COMISIÓN DE HACIENDA

(Sesión celebrada el día 11 de octubre de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:04).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

–«Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Mieres del 1.º de agosto del año en curso relacionada con el precio de los combustibles en la frontera.

FUE REPARTIDA

                Carpeta n.º 1159/2018. Desarrollo con equidad de género. Se establecen normas para su promoción. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

                Carpeta n.º 1178/2018. Actividad agropecuaria nacional. Promoción de medidas de apoyo a ciertos sectores. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

 Carpeta n.º 1196/2018. Luminarias led para alumbrado público. Se otorgan beneficios tributarios a la producción nacional. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes».

Recibimos al subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, contador Pablo Ferreri, al director de la Asesoría Tributaria, contador Fernando Serra y a la asesora Natalia Costa para que nos informen sobre el proyecto de ley relacionado con la actividad agropecuaria nacional.

Además, vamos a pedirles que nos informen sobre el proyecto relativo a las luminarias led para el alumbrado público. Ambas iniciativas cuentan con media sanción.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Buenos días; es un placer estar aquí para comentar estos dos proyectos de ley que ya fueron tratados en la Cámara de Representantes y votados por una amplia mayoría, si no por unanimidad en ambos casos. Por lo tanto, recogen un amplio consenso.

                El primer proyecto de ley al que hacía referencia el presidente de la comisión tiene que ver con algunos estímulos al sector agropecuario que desde el Poder Ejecutivo se entendían necesarios para generar mejores condiciones. Su articulado está dividido en dos partes.

                En los artículos 1.º y 2.º se hace una precisión sobre el alcance de la exoneración a la contribución inmobiliaria rural que este año se había establecido por otra ley. Si bien desde el Poder Ejecutivo se entendía que la redacción era suficientemente precisa como para dejar claro a quiénes les correspondía ese beneficio, luego del diálogo con los representantes de las gremiales agropecuarias se vio que en las diferentes intendencias del país se aplicaban criterios distintos, es decir que las intendencias no tenían un criterio homogéneo. Por eso, en el artículo 1.º se interpreta que la reducción dispuesta por el artículo 1 º de la Ley n.º 19615 –aquella que instauraba la exoneración–comprende a los propietarios, poseedores, promitentes compradores con o sin promesa inscripta y los usufructuarios, que exploten con fines agropecuarios los padrones por sí o por terceros. Ahí era donde estaban algunas de las dudas, sobre todo, cuando la explotación era hecha por terceros. Por lo tanto, se presenta esta redacción para quede bien preciso. Para que conste en la versión taquigráfica aclaro que hablé de exoneración pero es una reducción tal como está establecido al comienzo del artículo a que hice referencia.

                Como en algunos casos los criterios de las intendencias eran diferentes, algunos productores que explotaban los predios  a través de terceros no habían podido presentar las declaraciones para hacer uso de ese beneficio –no se las recibían– y, por ello, en el artículo 2.º se extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de este año para presentarlas. Esto es lo que tiene que ver con la primera parte del proyecto de ley.

                Los artículos 3.º y 4.º generan otro incentivo que entendemos muy necesario. Esto también surgió del trabajo conjunto con los representantes de las gremiales agropecuarias. En el sector agropecuario, sobre todo el que tiene que ver con la producción de granos, luego de la sequía de este año se presentaron problemas en el acceso al financiamiento para la producción de la próxima cosecha.

Uno de los factores para acceder al financiamiento tiene que ver con la contratación de determinados seguros o garantías que protejan a  la producción frente a eventuales riesgos. Es por ello que se está trabajando en conjunto con las gremiales en dos frentes. Por un lado, se están generando nuevos productos de seguros con el Banco de Seguros del Estado vinculados fundamentalmente a eventos de déficit o de exceso hídrico. Principalmente se hace hincapié en los que tienen que ver con la sequía, pero también se plantean otros que cubren casos de inundaciones.

                No se pretende hacer obligatoria la contratación de estos productos, pero se otorga un incentivo tributario para que se trabaje con ellos. En el artículo 3.º se genera la posibilidad de que el gasto en el que incurren los productores agropecuarios al contratar estos seguros pueda deducirse por una vez y media a los efectos del cálculo del impuesto a la renta de las actividades empresariales.

                A través del artículo 4.º se establece exactamente lo mismo pero con otros mecanismos para aquellos contribuyentes que no tributan el impuesto a la renta empresarial y sí el Imeba. Se les otorga un crédito equivalente al descuento que tendrían los contribuyentes del IRAE, o sea, un crédito que equivale al 12 % de los gastos correspondientes a contrataciones de los seguros que cubran los riesgos que mencionábamos.

                En este caso, a través de una deducción ampliada o incrementada en la contratación de seguros tanto para exceso como para déficit hídrico se está dando un beneficio a los contribuyentes del IRAE en el artículo 3.º y a los contribuyentes del Imeba en el artículo 4.º.

                Estos son los comentarios sobre los artículos de este primer proyecto de ley que está a consideración de la comisión. Quedamos abiertos a las preguntas que los señores senadores deseen realizarnos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Teniendo en cuenta los artículos 3.º y 4.º que plantean la exoneración, quisiera saber, en caso de que todos contrataran, cuál sería el monto en que disminuiría la recaudación.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En realidad, este seguro no existe hoy. Es muy difícil saber cuál va a ser la aceptación de un producto que actualmente no existe. De todas maneras, si con esto generamos las condiciones para que los productores puedan acceder al financiamiento y logran llevar adelante una buena cosecha, seguramente la recaudación tributaria asociada a ello será superior a la resignación que se estaría generando por lo que se otorga aquí como una deducción incrementada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no existiera este tipo de seguros, ¿sería más difícil o más caro que el sistema financiero otorgara los créditos?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Seguramente sería más difícil y, por lo tanto, más caro. Para que el sistema financiero le preste a la actividad agropecuaria tienen que existir determinados niveles de riesgo que le vuelvan tolerable el préstamo; obviamente, con los aspectos vinculados al cambio climático, los riesgos asociados a eventos de sequía o inundaciones son cada vez mayores y, por lo tanto, el riesgo asociado a ese préstamo también es mayor. Una forma de mitigar ese riesgo y de abaratar el acceso al crédito es generar estos mecanismos de seguros.

SEÑOR PRESIDENTE.- A través del artículo 3.º se estipula el crédito de forma permanente y se establece una facultad pero, ¿por el artículo 4.º se lo otorga por única vez o también se trata de una facultad permanente?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- No, señor presidente, se trata de una facultad permanente.

SEÑOR SILVEIRA.- El señor subsecretario dice que ese seguro no existe, pero se supone que está previsto que el banco lo cree o lo genere. A su vez, hay una contraparte en el Banco de Seguros del Estado.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- De hecho, hay un grupo de trabajo conformado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Banco de Seguros del Estado, las gremiales agropecuarias  y el Ministerio de Economía y Finanzas. Diría que es algo que no existía, se está trabajando y están por salir diferentes productos, no solo en lo que refiere a la sequía sino también a la inundación, asociados a determinado tipo de indicadores. La idea es que estén disponibles en los próximos meses, justamente para poder afrontar la preparación de la nueva cosecha.

SEÑOR PRESIDENTE.- A los efectos de que lo tengan presente en el momento de que tratemos este asunto, quiero destacar que tanto las Cooperativas Agrarias Federadas –CAF– como la Asociación Rural del Uruguay –ARU–, más allá de las reflexiones que hacen para apoyar el proyecto de ley, enviaron informes que fueron incluidos en las carpetas que tienen los señores senadores.

                Vamos a pasar al proyecto de ley relativo a las luminarias led.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En realidad, esta iniciativa es muy sencilla porque corrige una inequidad que a nuestro juicio ocurre. Como consecuencia de ello, se corrige un objetivo deseado que es promover y proteger a la industria nacional.

                ¿Por qué digo esto? Cuando el Estado, a través del Gobierno central o de las intendencias, compra luminarias led en el exterior, debido a la inmunidad tributaria esa importación está exonerada de impuestos. Ahora bien, el Gobierno central o las intendencias podría comprar ese producto en plaza a industriales uruguayos, pero sucede que ellos tienen que importar partes para producirlo y la importación de esas partes está gravada por impuestos. Los fabricantes, los industriales uruguayos están en desventaja frente a la importación del producto terminado y por eso se propone una exoneración a la importación de las partes que se utilicen en la fabricación de las luminarias led. De esa manera se genera una neutralidad tributaria. Eso es lo que establece este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- A su vez, esa neutralidad puede generar un estímulo al trabajo.

SEÑOR BERTERRECHE.- Quisiera saber cuál es el tamaño de esta medida. ¿Qué cantidad de fábrica nacional está referida allí? ¿O con esto se espera promover la fabricación nacional?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En Uruguay no existe una abundante industria de fabricación de estas luminarias, pero sí hay diversos emprendimientos en ese sentido. Justamente, lo que no ha permitido el gran desarrollo de esta producción, entre otras cosas, es esta desventaja.

                Esto también es importante no solo por la neutralidad tributaria, sino porque al traer partes que queden exoneradas para la fabricación, ocurre una transferencia tecnológica necesaria para los industriales uruguayos. No solo van a quedar equiparados tributariamente, sino que también obtendrán una mejora desde el punto de vista tecnológico en cuanto al perfil para competir. Al tener en cuenta estos dos aspectos esperamos que el mercado se dinamice.

                No olvidemos que tanto el Gobierno central como las distintas intendencias, incluso con recursos a través del Congreso de Intendentes, están trabajando de manera muy intensa en la reconversión de todo el parque de luminarias públicas hacia las luminarias led. Esto significa que hay un mercado interesante para probar.

SEÑOR BERTERRECHE.- ¿Cuál es el volumen actual de la importación de luminarias?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- No dispongo de ese dato en este momento, pero se lo haré llegar, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal vez sería bueno agregar el estímulo de que, por ejemplo, se obtengan mejores porcentajes en las licitaciones si ensamblan las luminarias en Uruguay.

SEÑOR DRAPER.- En el mismo sentido de lo que señaló el señor senador que me precedió en el uso de la palabra, creí entender que al día de hoy tenemos gente que está produciendo luminarias led. Creo que sería muy bueno, sobre la base de lo que hemos hablado, saber qué cantidades se están importando, ya que, sin duda alguna, la tecnificación de este elemento es un avance muy bueno y necesario para nuestro país. Nosotros lo vemos con buenos ojos, pero nos gustaría tener un informe detallado de lo que representa hoy en día en Uruguay este nuevo elemento que tan buenos resultados da para apoyar a la producción nacional.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Como dijimos, hay algunos emprendimientos, aunque no de grandes dimensiones, que se dedican a la fabricación nacional. Con mucho gusto podemos acercarles información estadística sobre las importaciones que se han efectuado de este tipo de luminaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia del señor subsecretario y asesores.

 

(Se retiran de sala el señor subsecretario de Economía y Finanzas y asesores).

 

                –Continuando con la sesión y antes de recibir a la delegación de Inmujeres, me gustaría saber si estamos en condiciones de aprobar alguno de los proyectos de ley que tenemos en consideración. En mi opinión, sería lo más conveniente.

SEÑOR BERTERRECHE.- Debido a la situación de carácter urgente que está viviendo el sector agropecuario y teniendo en cuenta que se aproxima la época de siembra del verano, sería bueno que pudiéramos aprobar el proyecto de ley sobre promoción de medidas de apoyo a ciertos sectores de la actividad agropecuaria nacional.

SEÑOR SILVEIRA.- Me gustaría hacer una pequeña puntualización. Como no he participado de esta discusión, tampoco quiero ser un obstáculo para la concreción de estas medidas. Si la idea es elevar este proyecto al Senado la próxima semana, lo acompañaríamos en comisión y, eventualmente, si dentro de nuestro partido hubiera una posición a defender, lo haríamos en el plenario o se lo comunicaríamos a la comisión, a los efectos de avanzar en estos temas, que son de gran importancia.

SEÑOR DRAPER.- Me parece muy lógico el planteamiento del señor senador, así que hago mías sus palabras.

SEÑOR PRESIDENTE.- La intención es aprobar el proyecto de ley sobre promoción de medidas de apoyo a ciertos sectores de la actividad agropecuaria nacional tal como viene de la Cámara de Representantes, con sus cuatro artículos, y cada uno hará las puntualizaciones que crea conveniente en el plenario.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA AYALA.- Propongo como miembro informante al señor senador Berterreche.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 7. Afirmativa.

                Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se otorgan beneficios tributarios a la producción nacional de luminarias led para alumbrado público.

                Consulto si estamos o no en condiciones de votarlo y aclaro que recibir la información solicitada no cambiará la voluntad. Solo se pidió para el tratamiento del tema en el plenario. Esta señal es muy importante, sobre todo si desde la Cámara de Senadores pudiéramos –además de votar– enviar la versión taquigráfica a todas las intendencias, expresando que, una vez aprobado este proyecto de ley, sería muy bueno que en las licitaciones se estimulara a la industria nacional con algún porcentaje, por supuesto sin trastocar de manera sustancial al mercado y que luego tengamos artículos de menor calidad.

SEÑOR SILVEIRA.- En el mismo sentido de la exposición anterior y en el entendido de que el señor subsecretario ha dicho que se pone a nuestra industria en condiciones de competir, nosotros daremos nuestro voto para que se apruebe el proyecto de ley en comisión y eventualmente haremos alguna precisión en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor senador Draper me señala que están en las mismas condiciones.

                Como la intención es votar el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes tal cual está para que se convierta en ley, ponemos aquí a votación los tres artículos sin darles lectura.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Corresponde designar miembro informante.

SEÑORA MOREIRA.- Propongo al señor senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar esta propuesta.

(Se vota).

                –6 en 7. Afirmativa.

                Informaré este tema en el Senado el próximo martes o miércoles.

                Corresponde recibir a los representantes del Instituto Nacional de las Mujeres –Inmujeres– que hoy asisten para referirse al proyecto de ley sobre desarrollo con equidad de género.

 

(Ingresa a sala una delegación de Inmujeres).

 

–Tenemos el gusto de recibir a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, señora Mariela Mazzotti; a la contadora Lucía Wainer –directora de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión de la OPP; a la responsable de la Unidad de Desarrollo Social y Género del Ministerio de Industria, Energía y Minería, licenciada Rossana González y a la asesora de género de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, licenciada Paola Florit.

Estamos a la espera del ingeniero agrónomo Daniel Radiccioni que, según me informa la directora Mazzotti, está por llegar.

SEÑORA MAZZOTTI.- Realmente es un gusto ser recibidos por la comisión en esta representación interinstitucional que tenemos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Aclaro a los señores senadores que este proyecto de ley ya tiene media sanción.

SEÑORA MAZZOTTI.- Como los señores senadores saben, Inmujeres, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, es el organismo rector de las políticas públicas orientadas a la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, hemos estado promoviendo una visión integral e integradora asociando las políticas de género a las de desarrollo sostenible del Uruguay.

                De hecho, el 8 de marzo de este año presentamos la estrategia nacional por la igualdad de género con una mirada prospectiva, hacia el 2030, que fue elaborada con una participación y un compromiso muy alto del Consejo Nacional de Género integrado por el entramado institucional estatal uruguayo pero también con representación de las cámaras empresariales, del PIT-CNT, de organizaciones de mujeres y feministas, cooperativistas y rurales.

En ese marco de la estrategia nacional por la igualdad de género se señala –sobre todo desde los estudios de prospectiva de la OPP– que es condición ineludible para el Uruguay de hoy fomentar la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres como condición para el desarrollo.

Este proyecto de ley se inscribe en un área estrechamente vinculada con la autonomía económica y con la promoción de posibilidades y oportunidades para las mujeres tanto del ámbito urbano y rural, en términos de su capacidad empresarial, sus oportunidades y el desarrollo en esta  materia.

Si bien en esta normativa se proponen pequeñas modificaciones a leyes preexistentes, tienen alto impacto en los programas de promoción de los emprendimientos de pequeñas y medianas empresas que impulsa el Ministerio de Industria, Energía y Minería así como en la promoción de los pequeños emprendimientos rurales y de los emprendimientos en el marco de la agricultura familiar que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estamos hablando de la Ley n.º 19292, de promoción de la agricultura familiar –donde se incluye un artículo–, y de la Ley n.º 18362, relativa al apoyo y fomento de la pequeña y mediana empresa.

Estas propuestas para cada una de estas leyes apuntan a utilizar el instrumento de compras públicas como promoción de estas iniciativas económicas. De hecho, estas leyes ya trabajan en este sentido pero nosotros queremos incorporar, en un caso, criterios específicos que generen mayores oportunidades a aquellos emprendimientos que son liderados o que integran mujeres o que forman parte de políticas de igualdad de oportunidades, y en el otro caso, pretendemos generar una reserva, a partir de la que ya está hecha, de promoción de la agricultura familiar para tener un ingreso mejor en las compras públicas.

Este es el encuadre general de esta propuesta que estamos haciendo al Parlamento, que cuenta con el aval del Poder Ejecutivo y con media sanción de la Cámara de Representantes.

Para complementar y profundizar en las actuaciones, simplemente quiero decir que en el grupo de trabajo participó, por supuesto, la OPP, el área de las compras públicas del Estado uruguayo y la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Mides, que trabaja mucho en el tema de la agricultura familiar y la promoción de emprendimientos socioeconómicos.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Muy buenos días.

                Desde el ministerio le damos importancia a este proyecto de ley, en primer lugar, por lo que mencionaba Mariella Mazzotti en cuanto a que es un instrumento importante para disminuir las brechas de género que se evidencian en particular en el mundo empresarial. La cantidad de mipymes –de acuerdo con los últimos datos de la encuesta de 2017– ha aumentado un 11 % –fundamentalmente en el interior del país y vinculado al área comercial–, llegando a ser más o menos unas 152.000. Son una fuente generadora de empleo muy importante: estamos hablando de que unos 800.000 puestos de trabajo están vinculados a ellas y de que alrededor de la mitad son microemprendimientos. Sin embargo, la dirección de las mipymes sigue siendo mayoritariamente masculina. La brecha se profundiza cuando miramos tanto los activos como el tamaño de las empresas. Entonces, nos parece bien importante disminuir la inequidad de género tanto en la titularidad como en las condiciones de sostenibilidad de las empresas.

Dentro de las ventas, las empresas dirigidas por mujeres generalmente se vinculan a mercados cercanos o locales, como los barriales, que también tienen un mayor grado de informalidad. Entendemos que este proyecto puede promover una mayor formalización de las empresas en general y de las dirigidas por mujeres en particular.

                Como bien decía Mariella Mazzotti, con este instrumento se pretende instituir a las compras públicas como un motor de desarrollo que consustancie la agenda social con la productiva, que aporte a la autonomía económica de las mujeres y a cambios en la división sexual del trabajo, que es una de las condiciones estructurantes de la desigualdad económica. Esto no solo genera mejoras en términos de formalización y de promoción de la titularidad femenina, porque cuando miramos los criterios de adjudicación veremos el control, acceso y uso de los recursos por parte de las empresas, no solo en la titularidad, sino también en la distribución de cargos, en las funciones, en las competencias y en el sistema de remuneraciones. También se observa que las empresas tengan planes o políticas de igualdad de género a la interna, que tengan convenios vinculados con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el consejo de salarios que promuevan la igualdad.

En ese sentido, cuando hicimos la propuesta nos basamos en estudios internacionales que hay en relación con las compras públicas. En todos los casos ha quedado en evidencia que hay un crecimiento favorable, un mayor PBI per cápita con relaciones positivas en términos económicos generales, cuando con leyes de igualdad se ha utilizado el instrumento de compras públicas como una herramienta para desarrollo. Está comprobado que la igualdad de género correlaciona positivamente y que además mejora el clima laboral, la competitividad de la empresa y la creatividad, que retiene recursos calificados por la motivación, es decir, es un beneficio también para el sector privado.

Proponemos que las empresas privadas acompañen los logros que trata de  obtener el Gobierno en este sentido. Con estos criterios que planteamos la idea es que la adjudicación no sea solo por la oferta más económica, sino también por aquellas que cumplan las condiciones que dan potencialidades al país para lograr los objetivos sociales que tiene.

Los criterios que proponemos en la modificación del artículo 44 de la Ley n.º 18362 establecen una cláusula de preferencia para el caso de que haya empate entre una oferta con perspectiva de género y otra que no la tenga. Entonces, el criterio de la perspectiva de género que tenga una empresa permitirá dirimir entre ambas ofertas. En el caso de que una empresa quede primera en el proceso de selección de valoración de las ofertas y, en segundo lugar, una empresa que tenga enfoque de género, puede abrirse una segunda vuelta permitiendo que la que quedó segunda mejore la oferta primera. Es decir, en ningún momento pierde el Estado en términos económicos, sino que se da más oportunidades a las empresas para competir.

Ese es, en definitiva, el espíritu general que proponemos en esta modificación.

SEÑORA FLORIT.- Buenos días y muchas gracias por recibirnos.

                Voy a profundizar en la propuesta interinstitucional que hicimos para la modificación de la Ley n.º 19292, por la que se declara de interés general la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal. En el espíritu de la ley original está apuntalar los procesos de retención de la población rural, aportar a la soberanía alimentaria y, también, crecer en esto de que las compras públicas puedan ser una herramienta de desarrollo. Identificamos que la ley como está aprobada, a priori no tiene incorporada la perspectiva de género y su inclusión puede ser una forma de potenciar los objetivos que ya estaban en la ley además de apuntalar la equidad.

                Esta ley se mueve en un medio rural que ya está cruzado por importantes desigualdades de género. A modo de ejemplo vamos a señalar algunos indicadores que nos parece relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la emigración que en el medio rural tiene cara de mujer joven. Si queremos retener en mayor medida la población rural creemos que es importante que se pueda identificar quiénes son los que están emigrando. Mientras que en el medio urbano las mujeres representan el 52 %, en las explotaciones agropecuarias son un 37 %. Pero cuando analizamos esto observamos que esta modificación apunta con fuerza a la autonomía económica y cuando miramos cuestiones vinculadas  a la autonomía económica en el medio rural aparecen también muchas desigualdades de género muy importantes. Si miramos el trabajo en el mercado, solo el 32 % de las mujeres rurales se identifican como ocupadas. En cuanto al reconocimiento del trabajo en el medio rural también identificamos un problema importante. Por un lado –un problema que también existe en el medio urbano–, está el tema  del reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidados con la particularidad de que en el medio rural no hay tantos sustitutos como en el medio urbano, porque no es tan fácil llevar a un niño a una guardería. Además del problema antes mencionado –que la propuesta de modificación en este sentido apuntala– hay  dificultades en cuanto al reconocimiento  del trabajo que hacen las mujeres dentro de los predios, es decir, con el trabajo productivo que, en última instancia, se vende en el mercado. Si nos fijamos, por ejemplo, para los trabajadores permanentes de las explotaciones agropecuarias el último censo general agropecuario establece que el 63 %  de quienes trabajan en los predios pero no reciben remuneración son mujeres. Ahí identificamos algunos escollos  que dificultan la autonomía económica de las mujeres y creemos  que esta modificación puede afianzar.

                En ese marco, quiero señalar que en la Dirección General de Desarrollo Rural hemos realizado una experiencia de trabajo interinstitucional en la que hemos incorporado medidas afirmativas, parecidas a las que estamos proponiendo, que se acompañan de políticas de cambio cultural. Hemos observado que esa combinación  de políticas redistributivas y de cambio cultural en un medio que ya está marcado por fuertes desigualdades tiene impactos relativamente fuertes. A modo de ejemplo, en la última Administración  se logró en tres años un incremento de un 10 %  del porcentaje de los apoyos productivos que impulsa la dirección  que son captados por mujeres. Esto nos hace pensar que, si bien el medio está marcado por fuertes desigualdades, con políticas activas es posible introducir modificaciones.

                En este marco de trabajo interinstitucional, con un fuerte liderazgo de Inmujeres, se propone para la Ley n.º 19292  modificaciones en dos artículos.  En primer lugar, se propone modificar el artículo 3.º. En esta disposición se establece la existencia de organizaciones habilitadas con perspectiva de género y una reserva para ellas. En la ley de compras públicas lo que está previsto es que no es cada explotación agropecuaria y cada productor o productora quien vende, sino que lo hace a través de una organización habilitada; es un proceso asociativo.  Lo que proponemos es que en ese proceso asociativo y en esa reserva de mercado haya una reserva dentro de la reserva para aquellas organizaciones que se habilitan con perspectiva de género. La propuesta es que el 50 % de lo que la ley ya preveía se reserve para estas organizaciones con perspectiva de género. La ley preveía para las compras descentralizadas el 100 % de la reserva para la agricultura familiar y para las centralizadas el 30 %. Esta propuesta lo que hace es captar el 50 %, en tanto haya oferta y de ninguna manera afectaría la posibilidad de la agricultura familiar de conservar esa reserva.

                La segunda disposición que también nos parece que es muy importante que se le incorporen modificaciones es el artículo 5.º. Planteamos concretamente dos modificaciones que entendemos que son relevantes. La primera tiene que ver con definir qué es esta organización habilitada con perspectiva de género. Ahí se incorpora el criterio de acceso, control y uso del sistema productivo, agregando algo que se ha ido acumulando como son, por ejemplo, la cotitularidad de la tierra o distintos indicadores que pueden servir para demostrar que existe un involucramiento importante de las mujeres en el sistema productivo y también de la organización. Esa es una de las propuestas que figura en el artículo 5.º y que va en el sentido de que la organización habilitada con perspectiva de género atienda al acceso, control y uso de las mujeres en el sistema productivo y en la participación en la organización.

                En cuanto al segundo elemento que aparece en la modificación de este artículo, queremos destacar que en la redacción original de la iniciativa estaba previsto que los y las titulares de las empresas agropecuarias pudieran ser parte de las organizaciones habilitadas y que, además, esas empresas estuvieran en el registro de producción familiar y nosotros estamos proponiendo que cualquier persona que sea titular del registro de producción familiar, pueda ser titular de una organización habilitada, sin importar la perspectiva de género. Lo que estamos haciendo es acompasar la ley con lo que ya existía, en el sentido de que para el registro de producción familiar ya es cotitular cualquier persona que viva y trabaje en el predio, sin distinguir entre productor  o productora familiar. Por lo tanto, estamos acompasando la norma con la resolución del ministerio que ya existía.

                Por nuestra parte, entendemos que estamos modificaciones apuntalan los objetivos de la ley, además del de la equidad. Además, nos parece especialmente importante poder hacerlo en este escenario, ya que 2018 es el año para el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, según la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. En consecuencia, entendimos que era muy coherente poder apuntalar este tipo de iniciativas que, comparándolas con otras experiencias que tenemos a nivel nacional, hemos visto que dan frutos.

SEÑORA MOREIRA.- Reitero mi saludo no solo a la delegación sino también al proyecto de ley porque me parece que es muy bueno. Aclaro que recién estoy tomando conciencia de que existen las organizaciones habilitadas y por eso quisiera plantear dos preguntas.

                En el artículo 2.º se definen las organizaciones habilitadas y el primer párrafo del nuevo artículo 5.º dice: «Se considera Organización Habilitada a toda aquella que esté integrada por al menos cinco productores agropecuarios, de los cuales como mínimo el 70% deben ser productores familiares agropecuarios y/o pescadores artesanales». Supongo que esto exige un grado de formalización o la inscripción en algún registro y como sé que el medio rural es muy informal, me gustaría saber cuántas de estas organizaciones han hecho el registro y cuántas todavía están fuera de él, porque imagino que las que no están inscriptas no podrán acceder al beneficio.

                A su vez, cuando se hizo referencia al tercer inciso se dio una explicación rápida y compleja y se dijo que las organizaciones con igualdad de género serán aquellas en las que se verifique al menos la participación de las mujeres en la gestión de la organización. También se dijo algo sobre la titularidad y el deseo de acompasar, pero como no lo entendí me gustaría que lo explicaran nuevamente. Luego de leer el párrafo me pregunto cómo hacen para dar la reserva, cuando hay que constatar la participación de las mujeres en la gestión de la organización. ¿Cómo se verifica eso? Termino felicitando nuevamente a la delegación por este proyecto de ley.

SEÑOR BERTERRECHE.- La señora senadora Moreira se adelantó y formuló la pregunta que quería hacer con respecto a quién y cómo verifica la participación de las mujeres en la gestión en estas organizaciones.

SEÑOR SILVEIRA.- Cuando se hizo mención a la posible competencia de los oferentes, si el segundo reúne determinadas condiciones vinculadas a la norma que estamos estudiando, se podría producir una mejora de las ofertas, que es un ítem que figura en el Tocaf, lo cual está reservado a quien hoy hace el llamado. No aparece en el proyecto, pero me parece que está bien. ¿Dónde está incluida la norma? Por otra parte, ¿se pretende hacerlo en forma imperativa? Es decir que ya no sea una opción del que hace el llamado, sino que siempre haya que tener esa norma como tal. O sea, la segunda instancia que se llama mejora de oferta. No sé si se entendió la consulta.

SEÑORA MAZZOTTI.- Efectivamente, el proyecto de ley propone, vía mandato legal, que haya una mirada que priorice aquellos emprendimientos que lleven adelante políticas que garanticen una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ya sea mujeres que estén vinculadas a pequeñas y medianas empresas, como también a los procesos de la agricultura familiar, en donde ya tenemos las organizaciones habilitadas. Esto es así por mecanismos diferentes y de acuerdo con la realidad del mundo de la pequeña y mediana empresa y de la agricultura familiar.

                El equipo interinstitucional ha trabajado mucho en la reglamentación para cuando esto ya sea ley. Y es ahí donde van a surgir elementos –que creemos no deben estar en el marco de la ley– sobre los criterios específicos de cómo vamos a evaluar que un emprendimiento habilitado tenga perspectiva de género. En ese sentido, esto tiene que ver con el número de mujeres, con el rol que estas tienen en la gestión del emprendimiento y con que no haya indicadores de desigualdad de género como los que encontramos en el mundo del trabajo y del emprendimiento, por ejemplo, sobre quién toma las decisiones, cómo se reparte el fruto del trabajo, etcétera. Ahora bien, esos criterios consideramos que son fruto de la reglamentación. Queremos que quede claro que van a tener priorización aquellos emprendimientos –tal  como fueron definidos– con una perspectiva de género. De todas formas, hay un registro de organizaciones habilitadas que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Mides están promoviendo. Sería interesante que la licenciada Florit informe al respecto, como también que la licenciada González avance sobre lo que está previsto en el Tocaf, en el sentido de que si hay un empate se seleccione a aquella micro, pequeña o mediana empresa que tenga perspectiva de género o la oportunidad de la mejora de la oferta sobre lo que, efectivamente, no estamos innovando, sino que le estamos dando esa oportunidad a ese tipo de emprendimiento en particular.

SEÑORA FLORIT.-  Se hizo una consulta de dos niveles. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión de cómo se constata si efectivamente se cumplen con los criterios para ser una organización habilitada con perspectiva de género. Nosotros trabajamos en construir una serie de indicadores que tienen que ver, por un lado, con la explotación agropecuaria y, por otro, con la organización. Lo que propusimos fue que se constatara alguno de esos indicadores. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la explotación agropecuaria, uno de los posibles indicadores era que existiera cotitularidad de la tierra cuando era un predio de colonización. Por supuesto que ese indicador aplica si es un predio de colonización, si no, no. Otro de los indicadores era que hubiera cotitularidad de la empresa o la titularidad de una mujer. Es decir que hay una combinación de algunos indicadores para la explotación agropecuaria, entre ellos, la titularidad de Dicose, en el caso que sea ganadero. Por tanto, fuimos construyendo una serie de indicadores y entendemos que la combinación de algunos de ellos nos permite decir que acá hay un acceso, control y uso de la mujer del sistema productivo. Esto en cuanto al sistema productivo.

                Con respecto a las organizaciones pensábamos lo mismo, es decir, utilizar la combinación de algunos elementos de cara a la reglamentación. Por ejemplo, qué porcentaje de la masa social  estaba compuesta por mujeres; la existencia de un plan de trabajo en género que, de alguna manera nos dijera que esa organización tiene un modelo de cómo incidir en su territorio y, además, ese modelo tiene una perspectiva de género y, también, la existencia de mujeres en las directivas. Quiere decir que hacíamos como combinaciones de esos indicadores que nos permitían, según entendíamos nosotras, constatar en los dos niveles la existencia de un liderazgo de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género. A su vez, estas organizaciones necesitan una habilitación que se hace de la siguiente manera. En primer lugar, se habilita un equipo técnico para poder habilitar a la organización con un proyecto que tiene un componente productivo comercial importante y, además, se le incorporan algunos elementos de género. Después, se pasa a la segunda fase, que es la habilitación de organizaciones. Todo esto se encuentra en un registro –en la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca– que, además, tiene un comité asesor que combina personas del propio ministerio y de otras instituciones. En su momento, pensamos que de aprobarse y reglamentarse este tema, seguramente, Inmujeres se incorporaría en ese comité para habilitar la perspectiva de género.

SEÑOR RADICCIONI.- Más que reiterar quiero complementar la exposición porque, justamente, el decreto reglamentario que define la integración de ese comité ya es también intersectorial.

                En cuanto a las organizaciones habilitadas hoy se han cubierto los departamentos de Paysandú, Canelones, San José, Salto y de Soriano. Creo que este impulso y este proyecto de ley lo que haría con el trabajo interinstitucional, junto a la Agencia de Contrataciones y Compras del Estado, sería seguir promoviendo la generación de proveedores. Esas micro y medianas empresas que puedan incorporar algún plan de igualdad, también van a estar promoviendo el cambio cultural necesario que se requiere, como bien señaló la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, y las licenciadas Rossanna González y Paola Florit, de los ministerios de Industria, Energía y Minería y de Ganadería, Agricultura y Pesca, respectivamente.  Creo que esto es clave: hoy son algunas sociedades de fomento, algunas cooperativas y, sobre todo, vinculadas a producciones y a población vulnerada y vulnerable. Creo que la palanca que tracciona este proyecto de ley, justamente, es la inclusión, la equidad y el cambio cultural. Es decir que tiene ese doble propósito, que me parece que sería bueno no perder de vista.

SEÑORA GONZÁLEZ.- En cuanto a los criterios y herramientas de la propuesta de modificación del artículo 44 de la Ley n.º 18362, lo que también mencionábamos tiene que ver con el proceso de reglamentación. Nosotros para ir adelantándonos a cuáles serían los distintos casos, trabajamos modelando con la agencia de compras públicas los distintos mecanismos para ver cómo tendríamos que hacer esa valoración de la oferta tomando en cuenta que fuera algo «ganar, ganar». En caso de empate, el criterio para dirimir está claro. El segundo es el tercer criterio que se establece en el proyecto de ley. Proponemos que, cuando en un proceso de valoración de la oferta el organismo identifica que el segundo tiene perspectiva de género y el primero no, consulte a la empresa si desea tener la posibilidad de mejorar la oferta. Si la empresa dice que no, se adjudicaría al primero. En fin, el criterio es dar la oportunidad de que mejore la oferta. En el único caso que identificamos que no lo haríamos porque iría contra el mecanismo sería en el caso de subastas, ya que pierde sentido. Sería el único caso que dejaríamos afuera. Repito: la idea es que el organismo consulte a la empresa que está en segundo lugar y habilite la oportunidad.

SEÑOR SILVEIRA.- Me parece un procedimiento interesante. En general es motivo de fastidio de los administradores y de quienes tienen que tomar la decisión. Queda como un precepto que va en el sentido de ayudar a un proceso en el que personalmente creo. Por lo tanto, comparto con la senadora Moreira que este proyecto es un muy buen aporte para solucionar un problema grande.

SEÑORA AYALA.- Agradezco el trabajo y los felicito porque el proyecto da respuesta a algunos de los planteos que han hecho las mujeres organizadas en ese espacio de diálogo que existe desde el año 2015 y me parece muy bueno. Hace pocos días hubo otra instancia de esto. Dentro de los desafíos que ellas plantean estaban estos temas. Me parece muy bueno que a este trabajo interinstitucional, tomando en cuenta lo que han planteado a lo largo de esos diálogos, se sumen las medidas que ha tomado el Instituto Nacional de Colonización con respecto a cotitularidad. No sé si está institucionalizado, pero sé que van por las marcas y señales porque ahí también tienen que estar los nombres de ambos o de ellas. Me alegro mucho de que demos un paso más en cuanto a incluir lo que tenemos legalmente, pero con la mirada y la perspectiva de género.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a Inmujeres su presencia y las explicaciones dadas. Me parece un mecanismo muy ingenioso porque cuando empujamos determinados principios o perspectivas es complejo y difícil bajarlo a la realidad. Repito: nos quedamos en los valores y en los principios, pero no bajamos a cosas concretas que permitan cambiar la realidad de las mujeres.

(Se retiran de Sala los representantes de Inmujeres).

–Continúa la sesión.

                En la medida en que hay pocas modificaciones pero sustanciosas, que en nuestra opinión las explicaciones fueron salvadas y que el proyecto cuenta con media sanción –fue votado por unanimidad en la Cámara de Representantes–, si todos están de acuerdo proponemos que se vote en el día de hoy. Los senadores Draper y Silveira me comunicaron que dejarían la misma constancia que para los proyectos anteriores y, si hubiera alguna objeción, la presentarían en sala. Por lo tanto, en la medida en que queremos que se apruebe el proyecto de ley tal como vino de la Cámara de Representantes, suprimiríamos la lectura.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota).

                –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BERTERRECHE.- Voy a proponer a la señora senadora Ayala como miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta del señor senador Berterreche en el sentido de que la señora senadora Ayala sea la miembro informante.

(Se vota).

                –6 en 7. Afirmativa.

SEÑORA MOREIRA.- Antes de terminar la sesión, quisiera saber qué pasó con el tema del Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Interrumpimos la consideración por la rendición de cuentas, pero ahora la retomaremos.

SEÑORA MOREIRA.- Se habían pedido informes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vinieron algunos, uno de la Agencia Nacional de Vivienda y otro del Banco Hipotecario del Uruguay muy sustancioso.

                Si están de acuerdo, deberíamos ordenarnos para comenzar con ese asunto. Me gustaría que estuviera presente el señor senador Heber que ha empujado en el tema.

SEÑOR SILVEIRA.- En ese caso, no sería el próximo jueves, sino probablemente el siguiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- El próximo jueves ordenaríamos el trabajo y comenzaríamos el análisis la semana siguiente con la presencia del señor senador Heber.

                Se levanta la sesión.

(Son las 11:09).