COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN

(Sesión celebrada el día 30 de octubre de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, queda abierta la sesión.

(Son las 14:39).

                –Damos la bienvenida a los representantes de la Unidad Alimentaria de Montevideo, a su presidente,  señor José Saavedra; al secretario, ingeniero Alfredo Pérez; al tesorero, ingeniero Enrique Rodríguez; al coordinador de obra, economista Jorge Martínez y a la asesora, doctora Verónica Morales.

SEÑOR SAAVEDRA.- Queremos aprovechar esta reunión para hacer algunos comentarios respecto a la operativa de comercio mayorista de frutas y hortalizas que se viene realizando desde la instalación del Mercado Modelo en el año 1937. Esta operativa genera muchísimas ineficiencias, no solo porque la ubicación quedó inadecuada después de 80 años de utilización, sino porque fue un diseño pensado originariamente para tracción a sangre.  En las fotos de la inauguración del mercado podemos ver que se usaban carros tirados por caballos y hoy ingresan camiones de 20 o 30 toneladas, cuya operativa se hace con bastante dificultad.

Además, las instalaciones están muy deterioradas, fundamentalmente por un incendio en el año 1996, que destruyó una parte del subsuelo que se utilizaba para plantas de maduración y cámaras de frío. Eso hizo que se construyeran dos naves laterales en el mercado, que aún están vigentes.

Por todo esto, al día de hoy la operativa del mercado está totalmente saturada y no nos permite procesar las frutas y verduras y colocarlas en bandejas, lavadas y prontas para el consumo, como en la actualidad se ofrecen en los supermercados. Todo eso genera, en definitiva, una operación logística muy interesante, de muchísimo valor agregado, pero hoy el mercado lamentablemente está acotando sus posibilidades de crecimiento.

                Como tenemos dificultades para expandirnos desde hace ya más de veinte años la intendencia comenzó un proceso de diseño de lo que sería un parque agroalimentario que contemplara no solo una oportunidad para la comercialización mayorista de frutas y hortalizas, sino también para otras áreas que tenían una demanda potencial y que, por un tema de espacio, no podían desarrollarse. Un ejemplo es el desarrollo de una nave en el Mercado Polivalente que contempla la comercialización mayorista de carnes, carnes rojas y blancas –es decir, de aves, cerdos y pesca– y quesería artesanal. Como sabrán, la quesería artesanal moviliza a una importantísima cantidad de familias del interior de nuestro país y que, en definitiva, también habían pedido una oportunidad para comercializar de forma mayorista, pero no habíamos podido satisfacer su demanda. Paralelamente estamos incluyendo unas dos naves para actividades logísticas vinculadas con el lavado, corte, envasado y posterior congelado –lo que llamamos cuarta gama de producción de alimentos–, y seis manzanas integradas directamente con lo que sería el desarrollo de cámaras de frío, plantas de maduración, embalaje, packing para exportación, en definitiva, servicios que son totalmente complementarios de la labor diaria de un mercado mayorista de alimentos.

Obviamente, el traslado del actual Mercado Modelo hacia las afueras de Montevideo es una realidad que no solo está presente en nuestro país, sino que, tradicionalmente, en buena parte del planeta funciona de esa forma: los mercados están en las afueras, primero para estar más cerca del productor, y segundo para facilitar el acceso del transporte. Hoy tenemos alrededor de 3000, 3500 vehículos que ingresan periódicamente en el corazón de Montevideo –que es donde hoy está ubicado el mercado– y eso genera una importantísima distorsión.

                ¿Qué es lo que visualizamos en el parque como oportunidades que germinen, que es nuestro lema? Que allí se instalarían unas 600 empresas vinculadas directamente con comercialización, producción y agregado de valor en el sector alimentario, empleando entre 4000 y 4500 personas. Además, ampliamos sensiblemente en más de 10000 metros cuadrados el área de comercialización. Por lo tanto, daríamos cabida a muchísimos productores u operadores que hoy quieren trabajar con nosotros pero no tenemos disponibilidad de espacio en el mercado y superficies de estacionamiento. Este es un tema realmente clave porque hoy vemos los camiones estacionados a tempranas horas de la mañana por Propios o por Centenario y eso genera una importante distorsión en el tráfico de la ciudad. Estaríamos corrigiendo eso de alguna forma con este parque pasando, prácticamente de 24000 metros cuadros de estacionamiento –incluyendo las calles, porque la mayoría de la operativa del mercado se realiza allí– a unos 58000 metros cuadrados. Es decir que estamos duplicando los metros cuadrados y generando, en definitiva, una operación mucho más confortable,  confiable y eficiente desde todo punto de vista logístico.

                De alguna forma, este parque va a generar una mayor seguridad con un vallado perimetral y control de acceso. Hoy es muy difícil cercar una zona de la ciudad –como es el Mercado Modelo– que tiene alrededor de 12 o 13 puntos de acceso a la operativa, lo cual genera una importante falla en la parte del control de acceso, o sea, en el ingreso de la gente que va a comprar o vender. También se dificulta el tema de la seguridad. Asimismo, el vallado perimetral posibilita tomar medidas con respecto a la inocuidad alimentaria, que es una de las áreas que al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –socio estratégico de este emprendimiento– más le interesa desarrollar.           Además, permite un mejor control sanitario; limpieza y gestión de residuos eficiente; áreas de servicios complementarias; seguridad las 24 horas; servicios básicos en cada puesto. Hoy día el trazado original del mercado, por ejemplo,  impide que haya servicios básicos como ser agua y luz en cada uno de los puestos y es más bien en forma general. También hay problemas con el estacionamiento, muelles de carga y descarga. Actualmente la operación se realiza en piso y  es muy común ver a un camión con gente descargando la mercadería en un carrito para transportarla hacia el puesto de comercialización. Luego, cuando el camión vuelve a su punto de origen con otro tipo de mercadería, se vuelve a cargar desde el piso, cosa que daña a las frutas y hortalizas porque se las golpea mucho, generando un perjuicio desde el punto de vista económico.

Además, estamos hablando de servicios especializados de alimentación, de apoyo a los comercializadores, amplio horario de carga y descarga, que es algo que hoy, por estar en el medio de la ciudad, se realiza en horas que son inapropiadas para una zona de vivienda-habitación como las que están cerca del mercado.

Como dije, en este parque hay cinco áreas fundamentales de negocios relacionadas con un mercado mayorista de frutas y hortalizas. Un mercado polivalente para quesos, lácteos, pescados, carnes, fiambres, alimentos semiperecederos, huevos y flores. También hay una nave de actividades logísticas con servicios complementarios para la cadena alimentaria: lavado, empaque, selección, corte y envasado. Una zona de actividades complementarias con emprendimientos industriales de la cadena, como ser la cámara de frio, cámara de maduración, packing para exportación. Y una zona destinada a las empresas que brindan servicios con el interior del parque y la comunidad.

Mejoraríamos en la inocuidad en productos agroalimentarios, en la integración de la cadena productiva, agregando valor y reduciríamos el desperdicio. Además, aumentaríamos la competitividad con una mejora de los costos de la comercialización y democratizaríamos el acceso a los pequeños productores y pequeños operadores.

Tenemos algunas cifras vinculadas al costo del metro cuadrado para el operador en el parque agroalimentario, que está en el orden del 2 % sobre el precio de venta mayorista, que no afecta la cadena de comercialización actual.

Y el financiamiento de este emprendimiento está dado por un aporte de la Intendencia de Montevideo, otro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –que está incluido en esta misma ley– y por un préstamo del Banco de la República, que se retorna con 15 años de plazos en unidades indexadas. Esa sería la estructuración financiera, que está en el orden de los USD 62:000.000 a USD 65:000.000. Por tanto, en esta primera etapa estamos construyendo unas 65 hectáreas de planta operativa.

Hay una serie de cambios en la ley que fueron sugeridos por el Poder Ejecutivo, básicamente, para hacer posible el financiamiento de este emprendimiento. También hay algunos otros cambios sugeridos en la operativa en lo que fue la dinámica de la comisión respectiva de la Cámara de Representantes. Allí surgieron algunas modificaciones que vemos como positivas y que, en definitiva, incluimos sin ningún tipo de inconvenientes. Por ejemplo, la Unidad Alimentaria de Montevideo pasaría a llamarse Unidad Agroalimentaria Metropolitana,  en el entendido de que es un emprendimiento que tiene un impacto mucho más amplio –no solo en Montevideo, sino también en el área metropolitana y a nivel nacional–, y básicamente que la producción agrícola de los departamentos de Canelones y San José se comercializa en este punto. En el directorio se incorpora un miembro designado por el Congreso de Intendentes como reflejo de esta visión metropolitana del funcionamiento del Parque Agroalimentario. 

                Si el señor presidente me permite me gustaría que la abogada Verónica Morales –nuestra asesora legal– haga uso de la palabra para avanzar en los siguientes puntos relacionados con el cambio del proyecto de ley,  que son temas bastante más técnicos.

SEÑORA MORALES.-  Voy a hacer una síntesis de los cambios más importantes y luego con mucho gusto voy a responder las preguntas que los señores senadores deseen plantear.

                Uno de los cambios que se promueve es la definición de cuáles son las atribuciones del directorio y cuáles las de la Mesa Ejecutiva. En la ley original se preveían los cometidos y atribuciones de la UAM; el artículo 4.º establecía que iba a estar dirigida por dos órganos –directorio y Mesa Ejecutiva–, pero no se determinaban los cometidos de cada uno. Esto se dirime en la nueva propuesta dejando a cargo del directorio los lineamientos de política general a largo plazo y a la Mesa Ejecutiva la gestión diaria y la toma de decisiones que requieren mayor agilidad.

                En el artículo 8.º hay una modificación en lo que tiene que ver con la integración de la Mesa Ejecutiva: anteriormente tenía tres miembros y ahora pasa a tener cinco, incorporando entre sus integrantes un representante de los operadores del mercado de frutas y hortalizas y otro integrante que representaría a los operadores de la zona de actividades complementarias.

                Allí, como precisión es necesario corregir un error de tipeo respecto al texto del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes. El artículo 8.º de la Ley n.º 18832 numerales 4) y 5) se remite al literal D) del artículo 5.º y al literal E) del artículo 5.º y en realidad, debió remitirse al artículo 3.º, que es el que refiere a los registros de los operadores.

                Luego, correlativamente a esta definición de los cometidos del directorio y de la Mesa Ejecutiva se adaptó el artículo de los recursos también para dejar claro cómo es el régimen recursivo frente a las decisiones de ambos órganos. En lo que tiene que ver con los recursos propios de la UAM previstos en el artículo 11, se introducen dos modificaciones. Una de ellas es a la que hacía referencia el señor José Saavedra en cuanto a la transferencia que realizara el Poder Ejecutivo para el proyecto, y la otra es que para el literal e) se amplía el destino de los recursos que transfiere la intendencia a la UAM, agregando dos destinos: por un lado, el asesoramiento técnico porque se entendió que por la trascendencia e importancia del proyecto de ley podría ser necesario destinar algunos recursos a este fin y, por otro,  la imputación al derecho de entrada que va a tener que pagar el operador que ingresa al nuevo Parque Agroalimentario. El Gobierno departamental a través de un decreto de la Junta departamental hace un reconocimiento del permiso de uso que actualmente tienen los operadores del Mercado Modelo, les asigna un valor que se va a transferir a la UAM de forma tal que ese operador que se ve obligado a trasladarse y que se va a instalar en el Parque Agroalimentario tenga un beneficio económico porque va a tener que pagar menos derecho de entrada en virtud de esta imputación que se hace a través de la transferencia que hace la intendencia a la UAM.

                Por último, me interesa destacar dos aspectos de la modificación de la ley. En primer lugar, en el artículo 17 se establece, a texto expreso, cuál será la naturaleza jurídica del vínculo del operador con el espacio que ocupará en el parque agroalimentario. Se establece que es una concesión de uso con el mismo régimen que actualmente rige en el Mercado Modelo, ya que en la medida en que la propiedad de los terrenos donde se va a construir el parque, que actualmente es de la intendencia y se va a transferir a la UAM y como esta es una persona pública no estatal, podría surgir la duda de cuál es el régimen jurídico a aplicar en cuanto al vínculo del operador con ese espacio. Se entendió conveniente, entonces, dejar en claro que ese régimen iba a ser muy similar al actual del Mercado Modelo.

                En segundo término, la modificación en cuanto a las exoneraciones tributarias establecidas en los artículos 18 y 19 que la UAM, así como los fideicomisos que esta constituya para la estructuración del proyecto o para su administración, tendrá una exoneración genérica de tributos que, lógicamente, se funda en el hecho de que hubo inversión desde el sector público. Era razonable, entonces, que así como ocurrió en otros casos de personas públicas no estatales, se contara con esta exoneración tributaria.

SEÑORA PAYSSÉ.- Tomé nota de las modificaciones y me quedó una duda respecto a la que se sugiere en el texto que vino de la Cámara de Representantes que propone que en el artículo 8.º original, que es el 4.º del proyecto que estamos considerando, habría que hacer una referencia diferente a la que está en el numeral 4. En lugar de referirnos al literal D) del artículo 5.º, ¿habría que referirse al artículo 3.º o a algún literal de ese artículo?

SEÑORA MORALES.- En realidad, los literales D) y E) que están mencionados allí están correctos pero son del artículo 3.º y no del 5.º.

SEÑORA PAYSSÉ.- Se mantienen, entonces los literales, y se cambia el número del artículo.

SEÑORA MORALES.- Exacto.

SEÑOR BORDABERRY.- Antes que nada, doy la bienvenida a los invitados. Así como en algún momento los atendimos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesa, hoy los recibimos en esta Comisión de Constitución y Legislación.

                Me gustaría realizar una serie de consultas. En primer lugar, me genera  dudas el cambio del nombre de Unidad Alimentaria de Montevideo a Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Claro está que existe la vocación de ir más allá de las fronteras del departamento de Montevideo y de incorporar la zona metropolitana, pero creo recordar que por parte de Intendencia de Montevideo existe la intención de no otorgar otros permisos para la comercialización o prohibir esa actividad dentro del departamento, creando una suerte de monopolio de hecho hacia la unidad. Obviamente, la Intendencia de Montevideo tiene derecho a hacer lo que le parezca, pero al cambiar el nombre a «Metropolitana», me gustaría saber si se conoce algún tipo de iniciativa respecto a que ese no otorgamiento de permisos a otros se vaya a extender más allá de las fronteras del departamento o si hay alguna actividad de ese tipo.

                Asimismo, me gustaría que nos informaran acerca del avance que han tenido con los actuales concesionarios de uso de locales en el mercado actual que, obviamente, estaban gestionando con ustedes algún tipo de negociación con el tema del costo que tendrá para ellos, al ser más pequeños, el nuevo servicio. Me gustaría saber en qué estado está eso, ya que no supe nada más al respecto.

                En la modificación del artículo 3.º de la Ley n.º 18832 se pone como agregado: adquirido a constituir sociedades para la organización o prestación de sus servicios o actividades propias. Me gustaría saber en qué estaban pensando cuando elaboraron esta redacción, ya que en la Cámara de Representantes se eliminó lo que había enviado el Poder Ejecutivo. Quisiera saber por qué se eliminó y qué pensaban hacer ustedes con la adquisición de sociedades. Reitero que no estoy haciendo cuestionamientos sino consultas con el fin de obtener más información.

                Por otra parte, me gustaría saber si los integrantes de la mesa ejecutiva y del directorio van a percibir remuneración, es decir, cualquier tipo de pago como salario, viático, etcétera; si han estimado quiénes lo van a recibir y de cuánto estaríamos hablando, ya que estamos dando autorización para fijar esos montos.

                Por otro lado, sobre la exoneración de todo tipo de tributos nacionales, ya que vamos a dar una exoneración genérica –acá se fundamenta que es en base a la inversión que se va a hacer que, obviamente, es del Estado–, me interesa conocer el monto de la renuncia fiscal a favor de esto. Es evidente que si vamos a hacer una renuncia fiscal, deberíamos saber el monto; hay que tener en cuenta que se trata de una renuncia fiscal respecto a una unidad agroalimentaria que pertenece a la Intendencia de Montevideo, por lo que no sé si se tomarán las mismas decisiones respecto a otros gobiernos municipales.

                A su vez, quiero saber si han podido estimar el costo total de la inversión, en dólares y qué porcentaje del total representaría esta transferencia que estamos aprobando de 118:500.000 Unidades Indexadas. Obviamente, estamos destinando un dinero que es del Fondo de Fomento de la Granja, creado a principios de siglo como respuesta a los problemas meteorológicos, financiado con un impuesto a la importación de fruta. Para nosotros sería muy importante tener todos estos datos antes de votar el proyecto de ley. 

SEÑOR SAAVEDRA.- Seguramente para responder algunas de las preguntas del señor senador Bordaberry voy a ceder el uso de la palabra a algunos de mis colegas pero en términos generales quiero decir que el cambio de nombre de la Unidad Alimentaria tiene que ver con la integración en el directorio de un representante del Congreso de Intendentes. Esto responde al espíritu integrativo del emprendimiento.

                Con respecto a los permisos de explotación de otros mercados, debo decir que eso excede completamente nuestra jurisdicción porque es municipal, tanto de Canelones como de San José o del resto del país. Esto nos supera ampliamente porque como saben, las intendencias tienen su independencia, lo que les permite tomar decisiones y éstas no dependerán de esta ley. Sobre eso no podemos hacer comentarios porque las decisiones serán tomadas con total autonomía y nosotros no podemos –tampoco la ley– hacer nada para cambiar eso.

                Con respecto  a los avances de la comercialización, queremos señalar que desde la última vez que estuvimos reunidos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca –como bien mencionaba el señor senador Bordaberry– hemos avanzado significativamente y vamos a hacer un repaso. Al día de hoy,  a cuatro o cinco meses de comenzadas las obras  –que empezaron en junio– tenemos un 56 %  del mercado de frutas y hortalizas firmado y vendido, con contratos a  veinticinco años – porque así fue solicitado por las gremiales que integran la comisión directiva del Mercado Modelo y los representantes gremiales de los productores– y, además, un 16 % reservado. De modo que prácticamente finalizando  el año,  con seis meses de obra,  estaríamos en el orden del 60 % o 70 %  en la parte de frutas y hortalizas. En cuanto al mercado polivalente,  estamos con un índice similar porque estamos hablando  de un 48 % firmado más  un 40 % reservado. Respecto a las actividades logísticas, tenemos un 50 % reservado  y, en lo que tiene que ver con las actividades complementarias, existen 37 acuerdos de confidencialidad firmados, ya que son proyectos que se van haciendo uno a uno en las seis manzanas que se destinaron para el desarrollo de estos emprendimientos.

                La comercialización y el acceso por parte del productor  no es una barrera con respecto a la situación actual. De hecho, desde que comparecimos en la comisión hasta hoy, hemos lanzado diversas campañas para, justamente, democratizar el espacio  de comercialización que se abrirá en el parque, haciendo que el pequeño productor que va una o dos veces por semana, lo único que debe hacer para ser operador del parque es registrarse. Esto no tiene costo alguno y, llegado el momento, cuando tenga su producción lista para comercializar, avisa, comercializa y se retira sin ningún tipo de compromiso o contrato adicional, pagando, obviamente el arrendamiento del día que utilizó.

                Con respecto a la pregunta sobre el artículo 3.º y el tema de la constitución de sociedades, hay que recordar que esa disposición no se incorporó en el proyecto, se le dio de baja. Eso respondía a un requerimiento originalmente planteado por un financiador del emprendimiento, y lo cierto es que cuando armamos esta estructuración financiera y logramos el grado de financiamiento que necesitábamos para comenzar las obras, no fue necesario incluirlo.

SEÑORA MORALES.- Tal como se acaba de manifestar, fue un requerimiento del inversor con el fin de garantizar, de alguna forma, un cierto control sobre la gestión de la Unidad Alimentaria de Montevideo para asegurarse la devolución de ese crédito. Sin embargo, en la medida  en que ese inversor no llegó a participar del proyecto,  desde la Intendencia y el Poder Ejecutivo se entendió que no había interés en mantenerlo.

SEÑOR SAAVEDRA.- La remuneración de la mesa ejecutiva está establecida a texto expreso en la ley, donde se hace una comparativa con el sueldo que percibe actualmente un director de departamento de la Intendencia de Montevideo.  O sea que no hay dudas al respecto; queda claramente definido el sueldo del presidente, el del secretario y el del tesorero. Con respecto a los ingresos que percibirían los integrantes del directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo, en general se trata de viáticos y están vinculados, básicamente, con la posibilidad de que todos sus integrantes puedan participar de las reuniones, pues muchos de ellos están radicados lejos de la capital y a veces hay que ayudarlos con el transporte o algún aporte de ese tipo. No está previsto en la ley el volumen de dinero pero, obviamente, nos basamos en la trayectoria de ochenta años del directorio del mercado. Si el señor presidente lo permite, cedería el uso de la palabra al señor Pérez, quien podrá realizar algún comentario a ese respecto.

SEÑOR PÉREZ.- Buenas tardes.

                Mi nombre es Alfredo Pérez, soy ingeniero agrónomo, presidente de la Comisión Administradora del Mercado Modelo e integrante del directorio transitorio de la UAM.

                Hoy por hoy, los integrantes del directorio de la CAMM participan en diferentes gremiales minoristas, de productores y también de trabajadores. Todos ellos cobran un viático, justamente, por lo que mencionó José Saavedra; no tengo el dato del monto exacto, pero asciende a menos de dos unidades reajustables por mes; eso es lo que se cobra por la concurrencia a las reuniones de directorio y a alguna comisión especial que se designe.

                En cuanto a la pregunta que hizo el señor senador Bordaberry sobre la exoneración de tributos, debo decir que la CAMM, el Mercado Modelo, en realidad, no va a innovar en este futuro emprendimiento que va a ser la unidad agroalimentaria metropolitana dado que hoy es una comisión delegada de la Intendencia de Montevideo y, por lo tanto, en este tipo de situación no paga esos tributos o está exonerada.

SEÑOR SAAVEDRA.- Señor presidente: a fin de dar respuesta a la pregunta del señor senador Bordaberry referida a la exoneración de tributos nacionales, cedería el uso de la palabra a la doctora Verónica Morales.

SEÑORA MORALES.- Simplemente quiero agregar algo a lo que comentaba Alfredo Pérez. Él decía que no se innova con respecto a la situación actual del Mercado Modelo ya que, por pertenecer a la intendencia, está amparado en la inmunidad tributaria del Gobierno departamental. Tampoco hay una innovación con relación a lo que ha sucedido en el caso de otras personas públicas no estatales. Tenemos antecedentes por ejemplo, en el Inavi, en Uruguay XXI, en Plan Agropecuario, en INAC, en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, en la Caja Notarial, en Mevir, etcétera. Un montón de personas públicas no estatales han recibido este tratamiento de exoneración tributaria, no solamente –como mencionaba hoy– porque, como en el caso de la UAM, ha habido una inversión pública, sino además porque el cometido que desarrolla la persona pública no estatal es, en definitiva, un cometido público, que actualmente está asignado a las intendencias. Se entiende que, justamente por ser un cometido público, es lógico –como ha sucedido en el caso de otras personas públicas no estatales– gozar de esa exoneración tributaria.

SEÑOR SAAVEDRA.- Si el señor presidente me lo permite, contestaría la última pregunta del señor senador Bordaberry referida a la inversión total en esta etapa de construcción.

                En esta inversión inicial y de acuerdo a la estructuración financiera, prevemos una construcción del orden de los USD 60:000.000 a USD 62:000.000 aproximadamente, en función del tipo de cambio, porque esto está directamente en unidades indexadas. Por lo tanto, con respecto a eso esta inversión estaría totalmente cubierta con la estructuración financiera.

                Con respecto al aporte que realiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cabe señalar que es de aproximadamente USD 1:000.000 anuales durante quince años –en su momento fue designado así–, conformando un monto que estaría en el orden de los USD 15:000.000 al completar el decimoquinto año.

                Cabe destacar –y esto es importante porque los productores entienden que es estratégico contar con un espacio acorde al siglo XXI para la comercialización y valorizar, de esta forma, la producción– que esto es una cesión. No se trata de una cuenta extrapresupuestal sino que es una cesión dentro del presupuesto que recibe anualmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, especialmente, la Junta Nacional de la Granja. Esto fue aprobado por la Junta Nacional de la Granja, que está integrada por absolutamente todas las delegaciones de productores. ¿Por qué? Porque entienden estratégica la generación de un espacio de comercialización que valorice su producción. Entonces, no es una imposición sino que, por el contrario, ellos votaron afirmativamente una cesión de sus derechos porque entienden fundamental, repito, la generación de un espacio comercial de estas características.

                Espero haber respondido las inquietudes del señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Cuando se contestó sobre el cambio de nombre, en realidad me refería al tema de la estrategia departamental o metropolitana. Es lógico que la Intendencia de Montevideo no pueda decirle a la de San José o Canelones lo que pueden autorizar o no. Entonces, pediría que, de ser posible, se profundizara en cuál es la estrategia de la Intendencia de Montevideo; me gustaría saber si ya se ha decidido que la Unidad Agroalimentaria tenga el monopolio.

                Respecto a los avances en comercialización, en realidad no me refería a eso; quizás no haya formulado bien la pregunta. Se recordará que un grupo de usuarios del  mercado había ido a la comisión y, terminada la reunión, quedaron en que iban a conversar con ustedes para avanzar en un entendimiento y ver si era posible facilitar las cosas. Lo que quise preguntar era cuánto avanzaron en el diálogo con ellos.

                En cuanto al artículo 3.º, entiendo que el instrumento es válido, tanto cuando hay un interesado  como cuando no lo hay, pues siempre es bueno que exista tal instrumento. Nunca es bueno legislar para un interesado en particular, ni dejar de lado al  interesado cuando deja de mostrar interés. Es algo medio raro. Acá, por ejemplo legislamos a favor de Aratirí durante 5 años; nosotros advertimos que no se podía legislar para alguien en particular, y así terminamos. En definitiva, esa era la consulta.

                Por otro lado, voy a buscar el comparativo de los salarios de los directores de la intendencia, que no lo tengo claro.

                Quiero aclarar que los millones de dólares no son de los productores. El Fondo de Fomento de la Granja está constituido por un impuesto que no pagan los productores, sino por un impuesto sobre la importación, paga el consumidor, para beneficiar al fondo. Es una aclaración que no deja de ser importante. Es un fondo para atender determinadas situaciones pero, en definitiva, los destinos de los dineros se resuelven de acuerdo a la Constitución, por ley, en el Parlamento y no en las unidades de los productores.

SEÑOR SAAVEDRA.- Con gusto daremos respuesta a las interrogantes formuladas por el señor senador Bordaberry.

Venimos trabajando con las gremiales desde el primer día que comenzamos en la administración de la Unidad Alimentaria de Montevideo. El acercamiento con los productores, con las gremiales y con los operadores ha sido permanente, se ha dado casi a diario, y particularmente con la gremial que planteó sus diferencias hemos venido trabajando. Por eso tenemos estos niveles de integración a tan solo seis meses de haber comenzado las obras. En definitiva, estos niveles muestran que había, primero, una demanda insatisfecha y, después, confianza en la realización de un proyecto válido y necesario cuya estructuración, de alguna manera, atiende las necesidades de los productores, por eso tanto estos como los operadores se suman a este emprendimiento. Entonces, seguramente siempre habrá temas para abordar y cosas para mejorar, en ese camino estamos y vamos a seguir en esta etapa de inclusión. «Vamos todos» es nuestro lema, así que vamos a dar fe y a asumir el compromiso para que vayan todos los operadores, los actuales y los que no están. Los que no tienen voz y los que no han venido acá también van a ir, y eso es, para nosotros, muy importante.

Con respecto a las estrategias para Montevideo, debo decir que la legislación vigente determina la no existencia de otros mercados mayoristas. Esa fue una decisión de la Junta Departamental que se basó en una ley que transfirió a la Intendencia de Montevideo la responsabilidad sobre la comercialización mayorista de alimentos, por entender que era algo estratégico. En ese sentido, la Intendencia es la que ha trabajado durante los últimos ochenta años, es decir, desde que esa normativa está vigente.

Como aclaraba el señor Pérez en relación a la Junagra, se trata de una cifra que está presupuestada. Si bien puede provenir de los aportes de la fruta y de la verdura importada, en realidad está presupuestada. Tienen un presupuesto anual ya fijo y de ese presupuesto los propios integrantes de la junta de la granja establecieron ese aporte.

SEÑOR MICHELINI.- Me llama la atención el hecho de que el artículo 1.º enviado por el Poder Ejecutivo –que después se sustituyó por este artículo que modifica todas las referencias a la Unidad Alimentaria de Montevideo, reemplazándolas por Unidad Agroalimentaria Metropolitana– tenía un literal Q). Si esto ya fue explicado, después puedo leerlo en la versión taquigráfica, pero en caso contrario me gustaría saber si se puso ese literal Q) en algún otro lado o si la Cámara de Representantes no incorporó esa potestad. 

SEÑOR SAAVEDRA.- La respuesta a esa pregunta sobre el literal Q) está en la versión taquigráfica, pero con todo gusto le comento al señor senador –quien después podrá verificarlo– que ese artículo fue incluido originalmente, en la primera versión del texto que recibió el Parlamento –la Cámara de Representantes en particular– por un financiador del proyecto que al final no fue necesario incluir en la estructuración financiera. Puedo mencionar el nombre  porque en esto no hay confidencialidad. Se trata de la Cooperación Andina de Fomento –Cafam– que, en definitiva, había solicitado ese artículo. Como después nosotros logramos una estructuración financiera ajustada de otra forma, no fue necesario incluirla. Fue mencionado en la Cámara de Representantes y, como generaba algún ruido, fue retirado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias por su presencia y su aporte. Seguiremos en contacto.

(Se retira de sala la delegación de la Unidad Alimentaria de Montevideo).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Elecciones Internas. Se modifica para el año 2019 la fecha de la elección. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Luis A. Heber. Carpeta n.º 1218/2018. (Distribuido n.º 2174/2018)».

                –En cuanto a la carpeta relativa a los contratos del Estado, la semana pasada recibimos la visita de las autoridades de ASSE y del Tribunal de Cuentas. Estuvimos trabajando –desde mi despacho– y enviamos una propuesta de artículo 46. Si existe posibilidad, me gustaría que lo tratáramos, porque es un artículo único en el que seguimos la línea de lo que propuesto el Tribunal de Cuentas en mayoría. También tomamos en cuenta la preocupación del señor senador Heber sobre las declaraciones juradas y la incorporamos en el nuevo artículo 46.

SEÑOR MIERES.- Estuvimos leyendo los aportes realizados por el señor presidente de la comisión. Si bien tenemos predisposición a votar favorablemente la propuesta porque nos parecen razonables las incorporaciones que realiza y, particularmente, la cuestión definitoria de aclarar si estamos hablando de situaciones de conflicto de interés a nivel de incisos o a nivel de las unidades ejecutoras, nos gustaría tener unos días más para poder analizarla. Adelantamos, en principio, una postura positiva, pero nos gustaría estudiarla un poco más, sobre todo porque, como los señores senadores saben, actualmente hay una serie de situaciones –que se generaron en el funcionamiento de ASSE– que pueden estar afectadas por un cambio de normativa. Entonces, nos gustaría estudiarla un poco más.

SEÑOR HEBER.- Yo también estuve leyendo el texto de la propuesta. Diría que, en lo personal, me satisface plenamente la nueva redacción, pero voy a aprovechar el planteo del señor senador Mieres, relativo a darnos un tiempo más, para hacer las consultas pertinentes en la bancada.

                En principio, por lo que he escuchado, por lo que debatimos aquí con las autoridades del Tribunal de Cuentas y por las observaciones en el sentido de que fuéramos más severos en el tema de la declaración jurada y su control, la propuesta me satisface; me parece que contempla esas observaciones. Si bien no es la posición en minoría del Tribunal de Cuentas, nos acercamos a una posición común.

                Supongo que, como es de orden, se dará al señor senador Mieres el tiempo que necesita; por lo tanto, podremos hacer mayores consultas, pero reitero que, en principio, nosotros estamos a favor del artículo planteado.

SEÑOR BORDABERRY.- Hay un problema serio en ASSE; no descubrimos nada al respecto. Adaptar las normas de contratación parece bastante lógico y sensato. En este gobierno, en el anterior, en el anterior, en el anterior y en el anterior, este siempre ha sido un problema muy grave. Recuerdo que el exministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, al referirse a estos temas, decía: «A mí la salud me va a matar»; esa era su frase.

                Sí me parece que en algún momento tendremos que dejar de hacer parches e ir al tema de fondo, o sea, considerar el régimen general y darnos cuenta de que, en realidad, estamos emparchando una situación complicada.

                Con respecto al texto propuesto, creo que es mejor, pero de todas maneras habría que pensarlo un poco más –ya que los señores senadores van a tomarse unos días– porque se sustituye una prohibición a partir de una situación objetiva, que es la relación de dependencia, por una subjetiva, y queda solamente el conflicto de interés –siempre que hay conflictos de interés, la situación pasa a ser bastante subjetiva–, lo que va a originar más problemas.

Quizás podría profundizarse un poco más en lo que es el conflicto de interés, pero esta es solamente una apreciación a partir de la lectura que hice de la propuesta que nos mandó el señor presidente, que sin duda mejora la situación.

SEÑOR MICHELINI.- Sugiero que este tema sea incluido como primer punto del orden del día de la próxima sesión, para poder darle una mirada. De todos modos, advierto que no creo que vayamos a llegar a tener un texto perfecto.

                En mi opinión, esto mejora la situación, y quizás de aquí a una semana pueda hacérsele alguna otra corrección. Algún día –como bien dice el señor senador Bordaberry– habrá que considerar el régimen en su globalidad, pero por lo menos estamos dando una solución, que no fue aportada por nosotros sino por el Tribunal de Cuentas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, si no hay observaciones, este tema será incluido en el orden del día de la semana próxima.

                Ahora pasaríamos a considerar la propuesta de modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite, señor presidente? Quiero dejar una constancia. El señor senador Heber presentó un proyecto de ley de modificación de la fecha de la elección para el año 2019. El texto es muy simple, pero creo que no se decide en esta comisión sino mediante los contactos de los partidos, ya que se necesita mayorías especiales. No es por no tratarlo acá –estará en el orden del día–, sino porque de esto hay que conversar en otros ámbitos. O sea, se llegará o no a las mayorías pero en otros ámbitos, no es un problema de esta comisión. Quiero que quede claro.

SEÑOR HEBER.- Por mi parte, he hablado de este tema con los coordinadores; en realidad pensé que este proyecto de ley iba a ser enviado a la comisión especial sobre partidos políticos y no a esta, pero, en fin, a los efectos es lo mismo. Tal como dice el señor senador Michelini, es una posición política con la que hay que estar o no de acuerdo.

                El proyecto de ley es muy sencillo; lo que pretende es que haya participación ciudadana en las elecciones internas. Hay que tener en cuenta que en la última semana de junio va a haber acontecimientos futbolísticos –a modo de broma, en eso puede ayudarnos el señor senador Bordaberry–, además de las vacaciones de invierno, que comienzan ese fin de semana, y todo eso atenta contra la participación de la gente en las elecciones internas, ya que el voto no es obligatorio. Es así de simple, no hay otro argumento. Advierto que fracasé en el intento de cambiar la fecha para un mes antes, tal como figuraba en el proyecto original, porque no hubo ambiente para ello. Hago un último intento para evitar los fríos, las copas américas, las vacaciones de invierno y para que participe la gente. Mi planteo es hacerlo una semana antes para que no haya suspicacias en el sentido de que esto puede generar una ventaja. Creo que no hay ventaja para nadie, y si hay un perjuicio es para todos. Dicho esto, esperaré las resoluciones de carácter político que puedan surgir para sancionarlo.

SEÑOR MIERES.- Con respecto a este punto, estamos abiertos al consenso que se genere a nivel de los distintos partidos políticos. No obstante, quiero plantear la posibilidad de incorporar en el orden del día, para su tratamiento, el proyecto de ley presentado a iniciativa del señor diputado Radío –que fuera aprobado por la Cámara de Diputados–, referido a la obligación de efectuar declaración jurada de los bienes e ingresos de los deudores alimentarios. Creo que sería bueno darle trámite, a efectos de completar su tratamiento legislativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es. Se trata de un proyecto de ley que fue distribuido la semana pasada y que podríamos ponerlo en la agenda para la próxima; es muy sencillo y seguramente su trámite será rápido.

SEÑOR HEBER.- ¿Me gustaría saber cuáles serán los próximos proyectos de ley que serán tratados luego de este? ¿Hay algún acuerdo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Estuvimos conversando con algunos señores senadores

–el señor senador Heber estaba de licencia– sobre el interés de tratar el código de ética de la función pública.

SEÑOR HEBER.- ¿Qué pasaría con el proyecto de ley sobre enriquecimiento ilícito?

SEÑOR PRESIDENTE.- El Frente Amplio ya tiene adoptada una posición. Por lo tanto, cuando tratemos el código de ética, también podemos ponerlo a consideración.

SEÑOR HEBER.- Quiere decir que se considerarán las dos iniciativas.

SEÑOR MIERES.- En esas conversaciones estuvimos considerando  la posibilidad  de incorporar un proyecto de ley que hemos presentado para la creación de un fondo de peritajes, para dar a la fiscalía mayores capacidades de investigación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Nosotros vamos a necesitar 21 votos para que sea aprobado el código de ética de la función pública, o sea que podemos ir trabajándolo.

SEÑOR MICHELINI.- Si bien se viene trabajando en varios proyectos de ley, creo que hay tres con los que no deberíamos tener problemas: primero el de ASSE, que ya fue incluido en el orden del día; el segundo tiene que ver con la pensión alimenticia y, el tercero, sobre la unidad alimentaria, con el que tampoco deberíamos tener problemas. De repente, la semana que viene puede nombrarse a un miembro informante y se los puede ir votando. Después están los otros que hay que trabajarlos un poco más.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: hay un proyecto de ley al que le dedicamos muchas horas y logramos consenso para que se aprobara: me refiero al matrimonio civil celebrado por los escribanos. La comisión recibió a la señora ministra, al director del registro y a los funcionarios, quienes hicieron algunas apreciaciones que incorporamos, y al momento de votarlo, quedó en eso. Repito, creo que la comisión ha dedicado muchas horas de trabajo para lograr el texto definitivo, que tenemos ahí, por lo que sería bueno que se pudiera incluir.

                Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Ese proyecto de ley fue presentado por el señor senador Bordaberry y la señora senadora Passada y, al momento de votarlo, nuestra bancada hizo algunas objeciones. Por lo tanto, haremos las consultas pertinentes y el próximo martes daremos las respuestas adecuadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 119.

(Se lee).

                «Artículo 119. (Deberes y responsabilidades de las defensoras y defensores).- Sin perjuicio de otras responsabilidades inherentes al cargo, todas las defensoras/es de niñas, niños y adolescentes deberán:

A)    Entrevistar a su defendido/a al inicio de su actuación para interiorizarse de su situación y conocer su opinión y necesidades.

B)    Informarle y asesorarle respecto a sus derechos.

C)    Escucharlo/a y tener en cuenta su opinión en todas las etapas del proceso y en especial a la hora de tomar decisiones que afecten directamente sus condiciones de vida.

D)    Llevar adelante las acciones judiciales necesarias para el restablecimiento, protección y efectividad de los derechos de su defendida/o.

E)    Requerir y tener en cuenta la opinión de técnicos y profesionales que hayan tenido conocimiento o intervención en la situación para que la defensa sea adecuada a las características individuales de su defendido/a y de su contexto familiar y social».

En consideración.

Quiero hacer algún aporte  para este artículo. En el acápite propongo que se diga «Sin perjuicio de otras responsabilidades inherentes al cargo, la defensa de niñas, niños y adolescentes deberá:». Asimismo, en el literal A) sugiero que se diga «Entrevistar a quien defienda al inicio de su actuación para interiorizarse de su situación y conocer su opinión y necesidades». Y para el literal C) propongo que la redacción sea la siguiente: «Escuchar y tener en cuenta». Finalmente, para el literal E) la propuesta de redacción es: «Requerir y tener en cuenta la opinión de técnicos y profesionales que hayan tenido conocimiento o intervención en la situación para que la defensa sea adecuada a las características individuales de quien defiende y de su contexto familiar y social».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 119 con las modificaciones propuestas.

(Se vota).

–         8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 120.

(Se lee).

                «Artículo 120. (Procedimiento).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que una niña, niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, adoptará en forma inmediata las medidas indispensables para la protección y restitución de los derechos vulnerados o en riesgo de vulneración.

                En forma inmediata le designará defensor/a para su asesoramiento y patrocinio y convocará a Audiencia, la que deberá celebrarse dentro de las setenta y dos horas de la denuncia. Dentro de dicho plazo, el equipo técnico del Juzgado deberá realizar y elevar al Juez informe de evaluación del riesgo».

                Pido disculpas por interrumpir la lectura, pero se está solicitando que se desglose el artículo 120, ya que va a ser enviado un nuevo texto.

SEÑOR PATERNAIN.- Solicitamos el desglose del artículo 120, porque efectivamente algunos asesores de la bancada oficialista acordaron una redacción mejor con integrantes del consejo de los derechos del niño.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 121.

(Se lee).

                «Artículo 121. (Responsabilidad penal).- Si existieran indicios o presunciones de delitos por parte de padres, responsables o terceros, se deberán comunicar a la Fiscalía competente, la que iniciará de inmediato las indagatorias que correspondan.

                En situaciones de violencia sexual, todos los operadores de las instituciones intervinientes, bajo su más estricta responsabilidad, deberán priorizar las medidas necesarias para asegurar la protección de la integridad tanto física como psíquica de los niños, niñas o adolescentes involucrados, sean como víctimas o como testigos, así como también su derecho a la protección de su derecho a la intimidad y la privacidad».

–Con respecto a este artículo, tenemos una propuesta de redacción. El nombre jurídico sería: «Responsabilidad Penal».

SEÑOR MIERES.- Quería solamente demostrar cómo a veces funciona el lenguaje inclusivo y a veces no. Acá se habla de padres, no de madres. No digo que haya que incluirlo, pues me parece que con «padres» estamos incluyendo ambos géneros; pero es curiosa la hemiplejia en la redacción cuando se trata de un caso y de otro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Propongo la siguiente redacción para el primer inciso del artículo 121: «Si de las actuaciones surgiera responsabilidad penal, la Fiscalía deberá actuar conforme lo disponen los artículos 43 y siguientes del Código del Proceso Penal».

Y el segundo inciso quedaría de la siguiente manera: «En situaciones de violencia sexual, todos los operadores de las instituciones intervinientes, bajo su más estricta responsabilidad, deberán priorizar las medidas necesarias para asegurar la protección de la integridad tanto física como psíquica de los niños, niñas o adolescentes involucrados, sean como víctimas o como testigos, así como también a la protección de su intimidad y la privacidad».

SEÑOR MIERES.- Debería decir: «[…] así como también a la protección de su derecho a la intimidad y a la privacidad».

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Si están de acuerdo, votaríamos el artículo 121 con las modificaciones propuestas y leídas.

SEÑOR MICHELINI.- En la última frase, ¿en ambas ocasiones se saca «su derecho» o queda solo una vez?

SEÑOR PRESIDENTE.- Habría que dejar el que aparece en el segundo caso: «[…] protección de su derecho a la intimidad y a la privacidad».

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

–Creo que deberíamos distribuir el material con las nuevas modificaciones y culminar su análisis la próxima semana.

                –Se levanta la sesión.

(Son las 15:49).