COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(Sesión celebrada el día 30 de octubre de 2018).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 17:09).

(Ingresan a sala representantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Fucvam).

                –La Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tiene el agrado de recibir a los señores Mario Figoli y Sergio Segredo, representantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Fucvam. Esta sesión será de intercambio dado que estamos interesados en que nos den vuestra opinión sobre un proyecto de ley que venimos considerando. A su vez, ustedes habían solicitado esta entrevista para plantear un tema de su interés.

Les cedemos el uso de la palabra para que hagan referencia, en primer lugar, al asunto para el cual solicitaron ser recibidos por  esta comisión.

SEÑOR SEGREDO.- Buenas tardes, mi nombre es Sergio Segredo, integrante de la Dirección Nacional de Fucvam. Muchas gracias por la atención y por darnos este espacio para hacer nuestros reclamos.

                Desde setiembre del año pasado, en una asamblea nacional ordinaria, hemos levantado una plataforma donde se planteó volver al repago de la cuota a la Agencia Nacional de Viviendas en base a un 2% en lugar del 5%. Este planteo cuenta con una serie de cuestionamientos que hemos venido reivindicando. Hemos mantenido algunas conversaciones con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y con el presidente de la república a los efectos de llevar adelante esta negociación.

Como segundo punto de la plataforma sumamos el no pago del IVA en el caso de las cooperativas en construcción. Lo solicitamos en el entendido de que somos consumidores finales, no podemos trasladar ese costo y debemos afrontarlo nosotros.

Por su parte queremos recuperar lo que planteaba la Ley n.º 13728 –que este año cumple cincuenta años de aprobación– sobre el Fondo Nacional de Vivienda. Hoy la vivienda se construye a través de asignaciones presupuestales y nosotros creemos que debe hacerse a través de una ley, con un porcentaje específico que vaya al Fondo Nacional de Vivienda y luego se construya con eso. Esto no está sucediendo así; después de que apareció la nueva fórmula de recaudar a través de los trabajadores, se dejó de lado el aporte al fondo  del 1 % de los trabajadores y el 1 % de la patronal, y creemos que es algo que se debe revitalizar.

                Por supuesto que la otra cuestión es la cartera de tierras, que es un planteo histórico a nivel nacional para seguir creciendo en la modalidad de usuarios que tenemos con respecto a la vivienda. 

                Esto nos ha llevado a casi siete meses de planteos y debates. El último fue en  setiembre; el presidente Tabaré Vázquez nos llamó por segunda vez y participó la ministra de vivienda. Allí se acordó tener tres reuniones antes del 29 de setiembre –que era cuando teníamos la asamblea nacional– para buscar una solución a este diferendo. Se hicieron esas tres reuniones, pero no se llegó a un acuerdo. Entonces, llegamos a la asamblea y ésta rechazó totalmente el planteo por no tener ninguna relación con nuestra solución. Lo que hoy plantean los negociadores del ministerio es que si pagamos un año de cuota, se pague la mitad de la decimotercera cuota y al año siguiente se vuelva a hacer lo mismo. Con esto no llegamos a ninguna cifra que podamos acordar, porque entre el 5 % y el 2 % hay una diferencia abismal y no es un resultado positivo para nosotros. Llegado a ese punto, la asamblea declara que no puede llevar adelante esa propuesta.

                Por eso, mañana volveremos a manifestarnos frente a la Torre Ejecutiva con el objetivo de que el presidente de la república tome cartas en el asunto, ya que no ha sido posible llegar a un acuerdo con la señora ministra en torno a nuestro planteo; a pesar de que lo hemos intentado de todas las maneras posibles, no fue aceptado por las partes.

                Nuestra presencia en esta comisión se debe a que consideramos que estos reclamos son justos.

                En síntesis, este es nuestro petitorio.

SEÑOR FIGOLI.- Integro la dirección nacional de la federación y agradezco a los señores senadores que nos hayan recibido en esta instancia.

                Efectivamente, como ha manifestado mi compañero, después de mucho negociar en el ministerio de vivienda, el resultado da como para decir que la montaña parió un ratón, porque fuimos a negociar el tema de la tasa de interés y la contrapropuesta que recibimos se remite a la rebaja de media cuota mensual al año, para aquellas cooperativas que sean buenas pagadoras. Naturalmente que compartimos la idea de premiar al buen pagador, lo consideramos un buen criterio –estamos totalmente de acuerdo–, pero esa respuesta está alejadísima de nuestra propuesta, que es lo que fuimos a discutir. Dicho de otro modo, fuimos a negociar un tema determinado y la propuesta emergente de la contraparte no tiene nada que ver con el tema de la tasa de interés, primero que nada. Asimismo, si llevamos esa propuesta al campo matemático, nos encontramos con que significaría el 0,021 % de la rebaja de la tasa de interés.

                De modo que esa propuesta está tan lejos de lo que solicitamos que es muy difícil aceptarla. Formamos parte de una organización que ya tiene 48 años de existencia, tenemos práctica y nos tenemos fe para negociar. Sabemos que la negociación no significa otra cosa que negociación, o sea, no es imposición. No pretendemos obtener el 100 % de lo que pedimos o, mejor dicho, esa es la intención, pero sabemos que tenemos que negociar. Pero, claramente, se puede negociar cuando las propuestas tienen cierto grado de cercanía. En este caso, están tan lejos, que es imposible.

                Asimismo, en nuestra plataforma, también incluimos el tema de la quita del IVA a los materiales de construcción de nuestras cooperativas. La ley que promueve la inversión en viviendas promovidas, antes llamada de interés social, exime a los empresarios de la construcción de un conjunto de obligaciones impositivas, lo que de por sí merecería un largo debate, pero no es el tema que nos convoca. No obstante, creemos que nosotros podemos aspirar a esa quita, dado que somos personas y familias de bajos recursos, con ingresos inferiores a las 60 o 70 unidades reajustables por núcleo familiar. Además, se tendría que tener en cuenta que esos dineros no los recibiríamos nosotros, sino el ministerio y la Agencia Nacional de Vivienda, lo que les permitiría invertir más para construir más viviendas. Es decir, no sería un beneficio exclusivo para nosotros.

                Otro tema que nos tiene muy preocupados es el de la tierra. Desde hace muchísimos años tenemos una propuesta de uso del suelo urbano en función de los intereses de la mayoría de la gente y no pura y exclusivamente de los intereses de la especulación inmobiliaria. Sabemos que este tema requiere de un debate político de largo aliento, pero tenemos una posición tomada en ese sentido. Entendemos que es necesario que el sistema político –mediante la expresión de los gobernantes, ya sea a nivel nacional o departamental– piense el desarrollo de la ciudad en función de sus intereses y del conjunto de la sociedad y no pura y exclusivamente –reitero– en función los intereses de la especulación inmobiliaria. Por ahí, entonces, viene la necesidad de que, al igual que en Montevideo, en los demás departamentos del país haya carteras de tierras municipales. Ha sido un avance que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tenga una cartera de tierras, pero no se ha logrado todavía compatibilizar el tema a nivel de todo el territorio.

                Nosotros hemos hecho acuerdos con la Intendencia de Soriano, por ejemplo, en donde hay un desarrollo muy importante de nuestras cooperativas. Esa intendencia desde hace ya bastantes años viene desarrollando una política de uso de suelo urbano que consideramos muy compatible con nuestro punto de vista y con los intereses generales de la gente del departamento. También hemos llegado a ciertos avances con la Intendencia de San José, aunque no hemos podido desarrollar en su totalidad la propuesta. Por lo tanto, creemos que existen posibilidades materiales de llegar a acuerdos en esta área.

                El tema de la rebaja de las tasas de interés lo ubicamos en la continuidad de una política de redistribución del ingreso. Además, esto no le significaría al Estado una pérdida, porque hay que tomar en cuenta la cantidad de subsidios que el ministerio y la agencia nacional se ven obligados a otorgar por el elevado nivel de las cuotas vinculado con el 5 % de interés. La rebaja de la tasa de interés no significaría, entonces, una pérdida, porque bajaría muchísimo la cantidad de subsidios. Si sacamos la cuenta –no lo podríamos hacer, naturalmente, en este instante–, vamos a ver que no hay pérdida para las arcas del Estado, sino que se mantiene una situación de cierto equilibrio e incluso nos atreveríamos a decir que en algunos casos la idea podría ser superavitaria, es decir, podría generarle más recursos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Lo decimos porque tenemos nuestros asesores, que han trabajado en esa área. De manera que es un elemento que también creemos que es importante, porque alguien puede pensar que una rebaja de la tasa de interés puede significar, visto en frío y en principio, una pérdida para las arcas estatales, pero, de acuerdo a nuestros cálculos, por lo menos, no es así.

                Es más, dentro de poco tiempo vamos a hacer una celebración por los cincuenta años de la ley nacional de vivienda en el Paraninfo de la Universidad –ya estamos invitando a los señores senadores, además, y con mucho gusto los recibiríamos– y uno de los temas centrales que queremos plantear allí es la recuperación del Fondo Nacional de Vivienda. La idea es que el Estado vuelva al mecanismo que se utilizaba antiguamente, es decir, que haya una partida específica para el Fondo Nacional de Vivienda y que no dependa de la rebatiña que se produce cuando los señores legisladores tienen que discutir el presupuesto nacional. Esto le permitiría al Estado tener una programación a largo plazo y a nosotros, que somos beneficiarios de esos dineros, también nos permitiría pensar a largo plazo.

SEÑOR MICHELINI.- Ante todo quiero agradecer la presencia de los representantes de Fucvam, porque creo que el tema de la vivienda es una inquietud de toda la población. A veces las entradas de una familia pueden ser un poco mayores o menores, pero si el techo está más o menos seguro, las angustias, en todo caso, son menores.

                Pero quería clarificar algunos conceptos.

                En primer lugar, cuando nuestros invitados hablan de la tasa, ¿se aplicaría para las nuevas viviendas o incluso para las que ya existen ahora?

                En segundo término, me gustaría plantear la posibilidad de que el IVA no estuviera arriba de la mesa, tomando un valor de la tierra, que siempre influye en esto. Lamentablemente no es poca cosa y a veces cuando el Estado pone mucho dinero, por arte de magia suben los precios de los terrenos. Pero si se sacara el IVA, tomando valores aceptables de la tierra, ¿cuánto más o menos estaría costando una vivienda de dos dormitorios? Lo consulto para saber si ustedes tienen una idea sobre ese aspecto. Tal vez ahora no la tengan, pero luego nos podrían hacer llegar esa información.

                La tercera pregunta que quiero hacer es: si tuviéramos ese porcentaje que ustedes dicen, ¿cuántas viviendas creen que podrían construirse por año, tomando en cuenta el valor que estoy pidiendo? Sin duda, ese número sería distinto en cada departamento porque el valor de la tierra no es el mismo. Si tomamos el porcentaje que ustedes quieren que sea establecido por ley –no fuera del Presupuesto, porque son las arcas del Estado–, y se da ese remanente para brindar crédito, que después se convertiría en una bola de nieve en el buen sentido, ¿cuántas viviendas creen que podrían construirse por año?

                Esas eran las consultas que quería hacer, señora presidenta.

SEÑOR AVIAGA.- No deseo hacer preguntas sino, simplemente, agradecerles.

                Vamos a estudiar con atención lo que plantean, sobre todo porque tengo un muy grato recuerdo de Fucvam. Desde 2005 a 2010 fui directora de Servicios Sociales en la Intendencia de Lavalleja. Al igual que ahora, la gente siempre estaba buscando vivienda y la forma de construirla. Recuerdo que en ese entonces llegaron unos jóvenes que querían empezar a armar una cooperativa, pero no tenían ni idea de cómo hacerlo. Yo tampoco sabía; sinceramente, no tenía demasiada información al respecto. Fue por esa razón que vine a Montevideo, a la sede de Fucvam a pedir asesoramiento y ustedes fueron allá y nos ayudaron a sacar adelante algunos proyectos.

                Es por eso que, repito, vamos a tomar los planteos, a estudiarlos y ver qué puede hacerse.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero hacer una consulta para que me quede claro. Ustedes están solicitando que la tasa del 5 % se baje al 2 %, desapareciendo los subsidios que hoy tienen algunas familias. 

SEÑOR FIGOLI.- No exactamente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien.

SEÑOR SEGREDO.- De más está decir que estamos muy agradecidos de que nos hayan recibido para poder tener este intercambio, por lo menos, para ver si podemos clarificar cuál es el planteo que hacemos. Creo que de eso se trata este relacionamiento, donde podamos tener esta apertura y plasmar cuál es nuestro sentir.

                Con respecto a lo del IVA, cuando lo reclamamos nos referimos pura y exclusivamente a los materiales de construcción de la vivienda y no a la tierra. Como es lógico, tenemos que pagar IVA por todas las compras que hacemos para la cooperativa.

                Lo que recién decía el señor Figoli es que, seguramente, las viviendas promovidas están exentas de este impuesto. Es por esa razón que pensamos que las cooperativas de vivienda también deberían estar exoneradas de ese impuesto. Plateamos esto porque, en realidad, el quid de la cuestión es saber de qué estamos hablando. Nosotros estamos hablando de viviendas de usuarios. Entonces, nuestras viviendas jamás van a estar destinadas al lucro y nunca van a estar al nivel de la compra natural como una vivienda que sea de propietarios. Quiere decir que aquí hay una diferenciación. Las viviendas que construimos valen la mitad de lo que cuesta cualquier vivienda que esté hecha por las cámaras que se dedican a construirlas. Entonces, hay una diferencia sustancial. Cuando esta vale USD 160.000, las nuestras valen USD 60.000. Es decir que hay una reducción importante.

                Nuestra vivienda vuelve, nuevamente, a ser de otro trabajador, mientras la otra pasa al mercado, y allí vale lo que vale. Esa es la diferencia sustancial que hay entre ambas cosas. Nosotros estamos reivindicando esto como una forma de que los trabajadores de un nivel medio para abajo puedan acceder a una vivienda. Como federación no podemos decir que no haya viviendas, pues hay un montón y hasta por demás, pero lo que es importante, como decía, es que estamos hablando de trabajadores de un nivel medio para abajo.

                En cuanto al IVA, pensamos que habría que buscar algún mecanismo –el colegio de contadores nos ha dado algún elemento– como para que de alguna forma eso vuelva a las arcas del Estado para hacer más viviendas.

                Con respecto al precio de la tierra, al momento de hacer la compra la cooperativa normalmente lo hace a través del Estado, y es este el que negocia cuál es el precio en ese momento. 

                El número de viviendas no lo tengo aquí. En este país hay varios planes de vivienda en cantidades, para un lado y para el otro. Nosotros creemos que el nuestro es el mejor; eso no quiere decir que todos tengan que venir a vivir a una cooperativa de vivienda por ayuda mutua y de usuarios, pero nos parece que es el mejor lugar para vivir, porque genera esa cuestión de que los trabajadores tienen la posibilidad de tener una vivienda digna en un lugar y en un espacio. Cuando ponemos esto arriba de la mesa, queremos decir que la idea del fondo era que un porcentaje lo ponían los trabajadores y otro la patronal. Evidentemente, con esto del IRPF, habrá que sacar de ese mismo IRPF que se está cobrando un porcentaje para la vivienda –para no cobrar más a los trabajadores– y habrá que buscar otros mecanismos, como por ejemplo subir medio punto el impuesto al patrimonio que pagan las patronales, pues de esa manera podríamos capitalizar ese fondo de vivienda. El número que hoy tenemos para construcción de vivienda está entre USD 154:000.000 y USD 158:000.000, pero de esta otra forma que planteamos tendríamos el doble, o sea unos USD 360:000.000 que volcaríamos para la construcción de vivienda, mayormente de este lugar. Si algo tiene de importante la Ley n.º 13728 no es que no haya configuración de otros sistemas de vivienda, sino que crea este sistema de vivienda que nosotros reivindicamos, es decir las cooperativas de vivienda por ayuda mutua de usuarios. Nos parece que esto es esencial, por lo que ha sido la federación, por los 48 años de vida que tenemos y por los 50 años de vida que tiene la ley. Justamente este país se jacta de esto y habrá distintas actividades que harán hincapié en estos años de experiencia. Además, este producto ha sido exportado al exterior y todo lo que hacemos en cuanto a planes de vivienda de este sistema ha sido bien recibido. De alguna forma, esto da determinada responsabilidad en cuanto a seguir peleando y para creer que esta es una muy buena ley. Si estamos festejando 50 años de vida también podríamos festejar otros 50 años más valorando lo que ha sido el trasiego y lo que ha dado la federación de cooperativas por este sistema. Nosotros nos queremos amparar en el espíritu de esta ley, en cómo fue conformada y por qué se hizo, más allá de los distintos avatares que se den actualmente a nivel de las situaciones económicas y políticas del país.

SEÑOR FIGOLI.- Quería informar al señor senador Michelini que el número de viviendas exacto no lo tenemos en este momento, pero podemos enviar ese detalle a la comisión.

                Por otra parte, hemos elaborado un documento en conjunto con el colegio de contadores donde realizamos una propuesta concreta.

                En cuanto a los costos –de acuerdo con lo planteado por el señor senador– podemos pensar en una baja de costos de USD 8000 o USD 9000, en función de lo que más o menos cuesta hoy una vivienda cooperativa por nuestro sistema, si le sacamos el IVA. Pido disculpas por dar este número de memoria, pero lo haremos llegar con documentación fehaciente porque, reitero, el colegio de contadores –con el que elaboramos una propuesta– nos ha dado una mano en este tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Esperaremos entonces esa información.

                A la comisión le interesa también tener la opinión de los representantes de Fucvam respecto al proyecto de ley sobre vivienda popular que tiene a su consideración, que entiendo les fue enviado por la secretaría.

SEÑOR FIGOLI.- En primer lugar, quisiéramos saber si los proponentes del proyecto piensan sustituir la Ley n.º 13728 o si esta norma iría en paralelo. Naturalmente hemos leído el texto, pero no nos queda claro cuál sería la idea.

                Como bien decía el señor Segredo, la Ley n.º 13728 es muy sabia. De otra manera no hubiera durado más de cincuenta años, más allá de las modificaciones que ha recibido. Por lo tanto, plantear una ley sustitutiva de esa norma merece un estudio, un análisis y un debate político nacional, que va mucho más allá del texto que nosotros podamos leer y tratar de interpretar. Tenemos esa interrogante, que es muy fuerte, no ya en términos de cuestionar la propuesta, sino de hacer un análisis muy profundo.

                En segundo término, nos parece curioso que no se mencione al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que es el órgano rector de las políticas de vivienda en el país, y no sabemos cuál es la razón. Si se trata de una norma que tiene ese volumen debería mencionar qué cosa hará el ministerio. Es una cuestión con la que estamos totalmente de acuerdo y queremos ser claros en ese sentido: antes de que existiera el ministerio de vivienda nuestra federación ya levantaba la bandera del ministerio porque nunca estuvimos de acuerdo –incluso en aquellos años– con que el Banco Hipotecario se ocupara, como se dice vulgarmente, «de cobrar y darse el vuelto». Nosotros teníamos esa idea y estamos totalmente de acuerdo con que exista un ministerio que determine las políticas de vivienda del país.   Tampoco entendemos por qué no está en el texto, pero habrá razones para ello. Creemos que eso es un déficit de la propuesta.

                 En tercer lugar vemos que esta iniciativa tiene un contenido fuertemente estatal y, por nuestra práctica, comprendemos y participamos de la idea del papel del Estado en el país. Nosotros tenemos una relación muy dinámica y permanente con el Estado, pero creemos que la sociedad civil organizada también tiene cosas para hacer y para decir, así como para interactuar con el sistema político y con el Estado. Eso no está presente en este proyecto de ley. En él se contempla a ciudadanos y ciudadanas del país que, naturalmente, tienen derecho a una vivienda adecuada pero no establece ningún mecanismo a través del cual la sociedad civil organizada tenga algún tipo de papel a cumplir. Para nosotros, como organización social, ese es un problema de principios. A lo largo de cuarenta y ocho años de trabajo hemos comprobado que la sociedad civil organizada tiene cosas para hacer, para decir y para interactuar con el sistema político y con el Estado. No confiamos demasiado en las políticas que solo tienen por objeto «sírvase una llave y pase a vivir en su casa».

Por otro lado, la iniciativa tampoco tiene financiación, lo que no es menor porque significaría solo una buena intención; todos sabemos que la plata no hace la felicidad pero calma los nervios. Es muy difícil desarrollar una propuesta de cualquier índole si no hay financiación. Por lo tanto, por allí también vemos que hay un déficit.

Otro elemento que nos parece complejo es el volumen que debería tener la estructura estatal para desarrollar la administración de esta cuestión. En el proyecto de ley se propone que haya una licitación para resolver qué empresas van a construir. En segundo lugar, se establece que el Estado compraría los materiales, lo que es un asunto extremadamente complejo. Nosotros tenemos un convenio con Ancap por el tema del portland y recuerdo que nos llevó mucho tiempo discutirlo y resolverlo. Además, permanentemente tenemos dificultades con la aplicación del convenio; los uruguayos sabemos de las complejidades que tiene nuestro Estado. Entonces, nos parece muy difícil que el Estado a través de la Agencia Nacional de Vivienda pueda hacerse cargo de lo que está planteado allí en relación con las licitaciones de las empresas, con la compra y suministro de materiales y con el control de esos aspectos. Lamentablemente, también sabemos que a veces se suceden hechos –sobre todo, cuando hablamos de un volumen tan grande de dinero y de materiales– que están por fuera de lo que todos deseamos y que implican un manejo no del todo claro. En nuestro caso eso está más acotado porque los cooperativistas recibimos dinero del Estado contra avance de obra y además hay un control permanente por parte de la ANV.

Por lo tanto, no dudamos de la intención con que está formulado el proyecto de ley pero no le vemos posibilidades materiales de que sea desarrollado, sobre todo, considerando las actuales circunstancias políticas, sociales y económicas del país. Además, hoy tenemos la ley nacional de vivienda – que se ejecuta y funciona– y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por su parte, tiene un conjunto de líneas de crédito y propuestas que no son sólo para los cooperativistas. Como decía mi compañero, no pretendemos que todo el mundo sea cooperativista de viviendas; sería ilusoria esa pretensión. Como decía, el ministerio hoy tiene otras líneas de crédito y de trabajo que permite el acceso a la vivienda a personas que no tienen interés en ser cooperativistas. En el caso de cooperativistas que ya habitan, el Instituto Nacional del Cooperativismo también tiene líneas de crédito muy interesantes para reparación y mantenimiento.

Por lo expuesto, consideramos que este proyecto no significaría un gran aporte a las políticas de vivienda del país y plantearía algunas cuestiones bastante complejas en lo que hace a su desarrollo y a su resolución.

                Por último, quiero decir que nosotros, como cooperativistas, no existimos en este proyecto. En realidad está bien, porque nadie tiene por qué mencionarnos o querernos, pero tenemos una propuesta que ya tiene cincuenta años. Nuestras primeras cooperativas se organizaron hace cincuenta años y todavía están ahí –hay que ir a verlas– y los que no han fallecido todavía viven ahí. Sin duda, aguantaron la dictadura  –como dice el senador Michelini– y fueron islas de democracia.

                El 1.º de noviembre llega una nutridísima delegación de Centroamérica, de Bolivia, de Paraguay, con quienes vamos a trabajar una semana entera, porque nuestro modelo se ha dispersado en América y en Centroamérica. Este año también mandamos un compañero a África y, seguramente, el año que viene vamos a empezar a desarrollar alguna propuesta. Creo que una mencioncita en ese proyecto podríamos haber tenido.

SEÑOR SEGREDO.- Simplemente quiero agregar que nos gustaría que nos invitaran a participar en la elaboración de este proyecto de ley. Sería importante porque nos parece que se nos va nuestra vida si no aparecemos.

SEÑORA AVIAGA.- Quisiera hacer una acotación.

                Según tengo entendido, detrás de esta iniciativa que llegó a nuestra mesa de trabajo desde la Cámara de Diputados, donde fue aprobado, hay muchas vecinas y muchos vecinos organizados. Quizás no tengan todo el historial de trabajo social que tienen otras organizaciones, pero no se puede desconocer que detrás de este proyecto de ley hay muchísimas vecinas y muchísimos vecinos de todo el país que lo han impulsado. Esa es la razón por la que nos hemos tomado el trabajo de, día tras día, reunirnos y escuchar distintas opiniones para ver qué se puede hacer.

                Creo que no está planteado que este proyecto sustituya esa ley tan importante que tiene el país. Es una herramienta que muchos vecinos sienten la necesidad de tener y, por tanto, la plantean acá, en el Parlamento.

SEÑOR FIGOLI.- Naturalmente, nosotros reconocemos la necesidad de resolver el déficit habitacional que tiene nuestro país y el derecho de las vecinas y los vecinos, como bien dice la senadora. Nos alienta mucho la ley que se aprobó sobre el uso de viviendas desocupadas y simplemente dejamos acá algunas opiniones en función de la modestia de nuestras posibilidades. Ustedes verán el curso que dan a la cuestión.

SEÑOR CARRERA.- Antes que nada, quiero darles la bienvenida –porque no los había saludado– y agradecerles la opinión acerca de este proyecto de ley.

                Luego de escuchar las primeras preocupaciones mencionadas por ustedes,  quisiera saber si sería posible que, como organización, nos enviaran información acerca de cómo es el trabajo con los diferentes gobiernos departamentales, es decir cuáles son los que tienen más desarrolladas las cooperativas. A veces, cuando viajamos al interior, vemos que hay departamentos en los que se está trabajando muy bien. Por ejemplo, me impactó muchísimo que en Florida, desde que se votó la ley hasta el 2008, se hicieron 500 viviendas por el régimen de cooperativas y desde el 2008 se están realizando más de mil. Entonces, para nosotros, como legisladores nacionales, sería bien importante la información.

                La señora presidenta había preguntado cómo sería la relación entre bajar el interés del 5 % al 2 % y el tema de los subsidios. Agradeceríamos muchísimo si nos pueden enviar información de cómo impacta eso.

SEÑOR FIGOLI.- Sí, por supuesto; lo vamos a hacer.

                Otro departamento interesante –creo que ya lo dijimos– es Soriano; ahí ha habido una explosión de las cooperativas. A nosotros eso nos satisface mucho. Además, tenemos muy buena relación con el sistema político de ese departamento.

SEÑOR CARRERA.- Me llama la atención, por ejemplo, Cerro Largo, donde me parece que ha habido poco desarrollo de cooperativas.

SEÑOR FIGOLI.- Justamente, voy a ir a Cerro Largo el día 13.

SEÑOR CARRERA.- Ese desarrollo sería importante para nosotros.

SEÑOR FIGOLI.- Muchas gracias.

                Vamos a enviar toda esa información.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos.

                En la medida en que la comisión vaya trabajando el proyecto de vivienda popular y ya que ustedes quieren realizar sugerencias a la posible modificación que le hagamos, nos vamos a mantener en contacto.

Se levanta la sesión.

(Son las 17:51).