COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

(Sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2018).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 17:10).

(Ingresa a sala la delegación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«Nota de la Junta Departamental de Tacuarembó con palabras del edil Gustavo Luna sobre el sistema de redes de drenaje en la Reserva de Henley, ciudad de Kwinana, Australia.

Nota de la Junta Departamental de Maldonado con palabras del edil José Luis Rapetti referido a la importancia de preservar el agua para futuras generaciones».

–Damos la bienvenida al director nacional de medio ambiente, ingeniero químico Alejandro Nario y a su equipo. Solicitamos su presencia para que se nos informe sobre lo actuado hasta el momento en Cabo Polonio y sobre el plan que se está llevando acabo allí. Para nosotros es muy importante tener conocimiento de lo que está sucediendo, razón por la cual gradecemos su visita en el día de hoy.

En estos días, muchas veces surgen temas que están fuera de la agenda. Si es posible, después nos gustaría hacer algunas consultas acerca de lo actuado por la Dinama respecto al derrame de petróleo en José Ignacio.

Si ningún señor senador desea hacer preguntas, tiene la palabra el señor ingeniero químico Nario.

SEÑOR NARIO.- Muchas gracias a los integrantes de la comisión por la invitación.

                El proceso de Cabo Polonio ya tiene bastante tiempo, pues fue de las primeras áreas que ingresaron al sistema a través del decreto de ingreso correspondiente. En esta Administración definimos avanzar de forma decidida para concretar un plan de manejo que, básicamente, consiste en las directrices que permiten trabajar encarando los puntos de conservación establecidos en el propio decreto.

                En general, cuando ingresa una unidad se establece qué es lo que se quiere proteger en ese espacio –no es lo mismo Santa Lucía que las islas del río Uruguay o el Cabo Polonia con su turismo–, ya que cada uno tiene sus particularidades y sus objetos de conservación.

                Cuando se establece un plan de manejo, se orienta a los objetos de conservación establecidos en el decreto de ingreso para ver de qué manera se pueden llevar a la práctica.

                La particularidad que tiene Cabo Polonio es que en sucesivas administraciones se intentó avanzar en los aspectos ambientales, pero –esto es una evaluación personal– ha sido muy difícil hacerlo debido a la complejidad que presenta en cuestiones asociadas a la propiedad de los inmuebles y construcciones.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Dirección Nacional de Medio Ambiente se propusieron avanzar firmemente porque existe el total convencimiento de que el Cabo Polonio está sufriendo un proceso de degradación importante, básicamente asociado a la pérdida del sistema dunar. Como sucede con todos los temas ambientales, el proceso es multicausal, pero tiene un efecto importante el avance sostenido y firme de la forestación de pinos que impide el trasiego natural del sistema de arenas. El sistema de arenas tiene su parte marina, es dinámico, pero también está siendo afectado. En su momento, también se vio afectado por el crecimiento sin control de la zona de habitación o la que se conoce como el tómbolo, donde principalmente están las construcciones y, por lo tanto, era necesario ordenar y definir líneas estratégicas de trabajo. En ese sentido, trabajamos en conjunto con el Poder Ejecutivo y con la Intendencia de Rocha para establecer las estrategias, y tomamos la decisión de que hasta que no se llegara a un acuerdo no íbamos a iniciar un proceso de participación. Si bien ya había habido varios, habían generado cierto estado de desazón en los actores locales porque se iniciaban procesos que no finalizaban. Se decidió avanzar cuando a nivel del Poder Ejecutivo y de la Intendencia hubiera un proyecto consolidado para poder discutirlo, y voluntad política para llevarlo adelante. Luego de eso nosotros definimos una segunda parte crucial que era el proceso participativo.

En realidad, podríamos haber optado por un método clásico como el de presentar el plan de manejo en una comisión asesora como la que hay en cada área protegida, darle un plazo para que cumpliera, tomar las modificaciones que hubieran surgido en ese proceso y aprobarlo; sin embargo, definimos una estrategia que nos dio más trabajo –tanto a nosotros como al equipo–, que consistía en mantener reuniones con los distintos colectivos que tuvieran realidades diferentes. No son lo mismo los pobladores permanentes –que tienen realidades distintas: están los de la cañada, los de la zona de un privado, los que están en la zona del propio Estado. También hay veraneantes de distinto tipo. Algunos son más tradicionales, otros son más nuevos; hay veraneantes que son propietarios, pero otros están en la propiedad del Estado. Esas complejidades hicieron que tuviéramos más de cuarenta reuniones –porque en muchos casos fueron varias con esos colectivos, muchas de ellas en Cabo Polonio mismo– y que en ese proceso a lo largo del año se fueran incorporando modificaciones para tomar en cuenta esa realidad.

Desde el comienzo dijimos que este proceso iba a culminar a fines de este año, porque si no íbamos a poder instrumentar el plan de manejo el año que viene. Para que existiera era importante que finalizáramos el año que viene y en esa línea de trabajo es que fuimos avanzando sistemáticamente. Hubo una primera reunión de la CAE donde se expuso la propuesta del Poder Ejecutivo y de la Intendencia. Hubo muchas reuniones con los colectivos, justamente, para hacer las devoluciones sobre esa situación. Las modificaciones se expusieron en una siguiente CAE, donde la gran mayoría de los integrantes de la comisión estaban a favor del plan. Había sectores que no estaban conformes, pero en general los pobladores permanentes fueron un sector que nos preocupaba especialmente ya que en el proceso se habían dicho cosas que no eran ciertas, que les habían generado mucha incertidumbre y ansiedad, pero nosotros las aclaramos. Inclusive, a raíz de un pedido que ellos nos hicieron generamos un trato distinto entre los pobladores permanentes y de los pobladores veraneantes.

                De esa manera –estamos hablando siempre del padrón del Estado y de los privados–, los ocupantes ilegales iban a poder permanecer de una forma regularizada

–cosa que no ocurre actualmente– con una sentencia favorable del Estado que en cualquier momento puede ser ejecutada y, pagando mejoras, serían desalojados, les estamos ofreciendo la posibilidad de dejar de ser irregulares y pasar a tener un marco de protección jurídica asociada a un acuerdo con el Poder Ejecutivo que les permita estar, en este caso por veinte años, con posibilidad de renovación. Esto debe ser así porque es un bien público, no puede darse de manera permanente.

                Además, es necesario tener la posibilidad de que, frente a cuestiones ambientales, sea necesaria la relocalización. En todos los casos de pobladores permanentes en los que sea necesaria la relocalización, garantizamos que pueda ser en el propio espacio del parque nacional, de manera que no pierdan esa condición de pobladores permanentes. Obviamente, esa decisión fue muy bien tomada por los pobladores permanentes.

                Como les surgieron algunas dudas con respecto a este asunto, ayer estuvimos reunidos varias horas con los dos delegados de los pobladores permanentes. Trabajamos, justamente, en el ajuste fino, en la redacción del plan para que, de esa forma, se vieran reflejadas algunas de sus inquietudes. Diría que, en términos generales, con ese sector venimos avanzando con buenos acuerdos y no habría demasiado problema.  

                En el caso de los veraneantes, lo que está planteado es un acuerdo a diez años, con la lógica de hacer una evaluación general del estado ambiental del cabo cada diez años y, en función de esa evaluación, podrían surgir necesidades de relocalizaciones en el caso de los pobladores permanentes o, en el caso de veraneantes, esa construcción debería desaparecer. Esto puede ser por el avance del sistema dunar, modificaciones en la costa –todos hemos visto lo que ha sucedido en Aguas Dulces– y cuestiones de ese tipo, que implicarían la necesidad de realizar cambios. De esa manera, aplicamos una lógica donde priorizamos los aspectos ambientales. También buscamos, manteniendo la defensa de los bienes del Estado, condiciones aceptables para quienes tengan que salir.

                Por último, quedaba una zona en la parte rocosa que ya los estudios técnicos

–particularmente los del período anterior, que se corroboraron con algunos estudios en este período– establecían que no era compatible porque había habido una apropiación de un espacio público por parte de unos pocos. En consecuencia, en muchos sectores de esas rocas no se puede transitar. Están en una zona de particular belleza escénica y, evidentemente, esas construcciones interfieren con ellos. Por lo tanto, se plantea que veintiséis construcciones, en un plazo de cinco años, y con la posibilidad de relocalizarse, deberán ser retiradas. Debemos decir que nos parece que este es un plan sumamente contemplativo de la situación actual de quienes están en más de cuatrocientas cincuenta edificaciones; solamente estamos interviniendo en veintiséis.

                Se trata de una zona de belleza escénica muy particular y con un objetivo de recuperación para la población en general de un espacio público que tiene características muy especiales. Lo que nosotros llamamos «el valor del Cabo Polonio» es una mixtura entre lo natural y lo construido. Consideramos que esa es una zona natural a proteger, como también lo son las dunas. Es, en ese sentido, que se tomó esa determinación de intervenir esas veintiséis edificaciones que son, probablemente, el aspecto más conflictivo porque ellos pretender permanecer. Hay razones ambientales por las cuales se tomó esa decisión. Nos parece que es un plan sumamente contemplativo de la situación actual puesto que de las cuatrocientos cincuenta edificaciones solo estamos interviniendo veintiséis. Les estamos dando cinco años para relocalizarse y, además, les estamos dando en propiedad del Estado lo que corresponda –hay ocho que son del sector privado–, la posibilidad de relocalizarse. Insisto en que es una medida sumamente contemplativa de la situación de los pobladores, pero también estamos muy convencidos de que es un espacio público que el Estado debe recuperar.

                Esa es la situación en términos generales. Yo estoy muy contento con la forma en que se ha realizado el proceso.

                En cuanto a las audiencias de la CAE tomamos la determinación de que, más allá de los delegados que representan los distintos colectivos, pudiera intervenir la población en la general. Es una decisión que tomamos. Eso significó que, después que intervenían los delegados, participaba cualquier vecino y también no vecino. Digo esto porque hubo gente que fue a las audiencias desde Montevideo a expresarse y a plantearnos su punto de vista, muchos de los cuales fueron incorporados.

Debo decir que esto se dio de una manera muy civilizada más allá de que, obviamente, había firmeza en las posiciones e intercambios muy firmes. Se discutió como creo que se hace Uruguay: de una manera muy civilizada; aunque algunos auguraban otro tipo de situaciones, la verdad es que eso no sucedió y se demostró que los uruguayos podemos discutir este tipo de situaciones con la altura que se merece.

                Esto es algo así como un resumen general; después, obviamente, están los técnicos para poder responder si los legisladores tienen preguntas específicas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: es un gusto poder dialogar con la delegación del Mvotma, compuesta por representantes de la Dinama y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

                En primer lugar, quiero destacar este proceso de llevar adelante una política pública en un espacio tan particular como este, en el que durante muchos años el Estado no ejerció directrices ni se ocupó, inclusive, de defender su propia propiedad. Hoy día, cuando existen acciones tendientes a revalorizar, desde el punto de vista ambiental, ese mismo espacio –que ha sido declarado zona natural protegida–, sin lugar a dudas hay conflictos que emergen, tal cual lo referenciaba el director Nario.

                Con respecto a lo que decía el director, que son las consideraciones que se han hecho de este proceso en el consejo consultivo, lo que quisiéramos consultar, en principio, tiene que ver con una de las inquietudes que nos han llegado –nos la han planteado– y radica en el hecho de que desde el propio Mvotma se trabajó, por parte de Dinama, en el  período de gobierno anterior en el desarrollo de una consultoría que generó lineamientos para el plan de manejo del Cabo Polonio y la zona adyacente. Estas personas ven –por lo menos, trato de trasmitir lo que llega a nosotros aunque no sea nuestra opinión–, que hoy el plan propuesto por parte de la Dinama recoge  muy parcialmente algunos de los elementos que estaban planteados en ese trabajo de consultoría. Ellos tenían mucha confianza en ese proceso porque habían llegado a distintas instancias, en el consejo asesor, del tratamiento capítulo a capítulo, según nos han referenciado, del informe de la consultora y ahora ven que en la propuesta que hace el Mvotma se reduce fuertemente alguno de los elementos que estaban formulados en esa consultoría, entre ellos, lo relativo al espacio cultural.

Creo que, de cierta manera, también está señalada en el proyecto de la Dinama cuál sería el área de espacio cultural que, justamente, está asociada fuertemente a la construcción de las viviendas y al hecho de la permanencia tanto de habitantes estables como vacacionales en ese entorno.

                Entonces, esa era una de las primeras consultas. Creo que, ciertamente, el Gobierno tiene toda la independencia de realizar la consultoría y de usar los informes de esa consultoría en cualquier campo como insumos de trabajo y accesorios, sin que sea obligatorio plasmarlos luego en su política. Esto lo digo para allanar esa percepción que desde algunos actores de la sociedad se está planteando.

La segunda pregunta tiene que ver con una inquietud que nos hizo llegar gente que integra algunas de las ONG vinculadas a Cabo Polonio, preocupada por la premura de que esto se apruebe antes de fin de año, cuando en realidad ha habido un proceso de acciones que se podrían haber ido desarrollando. Han manifestado que están dispuestos a colaborar y a participar en lo que tiene que ver con algunas de las zonas más frágiles e identificadas por su importancia; se refieren a la zona de las dunas, donde se ha avanzado poco y nada –según la mirada de quienes nos han pedido la entrevista– en la contención del avance de la forestación, fundamentalmente de los pinos o de su retiro desde que se ha establecido como área protegida. Estos eran dos de los temas sobre los que les queremos consultar e intercambiar ideas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tengo para plantear una serie de preguntas que si no pueden contestar ahora, verán la manera de hacer llegar las respuestas a la comisión, que tienen que ver con el tema de Cabo Polonio.

                Para contextualizar la magnitud de los planteos de los pobladores permanentes respecto al cabo en su conjunto, me gustaría saber: ¿Cuántas personas viven permanentemente en Cabo Polonio? ¿Cuántas construcciones hay actualmente en Cabo Polonio? ¿Cuántas de esas construcciones pertenecen a pobladores permanentes? ¿Cuántas construcciones son viviendas de pobladores permanentes? ¿Y cuántos comercios están abiertos todo el año en Cabo Polonio?

Todas son preguntas concretas que pueden ayudarme a clarificar mejor la situación de Cabo Polonio. ¿Cuándo ingresó Cabo Polonio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Desde ese ingreso, ¿qué sistema de saneamiento y evacuación de afluentes ha sido implementado para el pueblo? ¿Qué medidas se han tomado para detener y revertir el avance e impacto del bosque de pinos que se extiende entre la ruta 10 y el sistema dunar? ¿Cuántas personas entran al área por día en el verano? ¿Cuántos baños públicos hay funcionando en el lugar? ¿Qué medidas se han tomado para dotar de agua potable al pueblo? ¿Existe una cartelera de acceso al público donde se publique cuándo se da autorización para construir o refaccionar los ranchos? ¿Los vecinos la han solicitado? ¿Cuántas construcciones hay dentro de la faja de 150 metros a partir de la línea de la ribera? ¿Esas construcciones se encuentran en suelo privado o público?

¿Hasta dónde llega el límite de los predios privados en Cabo Polonio: hasta el mar o hasta los 50 metros? ¿Cuál es el límite del predio de la sucesión Tisnés sobre el Océano Atlántico: hasta el mar o la ribera? ¿Hasta dónde llega la propiedad privada allí? ¿Qué tipo o categoría de suelo hay en Cabo Polonio? ¿Es suelo suburbano? De ser así, ¿es hasta el mar? ¿Cuántas construcciones de las que están ubicadas dentro de los 150 metros de la ribera se encuentran en propiedad privada y cuántas están en propiedad del Estado?

                ¿Qué se prevé en el proyecto de plan de manejo que proponen la Dinama y la intendencia de Rocha para contemplar la permanencia de la comunidad local de Cabo Polonio? ¿Cómo resuelve el plan de manejo la posibilidad de que existan futuras generaciones de polonienses? ¿O tienen la idea de hacer una lista con los que están hoy, y que el paso del tiempo haga su trabajo y eliminar una comunidad local que dicen querer proteger? ¿Cuánto deberá pagar un poblador permanente de Cabo Polonio para vivir en su rancho situado en el padrón 1597 propiedad del Estado? ¿Están conformes los pobladores permanentes en apoyar un plan que dice que deberán pagar por vivir en sus ranchos, sin saber cuánto es lo que se les va a cobrar? ¿Se animan a apoyar una propuesta que dice que van a pagar lo que el Estado considere que deben pagar?

                Los comercios de los pobladores permanentes, situados en el padrón 1597 propiedad del Estado,  ¿también deberán pagar un canon? Si es así, ¿de cuánto es el canon? También quisiera saber si los comerciantes se animan a apoyar un plan que dice que deben pagar sin saber cuánto van a pagar. ¿Qué destino tendrán las casas de los veraneantes situadas en el padrón 1597 del Estado?

                ¿Se ha realizado un estudio de la capacidad de carga del paisaje cultural en materia de viviendas? ¿Entienden que los pobladores van a apoyar el proyecto del plan? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de quienes no están de acuerdo con el plan? ¿Han hecho planteos concretos y, en qué medidas se les ha contemplado?

                Por otro lado, si no entendí mal, el ingeniero Nario habló  de veintiséis viviendas que estarían para relocalizar y quisiera saber si esos propietarios o esas familias afectadas han planteado alternativas, si han presentado documentos a la Dinama y si han existido reuniones para consensuar y llegar a acuerdos, tratando de integrar su visión y su pensamiento. También quisiera saber si en el plan de relocalización de estas 26 viviendas, se hizo una evaluación ambiental estratégica a la hora de pensar dónde relocalizar y cómo hacerlo.  Básicamente sería eso.

                Sé que son muchas preguntas –son concretas–, pero como dije al comienzo, si no cuentan con los datos específicos que solicitamos, los pueden enviar luego a la comisión.

SEÑOR GARÍN.- Estaba siguiendo las preguntas y realmente es un número importante.

SEÑORA PRESIDENTA.- El tema es importante.

SEÑOR GARÍN.- No lo dudo.

                De pronto, la delegación de la Dinama, del ministerio de vivienda, tiene algún titular para presentarnos. Supongo que mucho de lo que se pregunta debe figurar en un estudio, en un informe o en un trabajo acumulado que debe estar compendiado. Por lo tanto, quizás nos dejan algún titular y luego nos hacen llegar dicho trabajo. Lo digo porque ahora corremos el riesgo de que aun contestando todas las preguntas, no podamos hilvanar adecuadamente toda la información los que estamos escuchando por primera vez. En virtud de eso, les pediría un informe de síntesis respecto de las preguntas para poder estudiarlo con detenimiento.

SEÑOR NARIO.- De las preguntas que hacía la senadora Aviaga, una parte importante hacen al funcionamiento actual y nosotros veníamos más preparados para hablar del plan de manejo.  Entonces, si bien los datos los tenemos, no los trajimos. Por lo tanto, propondría responder la última parte de las preguntas relacionadas con el plan de manejo y la información sobre las  cuestiones más concretas, como ser la cantidad de pobladores y demás –me parecen pertinentes,  pero no veníamos preparados para eso–, se la haríamos llegar a la brevedad.

                Comenzando por lo que planteaba el senador Pardiñas, debo decir que, efectivamente, en este proceso han trabajado decenas de técnicos de distintas áreas, un equipo multidisciplinario, buscando abordar los distintos objetos de conservación  que tiene el área.

En particular, tenemos una diferencia con algunas de las ONG que nos han planteado la situación de no haber tomado de manera taxativa el informe porque, en realidad, nos basamos en el análisis y en la necesidad de proteger ese espacio público hoy apropiado –de manera irregular en algunos casos y con propiedad privada en otros– que tiene una singularidad ambiental y, además, genera una barrera que impide el pasaje físico de las personas por esa zona. La consultoría establecía la remoción de algunas de esas propiedades –no de todas–, pero nos pareció –lo hablamos desde el inicio– que siempre es mejor tener criterios generales que discrecionales. El hecho de sacar una u otra casa para que puedan pasar los vecinos no parecía ser la mejor opción; entendimos que sería mejor tener criterios de zonas, de distancias y no asociados a la discrecionalidad. Quizás por eso surgen las diferencias.

Hace poco estuvimos reunidos con el señor Capandeguy, que fue uno de los que elaboró el informe, acerca de que lo que importa es el análisis de la necesidad de liberar ese espacio público. La estrategia puede ser diferente y no exactamente la misma que plantearon, pero estamos totalmente de acuerdo con el proceso y con el análisis.

En cuanto a los plazos, ya he aclarado que en algún momento hay que tomar definiciones. No podemos discutir de forma permanente porque si no las cosas no suceden. En particular, alguna de estas ONG se creó hace poco más de un mes y quizás por eso no ha formado parte del proceso, pero la Dirección Nacional de Medio Ambiente y el SNAP respondieron a cada uno de los pedidos de entrevista, no se le dijo que no a nadie y a muchos se los recibió en  más de una ocasión. Incluso nos hemos reunido con pobladores y ocupantes de temporada de manera individual; más allá de que no hubiera un colectivo, si alguien solicitaba una entrevista la otorgábamos porque hicimos un gran esfuerzo para tratar de entender, contemplar y construir en conjunto ese proceso que se llevó adelante.

En definitiva, esto sería lo relativo a las cuestiones generales y ahora voy a empezar a responder a las interrogantes de la señora presidenta.

En primer lugar y acerca de lo que se prevé para los pobladores permanentes, debo decir que vamos a hacer una discriminación positiva hacia ellos en el entendido de que no es lo mismo la situación de quien vive y se gana la vida allí que la de quien está veraneando. Eso ya está expresado en el plan de manejo.

El tema de las futuras generaciones también fue planteado y, de hecho, en el día de ayer estuvimos conversando bastante al respecto. Es un error plantearse que un plan de manejo intente solucionar absolutamente todos los problemas. Hay situaciones que este plan no podrá solucionar, ya sea porque no cuenta con la información necesaria o porque la construcción de esa información es parte de lo que se va a trabajar con el plan de manejo. Un tema tan sensible como el relativo a las futuras generaciones requiere de estudio.

En principio, contemplamos que los acuerdos que existan se harán con el núcleo familiar, de manera que si algún ocupante que regularice su situación tiene algún problema –esperemos que no suceda–, la familia no quede nuevamente en una situación irregular. En definitiva, los acuerdos se harán con el núcleo familiar y habrá que ver cómo se va incorporando el aumento de la familia en el futuro. También contemplamos en los períodos permanentes a la gente que va a estudiar y vuelve, para que no pierdan ese carácter mientras están estudiando; de lo contrario, se atentaría contra la estabilización de la población.

De todas formas, en esta etapa no pudimos resolver el tema del incremento poblacional porque parte de la definición de la capacidad de carga final va a ser objeto de trabajo. Como no conocemos las posibilidades de crecimiento de las construcciones, no podíamos avanzar en ese sentido. Además, también habrá que ver cómo se van solucionando los aspectos referidos a la propiedad. Como sabrán, la mayoría de las construcciones tienen una sentencia favorable al Estado y a quienes no se acojan a la regularización  se les aplicará la sentencia, por lo que también puede suceder que haya stock de viviendas; todo dependerá de cómo se desarrolle el plan. Por lo tanto, en esta etapa no podíamos contemplarlo; lo dejamos abierto y no lo vamos a cerrar ahora, lo que no quiere decir que estemos en contra. Es un tema que requiere su estudio y una determinada construcción. Para dar garantías al núcleo familiar, tenemos suficiente tiempo como para ir construyendo en conjunto esa posibilidad, lo que es mejor que hacerlo sin la información suficiente.

                En relación a cuánto se debe pagar, no está contemplado. Como decía, el plan de manejo es general. Lo que se establece es una diferencia entre lo que van a pagar los pobladores permanentes –la idea es que sea algo que no los termine expulsando y por lo tanto, debería tener una razonabilidad que les permita seguir viviendo en el lugar–, los no permanentes y los comerciantes. Son situaciones diferentes. Los comerciantes en particular nos hicieron un planteo que también nos pareció razonable en el sentido de hacer una diferenciación entre el comerciante que está abierto todo el año y el que va solo en la época estival. Ese es otro ejemplo de esa construcción conjunta y colectiva que hemos tenido en este proceso. Nos pareció muy pertinente este planteo que nos hicieron ayer y lo vamos a recoger en el plan de manejo.

                Lo que se va a cobrar va a ser parte de la instrumentación del plan. Aclaro que no va a ser una cuestión compulsiva –creo que eso se mencionaba en una pregunta– porque va a ser una acuerdo entre partes. Por lo tanto, va a haber un acuerdo en el que se va a otorgar la regularización y a establecer las condiciones para ambas partes, en particular, cuánto se deberá pagar, qué tipo de ampliaciones se puede hacer, etcétera. Hoy en día muchos necesitan hacer refacciones, pero en la actual situación no pueden hacerlo y se les están deteriorando las casas. Por lo tanto, la regularización es una ventaja porque en el marco de lo establecido en el plan de manejo les va a permitir mejorar sus viviendas.

También tendrán que cumplir determinados requisitos ambientales  – es parte de lo que se va a controlar– en relación con los efluentes y los residuos. Asimismo se controlará el tipo de construcción y de espacio.

                Por otro lado, se pregunta qué destino tendrán las casas de los veraneantes situadas en el Padrón n.º 1597. Como decía, la idea es que sigan siendo utilizadas por los veraneantes con saltos  y evaluación cada diez años. Con quien no desee acceder a eso, vamos a  estar ejecutando la sentencia. Tendrá que verse cómo discurre ese tema. Hasta que no empiece a aplicarse esto, no sabemos cómo va a estar planteado.

                En cuanto a la pregunta sobre la capacidad de carga, ya di la respuesta; va a haber zonificaciones que se van a definir desde el día cero. En ese momento se va a saber dónde y de qué manera se va a poder construir. Si bien lo teníamos pensado, no estaba claramente expresado en el plan cuáles iban a ser los protocolos ambientales o cómo íbamos a demoler. En realidad, lo que prevé el plan es que sean los propietarios los que hagan la relocalización, lo que implica eliminar la construcción existente y construir la nueva. Obviamente, los vamos a dejar vivir en una o en otra; no lo vamos a impedir. Con esto respondo a otra de las preguntas que nos hicieron en su momento. Al respecto, algunas ONG nos presentaron determinados estudios así como el ingeniero Panario y la Facultad de Arquitectura y fue así que nos reunimos con ellos para ver qué les parecía que había que poner en un protocolo ambiental, de manera de poder eliminar tanto las veintiséis  viviendas como las que pudieran tener algún problema ambiental en otro sitio. Allí también debería estar la definición de la localización –lo que implica estudios previos de pluviales y demás– y de la zonificación. Todo va a contar con un permiso de la Dinama a través de una autorización ambiental previa. Obviamente que si se trata de una casa será una autorización sencilla –probablemente salga como A–, pero si es una construcción más importante, con cuatro o cinco casas, quizás tenga otra clasificación y requiera un análisis más detallado. De esa manera estaríamos garantizando los aspectos ambientales, patrimoniales y arqueológicos, que fue una preocupación de varias ONG.

                Otra recomendación que nos hicieron está vinculada a un aspecto que teníamos contemplado, pero lo pusimos como un objeto especial de conservación. Me refiero al paisaje cultural, entendido como esa mezcla entre lo construido y lo natural. Eso da garantías de que las edificaciones que se hagan a futuro van a seguir los patrones y la tipología de construcción que tiene Cabo Polonio, lo que lo protege contra especulaciones inmobiliarias y crecimientos de otro tipo. Parte del trabajo inicial que vamos a hacer en la instrumentación del plan de manejo es la definición de ese paisaje cultural y eso va a estar condicionando todos los desarrollos que se lleven adelante, lo que es una garantía de que Cabo Polonio siga teniendo las características que tiene hoy, que todos conocemos y que son muy valoradas por propios y extranjeros.

                En cuanto a los apoyos de los pobladores al plan, diría que los pobladores permanentes tienen un alto nivel de acuerdo. Hay ciertas incertidumbres, básicamente en los pobladores permanentes que están en la zona de Las Cañadas, en la que el decreto no permite construir. Además, hay un tema de propiedad de ese padrón, que no es del Estado y que entró en una sucesión. En este caso, a diferencia de otros, no tenemos un interlocutor, por lo que tomamos la decisión de no innovar. Quienes están ahí van a poder permanecer en el lugar, pero no se va a poder ampliar, y cuando se tengan las herramientas, se va a gestionar esa situación. Es decir que los pobladores permanentes están muy contemplados. Diría que la discrepancia mayor está, obviamente, en las 26 viviendas que se plantea relocalizar y en algunos veraneantes extranjeros o nacionales que no entraron en el proceso de manera temprana, porque no eran ubicables o porque, por la razón que fuera, no se acercaron. En muchos casos nos parece que también hay cierta desinformación y eso es siempre parte de esos procesos. Pero en términos generales estamos muy conformes con la forma como se viene desarrollando todo el proceso y, además, la propia comisión asesora nos planteó la conformidad de todos los actores por la disponibilidad del SNAP, de la Dinama y de la intendencia de incorporar muchos de los planteos que ellos realizaron.

SEÑOR GARÍN.- Aprecio que hay bastante trabajo hecho con el tema de los asentamientos humanos en el centro poblado y que hay una estrategia. Pero me preocupa el hecho de que está amenazado el sistema dunar, que es lo estratégico en ese lugar. Seguramente existe un plan de manejo en este sentido, porque además se han mencionado algunos aspectos que son obstáculos para la regeneración del sistema dunar y hoy tenemos una innumerable cantidad de normativa, hasta legal, para abordarlos. De manera que dejaría planteada la inquietud de que nos hagan llegar cuál es el plan de manejo que está previsto.

                Hay un segundo aspecto que nuestros invitados comentaron al pasar, que es el de las áreas protegidas, y aquí voy a trascender lo que refiere al Cabo Polonio. Está citado, pero también lo hemos estado escuchando en la prensa en los últimos días, el tema de la interferencia que tiene la propiedad privada sobre la gestión de los sistemas de áreas protegidas. Claramente, en algunos casos el derecho a la propiedad privada ha estado generando dificultades para la gestión de esos espacios protegidos. Me gustaría saber cuál es la lectura que tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sobre esta dificultad. Quizás no se me pueda responder ahora, pero igualmente dejaría planteada la inquietud. Quisiera saber cómo están visualizando el tema de dar un nuevo paso desde el punto de vista normativo que signifique hacer más robusta la definición de un área protegida después de su gestión.

                Son dos inquietudes que quería plantear. Sé que esta última trasciende el tema del Cabo Polonio, pero ya estuvo planteada como un elemento de dificultad.

SEÑOR PARDIÑAS.- Quiero complementar en parte el planteo del señor senador Garín, con referencia al mismo marco temático.

                Por un lado, tengo entendido que hay una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia en virtud de un recurso de inconstitucionalidad, con relación a un área protegida vinculada al ejercicio de la propiedad privada. Me gustaría que se pudiera ampliar esa información, ya que va en la línea de lo planteado por el señor senador Garín, como ya señalé.

                Por otra parte, quisiera saber cómo ven la posibilidad de que esta iniciativa sea recurrida, es decir qué impacto tendría llevar adelante el manejo en el Cabo Polonio. Aclaro que no me refiero solo al punto de vista legal, sino a la cuestión de avanzar en el proceso, que no sé si se llevaría a cabo por etapas o en qué zonas se concentraría, mientras se llevan adelante esas acciones

SEÑORA PRESIDENTA.- Quisiera saber –si ya se dijo tal vez no lo haya comprendido– si se ha elaborado un instrumento de planificación territorial, de acuerdo con la Ley n.º 18308 para elaborar el plan o no se tuvo en cuenta. Con el instrumento que nos da esa norma generalmente se logra evitar conflictos en el territorio entre quienes viven allí y quienes llevan adelante las políticas de ordenamiento territorial.

SEÑOR NARIO.- Con respecto a la pregunta sobre el sistema dunar debo decir que en este momento estamos en la etapa de realizar ajustes finos al plan. No obstante, la versión anterior en ese aspecto no va a tener grandes modificaciones y en lo que son objetos de preservación lo que se establece son objetivos temporales y metas que luego se deben reflejar en acciones que establecen de manera concreta cómo se va a avanzar al respecto.

                En cuanto al tema de la propiedad privada, en realidad, nos hemos visto enfrentados a una concepción errada sobre el alcance del derecho a la propiedad. Es claro que si uno genera condiciones expropiatorias ese es, precisamente, el mecanismo que hay que seguir. Si uno tiene un padrón y no se puede hacer absolutamente nada se generan condiciones expropiatorias. De todos modos, eso es muy distinto a generar limitaciones asociadas al interés general, que fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia –para nuestro beneplácito– por unanimidad con respecto a un litigio en un área protegida del río Santa Lucía. En ese caso, el litigante planteaba que se estaba desconociendo el derecho a la propiedad en virtud de algunas acciones relativas a un área protegida. Por suerte, repito, la Suprema Corte de Justicia estableció la importancia del interés general, en este caso del ambiente, sobre el derecho de propiedad. Creo que esa es más una cuestión asociada al conflicto de los propietarios y también hay algunas confusiones, porque la ley de áreas protegidas original establecía que debía contarse con el consentimiento de todos los propietarios, lo que hacía inviable la posibilidad de tener áreas protegidas, ya que resulta imposible pensar en el cien por ciento del consentimiento de quienes están allí. Eso genera cierta distorsión porque la gente piensa que eso aún está vigente, aunque no lo es, y plantean una compulsa entre propietarios generando enfrentamientos. Hemos trabajado en esos aspectos y hemos tenido buenos resultados –lo hemos hecho, por ejemplo, en el proceso de la zona de Centurión-Sierra de los Ríos– sobre todo al ir a hablar en el propio sitio con los vecinos y lograr que en una escala más humana, de reunión más chica se pueda  explicar el plan, lo que en reuniones muy grandes resulta más difícil.

                De todos modos, es un tema que está planteado. Incluso, en algunos casos por parte de los propietarios se plantean sistemas de compensaciones que no están contemplados en el sistema. Siempre digo que soy director de medio ambiente y que, respecto a ese tipo de aspectos, el Estado uruguayo tiene sus leyes y sus mecanismos para que si alguien siente que tiene algún perjuicio de ese tipo pueda tomar las medidas pertinentes. También aclaro que lo que hacemos es ver el tema dese el punto de vista ambiental.

                Sobre el planteo acerca de la posible existencia de recursos, la estrategia jurídica fue tan importante como el desarrollo del contenido del plan de manejo, sabiendo que con tantos intereses, tantos actores y tanta pujanza económica, ese tipo de situaciones iba a estar planteada. Por lo tanto, se diseñó una estrategia jurídica en la que la asesoría jurídica de la Dinama ha tenido un rol muy destacado y ha permitido ser muy meticuloso en los procesos de notificaciones. Incluso, se ha notificado varias veces, haciendo las consultas necesarias de manera de tener el blindaje suficiente para poder avanzar en esto. Obviamente, dada la diversidad de actores va a existir ese tipo de recursos, pero estamos convencidos de que estamos muy bien parados para dar respuesta a eso sin que implique un enlentecimiento o demora del proceso de aplicación del plan de manejo. También tenemos experiencia en los planes de manejo, donde han existido distintos recursos y hemos sido muy exitosos como administración porque entendemos que nos ampara la legislación al respecto.

                En cuanto a los instrumentos de ordenamiento, si bien son para nosotros una herramienta valiosa, no estuvieron contemplados en esta parte del plan de manejo; sin embargo pueden ser utilizados como una herramienta más que permita ordenar. Ya lo hemos conversado con la intendencia y con el director nacional de ordenamiento territorial. Si bien no soluciona el conflicto es una forma de manifestar las distintas expresiones. Cuando uno define qué es lo que se puede o no hacer, el conflicto está. Entonces, esa es una herramienta más para saldar diferencias, como también lo es el plan de manejo y otras herramientas que tiene el Estado. Si bien en este momento estamos viendo la parte del plan de manejo, no la descartamos.

SEÑOR SCARLATO.- Respecto a ese punto en particular, con la Intendencia de Rocha existe un proceso muy interesante en el sentido de articular los procesos de incorporación de áreas protegidas al sistema e integrarlos con los instrumentos de ordenamiento territorial.

Es un proceso complejo que hemos ido adecuando de común acuerdo con la Intendencia según las diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando trabajamos en el plan de manejo de la laguna de Rocha el instrumento de ordenamiento territorial ya estaba redactado y, prácticamente, aprobado. ¿Qué se hizo en ese caso? De común acuerdo con la Intendencia, cuando ellos elaboraban el instrumento se nos abrió el espacio para trabajar en criterios que luego fueran compatibles con la orientación del plan. Cuando se aprobó el plan, este hace suyas disposiciones relevantes –hay mucha cosa que no corresponde poner en un plan de manejo– y las incorpora al plan de manera que haya coherencia entre los dos.

En Cabo Polonio el acuerdo con la Intendencia fue al revés. Cuando la Intendencia elaboró el plan entre cabos, dejó a Cabo Polonio recortado y el acuerdo fue: trabajemos –en la medida en que la administración es compartida y el responsable de elaborar el plan es la coadministración: intendencia y ministerio–, elaboremos el plan y luego la Intendencia hará suyos los aspectos que correspondan a un instrumento de ordenamiento territorial, los incorporará, pasará por la Junta y demás.

                Quería comentar eso porque desde nuestro punto de vista ha sido un proceso interesante de articulación de dos políticas. Tenemos casos similares en otras partes del país con otros gobiernos departamentales, pero en Rocha por la cantidad de áreas protegidas que existen es donde más hemos acumulado experiencia en ese sentido.

                Otro comentario que quería hacer brevemente tiene que ver con el vínculo entre los dos aspectos que fueron mencionados y que son el sistema dunar y la propiedad privada. En el Polonio parte de las dificultades que hemos tenido hasta ahora para actuar en el proceso de restauración dunar que implican eliminar buena parte de las plantaciones de pinos y de acacias existentes, es que gran parte de esos bosques están en propiedad privada. Es necesario que el privado se avenga a retirarlo o a permitir que el Estado lo retire. En el proceso del plan de manejo lo que se prevé es que como muchos padrones afortunadamente son muy largos e incluyen sectores que están en los sitios de prioridad de conservación y restauración del sistema dunar, el privado prácticamente no puede hacer nada y tiene que permitir la extracción de pinos –eso consta en el plan–; y como contrapartida el plan habilita un sector fuera de esa zona de fragilidad ambiental para que puedan desarrollarse emprendimientos residenciales o de turismo, de baja intensidad, de muy cuidada calidad ambiental, de manera que ese predio tenga un provecho. En este caso, esa es una de las formas que hemos logrado para lidiar con el tema y que no se genere una situación que implique prácticamente que el privado pida ser expropiado porque no puede hacer nada. 

SEÑOR NARIO.- Quiero complementar lo que dijo el señor Scarlato con respecto al tema de los instrumentos del ordenamiento, ya que dependiendo de la situación es como vamos a ir corrigiendo. En el caso de Cerro Largo, tiene establecido en sus directrices la zona protegida y nosotros la marcamos como zona núcleo. Hay una mirada permanente entre los instrumentos de ordenamiento y los sectores de áreas protegidas para poder ser más efectivos en el objetivo de proteger cada caso de acuerdo a los distintos parámetros ambientales. Vamos autorizando las distintas herramientas de las que disponemos, siempre buscando que sean coordinadas y consistentes.

SEÑOR PARDIÑAS.- Tal como lo planteó el señor Scarlato, tenía entendido que Rocha había definido el ordenamiento territorial costero, salvo en el caso particular del Cabo Polonio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Al comienzo de la sesión yo había anunciado que iba a pedir que se nos informara lo actuado en la urgencia que hubo por el tema del derrame de la boya de José Ignacio. Quisiera saber si se tomaron las medidas de contingencia que tiene que haber en estos casos, si se tomaron en forma adecuada y si fueron a tiempo. También me gustaría saber si el señor Nario está al tanto de que hayan sucedido otros derrames o si hay derrames periódicos de otra magnitud, más pequeños o más grandes.  

SEÑOR NARIO.- Obviamente, no vinimos preparados a fondo sobre el tema, pero como estamos en contacto permanente con la comisión le podemos enviar esa información. En efecto, tanto Prefectura como Ancap nos informaron en la mañana de lo que había acontecido y partir de ese momento hemos estado pendientes para decidir cómo vamos a actuar. En particular, esa situación se asocia, en principio, a eventos climáticos extremos que generaron la rotura de los mangones, tal como se ha dicho públicamente. Eso liberó un volumen de hidrocarburos relativamente bajo, pero no insignificante. Parte de él terminó llegando a la costa, que fue lo que generó la pequeña mancha que se veía en la fotografía. No fue, como podría haber ocurrido en otras ocasiones en Uruguay o en el mundo, un derrame de un accidente en un momento de trasvase, que involucra cantidades sensiblemente mayores.

                De todas formas, hemos seguido con mucha atención todo el proceso, viendo la acción inicial desarrollada por Ancap, Prefectura y OSRO, empresa contratada específicamente para actuar en esos casos. En los sistemas de emergencias marítimos hay empresas específicas. En este caso, se trataba de la empresa Efisol S. A., que es la que tiene la capacidad de actuación inmediata y el instrumental necesario para operar.

                En este sentido, hemos realizado un intercambio permanente de información con el director de Dirma –Dirección de Protección de Medio Ambiente, perteneciente a la Armada Nacional–, y lo que hicimos fue concurrir al sitio luego de realizados los procesos de limpieza y recuperación de la costa que, entre otros aspectos, es donde nos interesaba tener una mayor presencia a fin de controlar la situación ambiental y ver si había identificación de especies con problemas debido al hidrocarburo.

                A su vez, verificamos el estado de la limpieza realizado en su momento por Ancap. Así pues, hemos venido siguiendo las distintas situaciones. En particular, ayer nos llegó la denuncia de que habían aparecido algunas especies y fuimos hasta el sitio. Se trata de tres especímenes de aves y una de un mamífero marino de pequeño tamaño. Es de hacer notar que en las inspecciones que nosotros hicimos no identificamos ninguno de ellos. En las limpiezas que realizaron Ancap y la intendencia, tampoco. Pero se ve que ellos llegaron a algún lugar poblado y allí algunos vecinos los recogieron y los llevaron al refugio.

                También estamos supervisando la recuperación de esos especímenes. Hay protocolos para hacer esa tarea, y es por esa razón que también concurrimos. A su vez, sabemos que ayer también llegó una pequeña pérdida, en particular, de los absorbentes. Para que los señores senadores entiendan a qué me refiero, los absorbentes son una especie de flotadores que delimitan el avance del hidrocarburo y, además, lo van absorbiendo, fruto del propio sistema de oleaje; a medida que pegan contra ellos lo van absorbiendo.

                También hay que considerar que hubo una tormenta importante que terminó haciendo llegar a la costa esos absorbentes. En coordinación con la intendencia se han limpiado adecuadamente.

                Es de hacer notar que vamos a concurrir las veces que sea necesario para ver lo que sucedió. En principio estamos pidiendo más información sobre la actuación. Obviamente, primero nos interesa saber lo que sucede en el ambiente. Luego comenzamos los procesos de investigación sobre lo que ocurrió a fin de identificar posibilidades de mejoras o fallas que hubieran existido. Lo primero que corresponde hacer es actuar frente a la emergencia y la situación ambiental. Luego vienen los procesos relacionados con los informes más detallados.     

                Desde nuestro punto de vista, más allá de determinadas responsabilidades, corresponde identificar posibles mejoras con relación a ese aspecto. Obviamente, por cuestiones operativas, quien ha estado a cargo en todo lo que tiene que ver con el aspecto marino ha sido la Armada Nacional, que es el organismo que tiene la capacidad operativa para hacerlo y la instrucción, entre otras cosas. Esa es la situación actual. No tengo más datos concretos, pero cuando tengamos más se los podemos hacer llegar sin ningún problema. De hecho, se están elaborando los informes, tanto por parte de los técnicos que fueron a la playa para ver en qué condiciones se encontraba, como por parte de quienes fueron a ver el estado de los animales. Por tanto, vamos a tener los informes sobre esos aspectos. En principio, lo que estamos haciendo es apoyar las actuaciones, tanto del plan de contingencias desarrollado por Ancap, como el de Prefectura.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si el director Nario tiene la información del plan de contingencia de Ancap, que cuenta con empresas contratadas para hacer frente a la situación ante eventuales accidentes como el que hubo, quisiera saber qué tiempo hubo entre el primer derrame y la actuación de la empresa de contención. Si eso se sabe quisiera saber si hubo una, dos o cuatro horas y cuál sería el tiempo en el que se necesitaría obtener respuestas desde el punto de vista de la contingencia ambiental, dado que esta boya en José Ignacio está muy cercana a la costa. Si no tiene esa información agradezco que nos la haga llegar.

Lo otro tiene que ver con que el director Nario está al tanto, obviamente, de la Disposición Marítima n.º 157, que es la que rige con respecto a las boyas petroleras, desde el punto de vista del medioambiente. Quisiera saber si está informado de que la boya de José Ignacio está como en un agujero negro con respecto a la normativa vigente en Ancap y también quisiera que me dijera si existe algún plan en cuanto a esa normativa. Aparentemente, la boya de José Ignacio está siendo tratada como si fuera de una zona alfa –que es bien lejos de la costa– y tenemos la información de que debería ser tratada como un puerto. Si nuestros invitados tienen información al respecto me gustaría que nos la hicieran llegar.

SEÑOR NARIO.- Haremos llegar esa información; se trata de detalles específicos que, obviamente, no eran el objetivo de esta sesión, pero no tenemos problema en ese sentido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias.

                Agradecemos la presencia de la delegación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

 

(Se retiran de sala los representantes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

 

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: quiero hacer un planteamiento. Queríamos dejar manifestada una inquietud para ver si podemos pedir el asesoramiento de la oficina de estudios legislativos del Senado, en lo que refiere, en particular, al artículo 42, que es el que establece Imesi a algunos productos. El fundamento es que, en virtud de que estamos en ese período de un año antes de las elecciones, quisiéramos tener la certeza de que podemos seguir avanzando y de que eso no será un obstáculo para que, en última instancia, no estemos progresando en el tratamiento de una disposición que después pueda ser declarada que se aparta de la Constitución. Tal vez desde esa oficina de estudios legislativos nos aclaran el tema y podemos seguir trabajando tranquilos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si los señores senadores están de acuerdo pediremos información al respecto.

SEÑOR PARDIÑAS.- Simplemente, quiero dejar un planteo para el momento en que se avance en la consideración del proyecto de ley sobre gestión de residuos, en el sentido de que en la reciente aprobación, concretamente del artículo 3.º, cuando se aprobaron los literales M) y N) se hizo referencia a un decreto del Poder Ejecutivo. El problema es que según la técnica legislativa no puede incorporarse a una norma legal  un decreto cuya modificación es de puro orden del Poder Ejecutivo, porque de esa manera la norma no tendría sentido. Por eso planteo que cuando llegue el momento  se plantee la reconsideración del artículo 3.º, porque también quedó pendiente desde la última sesión en el desglose de uno de los literales del artículo 11.

SEÑORA PRESIDENTA.- Dejamos planteada la inquietud, que será tenida en cuenta cuando volvamos a considerar el articulado.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 18:22).