COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

(Sesión celebrada el día 29 de agosto de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 13:47).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Solicitud de audiencia de CEMPRE Uruguay –Compromiso Empresarial para el Reciclaje–  para compartir opinión respecto al proyecto de ley de Gestión Integral de Residuos.

                Palabras pronunciadas por el señor edil Andrés de León, relacionadas con la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE en Maldonado. (Enviada oportunamente por correo electrónico).

                Solicitud de audiencia de Mario Grolero, de la empresa TransProjekt, para presentar proyecto de generación de energía mediante tratamiento de residuos».

               

(Ingresan a sala integrantes de la Comisión de Medio Ambiente

de la Cámara de Industrias del Uruguay).

               

                –La comisión da la bienvenida a los representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay que nos visitan en el día de hoy: Juan Carlos De León, Álvaro Escandell, Julio Sosa, Verónica Gené, Agustín Tassani y Milton Vázquez.

                La semana pasada, invitados por la Cámara de Industrias del Uruguay, estuvimos reunidos con su directiva y con algunos de los aquí presentes. En esa instancia no pudieron participar todos los integrantes de la comisión, solo  estuvimos  presentes la señora senadora Xavier, el señor Garín y quien les habla. Y, lamentablemente, en el día de hoy, de nuevo la comisión está representada por quienes nos reunimos en esa oportunidad. Es una pena porque se trató de un encuentro muy fructífero –esa fue nuestra evaluación–, en tanto se dieron elementos muy importantes vinculados a este proyecto de gestión integral de residuos.

                De cualquier manera, nos parece que esta instancia formaliza ese encuentro y nos permitirá dejar constancia en la versión taquigráfica de los aportes realizados por quienes nos visitan. Ello nos servirá de insumo, obviamente, para todo el trabajo que tiene por delante la comisión en la discusión de este proyecto de ley tan importante.

SEÑOR DE LEÓN.-            Muchas gracias por recibirnos. Para nosotros es muy importante esta comparecencia.

Soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industrias del Uruguay y en esta oportunidad me acompañan integrantes del grupo de trabajo –reducido–, en representación de varios sectores de actividad, como Verónica Gené, Milton Vázquez y Agustín Tassani, y de nuestros técnicos, Álvaro Escandell y Julio Sosa.  

                También agradecemos la visita a nuestra institución la semana pasada, a la que hizo mención el señor senador De León. Quedamos en presentarles un informe y realizar una presentación sobre el plan de gestión de envases que entregaremos al final de nuestra exposición.

                Estamos comprometidos con el cuidado y protección del medioambiente y coincidimos con los ejes fundamentales del proyecto de ley.

Junto con la Dinama hemos recorrido, desde hace tiempo, un camino de construcción de confianza, con un intercambio y diálogo muy fluidos, en especial con el director Alejandro Nario y su equipo, aspecto muy importante que deseo resaltar.

                Sin embargo, venimos planteando algunos temas que consideramos deben ser atendidos para mejorar el proyecto de ley en cuestión y los necesarios equilibrios.

Podemos mencionar la falta de inclusión de los siguientes planteos que hemos realizado en las cinco notas entregadas al director nacional de Medio Ambiente y la necesidad de certezas en la redacción del proyecto de ley. Esas notas acompañan el informe, para que quede registrado.

                Algunos de los planteos hacen mención a rever la herramienta de financiamiento que establece el proyecto de ley, Imesi al producto, para determinar mejores opciones que cumplan con el objetivo ambiental y brinden certezas a las empresas. También, garantizar la utilización de los fondos exclusivamente para los fines del proyecto de ley; incluir que el presupuesto del Fondo Nacional de Gestión de Residuos –Fonagres– sea sometido a aprobación por parte del Parlamento en el presupuesto quinquenal del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con sus adecuaciones anuales a través de leyes de rendiciones de cuentas –ya que pasará a ser un gasto público–; incluir representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay en el principal órgano de decisión, Fonagres, que establece el proyecto de ley y garantizar la participación de instituciones privadas con independencia técnica –por ejemplo, el LATU, Unit, Academia, CTplas, etcétera– para la implantación de restricciones o prohibiciones de comercialización de productos, incentivos y definiciones técnicas, entre otros.

                Venimos trabajando en los temas de medioambiente desde la Ley n.º 17849 –ley de envases–,  de 2004; luego siguieron el Decreto Reglamentario n.º 260 de 2007, y los convenios firmados entre 2007 y 2010 para Canelones, Flores, Maldonado, Montevideo, Rivera y Rocha, que son las seis intendencias que lo manejan. Asimismo, el Fideicomiso Plan de Gestión de Envases- CIU administra el plan de gestión de envases desde 2011. Se trata de un fideicomiso de administración de los fondos que aportan las empresas que voluntariamente adhieren al plan de gestión de envases de la cámara. Y funciona en base a planes elaborados en forma conjunta entre públicos y privados, y convenios firmados entre los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,  y de Desarrollo Social, las intendencias y la Cámara de Industrias del Uruguay. Interesa mencionar esto ya que en alguna versión de prensa se ha mencionado que la nueva ley de residuos, en los capítulos que refieren a este tema, implicaría solamente el cambio de un fideicomiso público a uno privado y esto no es así. Hoy, los planes y convenios son consensuados entre los dos ministerios antes mencionados, las intendencias y la Cámara de Industrias del Uruguay; y el Fideicomiso Plan de Gestión de envases – CIU administra los fondos de los privados, mientras que el proyecto de ley actual prevé eliminar de la gestión al sector privado, pasando a gravar con un impuesto los productos, a fin de gestionar un plan que, según se nos ha informado desde la Dinama,  al día de hoy no se ha elaborado, pero de alguna manera se advierte que tendrá un costo muy superior para las empresas.

Es un hecho que el sector privado ha sido el actor más preocupado por la eficiencia en el cumplimiento del fin ambiental del plan de gestión de envases. Esto se suma a que la  Cámara de Industrias del Uruguay –es algo reconocido por la Dinama– ha sido el único actor que cumplió ciento por ciento y más de sus compromisos. Es cierto que el plan de gestión de envases tiene muchos aspectos mejorables, pero no se ve cómo eliminando a la cámara de la gestión se mejorarían, sino todo lo contrario. La Cámara de Industrias del Uruguay ha desarrollado un know how muy importante, e insistimos en preguntar cuáles son las mejoras proyectadas y cómo el hecho de eliminar al sector privado de la toma de decisiones optimizaría la concreción de esas mejoras. Se reitera, además, que se trata de un proyecto que no se conoce pero del que se han manejado presupuestos.

                Hoy, los planes presupuestados por el plan de gestión de envases suman aproximadamente $ 80:000.000, algo menos de USD 3:000.000, para seis departamentos, incluido Montevideo. Según la Dinama, el nuevo esquema tendría un costo de entre USD 30:000.000 y USD 40:000.000, lo que representa diez veces más. Por supuesto que no se va a limitar exclusivamente al plan de gestión de envases; ese aspecto es claro.

Por otra parte, hoy realizan aportes mayoritariamente las intendencias y las empresas adheridas al Plan de Gestión de Envases – Cámara de Industrias del Uruguay. Los aportantes en el proyecto de ley que se presenta son solo las empresas. Asimismo, el instrumento financiero apunta al producto en lugar del envase, y al consumidor solo se le asigna educación. Entendemos fundamental trabajar poniendo énfasis en la responsabilidad del consumidor, que es quien, modificando su comportamiento, puede hacer un cambio significativo en los porcentajes de recuperación del plan de gestión de envases. Este es uno de los cuellos de botella y una de las debilidades identificadas.

En cuanto a la base de imposición, que sea el producto no tiene un sustento ambiental. Dos productos de distinto valor con el mismo envase pagarían un monto distinto cuando el objetivo es recuperar ese envase. Adicionalmente, no se establecen incentivos a hacer cambios en pro de mejorar el impacto ambiental de un envase; hacerlo involucraría costos que harían más caro el envase y por lo tanto el producto, y al aplicar la tasa propuesta solo al producto, el impuesto sería mayor que si no se hubiese hecho la mejora ambiental. Por eso reivindicamos un cambio en lo que tiene que ver con la imputación.

Invitamos a los señores senadores a que conozcan las plantas del plan de gestión de envases del interior aportadas por las intendencias y las que construyó la Cámara de Industrias del Uruguay a instancias del diseño de la Intendencia de Montevideo.

Otro punto es el de la inclusión social. No discutimos la importancia de este, pero es algo independiente de la gestión ambiental, que debe ser el fin de una ley que se denomina «de residuos». Por otra parte, consideramos que circunscribir la expresión «inclusión social» a clasificadores de residuos es inadecuado, ya que queda establecido en una ley. Hablamos de un universo que, según el presidente de Ucrus, abarcaría a veinticinco mil clasificadores; según otras fuentes serían nueve mil o cinco mil. Hoy en el plan de gestión de envases trabajan 227 clasificadores en seis departamentos, pero incluyendo Montevideo, que representa al 50 % o más del consumo. La diferencia en cuanto al universo de ocupación que podría implicar es muy importante. No es lógico ni debe ser objetivo centrarse en brindar solución a la problemática social de los clasificadores con una ley ambiental. Si se desea abordar esta problemática –objetivo que puede compartirse– no debe hacerse con esta ley ambiental que, insistimos, aunque lo intentara, no podría dar solución a ese número de personas, al margen de que se está desestimando a otras poblaciones que en este momento u otro pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad. Una ley como esta no puede atacar una problemática coyuntural.

Si el señor presidente lo permite, le cedería el uso de la palabra al señor Escandell para que profundice aún más en el tema.

SEÑOR ESCANDELL.- Ante todo, me sumo al agradecimiento realizado por el señor De León por habernos recibido.

                En la carpeta que estamos entregando a los señores senadores hay un informe basado en lo que estuvimos conversando a nivel de la Cámara de Industrias del Uruguay. Este informe resume, a grandes rasgos, cuál ha sido el funcionamiento o nuestra visión del funcionamiento del plan de gestión de envases, el proceso que hemos llevado adelante con la Dinama y otros actores del Poder Ejecutivo, como los ministerios de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas en lo que tiene que ver con el proyecto de ley sobre gestión integral de residuos. A su vez, después del informe van a poder ver una presentación específica que hacemos respecto al plan de gestión de envases en cuanto a datos objetivos y algunas apreciaciones a pedido del señor senador Garín respecto a los aprendizajes, las cosas positivas y negativas que hemos adquirido como experiencia en estos más de diez años de funcionamiento del plan de gestión de envases.

                Un comentario adicional a lo que decía el señor De León es que nosotros tenemos claro el perfil, el marco que pretende dar el proyecto de ley a toda la gestión y valorización de residuos. Del mismo modo, todos estos años que venimos trabajando en el ámbito de la Cotama hemos ido haciendo aportes y comentarios que no son, ni más ni menos, que los que ven reflejados en las notas que le hemos trasmitido al director nacional de Medio Ambiente.

Hay temas que son cruciales y serán atendidos en el momento expreso de la redacción y aprobación del proyecto de ley o de la ley en su momento, y algunos pueden llegar a ser atendidos durante la reglamentación. Hay temas sensibles –ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayan viendo cada uno de los puntos, a qué estamos haciendo referencia–, pero no quiero reiterar lo mismo que acaba de manifestar el señor De León porque es exactamente eso.

SEÑORA GENÉ.- Buenas tardes y muchas gracias por recibirnos.

                Simplemente, a modo de resumen me gustaría destacar algunos de los puntos expuestos por el señor De León.

                Hace ya décadas que la industria está trabajando en proyectos, en acciones y en programas concretos relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente. Ese rol y esa responsabilidad que ha asumido la industria son concretos, reales y siguen vigentes al día de hoy. Muchos de esos proyectos y programas son ejecutados junto al sector público. Sin embargo, vemos que en este proyecto de ley ese compromiso y esa responsabilidad que tenemos como industria se relegó a un aporte económico a través de un impuesto. Esa participación activa y ese rol que hemos tenido durante décadas se ha circunscripto, en este proyecto de ley, al pago de un tributo, el cual va a tener un impacto muy importante para la industria en costos y en competitividad.

                Además –un punto importante a destacar acá–, los residuos que van a ser gravados con ese impuesto hoy representan alrededor del 10 % de los residuos sólidos urbanos. Estamos hablando de que con esa recaudación impositiva vamos a financiar un plan nacional para todos los residuos sólidos urbanos; reitero: únicamente con el 10 % de esos residuos.

                Finalmente, quiero destacar y reivindicar el rol de la industria en la protección y cuidado del medio ambiente; ese rol y esa responsabilidad la queremos seguir teniendo. Queremos seguir teniendo el rol activo y participativo que desde hace décadas tenemos en Uruguay.

SEÑOR VÁZQUEZ.- Complementando las expresiones de los colegas, me gustaría reflexionar sobre los siguientes temas.

El proyecto de ley plantea varios desafíos, no solo para el sector industrial sino también para otros actores implicados en el ciclo de vida de los distintos productos que se comercializan en el mercado. Esos otros actores son: los consumidores, los trabajadores que participan en los centros de clasificación y reciclaje y los organismos públicos y privados asociados a este tema. Para todos ellos es necesario establecer instancias graduales que permitan realizar actividades de capacitación para los trabajadores en las tareas a desarrollar, de actualización de instalaciones industriales, cambio de materiales de envases y, sobre todo, desarrollar actividades de educación de la población en general. Debemos tener presente que gran parte del éxito de esta normativa transita por la aceptación del público en general que, en sus domicilios, pueda clasificar sus residuos y tiene que estar de acuerdo, también, con la compra de productos de materiales reciclados. Todo lo mencionado demanda una implementación gradual de esta normativa sobre la que estamos trabajando.

                Por otro lado, nos parece imprescindible la participación del sector privado en el Fonagres –Fondo Nacional de Gestión de Residuos–, en el entendido de que es un actor fundamental que puede aportar vasta experiencia adquirida en el plan de gestión de envases vigente. El actual plan de gestión de envases presenta, sin duda, varios aspectos a fortalecer, pero están identificados y hay alternativas para su solución y mejora. Creo que tener en cuenta esta amplia experiencia no haría sino volver más eficiente la administración del Fondo Nacional de Gestión de Residuos.

                Muchas gracias.

SEÑOR TASSANI.- Agradezco también a la comisión por recibirnos.

                A modo de resumen, simplemente quiero transmitir que entendemos que el espíritu de este proyecto de ley es mejorar la gestión de la totalidad de los residuos y, por lo tanto, preservar el medioambiente. En ese sentido, como industriales que somos, creemos importante profundizar en los temas de reciclado, economía circular y materiales amigables, para hacer que nuestra industria nacional sea sostenible a mediano y largo plazo.

                Ya estamos trabajando fuertemente en esas líneas desde distintos sectores en el reciclaje de plásticos, pero queremos destacar que generalmente el problema no está en los materiales ni en los procesos actuales, sino en cómo se gestionan los residuos, porque para poder obtener buenas tasas de recuperación es necesario separar en el origen y tener los canales adecuados para que los distintos materiales sean finalmente reciclados, aun cuando muchas veces determinados procesos son inviables económicamente.

                Por último, ponemos a disposición de esta comisión nuestra experiencia y conocimientos, ya sea a través de la Cámara de Industrias del Uruguay, del LATU o incluso del CTPLAS –Centro Tecnológico del Plástico–, para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance a fin de generar instrumentos técnicos y objetivos que hagan que nuestra industria finalmente sea sustentable y con productos amigables para el medioambiente en el largo plazo.

SEÑOR GARÍN.- Quiero agradecer a la delegación que nos visita por su presencia y sus aportes. En ese sentido, hacemos nuestras las palabras del señor presidente en cuanto a que valoramos la actitud de volver a asistir formalmente a la comisión y mostrar la disposición a seguir colaborando en brindarnos información, aprendizajes, reflexiones, que creo que son los elementos esenciales para que una ley no quede solo en papel y tinta, sino que sea un instrumento más para empezar a transitar un cambio cultural en la gestión de los residuos a nivel integral.

                En definitiva, quería resaltar la enorme importancia que les damos a sus contribuciones y aportes, que esperamos poder reflejar adecuadamente en el texto para construir la mejor ley posible en esta etapa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero agradecer también a nuestros invitados por la información que nos han proporcionado en el día de hoy. Creo que este encuentro complementa la reunión que tuvimos la semana pasada y, sin lugar a dudas, nos deja insumos muy importantes y aportes que vamos a considerar. De manera que muy probablemente tengamos alguna otra instancia en el futuro, porque, como dijimos, se trata de un proyecto muy importante, de alta prioridad. Por lo tanto, vamos a estar en contacto, sin lugar a dudas, en las próximas semanas.

               

(Se retiran de sala los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente

de la Cámara de Industrias del Uruguay).

 

 (Ingresan a sala representantes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente).

 

–Damos la bienvenida a la delegación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, compuesta por su director, ingeniero Alejandro Nario;  Rosario Lucas, gerente del Área de Evaluación de Impacto Ambiental; Laura Modernell, de Comunicación Ambiental, y José Freitas, director nacional de Ordenamiento Territorial.

                La convocatoria para la sesión de hoy fue realizada para tener un informe, un estado de situación, del trabajo que se está haciendo en relación al megabasurero en la zona del arroyo Solís Chico, y también para que nos brinden información acerca del derrame en la perforación del cerro de Chaga, en Salto.

                Sin más, le damos la palabra al director nacional de Medio Ambiente, ingeniero Alejandro Nario.

SEÑOR NARIO.- Muchas gracias, señor presidente.

                En cuanto al primer aspecto que señalaba, quisiéramos comentar algunas cuestiones de orden general.

Uruguay viene trabajando en un proceso de cambio en el modelo de gestión de residuos que hemos venido desarrollando con las distintas intendencias que han decidido avanzar en este tema en este período, así como también –como los señores senadores bien lo saben– con el propio Parlamento, a través del proyecto de ley de gestión de residuos sólidos y la recientemente aprobada Ley de Uso Sustentable de Bolsas Plásticas.

                En ese sentido y a través de un proyecto, la Dirección Nacional de Medio Ambiente asesoró, en particular, a las Intendencias de Canelones y Rivera en los procesos orientados a la mejora de la disposición final de los residuos en sus departamentos.

Una línea de trabajo fuerte que hemos venido desarrollando es eliminar, en cada pueblito, la existencia de un número importante de pequeños vertederos o basureros a cielo abierto para llevarlos a sitios adecuados, con la utilización de la última tecnología, la impermeabilización correspondiente, la captación del biogás, el tratamiento de los efluentes captados en sus lixiviados y una apropiada disposición final. Estamos hablando de una gestión diaria de la operación, o sea que no es que se pueda ir y tirar basura sino que se tienen que hacer las coberturas correspondientes, que son las que impiden los problemas de olores que todos hemos constatado en nuestro país al recorrerlo y también evitan las voladuras de los plásticos y la basura, algo que también hemos visto quienes hemos recorrido el país. O sea que hablamos de una forma distinta, de un paradigma diferente de cómo gestionar y realizar la disposición final de residuos.

                En ese marco es que las Intendencias de Canelones y Rivera –pero también las de Río Negro, Rocha, Salto y otras– nos han solicitado apoyo en esos procesos y han reconocido el liderazgo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en el sentido de unificar los sitios de disposición final para tener una lógica moderna de gestión.

                De esta manera, estuvimos colaborando con el Gobierno departamental de Canelones en su proceso de licitación, básicamente, en dos aspectos. Uno de ellos tenía que ver con que quedara claro, en los pliegos que elaboraron para los llamados de expresión de interés de privados, que se incorporaba la dimensión ambiental para ser tenida en cuenta en su diseño. Por otro  lado, se daban las recomendaciones que existen en el plano internacional y que fueron adaptadas a nivel nacional para los criterios de localización y exclusión de sitios de este tipo.

                A nivel internacional ya hay criterios guías preestablecidos en los que uno debe basarse cuando busca un sitio para un vertedero de este tipo. Estas guías técnicas incorporan distancias a poblaciones, acuíferos y cursos de aguas, así como otras variables ambientales de esa naturaleza. En algún caso esos criterios son excluyentes, quiere decir que si no se cumplen no deberían instalarse vertederos en esos lugares y, en otros, son de valoración –se llaman así–, o sea que son aspectos deseables pero no excluyentes. Desde ese punto de vista, en la etapa en la que se encuentra el proceso de Canelones, esa fue la intervención que hizo el ministerio y nuestra dirección en particular. Lo que sigue –que creo es bien importante resaltar– es que la intendencia defina en el proceso competitivo a quién adjudicará la obra. El proponente deberá elaborar un proyecto con prolijidad y detalle y el correspondiente estudio de impacto ambiental. Ahí les hemos transmitido a algunos de los vecinos con los que hemos hablado que en ese proceso el ministerio va a ser sumamente exigente. Nos parece de recibo la preocupación de los vecinos porque, obviamente, un sitio de esta naturaleza mal gestionado podría llegar a ser un problema ambiental significativo. También hay muchos ejemplos en el mundo de que un sitio gestionado de la manera que nosotros lo planteamos, con las normas técnicas de última generación, es perfectamente compatible. Todos generamos residuos, a algún lugar tienen que ir, y desde ese punto de vista nosotros deseamos que esos sitios sean la tecnología de ingeniería al momento de instalarse.

De esa manera, probablemente estemos clasificando como C, porque si bien no conocemos el proyecto deberíamos estudiarlo. Dada la generación que conocemos más el tipo de operación, les dijimos a los vecinos que queremos generar  las máximas garantías, de manera que será clasificado como C, que es el de mayor complejidad, implica una audiencia pública y, además, vamos a actuar con la rigurosidad técnica que permita  garantizar que Solís Chico no tendrá afectaciones asociadas a la calidad del agua. O sea, desde ese punto de vista les trasmitimos la tranquilidad de que en caso de que nosotros aprobemos el proyecto –que, repito, aún no conocemos– el mismo habrá pasado por un proceso de evaluación que va a garantizar que la calidad del agua que muchos uruguayos disfrutan, tanto en aspectos recreativos como en otros servicios ambientales que brinda ese curso de agua, van a estar garantizados. Eso implica una batería de exigencias en el diseño de ingeniería y en el monitoreo. En tal sentido, nosotros estamos pensando en un monitoreo continuo de manera que estén muy claros cuáles son los valores del tipo de emisiones que tengan. En definitiva, esas son las cosas que vamos a tener que definir cuando conozcamos el proyecto y tengamos los detalles de quien resulte adjudicado decida llevar adelante. Esto sería en términos generales lo que quería expresar.

SEÑOR FREITAS.- En la convocatoria para hablar sobre la eventual planta de tratamiento de residuos, en su debate o estado público de lo que viene sucediendo en el marco de este proceso se ha citado el vínculo entre la decisión de instalar esta planta y las disposiciones de ordenamiento territorial; por eso que me parece pertinente hacer algunos comentarios al respecto.

En primer lugar –y como decía el ingeniero Nario– el proyecto no ha ingresado al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como para poder tener una consideración, porque por la escala del proyecto, esto tiene un trámite. No obstante ello, conocemos el proceso que ha tenido y, por lo tanto, podemos evaluar en qué marco de políticas de ordenamiento territorial se da y cuáles son los mecanismos que hay que procesar, sobre todo en el sentido de aclarar algunos aspectos que se han dejado muy difusos o en la nebulosa como que se estuvieran violando legislaciones aprobadas en este espacio. La legislación es muy clara al respecto y, por lo tanto, el trabajo que se va a hacer en la evaluación del proyecto estará en el marco de esa legislación. Precisamente, la normativa muestra que los pasos que ha dado en principio la Intendencia no constituyen, necesariamente, una contradicción con la legislación vigente y el proyecto deberá ser estudiado en particular.

                En primer lugar, queremos decir que la Ley de Ordenamiento Territorial tiene en una de sus modificaciones una mención expresa a este tipo de actividades cuando habla de los usos que no están prohibidos o pueden admitirse en el medio rural. En el artículo 610 de la Ley n.º 18719, que fue posterior a la Ley n.º 18308 y agrega algunos aspectos a su artículo 39, dice que dentro de esos suelos de categoría rural la prohibición no incluye aquellas construcciones como las de sitios o plantas de tratamiento y disposición de residuos, parques, generadores eólicos, etcétera. Justamente,  allí se cita la no prohibición de este tipo de usos en el suelo rural. Aclaramos esto porque el suelo que está vinculado al proyecto es rural, y este hecho es público y surge de lo que cualquier vecino o técnico interesado puede ver en el Inventario Nacional de Ordenamiento, que es un espacio de consulta pública creado por la ley, precisamente para dar garantías en cuanto a las categorías de suelos. Entonces, el suelo rural con la definición del citado artículo 610, en general, admitiría ese tipo de usos.

                De todos modos, no solamente esa ley se ha expresado al respecto, sino que Uruguay tiene desde hace más de un año ciertas directrices nacionales de ordenamiento territorial que avanzan mucho en algunos aspectos, sin entrar en competencias atribuidas a los gobiernos departamentales. Los señores senadores fueron parte de ese debate y por eso están en conocimiento de que las directrices nacionales pudieron avanzar en definiciones de lineamientos generales, aunque según lo que establece la ley y las propias directrices los gobiernos departamentales son los que tienen la competencia para definir los usos del suelo y el vínculo de esos usos con el territorio.

                Asimismo, con relación a las directrices nacionales, en el artículo 33 de la Ley n.º 19525 se indica claramente que la ubicación de los sitios de disposición final de residuos en suelo de categoría rural serán promovidos para posibilitar atender regionalmente las necesidades de más de un centro poblado con la menor afectación de las áreas rurales contiguas a las zonas urbanas, aplicando los criterios establecidos por la autoridad competente. En este punto se vincula con la autoridad departamental y con la legislación de ambiente. Pero ya la directriz habla de promover la instalación de estos sitios de disposición final, con todas las consideraciones correspondientes, en suelos de categoría rural. Estos padrones se ubican en suelo de categoría rural y están enmarcados en un instrumento de ordenamiento departamental, que es el plan de ordenamiento de la Costa de Oro.

                Por otro lado, quiero decir que nosotros no conocemos antecedentes de que la ubicación  de estas plantas en otros ejemplos nacionales haya generado el desarrollo de un instrumento de ordenamiento territorial específico, sino que más bien este tipo de emprendimientos deben ser coherentes y ubicarse en el marco de lo que establecen los planes. Se ha dicho que la ubicación de la planta de tratamiento debería realizarse junto con un nuevo instrumento de ordenamiento específico. Sin embargo, no hay antecedentes al respecto. En el departamento de Rivera, por ejemplo, la ubicación de la planta no determinó que se elaborara un instrumento específico; es más, donde se ubica la planta ni siquiera hay un instrumento vigente, a diferencia de lo que ocurre en el caso que nos ocupa, donde existe un instrumento que otorga un marco.

                Para que un proyecto sea coherente con los instrumentos de ordenamiento, la otra autoridad que debe evaluarlo en cuanto a su viabilidad está vinculada al trámite ambiental que mencionaba el director Nario, que todavía no se inició y será definido con una categoría, a fin de determinar qué procedimiento se va a seguir.

Asimismo quiero expresar, porque corresponde, que en el marco de ese estudio de impacto debe haber una fase inicial que es el dictamen de viabilidad territorial, que está vinculado al artículo 27 de la Ley n.º 18308. Allí se analiza si en la zona de implantación del proyecto existe algún instrumento vigente y si hay una coherencia con ese instrumento. Además, se evalúa que este proyecto no sea contrario a lo que disponen estos instrumentos vigentes.

                Para información de la comisión, quiero mencionar que, además de la legislación nacional que enmarca esto, los instrumentos departamentales que van a ser analizados cuando llegue a la etapa del estudio de impacto son la directriz departamental de Canelones, que está vigente, y el plan local de Costa de Oro. Esos son los dos instrumentos departamentales que rigen de primera mano. Si bien en este momento está en elaboración otro instrumento, que es el plan de ruralidades canarias, aún está en proceso de elaboración.

                Ese sería el marco de ordenamiento: el marco legal vigente y los procesos que, en el marco de estudio de impacto, deberán revisarse para observar la coherencia con el proyecto. De todas maneras, eso se hará en el momento en que se presente el proyecto.

                Finalmente, para orientar la preocupación que puede haber surgido de parte de los vecinos respecto a esto, quiero decir que los instrumentos son una normativa pública que debe ser de fácil acceso de todos. Cada intendencia los tiene publicados y, además, como garantía, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente lo tiene publicado en su inventario nacional de instrumentos de ordenamiento territorial. Ahí están las disposiciones que cada instrumento pueda tener para cada zona del país. Esto es importante, porque no hay que guiarse por trascendidos, sino que hay que ir a la fuente, es decir, a las leyes y a los propios planes.

SEÑOR GARÍN.- Señor presidente: antes que nada, quiero agradecer a la delegación de la Dinama y la Dinot, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por concurrir a la comisión.

                Quiero mencionar dos puntualizaciones que se hicieron que me parecen muy atinentes y que creo que ayudan bastante. En primer lugar, hay una norma legal que permite llevar adelante estas iniciativas en suelo rural. O sea que hay marco legal para respaldarlo. También entendí que es muy claro que, si bien el ministerio de vivienda está asesorando a las intendencias, no está en su órbita el análisis del proyecto porque está en fase de estudios preliminares o de avanzar en los procesos competitivos.

                Por otra parte, quiero hacer una pregunta. En algún momento dijeron que en estos procesos competitivos se están incluyendo criterios que son de origen internacional. Entonces, me gustaría saber si alguna vez se hizo la adjudicación de un proyecto de esta naturaleza con estos procesos competitivos. ¿Hay antecedentes en el país de que se hayan hecho estos procesos de selección competitiva y con estos criterios?

SEÑORA XAVIER.- En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de las autoridades del ministerio y toda la información que nos han dejado.

                En segundo término, si bien entendí que todavía no ha habido una presentación de esto en el ministerio, quisiera saber si las organizaciones que han comparecido en esta comisión, de alguna manera les han planteado esta advertencia. Creo que es importante que la ciudadanía se organice, cuide el medio ambiente y, obviamente, tenga información de calidad. Entonces, quería saber si habían hecho algún tipo de contacto, porque seguramente propongamos que la versión taquigráfica de esto que ustedes nos están informando le llegue a quienes han venido a plantear sus preocupaciones. Me gustaría saber si ya ha habido intercambios.

SEÑOR PRESIDENTE.- En la misma línea del planteamiento de la senadora Xavier, quería comentar que recibimos una delegación de vecinos y luego de escucharlos entendimos que el elemento central era el tema de comunicación e información. En primer lugar, todavía la Dinama no tiene elementos, más allá de tomar la decisión de darle el tratamiento C, como lo mencionó el director Nario, por las características del proyecto. La Dinama no conoce el proyecto y, entonces, no ha tenido la posibilidad de comenzar a analizarlo y evaluarlo porque, por lo que se ha mencionado, todavía se está en un proceso competitivo.

                Concretamente, por la información que tiene la Dinama, quisiera saber si el proyecto va a ser un relleno sanitario o un vertedero.

SEÑOR NARIO.- En realidad, se va a tratar de un relleno sanitario con todas las consideraciones de ingeniería. Nosotros no vamos a habilitar un vertedero a cielo abierto o lo que hemos visto –y lo mencionaba al inicio– todos los que recorremos el país, porque lo consideramos inaceptable. De hecho, probablemente eso le termine generando un sobrecosto a la Intendencia de Canelones, porque no es lo mismo tener que tapar todos los días para que no haya voladuras, realizar la compactación necesaria y buscar que los frentes de trabajo sean los adecuados y no estén todos abiertos. Hay un montón de obras de ingeniería que no solo se deben realizar al momento de la construcción, sino que se trata de obras de ingeniería permanentes que requieren supervisión técnica e inversión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es decir que a ese lugar, fundamentalmente, estaría llegando materia orgánica.

SEÑOR NARIO.- Sí, son los residuos domiciliarios; no se está pensando en los industriales peligrosos que ya tienen su disposición. Con el gobierno departamental  se estuvo viendo –y se planteó en algún momento– que el proceso de preclasificación inicial se acoplara al proceso que se está llevando a cabo a nivel nacional. No tenía mucho sentido separar elementos si no sabemos si luego van a poder ser reutilizados. Canelones decidió avanzar porque tiene necesidades propias, sin esperar el proceso de la ley que daría un marco más general. Compartimos el hecho de que había departamentos que no podían esperar el proceso de ley, pero no nos pareció razonable en un inicio que se hicieran inversiones para separar materiales porque posiblemente luego eso no tuviera sentido en un marco más amplio. Entonces, la planta de clasificación que se podría tener en un inicio quedaría para una segunda fase en el marco de la aprobación de la ley general de residuos que permite un ámbito de planificación nacional y no ir solucionando caso a caso, que es uno de los problemas que se podrían llegar a tener.

                En cuanto al planteo de la senadora Xavier, podemos decir que hemos tenido solicitudes de acceso a la información, pero no pedidos de grupos organizados. En ese marco, los técnicos de la Dinama han hablado con los vecinos y ya quedamos en realizar otra reunión de la que participaríamos con Freitas porque vimos que muchas de las dudas estaban orientadas a los temas de ordenamiento territorial. En ese sentido,  es probable que, a la brevedad, se lleve a cabo una reunión con los vecinos para explicarles cuál es el rol de nuestro ministerio en este momento, y para evacuar las dudas sobre los instrumentos de ordenamiento.

SEÑOR FREITAS.- Me parece muy importante que los procesos que se den logren el mayor nivel de comunicación y de datos. Me refiero al marco legal que ampara este tipo de proyectos y que lo condiciona, y luego a los procesos de autorizaciones que se van a dar, sabiendo en qué etapa estamos. Todavía no se iniciaron los procesos de autorización ambiental y todo está en una etapa de tratamiento en la Intendencia. En ese sentido, las competencias están muy determinadas en el marco legal que establecen las dos leyes: la de ordenamiento y la de directrices nacionales. La ley de ordenamiento establece las competencias para definir el uso del suelo en los gobiernos departamentales y sabemos que los temas de ordenamiento son de índole departamental.

Luego en el estudio de impacto se va a evaluar la coherencia entre lo que dicen esos instrumentos y este proyecto.

Lo importante es que este proceso no se da a puertas cerradas. Además de la comunicación que podamos establecer ahora o dentro de un tiempo, los procesos de estudio ambiental en el marco de la ley de medio ambiente, determinan específicamente instancias de comunicación pública, de puesta de manifiesto del proyecto y luego una audiencia pública obligatoria. Todo ello está fijo, asegurado, se va a hacer.

Me parece importante destacar esto para  que se sepa en qué momento estamos  y cuáles son los espacios que va a haber para enterarse, sacarse las dudas y eventualmente participar y dar el punto de vista. Tanto la ley de ordenamiento territorial como la ambiental atienden el  hecho de incorporar procesos de información que lleguen al conjunto de la población, a los efectos de que esta sepa qué va a suceder. Al mismo tiempo, obligan a un proceso de participación en donde estos grupos puedan expresarse.  Eso es muy importante para este tipo de proyectos complejos en el territorio. En estos casos hay que estudiar la viabilidad y ser muy objetivos en la evaluación.

SEÑORA LUCAS. – Como decía recién mi compañero, atendimos también a los vecinos e incluso generamos un expediente para comunicarles las diferentes instancias de participación pública, y los momentos en que se iniciaban esas puestas de manifiesto.

                Si el proceso es clasificado C prevé, reglamentariamente, tres instancias de participación pública. La primera etapa –o sea, la fase primaria– refiere a la viabilidad ambiental de localización. Otra instancia se da durante el estudio de impacto ambiental y por último está la audiencia pública.

 Lo que comunicamos a los vecinos cercanos a ese predio –que estaban preocupados y entendemos esa preocupación–  era que les íbamos a avisar formalmente –así quedó establecido en el expediente– cuándo se iniciarían cada una de las etapas. Cada vez que se inicia una etapa, se les comunica dónde está la información para que ellos puedan leerla, interiorizarse del tema y hacer consultas o incluso contratar asesores y presentar sus observaciones o preocupaciones. De esa manera, el grupo de vecinos quedó bien comunicado e informado. Antes de tener el proyecto no podíamos decirles cuándo iba a  suceder esto y por eso generamos un expediente con los datos que teníamos que comunicarles.

SEÑOR NARIO.-  Esas guías que realizó la Dinama, como no son normas estrictas, es probable que hayan sido utilizadas por algunos gobiernos departamentales, pero no tengo la certeza. También es cierto que estos procesos son nuevos. Hoy están en Canelones, Rivera,  Río Negro y en Rocha van a empezar dentro de poco. En todos esos casos les brindamos esta información para que la tuvieran en cuenta.

                Como decía el director Freitas, la selección del sitio es competencia departamental. Si bien nosotros podemos dar asesoramiento al respecto, no deja de ser un resorte de los intendentes y de los gobiernos departamentales.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Si no hay más preguntas, pasamos a considerar el segundo tema que tiene que ver con el derrame en perforación de Cerro de Chaga, departamento de Salto.  

SEÑOR NARIO.- Lo que sucedió en este caso –como se sabe, esta empresa ya había  tenido un antecedente en otra perforación–, en términos técnicos, no es un derrame sino una filtración en la matriz del suelo. El primer caso que identificamos sucedió en la zona superficial o somera cuando la perforación se encontraba en el basalto más profundo. En esa formación la empresa encontró una falla relativamente irregular ya que no es común  que  existan cavidades a esa profundidad, en  el  entorno de los 500 o 550 metros –en general, por la propia presión del basalto, terminan colapsando– y comenzó a tener una pérdida de lodo importante, que llevó a la detención de la operación. Cuando se nos comunica eso, la Dirección Nacional de Medio Ambiente solicitó información  que, sumada a los balances de masa, nos permitió identificar una pérdida importante de lodo. En función de ello se solicitaron requisitos y datos, se hicieron las inspecciones correspondientes y se sacaron muestras de distintos lugares. Hay diferencias con los acuíferos someros que son los que en general utiliza la población, a los 20, 30, 40 o 50 metros como máximo; acá estamos en el basalto por lo que no había un acuífero cercano que pudiéramos evaluar. De todas maneras, se procedió a sancionar nuevamente porque la empresa no advirtió la incidencia ambiental y, además, se les trasmitió, a través de un pedido formal, que requeríamos una evaluación independiente para valorar el grado de impacto de esa filtración.

El informe técnico fue presentado hace poco, los técnicos de la Dinama lo están evaluando y quizá cuando tengamos la información procesada podamos enviarles la documentación a los integrantes de esta comisión.

Cabe agregar que en la misma sanción trasmitimos que no íbamos a permitir la puesta en operación hasta tanto no definiéramos un protocolo de seguimiento mucho más exigente, lo que hicimos junto a Ancap y ya lo comunicamos a la empresa. Dejamos bien en claro que esos volúmenes de pérdida de lodo no son tolerables, si bien se trata de lodos categorizados como no peligrosos, para nosotros, desde el punto de vista ambiental, no es una operación normal.

                Este ha sido un resumen, pero los datos particulares podemos hacérselos llegar a los integrantes de la comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda claro, entonces, que para complementar lo que aquí se ha dicho se nos hará llegar un informe.

                Considero que ha sido muy importante contar con la visión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y también de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial con respecto a los dos temas para los que fueron convocados.

                Muchas gracias.

                Se enviará la versión taquigráfica de lo expresado en la sesión de hoy a los vecinos de Arroyo Solís Chico.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 14:48).