÑORA GÓMEZ.- En primer lugar, agradezco la invitación porque me parece importante que el Instituto Nacional de Colonización pueda opinar sobre estos aspectos, ya que hace a su propia proyección y avance en cuanto al acceso a las tierras para poder distribuirlas entre los productores familiares asalariados rurales.

                Estoy acompañada por Gustavo Uriarte, que es el director del instituto, y por María del Rosario Pérez Quintela, que es abogada, secretaria del directorio y durante todos estos años ha trabajado en los cambios que han existido en las leyes sobre colonización haciendo un aporte muy importante para mejorar la normativa y apoyando al Ejecutivo.

                Ante todo quiero decir que esta ley es muy bienvenida. Entendemos que el artículo 2.º que se propone está vinculado a la posibilidad de que el instituto pueda acceder a nuevas tierras para continuar aplicando políticas que tengan que ver con la producción familiar y los asalariados rurales. Es bastante claro que en estos últimos años el instituto ha sufrido un cambio bastante importante en lo que hace a la promoción de acceso de las familias al medio rural, en el acceso a la tierra. En los últimos años el instituto ha incorporado más de 130.000 hectáreas; allí viven más de 5000 familias y de 3500 unidades económicas. Por lo tanto, el impacto que tenemos en el medio rural y, particularmente, en la producción familiar es relevante.

También es cierto que para avanzar en el proceso de la compra de tierras el instituto tuvo que hacer inversiones importantes por todo lo que conlleva la estructura agraria de este país y la de la propiedad de la tierra.

Desde el año 2005 en adelante trabajamos intensamente –con diferentes instituciones y entes de la Administración– en la identificación de tierras que pudieran ser transferidas a la órbita del Instituto Nacional de Colonización y destinadas –a través de los distintos formatos– a la producción familiar y al acceso de asalariados rurales.

Quiero mencionar algunos antecedentes de la lógica de este proyecto de ley. En esos años, casi 10000 hectáreas de los Ministerios del Interior y  Defensa Nacional y de la ANEP, así como de otras instituciones pasaron al ámbito del Instituto Nacional de Colonización para poder hacer políticas de tierra. Hoy en día, allí vive un conjunto de familias que llevan adelante su proyecto de vida y productivo. Además del pasaje de estas tierras al instituto –hay otras que provienen de UTE y del Ministerio de Salud Pública–,  también se lograron políticas de vivienda, de acceso a la electrificación y de caminería. En definitiva, se realizaron un conjunto de inversiones vinculadas a mejorar el desarrollo de ese territorio.

Además, en estos últimos años y quizás en la primera administración, a partir del año 2005, hubo una importante inversión en la compra de tierras al Banco de Seguros del Estado y, particularmente, al Ministerio de Salud Pública, al Banco Hipotecario y al propio Ministerio de Economía y Finanzas. Estas pertenecían al Banco Central –eran unas 13.000 o 14.000 hectáreas– y dieron oportunidades a muchas familias.

Por lo tanto, en este contexto y de acuerdo con nuestra experiencia, creemos que este proyecto de ley es muy oportuno porque fortalece lo que hemos hecho previamente con respecto a estos temas, como en el caso de la ley del año 2007 que establece el pasaje de las tierras al Instituto Nacional de Colonización.

Por otro lado, para el instituto es muy importante disponer de otras tierras para realizar políticas públicas de acceso y de producción familiar para los asalariados rurales. Como dije anteriormente, las tierras que pertenecían a la Administración fueron transferidas en distintos formatos, en algunos casos a través de la compra y en otros a través de diferentes figuras fue que concretaron su pasaje. En cuanto a las de Administración cobramos la renta, hacemos el llamado a los productores y asalariados, transferimos recursos a la institución, y en otros han pasado a un comodato sin costo. Por lo tanto, hay una amplia gama de figuras. También existen otros casos; por ejemplo cuando el consejo de educación mantiene la propiedad del bien y los ministerios nos transfieren en régimen de comodato sin costo. En ese caso, el instituto, por medio de sus recursos –que son también los del Estado– lleva adelante las políticas de tierra y las inversiones. Pero podemos hacer realizamos políticas de tierras de largo plazo con certezas; son comodatos a treinta años que nos dan una gran proyección.

Me parece importante decir –porque es algo claro– que la definición política que hemos llevado adelante todos estos años es la de mantener las tierras en propiedad del Estado, mantener el patrimonio de las tierras, entregar esas tierras en arrendamiento con vínculos con los colonos muy estables, porque en la medida en que el colono cumple con la ley pasan generaciones de familias. El instituto tiene setenta años y hay familias que están en las tierras del instituto desde este tiempo; es decir que si se cumplen con las obligaciones legales, la política de tierra es de muy largo plazo. En realidad, me parece que  también es importante para el patrimonio del Estado uruguayo  poder pensar que existe la propiedad de la tierra en este marco, que igual nos permite hacer una política pública subsidiada, que posibilita el acceso a la tierra a gente que si el instituto no estuviese, no podría acceder a ella. Esto nos ha permitido, sin ninguna duda, incluir a un conjunto de productores familiares de distintas formas: dándoles escala de producción; y esto ocurre ahora que está bastante en discusión el tema de la lechería, la importancia de intervenir en los territorios para dar escala, volumen de producción, mantener las industrias en funcionamiento, es decir, esta lógica de pensar el territorio en su globalidad. También hemos generado unidades de producción familiar nuevas donde familias que tenían una estabilidad en tenencia en la tierra muy importante pasan a las tierras del instituto y se establecen para adelante.

                Por otro lado, hemos avanzado muchísimo en experiencias colectivas de acceso a la tierra, pues muchas de las que hemos recibido de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior están vinculadas a la producción ganadera. En poco tiempo, en un campo que era del Ministerio del Interior, vamos a hacer una inauguración con 18 familias en unidades de producción familiar en la zona de Garibaldi, con una inversión importante en el manejo del suelo, en conservación de cuencas, en inversiones en infraestructuras, viviendas de Mevir. Es un cambio del territorio muy importante cuando llega el instituto con el otro conjunto de las políticas públicas. Reitero que hay dos cosas que me parecen relevantes. Por un lado, mantener el patrimonio del Estado uruguayo, sea en las tierras del instituto o en las otras instituciones, con un rol de otorgar un beneficio social, una política de producción, porque la gente que vive y trabaja en las tierras del instituto produce y trabaja para el producto bruto agropecuario. Y, por otro, genera otra cosa que también está vinculada a los territorios de ciudadanía, en el sentido de que esté la gente asentada, las familias viviendo, la escuela rural, la caminería, es decir, la infraestructura para que la gente pueda vivir y trabajar dignamente. Me parece que es algo más que positivo que en la ley se plantee el artículo 2.º vinculado al Instituto Nacional de Colonización, porque es profundizar el esfuerzo que ya hemos hecho. El relevamiento que está planteado en el artículo 3.º por Catastro me parece que también va a facilitar el flujo de información porque, en general, ha habido voluntad para pasar las tierras, pero a veces el diagnóstico de dónde están las tierras y cuál es el uso que tienen es un proceso que nos ha dado un cierto trabajo. Miro al senador Charles Carrera porque trabajamos bastante tiempo con el tema del ministerio, encontrábamos los padrones –así como también con el Ministerio de Defensa Nacional y con la ANEP–, identificábamos los campos y veíamos cuál era el estado de situación y muchas veces resolvíamos entre ambas instituciones el estado de ocupación, porque a veces la ocupación tiene sus características. Esa es una tarea en la que el instituto está especializado; entonces, no es un problema para la otra institución.

                Una cosa que también me gustaría destacar –lo planteó Schelotto en la sesión anterior– es el hecho de que cuando las tierras pasan al instituto es importante que sean adecuadas para realizar la colonización, porque no todas son útiles para colonización. Pero esa evaluación la podemos hacer nosotros desde el instituto, porque a veces un padrón muy aislado en un territorio donde no tenemos intervención implica aislar a una familia en un escenario que no nos permite llegar con el set de políticas públicas que tenemos desarrolladas para la producción familiar o por las características propias del campo no son adecuadas para la colonización y capaz que para el Estado uruguayo y para los recursos es más viable que tenga otro destino ese predio, así sea la venta a otros. Me parece que es bastante importante profundizar y tener presente esto.

                Por otra parte, así como este proyecto de ley nos atañe por su artículo 2 para que entren tierras al Instituto Nacional de Colonización –me parece que aplicamos esta ley muchas veces en espacios de trabajo–, quizá el propio instituto tenga tierras que estén próximas a centros urbanos y tengan características para generar, por ejemplo, centros nucleados de Mevir. Nosotros hemos hecho un conjunto de acuerdos con Mevir para deslindar superficies. Tuvimos un ejemplo reciente en Migues: un área del Instituto Nacional de Colonización, que es tierra rural, en acuerdo con la intendencia se recategoriza como zona suburbana y se realiza el poblado Mevir. Es decir que también es para el otro lado, lo que es importante. Asimismo, en las tierras del instituto tenemos escuelas rurales, jefaturas de Policía o destacamentos de la Guardia Republicana.

                Lo que me gustaría resaltar, que creo que es el espíritu que tiene el proyecto de ley, es la lógica de mirar el territorio y decir: «Para los bienes que tiene el Estado en este lugar, ¿cuál sería el mejor uso?». Compartimos esa lógica. Estamos totalmente de acuerdo con llevar adelante las políticas públicas con esa línea; nos parece que implica el mejor uso de los recursos públicos.

                Una cuestión que podríamos detallar es la vinculada a un concepto que está en el  proyecto, que es el de que los bienes estén vacíos o sin uso. Le voy a ceder la palabra a Rosario Pérez para que aclare la discusión de la Ley n.º 11029 y de la ley de 2007 y la especificidad que establecimos, porque un campo puede estar en pastoreo, puede estar subarrendado a alguien. Por ejemplo, los campos que le compramos al Banco de Seguros del Estado no estaban sin uso, estaban arrendados a un tercero. En realidad, la lógica fue cómo hacemos uso de los bienes que tiene el Estado para las políticas públicas. Se podría decir que no estaba ni vacío ni sin uso, pero ese bien que tenía el Banco de Seguros del Estado –o que, en otros casos, tiene el Ministerio del Interior o el de Defensa Nacional– no estaba en función del rol que cumple esa institución. Entonces, al respecto hay una apreciación –pequeña– para hacer porque, por lo menos en los campos, nos pasa con frecuencia que no están vacíos; en general, están en uso.

SEÑORA PÉREZ.- Son pequeñas cosas. La idea siempre fue que los campos del Estado que no tenían un destino específico pasaran al Instituto Nacional de Colonización. En la Ley n.º 11029 ya había disposiciones que establecían que determinadas tierras que fueran del Estado y que tuvieran ciertas condiciones pasaran a colonización, pero pasó muy poco.

                En el año 2007, con la Ley n.º 18187, se trató de cambiar la redacción de ese artículo que obligaba a los entes y a los organismos del Estado a pasar la tierra al Instituto Nacional de Colonización. El artículo 1.º de esa ley lo establece con bastante firmeza y da un plazo de 90 días para que los distintos organismos comuniquen a colonización las tierras que tienen. Incluso, decía: «... que no estén afectadas a destinos específicos conforme con el principio de especialidad del organismo respectivo», porque, obviamente, como manifestaba la presidenta Gómez, cuando se decía que tal campo podría servir a los fines de la colonización, nos contestaban que estaba utilizado;  por ejemplo, había una renta vitalicia del Banco de Seguros del Estado y este recibía determinado dinero. No sé si se trata del caso específico, pero el organismo que lo tenía, sin dudas, algún beneficio lograba por ese campo. Pasaron los 90 días que otorgaba la ley para que por lo menos al instituto se le comunicara cuáles eran los campos que estaban vacíos o sin un uso específico y no llegó la información. Cuando el Instituto Nacional de Colonización mandó oficios a todos los organismos la realidad es que muy pocos contestaron. Decimos esto para que los señores senadores tengan en cuenta todos estos elementos, de modo que la ley resulte útil.

SEÑORA GÓMEZ.- Lo que quiero decir es que lo otro, que representa un componente bastante importante, es el dato de catastro, el registro, el proceso de inventario que se hizo al comienzo de esta administración. Por eso me parece que poder contar con la información organizada es lo que va a facilitar el proceso. Capaz que en ese momento, en  2007, los 90 días eran poco tiempo para tener el relevamiento de la información que se planteaba. Los antecedentes que tenemos nosotros con las otras instituciones muestran que hemos trabajado de forma bilateral para poder identificar los campos. A veces nos pasan la información de los padrones, nosotros buscamos la titularidad y, en definitiva, se trata de un proceso que requiere el inventario que se empezó a organizar en esta administración, así como esta condición que se establece en el artículo 3.º, que refiere a una institución que visualice ese estado.

                Por otra parte, se requiere un trabajo que, sinceramente, está vinculado a la voluntad política. Se necesita un trabajo intenso entre las instituciones para poder llegar al resultado, que es fácil de desarrollar y se ha transitado sin ningún inconveniente. En la primera etapa la dificultad radicó en identificar los predios que no son parte de la operativa de la institución pero que generan un ingreso extra que hace a la visión de una política de Estado y a la lógica de utilizar mejor sus recursos. A nuestro juicio, es más correcto que todo esto se encuentre en la órbita del Instituto Nacional de Colonización para poder hacer una política pública de tierras, ya que somos la institución que lleva a cabo esas políticas, apuntando a la producción familiar y a los asalariados rurales.

SEÑOR URIARTE.- En el año 2007 se generó la ley que se comentaba recién, 59 años después de la aprobación de la norma de 1948, cuando en realidad, esta última, ya preveía esta cuestión. Por lo tanto, no se trata solo de un tema de voluntad política sino de que se ejecuten las resoluciones que los organismos correspondientes tomen.

                Otro aspecto que quiero señalar es lo que significa la labor colonizadora como presencia en el territorio. No se trata solo del tema del desarrollo rural y de la producción familiar agropecuaria o de la importancia del valor bruto agropecuario que puedan aportar esas fracciones, sino lo que significan como ocupación y presencia en el territorio, en un país y en un mundo que van perdiendo presencia rural.

                En ese sentido, este proyecto tiende a reforzar o, de alguna manera, vuelve a indicar lo que establecía la ley del 48. Además, va a permitir que tengamos un Estado que no viva de las rentas del campo. No tiene sentido que haya organismos del Estado que cobren renta por tierras que no poseen ningún objetivo más que el de producir esa renta, cuando en realidad podrían tener un valor social que, desde el punto de vista del desarrollo rural, es infinitamente superior.

                Básicamente, era eso lo que quería decir.

SEÑOR MICHELINI.- Me parece que la idea de reasignar las tierras para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para colonización, tiene un valor interesante. Al respecto, tengo dos preguntas.

                La primera es qué sucede cuando esa tierra, ese bien tiene, de alguna manera, un valor adicional para otro ministerio. Por ejemplo, puede tener más valor para el Ministerio de Turismo porque el predio está cerca de la costa o cerca de un balneario, o es un lugar en donde se puede desarrollar un emprendimiento turístico y no tanto el tema vivienda. Ahí hacemos hincapié en el tema del empleo. Entonces, queremos saber si puede haber alguna manera ágil, para no hacerlo tan burocrático, de detectar ese tipo de casos. Y, si algún ministerio tiene interés, dará las razones fundadas.

                La segunda pregunta es qué pasa cuando no tiene un valor de vivienda, rural o de empleo –por ese valor turístico–, pero sí tiene un valor estratégico por ser lindero, por ejemplo, a un aeropuerto o a un puerto. En ese caso, la ley lo destinaría a vivienda y lo perderíamos para otras cosas como, por ejemplo, generar capacidad –no para ahora, sino futura– en un puerto. Si se lo das a un colono, después tenés un lío adicional.

Entonces, habría que ver si se puede establecer alguna cláusula –si a ustedes les parece– que pudiera salvaguardar esa situación. Si un bien pasa al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o al Instituto Nacional de Colonización, pero en los primeros cuatro o cinco meses algún ente del Estado –en la medida en que eso sea público– dice que ese predio está en el medio de una ruta que se va a hacer, que allí se va a construir una playa de contenedores o que la Universidad de la República justo lo precisa para algo, que eso no nos obligue a elaborar otra ley por no tener la potestad del Poder Ejecutivo de reasignar el bien. Me refiero a situaciones en las que existan razones fundadas.

                Estoy pensando en voz alta, nada más.

SEÑOR CARRERA.- En primer lugar, le doy la bienvenida a la delegación y pido disculpas por haber llegado tarde.

                Me parece muy interesante lo que pude escuchar de la exposición, y creo que lo que hay que salvar es esa cláusula sobre el principio de especialidad establecida en el artículo 1.º de la Ley n.º 18187. Los institutos públicos tienen lo que se llama  principio de especialidad, es decir que tienen que desarrollar aquellas tareas para las cuales la ley los habilitó. Entonces, hay que agregarlo para salvar eso de que un instituto tiene bienes en su patrimonio, pero para cumplir con sus cometidos.

                A mí me pasó, cuando me tocó estar en la gestión pública, que muchas veces  teníamos tierras a las que, en realidad, se le estaban dando destinos que no eran los específicos para cumplir con los fines y cometidos del Ministerio del Interior. Teníamos situaciones irregulares como, por ejemplo, jefes de policía que explotaban las tierras cobrando rentas, por lo que le estaban dando un destino que el Tocaf no habilitaba. Por lo tanto, con esto estás evitando problemas.

                Me parece que hay que establecer claramente lo que es el principio de especialidad para que haya un desarrollo superior de las políticas públicas y, como es lógico, todo el Estado deberá cumplir con ello. Creo que allí se salva la preocupación del señor senador Michelini porque los entes autónomos, los servicios descentralizados o el Poder Ejecutivo no se van a desprender de aquellos bienes a los que les están dando un destino específico, de acuerdo con el principio de especialidad.

                En definitiva, entiendo que eso es lo que habría que agregar. Les agradezco su presencia y estamos abiertos a que nos hagan llegar todos los aportes que crean convenientes.

                Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- La señora presidenta del instituto mencionaba que había diferentes formas jurídicas para la asignación de tierras, ya sea en venta, en alquiler o en comodato. Quizás esto excede los objetivos de este proyecto de ley, pero aprovecho la oportunidad para consultar qué criterios utiliza el Instituto Nacional de Colonización para elegir esas formas jurídicas para asignar la tierra.

SEÑORA GÓMEZ.- En cuanto a las formas jurídicas debo decir que, en realidad, todos los procesos se discuten con la otra institución. Primero identificamos los predios y después resolvemos cuál es la mejor forma que a la otra institución –no al Instituto– le sirve realizar. Puedo mencionar al Banco de Seguros del Estado y a ANEP, instituciones que resolvieron la venta de la propiedad debido a sus propios roles. El Banco de Seguros del Estado con tierra arrendada no es algo que se vincule a su especialidad.

                Otro ejemplo que no señalé es que el Banco República hace remates, queda el mejor postor y se hace la conexión entre el banco y el INC para establecer que se trata de un campo con determinadas características. Después de que pasa el remate y la persona se queda con el boleto de mejor postor compramos las tierras que pasan a ser propiedad del Instituto Nacional de Colonización.

Sin ninguna duda, la figura de la propiedad implica una transferencia de recursos de una a otra institución –es parte de lo que el Instituto hace y no hay ningún problema en ello– y nos ponemos de acuerdo con la tasación porque es un trabajo bastante regulado.

El comodato a treinta años es una herramienta que usamos cuando existe dificultad del pasaje, por ejemplo, en la Administración Central, es decir, cuando se produce la venta de tierra a otro lugar y requiere otros procedimientos. En ese caso trabajamos sobre un comodato a treinta años porque da estabilidad en la tenencia.

También quiero decir que ante cualquier inversión que hacemos, cualquier proyecto productivo o cualquier cambio –por ejemplo, alambrados, electrificación, construcción de viviendas, etcétera– pedimos autorización al propietario del campo. Reitero que mantenemos un vínculo con el propietario del campo, que es otra institución pública.

Con respecto a lo que planteaba el señor senador Michelini, la administración es, por ejemplo, lo que hace UTE. En toda la zona del Río Negro UTE tiene varios campos que maneja como áreas de inundación y nos los da en administración; nosotros no los adjudicamos en arrendamiento, pero cobramos el pastoreo, o sea que tenemos una relación de corto plazo que puede ser de un año o algunos meses. En definitiva, dependiendo del arrendamiento de que se trate tenemos una figura de contrato de pastoreo que cobramos y lo transferimos a UTE. ¿Por qué? Porque UTE          requiere tener esas áreas en su cartera de tierras debido a las decisiones que debe tomar en relación con el nivel del río; para esa institución es importante mantener esas tierras así y no tener un colono arrendatario. Tal como planteaba el señor senador Michelini, si hay un colono arrendatario eso implica una situación determinante y para tomar una decisión es necesario que el colono incumpla con la ley de colonización o exista otro argumento que valide el hecho de retirarlo del instituto.

En conclusión, las figuras se coordinan con la otra institución, que es la que tiene determinadas necesidades. Por ejemplo, si pretende vender pasa la propiedad al instituto, acordamos la tasación y se termina el tema. Nunca ha existido ninguna dificultad en este aspecto. Por eso, creo que atender las necesidades que tenga la otra institución es entendible; esas tierras se encuentran allí por algún motivo, ya sea porque se adquieren por herencia o, por ejemplo, cuando son proporcionadas por UTE.

Voy a responder otra consulta que me parece muy interesante, que tiene que ver con otros destinos existentes. Como bien sabemos, hoy está definida la vía férrea, es decir, el proyecto del tren. En ese caso, el instituto junto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas acuerdan por dónde pasará la línea del tren y en qué lugar se hará la expropiación de tierras, para luego informar a los colonos arrendatarios si la expropiación es posible, ya que prima el interés general sobre el particular. En el caso de tierras con colonos propietarios, AFE y el ministerio son los encargados de expropiar, figura que se realiza sin ninguna dificultad. Y allí hacemos un trabajo muy articulado, ya que el instituto es el que se vincula con los colonos, que van a sufrir la expropiación. También les informamos si existen remanentes en el trazado de las rutas, que es un factor inmanejable, porque a veces se encuentran del otro lado. Por lo tanto, decidimos cómo expropiar esa área y, al mismo tiempo, dar otra oportunidad al colono arrendatario. Reitero que en el caso del colono propietario es AFE el que expropia e indemniza.

En cuanto a las áreas protegidas, hacemos un trabajo muy importante con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Particularmente, el campo que pertenecía al Ministerio de Defensa Nacional, en la Quebrada de los Cuervos, está bajo comodato del Instituto Nacional de Colonización. También tenemos áreas protegidas en el parque Esteros de Farrapos y en el valle del Lunajero. Asimismo, la normativa que rige para esas áreas la acordamos con los colonos. Lo mismo hacemos en el monte nativo. Entonces, el instituto tiene la obligación de definir y hacer cumplir las normas específicas que fija para cada una de sus tierras, es decir, para las áreas protegidas, de biodiversidad y zona de fronteras. La normativa nacional se debe cumplir en las tierras de colonización. Esta es parte de la tarea de supervisión que realizamos con los colonos. Generalmente, ese trabajo lo llevamos adelante con la otra institución. Por nuestra parte, identificamos el estado de situación a los efectos de tomar una resolución. Y lo hacemos a través del Renare y sus planes de uso de suelo o con el sistema nacional de áreas protegidas en el caso de las infracciones y con la  Dirección General Forestal.

Otro ejemplo es el de las zonas de turismo; por ejemplo, el Ministerio de Turismo recibió una propuesta para crear un campo binacional en Paysandú, en la zona que limita con Argentina. Si bien hubo interés en desarrollarlo, no llegamos a identificar el padrón, se demoró un poco el proceso y nosotros tuvimos que seguir avanzando. Si está definido que es más importante para el país y para el estado llevar adelante un parque nacional en esa zona –y en ese momento no lo tenemos adjudicado–, la política del instituto es avanzar en esa línea. Hace poco tiempo deslindamos 20 hectáreas en un campo que compramos en la zona de Lascano, en donde hay varios cerritos de indios. El deslinde de esos espacios lo identificamos y llevamos adelante junto con la Universidad de la República –a quien transferimos el comodato para la investigación– y el CURE. En ese proceso, también nos encargamos de articular la capacidad del CURE y de su equipo interdisciplinario de antropólogos y arqueólogos, para que puedan trabajar con los colonos. En realidad, también en esos lugares hay que tomar decisiones que están vinculadas con la forma en que se manejan los temas, no es que necesariamente se deba excluir a todo el ganado, sino que hay que saber manejarlo para que se conserve el bien. También tenemos otros ejemplos. Muy recientemente compramos en el departamento de Cerro Largo, en la  zona de Yaguarón y en la zona del Tacuarí, un campo de 500 hectáreas que tenía un potencial para hacer un puerto, en su momento, hubo cierta intención, pero no se concretó. Esto lo iba a hacer un privado, y nosotros íbamos a hacer todos los arreglos para no interferir en esas cosas, porque no tenemos por qué hacerlo, pero el privado desistió. De todos modos, en ese campo hicimos un trabajo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente –concretamente con la Dinama y el área de biodiversidad– porque ellos consideran que hay un área de biodiversidad que hay que proteger, la separamos, no se cobra renta, se hace un acuerdo de financiamiento para proyectos para que la Dinama y el área de biodiversidad operen junto con los colonos en la gestión de ese espacio. Hay una gama de situaciones donde es bastante relevante respetar las normativas, y sobre todo, si existe un área de reserva, la prioridad es cuidarla. La verdad es que en estos últimos años hemos tenido un trabajo bastante intenso con la institucionalidad, hay muchos convenios y acuerdos firmados. El otro tema, que también es bastante relevante, es cómo articulamos el financiamiento, porque el instituto no se puede ocupar de un área de biodiversidad porque no tiene las capacidades ni la formación. Pero en el marco de trabajo con ellos hemos logrado que el vínculo de los colonos sea con el instituto, con biodiversidad, etcétera, ese trabajo que es bien interesante y que en realidad está por sobre cualquier otro interés de cobrar una renta o de poder hacer producción.

                Tenemos proyectos de turismo en tierras de colonización en la Colonia Julio Arévalo, en Salto. Una parte de ese campo viene del Banco de Seguros y la otra, le dicen el campo de los «narcos», porque agarraron una avioneta. Después pasó al Instituto Nacional de Colonización y hoy hay cinco grupos de organizaciones sociales de ese territorio; llevaron adelante una propuesta que está vinculada al turismo, se presentaron a los llamados de pueblos turísticos y lo ganaron. La historia es increíble, porque  un campo que estaba con un uso que nada tiene que ver con la construcción de un bien social, terminó con cinco organizaciones, que son las usuarias del campo, haciendo producción de todo tipo, de ganadería, de ovinos, ahora hasta capaz sale un compartimento de vino. También hicieron un proyecto productivo de turismo; en fin, hay como una diversidad de realidades y riquezas para desarrollar. Estas son las  posibilidades que tienen todas las tierras del Estado en todo el país, porque estamos presentes en todo el país menos en Montevideo. Me gustaría resaltar que no se pueden hacer políticas de tierra si no se articulan con toda la institucionalidad pública, no solo con la agropecuaria, porque si no articulamos con vivienda, con la electrificación rural –que llevan adelante la OPP y UTE– con OSE, por el tema del agua, si no trabajamos con ganadería para las inversiones, sería imposible hacer, por lo menos, la política de tierra que entendemos que hay que hacer, de calidad, con condiciones de vida y de trabajo. La aplicación de la normativa nacional es una condición necesaria y es parte de nuestras obligaciones supervisar.

                Nos tenemos que sentir orgullosos de tener una institución con esas características, de que el pueblo uruguayo tiene una institución que tiene setenta años y que supo mantener frente a todos los avatares.

                Lo que a mí me gusta es resaltar la lógica. Lo que estoy diciendo del instituto es la lógica que tiene este proyecto de ley, es decir, pensar al Estado uruguayo en los territorios y cómo usamos, no importa de quién sean, los bienes que están en ellos para dar una respuesta real y justa a las necesidades de la población rural.  Esa es la lógica con la que tenemos que trabajar, y por eso me parece que este proyecto de ley es más que positivo. Con esa lógica también tenemos que construir el territorio, porque trabajamos para lograr mejores condiciones de vida y de trabajo de la población en todos los lugares del país.

                La otra cuestión que insisto en rescatar es que las tierras que pasen al Instituto Nacional de Colonización se van a mantener en propiedad del Estado. Mantener el patrimonio y mantener en el largo plazo las políticas de tierra para los sectores más vulnerables del medio rural es una obligación del Estado uruguayo para poder decir que en el largo plazo vamos a seguir dando respuesta a los asalariados y a los productores familiares y a acompañar los cambios que hace el agro, ya sea en intensificación, en escala de producción o en medidas de conservación, lo que es estratégico. A veces discutimos con la gente del SNAP sobre si tuviésemos más hectáreas en la Quebrada de los Cuervos. Es algo que hay que trabajar. Ahora se definió que Sierra De los Ríos y Paso Centurión de Cerro Largo sean áreas protegidas, y tenemos dos campos ahí; vamos a empezar a trabajar ahí.

SEÑOR PRESIDENTA.- Muchas gracias y felicitaciones.

 

(Se retira de sala la delegación del Instituto Nacional de Colonización).

 

                –Con respecto a este proyecto que estamos tratando, tal vez sería bueno tomarnos unos días más para analizar las sugerencias que hemos recibido y hacer alguna modificación, si corresponde. En una próxima sesión lo consideraríamos.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que deberíamos cambiar el plazo trimestral por uno semestral.

SEÑORA PRESIDENTA.- Podríamos rever ese plazo, ya que el otro día el señor Schelotto planteó que tres meses probablemente fuera poco tiempo para catastro.

SEÑOR MICHELINI.- Resumiría mi propuesta en tres aspectos: en primer lugar, como dije, habría que cambiar el término trimestral por semestral; en segundo término, que el Poder Ejecutivo, si hubiera otro destino superior fundado lo pudiera hacer y, en tercer lugar, que se informe a la Asamblea General, no tanto porque le demos importancia nosotros, sino para que el acto jurídico como tal quede más marcado.

SEÑOR CARRERA.- Quiero solicitar que se invite al director de la Dinot, arquitecto Fleitas y al señor Nario, de la Dinama, a fin de que nos informen sobre el ámbito de aplicación de las directrices costeras. Sería bueno que pudieran venir la semana próxima a esos efectos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se harán las invitaciones correspondientes por secretaría.

                Se levanta la sesión.

(Son las 17:32).