COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA

(Sesión celebrada el día 10 de setiembre de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:40).

                –Damos la bienvenida a la delegación del Inisa, integrada por su presidenta, sicóloga Gabriela Fulco; el director Álvaro Viviano; la directora Betty Policar; el director de Planificación Estratégica, Pablo Vecino; la gerente general, doctora Alicia Díaz; el asesor de la presidenta, doctor Diego Camaño y el secretario de la presidencia, señor Alejandro Martínez. Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA FULCO.- Buenos días. La delegación está presentada. Disculpamos al señor Álvaro Viviano que está un poquito retrasado, pero llegará en breve.

                A continuación tomaremos unos cinco minutos de nuestra exposición para presentar un video, pero antes me parece importante referirnos a la cuantificación estadística.

                 A la fecha, el total de adolescentes privados de libertad en Inisa es de 310 jóvenes y el total de adolescentes en situación de cautelar es de 185. Aquí importa diferenciar los lugares donde están privados de libertad.

                En el Centro de Internación de Adolescentes Femenino –CIAF–, hay solamente 10 adolescentes; en el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación  –Ciedd– hay 49 y en el centro de menores de 13 a 15 años hay 5. En otros dos centros que nosotros definimos para realizar separaciones y reagrupamientos hay 21 adolescentes.

 

(Se proyecta un video sobre las actividades de los programas socioeducativos).

 

                –Culminado el video, me gustaría comentar que 2017 fue un año muy productivo en el que hubo avances sustantivos en todas las áreas y progresos generales en todas las metas que nos propusimos y cumplimos.

                A modo de introducción y con el fin de no repetir de manera exhaustiva el marco de protección de los derechos humanos en el plano nacional e internacional sobre el que nos extendimos en la rendición de cuentas pasada, cabe recordar y reafirmar que este constituye la referencia primordial para dar cumplimiento a las Leyes n^os 19367 y 17823.

                En nuestra anterior comparecencia, los señores senadores solicitaron una exposición más profunda sobre el artículo 4.º de la Ley n.º 19367 en lo que refiere a los programas que allí se mandata desarrollar y a ellos me voy a referir.

                La enumeración es la siguiente:

«A) Ingreso, diagnóstico y derivación.

B) Educación, la que se realizará a través del deporte, recreación, enseñanza formal y no formal.

C) Técnico psicosocial.

D) Inserción social y comunitaria.

                E) Seguridad y traslado.

F) Instrumentación, vigilancia y evaluación de medidas alternativas a la privación de libertad.

G) Instrumentación, vigilancia y evaluación de medidas curativas.

                H) Instrumentación, vigilancia y evaluación de medidas privativas de libertad».

                La presentación estará centrada en la relatoría en forma exhaustiva de todo lo que se ha podido avanzar y concretar en cada uno de estos programas. Adelanto y confirmo que en la construcción de la nueva institucionalidad el progreso en el desarrollo de estos programas ha sido permanente, al tiempo que se revisan y amplían sus contenidos en forma dinámica. Por eso podemos aseverar que culminaremos el presente período de gestión con una estructura institucional coherente y ordenada, con objetivos de gestión en línea con el mandato de la ley y un vigoroso sustento científico para el desarrollo de las medidas socioeducativas, siendo estas un componente significativo de la prevención terciaria del delito en el marco de las políticas de seguridad y convivencia ciudadana.

                Voy a referirme al primer programa, Diagnóstico, Ingreso y Derivación que  corresponde al Ciedd, Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación. Es la estructura a la que ingresan los jóvenes entre 16 y 17 años derivados por la justicia en calidad de «cautelares» por un período que, de acuerdo a la ley n.º 19551, se modificó de 90 a 150 días. Por otra parte, los jóvenes de 13 a 15 años ingresan en el Centro de Permanencia denominado «Desafío» y las jóvenes lo hacen en el «Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino», CIAF.

A pesar del ingreso a tres estructuras diferentes, es al equipo técnico interdisciplinario de las áreas de, Psicología y Servicio Social del «Programa de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación» –Piedd–, al que le corresponde la remisión de los estudios periciales a la justicia en un plazo de quince días. El Piedd cuenta con doce psicólogos, un asistente social y un procurador. Al Piedd reporta la «Unidad de Coordinación Judicial» encargada de la organización, tramitación y archivo de la documentación personal de los adolescentes y de los legajos móviles y carpeta de cada uno de ellos. Es responsable también de articular con el Archivo Nacional de Historias de Vida de INAU, el archivo de los legajos y carpetas de los mayores de 23 años.

En el año 2017 ingresaron a Inisa, provenientes de todo el territorio nacional, con una medida cautelar de privación de libertad o por reintegro de una salida no autorizada un total de 503 adolescentes.

                Vemos ahora una gráfica en la que se puede observar la distribución entre los cuatro centros de ingreso con los que cuenta la institución que son CIAF, Centro «Desafío», Centro Regional «Nuevo Rumbo» y Ciedd. De la población reseñada, en ese período tuvimos 336 primarios y 143 reincidentes. Respecto a su procedencia, 256 adolescentes provenían del interior del país y 247, de la capital. En cuanto al número de ingresos por departamento, se destacan Canelones, Maldonado y Salto. En relación con la causal o el delito cometido, la rapiña es el delito de mayor reincidencia, seguido por el hurto y la tentativa de rapiña.

A continuación vamos a explicar qué pasa en el centro de ingreso del Programa n.º 1. El estudio  pericial requerido se constituye en la primera evaluación de ingreso y asesoramiento al sistema de justicia. Incluye aspectos de historicidad, en cuyos componentes deben detallarse factores afectivos familiares, sociales, económicos, culturales, de salud y de trayectoria educativa, además del capítulo en torno a los hechos imputados y sus circunstancias particulares. El estudio incluye la aplicación de técnicas de psicodiagnóstico y entrevistas a la familia. La pericia a realizar no solo aporta elementos de evaluación para la comprensión de la intercausalidad que subyace en la comisión de inconductas, sino que también ofrece la posibilidad de establecer un pronóstico que estará supeditado al despliegue de diversos dispositivos de intervención, internos y/o externos, ya sea que la sentencia disponga el cumplimiento de una medida de privación de libertad o una no privativa de libertad.

                En la organización del funcionamiento del Ciedd, se avanzó con la división de primarios y reincidentes. A pesar de persistir algunas condiciones edilicias que limitan el desarrollo de programas de estadía de carácter personalizado y con una más amplia oferta de servicios, lo nuevo del presente período alcanza los contenidos que vamos a detallar a continuación.

                Hemos establecido que la educación es el epicentro alrededor del cual se organiza el Plan de Atención Individual de carácter integral. En el Ciedd, a la fecha, el adolescente se inserta en el nivel de estudios que puede haber interrumpido como resultado de la privación de libertad. En general, la mayoría de los jóvenes han culminado el ciclo primario pero no ingresaron al secundario o lo interrumpieron. Hoy se garantiza la educación primaria con personal de Inisa y secundaria a partir del convenio firmado con el Centro de Estudios de Secundaria, CES. Por lo tanto, adelantamos que el 100% de los jóvenes que están internados hoy en el Inisa estudian y eso es un avance muy importante y significativo para el período.

                En cuanto a las actividades nuevas y complementarias, como se pudo ver en el video tenemos grupos psicoterapéuticos y atención psicológica individual, deporte con un énfasis importante en todas las áreas, artes plásticas y visuales, música, telar, ajedrez, juegos de mesa, yoga, etcétera. También se incorporaron actividades de acompañamiento espiritual y no religioso, en las que participan diversas instituciones.

El cotidiano se desarrolla entre las 8:00 horas y las 20:30 horas. Se anexó un documento que detalla la actividad de cada centro, hora por hora y día por día, que los señores senadores deben tener en su poder.

                En abril de 2017 se creó la biblioteca, respondiendo a la solicitud de los adolescentes y gracias a la donación de ejemplares por parte del Mides, de la Cámara del Libro y de personal del centro. A la fecha cuenta con 232 ejemplares y se registraron 236 préstamos en el año.

En setiembre de 2017 se creó la ludoteca, que cuenta con 80 juegos de mesa, ingenio y cartas. Estamos mencionando todo esto para mostrar que el día de los jóvenes está ocupado con diferentes actividades, en torno a la central que es el estudio y la educación.

                El estudio de ingreso incluye la evaluación del área de salud general, vacunación y odontología. El promedio de consultas anuales en el área de salud en las policlínicas fue de 12.600 consultas en total, de las que 1.200 corresponden a siquiatría, 1.280 a nutrición y 5.400 a odontología; además, la unidad de consumo problemático de drogas atendió a 540 jóvenes.

                En la fase administrativa se instaura un nuevo procedimiento en lo que respecta al resguardo de la documentación del área de salud del adolescente; estamos hablando de vacunas, carné del adolescente y cualquier otro documento o información imprescindible que posibilite una pronta respuesta a las necesidades.

                Queremos subrayar, en el área de salud –creo que cualitativamente este es un tema importante– que los jóvenes tienen su revisión médica en el centro de ingreso –este es el programa número uno en el que estamos ahora– y un diagnóstico odontológico que deriva en un plan de trabajo para ser seguido en los centros de permanencia. Todo lo que es la evaluación primaria se hace en el centro de ingreso y el tratamiento puede terminar allí o continuar en el centro de permanencia.

                La vida cotidiana de los adolescentes cautelares –esto es en lo que estamos ahora– también encuentra un significativo apoyo en el Plan de Participación del Voluntariado, convocado por el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2015 en el marco de la Ley n.º 17885. Para el llamado de 2018 se recibió una inscripción de 600 voluntarios, lo que ha permitido extender la experiencia a otros centros.

                Los voluntarios que trabajan en duplas lo hacen en base a un proyecto común de índole artístico–recreativa. Su labor también resulta altamente inclusiva para aquellos jóvenes que no tienen visitas. El grupo de voluntarios está formado por personas de todas las edades y de las más diversas procedencias, tales como jubilados, amas de casa, estudiantes, profesionales, etcétera. Todos ellos reciben un curso de introducción previo a su ingreso y las evaluaciones de los voluntarios, desde su inicio en 2015, han sido altamente satisfactorias, por lo que muchos han renovado y mantenido su compromiso  hasta la fecha. Creo que este es un aspecto importante en términos de inclusión social – adelantada, de alguna manera– porque implica abrir las puertas para que todos los ciudadanos puedan participar e intervenir en la rehabilitación de los jóvenes.

                Finalmente, en lo que respecta al capítulo referente al ingreso, queremos destacar que se incorporó la entrega de protocolos de sanciones y visitas realizados en 2016 –con el apoyo de Unicef, Unodc y ONU– que portará el adolescente a su egreso del Ciedd y derivación a un centro de permanencia una vez que recibe la sentencia. Esta información resulta de vital importancia en el marco de su derecho a la información general y como apoyo al proceso de adaptación.

                Hoy en día estamos proyectando también una nueva propuesta que tiene que ver con el diseño de un programa de bienvenida para los jóvenes, en el que intervienen los delegados de módulo. Algunos coordinadores y técnicos dan la bienvenida al joven, se sientan con él para entender estos protocolos de sanciones, visitas y disciplina, y cualitativamente también aportan algo más a ese shock de ingreso que puede tener un adolescente por su privación de libertad. Quiere decir que estamos tratando de cubrir todas las facetas –sobre todo, desde el punto de vista emocional– que hacen al cuidado y a la protección en esta fase tan dificultosa.

                La creación de la Junta de Traslado se constituye en la última instancia de revisión sobre el centro de permanencia al que se derivará al adolescente una vez que se recibe noticia de la medida socioeducativa de privación de libertad impuesta.

                La junta, integrada por la Dirección Nacional de Programas, el Piedd, la Dirección del Ciedd y la Dirección de Seguridad, realiza el análisis de las recomendaciones emergentes del programa de ingreso, agregando el estudio de factores de seguridad y convivencia en cada centro, basado, entre otros, en su composición y el perfil del joven sujeto a estudio.

                Consideramos que fue necesario hacer este paso intermedio después del primer diagnóstico del Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación para ajustar de mejor manera el perfil de cada joven a las características del centro al cual puede arribar.

En cuanto a la educación, se realizará a través del deporte, la recreación,  enseñanza formal y no formal. Desde el inicio de la gestión hemos sido obstinadamente insistentes en la importancia de la educación como centro de la medida socioeducativa. Atendemos a una población cuya principal actividad, en condiciones de vida normal,  debería estar girando en torno al estudio y, en particular, al ciclo de secundaria. Es imperioso, entonces, que en el tramo de privación de libertad se intensifiquen los dispositivos educativos para atender el rezago en el estudio, generar motivación, realizar estudios vocacionales y, sobre todo, lograr adherencia a un proyecto de continuidad de estudio al egreso. Con este espíritu, la Dirección de Educación y las instituciones en convenio trabajan para que los jóvenes visualicen la educación como una ruta de salida y logren proyectar escenarios de futura inclusión y participación ciudadana.

                La incorporación del Plan Ceibal –esto ha sido también muy importante y ha tenido un impacto muy positivo en los jóvenes– ha sido altamente significativa y de provecho, dado que iguala el derecho de acceso a una herramienta educativa para los adolescentes privados de libertad. A la fecha, se ha podido distribuir tablets a toda la población privada de libertad. Su uso no se limita al espacio de aula, sino que también se han reglamentado para ser utilizadas determinadas horas en habitación, habilitando así la oportunidad de lectura y juegos en horas de ocio. Su uso influye en la disminución de la conflictividad interna, además de ser otra vía de acceso a la cultura.

                Pasamos ahora al deporte y la recreación. En el área de recreación hubo un despliegue importante de actividades a lo largo del año en todos los Centros. Se realizaron visitas –como han visto en el video– al Teatro Solís, Museo del Fútbol, Teatro Moar, Rural del Prado, Embajada de Canadá, murga, Grupo de Teatro de Punta Rieles, Museo Oceanográfico, Exposición en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Camping AEBU de Piriápolis, con día de playa, el festejo del Día de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes en todos los centros, con participación de las familias –como habíamos anunciado al principio, nos parece muy importante acercar y tener a la familia trabajando junto con nosotros en distintas tareas– y el Día de la Madre, con almuerzos o meriendas, karaoke, cartelería, folletería y juegos. También se hicieron visitas al Museo Blanes, Jardín Japonés, Ministerio de Relaciones Exteriores, sala de exposiciones, Museo del Carnaval, Posada de las Estrellas en el departamento de Rocha, Termas de Guaviyú, planetario y otros. Destacamos que todas las actividades se han realizado sin ningún tipo de inconveniente, lo que habilita la posibilidad de progresar en el número de permisos judiciales. Los espacios recreativos, más allá del aspecto lúdico, brindan la posibilidad de incorporar instancias de índole cultural, interacción grupal, cumplimiento de normas de comportamiento, pautas de disciplina y un ejercicio de interacción con diversos actores sociales en el marco del proceso de inclusión.

                El deporte ha tenido un importante despliegue e intensa actividad durante todo el año. Se destacan: la inauguración de la cancha de futbol 5 en el Complejo Belloni; el primer encuentro de integración del fútbol «Arrímate e Intégrate», con la participación de la Intendencia de Montevideo y el Mides; la inauguración de la Escuela de Boxeo en el Complejo Belloni, con el apoyo de la Secretaria Nacional del Deporte y la Escuela de iniciación deportiva «Knock Out a las Drogas»; la remodelación de la piscina del Complejo Belloni, a la que acuden de todos los centros durante todo el verano; la participación de jóvenes en atletismo integrando la Asociación de Atletas del Uruguay y participando en las carreras de San Felipe y Santiago y San Fernando; el convenio con el Comando General del Ejército para la utilización de sus instalaciones; el convenio con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que habilitó instancias de práctica en el complejo de la mutual; el Encuentro Internacional de Fútbol, con la participación de las selecciones sub 17 de Paraguay, Uruguay, Rosario Central, Racing Club y la Selección de Inisa; visitas de carácter inclusivo a diversos clubes, tales como Rampla Juniors y Fénix, Club Urupan, Club Continental y Centro Deportivo Quebracho; el desarrollo del rugby, con el apoyo de la Asociación Nacional de Rugby, que contó con una serie de charlas motivacionales a cargo del doctor Gustavo Zerbino, que han incrementado la elección de este deporte.

                Pasamos a la enseñanza no formal, no sin antes decir que la nómina y la variedad de lugares que estamos mencionando suponen, insistimos, la posibilidad de que los jóvenes interactúen con distintos miembros de la sociedad.

                En la enseñanza no formal, en el marco de la educación no formal, se destacan: la fabricación de bloques, los cursos de Cocina, los cursos de Atención y de Recepción de Clientes y cursos de Soldadores con el apoyo del Inefop y de otras entidades de capacitación. Por su parte, el Codicén y DSEJA –Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos– desarrollaron cursos de Belleza, Peluquería, Huerta, Jardinería, Música, Electricidad, Carpintería y nociones de Agronomía.

                El Programa Nexo desarrolló talleres de Alfabetización Digital, Recreación, Ciudadanía y Relaciones Sociales, Informática, Cocina, Panadería, Electricidad, Tambo y Gastronomía.

                El Ministerio de Educación y Cultura y el Programa Aprender Siempre desarrollaron talleres de Teatro y Expresión Corporal, Muralismo, Fieltro, Artes Integradas, Música, Audiovisual, Recreación, Deporte y Circo Social. Los talleristas de Inisa desarrollaron actividades de Plástica, Teatro y Ajedrez. Esto muestra nuevamente que el cotidiano está plagado de actividades en todos los centros de acuerdo con el perfil de cada uno; la idea es que alrededor de la educación se puedan organizar estas distintas instancias de educación no formal que, de alguna manera, contribuyen al proceso educativo.

                Respecto al Programa Técnico-Psicosocial en el marco de una nueva visión sobre la importancia de la atención personalizada y la necesidad de generar espacios de tratamiento en el área de salud mental, ya sea en la modalidad individual como grupal, se ha trabajado en la adaptación de modelos de buena práctica de origen anglosajón.

Si tomamos en consideración el impacto que supone el ingreso a un Centro de Privación de Libertad, estaremos relevando la persistencia de una sintomatología ansiosa depresiva, de multiexpresión a nivel emocional. La incertidumbre por el tiempo de permanencia, el alejamiento de su núcleo de referencia, los tiempos de espera de la familia, su encuentro, sus altibajos, sus ausencias, la adaptación a una nueva rutina signada por reglamentos de convivencia, los nuevos relacionamientos intragrupales positivos o negativos, hacen que estas y otras circunstancias alimenten y desencadenen situaciones de crisis con claros síntomas de angustia, tristeza y ansiedad. Es así que para atender el trauma de ingreso, como mencionábamos hoy, se generaron instancias de atención grupal e individual, que se complementan con la especialización de Psiquiatría cuando se solicita.

El programa psicoterapéutico va en su sexta edición, con una participación promedio del  88 % de los jóvenes. Quiere decir que prácticamente todos participan de estos programas.

Pasemos a los programas de tratamiento psicoterapéuticos en la modalidad de grupo. A la fecha, los programas de tratamiento grupal se realizan en la totalidad de los Centros de Permanencia, alcanzando 37 grupos activos. El tratamiento grupal busca promover la reflexión y el análisis de la responsabilidad sobre la conducta infractora, apuntando a generar cambios en los procesos de pensamiento, estabilizando las emociones y las conductas. Conlleva el aprendizaje de estrategias de resolución de problemas y, en consecuencia, disminuye los niveles de conflictividad que se suscitan en situaciones de privación de libertad. Esto ha sido notorio durante el 2017 y, a la fecha, la baja general de la conflictividad en todos los centros se produjo no solo por esto sino por todo lo que venimos comentando hasta ahora.

La atención de los procesos de victimización tempranos que registra el 100 % de la población, definiendo una impronta de daño emocional de especial vinculación con situaciones de violencia intrafamiliar, abandonos, desintegración familiar, maltrato físico-emocional, maltrato emocional, violencia sexual, referentes familiares privados de libertad, inestabilidad habitacional, contextos sociales de marginación, modelos de delincuencia naturalizados, acceso precoz al consumo de droga, quiebres y deserciones del sistema educativo, alejamiento y evitación de las redes sociales de control social positivas y otros, determinan la imperiosa necesidad de construir programas integrales y personalizados con una intensa intervención del área de salud mental.

En el año 2005 una de las primeras estrategias de intervención en crisis adoptadas fue la creación de la figura del retén. Se trata de un profesional del área de la salud mental –psicólogo o  psicóloga– y del área social –trabajador social– que es convocado ante la emergencia de episodios de violencia entre pares, intento de autoeliminación o de fuga, y agresión a funcionarios, entre los más frecuentes. El profesional ofrece a manera de contención un espacio de escucha y reflexión con posibilidades de reunión con la familia y el diseño de las primeras recomendaciones que serán analizadas en la junta de tratamiento.

                En 2017 a la figura de retén se agregó la intervención de los mediadores –esta es otra novedad 2017–, que fueron capacitados para la tarea de asunción de los casos por los mismos motivos, desarrollando una atención centrada en las causas del incidente violento y en la instauración de un proceso que permita visualizar alternativas de reacción ante hechos similares. La mediación como técnica de intervención en conflictos resulta altamente efectiva para la prevención de incidentes con índices mayores de violencia, por lo que impacta en la disminución de la conflictividad a la vez que educa en el camino de una cultura de paz. Los resultados de la mediación y sus recomendaciones se derivan a la junta de tratamiento de cada centro, aportando valiosos elementos para la evaluación del curso de tratamiento personalizado de cada joven.

                Hoy día tenemos 18 mediadores entrenados, que siguen en entrenamiento, que están distribuidos en todos los centros y participan diariamente en cualquier evento de conflictividad que haya entre pares, o entre pares y funcionarios, lo que permite caminar en la reparación del daño, bajar la conflictividad y generar un ejemplo de solución de problemas por vías alternativas a la violencia, y la acción inmediata frente a la sensación de enojo o malestar.

                La inserción sociocomunitaria, que es otro de los programas, es desarrollada por el Programa de Inserción Social y Comunitaria, PISC. En el año 2007 egresaron del Inisa un total de 668 adolescentes: 315 con medidas no privativas de libertad, 290 con  medidas privativas de libertad y 63 con medidas cautelares. El trabajo del PISC durante el año 2017 estuvo enfocado a la atención de los adolescentes en todos los Centros de Privación de Libertad del Inisa, tanto en Montevideo como en Canelones, proyectando abarcar el Centro Regional Nuevo Rumbo, de Lavalleja, que a esta altura ya ha sido abordado. En la Colonia Berro los centros son: Piedras, Cerrito, Hornero, Granja, Ituzaingó, Mayores 18, y Sarandí. En Montevideo: CIAF, Desafío, Paso a Paso – que es de semilibertad–, Centro de Máxima Contención, Complejo Belloni.

En el capítulo de las medidas no privativas de libertad, se ha trabajado con Promesem y se ha invitado a las organizaciones no gubernamentales en convenio –Movimiento Gustavo Volpe, Opción, Miguel Magone y Renacer– a proponer adolescentes con el fin de incluirlos en propuestas educativas en el presente año.

                En referencia a la franja de edades la distribución es la siguiente, relevando la edad de 17 y 18 en correspondencia con los datos de ingreso, que es la franja de mayor incidencia de ingreso de jóvenes.

Respecto a los egresos de adolescentes provenientes de Montevideo y área metropolitana, ya lo mencionamos: son 318. Las edades de egreso vuelven a estar entre los 17 y 18 años: 90 jóvenes de 17 años y 112 de 18 años, a medida que van cumpliendo.

                El convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de la Juventud tiene la intención de generar una instancia de acompañamiento y apoyo al egreso a través de sus diferentes servicios y programas. De esta forma se cubre lo que se considera el momento de mayor vulnerabilidad del adolescente. A principio de cada año, el INJU recibe la nómina de egresos mes por mes, con recomendaciones específicas para la atención de determinadas situaciones. Si bien la participación en las propuestas que ofrece Mides-INJU debe contar con el consentimiento del joven, se desarrolla un trabajo previo, cercano al egreso, desde la privación de libertad, para facilitar la toma de decisión. De todas formas, el contar anticipadamente con información sobre redes de apoyo en el afuera para el joven y su familia hace que se pueda recurrir a ellas en el momento en que se necesiten. El programa atendió 393 egresos durante el año 2017. La modalidad de trabajo incorpora la figura del referente del joven que participa de las juntas de tratamiento en cada uno de los centros de permanencia. El referente se vincula con los referentes de las instituciones en convenio para acompañar el proceso de inserción en los cupos laborales y/o educativos que se disponen. Los cambios efectuados en el programa incluyen encuentros con los referentes de los convenios, donde se brindan lineamientos generales sobre las características de los jóvenes y las bases del perfil que se tomaron en cuenta para su selección. Estas instancias han contribuido a mejorar la inserción educativo-laboral equilibrando el nivel de expectativas y buscando evitar situaciones de discriminación o excesivo paternalismo. Aquellos jóvenes que se ajusta al perfil de una institución, pero que por diversas razones no obtienen el permiso judicial, quedan en lista de espera.

Algunas de las instituciones que trabajan en convenio con Inisa son: Junta Departamental de Montevideo, Ancap, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Junta Departamental de Canelones, Intendencia de Paysandú, Acción Promocional 18 de Julio, Salus, Sunca, Ejercito Nacional, OSE, AEBU, Antel, Intendencia de Montevideo.  Es un despliegue importante de instituciones con las cuales conveníamos y se van ampliando los cupos laborales.

                Pasamos ahora al programa Instrumentación, Vigilancia y Evaluación de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad. Uno de los avances más significativos que ha traído la reforma en curso ha sido la intervención en el área de las medidas no privativas de libertad en correspondencia con las Reglas de Tokio y la Convención de los Derechos del Niño.   En nuestro país el uso de las medidas privativas de libertad por sobre las no privativas  es de larga data y de ello da cuenta el registro estadístico. Dentro de las medidas no privativas de libertad se destaca el otorgamiento de  la libertad asistida en el elenco de medidas dispuestas por el código, con un total de 553. El programa a cargo del desarrollo de las medidas no privativas es el Programa de Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad y Mediación, Promesem. Ante la necesidad de crear un modelo único de medidas no privativas de libertad, tanto para las organizaciones en convenio con Inisa, como para las que desarrolla INAU en el interior del país, en noviembre de 2015 presentamos una propuesta al sistema de justicia y a las organizaciones en convenio. 

En tanto la iniciativa fue compartida con Unicef en el marco del Memorando de Entendimiento, que también integran ONU y ONUDC, recibimos una propuesta de apoyo por parte de Unicef, que se plasmó en la creación de una mesa de trabajo integrada por jueces, fiscales, defensores, Inisa, INAU y ONG; con el apoyo de una consultora externa, culminó con un documento de reciente presentación y publicación, que está a disposición para su distribución. El aspecto cualitativo de este avance es el haber podido llegar a un consenso para homogeneizar la estrategia de intervención en materia de medidas no privativas en todo el territorio nacional.

Asimismo, el modelo ha sido incluido en el proyecto aprobado por Eurosocial –2018-2019– y aporta un importante insumo de capacitación para todos los actores involucrados. Ello se traduce en el objetivo de  apoyar la implementación del modelo facilitando un instrumento de coordinación que especifique roles, competencias, perfiles y responsabilidades, y gestar un plan para comunicarle a la población los beneficios de las medidas no privativas de libertad. La primera fase del proyecto ha posibilitado la visita a los sistemas de Italia, a la vez que la presencia en nuestro país de expertos de Italia y España que colaboran con la capacitación y el desarrollo de este modelo. Sin duda este es un paso muy importante, sobre todo porque durante un año entero trabajaron en la misma mesa jueces, fiscales, abogados defensores, todas las organizaciones en convenio y el Inisa. Haber podido llegar a un consenso que hoy está plasmado en esta publicación creo que termina de ofrecer las garantías que durante tanto tiempo se pidieron para dar mayores beneficios a los jóvenes con las medidas no privativas de libertad.

                Con respecto al Programa de Instrumentación, Vigilancia y Evaluación de Medidas Curativas, durante 2017 no se dispuso ninguna medida curativa, aunque el artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia dispone su precedencia. Destacamos la baja incidencia estadística que se registra de estos casos; por lo general, es sobre el prestador de salud que recae la atención de los adolescentes comprendidos en esta franja, pudiendo disponerse, en algunos casos, una medida indeterminada, pero no ha habido ninguna, al igual que durante el año anterior.

                En cuanto al Programa de Instrumentación, Vigilancia y Evaluación de Medidas de Privación de Libertad, debemos decir que las medidas privativas de libertad se desarrollan en la órbita de la Dirección Nacional de Programas, bajo cuya dirección se encuentran las direcciones de los centros, el programa al que acabamos de referirnos –el PISC–, el Programa Psicosocial –encargado de las áreas de psicoterapia grupal e individual–, el Programa Educación –del cual ya hemos hablado–, el Programa Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación –que es el primero– y el Programa de Semilibertad, además de Promesem.

En la medida en que los programas que involucran a la Dirección Nacional de Programas ya han sido desarrollados en los capítulos anteriores, agregaremos algunas consideraciones sobre las estrategias de intervención en el capítulo más sensible, que es el relativo a la privación de libertad.

Repasando las gráficas referidas al volumen de trabajo de la institución, en 2014 se atendieron 1712 jóvenes; en 2015, 1547; en 2016, 1358; y en 20174, 1282. Quiere decir que hubo un franco descenso en la comisión de delitos de los jóvenes, y dada la cifra que hoy presentamos, que totaliza 310 privados de libertad y 183 con medidas no privativas de libertad, creo que el descenso sigue marcándose claramente.

La gráfica correspondiente al número de adolescentes atendidos por año según los tipos de medida –esto lo habíamos referido en el capítulo anterior pero lo teníamos incluido también en este– muestra la cantidad de adolescentes que ingresan por año a Inisa a cumplimiento de medidas, que en 2017 fueron 327. En 2014 fueron a privación de libertad 842; en 2015, 869; en 2016, 818; y en 2017, 727.

Por otra parte, deseamos destacar los cambios y disposiciones destinadas a ordenar la gestión en general –sería un complemento de este capítulo– y encaminar la nueva institucionalidad para que opere como un sistema, dejando detrás la práctica de gestión de acuerdo con el perfil de cada centro y con la dirección a cargo. Para el turno nocturno –desde las 19:00 a las 7:00– desde el inicio de la gestión se estableció la obligatoriedad de hacer recorridas cada quince minutos por cada una de las celdas o habitaciones. Esta medida de carácter preventivo tiene la finalidad de minimizar los riesgos de intentos de fuga, intentos de autoeliminación y abuso sexual. A su vez, se dispuso que todos los funcionarios del sistema debían portar una identificación con foto y nombre completo, y usarla en horario de trabajo, en especial para el personal de trato directo y seguridad. Esta medida cumple con el derecho del adolescente de saber la identidad de su interlocutor.

Tal como mencionamos, con fecha 8 de junio de 2015 se crea la figura de retén, que ya hemos descrito, por lo cual no vamos dar más detalles sobre su necesidad. También se crearon grupos psicoterapéuticos, se empezó a intervenir en terreno el grupo de mediadores, y en 2016 se oficializaron las juntas de tratamiento. Voy a dar un detalle de este tema porque no lo he abordado. La junta de tratamiento es un órgano pluriparticipativo presidido por la dirección del centro e integrado por las áreas de tratamiento que, de acuerdo a los recursos de personal existentes y a las características del centro, se disponga en ese momento: educación, salud, técnico–social, deporte, cultura, recreación, participación de organizaciones no gubernamentales y otros.

                La junta de tratamiento tendrá a su cargo la evaluación de cada adolescente y el diseño de su plan de tratamiento. Promoverá las solicitudes de sustitución de medidas, solicitud de otorgamiento de cupos laborales o educativos, salidas transitorias u otras ante el sistema de justicia; promoverá el vínculo con el abogado defensor del interesado en apoyo a las solicitudes que se tramiten; analizará las sanciones a imponer de acuerdo a las inconductas establecidas en el protocolo de sanciones; establecerá las comunicaciones que correspondan con las familias y toda otra medida que se considere necesaria para la protección y mejora del proceso inherente a la medida socioeducativa a cumplir.

También se dispuso, por ordenanza, la prohibición de fumar en espacios cerrados; costó un poco, pero se logró. Ya hicimos mención a la creación de la Junta de Traslados. No me voy a extender en cuanto a la prohibición de uso de grilletes. El rol de delegado de módulo o de centro está en permanente construcción, y habilita la recomendación de escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes en los planes institucionales que los involucran. Esta iniciativa, que se desarrolla con distintos ritmos en cada centro, ha tenido un impacto positivo en la baja de los niveles de conflictividad, pero sobre todo ha fomentado el diálogo entre los jóvenes y el personal de trato directo, las direcciones de los centros y el directorio de Inisa.

                En referencia a los procedimientos administrativos  y sus causas, en 2017 se registra un total de 59 investigaciones administrativas y dos ampliaciones, 23 sumarios administrativos y dos ampliaciones. Tenemos una tabla con las causales de estas intervenciones administrativas, que simplemente voy a leer para que las conozcan. Tienen que ver con malos tratos, irregularidades administrativas, problemas de convivencia, fuga, presunto hurto, ingreso de elementos no permitidos, seguridad en el centro, presunto abuso, agresión a funcionarios, inconductas de funcionarios, requisa, traslado, inasistencias y otros.

                El resultado de algunos procedimientos de sumario ha determinado resoluciones donde ha sido necesario disponer el alejamiento del funcionario o la funcionaria de tareas de trato directo. Hacemos notar que en el cuarto año de gestión, y como resultado de los procesos de reordenamiento del sistema y pautas claras de trabajo acompañado de los controles correspondientes, el número de los procedimientos administrativos ha bajado con relación a los años anteriores. En el marco del nuevo ordenamiento institucional se subrayó la necesidad de contar con personal calificado para el trato con adolescentes privados de libertad.

El Inisa ha resuelto incorporar al Proces a los funcionarios que no han terminado el ciclo básico; esto es bastante importante para que puedan seguir educándose, perfeccionándose y teniendo acceso a la carrera. Por otra parte, se dispuso una línea de capacitación continua que a la fecha alcanzó a 500 funcionarios de todas las áreas del sistema. Comprende el desarrollo de un curso de inducción para todos los funcionarios que ingresan por concurso. Los cursos brindados forman parte del estudio de una futura curricula de formación que, con el apoyo de los organismos cooperantes, podrá cumplir con el objetivo de creación de una academia especializada propia del Inisa.

En el marco de la organización de cargos y funciones que habilitarán una carrera en la institución se ha contado con la invalorable colaboración de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En la línea de elevar la calificación del personal, se dispondrá un nivel mínimo de bachillerato para el acceso a los cargos de dirección de los Centros de Permanencia del Sistema. A ello deberán sumarse en el futuro instancias de nuevos programas de formación continua.

A modo de síntesis y a cuenta de la ampliación de información que se pudiera solicitar, quiero expresar que la institución ha desarrollado una paciente y minuciosa labor en todas las áreas del sistema, que ha redundado en mejoras cualitativas y, por ende, en un nivel de estabilidad óptimo. Ello ha sido posible gracias a la participación de un número importante de funcionarios involucrados en el trabajo continuo en sendas comisiones. La apertura al diálogo del directorio y nuestro interés por escuchar iniciativas, propuestas, opiniones, quejas y reclamos ha contribuido a encontrar soluciones y comprender el plan de gestión y las metas a corto, mediano y largo plazo.

La perspectiva de inicio de construcción del nuevo campus educativo en el predio de la Colonia Berro requiere de un tiempo de espera que se aprovecha modificando las dinámicas de trabajo en los centros y fortaleciendo el cambio cultural que se procura implantar con la guía de principios de humanización, de la atención de cuidar al que cuida, de involucramiento de las familias, y una rigurosa articulación externa que permita mejores escenarios sociales para la inclusión.

                A continuación, pasamos al programa de Seguridad y Traslado. La seguridad y el traslado constituyen una función que le compete a la Dirección Nacional de Seguridad, la que dispone de un personal altamente calificado. Esta dirección, con el apoyo de la cooperación internacional, ha tenido a su cargo la formación continua en consonancia con los parámetros de la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos. En este proceso de mejora continua se transitó hacia un cambio de enfoque de la función de seguridad, la que pasa a estar al servicio del desarrollo de las medidas socioeducativas.

                La renovación del grupo de seguridad y traslado, su capacitación y la incorporación de las cámaras GoPro para documentar, a través de la videograbación, todos los procedimientos, aportan garantías y transparencia a la tarea que les compete.

                Por otra parte, y gracias a esta formación especializada del grupo de seguridad y a una adecuada selección de sus integrantes, se constata una disminución de los reclamos relacionados con procedimientos de seguridad.

                Respecto a las salidas no autorizadas se registra una progresiva disminución en el período 2015 – 2017. Es de hacer notar que, gracias a una estrecha articulación con el Ministerio del Interior, se logró el 90 % de retornos al sistema. En varias ocasiones, y como resultado de la capacitación continua a los operadores de trato directo, han sido estos los que, gracias a una adecuada intervención, abortaron intentos de salidas no autorizadas.

                Con relación al traslado de los jóvenes, que son numerosos en tanto tienen que acudir a audiencias judiciales, a hospitales para distintos estudios clínicos u otras consultas, se dispone hoy de una renovada flota vehicular y el protocolo correspondiente para el personal de seguridad y trato directo que se designa para acompañarlos. El total de traslados fue de 4426.

                Por su parte, la unidad de revisoría, a pesar de no contar con tecnología de escáner y bulto –que está en proceso de compra–, ha incautado elementos no autorizados, destacándose el intento de ingreso de sustancias, es decir, droga.

                Podemos señalar también que la disminución de eventos vinculados al área de seguridad es muy significativa. La disminución de motines ha sido del 100 %, o sea que durante 2017 hubo 0 motines. En cuanto a fugas, ha habido tres en Montevideo y ocho en la Colonia Berro. Insisto en que la mayoría de los jóvenes han sido reintegrados; si no recuerdo mal, en este momento, quedan dos fuera del centro. Los disturbios han disminuido significativamente también, con una merma del 50 %.

Hasta acá un resumen general de todos los programas que tienen que ver con el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Pasaríamos ahora al detalle del articulado, tema al que se referirá la asistente social Betty Policar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de pasar al articulado, haremos un espacio para los señores senadores que deseen plantear sus consultas.

SEÑORA PAYSSÉ.- Antes que nada, doy la bienvenida a la delegación que hoy nos visita. En verdad, por primera vez es para mí un gusto escuchar una presentación en la que se plantea al Parlamento una rendición de cuentas sobre los programas que se están llevando adelante, de manera ordenada y comprensible. Por tanto, agradezco que el reclamo que hicimos en otras oportunidades haya sido entendido, lo que hace posible el intercambio de una cantidad de datos que nos faltaban cuando analizamos la presentación en general. Pues bien, ahora los tenemos y, reitero, de manera ordenada y siguiendo la lógica de los programas que establece la propia ley de creación del Inisa.  Entonces, mi enhorabuena en este sentido.

                En segundo lugar, vemos que ha disminuido la población con medidas privativas de libertad, lo que es una muy buena cosa. Al mismo tiempo, hoy podemos decir que aquellos temores de que colapsara el sistema una vez que se empezara a aplicar el nuevo Código del Proceso Penal no tenían razón de ser, pues no sucedió tal cosa. En un sistema que albergó más de 700 adolescentes hoy tenemos la población que están planteando, es decir, 310 jóvenes privados de libertad y 185 con medidas cautelares.  Aquellos temores hoy dejan de serlo porque lo que se presagiaba no sucedió y tengo la certeza de que no ocurrirá.  Esto también me parece que es bueno.

                Me parece sustancial poder contar con datos importantes sobre los adolescentes primarios y los reincidentes. Según lo que anotamos estaríamos hablando casi de mitad y mitad, en el interior y en Montevideo.  Sobre este tema vamos a plantear una pregunta para ser contestada después de que realice dos o tres apreciaciones. En la presentación de la directora se planteaba que las causales en orden decreciente son rapiña, hurto e intento de rapiña. Quería saber cómo es la correlación entre los primarios y reincidentes para tener una idea de si se procesa la misma ecuación, por decirlo de alguna forma.

                Tenemos la satisfacción de escuchar que el cien por ciento de los jóvenes están estudiando y  eso no lo habíamos escuchado nunca. Si es así, bienvenido.

                Luego de escuchar esta presentación detallada y prolija realizada por primera vez de todos estos programas quisiéramos saber, si tuvieran que evaluar, a cuánto asciende el tiempo de encierro –que es la famosa preocupación que tenemos todos– en función de la aplicación de los programas, actividades deportivas y todas las herramientas que han planteado. De acuerdo con lo señalado, el número de horas de encierro es bastante menor que las que históricamente existían.

                Nos parece más que importante la incorporación del Plan Ceibal y también que se siga apostando a eso. Al mismo tiempo, hay algo que nos parece muy relevante y lo hemos discutido en otras instancias, y es lo que tiene que ver con la atención al trauma de ingreso, porque creemos que ahí comienza un camino que los adolescentes y las adolescentes seguramente transitarán mejor tomando como base lo señalado en la presentación. Todo esto es muy bueno, como también nos parece óptimo el planteo que han realizado sobre los 18 mediadores, que creemos son fundamentales en un organismo de estas características.        
                En una de las planillas pudimos observar que hay 14 varones menores de 18 años que están en un centro separados de los otros. Como hicimos una lectura rápida de la información de la planilla quisiera que me la confirmen, pero es algo que incluso lo hemos puesto en el texto de la ley. Además, en una mirada sobre las políticas con los adolescentes privados de libertad, creo que es necesario separar a los jóvenes que tienen más de dieciocho años. Si eso es así, enhorabuena también.

                Por los números observados en la planilla hemos constatado que no solo no existe hacinamiento, sino que  además hay más plazas que cantidad de jóvenes que las necesitan. Nos da la impresión de que es un dato a tener en cuenta porque nos resulta más que importante.

                Los números que presentaron sobre intentos de fuga, seguridad en el traslado, entre otras cosas, hablan, por lo menos, de una comunicación al Parlamento que en lo personal hemos reclamado en otras rendiciones de cuentas y creemos que está bueno porque nos ayuda para poder hacer lo que nos corresponde como legisladores y legisladoras: hacer el seguimiento del cumplimiento de las leyes que elaboramos. Seguiremos  viendo el articulado pero, en principio, creemos que esta presentación da respuesta a unas cuantas interrogantes que  en otras oportunidades no las recibieron.

                Gracias.

SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, asesores y componentes de la delegación.

                Si se me permite, saludo especialmente al director Álvaro Viviano, representante de nuestro partido en esta organización, en quien confiamos plenamente. El señor Viviano es quien nos asesora en esta materia tan importante.

                Quiero realizar dos preguntas concretas. La primera tiene que ver con un componente que ha sido recurrente en las distintas comparecencias del Inisa con relación a la importancia de la familia en todo este proceso socioeducativo. Me refiero a la cercanía de la familia y a la resultancia positiva que eso genera.

                Desde el pasado año se ha estudiado y se ha planteado –para nosotros con acierto– la posibilidad de trasladar el sistema en alguna experiencia concreta al norte del Río Negro –sabemos de la centralización del país– y tengo entendido, según información que he recabado, que hay unos 50 adolescentes que proceden precisamente de esta región del país.

                Por lo que implica entonces el desarraigo y el componente de la cercanía de la familia, consulto si efectivamente se ha analizado esto, en qué término, si está descartado, y si es viable y posible. Concretamente, quiero saber si hay intención de establecer una presencia o, por lo menos, aplicar el sistema –también físicamente– al norte del Río Negro. Sabemos en este ámbito que, pese al tamaño que tiene el país, no se vive la misma la realidad en todos los planos, es decir, en el área metropolitana, fundamentalmente en el interior del país y en especial en el norte.

(Ocupa la presidencia la señora senadora Payssé).

                –En otro orden, la segunda pregunta está dirigida a la presidenta. Me llamaron especialmente la atención las declaraciones realizadas en la prensa –o por lo menos que algún medio le atribuyó, a través del cual me informé– sobre cierta imposibilidad de recuperación de algunos menores; el término era «irrecuperables». En un momento  donde la seguridad es un tema central en la preocupación del país, quienes estamos especialmente atentos hemos hurgado en el derecho comparado y algunas de las medidas tienen que ver, por ejemplo, con la reclusión permanente revisable. Si bien no lo vinculo directamente, merece una atención especial –para quienes estamos a favor de esa medida y hemos leído desde la psiquiatría, opiniones técnicas favorables o justificables de esas medidas– que se diga que hay conductas aberrantes que proceden de seres humanos que efectivamente son muy difíciles de recuperar. Hablo en términos generales. Ese planteo, en términos de la minoridad, me causó obviamente, repito, atención especial, por provenir de la presidenta de Inisa.

                Por lo tanto, pido a la presidenta si puede explicar un poco más el alcance conceptual de lo que señaló en esa oportunidad y si efectivamente lo que publicó la prensa coincide con el tenor de sus declaraciones.

SEÑORA ALONSO.- Me sumo al saludo dado a la presidenta de la institución y a todo el equipo que la acompaña.

                Como decía la señora senadora Payssé, hoy escuchamos mejores noticias que las brindadas la última vez que estuvimos juntos en esta casa. Recuerdo que en oportunidad de la penúltima comparecencia, todos quedamos muy preocupados cuando, producto de la situación heredada por el último directorio de este organismo, se habló de violencia institucional, de hacinamiento, de violación de derechos humanos y también de construcciones edilicias lamentables.

                Como primera consulta –además de alguna reflexión–, quería saber cuál es el estado actual de la infraestructura edilicia del organismo y si se han habilitado nuevos espacios.

                En aquella oportunidad quedamos muy preocupados por los reclamos penales que había hacia las empresas, porque habían entregado algo muy diferente a lo que se había contratado. Los compañeros recordarán que permitimos que se dispusiera, de manera excepcional –insisto en mencionarlo porque me parece que es un tema que vale la pena–, de USD 20:000.000 para construir centros modelos de manera urgente. En aquel momento los jóvenes estaban hacinados, se violaban derechos humanos y recuerdo muy nítidamente que en aquel momento estaba Villaverde a la cabeza, con el arquitecto Majic y el respaldo de Salsamendi, y nos decían que se trataba poco menos que de hoteles casi cinco estrellas –primero la Berro y después el Ceprili–, pero lo cierto es que nos mintieron. ¡Esa es la realidad! Seguramente esto habría sido un escándalo, aunque finalmente no lo fue. Sé que las autoridades actuales denunciaron pública y penalmente la calidad de esas construcciones, pero esto es no solamente un mal uso de los recursos públicos sino que en aquel momento se verificó un problema grave de gestión.

                Hice esta introducción porque aquí se habló de denuncias penales y de auditorías, y me gustaría preguntar cuál fue el resultado –sé que una de esas auditorías la había llevado a cabo el propio Ministerio de Desarrollo Social–; sobre todo, quisiera saber en qué quedó todo eso, si la denuncia penal está en la vía de la justicia o cuál fue el avance que hubo con respecto a las mencionadas construcciones.

                A su vez, quisiera conocer cuál es el costo, porque sé que han tenido que reinvertir para poner en funcionamiento algunas de esas construcciones. Por ejemplo, ¿en qué está el centro Belloni? Porque era una de las construcciones cuestionadas.

                También recuerdo que se votaron recursos para un presupuesto que permitiera construir plazas en La Tablada, pero creo que allí se detuvo la construcción. Lo mismo me gustaría saber con respecto a la colonia Berro, porque se hablaba de su cierre inminente.

                Hago estas consultas porque, si bien actualmente el número de jóvenes –de acuerdo con el informe– bajó considerablemente –lo que nos alegra profundamente– y estamos hablando de aproximadamente 300 personas –imagino que el hacinamiento no es tal y las construcciones tienen otra disponibilidad–, indudablemente es una preocupación porque todo esto tiene que ver con cuestiones presupuestales.           

                Por otro lado, quiero saber exactamente cuántos funcionarios tiene el Inisa y, si es posible, que ese dato estuviera discriminado. Lo digo porque en la instancia anterior –recuerdo al doctor Camaño–, cuando preguntamos sobre el número de funcionarios de este instituto hicimos una relación lisa y llana señalando que había tres o más funcionarios por cada joven; seguramente ese número aumentó aún más, y si bien no es algo lineal, tomando en cuenta ese número de alrededor de 300 jóvenes, nos gustaría saber cuántos funcionarios trabajan hoy –reitero que, si es posible, preferiría los datos de manera discriminada– en el Inisa. Asimismo, me gustaría saber –sé que tal vez no dispongan de estos números ahora, pero los pueden hacer llegar en otro momento– cuál es el costo de todo esto. Recordemos que lo que está en juego acá es la posibilidad de recuperación y reinserción de los adolescentes; ese es el primer objetivo y estoy convencida de que todos los que estamos acá lo compartimos, pero en esta instancia presupuestal es importante saber cuál es el costo, por adolescente, de acuerdo con el presupuesto que tiene asignado el Inisa.

En el informe –tema que me preocupa especialmente– se puso por allí en la cuestión sanitaria la atención en el tema drogas. Creo que se habló –si no anoté mal el número– de 540 atendidos. Me parece que este tema consumo aparece como muy general o sin darle la preponderancia o la preocupación que se le debería dar –quizás estoy equivocada y me gustaría que me lo hicieran saber–, porque imagino que es un asunto recurrente y seguramente concluyente en lo que tiene que ver con la violencia y la situación o problemática que viven muchos de estos jóvenes. Sin embargo, no sé si hay programas puntuales, específicos y concretos sobre las políticas de rehabilitación de drogas, no lo vi  en el informe, y quizás puedo estar comiéndome alguna parte. Me gustaría saber cómo trabajan, porque leí algo sobre la Junta Nacional de Drogas, pero quiero saber qué trabajo particular se hace y cuáles son los programas.

                También quiero saber cuál es el trabajo que se realiza en lo que tiene que ver con la prevención de suicidios, porque no lo vi en el informe y este año un joven, no recuerdo el mes, se suicidó en su celda.  Es una preocupación enorme que un joven termine con su vida sabiendo la complejidad y la problemática de quienes estamos hablando. Concretamente, me gustaría saber cuál es el trabajo que hace el Inisa en este tema.

                También leí y escuché sobre la Oficina de Seguimiento, y me gustaría conocer concretamente cuál es ese seguimiento que se hace y cuál es la reincidencia.

(Ocupa la presidencia el señor senador Carrera).

                –Quiero saber cuál es el seguimiento que se hace de esos jóvenes una vez que salen de los centros, porque también forma parte del trabajo que la institución debe llevar adelante.

                Luego voy a hacer alguna pregunta sobre el articulado, pero cuando llegue el momento.

SEÑORA FULCO.- Vamos a tratar de seguir el orden de las intervenciones y de las preguntas.

                La señora senadora Payssé nos hablaba de la incidencia de las causales.

Como habíamos descrito, básicamente, al tope de la columna están la rapiña y el hurto; luego tenemos esa distribución entre primarios y reincidentes –que no la tenemos exacta, pero la podemos aportar–, y en ambos cae la misma incidencia. Pero podemos ajustar el número, y habiendo más primarios que reincidentes, seguramente, la distribución sea un poco parecida.

                La segunda pregunta está relacionada con la evaluación del tiempo de encierro en cada centro. Justamente, con el despliegue de actividades que hemos mencionado, la disminución del tiempo de encierro ha sido francamente bastante importante. Debemos señalar que tenemos algún centro como el de mayores de 18, que es complejo y, sin embargo, hoy tiene un despliegue importante de actividades y una baja de conflictividad muy importante. El trabajo con mayores de 18 años es por sí, complejo, sobre todo, cuando retornan de los centros de privación de libertad de mayores, podemos destacar que recientemente se ha mencionado uno a nivel público.  La estrategia de intervención que hemos tenido con mayores de 18 años –con estas características de complejidad por la falta de motivación de adherir a programas que consideran que son para los menores de 18 años y que, están en otra, de alguna manera por ser «adultos», dicho esto entre comillas– ha sido la posibilidad de que ellos participen, sobre todo, en la mejora de las construcciones de su hábitat, del espacio en el cual habitan. Los hemos puesto a hacer trabajos de albañilería, pintura y otros arreglos, obviamente en su mayoría guiados por personas que conocen el oficio, y eso permitió que adhieran al programa. En este momento no podemos pasar una película, pero tenemos un video específico que muestra el trabajo de reconstrucción que han hecho en todo el centro; lo han hecho en forma libre y abierta, fuera de sus celdas y participando determinadas horas del día en ese trabajo, además de la parte educativa, el deporte y el espacio de recreo y ocio. Creo que la estrategia ha sido buena porque se les ha explicado que están aprendiendo un oficio y que les puede ser útil para cuando estén afuera, por lo que es una ruta de salida saludable. Entonces, aprender un oficio y que trabajen en las instalaciones del centro, es lo que ha sido más efectivo con estos jóvenes. Eso ha determinado que aquello que sucedía en otras épocas en cuanto a que los jóvenes estuvieran todo el tiempo rompiendo sus propias celdas, los elementos que hay allí y los espacios que habitaban ya no ocurra y hoy el centro está quedando muy bien, gracias al trabajo de estos jóvenes. Como dije anteriormente, se están ocupando de la pintura, albañilería, electricidad, sanitaria, etcétera. Por lo tanto, encontramos una estrategia de trabajo con una muy baja conflictividad. Obviamente, siempre hay un acompañamiento del área de psicología y de parte de los mediadores en todos los centros.

                En el resto de los centros, se llevan adelante todas las actividades que mencionamos y alguna otra que quizás nos quedó por el camino, porque hay que decir que en este sentido hay mucha movilidad, puesto que depende de la propuesta de los talleristas y la contratación de organizaciones no gubernamentales para determinados talleres. Lo cierto es que estas actividades prácticamente insumen el día y creo que en cuanto a la ocupación del tiempo de los jóvenes estamos bien, siempre centrados en que estamos desarrollando una medida socioeducativa.

                La tercera pregunta tenía que ver con la atención al tramo de ingreso. Como ya se dijo ampliamente, esta es una situación que puede devenir en un trauma importante porque estamos hablando de la privación de libertad. Sobre todo en primarios, dado que es la primera vez que se enfrentan a esta situación, todo es nuevo, a diferencia de los reincidentes que más o menos ya tienen la rutina establecida y saben qué puede pasar. Entonces, aquí creo que tenemos un despliegue importante de atención personalizada y grupal, conexión con la familia y todo lo que hemos descrito anteriormente. Las actividades son importantísimas y sobre todo que los jóvenes puedan retomar sus estudios y hacer deporte. Creo que es notoria la baja de conflictividad que tenemos en las áreas de cautelares en general.

                Luego se hizo una pregunta referida a la cantidad de jóvenes que hay en el centro de mayores de 18 años. En este momento tenemos 16, pero eso no quiere decir que sea el total de mayores de 18 años, sino solamente los que tienen un perfil de mayor conflictividad. A los que están haciendo un buen proceso en su centro de permanencia, a pesar de que cumplan los 18 años preferimos no cambiarlos, porque eso implica un impacto importante y se corre el riesgo de contaminarlos por la convivencia con jóvenes que tienen un perfil complicado. Estamos hablando de jóvenes que están haciendo un buen proceso, que quizás tienen una plaza laboral o educativa, que ya tienen dispuestas salidas y que tienen cierto compañerismo y conocimiento de los directores y educadores. Entendemos que sería negativo trasladarlos al centro de mayores de 18 años solamente porque llegaron a esa edad y por eso lo vamos graduando.

                Hasta aquí es lo concerniente a la pregunta de la señora senadora Payssé y luego, respecto a la intervención del señor senador Camy, quiero decir que hemos resaltado la importancia de la familia como eje de la intervención y el apoyo a estos jóvenes. Las familias tienen que mantenerse en contacto con los jóvenes porque están como en período de crianza. Estamos hablando de muchachos de 13 a 17 años –y como si los que tuviéramos fueran todos de esas edades–; van cumpliendo los 18 años, pero esa es la pura adolescencia, es decir, un período de transformación y cambios permanentes en el que la familia no puede ser un actor al que le pautemos días y horarios de visita y punto, para que luego salga de la órbita del contacto afectivo de ellos.

                Por lo tanto, paulatinamente y con un trabajo bastante afinado de contacto en la visita y de otras instancias personalizadas con estas familias hemos estado tratando de reclutarlas para adentro. ¿Qué es el adentro? En un proyecto personalizado, para nosotros, es que las familias participen de los momentos en los cuales hay noticias positivas de lo que han hecho los jóvenes cuando, por ejemplo, han acreditado primaria o materias en secundaria. Hay un aplauso simbólico para dar, y entonces buscamos que estén acompañados de sus afectos cercanos en ese momento de noticia positiva. En todas las fechas –el Día de la Madre, el Día del Niño– y todos los festejos que se hacen permanentemente, también participan las familias, que pasan el día, se hacen asados, se traen comida –o la hacen adentro–, etcétera. Se trata de jornadas recreativas y culturales en las que no falta la música ni animadores que generan instancias de juego entre todos para que se conozcan las familias de unos y otros. Todo eso es parte de otra instancia en la cual las familias han ido tomando confianza en la institución y se acercan cada vez más.

                Por el contrario, cuando hay eventos negativos –que pueden tener que ver con un intento de fuga, una pelea entre pares, la confección de una punta, la tenencia de elementos prohibidos, la constatación de algún consumo, etcétera–, en ese momento, como va a recaer una sanción por ese hecho negativo, también a nos interesa que esté el padre, la madre, el referente o quien sea y que tenga una palabra como sucedería en su casa: «Hacé caso», «Estudiá», «Dejá de hacer esto o aquello»; como lo diga y lo que sea, para nosotros es una palabra importante. Buscamos que el joven no solamente esté rodeado de equipos técnicos y educadores sino también por la otra parte.

                En eso seguimos trabajando y tratando de lograr un acercamiento cada vez mayor de las familias. También hemos establecido en los domingos jornadas a las que, cuando hay deportes, se invita a todo el mundo. No todos vienen porque algunos no pueden por razones laborales, pero la mayoría se está acercando y participando de buena manera; no ha habido inconvenientes de ningún tipo y esto es bastante positivo.

                Antes de pasar a algún aspecto que tiene que ver con esta misma pregunta, a continuación, vamos a referirnos a la posibilidad de pensar en construcciones al norte del río Negro.

Hemos priorizado, de alguna manera, el centro de Lavalleja como eje del interior. Para abordar las cuestiones presupuestales que tienen que ver con eso voy a ceder el uso de la palabra, si el señor presidente está de acuerdo, a la gerenta Alicia Díaz, pero no quisiera pasar de largo el interés presentado respecto a los dichos de prensa sobre los jóvenes irrecuperables.

                Este es todo un tema. En general, los técnicos hablamos de pronósticos reservados; eso es lo que mejor se adecua para avizorar algunos elementos de riesgo que pueden tener para reincidir en el delito; ya sea en uno mayor o en el mismo delito, se trata de una reincidencia. Ahí es cuando nosotros, en los estudios criminológicos y en este informe de quince días que se manda a los jueces –así como en otras instancias en que hay que informar algo o al egreso, cuando hacemos los puentes con el Mides, el INJU y las instituciones que contactamos, porque no se trata de abrir la puerta y decir «adiós que te vaya bien», sino de generar un después, una continuación de ese acompañamiento que para algunos es más necesario que para otros– hablamos de pronósticos reservados, pero también tenemos conciencia de que hay un número importante de jóvenes con serios trastornos psiquiátricos y crónicos, lo cual nos preocupa. En este momento son un promedio de 60 en el total de 310 privados de libertad, por lo que el número es importante; estos jóvenes permanentemente hacen crisis que determinan internaciones en clínicas psiquiátricas. Por lo tanto, si desarrollamos programas en todas las áreas que mencionamos, como ser educativas, aprendizaje de oficios, recreativas, laborales, deporte, etcétera,  estos se interrumpen constantemente porque los tiempos que pasan en las clínicas son importantes y prolongados. Obviamente, luego salen con medicación de mantenimiento, la cual también condiciona para ellos el desarrollo y la integración a determinados programas. Por consiguiente, el efecto sustancial o el impacto que puede tener el programa que nosotros diseñamos en uno de estos jóvenes y en aquellos otros que no tienen problemas, es diferente; el programa es menos aprovechable en aquellos pacientes psiquiátricos que están en una situación de medicación y de ingreso y egreso permanente de la clínica. Esa situación hace difícil el pronóstico, que es de carácter reservado.

                En cuanto a la recuperabilidad, hay que decir que nadie tiene la bola de cristal, pero podemos decir que siempre va a estar condicionada a un acompañamiento estricto y que cubra todas las necesidades de ese joven que ya tiene una patología instaurada. Si se dan –como en cualquier persona en nuestra sociedad– todas las condiciones de salud, de acompañamiento terapéutico, de instancias de control de la medicación, de laborterapia, o sea, todo lo que sea necesario para el perfil específico de quien porta el problema, seguramente tenga una vida estable y marche bien. Si alguna de esas instancias falla o cae, por desprotección del entorno o por crisis mayores que se agudizan, pueden pasar muchas cosas, no solamente la delictiva. En ese sentido, con lo acotadas que pueden ser las expresiones que uno da en los medios de prensa las que, a su vez, luego aparecen también recortadas, queda como fragmentada la explicación que puedo dar acá de manera más sustanciada o más abierta.  Es por tal motivo que lo mencionamos. Y por eso subrayamos y creamos este acompañamiento en el afuera; ya lo leí pero lo repito, para englobar esta situación: el 1º de enero de cada año pasamos al Mides y al INJU la lista de jóvenes que van a salir durante el año –en este caso, en 2018–, para que ellos tengan el número de jóvenes que salen mes a mes y se organicen a través de todos sus servicios para su acompañamiento. En general, las familias ya han sido estudiadas y trabajadas en territorio por estos servicios. No solamente se manda la lista, sino que se empieza a trabajar pocos meses antes del egreso. Creo que ese es un factor primordial para la atención y prevención de la reincidencia, que el acompañamiento sea sustantivo, que las redes sociales respondan al unísono y estén todas bien articuladas y, finalmente, que no se suelte cuando no debe hacerlo o no se fragmente ningún soporte de la red de contención –a veces, por razones institucionales, eso puede pasar–, que tiene que ser firme y por el tiempo que el joven lo necesita. Es muy difícil definir a priori por cuánto tiempo será; en realidad, eso se va definiendo en la evolución del trabajo de campo con ellos, y eso es en el afuera.

                Esos son todos los elementos que consideramos fundamentales. Por suerte, hoy están establecidas las redes y hay un ejercicio de trabajo con los egresados del Inisa desde el 2015 que puede ser uno de los factores determinantes de la disminución progresiva de la reincidencia –todavía no hemos podido estudiar en profundidad las causas– que, como señalamos, se ha dado desde el 2014 al 2017, y también en 2018, pues empezamos con más de 700 y hoy son 310. Entonces, creo que el resultado de las políticas sociales implementadas en los últimos años es uno de los factores que puede estar incidiendo en esta disminución. Otro de los factores puede ser el trabajo que el Inisa ha hecho con algunos jóvenes que pasaron por la institución, pero en fin, todavía es temprano para hacer una evaluación contundente y de corte científico en ese sentido; simplemente es una hipótesis.

                A continuación, la directora –asistente social– Policar complementará esta segunda intervención y, luego, daré detalles sobre la presentación de la señora senadora Alonso.

SEÑORA POLICAR.- Voy a contextualizar la respuesta sobre la pregunta que se hacía acerca del centro regional al norte del río Negro.

                Estamos transitando las etapas finales de la separación del INAU-Inisa. Eso implica  un  trabajo  muy arduo que han  venido  realizando  distintas  áreas  del  Inisa –planificación estratégica, planeamiento y presupuesto, la gerencia– con el INAU. Hablamos de una separación que también es necesaria para llegar a tener ideas claras de la situación del Inisa en materia financiera en distintos rubros, y de un análisis muy minucioso de las principales áreas que involucran los dineros: rubro 0, por sueldos, y todo lo relacionado con funcionamiento e inversiones. El trabajo que han venido realizando los compañeros con el INAU nos permitió, a su vez, hacer un trabajo muy serio con el Ministerio de Economía y Finanzas en esta instancia de rendición de cuentas y la institución pudo tener un acercamiento muy fino al balance presupuestal. Es así que tuvimos varias instancias para hacer al ministerio el planteo de lo que creíamos necesario para el rubro 0 y para funcionamiento e inversiones.

                Coincidimos en lo importante que sería tener el centro regional al norte del río Negro y mejorar las instalaciones, la infraestructura y el personal del Centro de Privación de Libertad Nuevo Rumbo. En este trabajo conjunto y serio con el Ministerio de Economía y Finanzas, las condiciones en general no estaban dadas para plantear incrementos en la rendición de cuentas. Aquí se hizo alusión al señor director Viviano quien, efectivamente, ha impulsado fuertemente el tema de Río Negro, con lo que está de acuerdo todo el directorio.  Seguramente él podrá explicar mejor por qué no se puede llegar con este nuevo presupuesto a construir el regional norte que es una necesidad. Quedará para el plan quinquenal, lo levantarán las personas a quienes les toque estar en la institución.

                Quiero unir esto con los planteos que realizó la señora senadora Alonso en materia de construcciones. Creo que planteó el tema de La Tablada. Sobre el predio de La Tablada recayó una disposición judicial de no innovar, por tal motivo, el proyecto que estaba previsto para La Tablada hubo que reubicarlo y no fue sencillo encontrar un terreno. Lo concreto es que próximamente se va a empezar a construir en el predio de la Colonia Berro a través del fideicomiso creado para tales fines. Sí se ha retrasado mucho el proyecto, pero por razones ajenas a nuestra voluntad.

En materia de inversiones para el reacondicionamiento de algunos sectores del centro de ingreso, mejoras y arreglos del Complejo Belloni –fundamentalmente la impermeabilización de los techos, pues han sido muy recurrentes las inundaciones– y otras refacciones, hay que decir que todo eso se está haciendo con los fondos de inversión en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sucede lo mismo con el CIAF, que tiene problemas edilicios, por lo que nuestros propios equipos de arquitectura y mantenimiento están trabajando también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

SEÑORA ALONSO.- Sobre este tema tengo una duda o, por lo menos, alguna preocupación por parte de algunos funcionarios. Con respecto al tema edilicio, ¿están pensando hacer algún cambio en el CIAF? ¿Piensan llevarlo para el Complejo Belloni y hacer un intercambio? ¿Hay alguna planificación? Tengo entendido que habría alguna idea de generar ese cambio. ¿Cómo está pensado? ¿Tiene que ver con una cuestión desde el punto de vista edilicio o desde otro punto de vista? ¿Esto está hablado con los funcionarios?

SEÑORA FULCO.- Vamos a repartir la respuesta.

                Hemos tenido un aumento de  las cautelares y resolvimos que, dada la baja que tenemos de jóvenes privados de libertad en general, lo indicado era concentrar esfuerzos en mejorar las condiciones de reclusión de los cautelares y el mejor establecimiento que tenemos en este momento, por lo que decía la directora y porque está en proceso de refacción y de arreglo por las dificultades edilicias, es el Complejo Belloni. Hace meses que estamos estudiando esta posibilidad de traslado y evacuación del centro de ingreso. Obviamente, el cambio va a mejorar no solo el aspecto de diseño sino también los programas y los servicios, ya que los que hemos desplegado en el nuevo lugar son más potentes.

Por lo tanto, en breve el Complejo Belloni va a convertirse en el centro de ingreso. De acuerdo con la proyección que tenemos, no va a haber hacinamiento y los jóvenes van a tener más posibilidades de desarrollar programas. Consideramos que estamos trascendiendo una etapa desde todo punto de vista y que mejoramos las condiciones de quienes tienen medidas cautelares.

                De todas maneras, para continuar desarrollando este tema y contestar las inquietudes y preguntas que formuló la señora senadora Alonso, pido que haga uso de la palabra la gerenta general.

SEÑORA DÍAZ.- Voy a tratar de dar respuesta a las preguntas planteadas por la señora senadora Alonso, que seguramente sean inquietudes de todos los integrantes de la comisión.

                Hay cosas que están estrechamente vinculadas. La señora senadora hizo referencia a un par de rendiciones de cuentas hacia atrás, cuando nuestra administración recién empezaba y estaba sobre la mesa el tema de la violación de los derechos humanos, el de los déficits edilicios, entre otros. Es verdad, eso fue planteado acá y la preocupación de la administración era poder revertir en algo la situación.

                Las estructuras edilicias, efectivamente, ofrecen bastantes dificultades en lo que tiene que ver con lo arquitectónico; han surgido problemas de filtraciones de agua que estropean la instalación de energía eléctrica, tienen dificultades de circulación y no son adecuadas para la internación de adolescentes. Desde el inicio, la administración mostró la voluntad de construir un nuevo centro –proyectado por nuestro Departamento de Arquitectura, con la colaboración de la Corporación Nacional para el Desarrollo y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas– que pudiera cumplir con las medidas de seguridad necesarias para la atención de esta población y que, a su vez, ofreciera mejores condiciones de circulación, de accesibilidad, y la posibilidad de contar con talleres, con grupos de diferentes deportes, con espacios culturales, recreativos, etcétera. Ese proyecto fue avanzando en el papel, en coordinación con esas instituciones. Desde el punto de vista presupuestal, hay fondos para hacerlo, pero en esa historicidad tuvo que definirse el lugar donde iba a hacerse. Se eligió el predio de La Tablada –como todos saben– pero tuvimos una dificultad judicial cuando ya estábamos bastante avanzados con la parte arquitectónica. Para nosotros es una cuestión insoslayable y de respeto a la ciudadanía, porque no es un hecho menor lo que se presentó en La Tablada. Frente a la disposición de no innovar fuimos sumamente respetuosos, mantuvimos la seguridad del predio –por razones obvias– y, entonces, a mitad del camino tuvimos que redirigir el proyecto.

                Como también existe voluntad de reacondicionar el predio de la Colonia Berro para que esos hogares que tienen una infraestructura obsoleta puedan generar otros espacios, ese mismo predio nos permitió refocalizar el proyecto, y con los técnicos ya hemos avanzado bastante. Como decimos siempre, en el tránsito hay que seguir trabajando. En ese sentido, la presidenta fue muy clara en oportunidad de otra intervención en cuanto a los déficits que tiene el Ciedd y también en lo que respecta a las observaciones que han recaído permanentemente no solo por la parte estructural sino también por las posibilidades de atención de los adolescentes, que era la preocupación inicial. Lo cierto es que tenemos que manejarnos con la estructura que había y a partir de allí ser ingeniosos para generar mejores condiciones para esa población. En ese sentido, hace ya unos cuantos meses y a solicitud de la presidenta se conformó una mesa de trabajo integrada con trabajadores de la institución, con diferentes sectores que tienen que  ver con propuestas técnicas, como la gente que trabaja en las mesas técnicas con los adolescentes, planificación estratégica, las juntas de traslado y de tratamiento, y las propias direcciones generales de programa, de seguridad y administrativa. Empezamos a trabajar con diferentes propuestas y escenarios para plantearle cuáles iban a ser las modificaciones que podríamos hacer contando con esa infraestructura para alojar y atender mejor a los adolescentes, aunque eso implicara cambiar el proyecto del centro de ingreso para Belloni. El nuevo Código Penal introdujo algunas variantes como, por ejemplo, los tiempos prolongados para la atención, que hacían que esos chicos no solo necesitaran la entrevista inicial, la atención inicial y algunos otros diagnósticos como la pericia primaria, sino que también se cargaran de actividades como el resto, y que nosotros pudiéramos sostener ese lapso –en el que además hay que tener en cuenta la presunción de inocencia– con una mejor calidad de vida. En tal sentido, si bien está proyectado que las instalaciones del Ciedd mejoren porque no son las mejores, el sector que se arregló y el volumen de actividades que veníamos realizando van a permitir optimizar sustantivamente la atención de un grupo reducido de adolescentes.

                En estos dos meses de labor mantuvimos cierta reserva, obviamente, para no generar inestabilidad en los trabadores y para que no interfirieran cosas que no tenían que ver con lo sustantivo del proyecto; bajamos líneas de trabajo, los hicimos partícipes a través del sindicato y de sus referentes y trabajamos con las direcciones. Hubo instancias donde varios trabajadores me hicieron consultas precisas y se las respondí de la forma más concisa posible. De hecho, hasta anoche estuve en contacto con ellos. Todos los cambios generan resistencias y ese no es un hecho menor, pero lo tuvimos en cuenta dentro del abanico de elementos a contemplar. La idea –que les repetí ayer a todos los que me fueron llamando, dado que mi teléfono siempre está encendido– es que el proceso de cambio se da en primer lugar en la atención a los adolescentes –que son el objeto de nuestro trabajo– y que se va a integrar a los trabajadores a los que vamos a acompañar nosotros mismos. Me refiero a todos los ámbitos que tienen que ver atender la educación sino también con atender la salud y la recreación. Nosotros vamos a acompañar la propuesta. Todos los que trabajamos en el cambio vamos a estar ahí para que se sientan tan sostenidos como los adolescentes. Las resistencias que pueda haber las vamos a ir solucionando. Estamos abiertos al diálogo y eso fue lo que les trasmitimos ayer. Eso con respecto a la estructura y a la posibilidad de cambiar, que era lo que planteaba la señora senadora.

                Nos habían preguntado por el número de funcionarios discriminados. Tenemos todos los datos. Podemos entregárselos cuando lo prefieran, ahora o en una instancia posterior. Repito que trajimos todos los datos. Si ustedes lo requieren el señor director del área estratégica se referirá a eso.

                Es verdad que hubo instancias a nivel del Poder Judicial, juicios que se dieron a raíz de serias irregularidades que encontramos en algunas obras y que ocasionaron perjuicios en nuestros servicios desde el punto de vista de su correcto desarrollo. En la rendición de cuentas pasada ya habíamos dicho que habíamos trasladado algunos de estos juicios a la órbita del INAU porque era el organismo rector en aquel momento, pero los hemos acompañado desde nuestra división jurídica. Aquí se encuentra la doctora Caffiro, que es quien nos ha representado en cada una de esas instancias. Ha trabajado mucho desde la división jurídica ofreciéndoles su asesoramiento también a los abogados que asistieron a esas instancias por el INAU.  Es decir que la doctora Caffiro les podría explicar mejor que yo esos temas.

                A continuación, seguramente la presidenta Fulco se expresará acerca de los temas relativos al consumo y a los suicidios.

SEÑORA FULCO.- Con respecto al programa de salud de atención en drogas, la Unidad de Intervención en Consumo Problemático de Drogas atendió a 540 jóvenes durante el 2017. ¿Cuál es la realidad de la población que ingresa al Inisa respecto al consumo y a la adicción? Se trata de jóvenes que, en su mayoría, ya han tenido contacto temprano con el consumo de drogas. Lo importante es el buen diagnóstico de ingreso y descartar o definir cuáles de estos jóvenes tienen la patología de la adicción, y es en ellos que se concentra la batería de los grupos psicoterapéuticos de la unidad para trabajar un tema medular en lo que puede ser la intercausalidad de las inconductas o del delito. Este año, junto a un grupo de coordinadores, en una comisión, estamos coordinando con la Junta Nacional de Drogas para plantear que se sume un proyecto más para los jóvenes que tienen esta patología. 

                Dentro de la órbita de la cooperación habíamos mencionado que tenemos un Memorando de Entendimiento con la Oficina de la Coordinadora Residente de la ONU en Uruguay, Unicef y Unodc. En este marco estamos intentando conseguir algún apoyo de parte de Unodc que es el organismo específico de Naciones Unidas en los temas de droga y delito.

                Entonces, en respuesta a la pregunta de la señora senadora Alonso, decimos que se está trabajando y se están adelantando programas en ese sentido.

SEÑORA ALONSO.- ¿Cuáles son los protocolos que se siguen específicamente en el tema de drogas?

SEÑORA FULCO.- En  2015, el Inisa pudo participar y dar un cierre final a lo que fue el Programa de Justicia e Inclusión de la Unión Europea que, en el área de salud, tenía un componente relativo al consumo problemático de drogas. Allí se definieron algunos protocolos que son los que tenemos activos dentro de nuestra institución pero, a su vez, estamos tratando de adaptar y ampliar otros dispositivos que nos permitan una intervención más importante sobre este fenómeno, que también involucra el trabajo con las familias. En muchas de las requisas hemos encontrado que las familias, aprovechando las visitas, ingresan drogas. Entonces, el problema no está acotado solo al joven, sino que también tiene que ver con su medio ambiente y con la historia familiar. Estos jóvenes, en general, también tienen presos a sus padres por cuestiones de drogas como las bocas de venta, etcétera; o sea que tienen una cultura de naturalización del acceso a la droga. Quiere decir que estamos trabajando a dos puntas: por un lado, con las familias que ingresan drogas –lo que debe ser comunicado al Juez– y que, lamentablemente, pasan por un período de sanción y, por otro, con los jóvenes a través de estos dispositivos que van a ir creciendo.

                Con respecto a la prevención del suicidio, a través del servicio psicológico y psiquiátrico de la institución se trabaja intensamente. La estadística muestra que en  2016 hubo un suicidio, en 2017, otro, y en 2018, a la fecha, ha habido dos. En muchos de estos casos hablamos de jóvenes que, patología mediante, habían tenido otros intentos de autoeliminación mientras estaban afuera y no sabemos si fueron atendidos o no; es decir, sabemos que en algunos casos tuvieron contacto con dispositivos de salud que atendieron el evento de intento y, en otros, no.  

                A nivel interno, este año se creó un grupo de trabajo con el objetivo de intensificar las medidas en las áreas del cotidiano, entre ellas, las áreas de psicoterapia individual y grupal. Se está trabajando también en el protocolo de buenas prácticas; contamos con un buen protocolo de Israel, otro de Estados Unidos, uno que es propio del proyecto de la Unión Europea y otro nacional. De esa combinación de estudios de los protocolos se está intentando llegar a uno solo e intensificar algunas medidas para evitar que se llegue al suicidio. Es posible que continúen los intentos de autoeliminación en aquellos jóvenes que, como dijimos antes, vienen con una vulnerabilidad de base que los caracteriza, lo que hace que, frente a una crisis inesperada y súbita, termine en un intento.

                Por supuesto que esa es una de nuestras preocupaciones y la estamos atendiendo con todos los recursos que tenemos.

                Otra de las preguntas planteadas tenía que ver con el tema que ya mencionamos del acompañamiento en el afuera. No estamos hablando de la nueva unidad de seguimiento y control de la prisión domiciliaria, sino del acompañamiento de los jóvenes al egreso. Como decíamos, a principios de año remitimos la lista de egresos mes a mes al Mides-INJU. Por su parte, la comisión bilateral Inisa-INJU trabaja en forma permanente para definir las pautas de ese acompañamiento antes del egreso y posteriormente está abierta a la consulta, más allá de que el tema se traspasa a los servicios sociales externos. Lo cierto es que se está trabajando. Pienso que estos proyectos van a ir madurando con el tiempo, se van a ir afincando, echando raíces, en la medida en que se hace el estudio de los casos, se detectan las vulnerabilidades o las fortalezas que tienen que estos programas, y se analizan sus resultados. Este trabajo empezó en 2015 con 50 casos y  hoy se trabaja en la totalidad de los casos que egresan, con un signo de alerta sobre aquellos que a nuestro entender pueden tener más necesidades de acompañamiento a largo plazo.

Hay que esperar que este proceso madure, aunque, por supuesto, en términos de intervención, los procesos son dinámicos porque trabajamos con poblaciones frágiles y situaciones socioeconómicas y familiares que ameritan intervenciones desde todos los ámbitos.

                En síntesis, este tema ha sido motivo de preocupación. Pusimos en marcha este  puente y está funcionado. El acompañamiento podría ser la tercera hipótesis de trabajo de la disminución de la reincidencia o de los casos que ingresan al sistema.

SEÑORA ALONSO.- No ha sido respondida la pregunta sobre el número actual de funcionarios del Inisa y el costo. Anteriormente hice la aclaración de que no pretendo dar una visión economicista de esta situación, pero me interesa conocer el costo que significa para el instituto cada uno de los jóvenes a los que se les aplican las medidas privativas de libertad.

SEÑOR VECINO.- En este momento, podemos proporcionar el número de funcionarios y su distribución por escalafones. Para el costo de estos programas por adolescente debemos recabar más información y así obtener un resultado correcto.

                El total de funcionarios en la plantilla actualmente es de 1639, que están distribuidos de la siguiente manera: 146 en el escalafón profesional; 33 en el escalafón técnico; 184 en el escalafón administrativo; 72 en el escalafón especializado; 143 en oficios, lo que comprende a choferes y personal de cocina; 12 en el escalafón de servicios y 1049 en el escalafón de trato directo, que comprende a funcionarios en roles de seguridad y en roles de educación, así como operadores terapéuticos.

SEÑORA ALONSO.- Me gustaría que nos hicieran llegar –algo que me parece lógico y básico– los datos del presupuesto de la institución en función de los jóvenes que cuidan, rehabilitan y atienden, para saber cuál es el costo de cada uno de esos 310 jóvenes que hoy están con medidas privativas de libertad. Creo que es parte del abecé  del análisis que cualquier institución debería tener. Insisto en que nos gustaría que nos  enviaran estos datos, sobre todo porque si tomamos en cuenta –vuelvo a hacer el análisis del año pasado y sé que el doctor Camaño me va a decir que no es un análisis lineal y llano– que hoy tenemos 1639 funcionarios y hay 310 jóvenes con medidas privativas de libertad, habría cinco funcionarios por joven, con lo cual seguramente ese tema será objeto de alguna reflexión.

SEÑORA DÍAZ.-  Vamos a hacerle llegar los datos solicitados. De todas maneras, quiero señalar que no todo se reduce a ese número de adolescentes con medidas privativas de libertad. Hay un grupo importante de adolescentes con medidas no privativas y, además, están las medidas alternativas a la privación que, a partir del Código, es hacia donde se focaliza la atención y hacia donde tenemos que dirigirnos. El número de funcionarios técnicos destinados a la atención de medidas no privativas de libertad y a las medidas sustitutivas es superior e, incluso, en lo personal creo que debería ser superior al que tenemos porque requiere un seguimiento y un compromiso con esa población para que justamente no caiga en la medida.

                 La doctora Caffiro me acotaba, con razón, que a partir de la implementación del nuevo código tuvimos la instauración de la medida del arresto domiciliado. Se trata de una medida que el Poder Judicial no estaba acostumbrado a usar y la Fiscalía la implementó. Nos parece sumamente correcto apelar a ella y sabíamos las dificultades que iba a generar, sobre todo cuando los actores involucrados –Fiscalía General de la Nación, Poder Judicial, Inisa y Ministerio del Interior– no se ponían de acuerdo en cuanto a quién iba a ejercer el control de una medida que permite que una determinada franja de adolescentes no caiga directamente en la privación de libertad, pueda seguir con determinadas actividades educativas, recreativas o laborales en su contexto y ser controlada. Ese control que todos disputaban y obviamente nadie quería, también recayó en el Inisa. Nosotros estábamos seguros de que, a partir de su implementación, si lográbamos funcionar bien la medida iba a crecer y la previsión no falló en nada. Comenzamos con dos educadores y un grupo de seis adolescentes que fueron objeto de seguimiento y control y hoy estamos en más de veinte porque, con un buen control y una buena aplicación de la medida, el sistema judicial lo aprovecha como recurso. Esto también va al alta y no es menor porque estamos pudiendo usar otros dispositivos que alejan al adolescente de la privación de la libertad, que es el último recurso. Para nosotros no es menor el tema de que el funcionariado no se reduce a la privación de libertad.

SEÑOR VECINO.- Los datos que trajimos para dar en el día de hoy son los de la ejecución presupuestal de 2017, pero no con el cálculo que solicita la señora senadora de cuánto sería el costo por joven. Ese es un cálculo que debemos realizar con cuidado porque hay gastos asociados que no son específicamente por adolescente, pero la descripción de cómo se distribuyó el gasto durante el período 2017 –que es el que estamos rindiendo– está disponible, tanto en la presentación, como en la que se envió vía texto en la rendición de cuentas. Podríamos hacer un cálculo ahora, pero no sería preciso porque los valores que tenemos no van a dar el costo actual por adolescente. Podemos proporcionarle la información hoy mismo porque tenemos los datos separados, debemos agruparlos y hacer el cálculo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, el Inisa enviará luego la información solicitada.

                Corresponde considerar el articulado.

SEÑORA FULCO.- Si el presidente lo permite, la gerente Alicia Díaz se referirá al articulado.

 SEÑORA DÍAZ.- Los señores senadores tienen el ejemplar del articulado. Por lo tanto, como hay cosas que están claras no voy a sobreabundar. Luego los señores senadores me pueden consultar si tienen alguna duda. 

                El artículo 294 refiere a la facultad para formular la estructura de cargos. Como los señores senadores saben, venimos trabajando con la Oficina Nacional del Servicio Civil para darnos una estructura. Esto habla de reestructura, pero en realidad en el Inisa se va a dar la estructura que todavía no tiene como institución nueva que es. En este sentido, contamos con asesoramiento y se tuvo en cuenta que esto no supusiera una lesión de derechos funcionales ni implicara un costo presupuestal.

                Este artículo se vincula al último de los que nosotros presentamos por el que se asigna una partida de $ 43:873.572, correspondiente a la financiación de créditos presupuestales que nos permitiría llevar adelante la estructura.

                En el cuadro que los señores senadores tenían se identificaba la necesidad de hacer esta readecuación institucional.

                Como ya mencioné, nuestra reestructura de cargos es inexistente y necesitábamos proyectarla para racionalizar el funcionamiento institucional como instrumento de gestión para el Inisa.

                El principal objetivo es tener una adecuada distribución de cargos, según las necesidades actuales de la organización.

                Como recordarán, la creación del Inisa supuso una separación del padrón de INAU,  no en una forma proporcional ni especializada, ni teniendo en cuenta todos los recursos humanos con la idoneidad suficiente para la creación de diferentes áreas, por lo que muchas veces –sin la posibilidad incorporar a otros funcionarios que no fueran los del trato directo, que fue a los que priorizamos– implicó la inducción en la interna de muchos funcionarios que ejercieron las diferentes funciones que el servicio necesitaba. Ahora esta estructura nos permitirá una correcta readecuación.

                El artículo 295 refiere a la facultad para transformar los cargos ocupados. Esto está relacionado con lo anterior. Hay funcionarios cuyo cargo presupuestal no es el de la función que se encuentran ejerciendo. En esa misma línea, por ejemplo, no teníamos suficientes abogados, instructores sumariantes o personal administrativo, y por eso se hizo la inducción. En ese momento, los funcionarios pasaron a ocupar los cargos correspondientes a la tarea que desarrollaban. Se solicita la posibilidad de llevar adelante esa transformación. Para ello deben cumplirse determinados requisitos que están señalizados en la fundamentación del artículo; según el escalafón, atienden a diferentes cuestiones. Por ejemplo, en todo el sistema se valoró la formación, la acreditación de conocimientos, las habilidades, destrezas y competencias de cada uno. Se hizo una relevamiento importante –manejado con la Oficina Nacional del Servicio Civil– y se estudió hasta que se vio la necesidad de realizar transformaciones. 

Esto se hará con lo que tiene asignado la unidad ejecutora en el grupo 0, «Retribuciones Personales», y a fin de evitar que se lesionen los derechos de los funcionarios, nunca se va a disminuir su nivel retributivo. En el caso de que surja una diferencia mínima en casos puntuales como los que hemos tenido en cuenta, se dará de una compensación personal que será absorbida por futuros incrementos.

El artículo 296 tiene que ver con la transformación de los contratos de provisoriato. Se trata de homogeneizar hacia adentro a fin de lograr una estructura correcta en la que no haya diferentes modalidades contractuales. Desde la rendición de cuentas anterior, los ingresos se hacen por concurso en la modalidad vincular de provisoriato. Los contratos residuales previos a la separación que tenían que ver con vínculos eventuales o permanentes, en tanto se cumplan todos los requisitos de evaluación y demás, pasarían al régimen de provisoriato en las condiciones establecidas en la legislación. Con eso logramos unificar criterios y hacer más homogénea la estructura dentro del marco del asesoramiento que nos estaba pidiendo la Oficina Nacional del Servicio Civil.

El artículo 297 está prácticamente dentro del marco de la ley que establece los pases en comisión entre organismos. En una rendición de cuentas anterior se nos dio la posibilidad, por excepción, de aceptar o recibir pases en comisión de la Administración Central por un período determinado, dado el proceso de separación y la carencia de funcionarios capacitados o con cierta especialidad en las disciplinas que debíamos empezar a proyectar.

El artículo plantea que todos los funcionarios que se encuentren trabajando en comisión en el Inisa por un período de tres años «podrán optar por solicitar su incorporación definitiva al Inciso 35 “Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente”». De esta forma, podremos mantener los recursos que teníamos hasta ahora; además, son de los pocos que vienen organizando tareas específicas y la mayoría provienen del INAU, lo que nos ayudó a que el desprendimiento fuera menos dificultoso para nosotros. Esos funcionarios van a mantener todos los derechos funcionales y retributivos que tenían en la oficina de origen. Es potestad de la Administración establecer en qué casos, por razones de servicio y con todos los requisitos que le asisten al funcionario solicitante, se avala esa incorporación.

                El artículo 298, referente a los profesionales de la salud del programa 461 «Gestión de la privación de libertad», obedece a las necesidades del instituto de contar con una de las posibilidades que en materia de salud tiene ASSE, que es que los profesionales de la salud en sus diferentes escalafones, profesional, técnico y especializado, puedan acumular dos cargos públicos. Nosotros estamos bastante vulnerables con el tema recursos, sobre todo en lo que respecta a la salud. Esto se agudiza por el hecho de que es un sector del trabajo que generalmente tiene multiempleo. Si nosotros no podemos tener esa acumulación, se nos generaría probablemente la pérdida de algunos recursos del área de la salud.

                El artículo 299 tiende a la simplificación y la categorización racional de uno de los objetos del gasto vinculado al personal docente del organismo. Esto es algo que veníamos arrastrando y que este Cuerpo habrá visto con INAU. En 2013 había habido una autorización para que se procediera a esta simplificación y evitar la complejización que podía implicar, sobre todo, la liquidación en el escalafón J en materia docente. Se adjunta la tabla de objetos que se estarían simplificando. En definitiva, se trata simplemente de poder afrontar el problema que implica la complejidad de la liquidación en el escalafón J.

                El artículo 300 es una reasignación de créditos presupuestales del programa 461 «Gestión de la privación de libertad», del objeto del gasto «Prestaciones por Convenios Libertad Asistida y Vigilada – Comunidad» al grupo 0 «Servicios Personales».

                En ese objeto del gasto nosotros tenemos determinados créditos presupuestales que nos habilitan a establecer determinados convenios con organizaciones de la sociedad civil que muchas veces ayudan en la atención de determinados aspectos de la población objetivo, tanto en Montevideo como en el interior del país. Desde el inicio de la gestión había varios convenios proyectados desde el INAU que nosotros empezamos a revisar, controlar y atender cómo se venían cumpliendo, cuál era la finalidad, qué objetivos se pretendía alcanzar y cómo se venía dando cuenta de los dineros volcados a esas organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos, se rescindieron esos contratos, se revieron algunos proyectos y volvimos a encaminar el reglamento general de convenios con objetivos específicos para la institución con las necesidades específicas de nuestra población objetivo. Esto hizo que en una primera etapa de ese proceso haya habido una reducción importante de los convenios con esas organizaciones. Ahora estamos en una etapa de análisis e impulso de futuros convenios. De cualquier forma –lo planteamos en los trabajos que hicimos con el MEC previo a la rendición de cuentas–, había un remanente de dinero que nosotros no íbamos a utilizar para ese objeto específico. Antes de perder esos créditos, frente a las múltiples necesidades que nosotros tenemos, planteamos la posibilidad de una reasignación de los créditos. Para nosotros es muy importante que esto suceda porque estarían destinados a volcarse en todos los objetivos y las metas que aspiramos a cumplir en materia de reestructura.

                Creo que hice una reseña general de todo el articulado y quedo a las órdenes para responder alguna pregunta específica.

SEÑORA ALONSO.- Con respecto al artículo 300, según entendí, no se trata estrictamente de la creación de nuevos cargos desde el punto de vista jurídico presupuestal, sino que se pretende financiar el cumplimiento de determinadas funciones que ya existen y que el organismo tiene que financiar de alguna forma. Me gustaría que se explicara esto.

SEÑORA DIAZ.- Como habrán visto, la redacción habla de puestos de trabajo y no de cargos. Nosotros fuimos aprendiendo estos tecnicismos con la Oficina Nacional del Servicio Civil. A veces la forma de estructurar un servicio descentralizado como un 220 se aparta del criterio de la Administración Central, donde hay un cargo vacante permanente. En realidad, hay puestos de trabajo que están ocupados y otros que falta proyectar, pero son los menos. Para nosotros es necesaria la estructura de una auditoría o una unidad de trasversales que nuclee determinadas cuestiones medulares en la atención en privación de libertad. Hay otras cuestiones que ya se están cumpliendo.

Para hacer la reestructura en el Inisa se requiere contar con determinados créditos presupuestales. La reasignación establecida nos permitiría hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación.

                Quiero informar a los integrantes de la comisión que debido a un inconveniente personal no voy a poder ocupar la presidencia durante la sesión de la tarde. Por tal razón, la presidencia será ocupada por la señora senadora Payssé.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 12:30).