COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

(Sesión celebrada el día 15 de agosto de 2018).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 17:05).

                –Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente).

                «Notas relacionadas con la audiencia del 15 de agosto de 2018 y Ensayo sobre Bolsas Oxi Biodegradables y sus resultados, enviados por el señor Julio Deus, presidente de la empresa importadora Sensor S. A».

 

(Ingresan a sala representantes de la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay CEGRU).

                –La Comisión de Medio Ambiente de la bienvenida a representantes de la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay.

SEÑOR HORTA.- Muchas gracias. Mi nombre es Luis Horta y soy presidente de la gremial de empresas gestoras de residuos.

                En primer lugar, agradecer esta oportunidad de ser recibidos por la comisión en ocasión del tratamiento de este tema que para nosotros es muy importante, tal como lo vamos a exponer en la presentación. Las empresas e instituciones que hacemos gestión de residuos entendemos que el proyecto de ley a estudio de la comisión tiene implicancia en nuestra actividad diaria.

                En segundo lugar, queremos contarles rápidamente quiénes somos, hacer una pequeña presentación institucional y luego comentarles qué pensamos las instituciones que hacemos gestión de residuos, es decir, la postura de Cegru en algunos temas puntuales del proyecto de ley a estudio de la comisión.

 

                En cuanto a la creación de Cegru, hace cuatro años que estamos desarrollando nuestra actividad como gremial, descubriendo que la gestión de residuos supone una sana interrelación de tres actores: la autoridad regulatoria, los generadores que son las personas jurídicas o físicas que generan los residuos, y las instituciones que hacemos gestión de residuos. Nuestra cámara es una institución amplia donde se integran las instituciones privadas y públicas. Nuestro estatuto permitiría que los Gobiernos departamentales sean parte de la cámara. Nos vemos en ese contexto, porque las instituciones que hacemos gestión de residuos no estamos solamente suscriptas al sector privado.

                Al día de hoy, integran nuestra institución 29 empresas operadoras de residuos y hacemos gestión de residuos en cantidad de actividades. Como pueden ver, nuestra actividad se inserta en una cadena de valor que se inicia con la clasificación, etapa posterior a la generación de residuos, y luego se van concatenando una cantidad de operaciones, en la que una condiciona a la otra. Entonces, cuando una de ellas no se realiza en forma adecuada, la subsiguiente se ve condicionada. En la diapositiva pueden ver las distintas operaciones como la clasificación, recolección, transporte, tratamiento, valorización y disposición final. Nuestras empresas socias, a las que representamos, están insertas en toda esa cadena y atendiendo los distintos tipos de residuos en función de la clasificación que da nuestra normativa, es decir, domiciliarios, comerciales, industriales, sanitarios o especiales. Podemos decir que estamos vinculados a todas las actividades que tienen que ver con la gestión de residuos, del tipo que sea.

                Un análisis sectorial que realizamos luego del primer año de creación de nuestra cámara demostró que el 70% de los integrantes son Pymes y el restante 30% son grandes empresas. Además, la particularidad de las empresas Pymes es que son emprendimientos que surgen en función de que un emprendedor o el dueño de una institución, intenta atender las necesidades de un generador, que puede ser una industria, un comercio o un ente público y desarrollando una actividad que se inscriba en la normativa de la ley como forma de dar una solución. En cuanto al volumen de negocio de las empresas que conforman la cámara, podemos decir que está cuantificado en unos USD 70:000.000 al año.

                En la actualidad, podemos decir que las casi treinta empresas que integran Cegru generan unos 1700 puestos de trabajo directos y consideramos que puede haber un 50% o 60% de empleos indirectos asociados. En cuanto a cómo se dividen estos empleos, un 85% son hombres –claramente hay una preponderancia del sexo masculino por lo que reconocemos la necesidad de trabajar en temas de género–, el 65% son personas entre 25 y 45 años –es decir, población joven–, el 47% en algunos casos no terminó la educación primaria, y el 65% de las empresas socias estamos trabajando con sueldos sobre laudados. Esto nos permite reconocernos como un sector que aporta a la inclusión social, dado que muchas personas de sectores socio culturales bajos busca en nuestras empresas un lugar donde conseguir un empleo. Somos el primer lugar donde muchas personas de sectores bajos solicitan trabajo. En función de ello, el año pasado firmamos un convenio marco con el Mides –lo cual nos congratuló mucho– para desarrollar programas de inclusión socio-laboral con personas que se encuentran en un contexto de vulnerabilidad. Esto en función de los distintos tipos de programas de trabajo protegido con los que cuenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que viabiliza a través del Mides, en los programas con clasificadores de residuos. La experiencia ha sido muy positiva; hemos desarrollado distintas alternativas para poder tomar a estas personas con este tipo de situaciones de trabajo protegido, lo cual ha sido muy satisfactorio.

                A nivel de la OIT, nuestros empleos están definidos como empleos verdes, que son aquellos que son decentes –en función de una formalidad y de un trabajo adecuado con el cumplimiento de las normas– y que de alguna forma contribuyen a preservar y restaurar el medioambiente. Entonces, de alguna forma estamos inmersos en los empleos verdes. El año pasado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó un trabajo en el que se constató que este tipo de empleos, a nivel de gestión de residuos, representaban doce mil quinientos puestos de trabajo. La diferencia de casi dos mil personas que se puede encontrar en los números anteriores, es porque también se incluyen los empleos verdes generados por las Intendencias departamentales, en los servicios que realizan en forma directa.

                Por otra parte, estamos trabajando para que nuestra institución represente a Uruguay en la International Solid Waste Association, que para nosotros es un desafío muy interesante. Cabe destacar que a partir de octubre de este año pasaríamos a ser el representante de Uruguay ante ese organismo. La ISWA es un organismo internacional, que trabaja mucho con Naciones Unidas y hasta el día de hoy nuestro país no tenía un representante nacional.

                Asimismo, vemos el sector de la gestión de residuos como un sector que le brinda servicios a todas las áreas productivas del país. Es un sector transversal, en el que se trabaja desde la industria –quizá sea más reconocido por el tema de gestión de residuos industriales–, pero también podemos estar brindando servicios o soluciones al sector turístico, comercial o de los servicios. En un contexto de internalización de inversiones y grandes desarrollos, cada vez más la gestión de residuos se enmarca dentro de los requisitos que organismos multilaterales de crédito solicitan para poder desembolsar y viabilizar inversiones en los países. En concreto, en los últimos años uno de los requisitos que los organismos multilaterales de crédito solicitan para poder apoyar inversiones internacionales en el país, es una adecuada gestión ambiental y de residuos.

                En función del proyecto de ley que está a estudio, queremos comunicarles que formamos parte de la Cotama. Es más: hemos solicitado que se nos incorpore en el grupo de trabajo de residuos para poder trabajar en conjunto con la Cotama en el anteproyecto de ley. En ese sentido, hemos ido elaborando una cantidad de documentos, que le hemos entregado a la secretaría de la comisión en formato digital. En función de cómo se iban generando nuevos documentos del proyecto de ley, Cegru fue respondiendo y haciendo propuestas positivas. Incluso llegamos a plantear situaciones en las que el actual régimen jurídico del país permite cumplir con una cantidad de objetivos que se planteaban desde la Dinama y que nosotros decíamos que el país los puede desarrollar al día de hoy sin necesidad de una nueva ley. Por eso es que entendemos la necesidad de la existencia de esta ley.

                En función de ese trabajo internacional que queremos hacer y del posicionamiento del país, el año pasado hicimos un taller en el que convocamos a actores públicos y privados para trabajar y generar insumos para el proyecto de ley. Les dejaremos un informe de ese taller participativo en el que también participaron delegados de Europa y Latinoamérica, lo que nos permitió pensar en nuevas alternativas y en aumentar las propuestas que se generaban en el marco de la ley.

                Nosotros apoyamos la creación de una ley que vincule la gestión de residuos desde un punto de vista global y marco, tal como se está planteando. Entendemos que una ley permitirá un ordenamiento de la actividad en esos tres actores que planteamos al principio de la presentación: la autoridad regulatoria, los generadores y los gestores. Eso nos permite dar un entorno de seguridad a todas las operaciones y crecer en las inversiones y la innovación, y también permite el fomento de la innovación. Hemos descubierto que nuestras empresas son innovadoras y que muchas veces intentan encontrar esas soluciones que los generadores requieren.

Algo que hemos visto en el texto del proyecto de ley es que no se toma en cuenta la definición de los gestores. En la última parte del documento que les presentamos hacemos referencia a los cinco o seis momentos en el proyecto de ley en los que se hace una referencia al gestor de residuos, pero de forma lateral. Además, en el texto sí se define el generador y el clasificador. Nosotros creemos que es necesario que el texto del proyecto de ley de alguna forma defina a las instituciones públicas o privadas que hacen gestión de residuos. Justamente, el hecho de poder contar con la definición del gestor permitirá reconocer los aportes que el sector realiza a la economía, al aporte de generación de empleo, a la innovación. Uruguay tiene capacidades para poder gestionar los residuos. Hay empresas que tienen más de 100 años en esto, o sea que la gestión de residuos se realiza y se procura que se haga de buena forma. Creemos necesario que eso sea reconocido en el texto de la ley. A su vez, se estaría reconociendo un actor clave que va a estar directamente impactado por lo que crea la normativa, es decir, una cantidad de condiciones que impactan en las operaciones que tienen que ver con residuos que, como son desarrolladas por gestores de residuos, de alguna forma la norma debe de poder definirlos. Además, visibilizar a los gestores permite impulsar las políticas que fomenten el desarrollo de ese sector, como los incentivos, los apoyos a la valorización de residuos, etcétera, que la propia ley establece.

(Ocupa la presidencia el señor senador De León).

–En definitiva, se establecen una cantidad de acciones y de situaciones que se deben llevar adelante en función de las operaciones que realizan los gestores, al tiempo que se garantiza su sana vinculación con la autoridad regulatoria, dando certeza jurídica a esas interrelaciones. A su vez, legitima a los gestores de residuos para garantizar la participación en los ámbitos de diálogo y construcción de políticas de residuos. Al definir al gestor, esto se podrá plantear en los ámbitos de participación en función de una sana interrelación con los generadores y la autoridad regulatoria. 

En cuanto al modelo de gobernanza del Fonagres –que es otro tema que nos preocupa–, es decir el organismo participativo que administra los fondos públicos que se van a prendar en función de la modificación del Imesi –según lo que establece el proyecto– creemos que tiene que ser independiente y contar con los mecanismos de control y, además, generar los adecuados contrapesos. Cuando nosotros vemos cómo se establece o cómo se propone establecer ese consejo de dirección del Fonagres, encontramos que hay una participación primordial de organismos gubernamentales que tienen vinculación con ese actor de autoridad regulatoria. Entendemos que debería de haber un adecuado contrapeso, tanto de la parte de los generadores como de los gestores. Consideramos que eso va a permitir, justamente, que esos contrapesos y esos mecanismos de control se desarrollen en función de que se van a estar administrando dineros públicos, que tienen que ver con operaciones como la gestión de residuos, etcétera.

Los demás actores están mencionados de un modo difuso, sin la mención explícita, como sí lo hacen en la parte de los organismos gubernamentales vinculados con la autoridad regulatoria. Entendemos que también hay que trabajar o plantear mecanismos de control de la ley para que no queden sujetos a la reglamentación; me refiero al control de cómo se va a realizar la aplicación y distribución de los fondos públicos que se estarían recaudando y aplicando para una correcta gestión de residuos.

Finalmente, hay una parte en la que el proyecto plantea formalizar la cadena de comercialización. Nosotros somos contestes con ese objetivo; entendemos que las operaciones de residuos deben de ser desarrolladas en un marco formal y que muchas de las problemáticas sociales y ambientales que tiene esta situación, en lo que tiene que ver con las gestiones de residuos reciclables que se comercializan, tiene raíz en la informalidad de esa cadena de comercialización de residuos reciclables. Hay que pensar en una sana incorporación de esos canales de formalización, de manera de establecer los mecanismos necesarios para preservar los actuales puestos de trabajo ante la internalización de costos que al día de hoy no están por tener una pata informal. No hay que olvidar que en el mercado de los reciclables Uruguay es un mercado muy pequeño, commoditizado a nivel mundial y, además, somos tomadores de precios. Entonces, en cuanto a la formalización de esa cadena que entendemos necesaria hay que prestar especial atención a los actuales puestos formales para que esa internalización de costos no genere una situación y propicie, por ejemplo, situaciones de contrabando u otras que pueden pasar con algunos materiales que al día de hoy se manejan de esa forma, y eso no es lo que realmente queremos.

Muchas gracias.

SEÑOR LAMAS.- La economía circular está naciendo en estas latitudes. Tanto Argentina como Brasil ya están en punta y se ven industrias enormes que están sustituyendo petróleo con la reincorporación de polímeros a las cadenas; lo mismo con  metales. Han acuñado el término de minería urbana. Hay países que sin tener determinados recursos en el reciclo encuentran ese recurso, lo explotan y lo industrializan.

Con relación a lo que Horta mencionaba respecto de la ley, quiero aportar la siguiente visión. A nosotros nos parece que el gran motor de la economía circular es la generación de esas empresas que tienen una innovación, una inventiva que va delante de la realidad, que están antes de la percepción y van generando nuevas ideas y nuevos usos para materiales que nosotros consideramos caducos. Y rápidamente se han instalado –no solamente en el primer mundo– generadores de trabajo que no están vinculados al concepto tradicional de la basura. La economía circular trabaja con basura, pero no es basurera. La economía circular genera, desde el nacimiento del nuevo producto, una cantidad de puestos de trabajo que pasan primero por el diseño, es decir, cómo vamos a diseñar este bien para que cuando se acabe su vida útil podamos usar todas las partes en otro bien, diferente, o que tenga el mismo uso. Eso tiene implicancias en nuestra cultura, en nuestra base universitaria, en la bioquímica, en el diseño y en una cantidad que cosas que surgirán. Entonces, el instrumento –que es la ley– va a ser muy importante porque va a tener vinculaciones con el trabajo, con la nueva economía, con la cultura, con la educación.

                ¿Qué le encontramos al proyecto de ley? Que todavía le falta engrosar algunas carreteras dentro de la legislación que después puedan ser llenadas con realidades. Precisamos que tenga un abarcar más amplio de estas cosas que no aparecen en la legislación y que, seguramente, vamos a necesitarlas. Digo esto porque si hoy tenemos 1700 puestos de trabajo, podemos llegar a tener 70.000. Alcanza con ver solamente las industrias textiles basadas en polímeros que se recuperan, o las industrias metalúrgicas o las que recuperan electrodomésticos, que todavía no tenemos ninguna de ese tipo funcionando en la cadena circular.

                Por tanto, nos parece que estaría muy bien que meditáramos el alcance que tiene esta iniciativa y tomarla como perteneciente a un nuevo período de nuestra industria. Digo esto porque vamos a cambiar nuestra forma de industrializar, vamos a diseñar para recuperar, vamos a tener que recuperar para reusar, y vamos a tener que educarnos para diseñar, trabajar y usar. Vamos a tener que cambiar.

                Creo que deberíamos darle el tiempo necesario a esta discusión –no diría perder el tiempo– para generar una ley que sea más abarcativa de estos fenómenos que van a implicarla porque va a gobernar la economía circular, y tenemos que hacerla muy bien.

                Por otro lado, quiero hacer referencia al hecho de que no menciona al recuperador, al gestor de los residuos que va a ser, justamente, el gran protagonista. En Europa, por ejemplo, a una intendencia como la de Montevideo se le reconoce un ámbito en el que es autoridad, pero otra parte del organismo es su cometido como gestor. En este sentido, en Uruguay el principal gestor de residuos, en volumen, es la intendencia. Y como gestor tiene que estar regulado por determinadas normas, ajustarse a determinados principios y determinadas sanciones, como todos los demás.

                Consideramos que, en el proyecto, se tiene muy poco en cuenta la figura del gestor como protagonista de este trabajo que va a hacerse en el futuro y que va a ordenar esa parte de la economía. No me refiero  solamente como una figura a cuidar, porque no es el caso, es una figura a regular. Debemos saber cómo se va sustituir, cómo se va a penar, cómo se va a habilitar ese protagonista que es importante.

                Muchas gracias.

SEÑORA AROCENA.- De todo lo que hemos conversado en la interna –que vaya si hemos preparado este momento porque nos importa mucho– quisiera decir que nos cuestionábamos por qué vendríamos a hablar de la visibilidad de nuestro sector, no sea cosa que vayamos a quedar como unos resentidos. Debemos entender que se estaría en una situación de invisibilidad social. Las mujeres sabemos de este tema y de sus consecuencias. Como soy mujer y gestora de residuos, lucho por ser visible en ambos aspectos. En ese sentido, pido a los senadores que imaginen qué va a pasar con estos clasificadores que el proyecto de ley quiere promover y con lo que nosotros estamos muy de acuerdo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué profesión van a tener? El proyecto de ley no lo dice y con eso quiero mostrarles la invisibilidad. Creo que estaría bueno que aquellos clasificadores que logren un desarrollo y pasen a ser socios de nuestra gremial, sean gestores de residuos y los estaremos recibiendo con esa dignidad de pertenecer a un sector profesional.

SEÑOR GARÍN.- En primera instancia quiero agradecerles la visita. Saludo especialmente que hayan sentido la necesidad de preparar esto, porque como se dijo en las reflexiones previas, estamos haciendo una transformación profunda de la política pública referida a la gestión de residuos. Ni qué hablar que detrás de eso viene un cambio cultural que, a nuestra manera de ver, va a generar –entre otras cosas– nuevas profesiones. Incluso, quizás haya una nueva profesión que se llame «gestor de residuos». ¿Por qué no?

                La evolución de la sociedad hace que ya no sea más sustentable el «uso y tiro» y pase a ser «desecho lo mínimo indispensable y lo desecho ya preparado para ser reciclado», pues no tenemos por qué trasladar a los gestores de residuos buena parte de la función de recuperación de los elementos que forman parte de los desechos que alguien consideró como tales. Por el contrario, tenemos que pensar la forma en que eso se extienda y ojalá que el que los desecha los clasifique y, además, los segregue de manera tal que no caiga en el mismo recipiente, porque si lo separamos pero lo tiramos en la misma papelera o habitáculo perderemos mucho de lo avanzado. Creo que estos son los elementos básicos de este enorme cambio, y por eso les agradecemos que hayan concurrido para ayudarnos a enriquecer este pensamiento.

                Insisto, creo que este proyecto de ley va a significar un cambio importante de política pública y cultural. La ley es simplemente un pedazo de papel con tinta, pero está bueno que tengamos la mayor cantidad de reflexiones posibles y de escenarios, muy especialmente los que visualizan ustedes que están con este problema todos los días.

                Creo que nos podemos ayudar en este tema. Ojalá se puedan  regenerar muchos de estos puestos de trabajo y llevarlos a una condición más digna. En realidad, me interesaría que hubiera un mayor número pero con puestos de trabajo más dignos o, incluso, no cambiar el número, pero sí que fueran mucho más dignos y que, entre otras cosas, no cayeran en la discriminación de ser los que tratan la basura. Quizás podrían ser trabajadores que están en la gestión de los residuos.

                Se ve que el material que nos trajeron es muy elaborado y contiene muchas reflexiones que nos van a ser muy útiles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la información que nos dieron y la que nos dejaron, y vamos a seguir en contacto, porque este es un proyecto de ley prioritario para esta comisión, para el Gobierno nacional y para todos los partidos.

 

(Se retiran de Sala los representantes de la Cámara de Empresas

Gestoras de Residuos del Uruguay).

 

(Ingresan a sala los representantes de la Unión de Clasificadores de Residuos

Urbanos Sólidos).

–Es un gusto recibir a los representantes de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos. Como ustedes saben, estamos en plena discusión sobre el proyecto de ley sobre gestión integral de residuos. Por tal motivo estamos recibiendo a muchas delegaciones para escuchar sus opiniones. La idea es que cada delegación tenga 15 minutos para dar su visión y, probablemente, en el futuro también tengamos posibilidades de nuevos intercambios.

SEÑOR RAMADA.- Integro la secretaría de salud laboral y medio ambiente del PIT-CNT y somos el contacto directo con el sindicato a partir de que este está afiliado a la central.

Simplemente quiero decir que preparamos algunos materiales que vamos a entregar a esta comisión. De todos modos, para realizar la exposición o lo que será el núcleo de la misma, nosotros vamos a repartir el uso de la palabra entre los miembros de la delegación.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- Soy la actual presidenta del sindicato.

                Ya que nos pudieron recibir queremos aprovechar la oportunidad para aclarar lo que es nuestro trabajo. Somos clasificadores de toda la vida. Hoy por hoy se está enterrando mucha materia prima y el clasificador de todos los centros de trabajo del país tiene una gran incertidumbre principalmente en los vertederos; esto también ocurre entre los clasificadores ambulantes como, por ejemplo, los carreros. Lo que ocurre es que tantas zonas de exclusión nos están dejando totalmente desamparados. Hablando con los compañeros y con mucha gente vemos que esto está creando una parte de la inseguridad social que existe. Se habla mucho de la inseguridad, pero no se ve que a los más pobres nos están obligando a ser parte de la misma porque no nos están dejando trabajar. Repito, están enterrando nuestra materia prima, que es de lo que vivimos. Lamentablemente es la zona más pobre.

Queremos reclamar y hacer sentir que somos clasificadores, y en nuestro ramo hay todo tipo de gente. Por ejemplo, hay clasificadores que tienen estudios cursados. Esto lo digo porque he estado en todos los censos de clasificadores: hasta hay abogados que hoy por hoy son clasificadores.

                Lamentablemente, todos sabemos la realidad: uno llega a la jubilación con una miseria y eso no alcanza, por lo que tiene que terminar con un carro. Ese el último recurso que tenemos los clasificadores.

                Lo que queremos pedir es que la materia prima sea de los clasificadores, no de las empresas privadas que tienen negocios por todos lados mientras nosotros nos estamos muriendo de hambre.

                Por ahora, gracias.

SEÑOR CATALANO.- Soy delegado responsable de seguridad nacional de Ucrus.

                Algo de lo que estaba hablando la compañera es que el clasificador está haciendo mucho por el medioambiente. La materia prima que nos llega no está viniendo bien y queremos que se tome en cuenta nuestra situación al estar clasificando. Al poder estar en lo que estamos haciendo –que es lo único que llevamos a cabo porque no tenemos muchas otras cosas para hacer, ya que hay mucha gente que no tiene estudios y que no está muy incluida en la sociedad, a pesar de que también hay muchos que quieren trabajar– no solamente reciclamos la materia prima sino que también estamos haciéndole un bien al medioambiente.

SEÑOR RAMADA.-  Lo primero que quiero decir es que con los compañeros de Ucrus y con mucha gente de la universidad y de organizaciones sociales hace tiempo que se viene trabajando. Los antecedentes los van a encontrar en el material, desde lo que hizo la Comisión Social Consultiva de la universidad en el año 2004 hasta los seminarios posteriores que organizamos en el PIT–CNT sobre incineración y residuos. Quiere decir que más allá de las luchas que han llevado adelante los compañeros de Ucrus con sus marchas de carros y todo eso, estas siempre han estado acompañadas de propuestas serias, fundamentadas y basadas en datos y estudios. Hasta el partido de gobierno tenía, en uno de sus integrantes del Partido Socialista por el departamento de Montevideo, un estudio sobre residuos que era muy completo y que fue una de las bases que usamos. Posteriormente, un día fuimos a hablar con ellos y ni lo conocían.  Mucho trabajo que se ha hecho ha quedado en el pasado y, mientras tanto, se sigue improvisando y haciendo planes piloto.

Nosotros trabajamos mucho tiempo en el desarrollo de esta ley, aportamos cosas, discutimos y a lo que aspiramos es que esto sea un cambio en serio en el tema de los residuos y no un parche más, como fue la ley de envases, que terminó siendo un monto de dinero que no se sabe bien de cuánto es ni cuánto da cada  empresa y que lo maneja la propia Cámara de Industrias del Uruguay. Con eso se pusieron unas cuantas plantas en el país que, si alguien las conoce, podrá decir que son un desastre; se trabaja en malas condiciones, no se recibe material adecuado, no se cumple con la cantidad y calidad de residuos que se prometió, etcétera.

Y ni hablamos de los vertederos municipales, que son una vergüenza. A uno le da vergüenza que en este siglo y en este país, haya gente trabajando en esas condiciones. Eso está a la vista de todos hace años y no pasa nada.

                Además, lo que decimos es que hay una deuda de la sociedad con los clasificadores porque hace años que han venido sirviendo a la sociedad, rescatando material valioso y viviendo en la miseria. Mientras, ha habido sectores –depósitos, intermediarios, etcétera– que han hecho –y siguen haciendo– un gran negocio con eso.

                Entonces, pensamos que una ley de residuos en serio tiene que atacar ese problema porque, de lo contrario, va a quedar en más de lo mismo.

                Insistimos, cuando hicimos algunos aportes, en que hay que tener en cuenta tres aspectos en una  ley –eso, en parte, lo dice la norma, el tema es que hay que ver si después, en la reglamentación, se cumple–: el aspecto social, el ambiental y el económico.

                El centro del aspecto social, para nosotros, es que esto termine en una dignificación del trabajo de los clasificadores. No hablamos solo de formalización, sino de dignificación del trabajo, porque parece que alcanzara con que alguien esté en una planilla y aporte. Dignificación es que el trabajo sea según lo que Uruguay se comprometió ante la OIT al respecto. Hablamos del empleo verde, del trabajo decente, y eso está en varios documentos escritos. Uruguay adhiere pero, en la práctica, no es así. No hay nada más lejos de un empleo verde, de un trabajo decente, que lo hacen los clasificadores.

                Entonces, creemos que se tiene que llegar a eso con un plan sistemático y no con medidas aisladas, y la forma que apoyamos es un plan nacional de residuos, una política nacional de residuos plasmada en una ley.

                El otro aspecto es el ambiental. Aquí seguimos con el sistema básico de mezclar y enterrar. Eso es un absurdo, es anacrónico, pero acá se sigue haciendo porque es cómodo. Ni siquiera se hace porque sea económico –porque, a la larga, es más caro– sino porque es cómodo. Entonces, como todo el mundo está acostumbrado, lo seguimos haciendo, mientras que en varios países se está planteando la llamada política de «entierro cero». Es cierto que no es posible el «entierro cero», pero se puede apuntar a que se entierre lo menos posible.

                En el aspecto económico, no se debe medir la economía desde el punto de vista de la rentabilidad que van a tener determinadas empresas, sino tomando en cuenta el beneficio económico de los clasificadores, que son los verdaderos pulmones de esto. Además, si tomamos en cuenta la rentabilidad parcial de una empresa, las cuentas no cierran. Solamente cierran si lo que se toma en cuenta es la mejora del ambiente, lo que se ahorra en costos de disposición final o de recolección, más todo lo que se recupera por procesar los residuos.

                Entonces, en general, apoyamos la puesta en marcha de esta ley de residuos –incluso en el material que les entregamos hay algunos comentarios–, pero para que funcione en serio tiene que contar con los instrumentos económicos adecuados. En ese sentido, no estamos de acuerdo con lo que ahí se plantea. Se habla de dos fondos, pero no queda muy clara la magnitud que puedan tener esos fondos.

                Para nosotros debe existir –como hay en otros lados– la tasa ambiental, es decir que todo aquello que se va a convertir en un residuo tenga una carga económica. Puede ser una carga mínima, pero si se aplica a todo pueden conseguirse enormes cantidades de dinero. Además, debe volcarse a esto. Por ejemplo, nosotros estuvimos en contra de la ley de las bolsas plásticas, porque allí no dice para quién va el dinero que se recauda con su venta. Como todos saben, las grandes cadenas ya incluyen el costo de las bolsas en el precio de sus productos; es más, los envases de cosas caras son más caros. Entonces, si la recaudación por la venta de esas bolsas también va a quedar en manos de los supermercados, estamos haciendo un negocio para los que ya lo tienen.

                También estuvimos en contra de la ley de neumáticos porque creemos que hay que hacer una ley nacional y no pincharla por distintos lados; de lo contrario, seguimos con políticas parciales. Entendemos que todo lo que se recaude debe destinarse a un fondo que genere una industria seria a nivel nacional de la clasificación, rescatando lo más posible y dando trabajo digno a los clasificadores.

                También les hemos dejado algunos números, pero supongo que ustedes ya los conocen. En este país se manejan más de tres millones de bolsas de nylon y cerca de un millón de envases plásticos por día. Si se aplicara una tasa a todo eso, lo que se recaudaría sería suficiente para salarios del orden de los USD 1.200, incluyendo los costos sociales, etcétera, para tres mil clasificadores. No estamos planteando que se les dé esa plata, sino que se cree una industria de clasificación que les permita trabajar dignamente y con un salario razonable.

SEÑORA AVIAGA.- En primer lugar, muchas gracias por venir.

                Quisiera saber cuántos clasificadores integran el sindicato de ustedes a nivel nacional.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- A nivel nacional hay unos 2.800 clasificadores afiliados al sindicato.

                En general, hay unos 25.000 clasificadores en todo el país. Voy a explicar mi caso. Yo soy jefa de familia, salgo a la calle y llego a mi casa con el carro cargado, y es mi familia la que aparta y lleva al depósito. Entonces, también vive del carro, es decir que come, se viste y se calza con lo que se produce con el carro. Lo mismo sucede con el resto de las familias. Además, quién no sabe que, lamentablemente, los más pobres son los que más hijos tienen. Yo tuve seis y ya los crié, pero no viene al caso.

SEÑOR GARÍN.- Antes que nada agradezco que hayan venido y que nos dejen sus comentarios.

                Me parece que hay que enfatizar los aspectos sociales. Somos de los que creemos que no alcanza con formalizar. De hecho, hemos estado en las plantas de reciclaje de la Intendencia de Montevideo y vimos que allí hay muchos trabajadores formalizados, pero eso está lejos de ser un trabajo digno. Entonces, me parece que está bueno que manejemos como aspecto social el tema de la dignificación, ya que tendremos que ocuparnos y analizarlo a fondo. En realidad, necesitamos que nuestros invitados nos ayuden a tener más elementos, porque nosotros elaboramos las leyes pero quienes viven la realidad día a día son quienes conocen el problema. Si queremos hacer un cambio significativo, de época, en cuanto a la gestión de los residuos, a los primeros que tenemos que preguntar es a quienes están todos los días lidiando con esa tarea, y después veremos si acertamos con la solución para el futuro.

                Por otra parte, nos parece muy interesante la idea de no seguir enterrando materiales. Creo que en este punto todos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para sensibilizar a la población, ya que estamos muy acostumbrados al use y tire y por esa comodidad se terminan enterrando cosas muy valiosas. El cambio de época del que hablé se podrá concretar si estamos fuertes con la idea de construir tal cambio. Precisamente, ese cambio consistirá en clasificar y reciclar en vez de usar y tirar. De esa forma, veremos que hay una industria de valorización de los materiales reciclados que tiene que generar mucho más puestos de trabajo dignos.

                Quería compartir y reafirmar estos conceptos que me parecen interesantes. Asimismo, quiero plantear como una inquietud la posibilidad de que, en la medida en que vayamos avanzando en el tratamiento de este proyecto, podamos interactuar, a fin de que nos ayuden a conocer mejor el escenario que pretendemos cambiar. De esa forma se generará un debate positivo en la sociedad y el resultado será una buena ley en esta materia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero hacer un comentario y una pregunta. En primer lugar, creo que esta será una de las leyes más importantes de este período, sin lugar a dudas.

                En segundo término, esta iniciativa contempla aspectos sociales, ambientales y económicos, por lo que no podemos permitir que se genere un desequilibrio. Al respecto, me parece muy importante la visión de nuestros invitados, por lo que me gustaría saber si los planteos que han hecho en la etapa preparatoria de este proyecto de ley los han visto reflejados en su texto, obviamente, más allá de los aportes que se puedan seguir haciendo, porque el trabajo continúa.

                Por otra parte, es impensable tener un proyecto de estas características, que se va a ir mejorando a medida que avanza su tratamiento y seguir enterrando los residuos sólidos urbanos. Eso sería aberrante, ya que el hecho de continuar teniendo esos sitios de disposición final luego de la entrada en vigencia de la ley sería un verdadero fracaso. Eso sería un ejemplo que logramos una ley y a pesar del marco jurídico no se pudo lograr que se implementaran políticas y acciones. Sin dudas, estamos ante un gran desafío. Por eso es tan importante que el tratamiento de este proyecto de ley cuente con la participación de todos los actores, pero de verdad, en el sentido de que se puedan ver plasmadas las decisiones y que juntos podamos implementar todo esto. 

                La pregunta concreta es si al momento han visto que están reflejadas las propuestas que ustedes hicieron oportunamente. En el caso de que no estén aún, sería importante que las identificaran y pudieran enviar a la comisión la propuesta y su fundamentación.

SEÑORA AVIAGA.- Recuerdo haber visto al señor Ramada en Dinama cuando se trataban estos temas en más de una ocasión en que participé. ¿Cuánto hace que se está hablando de elaborar un proyecto a nivel de Dinama? ¿Cuánto tiempo de trabajo, de aportes y de horas de reuniones lleva este tema? ¿De cuántos años estamos hablando?

SEÑOR RAMADA.- Nosotros comenzamos con esto en el año 2012. Se trabajó en ese período un par de años y de golpe se cortaron las reuniones. Cuando comienza este período y asume el director Nario, propone retomarlas. Estuvimos discutiendo cerca de un año. Después se pasó a la elaboración jurídica del proyecto y a la etapa de consultas con la autoridad económica, y estuvimos seis meses sin saber qué pasaba, hasta que de repente vino el proyecto de golpe. Es decir que en principio se está discutiendo hace cinco o seis años. Pero además hubo baches que enlentecieron esto, porque este proyecto de ley hace más de un año que estaba casi pronto y de golpe se cortó. Estuvo mucho tiempo sin que viniera a las Cámaras. Incluso, nosotros reclamamos ante el Consejo de Ministros por qué no pasaba a las Cámaras.

                Con respecto a nuestra opinión, en uno de los documentos que entregamos, que contiene comentarios al proyecto de gestión de residuos del PIT-CNT y que fue aprobado por la Ucrus en su último encuentro nacional, están algunas de nuestras objeciones. Una de las propuestas es que se utilice el término «dignificación» en vez de «formalización», pero eso en realidad es una palabra; a nosotros nos interesan las acciones sobre todo.

                Una diferencia fundamental que tenemos es que ya se hayan aprobado leyes parciales como la de las bolsas. Eso es pinchar la ley general, porque después hay que remontar a ver qué pasó. Si ya se puso en práctica –porque el problema de todas estas leyes es la instrumentación–, hacer una nueva reglamentación que cambie eso es difícil. Entonces, con esa ley y con la de neumáticos se está pinchando una ley general, que ya estaba acordada. Eso es lo que a nosotros nos molesta.

                Otra diferencia tiene que ver con los instrumentos económicos. Nosotros planteamos, de pique, la tasa ecológica. La idea es que todo aquello que vaya a convertirse en residuo tenga una pequeña carga económica. Si uno le agrega USD 50 a un auto, USD 1 a un celular, $ 1 a un envase de nylon o una botella de plástico, en el costo general eso parece no influir, pero si se hacen los números, es un montón de dinero. Aquí se habló, por un informe que hizo el diario El País, que el director Campal, de la intendencia, dijo que era conservador y que la basura manejaba USD 180:000.000 al año. Nosotros pensamos que la mitad de ese dinero se puede sacar bien, aplicando una tasa razonable. Lo paga el consumidor; estamos de acuerdo. Pero eso a nosotros no nos preocupa, porque todo lo paga el consumidor. La fijación de precios la hacen los grandes comercios; entonces, los cambios que se hagan los va a pagar el consumidor, queramos o no queramos. Y si los paga el consumidor, mejor, así trata de consumir más razonablemente. Pero lo que sabemos es que en esas condiciones se puede juntar ese orden de dinero. Y esto implica generar trabajo digno, estable, productivo, así como infraestructura adecuada, porque quien haya visto las plantas de clasificación estará de acuerdo en que son galpones mejorados. Hay una planta muy linda en Salto –fue la mejor que se hizo hasta ahora– y no funciona. Una planta de clasificación es una instalación industrial que tiene una zona de descarga, una cinta, tolvas para volcar las cosas, sitios para ir guardando los objetos clasificados y que incluso, si está hecha en serio, tiene un sector de trabajo de clasificación fina, donde además se puede emplear a personas mayores que han vivido toda su vida sin aportes a la previsión social. Y, por último, tiene el procesamiento de esa materia: el picado de plástico, el picado de papel. Es más, hay otras cosas que se pueden hacer. Acá se dejó fundir la fábrica Copima ubicada en San José que era capaz de procesar todo el PET del país para hacer fibra. Peleamos para que se mantuviera, pero al final murió. ¿Qué pasa hoy en día con el PET o con lo que tiran al mercado y contaminan? ¿Consiguen que enfarden y lo exporten, o sea, lo cobran dos veces o termina tirado en las cunetas? No se procesa y nosotros queremos que se fomente una industria nacional. Creemos que hay un instrumento económico que está establecido acá, donde se suma el Imesi y se sacan algunas cosas, pero no está todo incluido. Además, se hacen dos fondos: uno de valorización y otro para las intendencias, pero eso diluye la posibilidad de hacer un cambio en serio. Esa es nuestra principal objeción.

                Puede estar la ley, pero lo más importante es la reglamentación. Seguramente esto implica castigar a sectores que históricamente han lucrado con los residuos. Es importante que se genere un monto de dinero que permita establecer una industria nacional de la clasificación; de lo contrario, va a ser una ley de envase mejorada.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- Quiero contestar lo que dijo un senador cuando habló de «tire y entierre». El tema es que los municipios de todos los departamentos tienen la misma política. Cuando salieron los contenedores naranjas había vecinos –y me pongo de su lado, aunque él no se ponga del lado de nosotros– que separaban lo seco de lo húmedo y yo lo veía porque soy clasificadora de toda la vida. Después venía un camión del municipio y levantaba los dos contenedores juntos. Entonces, lo hacía dos, tres o cuatros días, pero después dice: «Vengo cansado de trabajar, me pongo a separar los residuos y me pregunto para qué lo hago. ¿Para que venga el camión y levante los dos contenedores en mi propia cara como tomándome el pelo?». Me pongo del lado del vecino y no lo hago más, aunque eso nos perjudica, porque esa materia prima no llega a nosotros.

Por otro lado, le pregunto a los clasificadores jóvenes –hoy hablé de la inseguridad que hay en todos lados–  que se miran unos a otros y ninguno contesta la verdad: ¿qué es más fácil para un clasificador joven, estar diez o doce horas arriba de un carro o manotear un celular o una cartera y revocar a una persona en cinco minutos? Por algo andamos diez o doce horas arriba de un carro o cinchando uno, porque ahora tenemos la ley de tracción animal. ¿Y nosotros que tenemos en la venas? ¿No tenemos sangre? Claro, los caballos sí tienen, pero para Maroñas y todo lo demás no pasa nada, no hay problema. Parece que nosotros no tenemos sangre, ¿Qué tenemos: veneno en la venas? ¿No somos seres humanos? Eso no le importa a nadie. Esa es nuestra pelea: que miren un poco, que somos seres humanos que trabajamos toda la vida en lo mismo y queremos seguir haciéndolo como clasificadores, que no nos impongan hacer otra cosa que no queremos hacer. Hay gente –como en mi caso y en el de muchos compañeros– que nacieron clasificadores y vienen de muchas décadas. Mi abuelo fue municipal, trabajó con las mulas en tiempos en que el municipio levantaba los residuos con las mulas con carros de cuatro ruedas. ¿Por qué tanta zona de exclusión? Entiendo que si una persona tiene plata se compra un cero kilómetro, pero ¿y nosotros? ¿Qué hacemos? Cada vez vamos más a la perimetral ¿Qué podemos conseguir de nuestros compañeros? Ahí está la inseguridad, porque llega un momento en que la cabeza de uno aguanta pero no la de un joven que tiene familia.

SEÑOR CATALANO.- Quería decir algo; hace 20 años que estoy en el tema de la clasificación. Durante muchos años estuve en Felipe Cardoso y ahora estoy trabajando en las plantas; últimamente nos damos cuenta que las cuatro plantas que hay en Montevideo no están funcionando porque los camiones no están entrando y cuando vienen camiones te tiran 200 o 300 kilos. No va la materia prima que debe ir a la planta y no están funcionando. Créanme porque yo estoy trabajando allí y hemos tenido una reunión con la Intendencia; incluso Daniel Martínez ha ido a visitarnos a la planta y nos ha prometido cantidad de cosas que no ha cumplido. Repito que hace cuatro años que estoy trabajando en las plantas clasificadoras y puedo decir que no funcionan.

SEÑORA AVIAGA.- Quisiera saber si conocen la planta de Florida y en el caso de que la conozcan, me gustaría conocer su opinión. Estuve allí, vi a la gente trabajando y conozco los vertederos del interior y me pareció que había un cambio.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- Antes del encuentro nacional que se hizo en junio estuvimos en varios departamentos del interior del país y vimos que cambió el trabajo porque de cuarenta familias que trabajaban en Florida quedaron diez. ¿Qué hicieron con el resto? Lo cierto es que allí están compactando y ese no es el trabajo del clasificador. La compactación no va a funcionar para sacar gas ni nada. A la larga, eso no va a funcionar y lo mismo pasa con la incineración que tampoco va a funcionar porque este es un país muy chiquito. ¿Van a comprar basura a otros países para que funcione? Eso es lo que nos están sacando y nosotros queremos seguir siendo clasificadores reconocidos pero no para vivir en la basura sino para trabajar la materia prima y que todo vuelva al mercado. Queremos que se pueda reconvertir todo lo que clasificamos y poder vivir bien como lo hacíamos hace diez años, no queremos llegar a casa y dar arroz a los niños todos los días porque el trabajo que hay en la calle no nos alcanza.

SEÑORA AVIAGA.- Ustedes hablan de diez años para atrás, ¿qué fue lo que cambió?

SEÑORA GUTIÉRREZ.- Cambiaron mucho las zonas de exclusión y la famosa requisa de carros, cuando los caballos desaparecían. Cuando el juez determinaba que nos los devolvieran, íbamos a las comisarías y las famosas protectoras de animales nos habían robado los caballos. El método de trabajo lamentablemente también cambió porque no podemos andar con los carros con caballos en el centro y tenemos que juntar los residuos en carritos de supermercado, que es lo que hoy más se ve en la calle. Además, están los carritos con moto o con bicicleta pero no se puede cargar la misma cantidad de residuos. Otro problema es que no hay materia prima suficiente porque uno va por la calle y el camión viene pisándonos los talones. También nos faltan el respeto y eso es lo más triste para un ser humano; si nosotros les faltamos el respeto, como somos pichis terminamos en la comisaría donde nos muelen a palos, pero no importa porque somos pichis. Y no puede ser así porque somos seres humanos como cualquier otro, y también somos trabajadores como el resto, porque una persona que gracias a su trabajo puede llevar el alimento a su casa es un trabajador, y eso es así aquí, en China y en Hong Kong.

SEÑOR RAMADA.- En cuanto a lo que se decía sobre los años puedo decirles que lo experimenté en donde vivo. Lo que cambió en estos últimos diez años fue que llegaron los contenedores. No sé si la intendencia ha hecho una evaluación, pero mi impresión es que desde que se implantó este sistema la ciudad está más sucia. En mi zona no había contenedores, cada cual ponía su canasto, los edificios tenían su sistema, el camión recolector pasaba de noche y entre las cinco y las siete pasaban los clasificadores. Muchos de nosotros les dejábamos las cosas separadas para que se las llevaran y pasaban los carritos con caballo –que a mí no me molestan aunque sé que a otros sí– y la ciudad nunca estuvo más limpia. Llegaron los contenedores y la ciudad es una mugre. Esa es la realidad y lo que cambió de diez años a esta parte es el sistema que no es funcional a la inclusión social sino a la comodidad del trabajo de recolección.

                Por último, quiero señalar que hace un tiempo presentamos a una comisión un proyecto de reconocimiento del oficio de clasificador y eso está incluido en el material que dejamos. Lo cierto es que nunca más se consideró pero de pronto es algo que se podría incluir en el proyecto de ley. Digo esto para dejar claro que hemos hecho algunas propuestas que han quedado en el olvido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos el aporte de la delegación y continuaremos en contacto para seguir trabajando en este proyecto de ley.

(Se retira la delegación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos).

 (Ingresan a sala representantes de empresas recicladoras, importadoras y fabricantes de plásticos).

–Agradecemos mucho su presencia.

                La idea es conocer su opinión sobre el proyecto de ley de Gestión Integral de Residuos. Si bien ya hemos conversado sobre este tema en otras instancias, la comisión ha comenzado a analizar la iniciativa y creemos que su opinión es muy importante.

SEÑOR SOMMARUGA.- En primera instancia, cuando concurrimos a la Dinama se nos entregó el proyecto de ley y en ese momento empezamos a estudiarlo.

                En segundo lugar, agradecemos la posibilidad de participar y de poder hacer nuestro aporte desde la Unión de Clasificadores de Aglomerado de Polietileno.

                La idea es informarles a los señores senadores cómo va nuestro trabajo a este respecto. En esta primera instancia, luego de la reunión vimos que hoy en día no podemos aportar mucho porque desconocemos los alcances que tendrá la reglamentación de la ley aprobada de bolsas plásticas, que puede afectar directamente a las fábricas de bolsas. ¿Por qué? Porque con la fabricación de bolsas recicladas se viene acarreando un grave problema, ya que fabricar únicamente bolsas recicladas no es rentable para la industria.

Nosotros fuimos anexando artículos que hoy están siendo retirados de fabricación. Luego de la charla que tuvimos hace 20 o 30 días con la Dinama, vimos que hay otros artículos cuya reglamentación aún no está clara y quedamos en que ellos nos van a llamar para analizar ese tema. Todavía no nos han llamado y tenemos esas dudas. Lo de la rentabilidad ya fue hablado en la comisión. Lamentablemente, a la mayoría del sector del reciclado no se le ha podido dar solución en este tiempo. Entonces, no sabemos si podemos solucionar eso primero o antes cerramos nosotros. Para poder competir con esa informalidad es que hicimos todo lo demás, como agregar material de alta densidad virgen, polipropileno virgen, hicimos camisetas recicladas, vírgenes e impresas. Con todo eso logramos decir que contábamos con el artículo del reciclado que en este momento, con las pautas actuales, es inviable. Eso no quiere decir que nosotros estemos cerrados a eso y quiero que esto quede bien claro. Estamos tratando de buscar una solución y sabemos que no podemos venir a intentar trasladar el problema a la comisión o a quien sea, diciendo que regularicen a todo el mundo y después vemos cómo trabajamos. Es decir, aquí venimos a exponer qué es lo que está pasando.

                Dadas estas circunstancias y descontando que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo están preocupados por esta situación, hasta no saber cómo va  quedar conformada la reglamentación, y ante la pérdida de varios productos que se pueden producir–por lo que hemos hablado con Dinama–, pero que no vamos a poder producir ni distribuir, varios de nosotros dependeremos de eso para poder seguir o no funcionando; quizás algunos de nosotros tengamos que cerrar nuestras empresas. Los motivos son la falta de productos para comercializar; puede suceder que, en lugar de fabricar ocho artículos como hasta ahora, fabriquemos tres. Esto no quiere decir que sea así; simplemente estoy comentando lo que se habló en Dinama y el tema tampoco estaba claro. Nosotros hemos hablado por separado con ustedes y nos han dicho «esto puede ser» y sin embargo llegamos a Dinama y nos encontramos con un  no rotundo y se nos dijo que era imposible. Es decir, no quiere decir ni que sí ni que no. En realidad, lo que necesitamos es la reglamentación. Esto sería lo referente a la parte de la fabricación de bolsas.

                Ahora me voy a referir a las empresas del reciclaje. Acá hay algo puntual que es importante y creo que el proyecto de ley va más allá. El problema es poder llevar paralelos los tiempos de ambos. Actualmente, la certeza que les podemos dar a modo de información es que el 85 % de lo que se recicla va destinado a las fábricas de bolsas y el 15 % restante es lo que se divide en caños, baldes y otros artículos. Por ejemplo, en este período de invierno es cuando más baja el uso de bolsas. Aquí está presente un compañero que es reciclador –que se dedica pura y exclusivamente a reciclar, no como nosotros que hacemos otras cosas– que, a su vez, es nuestro proveedor. Nos decía que si paramos la fabricación de bolsas esto mermaría porque no hay artículos para el uso de la bolsa y que él no sabría dónde se iría a colgar, porque los otros artículos no se están implementando hoy con reciclado y si le ponen lo hacen con un 5 % o un 10 %. Entonces, cuando hablábamos de estos temas veíamos que el problema surge si nos trancamos, porque la viabilidad no se daría para que la industria del reciclado pudiera cerrar el círculo y hacer dos o tres artículos más para llegar a reglamentar. Y está la otra parte –conocemos a los que están y les hemos planteado mil opciones para trabajar todos juntos, pero es difícil–, pero el problema del reciclado es a quién vender.  Entonces, otra cosa que vimos a raíz de esto es que se nos puede decir que ahora tenemos la posibilidad de hacer un artículo, tanto en biodegradable como compostable. Nos hemos movido y estamos en contacto con fábricas chilenas; hablamos mucho sobre una bolsa nueva en ese país, donde también hay una disposición sobre el uso de la bolsa plástica. Los precios que se están manejando hacen que las pequeñas y medianas empresas estemos casi descartando en su totalidad la fabricación del compostable, porque no tenemos el capital que necesitamos. Estamos hablando de que ahora no solamente es Brasil nuestro gran competidor –lo era hasta hoy–, sino también Chile, que ejerce una gran competencia. Argentina no tanto; hemos averiguado y podríamos mecharnos.

Queremos que quede claro que nuestro máximo interés y voluntad es poder seguir trabajando y aportar directamente con todas las autoridades pertinentes nuestra humilde experiencia para lograr la ley integral de residuos, que contempla a todas las partes: medioambiente, mano de obra necesitada, generación de nuevas empresas, fomento de nuevas industrias pequeñas y medianas y a la economía circular, de la que también hemos hablado. Cuando esté pronta la nueva reglamentación de bolsas es que vamos a tener un panorama más claro; podremos decir que mantuvimos conversaciones con la Dinama y hablar de cosas que no tenía claras. Por ejemplo, el otro día escuchamos al director de Dinama en la radio y repetía palabras nuestras, como por ejemplo que con relación a las bolsas de boutique –como le decíamos– se fabrican 7.000 u 8.000 en una sola tirada y duran todo un año. Si las hacemos con material biodegradable, cuando las van a usar no tienen más las bolsas. Él lo entendió y dijo que esa es una posibilidad y que hay que estudiarla. O sea que ese capítulo todavía no está cerrado, pero tampoco sabemos qué si, qué no. Le hablamos del rollo de diez micrones y nos dijeron que iban a ver cómo podían hacer, que capaz que podían hacer algo, o capaz que no. Las palabras fueron: «Queremos una bolsa ordinaria». No podemos venir a hacerles perder el tiempo a ustedes preguntándoles: ¿Qué ideas tienen para esto?

A modo personal, quiero decir que la ley tiene muchas partes que son muy buenas. Inclusive, la estuve leyendo varias veces. Esto es una realidad; es algo tangible y no estamos exagerando las cosas: para poder competir con todo el resto de la gente teníamos que hacer todo esto. Si perdemos un artículo, veremos cómo nos acomodamos. Pero si perdemos más de un artículo, se nos complica un poco más.

                Esa es mi participación.

SEÑOR CONTARDI.- Simplemente quería decir algo exclusivamente desde el punto de vista de los recicladores.

Como ya habíamos manifestado antes, la ley de bolsas nos perjudica mucho. Creo que una parte de la explicación dada por mi compañero no se entendió bien. Voy a complementar lo que él dijo.

Lo que dinamiza el negocio del reciclaje es la bolsa. Por más que la nueva iniciativa que se está estudiando nos asegure el acceso a otro tipo de materias primas, si no se vende, no funciona, porque la gran mayoría de las fábricas que reciclan plástico lo hacen para vender, para fabricar bolsas. Por tanto, para mí no tiene mucho sentido. Me pregunto: si no se puede vender, para qué vamos a reciclar. En mi caso, no sé si coincidió que en este momento está la salida de la ley de bolsas, que se cayó un poquito el país o cuál es la razón, pero lo cierto es que no le vendemos un gramo de materia a nadie. Realmente, es algo complicado. Durante los últimos años, como la mayor parte de la competencia desleal se enfocaba en las bolsas, traté de buscar otro nicho, y realmente lo que se vende en otro ámbito es mínimo. Si no le vendo al que fabrica bolsas, por más que tenga materia prima, ¿qué hago? No se coloca. La puedo reciclar pero no se puede vender. Hago hincapié en eso porque considero que es lo que está mal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que quedó claro el planteo de ustedes en cuanto a que están a la espera de la reglamentación a fin de tener una posición más definida. Me parece que eso quedó planteado en la nota y en la participación del señor Sommaruga. Pienso que cuando avance el tema de la reglamentación, tendremos la posibilidad de reunirnos en una nueva instancia y, al mismo tiempo, podrán ver un panorama más claro para incidir en algunos aspectos de la ley.

SEÑOR SOMMARUGA.- Esa es la idea primordial que tratamos de trasladar acá.

                A su vez, en el material que les entregamos les decimos que, llevada a cabo la reglamentación o gran parte de ella –cuando los representantes de Dinama nos den su palabra, no es necesario que la lleven en su totalidad por escrito–, nuestra idea era solicitarles una nueva reunión. Nos interesa conocer sus ideas para saber cómo ir adaptándonos a esa ley y trabajar juntos. No es que nosotros digamos una cosa y ustedes otra, porque sabemos que de esa forma vamos a estar mucho tiempo con este tema.                 Nos ofrecemos para aportar ciertas ideas sobre el reciclaje porque, de los cuatro que estamos acá, tres tenemos más de treinta años en esta actividad. O sea que alguna idea tenemos del asunto. Lo que sucede es que las pautas van cambiando y, entonces, tenemos que ir viendo y acompañando eso para poder llevar a cabo algo serio. Es un tema que nos interesa y queremos que cuenten con nosotros. Lo que sucede es que no queremos venir a decir algo ahora si no sabemos qué va a pasar con nosotros.

                Aquí hubo cambios que nos afectan, y nuestra viabilidad depende de cuáles podamos asumir. 

                Por ejemplo, estamos casi convencidos –no quiere decir que todo; esto es muy nuevo, no podemos tomar una determinación– de que nuestras empresas –todas las que están anotadas en el material que les entregamos– no están capacitadas para el nuevo producto. Decimos esto porque es mucho más de lo que se piensa. Estuvimos estudiando y haciendo pruebas contra otras industrias de otros países que van a venir porque les interesa, que nos han llamado y nos han hecho ofrecimientos. Brasil nos ofreció traer la bobina pronta para que nosotros terminemos el proceso, pero eso no nos interesa, nos importa la industria que es por la que peleamos. Eso fue lo que vinimos a decirles a ustedes.

SEÑOR EFFA.- Hemos estado en los dos lugares, es decir, en Dinama y aquí. Encontramos que ciertas opiniones son diferentes. Por ejemplo, en el caso del material compostable, según Dinama, lo determinaron los senadores. Sin embargo, cuando hablamos con ustedes, nos dicen que los que determinaron el material fueron los de la Dinama.

                Entonces, ¿no sería bueno que estuvieran aquí los representantes del ministerio para que no tengamos un doble discurso con respecto a este tema? Planteamos esto porque nosotros hablamos con el ingeniero Nario y él dijo que nunca habló del material. Incluso, se refirió al señor senador Bordaberry. Pero cuando estuvimos hablando con el senador, nos comentó que nunca habló del material sino de las bolsas, que quería que fueran reciclables, y de buscar algún material que la bolsa no tuviera tanta cantidad.

                Entonces, cuando partimos de algo tan importante como el material que se usa, pero que en los dos lugares que estuvimos nos hacen un comentario opuesto, como fabricantes sentimos que no tenemos un rumbo seguro. Es por esa razón que pensamos que lo mejor es que la Dinama esté presente. 

                El senador Bordaberry nombró este asunto nuevamente en la radio. Realmente, son cosas que nos ponen nerviosos porque, si no fue uno y no fue el otro, ¿quién fue?

 SEÑOR PRESIDENTE.-  Quiero señalar que este es un único proyecto y acá hay una única visión; la ley de bolsas plásticas está planteada de esa manera. A tal punto es así que cuando ustedes vean la iniciativa sobre la gestión integral de residuos van a percibir que hay una única visión. Obviamente, es muy importante la participación y las opiniones de todas las organizaciones que están vinculadas al tema, porque sin duda en el Poder  Legislativo tenemos la posibilidad de mejorar el proyecto original. Ahora bien, insisto en que no hay dos opiniones con respecto a la iniciativa  de bolsas plásticas que se terminó de aprobar. Hay una única opinión que fue trabajada, discutida y largamente analizada. Además, escuchamos las opiniones de todos. Sabemos que hay temas que se resolvieron en la ley, otros se resolverán en la reglamentación y, otros, en el proyecto madre de todo esto, que es el de gestión integral de residuos. Eso fue planteado así y creo que no hay dos visiones al respecto.

                Les pedimos que apenas tengan la información que se planteó sobre la reglamentación se comuniquen con la secretaría y los convocamos nuevamente.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Dentro de la reglamentación se habla mucho de la economía circular. Nosotros ya estamos aportando a eso con el tema de la bolsa camiseta reciclada que ayudaría a bajar el nivel de plástico que está circulando en la calle, porque sería más gruesa, reutilizable y todo lo demás.

                La Dinama nos dijo que no a las bolsas camiseta, por lo que le propusimos hacer un bolsón. Hicimos la consulta al senador Garín y nos dijo que sí podría caber esa posibilidad, pero Dinama también nos dijo que no. Esa es otra de las cosas que no tenemos muy claras, porque si se aceptara esto habría posibilidades de bajar la cantidad de plástico que hay tirado en la calle.

SEÑOR SOMMARUGA.- Quiero decir algo para que vean por qué hacemos hincapié en un artículo determinado. ¿Los señores senadores saben que un gran porcentaje de esa camiseta gruesa que trajimos no se hace con nylon solamente sino con la botella de plástico? Aclaro que no hablo del PET, que es una cosa totalmente independiente. Esa botella de plástico únicamente se puede usar para eso y no sirve para la bolsa negra, porque ésta es de un material de baja densidad y la botella de plástico es de alta densidad. Es por eso que nosotros  preguntamos dónde vamos a poner esto y por eso nuestra insistencia en el tema del reciclaje. No era un capricho ni nada de eso. Es un material que hoy no tenemos donde ubicarlo, porque se usaba específicamente para eso y no para lo otro.

SEÑOR GARÍN.- Como me citaron quiero señalar lo siguiente. Ratifico lo que dijo el presidente de la comisión. Como les dije en la ocasión en que nos reunimos, la reglamentación es potestad de la Dinama y ustedes están interactuando con esa institución. Es más, la ocasión en que dije lo que se acaba de citar fue antes de que empezaran a tener una interacción mucho más intensa con la Dinama. Por tanto, voy a aguardar –al igual que ustedes– que la Dinama elabore la reglamentación para seguir adelante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la presencia.

(Se retiran de sala los representantes de empresas recicladoras, importadoras y fabricantes de plásticos).

 

 (Ingresan a sala vecinos del arroyo Solís Chico).

                –Buenas tardes. Agradecemos vuestra visita. Ustedes solicitaron una reunión con esta Comisión de Medio Ambiente por el proyecto de la Intendencia de Canelones vinculado a un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos. Hemos recibido la nota y con mucho gusto escuchamos vuestra presentación.

SEÑORA GORTARI.- Señor presidente, miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores: en nombre de los vecinos del arroyo Solís Chico les agradecemos ser recibidos en esta audiencia. Estamos representando a todos los vecinos del arroyo. Tenemos 1954 firmas y 18000 firmas en el sitio Change.org, las cuales apoyan nuestras preocupaciones.

                Estamos aquí para manifestar, como ciudadanos y vecinos de Canelones y del Arroyo Solís Chico, nuestra preocupación por el futuro del territorio rural del departamento. Ahí están nuestros hogares, nuestras fuentes de trabajo y los recursos naturales que, siendo en el territorio departamental, pertenecen a todos los habitantes del país.

                Venimos a plantear nuestra preocupación y a escuchar sus opiniones al respecto, siendo que es la preservación del medio ambiente y la compatibilidad con toda la actividad humana lo que define a esta  comisión.

                Nuestra preocupación se centra en el planeamiento para el futuro del territorio de Canelones y su desarrollo. Como ciudadanos confiamos en las instituciones y las leyes que regulan, armonizan, concilian y definen las relaciones entre nosotros y el ámbito en el que vivimos. Marcan el camino del desarrollo, pero también nos protegen y garantizan nuestros derechos y libertades. Hoy contamos con la Ley n.º 18.308 relativa al planeamiento territorial y desarrollo sostenible, que tiene 10 años de vigencia, con todos los instrumentos derivados de ella y aquellos de nivel departamental. Ya es inconcebible una planificación que no cumpla con sus exigencias y sus mandatos, en el cometido de ordenar, regular, proteger y definir el territorio, en la búsqueda del desarrollo sostenible y de su preservación frente al progreso. 

                Sabemos que Canelones es un departamento de gran complejidad, con un crecimiento demográfico y una expansión de las ciudades que está ejerciendo presión sobre el territorio rural. Por lo tanto, preocupados intentamos participar en el proceso de redacción y de aprobación del plan sectorial de ordenamiento territorial sobre el suelo rural que, en este momento, está en proceso de aprobación.

                Concurrimos a la audiencia pública del 29 de junio en la ciudad de Canelones y allí presentamos un documento que hemos enviado, junto con la solicitud de la audiencia, en el que manifestamos algunos disensos sobre algunos artículos y ciertas objeciones respecto a otros, pero también aportes a la redacción del plan.

                En la audiencia se indicó que las observaciones serían contestadas por la dirección de planeamiento de la Intendencia. A todos los participantes se nos pidió los nombres y los correos electrónicos, pero aún no hemos tenido la respuesta a ese planteamiento.

                En la nota que presentamos en la audiencia manifestamos nuestras preocupaciones y una de las que realmente señalamos es lo relativo a las acciones concretas que el propio gobierno departamental, en el ámbito rural, está tomando, consideradas en el plan sectorial que, además, también lo contradicen. Uno de los ejemplos es la instalación del vertedero a orillas del arroyo Solís Chico.

                No se menciona la gestión integral de residuos, ni su relación con la ley de residuos nacional del 2017, ni con el actual llamado a la licitación n.º 8/2017, que es la de este sitio de disposición final. Solamente es un título, no se desarrolla un contenido.

                No solo este tipo de situaciones se está planteando en esa apertura que tiene el plan, sino también su falta de definición. Se están dando situaciones como, por ejemplo, que este sitio de disposición final no cuenta con una evaluación ambiental estratégica para la definición de su localización. Además, se están produciendo arbitrariedades como, por ejemplo, la instalación en Cañada Honda, de Colonia Nicolich, de un enclave industrial.

                Por lo tanto, lo que nos preocupa es que no se están dando las garantías ambientales necesarias que se logran a través de una evaluación ambiental estratégica que evalúe las actividades altamente nocivas que no están zonificadas –están sin localización concreta– y que producen un impacto territorial y ambiental.

                Con respecto, específicamente, a la instalación de una planta de gestión de residuos sólida, modelo, para todo el departamento de Canelones, podemos decir que, analizada desde el punto de vista territorial, es motivo suficiente para ser parte fundamental del plan de ordenamiento territorial rural y de su evaluación ambiental estratégica. Como ya mencioné, aparece solo a modo de título, en un artículo sin contenido. No se hace referencia al llamado a la licitación –que está siendo simultáneo a la redacción de este plan– ni se  mencionan los estudios previos que debieron hacerse para la localización planteada.

                Todos los análisis y diagnósticos que se refieren al territorio donde se encuentran los padrones 70843 y 70845 de la zona rural 7ª, donde se planea llevar a cabo el proyecto, son radicalmente opuestos a la instalación de un basurero de tal magnitud. Los padrones están sobre el arroyo Solís, que termina en la desembocadura con el Río de la Plata, apenas al norte de la Ruta n.º 8.

                Esta zona está definida, en el plan territorial, como zona de protección ambiental. Es una zona con índices de contaminación bajos y, desde este punto de vista, se podría considerar su potencialidad como reserva de agua, en particular, el arroyo Solís Chico. En esta región se deberá establecer, prioritariamente, un uso de suelo con estrategias de conservación. A efectos de potenciar el concepto de la imprescindible protección de la disponibilidad del agua potable, se entiende de especial relevancia, el uso del suelo en el entorno de las fuentes de agua potable en el departamento. Esto es lo que dicen los artículos 46 y 47 del instrumento ambiental estratégico, que ya está en vigencia en el departamento. Es parte de los instrumentos de planeamiento con los que cuenta el departamento de Canelones.     

                No se  menciona ni se analiza la localización de esta planta en este instrumento ni en ningún otro de planeamiento aprobado, como las directrices departamentales, el plan sectorial Costa de Oro o el Costa Plan, lo cual nos preocupa.

                La localización de esta planta debió ser objeto de una evaluación ambiental estratégica, porque eso garantizaría la ponderación de todas las variables derivadas del impacto ambiental que genera y la determinación de cuál es la zona de sacrificio ambiental ya que es una actividad que genera impacto negativo, que cambia la estructura del territorio y que afecta la propiedad y la vida de las personas.

                Es insoslayable la determinación de un programa de actuación integrada previa, sin el cual nadie puede ejercer derechos territoriales ni exigir el cumplimiento de los principios de ordenamiento que otorgan la Constitución en su artículo 47 y la Ley n.º 18308, en su artículo 5.

                En cuanto a esta preocupación que tenemos sobre el basurero sobre el arroyo Solís Chico, planteamos que es de carácter grave pero se inscribe dentro del marco de la preocupación original con respecto al planeamiento del suelo rural canario. Nos referimos a la instalación de la planta de recepción y enterramiento de basura en forma de relleno sanitario a realizarse en las costas del arroyo Solís Chico y del arroyo Los Padres, que se está resolviendo a través de un llamado a licitación internacional que realizó la Intendencia de Canelones y que ya está en su etapa adjudicataria. Dicha licitación para un sitio de disposición final de residuos, planta de recepción, clasificación, reciclaje y valorización de lo reciclado y del biogás, en su marco normativo, no menciona ni incluye la Ley n.º 18308. Esto nos sorprende. En ninguna de las resoluciones de la Intendencia ni de la Junta Departamental, en su proceso de aprobación y de anuencia a este llamado, se hace referencia a la Ley n.º 18308 ni a los instrumentos de planeamiento propios del departamento. Tampoco se menciona una evaluación ambiental estratégica, que debió hacerse para determinar la localización del objeto de la licitación. Aún no ha sido respondido nuestro pedido de acceso a la información pública reclamando ver esta evaluación ambiental estratégica. Sospechamos que no existe.

                ¿Por qué decimos que debería ser materia de una evaluación ambiental estratégica? Porque en términos de la Ley n.º 18308, esta planta es una infraestructura, un servicio público, una transformación que tiene por propósito un impacto estructurante y materializa una actuación sustantiva de una estrategia ambiental explícita.

                Su concreción supone, inequívocamente, una transformación estructural del modelo territorial, de todo el sistema de las ciudades, de la disposición final de los residuos de estas ciudades, en todo el departamento de Canelones, por lo que debe estar establecido en forma específica, en una ubicación geográfica concreta, con un instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de cobertura departamental total.

                Cabe resaltar que la localización de una actividad, uso, emprendimiento, construcción, acto de cualquier tipo, es la variable principal de ordenamiento territorial.

                Los límites de ese predio son los siguientes: al norte de la ruta 8, a dos kilómetros al este de la ruta 11, el arroyo Mosquito como límite este y un límite superior inexacto, porque el texto se refiere a un límite y la figura se refiere al otro. Tan inexacto es, que en el proceso de licitación las empresas tuvieron que plantear la interrogante de cuál de los dos límites se consideraba.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Cuántas hectáreas son?

SEÑORA GORTARI.- Aproximadamente cien kilómetros cuadrados.

SEÑOR AMARO.- Son 16 kilómetros por 7. Se dice que son seis kilómetros al norte de la ruta 8, pero las empresas vieron que no se llegaba a lo marcado en el gráfico. Al preguntar de nuevo, les respondieron que es la figura naranja.

SEÑORA GORTARI.- Ni a partir de los estudios preliminares realizados, como define el anexo III de esta licitación, ni a través de un gráfico que establece un polígono de territorio concreto, ni con un cuadro con criterios de exclusión, y menos aún a través de una licitación –con información que debe ser tratada de manera confidencial por los compradores de los pliegos, por imposición de las propias bases del llamado–, pueden establecerse regulaciones territoriales de uso.

En el pliego de la licitación también se refieren a la reducción de los gases de efecto invernadero emitidos y su tratamiento. Esto pone de relevancia que esta planta tiene una futura transformación hacia una industria generadora de energía eléctrica por biogás. Esto supone, además de una enorme y estructural transformación material, funcional y sistémica, su ineludible transformación de categoría de suelo rural a  enclave suburbano industrial. Esto implica una transformación de orden jurídico y ya no solo físico. Esto territorialmente ha sido pasado por alto en los estudios preliminares que menciona el pliego de licitación en el anexo III de la localización y en las bases particulares, ya que con relación a su localización solo se refieren a la aprobación ambiental previa y a la validación ambiental de localización, que son aprobadas por la Dinama y constituyen condición obligatoria para la empresa ganadora del proyecto. Sin embargo, esto no exime del planeamiento territorial para su localización.

                Con respecto a los criterios de exclusión, las propias empresas ponen de manifiesto la precariedad de estos criterios, como por ejemplo la exclusión de los cursos y tomas de agua por la cantidad de variables geológicas e hidrológicas que inciden en el comportamiento de los acuíferos, que son diferentes en toda esa enorme zona de exclusión. ¿No debe hacer la Intendencia un estudio previo de evaluación ambiental estratégica? Sabemos que sería impracticable haber hecho todo ese estudio en ese enorme polígono de localización. Al respecto nos preguntamos si la exigencia de esta licitación en cuanto a que las empresas adquirieran los predios dentro del área seleccionada en el anexo III no sería errónea.

                También surge en el proceso licitatorio la interrogante acerca de si el padrón seleccionado cuenta o contará con el uso de suelo autorizado. Estamos hablando de 100 kilómetros cuadrados que no se definieron como potencialmente transformables en ningún instrumento territorial, como ya nos referimos, debido a su claro futuro industrial. La respuesta que da la intendencia es que dicho padrón tendrá el atributo de potencialmente transformable, ya que por tal motivo se aceptará su transformación de rural a enclave suburbano industrial, a través de un plan de acción integrada. Se refieren por primera vez a términos de ordenamiento territorial y lo hacen erróneamente, ya que debió decirse programa. No se hace referencia a cómo se concederá dicho atributo a un predio que se desconoce. Esto denota la idoneidad del equipo de planeamiento territorial que informó a la comisión asesora de adjudicación.

En definitiva, nos planteamos qué se debió hacer desde el punto de vista de planeamiento territorial y desarrollo sostenible en la planificación de la localización de esta planta. En principio, la instalación de una planta de recepción de residuos de 500 toneladas diarias para todo Canelones, y quizás en el futuro del área metropolitana, debió ser una pieza clave estructural de una evaluación ambiental estratégica. Todo esto debió estar enmarcado en las directrices departamentales como indica la Ley n.º 18308. Se debió planificar la ubicación precisa de la planta para categorizar el suelo y otorgarle el atributo de potencialmente transformable. Se debió enmarcar en las directrices departamentales con un plan local microrregional, en función de los efectos  de impacto ambiental sobre todas las dimensiones de la sustentabilidad: la dimensión social, la económica y la ambiental, con sus correspondientes evaluaciones ambientales estratégicas. De esa forma, se permite la participación de la población a ejercer su derecho sobre la zona o región específica.

                Finalmente, para la implantación de esta planta se debió haber hecho un programa de acción integrada, ya que modifica físicamente el territorio. También, por su evolución a un proceso industrial se transforma la naturaleza jurídica del suelo, recategorizándolo como enclave industrial. Este programa de acción integrada deberá cumplir con los lineamientos establecidos por la Ley n.º 18308 para dar las garantías ambientales y territoriales a través de la participación de la población y de las voces calificadas, así como la democratización de todos los estudios.

                Por todo lo expuesto, los vecinos nos oponemos a la localización de este sitio de disposición final de residuos a orillas del Arroyo Solís Chico. Solicitamos que no se apruebe el VAL ni la aprobación ambiental previa de este proyecto.

SEÑOR AMARO.- Continuando con lo afirmado por Noel Gortari, voy a relatar el proceso vivido como vecino, productor de la zona en cuestión, pero también como ciudadano.

                En este último año he podido comprender en forma muy directa, a partir de los hechos relacionados con esta licitación por el vertedero, la importancia que nuestro país, en su normativa, le otorga al cuidado del medioambiente, al desarrollo sostenible y a la convivencia entre la población y sus diversos intereses.

                Hay instrumentos muy precisos, no solo para lo que la mayoría de la gente entendemos por estos términos, sino para su aplicación concreta en una definición más profunda y abarcativa de lo que es medioambiente y desarrollo sostenible. Sin estos instrumentos, que son sobre todo las normas de ordenamiento territorial aplicadas a nuestras acciones, no es posible defender el medioambiente y mucho menos lograr un desarrollo económico y social, justo y sostenible. Después de un año, hemos leído tanto al respecto que hemos aprendido.

                Sin ordenamiento territorial no hay reglas claras ni justas para las partes. En este caso las partes somos los vecinos, los productores, el Gobierno nacional, el departamental y también los empresarios involucrados, así como la universidad, la UTE, la OSE, es decir, todos los que de algún modo se ven involucrados en esto.

                Como productor, un día de agosto de 2017 recibo la visita de una inmobiliaria comisionista, la cual manifiesta interés en comprar una parte del campo familiar, que trabajamos hace 60 años. Decía que era para «instalar» una planta. ¿Planta de qué? No sabía. Jamás se refirió a un basurero, a una planta de reciclaje, relleno sanitario o como se le quiera llamar. Era imposible imaginar de qué se trataba.

                Nadie en la zona hablaba del tema hasta entrado el 2018. El proceso había empezado entre abril y junio de 2017.

                En el acto de lanzamiento, el propio intendente se refirió a una localidad, Estación Pedrera, que se encuentra fuera de lo que después sabríamos era el área de localización elegida, un área mayor al este de la misma.

                Algún otro diputado, desinformado, insinuó que la licitación estaría dirigida, pues al oeste de la localidad –sobre las vías del tren de Pedrera hacia el oeste–, una empresa privada había presentado ante Dinama un proyecto de planta de reciclaje. Obviamente no era la planta de la licitación en cuestión.

                Se habló por parte de la intendencia de que no se daba más información para evitar la especulación inmobiliaria.

                Digo todo esto porque como vecino era imposible saber de qué se estaba hablando, y mucho menos su localización y el impacto real de lo que se estaba planificando.

                Finalmente pudimos obtener el área de localización, después de que algún comisionista mostrara un mapa con la misma. Los señores senadores se imaginarán que no es tarea de un ciudadano andar leyendo en pliegos los elementos y detalles de una licitación, y menos sin saber que su paraje es parte del tema. Menos pensar que nuestros derechos como ciudadano, productor y propietario podían –y pueden– estar afectados. No hubo ni un mero comunicado público sobre el tema en concreto.

                Esta área definida en el pliego de la licitación para que las empresas «buscaran» padrones es de aproximadamente 16 por 7 kilómetros, casi tan grande como el Montevideo urbano. Acá no se expropiaba, ni nada semejante. Acá se mandó a las empresas a pescar en una pecera de 110 kilómetros cuadrados.

                Con el tiempo logramos saber que esta macroárea estaba definida en el pliego y que, como único elemento técnico territorial relacionado, se mencionaban los buffers, las zonas de exclusión: tantos metros de un curso de agua, sin importar de qué curso se trata; tantos kilómetros de escuelas; tantos kilómetros de un centro poblado; tantos kilómetros de las tomas de agua. Y comprenderán que los vecinos no somos expertos en estos temas y nos veíamos avasallados ante la magnitud del tema y la dificultad de análisis de todas estas variables.

                Necesariamente aquí denuncio ante ustedes que para llevar a cabo una licitación de estas características, se debió efectuar una planificación preceptiva en sus múltiples dimensiones, a través de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y no al margen de ellos. La licitación no se enmarca en ningún instrumento de este tipo.

                Tal como lo explicó Noel Gortari, la planificación debió encarar los tres puntos fundamentales en forma previa al llamado. El tema es que nosotros, como vecinos, no estábamos enterados ni siquiera de que se iba a hacer esto en esta zona. Y la participación debió haber sido no solo de nosotros, los vecinos, sino también de toda la sociedad: técnicos en la temática, ministerios, universidad, entes públicos, entre otros, tal cual lo establece la ley. Se debieron escuchar todas las voces: por ejemplo, la de UTE, por la compra de la energía procedente de la generación con el biogás. Solamente después de empezada la licitación, se le preguntó a la UTE si compraría la energía.

Invito a ustedes a observar detenidamente este plano de localización del pliego y a pensar en la situación de vulnerabilidad de los productores de la zona. Preguntan: ¿qué hago, vendo mi predio? ¿Si no lo vendo, qué pasa? ¿Si un lindero lo vende y lo tengo en la puerta de mi casa? ¿De qué estamos hablando: de la basura de Canelones solamente o también de la de Montevideo? ¿De 500 toneladas o más? ¿Cuántos camiones? ¿Habrán evaluado las mejoras en los caminos? ¿Qué caminos transitarán? ¿Cómo se maneja el tema de los buffers? Veo que no consideraron todos los elementos en el mapa porque, ¿cuál sería válido?, ¿el de la letra? ¿Estoy afuera de la zona o adentro? No los sabemos. Hay discrepancias en el pliego, entre la letra y la figura. Estas inquietudes, a modo de ejemplo, entre otra cantidad muestran cómo la falta de transparencia y comunicación clara y precisa han vulnerado nuestros derechos como vecinos y propietarios. Después de haber presentado notas solicitando información a municipios del departamento, el involucrado, Atlántida y los cercanos, como Soca y Parque del Plata, y a ministerios relacionados, especialmente al Mvotma y a todas sus dependencias, a la Intendencia de Canelones y a su Junta Departamental, en julio y en agosto llegaron respuestas parciales o no llegaron. Inclusive no es posible saber a la fecha en qué estado del proceso licitatorio se encuentra el expediente, pues desde el mes de febrero de 2018 no encontramos nuevas comunicaciones de avances del mismo en la página web de compras del Estado. Solamente por discursos del intendente en desayunos ante inversores, por respuestas a la comisión permanente del Río de la Plata o por comentarios en prensa pudimos obtener información indirecta y parcial, no abarcativa de la globalidad y complejidad de este proceso licitatorio. Este hecho requirió, como ya hemos manifestado, el cumplimiento de los procedimientos de ordenamiento territorial correspondientes previo a un llamado de estas características.

De haberse respetado la legislación vigente, desde la Constitución, la Ley n.º 18308 y otras relacionadas, y de haberse efectuado en forma previa una evaluación ambiental estratégica como exigen las normas, hubiéramos participado y opinado, pero sobre todo, al menos, hubiéramos estado enterados y podríamos haber defendido nuestros derechos luego de 60 años de producir en la zona y de confiar en las reglas de juego de nuestro país. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué no se cumplieron los procedimientos establecidos en las normas vigentes? ¿Por qué no hubo ni hay a la fecha interés en hacer participar a los vecinos y a otras entidades de nuestro país? ¿Se quiso evitar o favorecer algo? No tenemos respuestas porque no hubo en su momento diálogo alguno.

¿Es este el mejor lugar para un emprendimiento de estas características en todo Canelones o es una mala opción fruto de la elección de una empresa privada en base a un proceso sin participación? Creo que no favorece a nadie, y mucho menos a la transparencia, a la defensa de la ley y al estímulo de la participación ciudadana.

SEÑORA CANCELA.- Quería hablar de las distancias buffers que estaban expuestas en el pliego de la licitación donde marcaban límites de exclusión para la selección de los predios. En realidad, en base a los predios elegidos, que serían los seleccionados en la oferta ganadora, hay una discordancia importante con respecto a las distancias que se solicita tiene que haber con respecto a las tomas de agua para uso humano de OSE.

En el punto blanco tenemos a Soca que es de donde parte el segmento. Allí hay tres pozos de tomas de agua de OSE y los cinco kilómetros de radio de exclusión hacen que casi la totalidad de los predios seleccionados estén excluidos de la viabilidad de uso por la licitación. Ese es uno de los pozos. El otro estaría en esas condiciones. Los tres pozos tienen distintas distancias y tomamos los extremos para marcar cómo quedaría el terreno. Eso es extrañísimo y no lo entendemos, porque no corresponde a una lógica de cumplimiento de las condiciones del pliego.

                Por otro lado, también teniendo en cuenta el agua del arroyo Solís Chico, vemos que hay una reserva firmada por presidencia en 2013, por la cual reserva a OSE el caudal de este arroyo en una potencial toma que estaría justo ubicada –como aparece en el mapa– inmediatamente debajo de los predios. Eso tampoco es coherente con los criterios de conservación y de exclusión con relación a la licitación. Consultamos con los técnicos de OSE y nos dijeron que esa reserva está planeada para diferentes posibles usos como puede ser una canalización desde allí hasta la laguna del Cisne, para utilizar su planta de tratamiento o, de lo contrario, se evaluaría la construcción de una planta potabilizadora en esa zona, en función de la necesidad creciente de agua potable en la Costa de Oro. Esto es algo que tienen que resolver.

                A su vez, destaco el concepto que se manejó en la oferta aceptada de relleno sanitario sin clasificación previa. Salvo lo que dispone la ley que se está tratando de implementar, de hecho en la actualidad los residuos van completamente sin clasificar y no considerar la clasificación dentro de la planta de recepción de residuos hace que el volumen de recepción sea muy grande y que la vida útil del relleno sanitario sea más baja. Además, hay que tener en cuenta los peligros de rotura de las capas inferiores de aislación que lleva un relleno sanitario para poder controlar la filtración de lixiviado hacia el suelo, porque en el proceso de compactación del residuo los objetos punzantes pueden romper esa capa, lo que lo hace realmente riesgoso. Este punto es de cuidado en una zona que está a orillas de un arroyo que forma parte de un sistema de acuíferos.

                Por otro lado, la propuesta de uso del efluente, luego de ser tratados los lixiviados del proceso de degradación de los residuos es la distribución por infiltración en el predio. Señalo que, en general, los predios de toda esa región –más allá de que hay una variabilidad de suelos bastante importante en todo ese polígono– tienen suelos arcillosos con un coeficiente de infiltración bastante bajo. Por lo tanto, si sumamos eso a la altimetría del lugar –tiene una pendiente bastante importante–, parte del efluente producido luego de un tratamiento de lixiviados en el cual los valores de parámetros de vertido no son lo suficientemente exigentes como deben ser para los casos en que el efluente de vertido va a un curso de agua, correría por el terreno y terminarían en los silos de agua que existen en el lugar, que desembocan en el Arroyo Solís Chico y en el Arroyo de Los Padres. Ese punto también nos preocupa porque no hay duda de que si la opción fue la infiltración es debido a que el proceso de tratamiento de efluentes fue dimensionado y costeado en función de que el producto final no tuviera las exigencias de vertido a un curso de agua, ya que eso encarecería y generaría un sistema de tratamiento bastante más complejo. Sin embargo, conociendo la realidad del lugar, sabemos que de cualquier forma eso va a terminar llegando a las aguas superficiales de la zona.

Otra cosa que nos resultó muy rara es que la inundabilidad de la zona es considerable. Nosotros consultamos sobre esto en hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en Dinagua y vimos que no hay ningún tipo de registro histórico de inundabilidad en esa zona. En realidad, nos dijeron que lo único que tenían como referencia era en la desembocadura del Arroyo Solís, pero que por supuesto eso no era comparable a esa altura. Se nos dijo que si en algún momento alguien necesitaba algún estudio, la forma de hacerlo sería a través de un relevamiento oral con los vecinos de la zona para evaluar la inundabilidad del lugar por los relatos de ellos. Eso nunca se hizo porque nadie recibió a nadie. En las fotos podemos ver la inundación hace pocos días,  y esta se produjo con lluvias moderadas.

                Por otro lado, en una reunión en la que la bancada del Frente Amplio nos recibió en la junta departamental, nos comentaron que varios habían ido a visitar el enterramiento sanitario de Candiota y que lo habían visto como un buen ejemplo de gestión a seguir. En realidad, nosotros investigamos un poco y observamos que tiene grandes problemáticas, que son parte del manejo de un sistema tan complejo como este.

                Las contingencias que pueden darse en este tipo de sistemas en un proyecto que se ubica a orillas de un arroyo realmente apuntan a que las acciones correctivas que se puedan llegar a tomar no sean demasiado eficientes con relación a lo complejo que es el ambiente cercano para poder tomar medidas de remediación. Dentro de las posibilidades, considerando que un proyecto de este tipo siempre va a generar un sacrificio ambiental, creo que los riesgos y puntos de control que conllevan los análisis en esta situación son medio críticos y dignos de ser más analizados.

SEÑORA CABRERA.- Voy a hablar como vecina del arroyo. Yo nací en el Solís Chico, tengo sólo sexto año de escuela y a los 7 años salí a trabajar a las remolachas azucareras, en la época en que se plantaba. Mi única profesión es profesora de corte y confección, que no utilizo, hice quintas con caballos y a los 20 años me fui de empleada a una cabaña de árabe, fui a Estados Unidos a hacer un curso de halter –nunca me planteé quedarme allá y siempre decidí volver–, trabajé en un tambo, domé caballos. Soy empleada rural desde hace más de 20 años en un mismo establecimiento. Es claro que lo mío no son ni las letras, ni los números, ni las leyes. Los recuerdos que tengo del arroyo Solís Chico son un bote de lata, pesca, baños con mis padres y mi hermana, navidad y fin de año, refuerzos de mortadela, termo y mate, caña de pescar y al arroyo. Así de sencillo.

                Hace más de 20 años recuerdo que OSE mandó funcionarios, tomaron mediciones y marcaron todas las chacas en la vuelta de mi casa y de todos los vecinos. En esa época mirábamos y decíamos «¡hasta ahí va a llegar el agua! ¡Por favor! ¡Qué altura!». O sea, se iban a inundar grandes partes de los campos. Hace dos años Mevir me hizo una casa y un pozo artesano de 72 metros de profundidad. Estoy a 150 metros del arroyo, con 10 metros de desnivel, o sea que tenemos 62 metros del pozo para abajo del agua del arroyo. Pero ahora todo va a cambiar. Hubo una decisión de la Comuna –equivocada a mi entender–: va a poner en unos campos un basurero. Conozco esos campos de punta a punta. Los padrones en cuestión los conozco. Aré, sembré, corté la pradera y la enfardé. Recorrí todos esos campos. Los conozco completamente. Sé hasta dónde llegan las inundaciones. Conozco todas las crecientes de 52 años a esta parte. Sé hasta dónde llega el agua: demasiado alto. El arroyo Solís Chico es incontrolable. Ahí tenemos vegetación y fauna autóctona. Pregunto: ¿sobrevivirán? Tenemos árboles específicos como el canelón, que le da nombre al departamento. En el arroyo, cerquita de casa, a unos trescientos metros, hay un paso llamado Paso González, donde van las familias. Hay unas playas de arena muy lindas –obviamente que son de agua dulce– y la gente va a tomar mate, a pasear, los gurises se bañan. Domingos de esparcimiento hay siempre. Soy la cuarta generación en ese lugar en la chacra que ocupo. Me la dejaron mis bisabuelos. La pregunta es: ¿les voy a dejar a mis descendientes la misma chacra que me dejaron mis bisabuelos, con la misma categoría de agua, con el mismo arroyo, todo sano como hasta ahora? Yo no tengo recolección de basura, no tengo recolección domiciliaria, pero me las ingenio para que ahí no haya bolsas, mugre ni contaminación. Mi chacra está limpia y las de todos los vecinos son limpias.

                Me pregunto: cuando me jubile, ¿podré agarrar la caña e ir a pescar? ¿Cómo serán mis últimos años? ¿Disfrutaré del arroyo que lo considero mío?

SEÑORA WOHLWEND.- El arroyo Solís Chico está cien por ciento en el departamento de Canelones; lo atraviesa de norte a sur, naciendo en Cuchilla Grande, con una longitud de unos 47 kilómetros. Es un arroyo con características de río que no ha cambiado la denominación, pero podría reconsiderarse. Ese arroyo lleva ese nombre, Solís Chico, desde antes de que existiera Montevideo: en 1724 ya lo nombraban los viajeros de la zona con ese nombre, tal vez por el descubridor del Río de la Plata, o la otra posibilidad es que sea por un faenero. Si es de un faenero, esto asevera que ese lugar desde mil setecientos y poco ya era una estancia.

Al oeste limita el Pando, la Estancia de San Ignacio de los sacerdotes jesuitas, que alcanza hasta el camino a Minas, al norte, el Solís Chico al este y llega hasta el mar. Esa fue una de las primeras estancias que hubo en el país y de ahí nacieron los fundamentos de lo que hoy un establecimiento rural en el país lleva a cabo en el siglo XXI, los principios y sistemas de trabajo que implementaron los jesuitas en el país. Hubo otras series de instancias que están en el departamento de Florida, muy bien trabajadas históricamente, porque quedan estancias y casonas importantes y se aprovechan turísticamente. En este lugar no hemos encontrado vestigios más que un corral de piedras que está, precisamente, en esos padrones. Pero eso abarca la zona donde vivimos todos nosotros, que era la jurisdicción de Montevideo. Así que si sería importante la cercanía de ese lugar que Montevideo lo tenía como jurisdicción desde las sierras de Maldonado, Solís Grande, Solís Chico y llegaba hasta Cufré.

                En 1746 los jesuitas fundan las estancias que, como les decía, son un modelo hasta el día de hoy, siendo expulsados en 1767, y en 1772 subastados por la Junta de Temporalidades. Juan Francisco García de Zúñiga los compra y después se fueron subdividiendo. De la primera subdivisión surgieron dos estancias: una que iba hasta Piedra del Toro, Solís Chico, y el Pando,  hacia el otro lado, iba otra. Después se fueron sumando subdivisiones hasta lo que tenemos hoy, que hay predios grandes, medianos y muy chicos.

Hay producción en la zona que corre como el Solís Chico. Hay ganadería, horticultura, apicultura, forestación, agricultura de toda escala y un monte natural, que es privilegiado. Hay reserva de flora autóctona, sauces, quebrachos, talas, arueras y reserva de los canelones, que le dan nombre al departamento.

                Hubo un momento en el que por un evento especial en la ciudad de Canelones buscamos un canelón para plantarlo en la plaza y hacer algo con él, pero no encontramos ninguno en todo el departamento. Están en la costa del arroyo Solís Chico.

                Más abajo de la ruta n.º 8 está el lugar llamado «Solís abajo». Esa zona, que va a ser más damnificada si se llega a hacer este emprendimiento, está entre la micro región Costa de Oro con biodiversidad protegida.

                Hay establecimientos deportivos como un fútbol-golf. Estamos hablando de una inversión bastante interesante por la novedad que representa y, además, por tratarse de capital invertido por parte de alemanes que eligieron Uruguay para venir a pasar sus últimos años, gozando tal vez de una buena jubilación en su país; vienen aquí e invierten. Está ubicado al lado del peaje.

                A menos de dos kilómetros de la instalación del basurero tenemos una posta de diligencias que está en pie; lleva siete generaciones en manos de la misma familia. Allí era el Paso González, lugar por donde corría el camino real a Maldonado y el paso de la diligencia. Había hospedaje, carnicería, lugares de comida y correo. Era una especie de boliche muy grande que todavía está en pie y en muy buen estado; se aprovecha para realizar eventos de gastronomía, entre otros.

                El Paso González, que no se ha considerado para nada en esas zonas buffer –si no está considerado el pozo de agua de Soca, esto podría haberse tenido en cuenta–, era por donde pasaba la diligencia dejando a su izquierda la posta, cruzaba el Solís Chico y seguía rumbo a Soca para llegar a Maldonado.

                Ese espacio es un lugar público y los vecinos queremos cuidarlo, pero no podemos porque no tenemos derecho a poner reglas, a alguien que cuide, un basurero o un alambrado porque la gente lo visita, pasa un fin de semana, va a pasar la tarde y a pescar o a pasar toda la Semana de Turismo. Tenemos tales campamentos de turistas de todas las edades; a veces hay quince o veinte autos y tantas carpas como esos autos. Eso ocurre en el Paso González. Además, hay playas y también un pequero. Es un lugar de esparcimiento que me parece habría que revalorizar y, tal vez, tomar en cuenta.

                Allí mismo se hacen cursos de entrenamiento y supervivencia. Recuerdo ver funcionarios de Pluna haciendo cursos allí dos o tres veces al año, donde pasaban los fines de semana. Ahora van colegios y gente de otras instituciones para hacer esos cursos. También se hace canotaje. Por ejemplo, ACAL Náutico Club llega desde la costa del Río de la Plata hasta ese punto. Esa es una de las travesías habituales que realizan.

                Otro de los emprendimientos que hay en el lugar son, por ejemplo, los hospitales de caballos y los centros de doma. También sobre su costa hay cabañas que se alquilan y son emprendimientos turísticos de mucho éxito. Se hacen campeonatos de pesca. Hay lugares para hacer equinoterapia. Más al sur está el Yacht Club Solís Chico. La regata y el optimist llegan hasta allí. Y si no llegan hasta allí, lo hacen por el mismo Solís Chico, que es por donde va a correr la contaminación que eventualmente puede suceder y queremos evitar.

                Si llegamos a la playa, por el Solís Chico tenemos el Paso de Las Toscas, que es un lugar turístico también importante, con el cruce del ferrocarril que le da nombre al balneario. Hay arenales y bañados. Están los humedales que, lamentablemente, están reduciéndose.

                Allí hay un tipo de cangrejo llamado «violinista» y que está en peligro de extinción. Es el único lugar del país donde puede encontrarse. Ese es otro elemento que habría que considerar.

                A su vez, están las zonas pobladas de Las Vegas, Parque del Plata y La Floresta, con 17.000 habitantes, más los vecinos rurales que estamos localizados a lo largo de todo el curso del arroyo.

                Si seguimos la descripción del Solís Chico, llegando a la rambla tenemos el paseo de la rambla, propia del arroyo, que es un lugar precioso. Allí está la estatua que recuerda al sapo Ruperto, el personaje más famoso de la zona. También hay paseos ecológicos y de observación de aves.

                Además, por supuesto, allí hay pesca de corvina, pejerreyes, lenguados y mejillones. Es de hacer notar que se hacen concursos de pesca que atraen mucha gente. Por tanto, sería lastimoso que todo esto se perdiera.

                Muchas gracias.

SEÑORA AVIAGA.- Quiero agradecerles que hayan venido hasta acá a traernos esta información y darnos su parecer acerca de lo que está pasando en su zona.

                Tengo un dato por demás relevante que es el de que la subcuenca del Solís Chico es de las menos contaminadas del departamento y seguramente es por eso que OSE planteó en su momento tenerlo como reserva de agua. Además, sabemos que nuestras lagunas, especialmente la del Cisne, han estado y están muy comprometidas, por lo que ¡sí será importante esto!

                La pregunta que quiero hacerles es si tienen idea de a quién pertenecen los padrones que están afectados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por mi parte, voy a hacer un comentario y plantear algunas ideas, pero antes quiero agradecerles su presencia.

Recibimos su nota y hace unos días leímos en la prensa algo relacionado con este tema y voy a comenzar por esto. Voy a proponer al resto de los senadores y senadoras que se convoque a la Intendencia de Canelones, a OSE y a la Dinama porque es importante conocer su opinión. Obviamente, era necesario tener esta primera visión de ustedes, pero también es bueno conocer la opinión de estos tres organismos.

                Por otra parte, conocemos el origen de este proyecto y por lo que tenemos entendido la idea que se plantea para esa zona es la de un relleno sanitario. Vimos en algún órgano de prensa que se estaría solo pensando en un sitio de disposición final. Eso lo rechazamos totalmente y ahora paso a hablar del proyecto de ley que estamos analizando. En el Uruguay, no es posible pensar de aquí en más en proyectos de disposición final como los tradicionales, que son lamentables. Cuando se plantea un proyecto sobre la disposición final de residuos sólidos urbanos, de basura, tenemos la imagen de lo que hoy se hace en el país, que es que llegue todo sin previa clasificación, con todo lo que significa esa situación. Pero ahora estamos analizando un proyecto de ley muy importante de gestión integral de residuos, y entre ellos está el tema de la basura. Allí se plantean aspectos sociales,  económicos y hasta ambientales. Uruguay va a comenzar a transitar el camino de la clasificación domiciliaria y la clasificación con trabajo digno y no como lo hacen hoy los clasificadores con quienes justamente  acabamos de reunirnos. Entonces, se debe tener en cuenta todo lo que significa la clasificación domiciliaria y la recuperación de los materiales que hay en la basura, que hay que valorizarlos. En el mejor o peor de los casos, cuando se cumplen todos los pasos –como sucede en muchos países– al relleno sanitario llega el 40 % o el 45 % de la basura que es materia orgánica y lo que no se pueda clasificar en las etapas previas.

                Igualmente –como dije– antes vamos a hablar de este tema con la Intendencia, la Dinama y OSE,  porque acá hay un tema de ordenamiento territorial y ambiental. De todas maneras,  el proyecto que se desarrolle en la zona va a tener todas estas etapas previas: el proyecto de gestión integral de residuos, el de ordenamiento territorial, todo lo que tiene que ver con la evaluación ambiental estratégica, etcétera, etcétera.

                Por otra parte, uno de ustedes planteó el tema del sacrificio ambiental, y la verdad es que hasta cuando producimos un alimento se está haciendo un sacrificio ambiental.

                Compartimos con ustedes que es un tema muy importante y si nos pusiéramos en el lugar de ustedes, que son vecinos de la zona, estaríamos sentados del otro lado de la mesa. O sea que lo que estamos planteando es el compromiso de llamar a esos organismos para conocer de primera mano cuál es la situación del proyecto. Queremos saber qué se ha hecho, qué falta por hacer y cuál es la idea; si se han cumplido con todas las etapas. Como se dijo, estamos hablando de un lugar de mucha sensibilidad ambiental y también para los vecinos de lugar.

                Cumplidas estas etapas nos comprometemos a hacerles una devolución de lo que encontremos respecto a este tema, porque creo que cuando se dan este tipo de situaciones la función de la comisión es facilitar el acceso a los organismos. Muchas veces, lamentablemente, no se logra conseguir la información de manera fácil. Ese sería nuestro compromiso para las próximas semanas. También hay que tener en cuenta los tiempos. Sabemos que se han ido cumpliendo etapas en cuanto a la licitación; que no es el proyecto original, sino que se estaría pensando en otro proyecto, etcétera. De todas formas, no tenemos la información acabada del estado de situación y de lo que se piensa hacer.

                Esas serían las etapas a cumplir. El compromiso es que luego de las entrevistas con los organismos –seguiremos en contacto con ustedes– les daremos una devolución y una visión de lo que está pasando.

SEÑOR FORMOSO.- En primer lugar, contesto a la senadora que preguntó por el nombre de los propietarios de los campos: se trata de la familia Platero, que tiene mucho arraigo en la zona.

En segundo lugar, si bien somos delicados y hablamos de sacrificio ambiental, entendemos que no hay un sacrificio ambiental. Si en esos campos donde está dispuesto por OSE esa reserva de agua –el Solís Chico pasaría a ser un arroyo de categoría de reserva de agua potable– hacen el basurero, entendemos que lo que habría sería un suicidio ambiental.

Como productor de la laguna del Cisne, puedo decir que allí tenemos un montón de restricciones productivas. Por supuesto que estamos de acuerdo con el plan cautelar porque nos ordenó. Si bien las aguas de la laguna estuvieron muy comprometidas, por suerte su calidad ha ido mejorando. En fin, todos nos ordenamos un poquito y eso es importante.

                Voy a leer dos puntos del articulado de la laguna del Cisne, que tienen que ver con su protección. Leeré los artículos 43 y 44. Se dice: «Queda prohibida en toda la cuenca el establecimiento de emprendimientos de cría intensiva de animales, así como de emprendimientos productivos de carácter industrial, turísticos o de otras características que potencialmente sean capaces de generar efluentes contaminantes».  Si hay algo que genera efluentes contaminantes, es esto, más allá de que sea la mejor planta del mundo, que ya sabemos que no lo será; si es el mejor sitio de disposición final de residuos del mundo, alguna clase de efluente va a generar. En eso no hay vuelta. Y por más que tenga la mejor manera de mitigación, riego, filtrado, etcétera, como los arroyos captan el agua de escurrimiento superficial, con todas las lluvias que hay hoy en día, eso va a llegar a sus aguas. No hay misterio en eso. Tarde o temprano va a llegar, seguramente más temprano que tarde.

                Por otra parte, para aquellos lugares donde se constate actividad contaminante, se establece que deberán presentar un plan de mitigación de impacto inmediato y un plan de abandono. O sea que para la laguna del Cisne cualquier proyecto que sea potencialmente contaminante, la idea es que se vaya de ahí para otro lado. Por tanto, un basurero no debería ni parir ahí, sino que debería irse para otro lado. Basurero, relleno o lo que quieran.

                El otro punto refiere a lo siguiente: «Queda prohibido de forma general y en toda la cuenca el acopio masivo de sustancias o mezclas de compuestos o residuos considerados peligrosos para la salud o el ambiente».

En un basurero de esos va a haber «a roletes»; con quinientas toneladas por día, sin dudas que lo van a llenar, aun sin clasificación. Pero así y todo y habiendo clasificación, van a llegar, porque plásticos y demás, de alguna  manera u otra, hay; siempre quedan residuos. Por eso entendemos y hablamos de algo más que de sacrificio. Sin duda que nadie quiere tener un basurero cerca de su casa; cuanto más lejos, mejor.

Entendemos que esa es una zona muy disímil y bastante amplia y eligieron

–mejor dicho, pescaron–, de todos, el peor lugar. Justo esta gente les vendió eso, pero es el peor lugar para un basurero. O sea que eso es un suicidio ambiental, no un sacrificio, y creo que todos, en mayor o menor medida, lo tenemos claro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Primero, quiero aclarar algo. No dije que estaba de acuerdo con este sacrificio o suicidio; dije que existen porque es así y todos nosotros tenemos que entender eso. Pero no puedo dar opinión hasta que no conozcamos también la opinión de las autoridades de los organismos competentes. No obstante, entendemos la posición de nuestros invitados y vamos a darles una devolución cuando tengamos toda la información.

                Agradecemos la presencia y la información que nos proporcionaron.

 

(Se retira de sala una delegación de vecinos del arroyo Solís Chico).

 

                –Hay una propuesta en el sentido de que en la etapa en la que se esté discutiendo la rendición de cuentas, la comisión siga funcionando. Lo que vamos a sugerir es que sea los miércoles a las 13:30 horas.

                Se va a votar.

(Se vota).

                –3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA AVIAGA.- Tengo varias preocupaciones, señor presidente, por los temas medioambientales que nos aquejan. La otra vez se pidió a las autoridades de la Dinama que vinieran a hablar por el derrame de la empresa Petrel en Cerro Padilla, allá en Paysandú, pero ahora hubo un nuevo derrame. Las autoridades vinieron, pero ahora, como dije, hubo un nuevo derrame en otra perforación en cerro de Chaga, Salto.

En verdad lo que estoy pidiendo es que se lo convoque de nuevo al director de la Dinama, Alejandro Nario, para que nos cuente de qué se trata esto, qué alcance tuvo y qué medidas se están tomando. 

                Tengo en mi poder un comunicado de prensa de vecinos, de organizaciones sociales del norte del país, que piden por favor que se rescinda el contrato que se tiene con esta petrolera por las reiteradas problemáticas que ha ocasionado. Además, están preocupados por el Acuífero Guaraní.

                Por tanto, me gustaría convocar a Alejandro Nario por este tema. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Comparto la preocupación de la senadora Aviaga.

                Sin embargo, dada la agenda que tiene la comisión, sugiero que, en primera instancia, se le pida que responda por escrito al planteo que hace la senadora. En función de lo que se envíe, vemos si de todas maneras es necesaria su comparecencia a la comisión.

SEÑORA AVIAGA.- Quizás se lo podría convocar por lo que está sucediendo en Canelones –ya que también nos tendría que dar explicación sobre eso– y aprovechamos el momento para plantear este tema también.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, coordinamos esto con la secretaría, además de la convocatoria a los organismos involucrados en el tema que tratamos recién.

                A su vez, vamos a comenzar con la discusión del proyecto de gestión integral de residuos, que creo que todos compartimos que hay que darle prioridad.

                Deberíamos convocar a la Dinama, plantearle los temas mencionados por parte de la senadora y de los vecinos y, si esta no puede venir, llamaríamos a OSE o la Intendencia de Canelones. Creo que lo mejor sería ir intercalando.

                Se levanta la sesión.

(Son las 19 y 48)