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 COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 4 de julio de 2019).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:10).

                –Damos la bienvenida al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; al subsecretario, Jorge Loustaunau; a la subdirectora general, Laura Bajak; a la subdirectora nacional de trabajo, Cristina Graciela Fernández y al asesor, doctor Álvaro Rodríguez Azcúe.

                Quiero decirles que desde hace un tiempo veníamos analizando en nuestra comisión algunas iniciativas que provenían del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Una de ellas tiene que ver con la reforma de la Caja Notarial, que está a estudio de esta comisión y que, si bien su debate está parcialmente detenido, su consideración está bien avanzada, porque falta concretar cuatro o cinco artículos. Uno de los senadores, integrantes de la comisión, planteó analizar una cuestión de inconstitucionalidad y este es uno de los motivos por el que estamos convocando a nuestros invitados, concretamente para que nos den su opinión al respecto. Nosotros tenemos, al menos, tres informes de la propia Asesoría Jurídica del Parlamento, que tiene una versión de la Caja Notarial y de la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial que nos hicieron llegar sus distintas apreciaciones sobre el asunto.

El segundo tema en discusión, a iniciativa de diversos integrantes de la comisión, tiene que ver con el análisis de la marcha de la situación conflictiva en la empresa Petrobras. Quisiéramos saber en qué etapa de la negociación está el conflicto y poder intercambiar puntos de vista.

El tercer tema tiene que ver con la reciente conferencia anual de la OIT, en cuya agenda estaba colocada la denuncia del sector empleador de nuestro país. Luego, la propia conferencia decidió incorporarlo en el orden del día, con las consecuencias del análisis del caso Uruguay y las conclusiones que nos han llegado y que el propio Ministerio de Trabajo remitió a este Parlamento.

                Entonces, convocamos a nuestros invitados para conocer cuál es la opinión que tienen sobre estos tres temas.

SEÑOR MINISTRO.- Agradecemos la invitación a esta comisión, a la que concurrimos con mucho gusto, como lo hemos hecho en otras oportunidades.

                Si los señores senadores están de acuerdo, quisiéramos informarles en qué está el tema del artículo 116 de la rendición de cuentas que obliga a las empresas portuarias a pagar un mínimo de 13 jornales. Es un punto que ha estado a consideración de esta comisión y sobre el que tenemos plazos vigentes. Entonces, si les parece, lo pondríamos como tercer  tema y, el de la OIT, lo dejaríamos para el final.

En relación al tema de la Caja Notarial de Seguridad Social, vamos a hacer una introducción general y, posteriormente, le vamos a ceder la palabra al doctor Rodríguez Azcúe para que explicite más detalladamente los distintos aspectos.

Recuerdo que ya hemos concurrido a esta comisión para conversar sobre el proyecto de ley de la Caja Notarial y queremos destacar especialmente el muy buen trabajo que se hizo en cuanto a la elaboración de este proyecto de ley de reforma previsional.

                La Caja Notarial es una caja paraestatal y cuenta con una integración minoritaria del Poder Ejecutivo. De todas formas, queremos destacar el muy buen trabajo que se hizo por parte de dicha institución, por todo el proceso de diálogo, de negociación y de consultas que se llevaron a cabo para la elaboración de este proyecto de ley. A todo este proceso lo consideramos un muy buen ejemplo de cómo debe procederse para llevar a cabo las reformas de los sistemas,  subsistemas o regímenes de la seguridad social, como podría ser en este caso.

El Poder Ejecutivo apoya expresamente este proyecto de ley enviado al Parlamento. Además del muy buen trabajo realizado, del buen contenido y  de los objetivos que se plantea la reforma de la Caja Notarial de Seguridad Social, destacamos la seriedad y la razonabilidad que tienen los contenidos de la reforma. Reitero que la iniciativa proviene de una institución en la que la mayoría de los integrantes que la dirigen es representante de organizaciones e instituciones sociales, y el Poder Ejecutivo es minoría. Por esta razón me parece muy importante destacar el apoyo del Poder Ejecutivo a este proyecto.

Por otra parte, hemos analizado los documentos que nos envió esta comisión, las observaciones y los comentarios a algunos artículos del proyecto de ley –en particular, a los artículos 4, 11 y 18–, y adelanto que, en general, vamos a ratificar y a confirmar la posición del Poder Ejecutivo en cuanto a apoyar la redacción enviada. Daremos las razones de por qué nosotros apoyamos el texto inicial, enviado sustancialmente, en varios de los aspectos que han sido observados, han merecido un comentario o informes jurídicos en relación a este tema.

Solicito al señor presidente le ceda la palabra al doctor Rodríguez Azcúe, para que dé más detalles.

SEÑOR AZCÚE.- Buenas tardes para todos. Como bien señalaba el señor ministro, la Caja Notarial de Seguridad Social ha realizado un excelente trabajo en la formulación de este proyecto de ley, cuyo desarrollo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha ido  monitoreando, participando también en algunas de las instancias definitivas de este proceso. Asimismo, ha seguido de cerca las vicisitudes que ha tenido el proyecto de ley y los distintos cuestionamientos que se han hecho a lo largo de su tratamiento en esta comisión, en particular las del señor senador Draper, que aluden a eventuales inconstitucionalidades. Del mismo modo, se ha tenido conocimiento del informe jurídico del Poder Legislativo,  del informe que ha elaborado al respecto la Caja Notarial de Seguridad Social y, más recientemente, del informe que presentara la Asociación de Jubilados, en particular el dictamen del profesor Ruben Correa Freitas.

                En particular, debemos señalar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no comparte los cuestionamientos que se han realizado acerca de la eventual inconstitucionalidad de los artículos 4, 11 y 18, por razones que han sido explicadas en el informe de la Caja Notarial de Seguridad Social. Como saben, el Poder Ejecutivo tiene un representante en el directorio de esta Caja que actúa en ese ámbito y que durante este proceso ha seguido muy de cerca la discusión.

                El primer cuestionamiento que se realiza tiene que ver con el artículo 4.º y refiere a la eventual inconstitucionalidad por considerarse que se viola el principio de igualdad dispuesto en el artículo 8.º de la Constitución de la República. Debemos señalar que esta temática ha sido estudiada y analizada recientemente por la Suprema Corte de Justicia en sendos fallos que tienen que ver con temas de seguridad social y allí ha manifestado un criterio que considero bastante tradicional y consolidado, que se remonta a la década del cuarenta del siglo pasado y que ha sido reformulado y actualizado más recientemente, incluso con aportes de la doctrina constitucionalista más reciente como, por ejemplo, la del doctor Risso Ferrand. Allí se ha entendido que no existe ninguna vulneración del principio de igualdad cuando, por ejemplo, en el caso de la reforma de la Caja Bancaria, por medio de la Ley n.º 18396, se creó una prestación coactiva a favor de una persona pública no estatal, como es el caso de esta caja. Algunos afiliados llevaron adelante ciertas acciones porque consideraban vulnerados sus derechos, en particular el principio de igualdad y la Suprema Corte de Justicia se manifestó en el sentido de desestimar ese tipo de reclamo por considerar que el legislador tiene facultades suficientes para establecer categorías que tengan un grado de razonabilidad y de equidad en el conjunto de las disposiciones que hacen al ordenamiento jurídico.

                Debemos señalar que esa discusión también volvió a darse en instancias más recientes, incluso en la etapa previa de la problemática conocida como de los cincuentones. Los señores senadores recordarán que hubo un conjunto de acciones precisamente fundadas, en lo que consideraban los afiliados, en la violación al principio de igualdad. La corte se pronunció desestimando rotundamente esas acciones por considerar que la ley n.º 16713 –que había creado diferentes estatutos jubilatorios– había contemplado adecuadamente el principio de igualdad.

                El segundo punto que se plantea es el cuestionamiento al artículo 11 del proyecto de ley, donde se establece que no regirá ninguna exoneración de aportes patronales que eventualmente hubiera estado vigente. Ustedes tendrán presente que las exoneraciones en materia de aportes a la seguridad social, más genéricamente de los tributos, está prevista en la Constitución de la república, más precisamente en los artículos 5 y 69. El artículo 5 refiere a las instituciones religiosas y el artículo 69 a las instituciones culturales y de enseñanza. El resto de las exoneraciones están previstas en la ley. Por lo tanto, lo que establece una ley puede modificar otra por tener precisamente el mismo rango y jerarquía dentro del ordenamiento jurídico y en este artículo al establecerse esa exoneración no se está vulnerando ninguna disposición de carácter institucional que, repito, según lo establece la Constitución de la república, ampara a las instituciones religiosas y a las instituciones de enseñanza.

                Respecto al cuestionamiento del artículo 18, debe señalarse que el proyecto de ley no está creando la causal jubilatoria por edad avanzada, porque ya existía desde el acto institucional n.º 9 de 1979. Como recordarán los señores senadores este marco normativo regía todas las actividades amparadas por la entonces Dirección General de Seguridad Social, lo que hoy está amparado por el Banco de Previsión Social, como ente autónomo por creación constitucional, como también a las cajas paraestatales como, por ejemplo, la Caja Bancaria, la Caja Notarial y la Caja de Profesionales Universitarios. La reforma de diciembre de 2001, la ley n.º 17437 que reformuló el estatuto jubilatorio de la Caja Notarial –que a partir de esa ley pasó a llamarse, precisamente, de seguridad social– también previó la existencia de la causal edad avanzada. Por lo tanto, no se está creando la causal porque ya existe, por lo cual no se está vulnerando ninguna disposición constitucional.

                Por último, quiero señalar que con relación a la supuesta violación del artículo 229 de la Constitución de la república es más que discutible este argumento ya que el propio profesor Correa Freitas cuando en su dictamen formula el cuestionamiento al proyecto de ley, también considera que el Parlamento está vedado de aprobar una disposición o una reforma de las características de las que se plantea en esta iniciativa, o sea que duda acerca de si se ajusta a alguna de las prohibiciones que establece el artículo 229. Quiere decir que quien cuestiona esto, duda acerca de su pertinencia.

En esta materia parece muy atinado ver cuál ha sido el criterio de interpretación que ha tenido el Parlamento en circunstancias análogas. Puede constatarse que ha habido una serie de reformas de tipo previsional como, por ejemplo, la de la Caja de Profesionales Universitarios –que estaba precisamente comprendida dentro de ese período–, allá por enero del año 2004, y allí no se planteó inconstitucionalidad de clase alguna, más allá de que en ese cuerpo normativo se creaba un conjunto de causales jubilatorias especiales para los magistrados, como recordarán los señores senadores. También ha habido otras más recientes, como la vinculada a la Ley n.º 17841 y la Ley n.º 19189, relativas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

                De modo que, grosso modo, estas son las razones por las que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entiende que no son de recibo los cuestionamientos de eventuales inconstitucionalidades de las disposiciones antes referidas sino que, por el contrario, se ajustan plenamente al texto constitucional.

SEÑOR MINISTRO.- Ahora, si el señor presidente está de acuerdo, pasaríamos a hablar del tema del conflicto en Petrobras. 

Se trata de un conflicto en el que hemos trabajado, estamos trabajando y lo seguiremos haciendo intensamente. Es un conflicto laboral y judicial complejo. Precisamente, hay un proceso judicial importante entre la empresa y el Estado uruguayo y esperamos ganar ese juicio en beneficio del país, tal como ganamos el primero, relativo a Conecta, que es una de las empresas vinculadas, también, a Petrobras.

Por otra parte, quiero decir que este es un conflicto en el que hemos realizado numerosas acciones, reuniones y propuestas. Al día de hoy tenemos lo que se ha declarado como huelga general del sindicato y, según la información periódica del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de la unidad reguladora correspondiente, el servicio se está prestando con normalidad. Estamos a la espera de una reunión que  ha solicitado la empresa, a través de sus más altas autoridades, con el presidente de la república, que se celebraría en estos días.

                Queremos destacar que hemos trabajado en el tema, en particular, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, pero también personalmente y hemos realizado diversas propuestas al respecto. Destacaríamos, por ejemplo, las propuestas realizadas por el ministerio el 3 de abril y el 30 de mayo. La última propuesta que ha estado en consideración es del 17 de junio y fue realizada por el PIT – CNT y Uaoegas, el sindicato de la empresa.

Paralelamente se ha realizado una serie de reuniones bipartitas y tripartitas; también ha participado el subsecretario aquí presente y el director Nacional de Trabajo

que hoy, por razones personales, no pudo concurrir, pero está la señora subdirectora, Cristina Fernández.  Esta es una situación que se viene dando desde el año pasado con diversas consecuencias. Hemos tenido, por ejemplo, huelgas de hambre decididas por el sindicato en distintos momentos en estos últimos dos años y también lo que se denominó control obrero el 25 de abril, además de instancias judiciales al respecto.

Por nuestra parte hemos intentado y seguiremos intentando el diálogo y la negociación en todo momento. Creemos que ese es el camino. En ese proceso se han dado varias cosas; por ejemplo, en algún momento fui personalmente a la sede de la empresa con la que mantenemos un diálogo cordial y permanente –así como con el sindicato–, para conversar con sus más altas autoridades. Asimismo, he recibido a la empresa muchas veces en mi oficina del ministerio y hemos tenido reuniones en varias oportunidades.

A principios del mes de abril fue cuando estuvimos más cerca de encontrar una solución. El 2 de abril recibimos una propuesta de la empresa y del sindicato y en base a ellas, el día 3 de abril formulamos otra  que, en nuestra opinión, contemplaba adecuadamente las aspiraciones de ambas partes. Incluso, una de las que hizo el ministerio era bastante parecida a la iniciativa que la empresa formuló el 2 de abril, pero lamentablemente, ni esta propuesta del 3 de abril ni la posterior del 30 de mayo pudieron llevarse adelante. Si a los señores senadores les interesa, tengo en mi poder las propuestas escritas. Posteriormente, el 25 de abril, tuvimos lo que se denominó el control obrero de la empresa, una medida sobre la que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en particular ya se habían pronunciado en contra un mes antes. El 22 de marzo nos habíamos pronunciado públicamente en contra de la medida del control obrero en función del artículo 165/006. De todas maneras, se producen los hechos del día 25 de abril. Alrededor de las siete y media de la mañana nos enteramos que se había procedido al denominado control obrero de la empresa e inmediatamente nos comunicamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el fiscal de corte y con el juez encargado del caso. Nos pusimos a las órdenes dado que el tema se había trasladado a la órbita judicial. El señor juez nos dijo que comenzaba sus actividades a las doce y media y a esa hora nos presentamos en el juzgado con una nota en la que señalábamos nuestra disposición a tomar las medidas correspondientes. Estuvimos esperando aproximadamente una hora y media la sentencia judicial, pero el señor juez nos manifestó que no tenía personal para comunicarle al Ministerio del Interior la resolución, por lo cual nos ofrecimos a llevarla personalmente y así lo hicimos para que el trámite no se demorara. Luego, en horas de la tarde incluso colaboramos llamando a la empresa porque cuando se había efectuado la desocupación no había personal jerárquico de la empresa para recibirla de nuevo y tratamos Pergamino horizontal: 9de colaborar también en ese proceso.  Detallo estos hechos porque creo que ilustran la conducta que ha tenido el Poder Ejecutivo al respecto. Nos hemos encontrado con una situación de posicionamientos muy fuertes y con una negativa  por parte de la empresa a aceptar distintas propuestas que realizamos en su momento y que para nosotros eran bastante factibles de concretar. En ese sentido –reitero lo que dije recién– el 3 de abril estuvimos muy cerca, pero lamentablemente no funcionó; luego los hechos siguieron por distintos caminos que hicieron que actualmente nos encontremos en esta situación en la que hay, diría, un estancamiento, porque una huelga está en proceso.

Por otro lado, hay información de las autoridades competentes de que los servicios se desarrollan con normalidad y que las propuestas que fueron hechas en abril, mayo y junio, no pudieron ser llevadas adelante. En la última propuesta realizada por el PIT-CNT se aceptaba una serie de cambios planteados por la empresa, pero tampoco se pudieron acordar. En este momento estamos a la espera de que se concrete esa solicitud de reunión que ha hecho el presidente de Petrobras al presidente de la república, para ver si surgen nuevas alternativas.

SEÑOR DELGADO.- Agradecemos al señor ministro su presencia.    

                Debo decir que por este tema habíamos anunciado que se postergaba la reunión para su vuelta, porque era el día previo a la comparecencia en la asamblea de Ginebra de la OIT.    

La situación que se presenta con Montevideo Gas y particularmente con Conecta, y a través de ella con la empresa Petrobras,  tiene ya tiempo y, además, es un tema muy complejo. Recordemos que estamos hablando de un servicio público y que ambas empresas están con contrato vigente: una hasta más del 2020 y otra hasta el 2030 o 2032.

El señor ministro detallaba que hubo alguna propuesta, huelga y huelga de hambre en más de una situación. En mi opinión, el 25 de abril hubo un punto de inflexión muy complicado –no para la empresa sino para el Uruguay–; me refiero al componente del control obrero que se dio por primera vez, porque no recuerdo otro antecedente. Eso, en verdad, no contribuyó en nada a una solución.

El ministro se refirió a un litigio internacional, que también es verdad. Es más, hubo un arbitraje y hay una sentencia del arbitraje para generar ámbitos de negociación para buscar una solución, sobre todo con Montevideo Gas. Con respecto a Conecta ya hubo una sentencia con un laudo correspondiente. Sé que en el Ministerio de Industria, Energía y Minería también hay reuniones en torno a temas productivos vinculados al servicio público, distribución de gas, a los costos internos y a la compra del gas que proviene de Argentina.

                Creo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social integra, junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, un grupo de trabajo. Quisiera corroborarlo a fin de encontrar una solución mucho más integral al tema productivo-laboral o energético-laboral.

                Con relación al tema del control obrero, quiero señalar que generó un antecedente muy complicado para el Uruguay. Sinceramente, muy complicado.

                El señor ministro hacía referencia al tema judicial. Es verdad que había una medida cautelar de amparo presentada por la empresa. A su vez, también es verdad que, si bien había una manifestación pública en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vinculada a su posición respecto al control obrero, es notorio que incumplía el literal d) del artículo 4.º del decreto n.º 165 del año 2006, que habilita las ocupaciones de trabajo, pero que establece que en ningún caso se permitirá a los trabajadores ocuparse del giro de la empresa. Creo que es ese literal; luego podrán corroborarlo. Por lo menos, mi formación biológica del derecho laboral me indica que es así.

                En ese sentido, quiero señalar que tengo una posición diferente a la del señor ministro. No vamos a debatir posiciones; cada uno es responsable de lo que hace. Se lo manifesté personalmente y no voy a ocultarlo aquí. Me parece que estas cosas ameritan una relación franca, una actitud diferente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre este punto, sobre ese día, en particular del presidente del Uruguay.

                Sé de las consultas realizadas por parte del señor ministro al Poder Judicial. También es verdad que no necesariamente había que hacerlo por vía judicial porque, ante el incumplimiento de la normativa laboral, el ministerio perfectamente podía actuar de manera directa sin tener que utilizar la medida cautelar del amparo dispuesto por la Justicia que, en definitiva, fue lo que operó para generar el cese del control obrero.

                Luego de eso se produjo la huelga; este tema fue público. No sé si los once despidos anunciados por la empresa están en curso o en suspenso. Quiero consultar al ministro sobre esa situación. A su vez, quiero preguntarle cómo está funcionando la guardia gremial en esta huelga, cómo está funcionando el suministro del gas como servicio público y, además, saber qué medidas de contingencia hay. Planteo esto porque uno tiene la sensación de que este asunto va para largo y que se va tirando para adelante.

                El señor ministro decía que hay una solicitud de entrevista del presidente de Petrobras al presidente de la república. En medio de este proceso hubo cambio de autoridades de Petrobras en Uruguay. Quisiera saber qué planes de contingencia tiene el ministerio para una situación que, reitero, es del servicio público, es un negocio complicado, con una empresa multinacional que anunció que quiere cesar sus actividades en Uruguay, no solamente la de distribución de gas domiciliario sino también lo que tiene que ver con la distribución, transporte y venta de combustibles, que tampoco es una buena noticia para el Uruguay. En un mundo tan interrelacionado, tan interconectado, no es una buena noticia para el Uruguay que una empresa transnacional de estas características anuncie eso.

                Me consta que las soluciones relacionadas con el proceso productivo y energético no tienen que ver con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; no lo vamos a discutir hoy. Hemos citado al ministro de Industria, Energía y Minería a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios para hablar sobre este tema. Sé y está claro que vamos a conversar con ustedes sobre un tema desde la óptica laboral, de la situación laboral de este tema, pero esa es una de las patas del problema y de la solución, de ambas cosas.

                Quisiera saber qué medidas de contingencia están pensando tomar en el futuro, más allá de las propuestas presentadas –tengo varias de ellas aquí– por el sindicato, por el PIT-CNT, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la empresa. Se trata de un conflicto, de una huelga que viene desde hace tiempo, con antecedentes como mencionó el señor ministro e, incluso, con un antecedente que, a mi juicio –este comentario corre por mi cuenta–, no ayudó en nada a la situación puntual ni al Uruguay: el de generar por primera vez un control obrero.  Por consiguiente, me gustaría conocer un poco más si, más allá de la reunión con el presidente de la república que está a la espera de eso, hay alguna otra propuesta en curso, si los despidos están efectuados, si están en suspenso y si hay seguro de desempleo previsto. En definitiva, quisiera saber más sobre la situación actual y los planes de contingencia a fin de encontrar una solución.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, quiero reconocer que el señor senador Delgado me habló personalmente de esta diferencia de opinión que tenemos sobre la actuación del ministerio y del Poder Judicial. Conversamos al respecto, como siempre, y le permitimos conocer nuestra opinión sobre el problema.

                Sobre ese primer aspecto, quiero reiterar que nos parece correcta y fundamentada jurídicamente al máximo nivel la actitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si bien hay algunos otros antecedentes de control obrero en el Uruguay, en este caso se daba una situación particular, ya que se produjo una sentencia judicial anticipada a la medida, tomada por el juez, por lo que todo el tema se encontraba en el ámbito judicial. Ante eso, además de habernos pronunciado, reitero, con un mes de anterioridad a la Justicia –quiere decir que el ministerio se pronunció en contra de esa medida un mes antes, el 22 de marzo, en tanto que el hecho se produjo el 25 de abril, posición que comunicamos a la empresa, al sindicato y al PIT-CNT– cuando el tema entró a la órbita del Poder Judicial y se concretó el 25 de abril la medida en cuestión, llamé al juez, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al fiscal general de la nación, luego de tener informes de nuestro equipo jurídico, algunos de cuyos integrantes se encuentran hoy aquí. Lo que hicimos fue, por nota escrita presentada en el juzgado, ponernos a la orden para ejecutar lo que correspondiera de la sentencia judicial. Ante esto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia me dijo que no tenía nada que hacer y que ni siquiera tenía que presentarme en el juzgado, ya que el tema estaba allí y en su opinión el juez tenía que proceder a la desocupación y desalojo del control obrero. Eso me dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia a las 8 de la mañana del día de los hechos. Cuando consulté al fiscal general de la nación recibí la misma respuesta. Al juez le pedí que me dijera qué tenía que hacer, porque él iba a resolver y yo quería conocer cómo debía proceder ante el caso. Al mismo tiempo, le trasmití la respuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del fiscal general de la nación, además de la opinión coincidente de los abogados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La respuesta del juez fue que él tenía su independencia técnica e iba a ver qué resolvía, ante lo que respondí que estaba a la orden y dispuesto a comparecer inmediatamente. Frente a mi planteo, el juez me respondió que él comenzaba a trabajar a las 12:30. Expreso esto para dejar constancia –ya que eso también se comentó públicamente– de la demora que hubo en la desocupación.

                Voy a señalar cómo transcurrieron los tiempos durante el día. Me presenté a las doce y cuarenta en el Palacio de los Tribunales –abre a las doce y treinta– y esperé una hora y media sentado en un banco para que el juez me diera la sentencia, que se encuentra disponible para todos. Nos llamó poderosamente la atención que el juez, que previamente había manifestado que no se podía realizar el control obrero, en la sentencia de ese día expresara que si los tres ministerios lo considerábamos conveniente, procediéramos a la desocupación, contrariamente a lo que había manifestado anteriormente. En ese momento, también me comunica que no tiene personal para hacérselo saber al ministro del interior y, por tanto, lo hago yo; le entrego la sentencia y le solicito que proceda inmediatamente a la desocupación. Y lo hago haciendo uso de esa facultad que figura en la sentencia.

Aclaro este punto al señor senador Delgado a los efectos de informar los hechos porque, realmente, se trató de un día complicado. Además, al existir una instancia judicial en marcha, si hubiéramos procedido, se podría haber interpretado como una injerencia del Poder Ejecutivo. Es más, cuando me presento en el Palacio de los Tribunales y me pongo a la orden del juez, la empresa ya estaba solicitando la desocupación; llegué antes de que la empresa lo hiciera, por lo tanto, creo que actuamos correctamente.

                En segundo lugar, tal como señaló el señor senador Delgado, quiero decir que en este proceso hubo un cambio de presidente de Petrobras en Uruguay. Mantuvimos negociaciones con determinado presidente de la empresa en Uruguay y recientemente asumió otro. Lo primero que hago cuando eso sucede es solicitarle una reunión  –que inmediatamente concretamos– como parte del diálogo que mantuvimos y mantenemos con la empresa. 

                Por otro lado, ante la situación de huelga, solicitamos al sindicato –a través de una nota– que nos aclarara cuáles eran las medidas gremiales de garantía de los servicios. Asimismo, el Ministerio de Industria y la unidad reguladora, solicitan en forma periódica a la empresa el estado de situación y los datos sobre la calidad de los servicios. Los informes que tenemos hasta el momento, periódicamente indican que los servicios se están cumpliendo con absoluta normalidad durante lo que se ha denominado huelga general. Por lo tanto, en ese aspecto la empresa está funcionando.

                Con respecto a qué otras medidas estamos pensado –esta es otra de las preguntas del señor senador Delgado–, voy a leer la última propuesta que realizó el PIT-CNT el día 17 de junio, es decir, hace quince días. En ella se ilustra la situación de los despidos y de los seguros de paro. En la propuesta del PIT - CNT y del sindicato de la compañía del gas, en el punto 2. del documento, se señala: «La empresa ha manifestado que pretende bajar el costo laboral equivalente a 30 puestos de trabajo, al mismo tiempo que el Presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, anunció que se iban a entablar negociaciones con Uruguay para acordar la salida del gas natural». Siguiendo con la lectura, en el punto 3. se establece: «La parte trabajadora tiene como objetivo central la no existencia de despidos.

Se plantea:

Alcanzar el número del equivalente a 26 puestos de trabajo como reducción del costo laboral por un período de 8 meses, lo que se compondrá de la siguiente forma.

Existirán dos periodos de seguros de paro rotativos por cuatro meses (1º de julio - 31 de octubre 2019 / 1º de noviembre 2019 - 28 de febrero 2020). Los mismos abarcarán a quince trabajadores por cada vez.

A esto se suman once puestos de trabajo (cinco compañeros con causal jubilatoria que han manifestado la voluntad de retirarse, dos en seguro de paro que han dicho que quieren el despido, tres que ya han sido eliminados desde abril a la fecha por renuncia o despido y que no se han cubierto ni se cubrirán, y uno que ha ido a pedir el despido en estos días)».

Esto resume un poco lo que preguntaba el señor senador Delgado. Efectivamente se han producido despidos en once casos por distintas razones. En la propuesta del PIT - CNT se planteaba que teniendo en cuenta esta realidad, se propone complementar con dos períodos de seguro de cuatro meses cada uno, que abarcaría a quince trabajadores cada vez.

En el punto 3. se propone: «Se reintegrará a todos los trabajadores despedidos y a los que están actualmente en seguro de paro al momento de que culminen los mismos, excepto a los mencionados en el numeral II del literal A». Al mismo tiempo, el punto 4. dice: «Se establecerá que todos aquellos que han sido o serán suspendidos por 14 días con apercibimiento de despido tendrán el descuento de los días pero la sanción no quedará en el legajo como antecedente laboral, por lo que no operará al momento de que puedan darse otras medidas disciplinarias».

Esta es la  última propuesta que se realizó, sensiblemente diferente en cuanto a las reducciones del número de trabajadores, y a lo relacionado con el tema de la reducción de costos laborales que la empresa ha venido planteando, pero tampoco fue aceptada en la semana siguiente a su presentación.

        Quiero destacar que sí hay un punto que es muy importante. Siempre ambas partes desde la primera propuesta realizada el 3 de abril estaban de acuerdo  en crear una comisión de reestructura para la optimización de los costos laborales y la mejora de la ecuación financiera de la empresa. Esto es algo que  para nosotros fue y es actualmente el eje central de lo que debería ser la negociación. Creemos que en ese punto en el que hay acuerdo entre la empresa y los trabajadores en cuanto a la necesidad de una reestructura para utilizar los costos laborales y mejorar la ecuación financiera está el centro de la alternativa a buscar. También  queremos señalar con absoluta franqueza que lo  acordado desde el mes de abril se ha ido agravando en este tiempo y creemos que esta última propuesta que ha hecho la central sindical y el sindicato es un avance en el reconocimiento de la optimización de los costos laborales y  de la ecuación financiera. Lamentablemente, eso también ha sido rechazado por la empresa y provoca que a esta altura estemos a la espera de esta reunión que ha solicitado el presidente Castello Branco de la empresa Petrobras en Brasil al presidente de la república para luego de esa instancia retomar las negociaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal vez haga un relato de la visión que tengo y quiero hacerlo público ante las autoridades porque quizás esté equivocado en alguna de las apreciaciones que poseo, de manera de poder corregirlas. Incluso, como forma de aporte, desde el punto de vista de la comisión, a los efectos de contribuir para encontrar una salida a una situación conflictiva con la que convivimos desde hace bastante tiempo.

                La prestación del servicio de gas por cañería es público en nuestro país; es un bien público que se hace por parte de un prestador privado. No tengo claro los antecedentes. Creo que nunca fue una empresa pública, sino que siempre estuvo en la actividad privada y en varios pasajes –uno de ellos fue antes de la dictadura, como otros posteriores– hubo licitaciones del Estado para otorgar la prestación del servicio por parte de operadores privados de un servicio público como es brindar gas para energía a los hogares de nuestros compatriotas. Si esto fue así, si hubo una licitación –donde ganó una multinacional como Petrobras–, debe existir un convenio o acuerdo, y habría que saber –si nos pueden hacer llegar la información porque no lo sé– si esta empresa, que ahora está en esta situación conflictiva –ya no solo con los trabajadores–, ha cumplido con el contrato y con todo lo que se comprometió. Si hubo una licitación, seguramente el Estado uruguayo le concede algunos derechos y tiene algunas obligaciones de inversión, de crecimiento, de desarrollo, de mayor cantidad de usuarios o prestadores de servicio. En tiempos pasados, cuando tenía otras responsabilidades, en otras tareas ya convivía con el  conflicto del gas porque este no es el primero. Desde la recuperación de la democracia creo que es el undécimo conflicto de esta empresa, y creo que en varios de ellos se ha terminado con huelgas, ocupaciones, huelgas de hambre, en donde los trabajadores se someten, a veces, hasta perjudicar su integridad física para defender su trabajo. Esto, en verdad, nos preocupa.

Con respecto a las preguntas del señor senador Delgado, debo decir que son correctas. Cuando esto pasó, de inmediato nos pusimos en contacto con el señor ministro y se convino ir proponiendo esto, lo que no quita que siempre tenga plena vigencia discutir cuáles son las medidas que se toman por parte del Gobierno, de los controles y hasta la propia discusión política que damos al tema.

Ahora, ¿qué significado tiene el control obrero, más allá de la declaración? Esto queda escrito y cuando se lean estas actas, se podrá ver cuántos meses duró el control obrero en esa empresa. ¿Meses, semanas o días? En realidad, duró ocho horas. Tenemos entendido de que se declaró públicamente a media mañana hasta que se comunicó el desalojo. En el transcurso de las horas ese control obrero dejó de existir, lo que tuvo, desde nuestro punto de vista de la valoración, el mismo efecto que una huelga con  ocupación. Se ocupó el lugar de trabajo. Salvo que en lo personal –no en lo colectivo– no esté enterado de otra cuestión. ¿En qué consistió la medida, tiene algún aspecto diferente a la huelga con ocupación del lugar de trabajo? ¿La empresa denuncia que se rompió algo? ¿Hay deterioro de la maquinaria? ¿Se apropiaron de algo los trabajadores? Además de que la empresa no esté de acuerdo –se trata de una multinacional que despide en su país a trabajadores y que, incluso, la está privatizando–, quisiera saber si les reclama a los trabajadores alguna otra cuestión. Porque la empresa no va a estar de acuerdo con una huelga, ni con el control de obreros, ni con una huelga general, ni parcial; eso está claro. Nosotros no estamos reivindicando ni pidiendo que la empresa esté de acuerdo con un control obrero, pero queríamos saber si además de esto hubo otro perjuicio que hicieron los trabajadores y cayeron en otra situación. Ahora bien; ¿esto aparece de la noche a la mañana? ¿Se le ocurrió al sindicato del gas, a la central sindical, al movimiento obrero realizar allí un conflicto o está respondiendo a algo? Por lo que nosotros estamos enterados esta está siendo la respuesta,  porque la empresa está despidiendo trabajadores, está reduciendo la plantilla, no hizo la inversión, no tiene más usuarios, ni beneficiarios del servicio, por el contrario, los está perdiendo. Pero, además lleva otro perjuicio implícito para el Estado uruguayo, porque no estaría cumpliendo –si la lectura que estamos haciendo nosotros fuera así– con un pliego convenido por el cual fue otorgada la prestación del servicio. Es una multinacional que está litigando contra el Estado uruguayo, en tanto que ha anunciado públicamente –he leído artículos que lo avalan– que se va del Uruguay. La empresa se quiere ir, no quiere terminar de cumplir con el contrato que firmó con el Estado uruguayo y, además, nos deja instalado un conflicto con despido de trabajadores, rebaja de la plantilla y sin prestar los servicios que debería brindar en su mejor desarrollo. Insisto, todo esto es así si nosotros no estamos equivocados, porque puede ocurrir que tengamos un relato lo más parecido de lo que está pasando allí, pero no efectivamente real.

                Por último, los trabajadores anuncian que están en huelga general: los que están adheridos a la huelga no están yendo a trabajar y no están cobrando sus salarios. Hay 11 que están despedidos y la medida solidaria del resto de los trabajadores es la huelga. Me pregunto si en esta huelga general no se está vendiendo gas por cañería para calentar los hogares de nuestros compatriotas en este invierno o, por el contrario, están trabajando gratis, prestando el servicio sin cobrar el salario, pero expidiendo el gas. Efectivamente se están manteniendo todos los servicios por parte de los trabajadores, simplemente están adheridos a una huelga no ocupando su trabajo. Entonces, acá hay que saludar a los trabajadores porque aun defendiendo sus puestos de trabajo, –porque no quieren ser despedidos y quieren que la empresa se desarrolle y tenga más usuarios– son solidarios con los compañeros despedidos y hacen una huelga, pero brindando los servicios para que en el invierno la gente cuente con el gas necesario.           

Resta, de parte nuestra, de esta comisión, ofrecernos  para lo que podamos hacer a efectos de saldar definitivamente, lo más rápido posible, este conflicto. No hablo en primera persona como cuando hice las consultas o apreciaciones, sino en nombre de mis colegas de la comisión, porque cada vez que se han generado conflictos que se han complicado, nos han respaldado a la hora de buscar iniciativas, ámbitos de negociación y posibilidades de saldar el asunto lo más rápido posible. Nosotros nos sumamos a la preocupación por el conflicto que tiene esta empresa, de estas características y quisiéramos ofrecer nuestro trabajo y aporte para salir rápidamente.

Solicito que si me equivoqué en alguna cosa que dije, me lo hagan saber, porque si no, después daré como cierta esta lectura.

SEÑOR MINISTRO.- En cuanto al tema del cumplimiento o no del contrato, es una competencia del Ministerio de Industria, Energía y Minería y no del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; ahí interviene dicho ministerio y la unidad reguladora. Con respecto a los otros aspectos, yo preferiría responder alguna pregunta. Creo que hemos dado nuestra posición clara al respecto –salvo que no hayamos expresado mal– y que debemos seguir buscando caminos de negociación y de diálogo. Valoramos la actitud de esta comisión de ofrecerse a colaborar, pero reitero que permanentemente hemos estado haciendo propuestas y reuniéndonos con todas las partes. Como dije al principio, considero que el 3 de abril fue cuando estuvimos más cerca de llegar a una solución pero, lamentablemente, por distintas razones no fue posible. La información que tenemos de los organismos encargados del control de la calidad de los servicios deja claro que están funcionando normalmente y nuestra postura en esta y en todas las situaciones es apostar al diálogo y a la negociación. Por lo tanto, siempre estaremos dispuestos a colaborar con ustedes o a que ustedes colaboren con nosotros en la búsqueda de una solución.

                En relación al tercer tema que nos convoca, debo decir que espero no estar equivocado otra vez. La verdad es que no sé ya cuántas veces hemos venido aquí a hablar de lo relativo al artículo 116  y de los trece jornales. En varias ocasiones he dicho también aquí que somos optimistas y que estamos avanzando y ahora voy a decir lo mismo. Creo que el último plazo legal de prórroga de suspensión de la vigencia del artículo 116, es el 29 de agosto. Los señores senadores encomendaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desarrollar negociaciones y las estamos haciendo con intensidad. Hemos definido que salvo que las partes lo soliciten, a lo sumo hay que reunirse cada quince días y lo venimos haciendo intensamente. Está en nuestra mente la fecha límite del 29 de agosto y estamos trabajando para encontrar una solución antes de esa fecha. En ese sentido, podemos decirles que hemos trabajado mucho con el Cenave y con el Supra y en la última reunión que se hizo en el día de ayer estuvo presente la Subdirectora Nacional de Trabajo, quien ha trabajado directamente en este tema. Entonces, luego de una serie de reuniones que se hicieron con las partes, ayer se presentó una nueva propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y se acordó que la presentemos por escrito, para una reunión que está prevista para el 17 de julio.

Los señores senadores recordarán que a raíz del preacuerdo del 5 de noviembre enviamos un proyecto de ley que finalmente no fue sancionado por el Poder Legislativo, y este volvió a prorrogar la suspensión de la vigencia del artículo 116. La nueva propuesta que hizo el ministerio el día de ayer, está basada en el preacuerdo del 5 de noviembre, con alguna modificación. En particular, en uno de los puntos que estaba planteado por el Centro de Navegación, sobre el cual se ha encontrado –aparentemente, hasta esta hora y pensando en positivo– una alternativa. La idea es que si esta propuesta escrita, que presentará el ministerio el 17 de julio, es acordada y convenida, será objeto de un proyecto de ley que enviaremos a consideración del Poder Legislativo.

                Solicito al señor presidente le ceda la palabra a la señora Cristina Fernández para que resuma los puntos de dicha propuesta.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- Buenas tardes.

                Los señores senadores recordarán que cuando se había elaborado el primer preacuerdo el Cenave había aceptado todos los términos, menos un punto que era el referido al pago de los trece jornales en el puerto de Montevideo, específicamente, para la actividad de la estiva de los contenedores; el Supra lo había aceptado todo. Justamente, en esta nueva etapa nos detuvimos a analizar ese punto que estaba en controversia. Allí se cambiaría el pago de los trece jornales, que era lo que definía el punto C4 del anterior preacuerdo, por convocatorias con carácter obligatorio que habría que reglamentar. El Supra acompaña la idea de la existencia de las convocatorias, siempre que tenga determinado el contenido como, por ejemplo, el aviso previo. En base a eso se incorporaría alguna otra definición que tiene que ver con el tema de la reglamentación, el hecho de que se convierta no en una nueva ley que sustituya el artículo 116 sino justamente la construcción de un acuerdo que tendría vigencia, en tanto no sea sustituido por otro acuerdo que se formule por las mismas partes que intervienen en este caso. Habría que incorporar a solicitud del Cenave, y está aceptado por el Supra, una cláusula de paz que alcanzaría el contenido de ese acuerdo. Eso lo enviaríamos al Parlamento. Se está considerando que entraría en vigencia a partir de que se enroquen la derogación del artículo 116, el acuerdo y la reglamentación terminada. Por eso es que tenemos esperanzas fundadas de que finalmente salga humo blanco.

SEÑOR DELGADO.- Este punto no lo habíamos incluido pero es un tema que sobrevuela porque los tiempos se agotan. La verdad es que, por lo menos, nos deja tranquilos de estar en la línea correcta de aprovechar un convenio colectivo que va a ser la vía del acuerdo para buscar una solución legal. Debemos tener una precisión quirúrgica en los plazos legales porque la prórroga implica la entrada en vigencia de un artículo de una ley –en realidad, está vigente pero su aplicación en suspenso– y entraría a regir un convenio colectivo cuando se derogue ese artículo. Lo que pediría es que, quizás sobre fin de mes, el señor ministro avise de esto al presidente de la comisión para estar alertas con los plazos. En este año estamos en un proceso complejo y necesitamos también esa información a fin de mes en la comisión, para aprovechar las sesiones de la primera semana de agosto y avanzar en los temas legislativos.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- En ese sentido fue que, justamente, pidieron que fuera el ministerio el que elaborara el proyecto –como lo había hecho la vez anterior– y se va a analizar. El 17 las partes ya traerán la respuesta y luego la remitirían a sus asambleas; estaríamos pensando en un acuerdo que debería zanjarse rápidamente.

SEÑOR MINISTRO.- Sin perjuicio de ello y aprovechando la buena voluntad, pediría a los señores senadores, si lo entienden conveniente, que también nos ayuden a explicar el tema de los plazos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero agregar algo más. Estábamos viendo con Secretaría que la última prórroga termina el 28 de agosto. Desde el punto de vista de los tiempos políticos quiero señalar –para que lo sepan por lo que precisaba el señor senador Delgado– que la última oportunidad que tenemos de ingresar la iniciativa a esta comisión es el jueves 1.º de agosto y ya deberíamos tener el borrador del acuerdo general porque en las jornadas del 6 o el 7 –en las primeras sesiones del Senado– ya debemos aprobarlo en el Senado para pasarlo la otra semana a la Cámara de Representantes porque se termina el mes. Me acotan por Secretaría que entra primero al Senado, este lo manda a comisión, donde podría tratarlo el 1.º de agosto si acordamos proceder así. Confío en la palabra de los colegas en el sentido de que va a haber acuerdo en ese sentido.

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera manifestar, antes de pasar al último punto a tratar, que a las 17:20 horas tendría que retirarme porque tengo un compromiso con una actividad que hacemos en el ministerio con el contador Enrique Iglesias y el exsecretario de la seguridad social española, Adolfo Jiménez, pero si fuera necesario para continuar la conversación, el resto de la delegación puede permanecer.

                En relación al tema OIT nos permitimos traer unas copias, señor presidente, de la presentación que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 14 de junio en la OIT, en ocasión de discutirse en la Comisión de Aplicación de Normas de ese organismo el caso 2699, referido a Uruguay y la queja del sector empresarial. En ese documento, en nuestra opinión, están sintetizados todos los elementos fundamentales de la posición del Gobierno uruguayo respecto a este tema y queremos hacer dos o tres precisiones muy importantes.

En primer lugar, el Gobierno uruguayo va a cumplir con las conclusiones que ha tomado la comisión de normas el 17 de junio; no cuestiona a los organismos de la OIT y queremos destacarlo expresamente. Por ejemplo, podría decirse que hay una contradicción porque el sector empleador sí los cuestiona. El discurso que realizó el sector empleador en la conferencia cuestionó a los organismos de control de la OIT; nosotros no lo hacemos ya se trate de la comisión de normas, de la comisión de expertos en la aplicación de normas de la OIT o del comité de libertad sindical. Nosotros podremos estar de acuerdo, más o menos de acuerdo, podremos tener diferencias, pero respetamos los órganos de la Organización Internacional del Trabajo.

                Hago este señalamiento porque para nosotros también es importante que el Uruguay como país, a través de su gobierno, no cuestiona a los organismos de la Organización Internacional del Trabajo, como sí lo han hecho otros gobiernos en relación a sus casos o a otros casos, o como lo han hecho los empleadores del mundo o de Uruguay.

                En segundo lugar, en los últimos años y particularmente con esta Administración desde 2015, hemos tomado el tema con la mayor seriedad y con intenso trabajo, creando grupos de trabajo tripartitos, presentando propuestas y buscando atender las observaciones o recomendaciones que nos han hecho. Además, buscamos atender los planteamientos del sector empresarial y del sector trabajador, de acuerdo a la Constitución uruguaya, a las leyes y de acuerdo a las normas de la OIT. Por ejemplo, en la OIT para el sector empleador mundial el derecho de huelga está cuestionado. El sector empleador internacional entiende que el derecho de huelga no está consagrado por la OIT. Esta es una clara contradicción al artículo 57 de nuestra constitución y lo pongo como ejemplo de las diferencias conceptuales que se tienen en los temas que se discuten en la OIT. Cuando se va a discutir el derecho de huelga, el sector empresarial se niega directamente y ese es un derecho constitucional de nuestro país que creo que todos respaldamos.

                En tercer lugar, hicimos público ese documento que presentamos ese mismo día en la OIT y lo traemos hoy a esta comisión y la semana pasada lo llevamos a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Hemos señalado con el mayor detalle cuál es la posición que tenemos al respecto. En este sentido, el gobierno va a cumplir con las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. Por ejemplo, hoy es 4 de julio y la conferencia de la OIT culminó el 21 de junio, hace quince días. El 26 de junio hicimos la primera reunión tripartita con empresarios y trabajadores –por los primeros estuvieron presentes los presidentes de la cámara de industria, la cámara de comercio y asesores, y por el PIT-CNT estuvieron el presidente y el secretario general–, para considerar este tema en particular y los otros puntos que resolvió la OIT, que fueron muchos. Recordemos que fue el año del centenario de la OIT, hay una declaración y un documento sobre el futuro del trabajo muy importante. También se aprobó el convenio n.º 190 sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo, el que nos gustaría informar a esta comisión porque también estamos trabajando sobre él. Asimismo, se aprobó la recomendación n.º 206 también sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. Queremos ser de los primeros países del mundo en aprobar el convenio, como lo fuimos con el anterior convenio el n.º 189 que fue aprobado en el año 2011 sobre el trabajo doméstico. Fuimos el primer país del mundo en ratificarlo. Convenio que es reconocido por la OIT que se inspiró, entre otras fuentes, en la legislación uruguaya de trabajo doméstico, la Ley n.º18065. En estos días hemos trabajado en todos estos temas.

En la reunión tripartita se consideraron las conclusiones de la OIT con relación al caso Uruguay, que refieren exclusivamente a la ley de negociación colectiva. Este es otro aspecto importante, las conclusiones de la OIT son exclusivamente sobre eventuales modificaciones a la ley de negociación colectiva, no sobre otros temas que el empresariado uruguayo y el empresariado internacional llevaron a la OIT. Y sobre esto quedamos en que vamos a trabajar. En la reunión del 26 de junio hicimos una propuesta de plan de trabajo que fue unánimemente aprobada que es reunirnos como máximo cada 15 días –a próxima reunión es la semana que viene, el 10 de julio–, y partiendo de la base de que el Gobierno se ha comprometido a cumplir con las conclusiones de la comisión de normas adoptadas el 17 de junio, vamos a trabajar intensamente y de buena fe por ese camino. Destaco nuevamente que hemos encontrado, tanto en el sector trabajador como en el empresarial, una buena actitud a trabajar más allá de las diferencias existentes en ese sentido.

                Quiero destacar que esta reunión del 26 de junio la acordamos con los presidentes de la cámara de industria, la cámara de comercio, y el presidente y el secretario general del PIT-CNT antes de conocerse las conclusiones de la OIT al respecto. Es decir, no sabíamos cuál iba a ser el resultado y antes de eso ya dijimos: «De cualquier manera el 26 de junio nos reuniremos para ver cómo trabajamos en este y en los otros temas muy importantes que fueron considerados en la conferencia».

                También acordamos empezar a trabajar en el proceso de ratificación del convenio de acoso y violencia n.º 190 aprobado en esta conferencia n.º 108 del centenario de la OIT y ayer se concretó la primera reunión tripartita para tratar el tema. Se cita en función del convenio n.º 144 de la OIT. Es un problema mundial que está, lamentablemente, en  crecimiento y estamos tratando de que Uruguay sea –como ya lo dijimos– uno de los primeros países del mundo en aprobar este convenio n.º 190 y la recomendación.

                Con relación a los temas de la queja del Caso 26/99, relativas a la Ley de Negociación Colectiva, en nuestra opinión, en el documento que les hemos entregado tienen todos los fundamentos de lo que pensamos al respecto y de lo que podría hacerse.

                Estuvimos, estamos y estaremos dispuestos, mediante el diálogo y la negociación colectiva, a hacer modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva, la Ley n.º 18566. A vía de ejemplo señalamos las propuestas que hemos hecho en 2015, en setiembre de 2016 y en marzo de 2017. En particular, con relación a eventuales modificaciones a esa ley queremos citar las propuestas realizadas en 2015 y, sobre todo, la de setiembre de 2016.

                Con respecto a esta última, consideramos que la mayoría de las observaciones y de las recomendaciones que hemos recibido por parte de la OIT y que fueron origen de la queja presentada en 2009 por el sector empresarial uruguayo, con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores, están resueltas en esa propuesta de setiembre de 2016. Lamentablemente, ella no fue aceptada por las cámaras empresariales en sendos comunicados que nos enviaron en julio de 2017, donde nos señalaron que esas propuestas no eran aceptables, que eran insuficientes y que estaban dispuestos a seguir dialogando al respecto. Sin embargo, luego de eso no fue posible concretar reuniones porque ellos ya habían decidido que iban a continuar con el caso en la Organización Internacional del Trabajo.

                En opinión del Gobierno, del Poder Ejecutivo, de este ministerio, entendemos que la mayoría de las cuestiones presentadas por los empleadores están contempladas en esas propuestas, particularmente la de setiembre de 2016. Para eso me permito hacer un pequeño resumen. Estoy tomando como base un documento de la OIT del Consejo de Administración de marzo de 2010, en la 307.ª Reunión del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, que toma en cuenta el 356.º Informe del Comité de Libertad Sindical. Allí se establecía: « I)   en lo que respecta al intercambio de informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva y que tratándose de información confidencial la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, y su desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan (artículo 4), el Comité considera que todas las partes en la negociación, gocen o no de personería jurídica, deben ser responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de las informaciones que reciban en el marco de la negociación colectiva». Esto está contemplado en la propuesta de setiembre de 2016.

                En segundo lugar, el Comité de Libertad Sindical de la OIT hablaba de la integración del Consejo Superior Tripartito. Allí establecía: «el Comité considera que podría tenerse en cuenta un número igual de miembros por cada uno de los tres sectores». Ese aspecto ya fue resuelto por la Ley n.º 19027, del 18 de diciembre de 2012.

                En tercer lugar, el Comité de Libertad Sindical señalaba que la determinación del nivel de negociación colectiva debería depender de la voluntad de las partes en relación a las competencias del Consejo Superior Tripartito. Esto ya está previsto en la Ley n.º 18566. También está prevista una solución en las propuestas de diciembre de 2015 y de setiembre de 2016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

                En otro punto, en el informe de marzo de 2010, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, establecía que todo convenio colectivo sobre fijación de condiciones para el empleo debía ser el fruto de un acuerdo entre las partes, tal como está previsto. El artículo n.º 12 de la Ley n.º 18566 establece que, indudablemente, las condiciones de empleo son fruto de la negociación entre las partes. Es decir que ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Trabajo pueden imponer condiciones de empleo.

                En el quinto punto del informe se expresa –en función de un aspecto que planteó el sector empleador– qué sucede y cómo debería procederse, conforme a la legislación nacional, cuando no hay representación sindical en una empresa. En ese sentido, aclaramos que este tema fue resuelto en nuestras propuestas de diciembre de 2015 y de setiembre de 2016.

                En el sexto punto, el comité solicita al Gobierno el cumplimiento de los temas relativos a las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, así como en lo que dice relación con el cumplimiento de las formas, que también están incluidos en nuestras propuestas de diciembre de 2015 y de setiembre de 2016.

                Por otra parte, el séptimo punto refiere a lo que se ha denominado la ultractividad, o sea, el mantenimiento de la vigencia de las cláusulas una vez culminado un convenio colectivo o una resolución de consejos de salarios y qué pasa mientras se negocia un nuevo plazo. Nuestras propuestas de setiembre de 2016 y de marzo de 2017 también resolvieron eso.

Por lo tanto, entendemos que la mayoría de los puntos de la queja del Caso 26/99 están contemplados en estas propuestas que, lamentablemente, no fueron aceptadas por el sector empresarial. Por eso, reitero que estuvimos, estamos y estaremos dispuestos a trabajar con la máxima prontitud. Tan así es que, seguramente, somos de los pocos –o el único– países del mundo que cinco días después de culminada la conferencia de Ginebra convoca a una primera reunión para tratar su caso; que siete días después realiza un acto muy importante –a salón lleno– en el Ministerio de Trabajo para informar e iniciar el proceso de ratificación del Convenio n.º 190 y de la Recomendación n.º 206 sobre Violencia y Acoso Laboral; que quince días después organiza una primera reunión tripartita a efectos de cumplir con el Convenio n.º 144, y que fija un calendario de trabajo con un plazo máximo de quince días entre reunión y reunión para considerar el caso de Uruguay.

Estamos dispuestos a ampliar los contenidos de nuestra exposición, aunque entendemos que es suficiente con dejar el documento a los integrantes de la comisión. Por tanto, preferimos –si así lo entienden los señores senadores– escuchar sus comentarios y preguntas para no seguir abusando de su tiempo y permitir el mejor intercambio. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Ministro.

                Los señores senadores Mieres y Otheguy  tuvieron que retirarse porque integran la Comisión de Asuntos Internacionales que justamente está sesionando en este momento.

SEÑOR DELGADO.- Voy a ser breve en este tema que es muy amplio  y  seguramente hablaremos de él en otras oportunidades.

                En lo personal es muy importante empezar a hablar en este ámbito sobre este punto que no es nuevo. Hace mucho tiempo que en la OIT está arriba de la mesa y, más  allá de las propuestas que me consta que el Gobierno y otros sectores han realizado para tratar de enmendarlo, en los hechos el tema sigue sin solución. A tal punto es así que Uruguay –que debe ser uno de los países que más recomendaciones de la OIT ha ratificado– está dentro de los veinticuatro países que estarían incumpliendo observaciones de la OIT en la aplicación de convenios internacionales de trabajo en la Comisión de Aplicación de Normas. Debo recordar que tanto esta comisión como el Comité de Libertad Sindical son órganos tripartitos en la Organización Internacional del Trabajo. Digo esto porque tampoco se trata de una burocracia internacional –la OIT es un organismo muy particular– de funcionarios que deciden tal o cual cosa, sino que existe una integración tripartita que estudia los casos y envían misiones técnicas. En este caso,  la hubo para Uruguay y en febrero de este año vino la última en la que hubo una especie de intimación al Gobierno  para que cumpla con las recomendaciones de la OIT en el cambio de la Ley de Negociación Colectiva. Luego se llegó a esta conferencia donde el Comité de Aplicación de Normas no solo  incluyó a Uruguay en la lista de veinticuatro países para ser estudiados  por incumplir las observaciones de la OIT en la normativa laboral sino que, además, existe un dictamen intimando al Gobierno uruguayo para que antes del 1.º de noviembre  se presente un proyecto de ley que modifique  y mejore –esta última expresión va por mi cuenta– la Ley de Negociación Colectiva vigente y además le pide una especie de reporte sobre la situación que deberá presentar antes del 1.º de setiembre del presente año.

                Digo esto porque, que los trabajadores o empleadores cuestionen a los organismos de la OIT o a sus decisiones, están en todo su derecho. Me preocuparía más si el Gobierno uruguayo los cuestiona y me queda claro, que no lo hizo. El señor ministro fue enfático, lo valoro y es lo primero que hay que despejar: si se está cuestionando o no al organismo –en este caso la comisión de carácter tripartito– o la decisión.

                Lo segundo que quiero señalar –vamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío– es que me quedo con eso porque empieza una etapa con plazos perentorios en la que el ministro se comprometió a cumplir con las observaciones del Comité de Aplicación de Normas de la OIT. Me parece que es una señal positiva y quiero que quede claro. En cuanto a la forma, obviamente tiene la derecha el señor ministro. Consta de varios puntos. Algunos fueron mencionados en la comisión entre los que se encuentran observaciones de la OIT a la Ley de Negociación Colectiva vigente. Tenemos algunas propuestas sobre este punto, pero queremos señalar que para nosotros es importante que se puedan incorporar las observaciones del mencionado organismo al derecho positivo uruguayo para mejorar y modificar la Ley de Negociación Colectiva.

                En ese sentido, con el compromiso político y público que acaba de hacer el señor ministro, le digo que cuenta con nosotros. Más allá de que el propio organismo internacional exige un consenso  social, voy a ampliar más el abanico  y expreso que también se necesita un consenso político. En este sentido, nos ponemos a disposición para trabajar en la modificación que mejore la citada ley incorporando las observaciones de la OIT.

Por mí parte, más allá del racconto del  historial, es claro que Uruguay estuvo por primera vez en esta lista, lo cual no está bueno, como tampoco que haya observaciones públicas de un organismo tripartito como la OIT. Además, en el medio existe un convenio entre la Unión Europea y el Mercosur, en el cual hay una cláusula de cumplimiento de normas internacionales, particularmente, las laborales, por lo que nos comprenderían las generales de la ley poder cumplir con las observaciones de la OIT.

En definitiva, el Poder Ejecutivo dijo dos cosas que rescato: por un lado, que no se cuestiona a la OIT, los organismos ni las resoluciones; por otro, se va a cumplir con las observaciones. Para mí eso es suficiente y voy más allá. Quiero que el señor ministro sepa que nosotros vamos en la misma línea y nos gustaría, como partido político, poder participar y colaborar en las modificaciones de la ley de negociación colectiva.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queremos agradecer el informe resumido que brindó el señor ministro porque me consta, y a juzgar por todos los papeles que tiene, que es extenso. Si iba a dar lectura a todo, íbamos a requerir una extensión  horaria. El señor ministro pudo gozar de la virtud de referirse en pocos minutos a un tema que ha llevado una cantidad de  horas. Mientras la delegación uruguaya –compuesta en forma tripartita, con trabajadores, Gobierno y empresarios– estaba discutiendo y analizando estos casos en la conferencia de la OIT en Ginebra, las repercusiones de los medios de prensa acá fueron abundantes.

                Nos comprenden las generales de la ley por tener directa relación con toda esta historia desde que volvimos a gozar de un sistema de negociación colectiva en el país. Quiero reivindicar eso. Quiero reivindicar dos cosas, no quiero cortar camino. Quiero terminar con la misma conclusión del señor senador Delgado, en cuanto a que en este ámbito nunca nos negaremos a discutir y a debatir para encontrar la mejor solución, la que permita a un sistema democrático gozar de un derecho en forma equitativa. Ojalá que siempre hubiese sido así. Pertenezco a la generación de trabajadores que no teníamos la posibilidad de negociar colectivamente y nosotros militábamos clandestinamente. Mi nombre figuraba en la lista negra; no nos daban trabajo por ser dirigente sindical. Ocurrió en este país y no en otro. Había empresas que brindaban servicios que tenían listas negras donde figuraban los dirigentes o militantes sindicales. Nosotros no podemos abstraernos de que esto ocurrió en el Uruguay y nadie levantaba la voz como lo hace el señor senador Delgado y otros legisladores del parlamento. Por lo tanto, aunque tengamos opiniones distintas, aunque confrontemos políticamente, estamos orgullosos de tener un sistema democrático que nos permite debatir y discutir.

                Ahora bien, acá hay cosas que tienen que quedar absolutamente claras. El proceso de cómo tenemos la Ley n.º 18566 sobre el sistema de negociaciones colectivas en nuestro país está enmarcado en la iniciativa de un Gobierno del Frente Amplio

–partido político que integro–, que se había comprometido en la campaña electoral  porque en los 14 años anteriores no hubo negociaciones colectivas, a pesar de que existía la norma. Y ahí no se levantaron voces. Obviamente, en algún momento ni siquiera hubo parlamento, por lo menos, elegido democráticamente; sí personas que usurparon esta Casa. Eso sí. Pero cuando se recuperó la democracia no se levantaban voces. Hubo un período desde el Gobierno del doctor Sanguinetti, luego  en el Gobierno del doctor Lacalle, en el año 1991, que se dejó de convocar a los consejos de salarios. Y solamente negociaban colectivamente algunos de los gremios donde había precios tarifados o regulados, como las empresas lácteas, el transporte, la salud o el sistema financiero, dado el peso que tenía en nuestro país. De verdad, soy de la generación en la que había que pertenecer a un sindicato grande, pesado y con gran capacidad de movilización para obligar al sector empleador a sentarse a negociar.

También hay que decir eso porque, si no, parecería que estamos abstraídos de un mundo totalmente distinto, que no sé si lo sabe la OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia o el Comité de libertad sindical, porque en ese momento no se expedían y no porque no denunciábamos. Las generaciones anteriores de dirigentes sindicales que construyeron la unidad sindical también denunciaban estas cosas. Es más; en la década de los setenta u ochenta denunciaban que acá desaparecían  dirigentes sindicales. Todo esto ocurre en ese mismo lugar, en este mismo ámbito que estamos peleando nosotros.

                Yo reivindico que nosotros tengamos una ley de estas características con todos sus contenidos. No estoy negando la posibilidad de que se cumpla con el compromiso que manifestó nuestro Gobierno de aceptar la sugerencia, la recomendación de la OIT para que busque el consenso posible entre los actores sociales, entre los empleadores y trabajadores. Cuando efectivamente lo logren –y si no lo logran que brinden el informe a la comisión– quiero que las autoridades de este Ministerio de Trabajo estén al tanto de que yo voy a defender la ley tal cual está, para que no nos llamemos a sorpresa. No sé cuál va a ser el contenido, pero salvo que se logre un consenso unánime para alcanzar mayores beneficios para a los trabajadores, nosotros vamos a defender este sistema de negociación colectiva, porque nos parece lo mejor que hemos tenido en muchísimo tiempo. Creemos que es lo que ha posibilitado, efectivamente, a comenzar a distribuir mejor las riquezas que generan los trabajadores y trabajadoras y gozar así de derechos que antes no teníamos ante una generación importante de hombres y mujeres de este país. Aclaro que acá no siempre hubo vestuarios para mujeres y para hombres; no siempre hubo baños para mujeres y para hombres en los lugares de trabajo; no siempre hubo media hora de descanso; no siempre hubo una piecita para poder amamantar a los hijos; no siempre hubo licencia maternal. Todas estas cosas son conquistas que se fueron haciendo por parte de los trabajadores, a partir de valernos de un sistema de negociación colectiva como el que hoy tiene la sociedad uruguaya.

                Me sabrán disculpar los señores invitados que a veces hablo en primera persona como si fuera un dirigente sindical, pero es muy difícil poder abstraerse después de tantos años de estar allí. Lo digo con pasión, pero con mucha sinceridad y respeto. Tenemos la misma vocación de confrontar ideas; confrontamos ideas y defendemos lo que sea mejor para la mayoría de nuestros compatriotas, escuchamos todas las opiniones, sin olvidar ninguna. Sin embargo,  estamos en un período en el que los plazos son reducidos porque en este país van a ocurrir muchas cosas en los próximos meses. El plazo electoral hace que este Parlamento tenga actividad hasta mediados de setiembre y el señor ministro expresó que tienen hasta el 1.º de noviembre para entregar esos acuerdos.

                Me sumo a las palabras finales del señor senador Delgado en el sentido de estar atentos y ayudar en lo que podamos, a esperar las propuestas o los consensos que ustedes generen y poder debatir allí.

SEÑORA PASSADA.- Antes que nada quiero decir que voy a tener que retirarme a otra reunión.

                Creo que lo que decía el señor presidente es, justamente, el camino que nosotros tenemos que buscar. Hay un hecho que es real: algunos de los que estamos aquí en la mesa trabajamos en la construcción de esa ley y, justamente, cuando estábamos en la construcción de la propia norma hicimos hincapié en el instituto de la negociación colectiva. Este debate duró muchísimos meses y, realmente, pienso que nos encontramos en el mismo punto de quiebre de aquel entonces. Nada nuevo se está aportando a la discusión; estamos en el mismo punto. Digo esto porque los actores de esta mesa nos desempeñábamos en distintos lugares: por la mirada que dio el señor presidente desde el propio movimiento sindical y nosotros desde aquí, sentimos que la discusión que tuvo lugar sobre el tema fue muy fermental. En el ámbito de la comisión estaban representados todos los sectores y desde allí se hizo el mayor trabajo.

Quiero dejar constancia de que hoy está planteada la misma discusión sobre el mismo punto, sobre el cuestionamiento de la negociación y sobre el tema de las ocupaciones. Esta fue una discusión sobre la que, en 2008, no pudimos avanzar más allá y hoy volvemos a tener el mismo punto de quiebre.

Ahora bien, después de casi diez años hubo un proceso de trabajo. Yo podría pensar que en aquel momento se pudiera tener miedo sobre esa transformación de colocar una ley de negociación colectiva, pero creo que hoy no se puede poner en duda algunos hechos que son reales y la propia sociedad se ha apropiado. La negociación colectiva no es solamente lo que está plasmado en la ley, sino que es el diálogo social, permanente y tripartito. Esta es la base de la norma. Quería dejar sentada esta posición, consciente de las fuertes discusiones que tuvimos con el señor senador Iturralde en la comisión sobre esos dos puntos.

Me parece que la actitud que está teniendo nuestro Gobierno vuelve a colocar sobre la mesa que el camino es el diálogo y el tripartismo. En lo personal, hago un fuerte llamado para que el camino siga siendo el mismo, pues ello nos dará resultados que, podrán ser más lentos, pero serán los que tengan mayor fuerza.

Además, ¡no importa si se llega a noviembre, señor presidente! Nosotros estamos en condiciones de levantar el receso. El receso se levanta desde la comisión, en las propias sesiones, si existe la voluntad política de hacerlo, independientemente de que estemos en el mes de noviembre. Reitero que me parecería importante ir por ese camino.

Tal vez resulte contradictorio: estoy yendo casi once años para atrás, pero lo importante es que estamos todos firmes y en la misma postura.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero comentar algunas cuestiones que considero importantes.

                Hemos lamentado que Uruguay integrara esta lista. Hemos dicho que nuestro país no merece estar en esta lista –no lo merecía ni lo merece–, pero estas son cosas que se acuerdan sin participación alguna de los gobiernos del mundo. De todas maneras, creemos que hubo una intención a la hora de su inserción en ella.

                Quiero aprovechar la oportunidad para decir al señor senador Delgado que no es la primera vez que el Uruguay está en la lista; ya lo estuvo antes. Por ejemplo –y si no me falla la memoria–, en 2002 o en 2003, estuvo cuestionado por lo bajo que era el salario mínimo nacional.

SEÑORA PASSADA.- Exacto.

SEÑOR MINISTRO.- Reitero que antes también había estado.

                Quiero destacar un hecho que me parece positivo, no ya para el Gobierno, sino para el Uruguay. Recordemos que de la OIT participan casi ciento noventa países y ningún Gobierno del mundo cuestionó al Gobierno uruguayo. No hubo un solo Gobierno del mundo que hablara en contra de la posición del Gobierno uruguayo. Además la posición del Gobierno uruguayo tuvo apoyo –y creo que es un hecho destacable– de todos los trabajadores del mundo, de las más diversas orientaciones sindicales. 

                Lo otro que me parece importante y que tratamos de señalar en ese documento

 –que ojalá los señores senadores consideren oportuno leer y tengan tiempo de hacerlo, dentro de sus múltiples ocupaciones– es que nos volvió a llamar poderosamente la atención que la queja se presentara sesenta y seis años después, teniendo en cuenta que la  Ley n.º 18566 es más flexible, en cuanto al planteo de los empleadores, que la Ley n.º 10449, de 1943.

                Sí tenemos muy claro lo siguiente. Comenzamos y terminamos nuestra exposición del 14 de junio, en Ginebra, diciendo –es este documento que ustedes tienen ahora– que estuvimos, estamos y estaremos dispuestos al diálogo y a la negociación para modificaciones convenientes, oportunas y razonables al sistema de negociación colectiva; queremos más y mejor negociación colectiva. Nosotros no estamos para reducir ni para eliminar la negociación colectiva y además reafirmamos el papel promotor del Estado en ella. Creemos que este tiene que ser un partícipe activo en la negociación colectiva, porque cuando el Estado no fue su promotor, disminuyó  notoriamente o desapareció. Además lo muestran los números. Cuando el Estado tuvo una negociación colectiva como la del primer Gobierno democrático, como producto de los acuerdos de la Concertación Nacional Programática –entre los que estaba la reiteración de los Consejos de Salarios– se llegó a cifras muy importantes de trabajadores y empresas protegidas por la negociación colectiva y la cifra bajó al 10 % o 20 % de trabajadores protegidos cuando no había un Estado promotor de la negociación colectiva o esta no se incentivaba.

                Creo que además hay una razón económico-financiera –que quizás convendría analizar–sobre la importancia de que el Estado esté en la negociación colectiva. Recuerden que desde 1989  las pasividades en Uruguay se ajustan según los salarios y creo que esa es una razón más para la importancia de la participación del Estado en la negociación colectiva.

                Por último, quisiera hacer dos o tres precisiones. Una es que lo que concluye la comisión de normas es que debemos hacer una memoria de lo que estamos haciendo. Fíjense ustedes que en 15 días ya hicimos tres cosas, más dos comparecencias legislativas. Es decir que ya hicimos cinco cosas en este tiempo, así que la memoria va a ser buena para el 1.º de setiembre. Las comparecencias legislativas son parte del proceso de discusión y cumplimiento de las conclusiones de la comisión de normas y de la OIT.

                Lo otro es que la OIT no nos habla de proyectos de ley, sino de iniciar medidas legislativas. Quiero subrayar esto porque no es lo mismo; en instancias anteriores algunos órganos de la OIT habían hablado de proyecto de ley y ahora hablan de iniciar medidas legislativas, en consulta con las partes y nosotros queremos avanzar lo más posible.

                El otro aspecto que quiero informar a los señores senadores es que estamos en la negociación colectiva más grande de la historia del Uruguay. Han culminado 231 consejos de salarios, hay once que tienen que resolver, retroactivo al 1.º de julio, y diez para el 1.º de enero de 2020. De esos veintiuno hay seis que son reenganches porque hicieron convenios cortos o decretos cortos. Contrariamente a lo que se ha señalado, en los 231 consejos de salarios que han terminado hay 85% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Ese porcentaje se compone de un 48% de acuerdos tripartitos y un 37% de acuerdos bipartitos. ¿Cuáles son los bipartitos? Son aquellos acuerdos en los que se ponen de acuerdo empresarios y trabajadores, por encima de los lineamientos del gobierno. Creo que esto confirma la fortaleza de la negociación colectiva y que se puede negociar bipartitamente, tal como lo dice la Ley n.º 18566. A su vez, solamente hemos tenido ocho decretos que, como saben los señores senadores, se hacen cuando no hay posibilidad de negociación. Destaco que fueron solamente ocho decretos en 231 consejos de salarios y que algunos de esos decretos tienen que ver con el sector rural. Lamentablemente –aprovecho la oportunidad para dar la primicia–, el Grupo 22 del sector rural ya nos ha comunicado que nuevamente las gremiales empresariales rurales no van a participar de la negociación. Ante la negativa anterior a negociar habíamos hecho un decreto por un año –podríamos haberlo hecho por dos o tres, pero lo hicimos solo por un año esperando a que recapacitaran, que se viera la evolución del sector rural y ahora volvieran a la negociación– pero esta semana me pidieron una reunión para comunicarme que ahora tampoco quieren negociar. Lo digo porque esta es la excepción; de 231 consejos de salarios que funcionaron, en 223 hubo negociación y solamente en ocho no pudimos hacerlo y entre ellos hay cuatro que son rurales. Reitero que esta semana vinieron a decirnos que tampoco quieren negociar y nosotros lo lamentamos profundamente. Les advertimos que esto nos llamaba profundamente la atención porque todas las demás cámaras empresariales del Uruguay lo hacen y hemos llegado a un 85% de acuerdo. Por lo tanto, en las próximas horas tendremos que hacer un nuevo decreto para este sector. Nosotros ya hemos convocado a los once grupos que tienen que negociar retroactivo al 1.º de julio y a fines de año estaremos convocando a los diez grupos que tienen que negociar con vigencia al 1.º de enero de 2020, que son los últimos de esta ronda, la mayor de la historia y que para nosotros ha culminado muy exitosamente.

SEÑOR ITURRALDE.- Dado que no integro la comisión, no había querido pedir la palabra pero simplemente quiero dejar la constancia de que el silencio no implica la aceptación. En el año 2008, en la Comisión Permanente –el señor senador Delgado también la integraba–, interpelamos al Ministro Bonomi y creemos que todos los argumentos que vertimos en ese momento siguen presentes. Además, presentamos un proyecto de ley donde se regulaban los mecanismos de la ocupación en determinados casos, haciéndolo en torno al artículo 57 de la Constitución de la república como un derecho gremial, no solo del sindicato.

Sería una extensa exposición la que podría realizar, pero quería señalar esto a modo de que el silencio no valga aceptación, sino que el que calla no dice nada.

SEÑOR MINISTRO.-  En el año 2008 no estaba presentada la queja, se realizó posteriormente.

SEÑOR ITURRALDE.- Me refería al concepto de ocupación.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero realizar otra aclaración. Este tema no fue tratado por la OIT, las cámaras empresariales lo presentaron en la organización, pero la OIT no trabajó este tema. Reitero que en el año 2008 no estaba presentada la queja.

También informo que posteriormente a ello, en diciembre de 2012 se aprobó –la cité antes– la ley n.º 19027 que corrigió alguno de los puntos que nos solicitaba el sector empleador con relación a la ley de negociación colectiva.

SEÑOR ITURRALDE.- No me refería a la ley ni a la observación de la OIT, sino al tema de la ocupación. Creo que si abrimos un capítulo para discutir eso, nos va a llevar por un largo camino.

Insisto: suele decirse que el que calla, otorga, pero yo creo que el que calla no dice nada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

                Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                –«El Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social remite los cuadernillos intitulados: “Seguridad Social para Personas Trabajadoras del hogar en México: una propuesta” y “La fundación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (1942)”.

–Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Alfredo Asti, sobre la OIT».

–No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 17:22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.