COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión del día 5 de setiembre de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Son las 14:15)

                –Damos la bienvenida a esta delegación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT a esta sesión especial de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Quiero que sepan –lo han de conocer por trascendidos públicos– que nos encontramos en pleno tratamiento del proyecto de rendición de cuentas y normalmente este trabajo ocupa a la mayor parte de los senadores. Las sesiones duran desde las 10 de la mañana, hasta las 5 o 6 de la tarde, con una breve pausa en el medio, cosa que todavía no ocurrió en el día de hoy; la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda sigue sesionando en estos momentos. Por lo tanto, algunos de los integrantes de esta comisión de asuntos laborales, que estaban de acuerdo en recibir a las delegaciones para adelantar el trabajo en materia del debate definitivo sobre un proyecto de estas características –los señores senadores Otheguy, Tourné, Delgado y Camy–, están ahora trabajando en la comisión de presupuesto.

                Dado el tenor de lo que estamos debatiendo y lo sensible de lo que están promoviendo, nos pareció importante no retrasar más la visita de esta delegación. Queremos  escuchar los argumentos, la opinión del movimiento sindical, del Instituto Cuesta Duarte; para eso estamos reunidos acá.

SEÑOR CASTELLANOS.- Soy el director del Instituto Cuesta Duarte y, antes que nada, quiero agradecer a la comisión que haya hecho un alto en el estudio de la rendición de cuentas para conversar con nosotros sobre un tema, diría, muy sentido por los trabajadores y que ha tenido un largo peregrinaje por las distintas cámaras a partir de la necesidad y de la urgencia en contar con un proyecto de ley que fomente y posibilite que trabajadores con diferentes capacidades puedan acceder a desempeñarse en la órbita privada. Sabemos que en el ámbito público ya existen normas al respecto, pero en el ámbito privado hay un vacío que queda librado en cierto modo a los buenos oficios que puedan tener los empresarios en alguna circunstancia.

                Diría que, en general, nadie estaría –o nadie se anima a estar– en desacuerdo con este proyecto –le puedo preguntar a cualquier uruguayo y va a estar de acuerdo en fomentar a los trabajadores con discapacidad–, pero después, por diferentes motivos y causales, llevarlo a la práctica y transformarlo en ley ha tenido sus bemoles. Sin dudas, por más que tenga como punto de partida un acuerdo general, las particularidades luego comienzan a provocar dificultades. Si será así que el año pasado la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto, que después fue observado  por el Poder Ejecutivo. Nosotros, con mucho esfuerzo y paciencia, en la búsqueda de esos acuerdos trabajamos con el Poder Ejecutivo durante todo este año en el Consejo Tripartito Superior –quien les habla formaba parte de una comisión que todas las semanas iba al ministerio de trabajo y al consejo superior a buscar entendimientos– hasta que se llegó a un resultado, que quizás no sea el ideal que perseguíamos, pero sabemos que en democracia y en estos ámbitos hay que buscar los acuerdos imprescindibles. Como decía, se llegó a un acuerdo que posibilitó que el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento un proyecto con algunas modificaciones con respecto al texto que venía de la Cámara de Representantes.

                Este proyecto ingresó al Senado, pero comenzamos a ver que los días pasaban. Sabemos que la comisión tiene una agenda cargada –en cierto momento tuvo a estudio el proyecto de reforma del servicio de retiros de las Fuerzas Armadas–, pero somos conscientes de que hay responsabilidades mutuas. También sabemos que como esta legislatura está llegando a su último año, más apretado de tiempo está el Senado. No obstante, nos parece que el tema es de suficiente importancia y trascendencia; sería una señal muy importante, en momentos en que todos buscamos mayor horizontalidad, más equidad y mayor reivindicación de derechos, que el Senado pudiera aprobar este trabajoso acuerdo, sobre todo en el entendido de que como tiene modificaciones, tendrá que volver a la Cámara de Representantes, lo que implica más trámites y más tiempo.

                No era nuestra intención explicar lo trabajoso que fue llegar a este borrador de acuerdo en el ministerio, pero quedamos a las órdenes para responder las dudas e inquietudes de los señores senadores.

                Venimos trabajando en esta materia desde hace varios años. Me acompaña la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT, integrada por compañeros muy abnegados, que están al frente de esta área haciendo esfuerzos muy importantes, y no solo esperando que se apruebe esta ley. El tema ya es parte de la negociación colectiva en los consejos de salarios; ya hemos logrado algunos avances en los convenios colectivos para la atención de estas realidades, pero eso nunca tendrá la fuerza de una ley. Por lo tanto, nos parece importante estar aquí y robar unos minutos a la comisión para ver si podemos ponernos en sintonía, haciendo hincapié en la urgencia que para nosotros tiene este tema.

SEÑORA ALBERTI.- En lo único en que voy a corregir a mi compañero es en que no es comisión, sino Secretaría de Discapacidad; tanto han militado los compañeros, que ha pasado de ser comisión a ser secretaría.

Los compañeros con discapacidad son sujetos de derecho, aunque a veces, por tratarse de personas con discapacidad, uno les tiende la mano por creer que son diferentes.

                Les agradecemos que hayan hecho una pausa y nos hayan atendido para abordar un tema que para nosotros es una prioridad: que este proyecto se convierta en una ley para los compañeros con discapacidad, quienes hoy están necesitando ingresar al ámbito laboral y mantenerse por sí mismos. Hoy las personas con discapacidad son de las más discriminadas por parte de una sociedad que, a nuestro juicio, a veces no comprende que se trata de personas con los mismos derechos que todos nosotros. Por eso creemos que este tema es urgente.

                Los compañeros que nos acompañan han militado muchísimo, además de muchos otros que también están atrás de este proyecto de ley. Por eso a veces no entendemos la burocracia, es decir, por qué hace dos años que este proyecto no se aprueba. Nosotros venimos hoy a pedirles que, en lo posible, nos den una resolución a la brevedad sobre este proyecto de ley. Eso es lo que venimos a solicitarles: la procura de esta tan ansiada realidad, tanto para nosotros, como para muchos compañeros a quienes venimos apoyando en este proyecto.

                Les agradecemos muchísimo que nos hayan recibido.

SEÑOR NIEVES.- Quiero mencionar algunos antecedentes que pueden ayudar a ratificar la urgencia.  

                Este tema ingresó al Parlamento en agosto de 2015, pero ya veníamos trabajando desde hacía un año con las organizaciones sociales en la construcción de lo que fue el primer borrador de ley de empleo, que tenía 21 puntos.  Nosotros comenzamos a trabajarlo con 9 puntos, pero terminó con 21.

                Después llegamos al 17 de octubre, cuando se logra esta media sanción por votación unánime. En noviembre de 2016 empezamos a ver algunas observaciones y se iniciaron los intercambios con el Poder Ejecutivo. A mayo de 2018 tenemos el cuarto proyecto de ley, esta vez con iniciativa del Poder Ejecutivo. Pensamos que fue trabajado desde muchos puntos de vista, pero paralelamente es bien interesante ver cómo se fueron dando algunos procesos, de la mano con algo que nos empieza a preocupar: que no termine en una promesa o en una aspiración a, en lugar de en una concreción. A nivel de las organizaciones sociales se dio un ciclo de acciones que es bien interesante respetar. 

                Dentro de las figuras que mencionamos en el proyecto de ley está la del operador laboral. Ya hay dos organizaciones –una fundación y una organización de personas con discapacidad– que están trabajando fuertemente en el concepto de operador laboral, tratando de generar ese recurso.

                En el proyecto de ley original empezamos a discutir el tema de las licencias especiales para los padres con hijos con discapacidad,  y en estos convenios colectivos en los consejos de salarios hemos logrado que varios sindicatos introdujeran el tema de la mirada de género para que no sean solamente las madres las que se hagan cargo del abordaje de la temática de la rehabilitación de los gurises con discapacidad. A nivel educativo se han dado procesos de continuidad educativa; a través del Ministerio de Educación y Cultura y de la comisión de continuidad educativa se viene promoviendo el pasaje del primer ciclo al segundo ciclo –esto es, UTU y liceo–, en el entendido de que los gurises con discapacidad tienen que ingresar preparados al mercado laboral. Por ende, se están haciendo grandes esfuerzos para la continuidad educativa. O sea, no es solamente este proyecto, sino que hay varias acciones y varios caminos que se están abriendo, que en alguna medida reflejan lo integral de la iniciativa que presentamos.

                En lo que tiene que ver con la salud mental, entendemos que los usuarios de los servicios de salud mental son de los más vulnerables y quienes menos consiguen empleo. Por lo tanto, también se trató de articular ese aspecto mediante algunos elementos para que los usuarios de los servicios de salud mental pudieran ingresar al mercado laboral con algunas garantías. Fruto de eso se están dando algunas discusiones para ver otras reglamentaciones, como la relativa a la tutela, la pensión o la jubilación por discapacidad, con la imposibilidad definitiva de trabajar. Nos da la sensación de que sería necesario que este proyecto de ley, muy prolijamente trabajado, muy consensuado y con una alta discusión –recordamos también los últimos dos ejercicios de ratificación por parte de la sociedad mediante la firma, para saber si respaldaba el proyecto de ley–, culminara su trámite en este período de gobierno, cerrando así un capítulo. Sentimos que si bien ha estado en la agenda de manera permanente desde hace cuatro años –cosa que no ha sucedido en otros momentos históricos–, ya es necesario que el proyecto llegue a su culminación.

                Por otra parte, sabemos que a nivel de discapacidad año a año se viene generando, por diferentes procesos, la acumulación de trabajadores por discapacidad. Eso es algo que no logran articular las políticas de ingreso en la medida en que esos trabajadores no acceden a un beneficio –como puede ser una pensión o una jubilación por discapacidad–, ni pueden entrar al mercado laboral por la condición de discapacidad que tienen. Nos da la sensación de que a nivel de políticas de discapacidad, teniendo en cuenta las observaciones que nos hacen ONU, la OIT y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la culminación de este proyecto de ley sería necesaria, concretamente durante este período.

                Como todo proyecto de ley, como punta del iceberg es reflejo de un montón de acciones y de avances que se vienen dando a nivel social con relación a los derechos de las personas con discapacidad, pero necesitaría culminar en un tiempo finito para que el proceso no termine en un desgaste, en un descreimiento y, en alguna medida, en la sensación de que algo que fue construido y respaldado colectivamente, no es escuchado.

                Dejo por aquí el recuento de las acciones que se vienen dando de la mano de esta discusión.

SEÑORA PASSADA.- En primer lugar, agradezco la presencia de nuestros invitados y les quiero hacer saber que estamos comprometidos con este proyecto.

                Como vimos con el señor presidente, el nuevo texto que tenemos a estudio ingresó en mayo de este año. Durante este período, como bien se dijo, tuvimos la discusión del proyecto de reforma de la seguridad social militar, que ya finalizamos, por lo que ahora este texto es el primer punto del orden del día de la comisión. Por eso quiero dejar en claro el compromiso; me atrevo a decir que los integrantes de esta comisión tienen la sensibilidad suficiente como para promover y acompañar este proyecto.

                Nuestros visitantes hacían referencia a la ley de salud mental y quiero recordar que en estos años se introdujeron modificaciones a la vieja ley en la materia, es decir, la ley del psicópata. Se trata de una norma que hace muy poco tiempo terminó de reglamentarse, que atiende temas específicos y particulares que en algunos elementos se cruza, inclusive, con la situación concreta del articulado de este proyecto de discapacidad.

                Se trata de dos iniciativas importantísimas, que cuentan con nuestro compromiso en el entendido de que debe haber una construcción social de la discapacidad. Si tenemos discapacidad sin construcción social, lo que hará la ley será ayudar, pero el problema se mantendrá. Creo que esos son elementos a tener en cuenta, que a veces van por fuera de la normativa porque se trata de esa construcción que tenemos que generar entre todos.

                Entonces, por lo menos cuenten con la aprobación de este proyecto a la brevedad. Durante este mes tenemos cierta complejidad por el tratamiento de la rendición de cuentas, pero en octubre podríamos estar en condiciones de considerar el tema. El proyecto anterior tuvo media sanción y si bien, como saben, tuvo sus inconvenientes, el Senado recibe el acuerdo. ¡Qué mejor que tener una normativa que haya logrado un consenso con anterioridad!

SEÑOR MIERES.- Quiero formular una pregunta que, a mi juicio, resulta necesaria  para, al menos, tener alguna opinión de parte del movimiento sindical. Me refiero al incumplimiento de la ley referida al sector público. ¿Qué sugerencias nos pueden hacer? ¿Qué ideas tienen? El riesgo de estos temas es que uno termina votando normas que nos dejan fenómeno, son para la tribuna, pero después no se cumplen. Y lo que tenemos hoy en el Estado es el incumplimiento más rotundo de la cuota.

                Entonces, la pregunta es si se les ocurre alguna idea porque, al tiempo que estamos legislando para el sector privado, deberíamos ver  de qué manera podemos dar más garantías sobre el cumplimiento de las normas del sector público. Si tienen alguna propuesta en ese sentido, será bienvenida.

SEÑOR CASTELLANOS.- Es cierto. Nosotros también somos autocríticos en ese tema. El movimiento sindical no ha jugado un rol, que podría desempeñar con mayor incidencia, con mayor protagonismo, en lo que tiene que ver con la negociación colectiva a nivel de lo público. Todos sabemos que Uruguay tiene negociación amplia con respecto a los funcionarios públicos, tanto de la Administración central como de las empresas estatales. Entonces, en primer lugar hacemos autocrítica, es decir, este es uno de esos tema respecto de los cuales, en nuestro país, muchas veces se ha barrido para abajo de la alfombra. Todos, de una manera u otra, lo hemos discutido sin la profundidad del caso; creo que tiene que ver con aspectos sociológicos y culturales.

                Sí nos comprometemos con el Senado en lo siguiente. El movimiento sindical ya está asumiendo, dentro de sus posibilidades, en los convenios colectivos, la reivindicación de las cuotas que no se cumplen a nivel de los trabajadores públicos. Inclusive, estamos incorporando el tema en lo que es la negociación de los privados; hoy hay muchos convenios colectivos privados por los que se está incorporando este tema a iniciativa del movimiento sindical.

                Entonces, lo primero es hacer autocrítica y, en segundo término, nos comprometemos a hacer un esfuerzo para que esto se cumpla a nivel del Estado. De todos modos, hay que decir que no hemos hecho todo lo que podemos.

SEÑOR MIERES.- Si se les ocurre alguna idea de incorporación de modificaciones normativas referidas a la ley vigente sobre el sector público, les solicito que nos la hagan llegar porque podríamos aprovechar para ver de qué manera podemos ayudar al cumplimiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Nosotros empezamos a tratar este proyecto de ley en julio; casi que ni bien llegó lo tomamos e introdujimos el tema en la discusión. Recuerdo que algunos colegas plantearon la misma inquietud que ahora manifiesta el senador Mieres, es decir, conocer en qué medida se está cumpliendo con la normativa en esta materia a nivel público. Por tal motivo enviamos una consulta a la Oficina Nacional del Servicio Civil, aunque hasta ahora no hemos recibido respuesta. En su momento podremos intercambiar la información que se nos remita, porque se trata de un buen insumo.

                Por otro lado, recuerdo que la primera delegación que invitamos y recibimos fue el sector empleador, en este caso, la Cámara de la Construcción del Uruguay, que nos planteó algunas interrogantes que consideramos de recibo porque no teníamos la respuesta. Será bueno que en su momento traslademos eso a la central sindical porque es mejor enmendar un error desde el arranque que tener que estar después corriendo atrás. Queremos tener un buen instrumento para las personas que no están en las mismas condiciones que los demás para obtener un empleo y lo peor que puede suceder es que contemos con un instrumento que no podemos utilizar. Una de las consultas que hacían era en qué momento –en el caso, por ejemplo, de una obra en construcción– se iba a estar saliendo del 2 % mínimo que se plantea. Señalaban que en la construcción se llega a niveles de crecimiento tal, que a veces se alcanza un número de 6000 trabajadores. Preguntaban entonces cuándo había que llegar al 4 %, y cuándo el porcentaje comenzaba a decrecer. Son preguntas prácticas, que solamente los trabajadores y empleadores del lugar pueden contestar. Sería bueno, entonces, que vía ley o vía reglamentación, se evacuaran estas interrogantes. Tengo aquí, precisamente, el planteo hecho por la Cámara de la Construcción del Uruguay.

                En nombre de la comisión, me comprometo a hacer llegar a la central sindical el planteo de la Cámara de la Construcción del Uruguay y la respuesta que nos dé la Oficina Nacional del Servicio Civil. De esta manera, tenemos la expectativa –al igual que la señora senadora Passada– de que antes de que culmine el tratamiento de este proyecto, en el mes octubre, podamos tener una nueva reunión de trabajo e intercambio de ideas.

                Para que vean la efectividad del trabajo en el Parlamento, ya les podemos entregar una copia del planteo que trasladó la Cámara de la Construcción del Uruguay.

                A la delegación que nos acompaña y a los compañeros del movimiento sindical, les extiendo nuevamente las disculpas de parte de aquellos que querían estar presentes hoy aquí pero que no pudieron hacerlo por estar abocados a otras tareas que en este momento requieren de su atención en el Senado. Les agradezco en nombre de la comisión por el aporte que han hecho y por la comprensión que han tenido respecto del tiempo que pudimos dedicarles en la jornada de hoy.

                Muchas gracias.

(Se retira de sala la delegación del Instituto Cuesta Duarte y del Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores).

 

(Ingresan a sala representantes de la Asociación Down del Uruguay).

 

–Buenas tardes.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene el gusto de recibir al señor Camilo Lumaconi, a la señora Nidia Viña y a la psicóloga Laura Cortés, representantes de las autoridades de la Asociación Down del Uruguay, a los efectos de escuchar sus opiniones, propuestas e inquietudes acerca del proyecto de ley que estamos analizando, relativo a oportunidades de trabajo para las personas con capacidades diferentes.

Como recién decíamos a la delegación que los antecedió, pedimos disculpas en nombre de varios de los integrantes de esta comisión que están trabajando en estos momentos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda –en realidad, estamos todos abocados al análisis de la rendición de cuentas–, cuyas reuniones matutinas finalizan generalmente sobre la hora 13, salvo en jornadas como la de hoy, en que los colegas se entusiasman tanto en el debate que aún continúan allí. De otro modo, estarían aquí con mucho gusto los señores senadores Marcos Otheguy, Carlos Camy y Daisy Tourné, integrantes también de esta comisión, a quienes luego procuraremos trasladar este informe.

Cedemos ahora el uso de la palabra a los integrantes de la delegación.          

SEÑORA VIÑA.- Mi nombre es Nidia Viña, en este momento soy la presidenta de la Asociación Down del Uruguay y tengo un hijo de 36 años con síndrome de Down, que felizmente es un muchacho que toda la vida ha tenido buenas oportunidades, buena educación y buena estimulación, y hace ocho años que trabaja, con el apoyo necesario, en una empresa privada. Por lo tanto, en ese sentido está integrado.

                En la asociación venimos trabajando desde hace más de once años en el tema de la inclusión laboral de los jóvenes con síndrome de Down y otras formas de discapacidad intelectual. Felizmente es un proceso que se nota que avanza, que va dando pasos firmes. Tan es así que en el año 2017 presentamos a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANII, un proyecto para la formación de operadores laborales, que fue aprobado y cuenta con una financiación parcial de la ANII. Después de varios meses de trabajo, anteayer, en nuestra sede, hicimos el lanzamiento del curso, que comienza este viernes. De acuerdo con el compromiso que tenemos con la ANII, se van a formar veinte operadores laborales este año y otros veinte el año próximo, para hacer el acompañamiento de las personas con discapacidad cuando se integran a un puesto de trabajo.

Esto se viene concretando, y ahora tuvimos la alegría de ver que en el nuevo proyecto de ley a estudio de esta comisión del Senado se reconoce la figura del operador laboral. De hecho, el pasado lunes el ministro Murro estuvo con nosotros en el mencionado lanzamiento, donde reconocía que, en cierta forma, la asociación se adelantó al proyecto al empezar a organizar el curso. El proyecto reconoce esta figura, que sabemos que es esencial en el proceso de acompañamiento de una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial cuando procuramos que sea un trabajador más, con sus limitaciones, pero también con sus condiciones y su capacidad de trabajar en el puesto que se designe como apto para ella.

Desde nuestra posición en la sociedad civil apoyamos este proyecto. Somos una institución que durante más de treinta y dos años ha defendido los derechos de nuestros hijos con síndrome de Dow y ahora nos ha llegado el momento de esta concreción.  Por el avance de la vida, quienes eran bebés cuando creamos la asociación hoy son adultos, pero también se han incorporado otros, jóvenes y adultos. Sabemos que abrimos camino, y que el proyecto que hoy están estudiando ustedes contempla la exigencia de la contratación de personas con discapacidad en el ámbito privado, pero en cada instancia en la que podemos, queremos recordar que el Estado no cumple con el cupo del 4 % de vacantes que deben ser llenadas por personas con discapacidad. Eso es un debe del Estado uruguayo en toda la Administración pública, porque sabemos que ese porcentaje no se cumple ni en un 1 %.

Esos son los dos grandes temas y, obviamente, este proyecto de ley nos llama a venir con gusto a esta comisión.

Muchas gracias.

SEÑORA CORTÉS.- Mi nombre el Laura Cortés y soy coordinadora del equipo de inclusión laboral de la Asociación Down del Uruguay.

                Quiero manifestar que venimos trabajando arduamente y estamos muy contentos con este proyecto de ley de operadores laborales.

                Leyendo el proyecto que ustedes tienen a consideración, una de mis preocupaciones como operadora laboral –sin certificación, porque hasta ahora, que comenzaremos los cursos, no existe título alguno– es qué amparo tiene esta figura, desde el punto de vista del derecho, como trabajador. Lo discutíamos con otros colegas, pensando si será el Estado el que va a contratar a ese operador laboral. ¿Cómo va a ser esa figura? Consideramos que eso no queda claro en el proyecto de ley y, desde nuestra posición, nos parece importante contemplar al trabajador con discapacidad, pero también a esa nueva figura que aparece, que nosotros –adelantados– ya estamos proponiendo que se cree. ¿Qué marco se le va a dar a ese operador laboral? Esa es una de nuestras grandes preocupaciones.

SEÑOR LUMACONI.- Buenas tardes. Mi nombre es Camilo Lumaconi y soy integrante del equipo del proyecto que se mencionaba anteriormente, de formación de operadores laborales.

                Lo único que quisiera agregar es que esperamos que este proyecto de ley se apruebe lo antes posible. Sabemos que una vez que ello ocurra vendrá un decreto reglamentario, y esperamos ser consultados al respecto y participar de la manera que podamos, sobre todo considerando que en ese momento seguramente ya habrá arrojado resultados –esperemos que muy positivos– el curso que en estos momentos está comenzando. Nos gustaría poder incluir en esa reglamentación –porque no está en el texto del proyecto– los mecanismos para monitorear la implementación de la ley; y, en lo que me es personal, creo que sería muy interesante que esos mecanismos también sirvieran para monitorear la de la ley de inclusión de personas con discapacidad en la Administración pública.

                Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Simplemente quiero saludar y agradecer la presencia de las autoridades de la Asociación Down del Uruguay, y valorar lo que han hecho, en general, por el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad. Me parece que ese es un gran elemento que marca la trayectoria de esta asociación.

                Comparto la preocupación que se señalaba en cuanto al incumplimiento de la ley vigente y a cómo buscamos la manera de evitar que estas normas terminen siendo más formales que reales, es decir, cómo aseguramos que efectivamente se apliquen. Creo que parte de nuestro rol en la comisión es esto último: ver cómo generamos mecanismos de seguimiento y de evaluación y, eventualmente, asegurarnos de que la norma se cumpla porque, si no, solo es un saludo a la bandera, y obviamente no es el objetivo que todos buscamos.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de toda la comisión insisto en lo que reivindicamos frente a otras delegaciones en lo que refiere al tratamiento de este tema, que es sentirlo por dentro, es decir, comprometernos de verdad.

                La delegación anterior reclamaba, por ejemplo, el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil para saber el grado de cumplimiento de las distintas instituciones del Estado. Considero que ese puede ser un buen instrumento para ir generando entrevistas y reuniones, tratando de que realmente se cumpla con la ley. Y ahora esto también será un desafío para la actividad privada.

                Al igual que a la delegación anterior, queremos decirles que si existiera algún documento o aporte que a su entender pueda ser importante para esta comisión, pueden acercarlo a la secretaría. Pensando que este mes de setiembre podríamos estar finalizando la discusión de la rendición de cuentas, en el mes de octubre quizá podamos estar concluyendo la consideración de este proyecto de ley, al menos en esta cámara. Lógicamente, deberá pasar por la Cámara de Representantes, pero lo que queremos es llegar allí con una propuesta que cuente con el mayor consenso posible.

SEÑORA VIÑA.- A nosotros, que básicamente representamos a las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual, nos alegró mucho una mejora introducida al proyecto de ley que tuvo media sanción en octubre de 2016. Me refiero a que, al reconocer la figura del operador laboral, se está dando lugar al reconocimiento de las personas con discapacidad intelectual. Con aquel proyecto, al hablar de discapacidad en general, nos daba la sensación de que se estaba pensando en otro tipo de discapacidades, tales como las sensoriales o las físicas –que obviamente también necesitan protección y oportunidades de trabajo–, pero de alguna manera quedaba para atrás la discapacidad intelectual. En este caso, no solo se incorpora al operador laboral, sino que además hay artículos que contemplan la situación de la familia, previendo algún tipo de licencia especial o un tema de horas para aquellos padres que tienen un hijo –como es mi caso– al que deben atender con distintas terapias. Desde bebés, siendo niños y durante todo el crecimiento, es mucho el tiempo que insume el concurrir a los diferentes lugares. En ese sentido, este proyecto mejora en mucho el anterior.

                Hasta donde sabemos, aunque el Estado estuviera cumpliendo con el cupo del 4 % de ingresos de personas con discapacidad –y está muy lejos de esa cifra–, con las normas que existen hoy y la forma de los llamados que se realizan para cubrir estos puestos en el Estado, las personas con discapacidad intelectual siguen quedando afuera. Ni que hablar de las personas con discapacidad psicosocial, que es un tema aún más difícil. En los llamados, para el cargo que sea, se exige secundaria completa, y no hay jóvenes con síndrome de Down o con discapacidad intelectual que hayan terminado secundaria. A veces el puesto no requiere esa capacitación, pero igual se está exigiendo en el llamado. O sea que, en los hechos, aunque esto pueda incluir a una persona con discapacidad física, está excluyendo a una con discapacidad intelectual.

                Por tanto, vamos a seguir insistiendo en esos temas siempre que podamos, buscando la forma de que se escuche esta voz.

SEÑOR PRESIDENTE.- Con mucho gusto recibiremos los planteos que quieran hacer.

                Agradecemos la presencia de las autoridades de la Asociación Down del Uruguay.

                Se levanta la sesión.

(Son las 15:00)