COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 8 de octubre de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 13:41).

                La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene el gusto de recibir a una delegación de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay –UNCU– y de la Unión Latinoamericana de Ciegos –ULAC–, integrada por las señoras Selene Caraballo y Silvia Iroldi y el señor Gabriel Soto, en ocasión de estar estudiando aquí un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo relacionado con la promoción del trabajo para personas con discapacidad.

SEÑOR SOTO.- Buenas tardes. Antes de comenzar nos gustaría saber quiénes son los senadores que están presentes hoy aquí.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la comisión, los estamos recibiendo los señores senadores Álvaro Delgado, del Partido Nacional; Marcos Otheguy, del Frente Amplio; Yerú Pardiñas, del Frente Amplio y quien habla, Juan Castillo, que actúo como presidente. Está llegando el señor senador Pablo Mieres, del Partido Independiente y en unos minutos se integrarán también la señora senadora Ivonne Passada de la bancada oficialista, que está trabajando en otra comisión, y el señor senador Carlos Camy, que está en camino.

SEÑOR SOTO.- Muchas gracias.

                Antes que nada, haremos una pequeña presentación de cada uno de nosotros. Después hablará mi compañera Silvia Iroldi, luego Selene Caraballo y por último intervendré yo nuevamente.

                Mi nombre es Gabriel Soto y soy presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay; Silvia Iroldi es la coordinadora del programa Ágora de inserción y capacitación laboral que funciona en nuestra institución y Selene Caraballo es la tesorera de la Unión Latinoamericana de Ciegos.

SEÑORA IROLDI.- Gracias por recibirnos.

                El proyecto de ley de Promoción del trabajo de personas con discapacidad contiene algunos artículos y especificaciones que nos interesa comentar y consultar. Tenemos algunas dudas sobre ciertas cláusulas y por eso nos parece muy importante participar en esta reunión.

En mi caso, soy coordinadora de un programa de inserción laboral para personas con discapacidad visual que funciona en Uruguay desde el año 2006, o sea que hace doce años que venimos trabajando en la capacitación de las personas con discapacidad visual y su inserción laboral, lo que nos da una experticia en este tema, conociendo y sensibilizando a distintas empresas. También brindamos apoyo en los llamados públicos para el ingreso del 4 % de personas con discapacidad. Justamente representando al programa Ágora participo en la comisión honoraria; hay una subcomisión de trabajo en la que se presentan todos los llamados públicos y desde el año 2015 estamos trabajando fuertemente en el asesoramiento a los distintos organismos que hacen los llamados. En el tema de los llamados constatamos serias dificultades. Este proyecto de ley que está vinculado a la órbita privada nos genera algunas inquietudes.

Hay una enorme diferencia en lo que es la inserción laboral dependiendo del tipo de discapacidad. A veces tendemos a generalizar en este tema y las necesidades de cada colectivo son muy distintas. Es más, en el caso de las personas sordas y ciegas es antagónico: lo que es muy bueno para las personas sordas quizás sea terrible para las personas con discapacidad visual.

En nuestro país hay una ley que habla del Tratado de Marrakech, que está vinculado a lo que es la accesibilidad de estas personas. En este sentido, hay páginas del Estado y muchos sistemas utilizados por las empresas que no resultan accesibles para las personas con discapacidad visual. Esto también es una barrera a la hora del ingreso de las personas con discapacidad, en este caso visual y, en otros, con otro tipo de discapacidad. No olvidemos que no es lo mismo una persona con discapacidad sensorial, intelectual, motriz o psíquica. Esto hace que el universo de las personas con discapacidad sea tan amplio que, a veces, por generalizar terminamos cometiendo una injusticia.

SEÑORA CARABALLO.- Buenas tardes.

Mi nombre es Selene Caraballo. Vengo en representación de la Unión Latinoamericana de Ciegos, pero también he trabajado a nivel nacional con el apoyo de UNCU.

Con respecto al proyecto de ley en cuestión, nosotros como organización –y a nivel latinoamericano ni qué hablar– promovemos que se apoye esta ley, pero creemos que contiene varios artículos que deberían ser revisados, en consonancia con lo que recién planteaba mi compañera Silvia Iroldi. Si se va a hacer un proyecto de este tamaño tiene que ser bien instrumentado y reglamentado desde el inicio porque es una ley que puede dar un impulso muy importante a la vida de las personas con discapacidad en general, no solo visual, que es nuestro ramo. Es necesario prestar mucha atención en cómo se van a instrumentar estas cosas.

Una ley de este tipo puede ser muy buena o muy mala, porque si no se reglamenta bien podemos terminar teniendo empresas privadas obligadas a contratar personas con discapacidad y personas con discapacidad contratadas simplemente a los efectos de cumplir con una ley y que no se les respeten, como se debería, sus derechos laborales, es decir, que sean respetados en los papeles, pero no en la realidad. Me refiero, por ejemplo, a una persona con discapacidad que esté contratada pero no tenga asignada una tarea. Esta situación ya se ha dado en el ámbito público y es importantísimo garantizar que no suceda.

La persona con discapacidad que quiere trabajar no lo hace simplemente para tener un sustento económico, sino que va mucho más allá de eso. Quiere sentirse útil, formar parte de la sociedad que la rodea y ocupar un rol social, cosa que es súper importante. Además, eso es parte importante de la vida de cualquier persona, no solo para su independencia económica, sino también para su salud mental, su desarrollo social y para sentirse incluida. De nada me sirve tener un trabajo en el que no me siento incluida, en el que simplemente estoy ocupando un lugar, me están pagando un salario, pero no siento que aporte nada a la empresa.

Creemos que en la reglamentación hay varios puntos que debemos marcar para ir desarrollándolos en esta sesión.

SEÑOR SOTO.- Como señalan mis compañeras, nos gustaría referirnos a varios temas.

                Por supuesto que apoyamos totalmente esta iniciativa porque es muy necesario, diría imprescindible, que también en la órbita privada puedan ingresar a trabajar las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

                En el proyecto de ley hay algunos aspectos que es necesario tener en cuenta. Leímos las definiciones de los apoyos laborales. Creemos que esta figura es buena y que lo que se está planteando va en el buen sentido, pero hay que tener presente que los apoyos laborales no pueden ser permanentes en el tiempo porque eso va a depender de cada discapacidad. Por eso las compañeras plantean que el universo de la discapacidad es bastante amplio como para generalizarlo en una sola línea.

Es muy distinto el apoyo laboral que requiere una persona sorda o una con discapacidad visual que el que precisa una persona con TEA o con otro tipo de discapacidad intelectual o psíquica. Si bien el tema de los apoyos laborales está planteado en la iniciativa, nos parece que habría que bajarlo más a tierra. Capaz que se pensó en plantearlo en la reglamentación, pero nosotros consideramos importante manifestarlo porque no se puede generalizar un apoyo laboral para todas las discapacidades; no puede haber un apoyo laboral para toda la vida, para todos los años. Incluso, el apoyo laboral para las personas con TEA después de unos meses de ejercitación en la tarea que tienen que desempeñar tal vez ya no tenga por qué ser permanente, sino que se pueda distanciar en el tiempo o ser simplemente una supervisión.  Nos gustaría que ese aspecto también se pensara. 

                Antes de que se nos olvide, queremos comentar algo sobre el artículo 8. No sé si tenemos el mismo proyecto de ley que los señores senadores, pero en la disposición se habla de la «Comisión Nacional Honoraria de Discapacitados» cuando en realidad se trata de la «Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad». Al hablar de cómo hay que referirse a las personas con discapacidad, justamente creemos que la palabra «discapacitado» adjetiva algo que no es tal; consideramos que hay que valorar más el tema de las personas con discapacidad. Por ello nos gustaría que eso se corrigiera. 

                Otro tema muy relevante que vemos en el proyecto de ley es el relativo a la Comisión Nacional de Inclusión Laboral. Al respecto, tenemos algunas observaciones bastante importantes para hacer. En la iniciativa se plantea que esta comisión va a estar integrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social, las cámaras empresariales, el PIT-CNT, el Ministerio de Salud Pública y un representante de las personas con discapacidad. Nosotros siempre trabajamos bajo el modelo social de la discapacidad. Nuestro paradigma y la base de todo es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde lo importante es transversalizar el tema de la discapacidad a nivel social y que eso quede diferenciado de lo que fue el modelo de salud. Entonces, no nos queda claro cuál sería el papel que jugaría el Ministerio de Salud Pública en esta comisión.

SEÑORA IROLDI.- Nos preocupa la mención al Ministerio de Salud Pública y nos preguntamos si se sigue pensando que la discapacidad es un problema de salud. Si bien es cierto que desde el punto de vista de la salud, según concepciones anteriores, se intentaba que las personas con discapacidad nos rehabilitáramos para llegar a la «normalidad», en los nuevos modelos se entiende que si el entorno social no es accesible y favorable, la discapacidad aumenta; sin embargo, cuando ese entorno es accesible y favorable, esa misma discapacidad disminuye. Basándonos en esto, nos preguntamos cuál es el rol del Ministerio de Salud Pública en este caso. ¿Seguimos pensando de esta manera? ¿Qué es lo que motiva este proyecto de ley? Nos parece interesante que estas preguntas se formulen tanto a nivel de los legisladores como de las organizaciones. Por nuestra parte, como organizaciones de personas con discapacidad, tenemos muy claro hacia dónde apuntamos y qué rol queremos tener en la sociedad.

SEÑOR SOTO.- Cuando se habla de la representación de las personas con discapacidad, se propone poner un solo representante. A este respecto, queremos hacer notar que siempre hemos apuntado a aportar a todas aquellas iniciativas que ayuden a la inclusión de las personas con discapacidad. Siempre estamos a las órdenes para aportar ideas, pero con respecto a este proyecto de ley debemos decir que, al menos en el área de la discapacidad visual, prácticamente no fuimos consultados. En la argumentación del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ante este Cuerpo se menciona a quiénes se consultó y allí no aparecen en ningún momento la Comisión Honoraria de la Discapacidad ni las demás organizaciones vinculadas al tema. Nos parece muy importante que se nos consulte a la hora de elaborar iniciativas que tienen que ver con nuestra situación y por esa razón solicitamos esta audiencia. Nos interesa dar nuestra opinión. Si bien estamos de acuerdo con el proyecto de ley, creemos que se debe tener en cuenta nuestro punto de vista en algunos aspectos.

                En cuanto a la representación en la comisión de las personas con discapacidad, como bien decían mis compañeras, la discapacidad es un universo muy amplio. Es difícil que una sola persona pueda comprender y entender todas las situaciones y realidades de las personas con distintas discapacidades. En consecuencia, proponemos que se amplíe la representación de las personas con discapacidad y que haya un representante del área visual, uno del área auditiva, otro del área motriz, otro de la psíquica y también uno del área intelectual. Podrá parecer mucho, pero de la forma que se propone quizá los temas se resuelvan de manera muy débil.

SEÑORA CARABALLO.- Con respecto a la comisión de la que hablaba mi compañero, hay varios puntos que se deben tener en cuenta. En principio, aparece una especie de contradicción porque se dice que se va a acudir a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad –que ya está en funcionamiento hace años– para dar base a la aplicación de este proyecto de ley, pero luego se establece la creación de una nueva comisión. Quizás no sea lo mejor que en una misma ley haya dos comisiones actuando en cosas distintas, ya que eso puede dificultar la operativa.

                Por otro lado, hay otro aspecto que nos preocupa. Si tenemos en cuenta los avances que ha hecho Uruguay en cuanto a la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos preocupa que en esta iniciativa se siga incluyendo  a un representante del Ministerio de Salud Pública. Este no es un tema menor porque Uruguay es uno de los países que ha logrado deslindar la discapacidad del ámbito de la salud, enfocándola directamente como una cuestión social y no como algo médico. Es muy importante que esto se siga teniendo en cuenta y por esa razón entendemos que es muy bueno que haya, por ejemplo, un representante del Mides. Es importante que este tema quede claro. Es un avance del Uruguay en materia de derechos el hecho de separar a la discapacidad del tema médico.

                En cuanto a la representatividad de las personas con discapacidad –tal como lo planteó el señor Soto–, es necesario que las distintas perspectivas sean tenidas en cuentas porque una persona con discapacidad visual no puede en ningún caso ser representante de las personas con discapacidad auditiva porque las necesidades son muy distintas. Ni que hablar de las personas con discapacidad intelectual, que tienen necesidades propias que han sido estudiadas durante años en su propio colectivo. Entonces, es importante que cada área de la discapacidad pueda tener un representante.

SEÑORA IROLDI.- Con respecte a este punto, hay que pensar y reglamentar cómo van a ser electos esos representantes. Una cosa es decir que tengo una organización de diez personas que no tiene ninguna representatividad y me presento. No solamente hay que ver que las organizaciones tengan una representatividad, sino también analizar cómo se eligen esos representantes. Es muy sencillo saber quiénes van a ser los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este caso en particular debe quedar claro o reglamentado cómo se van a elegir esas personas; no es nada menor.

SEÑORA CARABALLO.- Creo que es un tema a definir en el momento de la reglamentación, pero es importante tenerlo en cuenta en el punto de partida para no limitarnos en el proyecto de ley mismo.

                En referencia a las licencias sin goce de sueldo que se establecen en relación con la discapacidad, llama la atención en qué punto de la vida de una persona con discapacidad  se puede generar esa necesidad de tener una licencia sin goce de sueldo relacionada con la discapacidad. En general, cuando una persona con discapacidad tiene, por su propia discapacidad, algún tema que le impide presentarse en su lugar de trabajo, siempre está relacionado con una licencia médica. Eso es igual que para cualquier persona. Si la persona tiene un problema que no le permite ir a trabajar, eso está relacionado directamente con la licencia médica. Discutiendo con los compañeros, no encontramos un caso en el que la persona con discapacidad, independientemente de qué tipo sea, pueda realmente necesitar de esa licencia sin goce de sueldo. También creemos que eso puede llegar a ser una limitación o una cosa que en realidad vaya en perjuicio de la propia empresa y de la persona con discapacidad porque es sin goce de sueldo. En definitiva, contratar a una persona que tenga derecho a solicitar esa licencia sin goce de sueldo por el solo hecho de tener una discapacidad sin una justificación real puede terminar quitándole fuerza a la propia ley.

                Asimismo, hay un artículo que establece la posibilidad de solicitar licencia para los padres de personas con discapacidad. Ahí se puede terminar perjudicando a la gente que intenta ayudar porque esta ley simplemente ampara a las personas con discapacidad en sí misma, pero no contiene una norma que establezca que la empresa tiene la obligación de contratar a una persona que tiene hijos con discapacidad. Establecer que esas personas con hijos con discapacidad puedan tomar también una licencia en caso de que la necesiten puede terminar en una discriminación de hecho hacia esas personas que tienen hijos con discapacidad porque esta ley no las defiende. Reitero, esta ley es para las personas con discapacidad. Puede llegar a ocurrir que los padres de personas con discapacidad no conozcan ese artículo porque no es una ley para padres o familiares de personas con discapacidad y se genere una complicación.

 

SEÑOR SOTO.- El tema que trata ese artículo –no sé si textualmente– también se aborda en la Ley n.º 18651.

Estos son los temas que queríamos plantear en la comisión y nos gustaría saber qué opinión les merecen los considerandos que hemos señalado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra a los senadores que integran la comisión,  quisiéramos explicarles que la dinámica de trabajo de la comisión consiste en recibir a las delegaciones, escuchar sus planteos y luego hacerles preguntas por dudas  que surjan, pero no se delibera en presencia de los invitados.

                A partir de este momento, los senadores harán preguntas relativas a las inquietudes que ustedes plantearon y de las que se ha tomado nota. Es más, se sigue el mismo procedimiento con todos los invitados que se reciben en la comisión: quedan registrados todos los aportes que luego sirven para mejorar la redacción, en este caso, de este proyecto de ley que intenta ser un instrumento para el conjunto de las personas con discapacidad.

SEÑOR CAMY.- Agradecemos y destacamos la presencia de la delegación que representa a la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y a la Unión Latinoamericana de Ciegos. El  aporte que realizaron ha sido muy claro y, en lo personal, no tenemos ninguna pregunta. Posteriormente analizaremos en la versión taquigráfica los planteos, las sugerencias y las contradicciones que se han marcado y que nos parecen insumos importantes a analizar antes de votar el proyecto de ley.

                Soy del departamento de San José. Allí existe una organización, Bastón Blanco,  vinculada a la institución que representan y, por lo tanto, conozco de cerca lo que piensan respecto a estos temas. 

                Reitero que no tengo preguntas para hacer porque han sido muy claros y agradezco los aportes realizados.

Si la comisión y la delegación me permiten, me gustaría saber si como colectivo representante de una parte de la sociedad tienen información de casos de personas que estén formalmente en el mercado laboral y, al mismo tiempo, por su situación de discapacidad cobren una pensión o jubilación. También quisiera saber si conocen algún caso en que la persona esté en una situación aparentemente similar a la que describí, pero no puede trabajar por estar cobrando una pensión o una jubilación. Hago esta pregunta porque, más allá de la consideración de este proyecto de ley, estamos abordando de manera integral el acceso al mercado laboral de las personas con capacidades diferentes y precisamente algunas personas de escasa visión o ciegos me han planteado que no pueden trabajar porque por su discapacidad cobran una pensión, pero señalan que existen casos similares que lo han logrado.

                En este momento, estoy elaborando un pedido de informes con destino al Banco de Previsión Social y por esa razón pregunto a la delegación si tiene alguna información sobre este tema.

                Reiteramos el agradecimiento a la delegación por su comparecencia en la comisión y los aportes realizados.

SEÑOR DELGADO.- Más que hablar sobre lo que nos parece el proyecto de ley, la idea es –como dijo el señor presidente– que nosotros conozcamos la opinión que ustedes tienen de la iniciativa que tiene muchas aristas, es muy sensible y tiene un objetivo muy loable. Para nosotros es muy importante tener la visión de la aplicabilidad –si vale la expresión– de la ley. Creo que han hecho algunas propuestas –que agradecemos–, si bien no en el sentido que va la ley, pero sí para hacerla aplicable y práctica, y para que no quede, una vez más, en una ley muy bonita pero con letra muerta en su aplicación.

SEÑOR OTHEGUY.- Quiero saludar a la delegación que nos visita; es un gusto recibirlos.

                Creo que la exposición que hicieron consta de dos bloques: uno relacionado con la reglamentación de la ley, y el otro, directamente con el texto. Con respecto a este último, anoté las observaciones que hicieron, pero mi consulta concreta es si se han planteado la posibilidad de proponer a la comisión alguna redacción alternativa que tenga en cuenta los planteos que hicieron para que, eventualmente, podamos utilizarla como insumo cuando comencemos la discusión sobre el articulado.

                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PARDIÑAS.- Para mí también es un gusto recibir a esta delegación.

                Nuestra pregunta está vinculada con parte de la exposición realizada, fundamentalmente con las licencias, aspecto que fue mencionado por la delegada de la ULAC. Cuando se plantea la licencia extraordinaria sin goce de sueldo, sería anexa a la licencia por enfermedad o a la reglamentaria. Me gustaría que esto pudiera ser comprendido desde la óptica de la gran variabilidad que hay en el área de la discapacidad –tal como señalaron como fundamento–, porque es un elemento que hay que tener en cuenta. Entonces, tendría que considerarse la necesidad de incluir este tipo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, vinculada, por ejemplo, a determinados procesos concretos. Se nos ocurre pensar en alguien con dificultad motriz que su silla de ruedas o su elemento de desplazamiento, por equis razón, no esté funcionando; eso no lo concebimos como un motivo de licencia médica.

En definitiva, eso puede incluirse en el texto; de lo contrario, sería tomado como un síntoma o una señal de no inclusión en este proceso y de marcar esa diferencia en torno a las condiciones físicas.

SEÑOR MIERES.- Quiero sumarme al agradecimiento a la delegación que nos visita.

                Según el planteamiento del señor senador Otheguy en cuanto a distinguir cuáles son los asuntos a los que deberíamos aludir en el proyecto de ley, es cierto que hay cuestiones que son materia de reglamentación que exceden el alcance de la ley y otras que es necesario corregir en lo que respecta al tratamiento parlamentario.

                Por otra parte, nos preocupa mucho que la integración laboral no termine siendo un obstáculo en la medida en que hay una especie como de choque o de tensión con las pensiones que estas personas perciben por concepto de sus capacidades diferentes. En ese sentido, me sumo a la preocupación expresada por el señor senador Camy. Debemos encontrar un camino bastante más gradual y, al mismo tiempo, de compatibilidad, porque lo que uno busca es que exista una integración laboral pero sin tener que pagar el precio de la pérdida de otros subsidios que son realmente necesarios y que a veces se vuelven un obstáculo.

                Esas son las dos preocupaciones que quería trasmitirles.

SEÑORA IROLDI- En respuesta a lo planteado por los señores senadores Camy y  Mieres, las personas con discapacidad pueden cobrar, o no, un subsidio por discapacidad, resolución que dependerá del Banco de Previsión Social. Existe una ley que prevé que la pensión es compatible con el trabajo, es decir, una persona que cobre pensión por discapacidad además podrá trabajar. En caso de que la persona esté diagnosticada con una discapacidad severa, sin importar el monto del salario, podrá seguir cobrando la pensión. En caso de que el Banco de Previsión Social haya determinado que la discapacidad es común, si el salario supera el monto de tres pensiones –quizás un poco más de $ 30.000 nominales–, la pensión se suspende.

En el caso de una jubilación por discapacidad esta se suspende por ser incompatible con el trabajo. Ahora, si la persona que se jubila concursa en cargos públicos tiene que renunciar a la jubilación. Hago referencia a los cargos públicos porque seguramente ninguna persona que cobre una jubilación por discapacidad renuncie para ingresar a una empresa donde no va a tener la seguridad de si va a seguir trabajando porque luego será bastante más complejo poder recuperar esa jubilación. También hay algunas cuestiones respecto al subsidio transitorio que el BPS ya tiene previstas. Entonces, la jubilación implica que la persona no pueda trabajar y en los otros casos sí. Lo que creo es que hay mucha desinformación con respecto a las pensiones. Hace muchos años atrás automáticamente se perdía la pensión cuando se empezaba a trabajar, pero gracias a las gestiones que se hicieron desde las organizaciones, hace más de cinco años, se logró este ajuste.  

Además, quiero decir con el mayor de los respetos, que el lenguaje es muy importante porque genera realidades. Todas las personas tenemos capacidades diferentes. Hay unos chicos con síndrome de Down que usan unas camisetas que tienen de un lado una botella de un litro y del otro una jarra pequeña, mostrando que esas son las capacidades diferentes. Según la convención, hemos sido definidas como personas con discapacidad que varía si es visual, motriz, auditiva, etcétera. Lo mismo dijimos hoy porque al hablar de la expresión «discapacitado» estamos discapacitando a toda la persona siendo que en realidad esa discapacidad podrá tenerla en determinado ámbito o por una multidiscapacidad. Aprovecho la oportunidad de que estamos ante nuestros representantes políticos porque creemos que es importante hacer esta señalización.

SEÑOR SOTO.- Ante la pregunta de si podemos aportar a la redacción del articulado decimos por supuesto que sí, pero no quisimos ser atrevidos y adelantarnos en traer una propuesta sin antes conversar con ustedes y saber si existe esa instancia. Es claro que nuestro planteo va en las dos direcciones tanto en la reglamentación como en mejorar algunos aspectos de la redacción del articulado. Junto con la Unión Latinoamericana de Ciegos podríamos plantear alguna propuesta de redacción y quedamos a las órdenes para ello.

SEÑORA CARABALLO.- Voy a hacer una síntesis de las principales  preocupaciones que queremos que realmente se tomen en consideración.    

                El primer caso, sería el rol del operador laboral que plantea el proyecto de ley. Consideramos muy importante que exista ese acompañamiento, pero que tenga un objetivo muy claro de cumplir únicamente con la adaptación de la persona al puesto laboral, que sea por un tiempo determinado, que se hagan revisiones periódicas para ver si ese apoyo del operador laboral sigue siendo necesario, pero que ese trabajo apunte, sí o sí, a que la persona pueda ir adquiriendo cierta independencia en el ejercicio de su tarea. De no ser así, la persona estará ocupando un cargo con un asistente de hecho, y la persona con discapacidad no es la que en sí estaría desarrollando la tarea. Además, no se estaría cumpliendo el objetivo de tener un trabajo digno remunerado y sentirse parte de la sociedad.

Es muy importante cómo se instrumenta, es decir, si se encarga la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad o la nueva comisión que se crea; quiénes son los representantes electos en dicha comisión, cómo se eligen y si se va a incluir o no al Ministerio de Salud Pública. Esos son aspectos importantes que, a nuestro juicio, hay que considerar.

                En el caso de las licencias extraordinarias sin goce de sueldo, si se van a incluir –creo que es algo que se debe analizar a fondo– la persona debe tener una argumentación que la respalde, que sea algo que le aporte realmente y no que vaya en detrimento de su trabajo y de la propia empresa. Si una persona se está adaptando a un puesto y pide esa licencia extraordinaria, esa adaptación se va a demorar. Eso también va a implicar complicaciones en la articulación con el operador laboral. Al mismo tiempo, volviendo a lo del operador laboral, este debe estar adaptado a cada tipo de discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual no necesita un operador laboral que esté compartiendo todo el horario laboral ni por un plazo determinado, sino que su puesto tenga una adaptación –principalmente tecnológica– en sí misma, tener a disposición un lector de pantalla o un magnificador, una computadora con auriculares. Es una adaptación que se hace en el momento en que la persona inicia su trabajo, si se quiere una capacitación en software en caso de que la empresa tenga uno propio y, por tanto, sea desconocido para la persona, pero no necesita un acompañamiento permanente. Eso es algo que debe quedar en las bases de la ley: que ese acompañamiento sea puntual y para la adaptación. Me parece perfecto que se evalúe si una persona necesita un plazo más extenso de ese apoyo, pero que sea algo a término, porque si fuera permanente se va a perder el objetivo real de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para la comisión ha sido una satisfacción haberlos recibido y es invalorable el aporte que están realizando. De hecho, no lo consideramos atrevido, sino que sería muy bueno para nosotros que nos alcanzaran algo por escrito en cuanto pudieran hacerlo.

SEÑOR SOTO.- Los agradecidos somos nosotros.

 

(Se retiran de sala los representantes de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay

y la Unión Latinoamericana de Ciegos).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se había convocado a dos delegaciones más, una desistió de venir por segunda vez y la otra no contestó. Por lo tanto, la convocatoria a esta sesión especial para recibir a las delegaciones concluye de esta forma.

                Habíamos solicitado un análisis sobre este proyecto de ley y sobre la promoción del trabajo de personas con discapacidad. En el informe jurídico están previstos los plazos constitucionales, por lo tanto, se tiene que aprobar este mes.

Por otra parte, la secretaría de la comisión solicitó un análisis de todas las carpetas a estudio a efectos de ver cuál encaja en los plazos constitucionales para poder analizarlos en la próxima sesión.

 Por último, se había solicitado hacer el comparativo, que se ha repartido en la jornada de hoy, de las propuestas que vienen del Poder Ejecutivo y la que hizo la red temática de la Universidad de la República en la reunión pasada.

Se levanta la sesión.

(Son las 14:29).