COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA

(Sesión celebrada el día 7 de setiembre de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:08).

                –Damos la bienvenida a la delegación integrada por los señores Luis Iguini, Eduardo Platero y Jorge Voituret, de la Comisión de Fundadores de la CNT y a Milton Castellanos, Director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.

SEÑOR CASTELLANOS.- Agradecemos a la Comisión por recibirnos en el día de hoy. Estamos aquí para plantear una inquietud y un anhelo. Los compañeros que me acompañan son miembros fundadores del PIT-CNT, estuvieron en sus congresos fundacionales y han sido dirigentes destacados a lo largo de su historia. Esta comisión de fundadores funciona como apoyo a la central y a su dirección y en este momento estamos instrumentando un proyecto que se denomina Centro de Documentación Histórica. ¿Qué significa esto? El movimiento sindical como organización social en el país, tiene una larga historia y durante más de cuarenta años ha sido actor en la vida del país. Eso permitió reunir a la memoria histórica, documentación, bibliotecas y todo aquello que hace a la vida de una organización que ha estado en todas las actividades que el país ha vivido en estos años.

                Este Centro de Documentación Histórica tiene como finalidad recoger, organizar y planificar el conjunto de las bibliotecas del movimiento sindical. El objetivo es recuperar memoria histórica y las experiencias y legados que nos han dejado los compañeros sindicalistas fundadores, con sus libros y materiales de la resistencia durante la época de la dictadura. Por lo tanto, como bien dice su nombre, se busca crear un centro de documentación histórica. Nosotros hemos tomado la iniciativa y pensamos ubicarlo en un local situado en la calle Eduardo Acevedo y Rodó. Este centro va a tener un soporte administrativo y contará con bibliotecólogos que son quienes tienen experiencia en el manejo de documentación histórica. Para eso el movimiento sindical, los compañeros fundadores y el Instituto Cuesta Duarte necesitamos recursos y el apoyo de los organismos del Estado, para financiar este proyecto y concretar los objetivos.

                Sabemos que en la rendición de cuentas hay una partida que podría acercarnos a esta idea  y hacer posible que nos puedan ayudar. Hemos entregado a la mesa el proyecto y allí consta cómo se instrumenta.

Solicitamos a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que si hay alguna apertura de la rendición de cuentas –sabemos que cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes– nos tengan en cuenta. Este proyecto tiene valor sobre todo para las nuevas generaciones y sirve como resguardo y protección de la historia de una de las organizaciones representativas de la sociedad uruguaya como es la de los trabajadores.

                No sé si algún compañero de los viejos dirigentes –viejos en años de militancia, no en edad porque si les digo así se enojan un poco– quiere hacer uso de la palabra.

SEÑOR PLATERO.-  Escapa al calificativo cuando lo merece; viejos también somos. Esto añade un matiz de urgencia porque quedan pocos dirigentes de la época en que se fundó la CNT, que tiene más de cincuenta años, y ha vivido una serie de alternativas en su historia y se ha conservado –hoy es el PIT – CNT–  como la única central única del mundo. Insisto: no nos llamamos central y somos la única central única del mundo.

                El proyecto, que elaboramos junto con el Instituto Cuesta Duarte y con la Universidad, nació en la época de la presidencia del compañero Marcelo Turiansky quien nos asesoró. Creemos que es un buen proyecto y la vida dirá si tiene que sufrir alguna modificación o no.

                Hoy estamos en la etapa de ponerlo en marcha y para eso necesitamos ayuda económica. Supongo que a estas comisiones nadie viene a ofrecer, todos venimos a pedir.

                Insisto con el concepto que me parece fundamental: no hay historia posible del Uruguay sin historia del movimiento sindical. A lo largo del siglo XX, y aun antes, el movimiento sindical fue una fuerza que se manifestaba e influía en la vida nacional.

                Quien analice la historia nacional sin tener en cuenta el papel de los trabajadores y del movimiento sindical uruguayo, está haciendo una historia rabona, que ignora una parte importante de lo que sí sucedió y de lo que sí dejó marcas.  Entonces, venimos a hacer nuestro planteo teniendo en cuenta esos aspectos.

                En caso de poder financiar y poner en marcha el proyecto, será manejado con nuestro asesoramiento pero, como nosotros no tenemos personería jurídica, actuaría con la del instituto Cuesta Duarte, bajo la supervisión del PIT-CNT y en colaboración con la Universidad. Queremos hacer y llevar adelante un proyecto serio.  Los señores senadores podrán apreciar nuestro trabajo ya que hicimos un repartido que les entregaremos.

                Muchas gracias.

SEÑOR IGUINI.- Agradecemos a los miembros de la comisión que están presentes por recibirnos en la mañana de hoy.

                Venimos a hacer un planteo complicado a esta altura del estudio de la rendición de cuentas, pero es importante trasmitirles nuestras inquietudes y contarles en qué estamos porque, en definitiva, los materiales van a reflejar la historia del movimiento obrero, que es la historia del Uruguay  desde las guerras civiles a la dictadura de Terra y demás. Hay que dejar claro qué plataforma tenía el movimiento sindical uruguayo

–único en el mundo– durante el último conflicto importante que tuvimos, es decir, durante la dictadura cívico militar.  En ese momento estaba reclamando aumento de salarios sino libertades públicas, libertad de funcionamiento de los partidos políticos, reapertura del Parlamento, libertad de prensa y libertad de asociación. Esos cinco puntos eran de una clase de democracia masiva que recibió nuestro pueblo, que difundimos y que creemos debe quedar en la historia. Cuando se intenta entregar las cartas y con cualquier pretexto se niega la importancia de la democracia en el fondo son aventureros. En definitiva conviene reafirmar su valor.

Fundamentalmente los que menos sienten la ayuda de la democracia son los más pobres; se escucha a los poderosos hablar de democracia, pero para ellos es una «papa» porque son dueños de una estancia de cincuenta mil hectáreas o de una fábrica; ¡por favor, que no toquen nada!

                Pido disculpas por haberme extendido demasiado y agradezco la atención brindada.

SEÑOR VOITURET.- Quisiera agregar que nosotros contribuimos con la fundación del centro de documentación del PIT-CNT y con la formación de los nuevos militantes sindicales. Nuestra central ha crecido durante estos últimos años y, en ese sentido, el centro de documentación va a hacer muchos aportes.

                 La Universidad también hace sus aportes y seguramente el trabajo conjunto que hasta ahora realizamos con ese centro de estudios se incrementará cuando tengamos en marcha el centro de documentación. La Universidad cuenta con muchos trabajos sobre el movimiento sindical y ese es uno de los temas principales de investigación que vamos a poder tener.

Nuestro país tiene la responsabilidad de preservar el acervo histórico que hoy tiene el PIT-CNT, que se sumará a los materiales que se van a incrementar en el centro de documentación, porque pertenecen a su historia.

También queremos remarcar la importancia que  va a tener el Centro de Documentación en la interrelación con los trabajadores de América Latina en la búsqueda de soluciones y en el intercambio que necesitamos para la construcción de una vida mejor para nuestros pueblos. En ese sentido, creo que el centro también va a aportar.

SEÑOR OTHEGUY.-  Es un honor recibir a los compañeros, tanto  del Instituto Cuesta Duarte, como  a los  fundadores de la central de trabajadores. La militancia de estos compañeros es parte de la memoria viva de la lucha por la democracia. 

Es imposible hacer historia sin fuentes documentales y su conservación es algo esencial para mantener viva memoria histórica, hacer historia y reflexionar sobre lo que nos pasó. Por lo tanto, creo que es muy relevante lo que están proponiendo.

                Simplemente para dejar constancia recuerdo que cuando recibimos al Ministerio de Educación y Cultura la directora del Archivo General de la Nación incluyó un artículo que va en esta misma dirección  y que me pareció muy adecuado. Esa disposición prevé un fondo para que los partidos políticos puedan presentar  proyectos para la preservación de sus archivos documentales. Quizás por la relevancia que tiene el movimiento sindical en el Uruguay eventualmente podamos incluirlo en ese artículo  haciendo la consulta pertinente al Ministerio de Educación y Cultura. Nos parece que es importante que el PIT – CNT  tuviera la posibilidad también  de estar habilitado como para presentarse, recurrir a esos fondos y recurra al auxilio del Archivo General de la Nación para que se concrete este  proyecto que considero que es muy importante por lo menos para agregar una alternativa a la que se está planteando pero que en definitiva viabilizaría la propuesta que presentaron.

SEÑORA ALONSO.-  Me sumo al saludo a la delegación que hoy nos visita.

Creo que  es fundamental conocer la historia del país  y también la del movimiento sindical y obrero. Por lo tanto, conocer, divulgar y educar como  lo establecen los fundamentos de la documentación nos parece muy interesante, así como también el planteó del señor senador Otheguy. Decimos esto porque como ustedes saben que una vez que concluimos con la recepción de los invitados, los legisladores analizamos las posibilidades de realizar mejoras teniendo en cuenta las restricciones presupuestales y que el Poder Ejecutivo no envió partidas ni incrementos para subsidios y subvenciones. Lo máximo que se logró en la Cámara de Representantes fue el retiro de recursos a algunas de las organizaciones que no cumplieron con  sus cometidos,  redistribuyéndolos. 

De todas maneras, quería hacerle algunas consultas porque todavía no leímos el material que nos acercaron. Me gustaría que nos adelantaran de qué monto se está hablando, es decir, cuáles son las  necesidades concretas desde el punto de vista presupuestal que tienen. Pude ver en el material que hay un espacio físico, pero como lo leí muy por arriba me gustaría que nos pudieran explicar para  que ya quedara registrado en la comisión.

SEÑOR PARDIÑAS.-  Es un gusto dialogar con los compañeros del  movimiento sindical que sin lugar a dudas  han sido referentes en todo el proceso de construcción de ciudadanía  en la actual realidad que vive Uruguay.

Nos parece relevante que existan iniciativas que generen importantes acervos  en torno a los procesos que se han dado en nuestro país. Sin lugar a dudas, el movimiento sindical  es uno de los actores relevantes. Muchas veces quienes auxiliamos por distintas actividades acciones de investigación o de elaboración de información, nos encontramos con que hay muy poca sistematización.

Hace pocos meses, una estudiante de posgrado de ciencias sociales en Melo estuvo haciendo un estudio sobre el movimiento sindical vinculado a las organizaciones de las trabajadoras domésticas, y se enfrentó una vez más con una gran dispersión de información sobre el movimiento sindical en el Uruguay. Por ello nos parece relevante esta idea.

Concuerdo con lo que se planteó sobre consultar al Ministerio de Educación y Cultura porque ha sido una iniciativa que tomó el Poder Ejecutivo a efectos de ofrecer la sistematización de los archivos de los partidos políticos; creo que esto también puede confluir en la misma línea. Me consta, a su vez, la cooperación que desde la universidad ha habido en distintas etapas, ya sea de información como del trabajo sistematizado con el PIT-CNT.

                Por tanto, trabajaremos para ver de qué forma se puede ayudar en esta línea.

SEÑOR CASTELLANOS.- Sin duda, el movimiento sindical, si alguna característica tiene, es que no siempre ha sido muy ordenado en la conservación de su documentación. Pero además de la documentación propia que el movimiento sindical tiene, junto con la  distribuida entre sus sindicatos, comienza a darse un fenómeno que tenemos que atender  y es que hay personas que fallecen y dejan el legado de que sus bibliotecas sean donadas al PIT-CNT. Entonces, nos encontramos muchas veces con lo que ha producido el movimiento sindical y también lo que figura en importantes donaciones, que también hay que clasificar.

                Respondiendo a la senadora Alonso, con la universidad tratamos de hacer un proyecto con temas sobre los que teníamos bastante desconocimiento como, por ejemplo, los relacionados a la conservación, problemas de humedad, cómo se tiene que manejar el material, cómo se tiene que construir, etcétera. 

                Nosotros planteamos un presupuesto de aproximadamente $ 2:000.000 para un año, que incluía bibliotecología, archivología, etcétera –está detallado en el informe–, y también contaríamos con pasantes de la universidad. En nuestra presupuestación tenemos dificultades porque si para el Estado los presupuestos son finitos, también lo son para nosotros. Entonces, de nuestros propios recursos estaríamos consiguiendo cerca de $ 800.000 y precisaríamos $ 1:200.000; por eso debemos buscar alguna alternativa.

Sabemos que existen las dificultades que planteó la señora senadora, pero estas son las propuestas que presentamos y estamos dispuestos a analizar lo que sea posible. De cualquier manera, estos son los números que hemos presentado y nos estamos tirando al agua en un tema que es fundamental y que ahora quizás sea mejor resolverlo con todas las bases tecnológicas existentes, pero hay mucho material que todavía está en papel. Creo que he respondido las consultas de la señora senadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Fue un gusto recibirlos. Seguiremos en contacto.

(Se retira de sala la delegación del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt).

(Ingresan a sala los representantes del Hogar Italiano).

–La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación del Hogar Italiano integrada por su presidente, señor Gerardo Pilatti; su secretario, señor Nicolás Pilatti; su asistente de dirección, señora Cecilia Quintero; la licenciada en psicología,  Lilians Dotti; la vocal, señora Milagros Peluffo Estevez, y la escribana Ana Muschiarelli.

SEÑOR PILATTI.- Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Gerardo Pilatti y soy el presidente del Hogar Italiano que funciona desde hace diez años.

                La asociación Hogar Italiano es una fundación sin fines de lucro que alberga a pacientes de bajos recursos económicos. El Ministerio de Salud Pública determinó, a través de una nueva normativa, que los pacientes psiquiátricos no pueden convivir con los pacientes adultos mayores. Estamos totalmente de acuerdo con esa normativa porque  un adulto mayor, sano mentalmente, sufre un retroceso mental si convive con un paciente psiquiátrico.

Es así que por esta normativa nos vimos obligados a buscar una nueva propiedad, para poder mudar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque no tienen familia, porque pensamos en el sujeto como base, porque los conocemos desde hace cinco, seis, siete, nueve años; por el día a día conocemos sus mañas, su medicación, casi que los conocemos como si fuéramos una familia. Como no sabíamos adonde iban a ir buscamos casas. En nuestra búsqueda encontramos diferentes opciones de propiedades para alquilar, pero no llegamos a convencernos. Pensábamos en una propiedad media, chica y demás. ¿Qué pasó? Que golpeando tantas puertas, la curia, por medio del arzobispo Sturla, nos dio un edificio. He aquí que estamos gratamente sorprendidos porque ahora contamos con una edificación muy grande –28 habitaciones, 19 baños, 2 salas, un terreno de 2.000 metros–, que tiene dos plantas con inmejorable trabajo para hacer.

Con todos nuestros ahorros invertimos en esto y nuestra planta baja ya está pronta. Hemos mudado a estos pacientes, contratado personal y logrado tener un área de salud mental en la calle Tapes y Agraciada, en dos meses de trabajo y dos meses de obra, con todo nuestro esfuerzo, en un comodato de veinte años con la iglesia.

Ahora estamos tratando de hacer convenios con ASSE y con INAU con la meta de que esta casa llegue a albergar cien pacientes; de esa forma le daríamos el mejor uso. Se trata de pacientes realmente vulnerables, amparados por la ley del Gobierno, que dice no a las colonias y a los asilos, y cuyo enfoque es el de que estos pacientes puedan tener calidad de vida, interacción social y crecimiento.

Trabajamos con cooperativas y con asociaciones, por ejemplo, junto a la Asociación Down del Uruguay, reconocida desde hace más de cuarenta años. Ella impulsó un proyecto para que integrantes de su asociación puedan involucrarse en la obra y trabajar. Es así que celebramos un convenio por el que nos envían pacientes down, apoyados por psicólogas que harán todo el seguimiento para su inclusión laboral. Estarían trabajando como ayudantes de cocina, en lavandería, etcétera. Hace muchos años que están trabajando en esto. Hay pacientes down dentro de Ta‑Ta, del Disco, y la experiencia ha sido muy buena. Ahora hay unidas dos asociaciones trabajando en conjunto.

                Le pasaría la palabra a la licenciada Dotti, psicóloga de nuestro equipo multidisciplinario, quien explicará lo que pretendemos hacer con ASSE.

SEÑORA  DOTTI.- En el hogar italiano tenemos una línea de trabajo enfocada desde el paradigma de salud comunitaria. Desde este lugar hemos estado presentando a la parte de ASSE que le corresponde llevar adelante la nueva normativa de la ley de salud mental. Presentamos un proyecto con líneas de acción en cuanto a cómo manejarnos en el nuevo edificio, y tal como decía el señor Pilatti,  debemos poder dejar atrás el sistema asilar, manicomial y, de alguna manera de guetos que separan a las personas con problemas de salud mental del resto de la sociedad.

Dentro de estas acciones que hemos planteado, queremos hacer todo lo que tiene que ver con las líneas de estructuras alternativas en torno a la salud mental y poder ir viendo a las personas que ingresan en nuestra área de salud mental no ya como pacientes sino como residentes y usuarios. Nuestro propósito es lograr que esta área de salud mental se pueda manejar como una comunidad terapéutica de salud mental al estilo de comunidades terapéuticas de adicciones, pero en la línea de salud mental. Tenemos incorporadas líneas de abordaje multidisciplinario con el director técnico –que es médico psiquiatra–, licenciados en psicología,  trabajador social y talleristas. Además, pensamos plantear diferentes actividades que tienden a ser no solamente actividades integrativas con los residentes, sino con sus redes de sostén, por lo tanto, trabajaremos con las familias. Sabemos que no se da en muchos casos, pero donde haya parte de la familia con la que se pueda trabajar, allí vamos a estar.

                Por otro lado, tenemos en cuenta estructuras alternativas como el formato de centro diurno, o sea la atención ambulatoria y, pensando hacia el futuro la reinserción social a través de viviendas tuteladas o con personal que acompañe el proceso de integración. Sabemos que no hay cura para muchos de estos problemas de salud mental, pero estamos decididos, en línea con la normativa, a tratar a las personas no como una enfermedad, sino como personas que tienen una enfermedad con una serie de áreas de su vida que pueden recuperar  para integrarse al resto de la comunidad. También estamos evaluando intercambiar con otras organizaciones de la comunidad.

                En fin, es un trabajo muy grande, con mucho compromiso y responsabilidad; para lograr eso precisamos todo el apoyo y el aporte que podamos conseguir.

SEÑORA ALONSO.- Quiero saludar especialmente a la delegación y felicitarla por la tarea que llevan adelante. Es una muy buena labor y nos alegramos de que tengan la posibilidad de aumentar ese número de pacientes para atender y cuidar. Además, hablamos de una población que necesita de nuestra ayuda y de nuestro compromiso. Seguramente tienen la noticia de que en la Cámara de Representantes fue asignado para el Hogar Italiano, dentro del artículo 306, sobre subsidios y subvenciones, un monto anual de $ 160.000. De todas maneras esta es una nueva cámara y hay una nueva discusión. Esperamos que eso que se contempló, que se trabajó y se logró en la Cámara de Representantes pueda ser mantenido en esta cámara, porque nosotros consideramos que es una obra que necesita de la ayuda y de la colaboración. Repito, simplemente esperamos que en esta nueva discusión que se dará en la Cámara de Senadores, sea contemplado.

SEÑOR OTHEGUY.- Aparte de lo que decía la senadora Alonso, en la Cámara de Representantes también se asignaron recursos para la implementación de la ley sobre salud mental. Es una ley que realmente cambia el paradigma de atención de las personas con problemas de salud mental. No se le habían asignado recursos oportunamente y ahora con la rendición de cuentas se están asignando los recursos para empezar a implementar la ley. Una de las estrategias novedosas son las casas de medio camino –por lo que cuentan, creo que la propuesta podría ajustarse perfectamente a ese concepto–, y también se está avanzando en la reglamentación de la ley, que es el otro elemento que había quedado pendiente.

                Por consiguiente, creo que su trabajo va en la dirección de una nueva estrategia para atender estos problemas de salud en el Uruguay. Sería bueno –al igual que la Cámara de Representantes– compartir la versión taquigráfica de la comparecencia del día de hoy con el Ministerio de Salud Pública y con ASSE.

SEÑORA QUINTERO.- Quiero que sepan que este es un hogar abierto y nos gustaría que los señores senadores, como representantes de la sociedad, nos visitaran. Sería importante que pudieran comprobar de primera mano cómo trabajamos, y se dieran cuenta, además, de cómo las decisiones que toman afectan a la comunidad referida a esta población específica.

                Por eso, reitero, nuestra casa está abierta para que puedan visitarnos. Tenemos un hogar en la calle Tapes 978 y otro en la calle Paysandú 935.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a ustedes por el compromiso que han asumido. Tal como planteó el señor senador Otheguy, la versión taquigráfica de esta comparecencia va a ser enviada al Ministerio de Salud Pública y a ASSE.

SEÑOR PILATTI.- Gracias por recibirnos.

(Se retira de sala la delegación del Hogar Italiano).

(Ingresan a sala los representantes de la Asociación de Funcionarios de Impositiva).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de la Asociación de Funcionarios de Impositiva, integrada por los señores Aidemar González, Carmen Canedo, Ernesto Dorrego, Rafael Robayna, Sylvana Correa y Vivián Rodríguez.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Muy buenos días a todos; les agradecemos que nos hayan recibido.

Hemos venido a la comisión a trasladar una serie de planteos y a reafirmar algunas de las normas del proyecto de ley de rendición de cuentas a consideración del Senado, que fueron aprobadas por la Cámara de Representantes.

                En primer lugar, voy a hacer referencia a los artículos 102 y 107 del actual proyecto de ley de rendición de cuentas.

El artículo 102, que surge de un acuerdo entre la Asociación de Funcionarios de Impositiva  y la Dirección General Impositiva, fue votado por unanimidad en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, solicitamos que sea reafirmado en el Senado. Se trata de algo específico vinculado a un tema que hemos reivindicado desde hace bastante tiempo.

Lo mismo ocurre con el artículo 107: fue incluido en la Cámara de Representantes por todos los partidos políticos, también a instancias del sindicato, y votado en forma positiva. Solicitamos también que se reafirme su voto positivo, para que se transforme en ley luego de la resolución del Senado y de los trámites parlamentarios que correspondan.

Además de estos dos artículos –que solicitamos sean reafirmados por el Senado y votados en forma positiva– traemos dos planteos concretos y específicos que no tienen costo presupuestal y que por lo tanto pueden ser incluidos en la discusión parlamentaria sin reasignación de fondos.

En el año 2005, sobre la base del artículo 2.º de la Ley n.º 17706 del año 2003, se establece la reforma de la DGI y su reestructura. Esa reestructura se basa en establecer un régimen de dedicación exclusiva, con jornadas de 8 horas, y en definitiva el conjunto de funcionarios de la DGI –además de esa reestructura del año 2005– no puede realizar tareas, salvo situaciones especiales previstas en la normativa reglamentaria, más allá de la DGI. Es decir que el trabajo se realiza, como concepto general, únicamente para la Dirección General Impositiva.

En el artículo 7.º del Decreto n.º 166/2005, que instrumenta la reestructura, se establece que la Dirección General Impositiva deberá elevar al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta de reglamentación de la carrera administrativa, de los funcionarios de la unidad ejecutora, que recoja la especificidad de la misma. A 13 años de la reforma y la reestructura, la realidad es que nunca se definió un sistema de carrera administrativo específico para la Dirección General Impositiva.

En estos trece años como la movilidad en el ascenso ha sido muy baja

–prácticamente nula–, y si bien en el último período ha habido alguna movilidad especialmente en los grados bajos, planteamos a esta comisión del Senado la inclusión  de un artículo que diga lo siguiente: «La Dirección  General Impositiva deberá elevar al Ministerio de Economía y Finanzas,  en un plazo no mayor a dos años, una propuesta de carrera administrativa de los funcionarios de la unidad ejecutora que recoja la especificidad de la misma».

Nos basamos en lo que ya está resuelto por decreto y que no se ha cumplido. Entendemos que requiere un empuje que es necesario, vía ley, de parte del Senado y del Parlamento en su conjunto. Por ello solicitamos que se incluya este artículo.

Como podrán ver los señores senadores, este artículo no genera un compromiso efectivo de instrumentar una carrera administrativa, pero sí el compromiso de que exista una propuesta. Por ley de negociación colectiva ello implica que dicha propuesta sea discutida con el sindicato y para ello establecemos un plazo razonable de hasta dos años para poder conversar sobre la misma.

Planteamos que haya movilidad en ascensos en forma regular, que los cargos y los grados estén asociados a responsabilidades y tareas, y que el concurso de ascenso también implique aumento de responsabilidades, es decir que al otro día de ganar el concurso el funcionario no haga la misma tarea, sino que tenga otra diferente. Discutir sobre este tipo de cosas implica analizar el sistema de la carrera administrativa de la DGI –hay otra serie de planteos que tenemos al respecto–, y entendemos que es necesario incluir este artículo para abordar este y otros temas sentidos por el conjunto de funcionarios de la DGI y que no tiene costo presupuestal.

                El otro tema a plantear está vinculado al impuesto de primaria. Como sabrán, el artículo 45 de la Ley n.º 19438 define el pasaje del impuesto de primaria a la Dirección General Impositiva, es decir que a partir de enero de 2018, la gestión y fiscalización de dicho impuesto son llevadas a cabo por la DGI. Los funcionarios que estaban afectados a la gestión y fiscalización del Impuesto de Enseñanza Primaria tuvieron la opción de quedarse en la ANEP o trasladarse a la Dirección General Impositiva y el artículo 45 de la Ley n.º 19438 regula la forma de hacerlo. En especial el inciso cuarto de dicho artículo refiere a la Compensación por Permanencia a la Orden y establece que «se considerará el monto total anual percibido por dicho concepto dividido doce meses».

Esta era una partida mensual que se percibía aproximadamente entre los meses de marzo y diciembre de cada año, pero con una inasistencia se generaba un 15 % de descuento; con dos, un 30 % y con tres inasistencias no se cobraba. Cabe destacar que, por ejemplo, se consideraba inasistencia la licencia médica o la licencia por estudio y la mayoría de las licencias especiales que existían en el organismo. Está claro que un funcionario no elige cuándo enfermarse y lo mismo sucedía en el caso de que se estuviera cursando una carrera para formación. Había determinadas licencias que descontaban de la partida y, por tanto, la cantidad percibida en esos meses para determinados funcionarios fue menor.

A su vez, parece que el criterio utilizado con relación a los aportes personales por concepto de jubilaciones o seguro de salud afectaba lo percibido y cuando se hacía la adecuación a la DGI también se netearon los montos.

En definitiva, nuestro planteo afecta a unos veintiséis compañeros que optaron por trabajar en la Dirección General Impositiva y se mantienen en la gestión del impuesto de primaria, lo que es importante porque supone una experiencia acumulada que es muy útil para este organismo. Entendemos que debería redactarse el inciso cuarto de este artículo a fin de eliminar el concepto de percibido y que el monto total de esa partida pase a formar parte del salario fijo en la DGI. Está claro que dejará de ser una partida variable porque en este organismo no existe ese tipo de partidas, pero pasará a formar parte del salario fijo. Nos parece que el Senado debería incorporar esta modificación por un tema de justicia y equidad, porque se está generando una situación en la que funcionarios del mismo escalafón y grado están percibiendo salarios diferentes por la misma tarea y la misma carga horaria, como producto de una partida que tomaba en cuenta inasistencias que el funcionario no podía haber elegido como, por ejemplo, las referidas a licencias por enfermedad y otras que se descontaban de las partidas.

Básicamente los planteos son estos. No tienen costo presupuestal porque en el caso del impuesto de primaria el crédito presupuestal está previsto en el organismo de origen o sea que no implica un mayor costo. Y en lo relativo a la carrera administrativa –algo que venimos planteando hace bastante tiempo–, sería un buen mensaje del Parlamento hacia los 1.400 funcionarios de la DGI que se incorporaran los aspectos mencionados a fin de que existieran reglas claras y específicas en lo que tiene que ver con la movilidad y los ascensos.

SEÑOR DELGADO.- Ante todo quisiera saludar a los funcionarios de la DGI, con quienes hemos charlado muchas veces.

                Me gustaría saber si entendí bien. Hay tres temas y el primero es la solicitud de no innovar sobre lo que está aprobado. En segundo lugar, habría un artículo adicional

–y les vamos a solicitar si pueden enviar la redacción para contar con el texto en el momento de la discusión artículo por artículo– que está vinculado a un compromiso de reestructura –no a una reestructura– a fin de dejar este aspecto establecido por ley. Si no entendí mal, ustedes hablaban de dos años

                El tercer aspecto tiene que ver con que en el traspaso del cobro y de los funcionarios –tal como fue acordado en su momento– desde ANEP a la DGI se generaron inequidades. ¿Cuál sería la diferencia exacta? Lo que nos gustaría saber es si esos funcionarios pierden plata con respecto a lo que cobraban en el organismo de origen y, en caso de ser así, ¿cuánto sería lo que pierden? Además, ustedes dijeron algo acerca de que cambiaría en función a cómo está redactado. Obviamente, acá hay un tema de costo. Este planteo tiene que ver con la noción de equidad de a igual función, igual remuneración, pero como hablaron de cambiar una palabra en la redacción, nos gustaría que le pudieran acercar a la secretaría cuál sería la aspiración que salvaguardaría la inequidad que están manifestando.

SEÑOR PARDIÑAS.- Les doy  la bienvenida a la delegación de funcionarios.

                Lo que voy a decir va en el mismo sentido de lo que planteaba el señor senador Delgado. A ver si entendí bien. Lo que se ejecutó fue lo percibido por cada funcionario en 2017 y se incorporó al salario para 2018. Ahí se genera la diferencia no por una pérdida de ingreso de los funcionarios, sino porque se  genera una diferencia con los funcionarios de la DGI que también hacen la misma tarea. Cuando ellos estaban en primaria no todos cobraban lo mismo porque esa partida estaba vinculada al presentismo, por lo que los montos eran diferenciales. Entonces, si lo que están planteando es que ahora, al ser una partida fija la que se va a incorporar a la masa salarial de los trabajadores, no tenga esa variación por presentismo y, por ende, lo que están planteando es que la asignación global sea dividida, tendrá como consecuencia que cada mes cada funcionario perciba una cuota parte de la doceava parte. Así se regularían los ingresos que estarían vinculados para todos en forma similar.

SEÑOR GONZÁLEZ.- En lo que refiere a las propuestas, la primera que tiene que ver con la carrera administrativa, hay un compromiso definido por decreto en 2005 que no ha sido cumplido, que es positivo que se incluya, y que llevaría a que en un plazo no mayor a dos años, deba haber una propuesta específica de carrera administrativa. Esto no tiene costo presupuestal porque es un artículo que lo que hace es reafirmar lo resuelto por vía reglamentaria.

                En cuanto al Impuesto de Primaria, la redacción está vinculada al criterio de lo percibido. Esto tiene varios problemas: en primer lugar, se considera que lo percibido es la partida, descontados los aportes jubilatorios y el Fonasa. El otro tema es que entendemos que debe considerarse el monto global y no considerar al momento del traspaso el presentismo efectivo, porque en DGI pasa a ser una partida fija. Las inequidades se generan entre los funcionarios de primaria que pasaron, porque como se tomó la foto de 2017 y en definitiva no se eligen las enfermedades, quizás haya compañeros que nunca se enfermaron y justo en 2017 sí, y por mirar ese año en forma específica, se ve afectado en forma definitiva su salario. Lo mismo ocurre con la licencia por estudio. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se tome el monto global que ya está presupuestado, que no implica costo porque ya está previsto en el organismo de origen, sin considerar el presentismo, porque hay licencias que descontaban como presentismo y estaban previstas por ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la presencia.

 

(Se retira la delegación de la Asociación de Funcionarios de Impositiva).

(Ingresan a sala los representantes del Hogar Don Joaquín).

                –La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación del hogar de ancianos Don Joaquín, ubicado en Soriano, integrada por las señoras Carolina Romero, Florencia Perdomo, Claudia Pérez, Sandra Graña e Isabel Reyes.

                Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA ROMERO.- Buenos días y muchas gracias por recibirnos.

                Nosotras integramos formalmente la comisión del hogar de ancianos Don Joaquín, que se encuentra en la localidad de Egaña y fue fundado en el año 2002 por dos señoras mayores, respaldadas por un grupo pequeño de personas. Con el correr del tiempo las fundadoras se fueron cansando de la tarea que tenían a cargo. Después de varios años llamando a asambleas para la renovación de la comisión, delegaron su trabajo de manera informal a un familiar, quien hasta 2017 llevó adelante la tarea como pudo. Sin embargo, el hogar se encontraba en estado deplorable y las necesidades básicas de los abuelos no estaban cubiertas.

                En ese momento, la presidenta de la comisión nos convocó casi personalmente para asumir la posta –nada fácil, por cierto–, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Los cambios han sido notorios, pero aún queda mucho por hacer. Actualmente contamos con una cocinera –que no teníamos–, cuidadoras, empleadas y psicomotricista y utilizamos un plan nutricional elaborado por una nutricionista. Tratamos de que los internos de ese hogar tengan una asistencia integral. Esto implica un esfuerzo económico y no contamos con muchos ingresos, tenemos que sacarlos de un pueblo de 800 habitantes, lo que hace que la población a veces se vea saturada.

                También me gustaría resaltar que el hogar se destaca por no tener un monto mínimo para el ingreso. El interno que desee ingresar solo va a pagar el 80 % de sus ingresos y el 20 % restante queda para su uso personal. Por ejemplo, si la persona percibe $ 8.000, nosotros nos arreglamos con el 80 % de esa cifra.

                Me gustaría que la tesorera Perdomo desarrollara el tema de los números.

SEÑORA PERDOMO.- Como comentaba mi compañera, la regla del 80 % fue instaurada por las fundadoras. Ellas quisieron que fuera así y a nosotras nos pareció importante mantenerla. De hecho, ha habido internos que ni siquiera tenían ingresos; aun así se ha mantenido esa condición.

                Hoy en día, debido a todas las mejoras que estamos haciendo, nuestros gastos siguen aumentando, mientras que los ingresos siguen siendo los mismos. Tenemos un presupuesto aproximado de $ 150.000 mensuales y los únicos ingresos seguros son la partida de los diferentes internos y una partida que tenemos adjudicada por la intendencia. Con eso llegamos aproximadamente a $ 90.000 o $ 100.000 y el presupuesto total ronda los $ 160.000, algunos meses más y otros menos. El faltante de $ 50.000 o $ 60.000 se cubre con beneficios que se hacen en los pueblos vecinos y este no es un detalle menor porque hay que tener en cuenta que uno de ellos tiene 800 personas y el otro 500, por lo que realmente están sobrecargados. Vamos tapando agujeros de a poco. Estamos tratando de que el hogar siga mejorando, pero el presupuesto continúa aumentando. La condición en la que están quienes viven hoy allí es muy buena y eso nos da fuerzas para continuar.

                La nueva comisión realmente es un equipo muy bueno de trabajo porque nunca faltan y están continuamente tratando de cubrir el faltante.

SEÑOR BERTERRECHE.- Damos la bienvenida a la delegación y la felicitamos porque hacen una tarea social muy importante.

                En realidad, los montos que necesitan no son muy grandes y desde hace unos años, en particular desde 2015 a la fecha, se han creado políticas públicas a estos efectos. Tenemos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados al que habría que referirse directamente porque este servicio está totalmente alineado con él. Sin embargo, el Mides no aparece en el listado de instituciones con las que trabaja este hogar y por eso me gustaría saber si se han hecho los trámites respectivos. Reitero que entiendo que esto está absolutamente alineado con las políticas públicas al respecto.

SEÑORA ALONSO.- Quiero saludar a todas estas mujeres comprometidas con este hogar y esta actividad tan linda que llevan adelante. Destaco la importancia de una institución como el hogar Don Joaquín, sobre todo para un pueblo del interior porque cuida a los adultos mayores, una población con una enorme vulnerabilidad social y económica. Además, creo que es importante que estas instituciones sigan fortaleciéndose y que nosotros podamos ayudar las. En ese sentido, a propósito de lo que decía el señor senador Berterreche, hace unos días, en ocasión de la comparecencia  del secretario del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el sociólogo Julio Bango, conversamos sobre este tema, y justamente decía que tienen restricciones presupuestales, dado que su presupuesto ha sido recortado. Sabemos que la Cámara de Representantes entendió que era correcto incorporar al Hogar Don Joaquín en el artículo 306 que es, justamente, el relativo a subsidios y subvenciones. Se estableció un monto de $ 160.000 y nosotros esperamos que cuando hagamos la discusión correspondiente, todos los compañeros de esta comisión mantengan esa cifra porque creemos que es más que necesario y, además, aquí está la prueba fehaciente de la labor que llevan adelante.

                Por lo tanto, reitero el saludo a las integrantes de la delegación y traslado a la comisión la importancia de que en la Cámara de Representantes se haya avanzado en este camino.

SEÑORA PERDOMO.- Para responder a la pregunta del señor senador Berterreche respecto al Mides, quiero decir que hemos hecho todas las gestiones correspondientes pero lo que sucede es que el ministerio nos pide la habilitación del Ministerio de Salud Pública, que a su vez nos pide la habilitación de bomberos y estos últimos, para iniciarla nos pide $ 40.000 en timbres más los costos del arquitecto. Como dijimos anteriormente, cuando nosotros entramos en el hogar, las personas estaban en situación de urgencia porque no tenían ni para comer. Si no tenemos para cubrir el presupuesto, mucho menos para pagar lo que nos sale la habilitación de bomberos, para después ir al ministerio y luego al Mides. Además, el local es alquilado y estamos haciendo gestiones para un local nuevo.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Ministerio del Interior tiene un mecanismo para exonerar el tema de las tasas, por lo que me comprometo a hacer las gestiones correspondientes.

                Agradecemos su visita y seguiremos en contacto.

SEÑORA PERDOMO.- Muchas gracias.

(Se retiran de sala las representantes del Hogar Don Joaquín).

(Ingresan a sala representantes del Organismo Uruguayo de Acreditación).

–Damos la bienvenida al presidente del Consejo Directivo del OUA, señor Milton Vázquez, representante de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR y a la vicepresidenta, señora Alicia Calzolari, representante de la Cámara de Industrias del Uruguay.

SEÑOR VÁZQUEZ.- Queremos agradecer la oportunidad que se nos brinda para explicar brevemente las tareas del OUA y la solicitud de presupuesto que vamos a realizar.

                El OUA fue creado a instancias del Decreto n.º 285/97, que creó el Sistema Uruguayo de Acreditación, Normalización, Certificación, Calibración y Ensayos –Suancce–, con la figura jurídica de asociación civil sin fines de lucro.

                Como consecuencia de la evolución de los sistemas de evaluación de la conformidad a nivel internacional, el Estado uruguayo tuvo la necesidad de actualizar el Suancce emitiendo un nuevo Decreto n.º 89/2010, creando el Sistema Uruguayo de Normalización, Acreditación, Metrología y Evaluación de la Conformidad, Sunamec.

                En este decreto se designa al Organismo Uruguayo de Acreditación como organismo nacional de acreditación con las siguientes atribuciones: a) acreditar a organismos de certificación de sistemas de gestión, productos, servicios, procesos y personas, y a los laboratorios de ensayos, calibración y análisis, organismos de inspección, proveedores de materiales de referencia y proveedores de ensayos de aptitud de conformidad con las normas técnicas del sistema.

                b) Celebrar acuerdos con organismos pares internacionales como IAF, ILAC, y organismos regionales como Inter American Accreditation Cooperation de reconocido prestigio en lo que hace a su estricta competencia.

                c) Representar a Uruguay en los organismos regionales e internacionales de acreditación.

                El Organismo Uruguayo de Acreditación se encuentra, junto a otras organizaciones, comprendido en el artículo 665 de la Ley n.º 19355 de Presupuesto nacional. Allí se establece el presupuesto anual otorgado a este organismo.

                El OUA como organismo de acreditación nacional cumple un rol clave para el crecimiento sostenido de Uruguay al otorgar la confiabilidad de los productos nacionales en el mercado internacional reclama actualmente.

                La exigencia de contar con un organismo de acreditación reconocido internacionalmente es un requisito ineludible para los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con la Unión Europea y Canadá. La acreditación es la demostración de competencia técnica adecuada para cumplir con las actividades de evaluación de la conformidad exigida por los mercados. Estas actividades son necesarias para el desarrollo del país a través de sus productos o servicios aceptados tanto a nivel nacional como en mercados de exportación.

Para acceder a mercados cada vez más competitivos que permitan el ingreso de divisas a Uruguay, promuevan el desarrollo y generen nuevos puestos de trabajo es necesario contar con un organismo de acreditación que posea todos los recursos necesarios, tales como personal formado, infraestructura y financiamiento.

Para lograr que los productos nacionales sean reconocidos en el mundo, el organismo de acreditación debe contar con reconocimientos internacionales, los que el OUA ha obtenido y mantiene desde el año 2010.

Para seguir manteniendo esos reconocimientos internacionales e incorporar nuevos reconocimientos que permitan al país su desarrollo industrial a través de la competitividad se necesita capital humano formado y una estructura adecuada que permita cumplir con esa exigencia internacional, así como la asistencia a asambleas,  las reuniones de trabajo, la asistencia a auditorias de pares y otras actividades que es necesario desarrollar. 

Por esto es preciso contar con mayores recursos financieros que permitan cubrir las crecientes actividades generadas a nivel internacional y nacional.

Tenemos el privilegio de que a partir de agosto de 2018 la directora ejecutiva del Organismo Uruguayo de Acreditación, ingeniera química Liliane Somma, asumió la presidencia de la Inter American Accreditation Cooperation, organización que reúne a todos los organismos de acreditación de las Américas. Este nombramiento es un claro indicador del reconocimiento que el Organismo Uruguayo de Acreditación ha logrado a nivel regional e internacional.

En la actualidad, el OUA recibe, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, una partida de $ 630.000 anuales, tal como se desprende del artículo 665 de la Ley n.º 19355 de Presupuesto nacional.

Para poder desarrollar las actividades del Organismo Uruguayo de Acreditación que mencionamos anteriormente, en esta oportunidad solicitamos un monto que asciende a $ 3:500.000 anuales.

Se considera que para Uruguay es imprescindible tener un Organismo Uruguayo de Acreditación sólido, con la estructura necesaria para enfrentar los desafíos de crecimiento que se aproximan, y para ello el Consejo Directivo del OUA formula esta solicitud de ampliación de presupuesto.

                A continuación, estamos dispuestos a responder aquellas dudas que se hayan generado de esta exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su exposición y desde ya seguimos en contacto.

SEÑOR VÁZQUEZ.-  Muchas gracias.

(Se retiran de sala los representantes del Organismo Uruguayo de Acreditación).

 (Ingresan a sala las representantes de la Unión de Exportadores del Uruguay).

SEÑOR PRESIDENTE.-  En nombre de la comisión, damos la bienvenida a los representantes de la Unión de Exportadores del Uruguay: su directora, la licenciada Andrea Roth, la secretaria general, señora Teresa Aishemberg y la economista María Laura Rodríguez, responsable de economía, comunicación y medio ambiente.

SEÑORA AISHEMBERG.-  Soy la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay.

                 Vamos a dividir nuestra ponencia haciendo uso de la palabra la economista Rodríguez y quien habla. Antes de comenzar la exposición, quiero señalar que nos acompaña la directora Andrea Roth.

                Estamos presentes hoy en la comisión para trasmitir a los señores senadores la situación actual del sector exportador porque lo que se vote en la rendición de cuentas y lo que se apruebe puede incidir tanto en el sector exportador como en su competitividad futura. Vamos a trasmitirles lo que estamos pasando actualmente para que cuando voten sean conscientes de nuestra situación y nos ayuden.

                La economista Rodríguez –si el señor presidente me lo permite – se va a referir a una de las dificultades que enfrenta hoy el sector exportador, que es el alto costo de producción.

SEÑORA RODRÍGUEZ.-  Con respecto al alto costo de producción, tenemos algunas empresas que producen lo mismo en distintos países del mundo. Nos han presentado  la situación de costos en los distintos lugares y se puede observar que Uruguay es más caro para producir y no lo estoy comparando con países del sudeste asiático –lugares donde claramente la producción es más barata–, sino con países de Europa. Eso nos preocupa porque la presión que tienen esas empresas, que en muchos casos son multinacionales con sedes en distintos lugares del mundo, es cómo mantener abierta la sede de Uruguay en comparación con lo que significa el menor costo de producir en otros lugares. Eso implica que, si no hacemos algo para bajar los costos, pueden cerrar esas dependencias y haber una caída del empleo.

SEÑORA AISHEMBERG.-  Las dificultades que enfrenta el sector exportador –como decía la economista– son la pérdida de competitividad y la falta de acuerdos comerciales. Necesitamos generar más empleo en Uruguay y desde el exterior nos están obligando –por los costos y porque el país es caro– a exportar materia prima. ¿Eso qué significa? Que el pleno empleo está en otro país y no en el nuestro. Solicitamos que nos ayuden a mantener el empleo en nuestro país para generar mayor valor agregado, tecnologías y procesos.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Con respecto a la pérdida de competitividad, por más que en Uruguay haya subido el precio del dólar ha sido en menor medida en comparación con la suba en Argentina –que fue mucho mayor– y en Brasil. Eso trae aparejada una pérdida de competitividad y complica la posibilidad de exportar a Brasil y a la Argentina, pero también implica una mayor dificultad para vender en terceros mercados como, por ejemplo, China u otros lugares del mundo donde tenemos la competencia de los países de la región –en especial Argentina– que están ingresando con mejores propuestas que nosotros.

                En lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales, en la presentación pueden observar la diversificación  de mercados que tiene Uruguay comparado con otros países como Nueva Zelanda, Perú y Chile. Tenemos bastante diversificados los mercados. Los cuadros de  abajo muestran que tenemos muchos menos acuerdos comerciales que esos países y eso significa que estamos entrando nuestros productos sin tener acuerdos y tenemos competidores que sí los tienen y entran con mayor ventaja. En el futuro nos va a complicar, por ejemplo, competir con Nueva Zelanda, Australia y otros países que producen productos similares a los nuestros porque sí tienen acuerdos y nosotros no.

SEÑORA AISHEMBERG.- También tenemos dificultades cuando hay rigidez en el mercado laboral. Hoy hay nuevas competencias, la tecnología viene avanzando de forma importante y seguimos con rigideces en el mercado laboral. Hay un ranking que muestra –figura en el cuadro– dónde está posicionado Uruguay y hacia dónde deberíamos llevar las políticas públicas para generar más empleo y que el empleo esté más capacitado para las tecnologías que se avecinan y ya son casi una realidad.

                A este respecto, necesitamos tener una educación que fortalezca las capacidades para que se inserten en el mercado laboral de las empresas exportadoras y eso lo venimos manifestando en distintos ámbitos. Para retomar el crecimiento de la exportación tenemos que invertir mucho más en infraestructura y en la capacitación de nuestros recursos humanos.

                Por otro lado, un tema que nos preocupa al igual que a los señores senadores, es el déficit fiscal. Esto sí es una restricción en momentos en que necesitamos más apoyo para la producción. Como verán, estamos en problemas, necesitamos más apoyo, sabemos de los márgenes que tienen para apoyarnos, pero como ustedes son responsables de la votación de este presupuesto, querríamos dejarles constancia de nuestra preocupación porque no vamos a tener, ni ahora ni en el futuro, tal vez, algún apoyo para pasar este momento. El riesgo de aumentar el gasto público por encima de los ingresos es que aumente el déficit fiscal y, por tanto, haya más endeudamiento y no queremos perder nuestro grado inversor.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- En el cuadro pueden ver la evolución del resultado fiscal. Todos sabemos que el déficit fiscal está bastante elevado. Y abajo pueden ver la comparación, por poner un ejemplo, de cómo perdimos la posibilidad de bajar los combustibles durante el período en que tuvimos un petróleo más barato. Eso hubiera abaratado los costos de producción que mencionamos anteriormente. Ese es un ejemplo de abaratamiento de costos que no logró producirse debido, en parte, a que había que resolver temas de déficit de las empresas públicas, en particular de Ancap, y déficit fiscal en términos generales. Ahí mencionamos que la carga tributaria, las tarifas públicas y los aportes patronales son todas presiones sobre las empresas que hacen a ese costo que, como mencionamos, comparado con el mundo es mayor.

                Lo que venimos a expresar es que, si seguimos aumentando el gasto público vamos a seguir aumentando ese déficit fiscal y presionando a las empresas. Eso es lo que queremos revertir en algún momento, cuando se pueda. Realmente, si se sigue aumentando el gasto va a ser muy difícil revertirlo y, más aún, cuando estamos en una situación regional bastante complicada y no está muy claro que el crecimiento del PBI sea el que estaba previsto.

SEÑORA AISHEMBERG.- El aumento del gasto impacta y va sobre nuestras empresas. ¿Por qué les pedimos ayuda a ustedes? Porque cuando las empresas pierden rentabilidad de forma persistente es muy difícil para el empresario pensar en mantenerlas al ritmo que se necesita para seguir ocupando los mercados que tanto nos costó conquistar. Entonces, comenzaremos a endeudarnos más y tendremos que elegir entre mantener el personal o recortarlo, así como también en invertir más en tecnología o no hacerlo.  Eso significa hipotecar la empresa en el futuro.

Por lo expuesto, solicitamos ayuda para no llegar a ese punto, porque queremos mantener las fuentes de trabajo calificadas que emplea el sector exportador. Obviamente, no queremos llegar a los extremos ya que no es bueno para el país, para el empresario ni para la gente, razón por la cual –reitero– volvemos a pedirles ayuda.

Estamos viendo que al salir al mundo a vender, se nos está pidiendo rebaja porque hoy Argentina tiene precios más bajos. Se nos dice que si cotizamos menos que Argentina, nos siguen comprando. Es lo que está pasando en este momento. ¿Qué pasa, entonces, en la empresa? La empresa va a rebajar, pero tiene que empezar a bajar costos internamente. Entonces, por un lado están las empresas y, por otro, el socio Estado, que nos gustaría que nos acompañara en este momento. Necesitamos un Estado innovador, que baje los costos y que nos acompañe. De lo contrario, significará caída de la actividad, caída del empleo –ya lo estamos viendo–, menor recaudación y más presión sobre las cuentas públicas.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Si tenemos una caída de la recaudación, claramente habrá más dificultades a la hora del resultado fiscal y no queremos tener más presiones sobre las empresas.

                Cerramos nuestra exposición manifestando que es fundamental ordenar las cuentas públicas para que esto no sea una restricción para el resto de la economía.

                Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- En primer lugar, me parece oportuna la reflexión, más que sobre el articulado, sobre las condiciones generales del país, del sector exportador y de la rendición de cuentas. Es una preocupación de todos nosotros.

                Tan es así, que ayer el señor senador Heber, en nombre del Partido Nacional, propuso en el seno de esta comisión convocar al equipo económico una vez que se termine de recibir a todas las delegaciones programadas y antes de que se vote la rendición de cuentas. Porque, desde que se presentó la rendición de cuentas en la Cámara de Representantes, la situación del país cambió; incluso cambió desde que se presentó en el Senado, hace quince días atrás.

                Al complicarse la situación de Argentina, se complican las inversiones de Argentina en Uruguay, las exportaciones de Uruguay a Argentina, la competencia de Uruguay en terceros mercados en los que competimos con Argentina con productos similares y, obviamente, se complica el turismo. Este tema se tocó de manera transversal en varias discusiones a nivel del ministerio. Obviamente, los supuestos de crecimiento del 2,5 % para este año y del 3,3 % para el año que viene están en el papel pero no en la realidad. Es más, desde que se elaboró la rendición de cuentas, ya están ajustando a la baja casi todos los pronósticos, con mucho realismo.

Por esa razón intentamos convocar al equipo económico, a fin de aprovechar esta instancia presupuestal para los próximos dos años buscando mecanismos –estamos dispuestos a ayudar– para que este Gobierno y el próximo tengan un mejor manejo de la situación y encuentren fórmulas de contingencia. Eso es lo que quisimos hacer, pero lamentablemente la votación fue negativa; el Gobierno no lo habilitó. Hubiera sido interesante, no solo votarlo, sino también generar esa instancia en esta comisión de presupuesto.

                Iremos monitoreando con preocupación lo que ustedes han planteado, viendo cómo esta situación afecta el empleo, más allá de las exportaciones. Para nosotros el tema es muy importante.

                En segundo término, me gustaría saber si nos pueden ir diciendo –no sé si lo tienen calculado por trimestre o por trimestre móvil– cómo vienen evolucionando este año las exportaciones, en volumen y en monto, con respecto a los comparativos anteriores. Ese nos parece un dato importante.

                Muchas gracias.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: le damos la bienvenida a la Unión de Exportadores del Uruguay.

                En la presentación de los representantes de la Unión de Exportadores del Uruguay hay un montón de consideraciones y juicios de valor. Evidentemente, la situación de Argentina y Brasil nos pone en alerta, nos llama la atención, pero lejos está eso de una corrida de inversores productivos hacia mercados como la Argentina. Internacionalmente, no creo que sea el mejor momento de la Argentina para justificar competitividad.

Cuando se nos habla del déficit del Estado, de las ayudas y del gasto, tenemos que decir que gasto del Estado también es el sacrificio fiscal. El sacrificio fiscal, que se hace por ley de inversiones, a veces es muy superior a buena parte de las líneas de gasto social que tenemos, porque consideramos que es importante que las inversiones se establezcan, generen trabajo y aumenten las exportaciones. En eso estaríamos alineados. En el momento de la evaluación se debe considerar el sacrificio fiscal que representan los beneficios que se dan a empresas que se instalan y desarrollan en el país, porque es algo muy importante. Repito que, en ese sentido, estamos alineados.

                Por último, se habló tanto de la competitividad argentina que quería saber si consideran que las detracciones a las exportaciones que se acaban de poner en la Argentina no afecta la competitividad. Si no la afectan, sería una buena forma de pensar en financiar el déficit fiscal.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: le damos la bienvenida a la delegación, manifestando que nos satisface que sean tres mujeres la que representan a la Unión de Exportadores.

                Quiero hacer dos o tres consideraciones.

                Estamos acá para recibir los planteos de las delegaciones –el objetivo de hoy son las audiencias–, pero también podemos hacer preguntas sobre lo que nos plantean. Yo voy a preguntar, específicamente, a qué se refieren cuando hablan de las dificultades a las que se enfrenta hoy el sector exportador y mencionan la rigidez del mercado laboral, expresando que se requiere una normativa más flexible, adaptable a las diferentes realidades. Pregunto esto porque lo dijeron al pasar pero no lo explicitaron y me gustaría que se hiciera alguna aclaración al respecto.

                Por otra parte, quiero decir que el equipo económico está monitoreando esta situación –como todo el mundo lo sabe– y el Gobierno también. Ayer el senador Heber, en nombre de su partido, hizo un planteo en esta comisión, y fue la bancada del Frente Amplio –no el Gobierno– la que manifestó la inconveniencia, en esta circunstancia de rendición de cuentas, de votarlo favorablemente. Además, cuando lo hizo, de los cinco integrantes del Partido Nacional miembros de esta comisión solamente estaban presentes dos. Hubo una votación y el resultado fue el que fue.

                Una última cosa que me parece importante mencionar en el marco de la reflexión es que podríamos decir que estamos en un mundo medio loco. Tal como lo dijo el equipo económico –y lo comparto porque es una realidad–, estamos en un mundo en el que el Estado, que históricamente fue liberal, ahora es proteccionista, y la potencia que hoy surge como liberal es la que históricamente apostó al estatismo. Entonces, estamos en un mundo muy loco e imprevisible en cuanto a esas cosas. Creo que ese análisis es compartible.

No voy a entrar en conceptos vinculados a la competitividad, pero me gustaría que se pudieran desarrollar algunos planteos que hizo el senador Berterreche. Creo que la apuesta que nosotros hemos incorporado muy fuertemente, a la calidad y no solo a la cantidad, nos genera un plus en materia de competitividad que consideramos fundamental. Quería incorporar ese concepto porque no me parece que se haya desarrollado en la exposición, y creo que forma parte de lo que puede distinguir a un país como el nuestro, que es pequeño, pero que para insertarse en el mundo puede hacer una apuesta a la calidad, y hacia eso también deberíamos dirigir algunas políticas, como creo que lo estamos haciendo.

SEÑORA ALONSO.- Yo también quiero saludar a la Unión de Exportadores, con quienes tuvimos otra instancia –no hace mucho tiempo– en la Comisión de Asuntos Internacionales. Hoy vuelvo a felicitarlos por el trabajo que hacen y por la exposición que nos acercaron en aquella oportunidad, que fue muy completa. También considero compartible la preocupación que plantean, por lo que me parece muy bueno que en el día de hoy estén en este ámbito.

Quiero decir que lo que expresan el final de la presentación es la cuestión de fondo: ordenar las cuentas públicas. Esta es una reflexión, no voy a hacer preguntas, quizás porque tenemos las mismas interrogantes, en muchos aspectos por falta de respuesta, porque no las hemos recibido por parte del equipo económico. Por eso nuestra intención era volver a recibir al equipo económico, para analizar juntos el panorama que estamos viviendo, para ver cómo se puede colaborar y ayudar. Ahora, la colaboración más importante acá es no gastar por encima de lo que se tiene, y eso afecta a todos. Hoy tenemos una economía casi estancada, que va a complicar más aún el mercado de trabajo y la inversión, entre otras cosas. Vemos con preocupación lo que está ocurriendo Argentina, y si hay algo que nos tiene que servir de lección –estamos lejos, sin duda; pero a fin de seguir estando lejos– es que debemos tener cuentas públicas mucho más ordenadas y prolijas.

Simplemente, me pongo en los zapatos de los exportadores de nuestro país. En la presentación se hace referencia a la falta de acuerdos comerciales, algo que hablamos en la Comisión de Asuntos Internacionales, porque no alcanza con acceder a más de ciento treinta mercados, sino que debemos ver cómo accedemos a ellos. Hoy, el acceso a esos mercados sin preferencias arancelarias, que sí tienen nuestros competidores –como se mencionaba por parte de quienes exponían–, nos deja en una situación de clara desventaja, donde más del 80 % es a esfuerzo puro y exclusivo de los exportadores. Esa es una preocupación que tenemos y que creo que todos deberíamos compartir en este planteo que nos hacen llegar hoy, nuevamente, como advertencia. Creo que es una buena cosa que hoy esté acá un sector bien importante de nuestra economía, a quienes tenemos que seguir protegiendo y cuidando como al resto de los sectores.

                Así que, les agradezco nuevamente y ¡ojalá que quienes estamos acá y el equipo económico podamos entender la importancia de rever algunos números, porque estamos a tiempo! Lo que estamos haciendo acá, justamente, es analizar las posibilidades de mejorar esas cuentas, que no es un tema menor para los tiempos que se vienen en nuestro país.

SEÑOR OTHEGUY.- En primer lugar, saludo a la delegación.

Es totalmente legítimo que la Unión de Exportadores venga a este ámbito y plantee su enfoque, pero discutir en profundidad el tema excede ampliamente las posibilidades y la competencia de esta comisión. Sin duda que es pertinente debatirlo, pero en esta instancia solamente recibimos delegaciones, coordinadas en un listado muy largo y con un tiempo muy acotado. Por lo tanto no podemos abordar en profundidad, y ni siquiera sintéticamente, muchas de las cosas que se afirmaron como diagnóstico, de las cuales hay algunas que compartimos y otras que claramente no compartimos.

Creo que las políticas de Uruguay tienen una integralidad. No se puede analizar la política macroeconómica sin analizar el gasto público social que el Gobierno ha impulsado, las políticas de relaciones laborales, los incentivos a la inversión pública-privada y la capacitación de la mano de obra que despliega el Inefop o la UTEC, que son creaciones de este Gobierno. También tenemos que considerar el desarrollo en materia de infraestructura. A veces pensamos en infraestructura solo en términos productivos, pero tiene una dimensión social muy importante. Me refiero al sector de la infraestructura que se relaciona con la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, cuando se hace el saneamiento en una zona –que es infraestructura– mejora la calidad de vida de las personas que viven allí; cuando se avanza en materia de electrificación rural –que es infraestructura– también mejora la calidad de vida de esas personas. O sea que la infraestructura no solo abarca los puentes, las carreteras y el ferrocarril.

                Creo que la integralidad de las políticas públicas en el Uruguay nos ha colocado en una buena posición.

A su vez, en materia de inserción internacional –que también es un componente importante y claramente hay que avanzar–, a veces las restricciones no las pone Uruguay, sino los países vecinos; si no han prosperado los acuerdos con la Unión Europea o con China, no ha sido por decisiones de nuestro país. ¡Vaya si sería importante firmar esos acuerdos! Es más, el Gobierno ha manifestado en muchas oportunidades que sería fundamental lograr un acuerdo comercial con China, pero los frenos no los ha puesto Uruguay sino Brasil y Argentina. Lo mismo sucede con el acuerdo previsto con la Unión Europea, que es otro de los bloques comerciales relevantes. Cuando hablamos de ampliar y mejorar el comercio mediante la inserción de nuestros productos en el mundo, y nos referimos a China o a la Unión Europea, nos estamos refiriendo a buena parte del comercio que el Uruguay despliega. Reitero: no poder avanzar en esa dirección no ha sido producto de frenos puestos por las políticas de este Gobierno, sino de los de nuestros vecinos.

                Esta integralidad ha dado un resultado que hoy brinda al Uruguay una estabilidad macroeconómica importante, con un crecimiento de su economía y una serie de indicadores relevantes en materia de inclusión, cuando uno ve que los vecinos se están derrumbando. Nuestros resultados son fruto de una integralidad en las políticas económica, macroeconómica y pública que el Uruguay viene desplegando en el mundo actual, porque no es un mundo utópico en el que todos los indicadores brillan; la realidad que tenemos es la de un contexto muy desafiante, con decisiones que se toman en algunos centros de poder, como Estados Unidos, que tienen impacto global. Por ejemplo, si Estados Unidos empieza una guerra comercial en el mundo, sus decisiones políticas van a afectar a nivel global. Entonces, uno tiene que ver cómo se inserta en esa realidad que es, además, muy cambiante.

Por eso, entre otras razones, nos parecía que no era oportuno volver a convocar al equipo económico, que en realidad estuvo acá hace ocho días; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene mucho que ver con este tema, vino el jueves de la semana pasada; el martes, el Ministerio de Industria, Energía y Minería; y el miércoles, el Ministerio de Turismo. Quiere decir que venimos discutiendo sobre estas cuestiones; no es que no las estemos abordando.

A su vez, tenemos que ver qué repercusiones tienen algunas decisiones de política económica que se han tomado en Argentina. La verdad, no sabemos qué impacto va a tener el ajuste que el Gobierno de Macri acaba de anunciar; podemos tener una idea, pero el resultado se verá en la medida en que se vaya aplicando. Tampoco conocemos si fue exitosa la gestión de la delegación que estuvo negociando con al Fondo Monetario Internacional los desembolsos que necesita Argentina, a la que aún no le han dado una respuesta. Sin duda, eso va a impactar, pero todavía no tenemos esos datos, por lo cual entendimos que no era pertinente volver a convocar al equipo económico en esta oportunidad. Ello no quiere decir que no estemos atentos a la situación, que no la estemos monitoreando y, eventualmente, que no sea necesario que dentro de unas semanas tenga que ser convocado nuevamente. De todas maneras, creo que el equipo económico del país viene trabajando con responsabilidad.

Algunos de los planteos que hace la Unión de Exportadores del Uruguay son pertinentes, aunque en otros se puede tener un enfoque distinto. Igualmente, es muy difícil abordarlos porque son temas complejos, importantes y centrales en el debate político.

SEÑOR DELGADO.- Me gustaría dejar una constancia, en virtud de la referencia que una senadora del oficialismo hizo a la convocatoria al equipo económico, que en el día de ayer propuso el señor senador Heber en nombre del Partido Nacional, y que iba a tener lugar dentro de diez días, antes de que se pusiera a votación el proyecto de ley de rendición de cuentas. La idea era tratar de ayudar a encontrar instrumentos o darle a este Ministerio de Economía y Finanzas algunas herramientas, en tanto esta rendición de cuentas, reitero, es la base presupuestal de este, del año que viene y del primer año del próximo Gobierno.

                En diez días tendremos un panorama un poco más acabado de la situación del país en función del impacto de las medidas argentinas y quizás algunos instrumentos necesiten solución legal o, por lo menos, parámetros legales para que el Poder Ejecutivo pueda moverse.

                Más allá de la propuesta, no me preocupa tanto si hubo solo dos votos del Partido Nacional porque algunos legisladores, dado que fue al final de la jornada, ya se habían retirado. Lo que me preocupa son los que votaron en contra y no a favor. ¡Eso es lo que a mí me preocupa! El  Frente Amplio voto en contra, y aunque hubieran estado los cuatro integrantes del Partido Nacional, como pasa acá o en el Senado, jugábamos como nunca y perdíamos como siempre, porque la mayoría está del otro lado.

                Me preocupa, obviamente, la votación en contra. Me parece que hubiera sido una buena instancia.

                Con todo el respeto por los invitados, quería dejar esta constancia porque parecía casi un acto de irresponsabilidad. Es más, fue un acto de responsabilidad política haber generado la instancia, porque me parece que invitar al equipo económico antes de que se vote la rendición de cuentas tiene un sentido absolutamente constructivo.

SEÑOR PARDIÑAS.- Es un gusto recibir a la delegación de la Unión de Exportadores del Uruguay.

                Como primer punto quiero pedirles disculpas por este debate interno de la comisión, que no es de responsabilidad promocionar, porque tenemos el tiempo acotado y cuanto más discutamos entre nosotros, más le restringiremos el tiempo a la delegación, y han sido planteadas algunas consultas que, lógicamente, tendrán que ser respondidas en forma telegráfica, o sabiendo que retrasaremos a las otras delegaciones. Por eso creo que cuando se habla de responsabilidad, no es así.

                Quería dejar planteada esta constancia porque todavía nos quedan muchas delegaciones por recibir hoy y el próximo viernes. No caigamos en este ritmo porque vamos mal.

                En segundo lugar, queda claro –lo fundamentó el Gobierno, y nosotros, que lo hemos venido analizando, encontramos los elementos que así lo consolidan– que en esta rendición de cuentas el incremento del gasto es el que está financiado. Por lo tanto, no hay déficit fiscal incremental en la rendición de cuentas a discusión de esta comisión del Senado.

                Creo que la preocupación planteada por la Unión de Exportadores del Uruguay –de la que la señora Aishemberg ha sido una interlocutora calificada en numerosas oportunidades en este Parlamento– es válida, pero entiendo que tenemos que encararla en otra comisión. Lógicamente estos no son temas vinculados exclusivamente al presupuesto y a la rendición de cuentas, sino a la construcción de varias políticas, y en otras oportunidades ya han sido planteados y se les ha buscado respuestas. Se han realizado y se seguirán realizando esfuerzos para generar condiciones de competitividad.

                Hay temas que exceden fuertemente este ámbito. El señor senador Otheguy mencionaba lo que significan los acuerdos comerciales, que no pueden ser vistos solamente desde un ángulo, porque también implican que tengamos que abrirnos para nuestras importaciones, lo que a su vez afecta a otros sectores de la producción y del consumo.

                Hay un montón de temas que con gusto podríamos considerar en otro ámbito para realizar un intercambio, en tanto ha sido muy rica la exposición realizada.

                También quiero reafirmar algo que planteó el señor senador Berterreche. Hay un aspecto coyuntural y es que tenemos un déficit fiscal del entorno de 4 puntos, cuando este Gobierno ha dado estímulos fiscales por más de esos cuatro puntos. Hay más de 2.200:000.000 en pérdida o disminución de recaudación fiscal, o en estímulo a la inversión mediante la reducción de la recaudación fiscal, como parte de una política, justamente porque entendemos la situación. Creo que gran parte de los sectores que han sido beneficiados por esa renuncia fiscal son de los que generan exportación en este país. Creo que la Unión de Exportadores del Uruguay lo sabe.

Por lo tanto, simplemente me gustaría agradecerles su preocupación y decirles que seguiremos trabajando sobre estos temas en las comisiones donde soliciten ser recibidos, porque tienen que ver con la coyuntura política y económica que estamos viviendo.

                Muchas gracias.

SEÑORA AISHENBERG.- Ante todo quisiera agradecer los comentarios vertidos; más allá de que haya diferencias, me gustaría dejar un concepto claro y es que todos estamos en el mismo barco. Reconocemos los esfuerzos, pero nos queda mucho por hacer y hoy estamos en una coyuntura muy especial, aunque reconozcamos que ya hemos estado en muchas otras coyunturas de crisis y supimos pasarlas, al igual que el empresario exportador.

                Por esto los invito a todos, porque nos gustaría trabajar en otros ámbitos con las distintas bancadas para formular una estrategia nacional de exportaciones. Debemos vincular todos los temas en los que estamos de acuerdo, y en aquellos en que no lo estemos tenemos que analizar qué hacer a fin de posicionarnos de tal manera que se mejore la cantidad de exportaciones al mundo. Es necesario poner un objetivo y ver cómo lo podemos alcanzar. Reitero que están todos invitados a acompañarnos en esta tarea, y me refiero a cada una de las bancadas.

                Si el señor presidente lo estima conveniente, quisiera ceder el uso de la palabra a la economista Rodríguez para que responda las inquietudes de los señores senadores.

                Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- En cuanto a los montos exportados, puedo decir que de enero a agosto se exportaron USD 5.096 millones, lo que significó una baja del 2,8 % con respecto al mismo período del año pasado. Llevamos cuatro meses de caída; habíamos arrancado bien el año, con aumentos en el primer trimestre, pero este número refleja todo, lo que significa que ese aumento se ve contrarrestado por la caída de los últimos meses, donde lo más importante fue el efecto negativo que tuvo la soja, debido a razones climáticas.

                La situación actual con Argentina y Brasil todavía no se refleja en los datos porque hoy se está cumpliendo con lo pactado meses atrás. Por lo tanto, nuestra advertencia se dirige más bien hacia las negociaciones que se están realizando ahora y se verán reflejadas en los datos de exportación de los próximos meses.

SEÑOR PARDIÑAS.- Tal como se venía explicando, me gustaría saber si para este mismo período, exceptuando la soja, cuentan con la comparación de las exportaciones en cuanto a volumen e ingresos. Pido que se excluya la soja porque sabemos que este rubro tiene una afectación que no es un problema de competitividad de precios, sino que hubo casi un 60 % menos de producción.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- En realidad, no tengo ese dato aquí en este momento, pero lo venía haciendo mes a mes y puedo afirmar que aun sacando la soja se ha producido una caída durante el año pasado y lo que va del 2018. Por lo tanto, también hay otros sectores –sobre todo los cereales, y básicamente el arroz– donde se verificó una caída muy grande. En algunos casos esta situación se ve compensada por otros rubros que han tenido un aumento, pero en términos generales se ha dado una caída.

                En cuanto al volumen físico, en el período que va de enero a agosto la caída fue del 6,7 %, así que es mayor que la del monto en dólares.             

                Con respecto a la consulta sobre las detracciones argentinas, debo decir que claramente nos parece una mala medida. Para los argentinos es un costo adicional tener detracciones, pero la brecha cambiaria, la diferencia que hay entre lo que aumentó el dólar en nuestro país y lo que aumentó en Argentina es tan grande, que la competencia que nos hacen en el mundo se produce de todas formas. Queda claro que se trata de un tema coyuntural y no sabemos cómo va a terminar la situación argentina o qué impacto van a tener las medidas, pero el problema que vemos es que con la coyuntura actual, con ese tipo de cambio y lo que sale en la foto de hoy, estamos perdiendo negocios en el exterior. Eso es lo que les queremos comentar. Tal vez dentro de unos meses las cosas se calmen y volvamos a la normalidad, pero es posible que ya hayamos perdido clientes.

SEÑORA AISHEMBERG.- Quiero agregar que el empresario, antes de perder el negocio, prefiere bajar el precio para mantener el mercado porque, una vez que sale, desaparece y lo ocupa otro. Esto sucedió en distintos momentos de baja de  exportaciones por la situación de los mercados o por diferentes problemas en el mundo, por ejemplo, porque a los países que exportadores  petróleo les bajó el precio y, como no podían comprarnos tanto como hubiéramos querido, nos pedían que bajáramos los precios. Entonces, el empresario mide todo esto, pero también tiene que hacer una baja de costos a la interna para ajustarse y poder mantenerse en ese mercado. La alternativa es que no baje el precio como se le pide, con lo que pierde el mercado.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Cuando hablamos de la rigidez del mercado laboral, nos referimos a varias cosas. Por ejemplo, los consejos de salarios son sectoriales, pero como hay mucha heterogeneidad entre las empresas que conforman un mismo sector –hay empresas chicas y grandes–, nos parece que a veces sería mejor que las negociaciones sean a nivel de empresa para evitar que un sector llegue a un acuerdo que no sea favorable para todas. Si bien hay posibilidades de  salirse, sería mejor algo más flexible. Además, las nuevas tecnologías van permitiendo otras formas de trabajo, nuevas formas de empresas y de mercado laboral en general, por lo que las normativas deberían adecuarse a estas situaciones.

Entonces, se trata de adecuarse más a las nuevas tendencias y también a las situaciones de las empresas. Cuando se dan estas circunstancias coyunturales y la empresa ya tiene firmado un acuerdo por determinada cantidad de años, quizás haya algo puntual que  no se quiera bajar, pero debe haber mecanismos que reconozcan esas situaciones diferentes y permitan, por unos meses, hacer algo distinto. Nos estamos refiriendo a ese tipo de flexibilidad en los acuerdos y en los contratos laborales que permita adecuarse a las distintas situaciones. Como decíamos, el empresario también se tiene que adecuar a los cambios en el mercado; por eso en el índice de competitividad global que calcula el Foro Económico Mundial hay un montón de indicadores vinculados al mercado laboral que tienen que ver con el relacionamiento trabajador–empresario, con la facilitad de contratar y despedir trabajadores, y con la forma en que se acuerdan los salarios a nivel de empresa. Todos esos factores inciden negativamente y nos tienen en un nivel muy bajo en el ranking de competitividad global en este aspecto.

SEÑORA AISHEMBERG.-  Por este tema estamos muy en contacto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hemos sido invitados por el señor ministro a participar de una asesoría como grupo privado para trabajar en distintos temas. Estamos trabajando con el PIT – CNT y con algunas cámaras, aportando ideas.

Por otro lado, tenemos un muy buen relacionamiento con el PIT-CNT. Estuvimos en La Huella de Seregni hablando sobre flexibilidad laboral y quedamos en seguir avanzando y aportando ideas.

También esta semana estuvimos visitando la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas para hablar de estos temas. Es decir que todo lo que les estamos presentando aquí también lo hemos planteado a nivel del ministerio y del PIT-CNT.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Se mencionaba que el déficit actual no iba a aumentar porque el incremento de gastos estaba financiado por mayores ingresos, pero la preocupación pasa porque esos mayores ingresos están atados a un aumento del PIB que no está del todo claro que se produzca. Nuestro temor es que ese crecimiento no se registre, que los ingresos adicionales no estén –también se basa en las utilidades del Banco República, que hay que verificar–, y que luego el aumento del gasto no esté financiado y se busque otro tipo de financiamiento que termine afectando a las empresas. Esta es nuestra preocupación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos mucho su presencia en este ámbito.

(Se retiran de sala las representantes de la Unión de Exportadores del Uruguay).

 (Ingresan a sala los representantes de la Asociación de Funcionarios Policiales en Actividad y Retiro de Administración Central – Sindicato Policial, SUPU).

                –La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a los representantes de la Asociación de Funcionarios Policiales en Actividad y Retiro de Administración Central – Sindicato Policial, SUPU. En el día de hoy nos acompañan Luis Clavijo, presidente; Roberto Cardozo, vicepresidente; Jorge Clavijo, secretario nacional, y Gustavo Magariños, asesor economista.

                Les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR CLAVIJO (Luis).- Si bien en la carpeta que hemos traído a la comisión está ordenado el tema, vamos a hacer una breve reseña. A tal efecto, pediría al señor Magariños que aborde el tema económico.

SEÑOR MAGARIÑOS.- Muchas gracias por recibirnos.

                Voy a tratar de ser lo más breve posible.

                No soy policía, pero tal como figura en la presentación, asesoro económicamente al sindicato desde hace muchos años. Quiero trasmitir mi percepción sobre la realidad del funcionario policial, tratando de darle una mirada integral porque me preocupa cómo se vienen desarrollando los acontecimientos.

                Sin duda alguna, en los últimos años las remuneraciones de los policías han acompañado el crecimiento de los salarios en el país. Esto lo considero valioso, pero aún resulta insuficiente si tomamos en cuenta las condiciones salariales que existen en la policía, prácticamente desde su fundación, hace doscientos años, con sueldos sumamente sumergidos. En los últimos años ha habido una mejora en el salario real, pero existe una creciente preocupación por la evolución que se está registrando este año, ya que según el Instituto Nacional de Estadística, los policías han perdido un 2 % de su salario al cierre del mes de julio. Además, nosotros estimamos que como mínimo va a llegar a un 4 % a fines de este año, por los motivos que ya todos conocemos, como la evolución del dólar y la tasa de inflación, que en los últimos doce meses tomados a julio, ya estaba por encima del 8 %, cuando el ajuste salarial fue del 6,5 %; es decir, prácticamente un 2 % de pérdida.

Más allá de eso, hay otros factores que también son importantes, que nos preocupan profundamente como, por ejemplo, la situación de los policías con respecto al fondo de vivienda. Desde el año 1967 se les hace un descuento en el salario para este fondo; en la actualidad esa retención es del 1 % del salario nominal. Lo cierto es que los policías, que son los propietarios de esos fondos, no han podido acceder a la información respecto a cuánto dinero hay, en qué cuentas está, cómo se administra y ejecuta; no hay ningún tipo de información.

                Hay una comisión de vivienda en la que los funcionarios prácticamente no tienen voz y mucho menos voto; tampoco hay una mecánica de funcionamiento sistemático, con reuniones periódicas y queda librada al Ministerio del Interior la decisión de cuándo y cómo reunirse y cuáles son los temas a tratar. Por lo tanto, en la práctica la comisión de vivienda sigue sin funcionar y esta es una reivindicación de hace bastante tiempo.

                En lo personal, algo que me llama poderosamente la atención –posiblemente no lo entiendo– es que ese fondo es administrado mediante un fideicomiso por la Corporación Nacional para el Desarrollo. En principio no entiendo por qué tiene que ir a un fideicomiso, pero supongamos que hay motivos valederos que lo justifican. Ahora, este fideicomiso cobra el 3 % más IVA de los fondos ejecutados; cada vez que se hace una obra, cobra un 3 % del total. Además –y esto me parece insólito–, cobra el 20 % del rendimiento financiero de esos activos. O sea que si pensamos en términos de negocios, a la Corporación Nacional para el Desarrollo le sirve más que no se ejecute nada a que se hagan las obras. Entonces, ahí hay dos aspectos que no llego a entender. Uno de ellos es el vinculado a la administración del fondo, que por ley tendría que ser administrado por la Secretaría de Asuntos Sociales del ministerio. Además, debería ser auditada anualmente, pero nunca vimos una auditoría. También se traslada este fondo a un fideicomiso que cobra honorarios que están bastante por arriba de la media del  mercado de cualquier cobro de fideicomiso, más aun considerando el monto del que estamos hablando.

                Estuvimos haciendo cuentas a lo gallego –y hago uso de esta expresión con todo respeto– y más o menos calculamos que debe rondar los USD 8:000.000 o USD 9:000.000. Sin embargo, el funcionario policial no puede tener una representación para saber dónde están los fondos y evaluar conjuntamente con el ministerio o el Poder Ejecutivo cómo administrarlos y ejecutarlos para hacer obras y resolver un problema básico para los policías. En la actualidad más de mil policías están en situación de emergencia en relación a la vivienda, cuando hay fondos a los que no acceden. Además –y esto lo van a encontrar en la carpeta que les vamos a dejar–, el Ministerio del Interior tiene terrenos y pensamos que en la rendición de cuentas se podría incorporar un artículo que permitiera cederlos para la construcción de cooperativas de policías; al menos para los que están en situación de emergencia.

                Resumiendo lo dicho hasta ahora, este planteamiento no solo tiene que ver con dinero, sino que va mucho más allá. He aprendido que el funcionario policial valora en su profesión dos o tres aspectos: el primero, y más importante, es estar capacitado y profesionalizado –aquí también hay falencias, pero ese es otro tema–; el segundo es el tema económico –que ya he planteado–, y el tercero es la preocupación generada por la escalada de delitos violentos, tal como es de conocimiento de todos. El policía se encuentra obligado a dar la vida –como dice la nueva ley orgánica–, estando o no en servicio, en un marco de violencia cada vez más extrema. Por otra parte, tiene fondos propios a los cuales podría acceder para desarrollar planes de vivienda, pero no puede hacerlo. También les preocupa la pérdida paulatina del salario real, situación que queremos plantear aquí para que la tomen en cuenta en esta rendición de cuentas.

SEÑOR CLAVIJO (Luis).- Quiero agregar que si bien reconocemos que los salarios han mejorado, cambió la ecuación. Hay más exigencias para ingresar –hoy lo estamos viviendo–, lo que nos parece bien, pero reitero que cambió la ecuación.

                Actualmente cualquier delincuente gana prestigio matando a un uniformado. Nos preocupa que estén incendiando y robando domicilios de los policías; ojalá no sea una nueva modalidad. Eso nos genera una preocupación extrema porque esos grandes temas no se atienden con la diligencia correspondiente. 

                Por eso, como decía, la parte económica es importante,  pero queremos destacar la inseguridad que hay; lamentablemente, la sociedad ha cambiado y se ha perdido la autoridad. Les pedimos es tengan eso en cuenta. No se trata solo de aumentar los salarios –porque no solo de salario vive el hombre–, sino de comprender las condiciones de trabajo –a veces tremendas– que tenemos y que deberían verse reflejadas en la parte económica. Las condiciones no son las mejores, sobre todo a nivel de las cárceles y de bomberos; ni que hablar de la policía. Sé que se ha hecho un gran esfuerzo; nadie está diciendo que todo está mal, pero solicitamos que se vea la otra mitad del vaso.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la visita y estaremos en contacto. Tomamos nota respecto al fondo de vivienda y me comprometo a hacer alguna gestión para que haya una reunión en el ámbito del ministerio.

(Se retiran de sala representantes de la Asociación de Funcionarios Policiales en Actividad y Retiro de Administración Central – Sindicato Policial, SUPU).

 

(Ingresan a sala representantes de la Asociación de Funcionarios del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable).

                –En nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda damos la bienvenida a la Asociación de Funcionarios del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, representada por la doctora Alejandra Kun,  la doctora Anabel Fernández y el señor Joaquín Carrique.

SEÑORA KUN.- Soy investigadora y docente del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Venimos a hacer un planteo con los reclamos de la asociación de funcionarios del instituto.

                El instituto, desde el punto de vista de sus trabajadores, está dedicado a la investigación en biología básica y aplicada; produce aproximadamente ciento veinte publicaciones científicas anuales con referees, alrededor de doscientos cincuenta tesis de grado y de posgrado al año y ochenta cursos de posgrado; lo visitan alrededor de mil personas por año; recibe en el entorno de las cien colaboraciones internacionales y nacionales con diferentes tipos de instituciones y, por supuesto, la investigación se sustenta, no con fondos del Ministerio de Educación y Cultura, sino con fondos extrapresupuestales provenientes de la Universidad de la República, de la ANII y de organizaciones internacionales. El Ministerio de Educación y Cultura no destina un solo peso  para financiar las investigaciones del instituto.

                Para realizar  estas tareas de investigación que acabo de señalar se necesita un equipo de técnicos dentro de los que estamos los propios investigadores y un personal técnico especializado para tareas específicas asociadas a la investigación. De ese grupo de personas es del que vamos a hablar ahora.

                Si tomamos el 100 % de las personas que trabajan en el instituto, solamente el 31 %  está ocupando cargos presupuestados, es decir, cincuenta y ocho personas. Además hay una figura con contratos a término que representa aproximadamente el 43 % de los cargos. Luego hay trabajadores honorarios, generalmente jóvenes,  que representan el 26 % del total. Dentro del 43 %  de los contratos a término, hay diecinueve trabajadores –que son por los que venimos a plantear este reclamo– que, según la definición del actual consejo directivo, realizan tareas de apoyo a la investigación con carácter de permanente.  Pido que registren la palabra permanente  porque vamos a volver sobre ella.

Los funcionarios que no son presupuestados y que ocupan estos cargos –estas diecinueve personas con contratos a término– sufren lesiones de diferente tipo. Por ejemplo: desde el punto de vista de sus derechos básicos como trabajadores, están bajo la descripción  «horas docentes», dicho esto entre comillas. Se les pone nombre lindo a contratos chatarra que no generan ningún tipo de derechos ni antigüedad; tampoco se puede salir de garantía de  alquiler ni pedir un préstamo. Estamos hablando de sueldos miserables, que van desde los $  8.000 hasta  los $ 20.000 nominales, en el mejor de los casos. Son sueldos diferentes, pero a veces para cumplir la misma función o grado y, por supuesto, no existe en la institución ningún presupuesto destinado  a formar o continuar formando a esas personas, cuando en nuestra institución es algo absolutamente habitual y frecuente que el personal que trabaja y desarrolla investigación se siga formando.

                ¿Cuál es nuestro reclamo? Lamento mucho que no permitan realizar la presentación en PowerPoint porque todo esto está ordenado. Estamos reclamando la regularización de estos diecinueve trabajadores –algunos de ellos llevan once años en esta situación, otros ocho y, los que tienen menos, ya llevan tres años– con asignación de horas docentes,  pero que realizan una tarea permanente. Este reclamo tiene, para esta rendición de cuentas, costo cero; no hay que poner un peso.

                ¿Cuál es el fundamento del reclamo?

SEÑOR CARRIQUE.- Soy uno de los diecinueve afectados y hace casi ocho años que estoy en la institución. Voy a mencionar los fundamentos.

El texto ordenado de la norma sobre funcionarios públicos –Tofup– establece, en el artículo 120, lo siguiente: «Condiciones para el ejercicio de la función pública. Declárase que el ejercicio de la función pública en tareas permanentes deberá efectuarse en cargos presupuestales y bajo el sistema de la carrera administrativa, de acuerdo con las normas constitucionales y estatutarias vigentes».

¿Qué tareas realizan los diecinueve trabajadores? Actualmente tenemos tres administrativos, siete especialistas –entre los cuales está informática, cuidado de animales, comunicación–, uno en mantenimiento general –que sería el intendente–, siete técnicos de plataformas –microscopía e invernáculos– y un abogado. Estas tareas son necesarias para el funcionamiento básico del instituto, por lo que son consideradas de actividad permanente para el consejo directivo. Se denominan, generalmente, como tareas de apoyo a la investigación.

                Los diecinueve cargos ingresaron por concurso, de diferentes maneras y con diferentes consejos directivos del instituto. En todos los casos se ingresó por concurso, ya sea de méritos como de méritos y oposición. Hemos tenido evaluaciones positivas en todos estos años en hemos estado efectuando tareas permanentes dentro de la institución. Básicamente hablamos de 2 a 11 años, pero eso es relativo porque con el paso del tiempo hay compañeros que hace más de 3 a 12 años que están dentro de la institución realizando tareas permanentes con contratos que, en algunos casos, por ser de horas docentes, han llegado a ser de 3 meses, 6 meses, hasta un año; además en el proceso a lo largo de estos años en que han estado trabajando, este tipo de recontrataciones ha variado.           Se han capacitad para cumplir con estas tareas y funciones. Por ejemplo, desde que estoy en la institución he realizado mi carrera en infraestructura y estoy terminando en este mes una especialidad en UNIT sobre seguridad en la información. Por ello durante todo este tiempo he actualizado mi legajo. Para tener una referencia, otros compañeros han realizado otro tipo de capacitaciones.

                Actualmente tenemos instalada una mesa bipartita entre el sindicato y el consejo directivo, que apoya la regularización de estos diecinueve cargos.

                Entre los antecedentes queremos destacar que esta situación se ha visto contemplada en otras unidades ejecutoras del MEC. Me refiero a la regularización a través de provisoriatos. La Dirección Nacional de Cultura, los centros MEC, la secretaría del MEC y otros ministerios, como el Mides, han regularizado cargos sin realizar llamados abiertos, a través de provisoriatos. En estos casos se ha regularizado al  personal con diversas formas contractuales, de igual manera a lo que nosotros solicitamos.  

                Parte de los fundamentos también radican en la Ley n.º 19121, de regulación del estatuto del funcionario público de la Administración central, donde se establecen mecanismos para hacerlo. Como mencioné anteriormente, es el caso del provisoriato.  Se dispone lo siguiente: «A los efectos del presente estatuto se considerarán disposiciones transitorias y especiales las siguientes: A) Facúltase al Poder Ejecutivo a contratar bajo el régimen del provisoriato establecido por el artículo 50 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, a quienes se encuentran contratados a la fecha de vigencia de la presente ley, al amparo del contrato temporal de derecho público».

                ¿Qué mensaje aparece en la rendición de cuentas? En un principio se lo trabajó en el que era artículo 171, que dice lo siguiente: «Reasígnanse en la Unidad Ejecutora 011 “Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable”, Programa 240 “Investigación Fundamental”, los créditos presupuestales del Objeto del Gasto 051.001 “Horas docentes” a fin de financiar la creación de los siguientes cargos que se mencionan a continuación». Estos últimos son los que mencioné anteriormente: 3 cargos administrativos, 7 especialistas, 1 oficial, 5 técnicos y 1 profesional. Y el artículo continúa diciendo: «La reasignación de los créditos será realizada en forma definitiva una vez efectuadas las designaciones en los cargos vacantes que se crean, por el importe necesario para financiar las mismas.

El personal que a la fecha en que deban efectuarse las reasignaciones dispuestas, se encuentre prestando funciones financiadas con los créditos a reasignar, cesará en las referidas funciones.

Las reasignaciones que se realicen al amparo del presente artículo, deberán contar con informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas».

                En ese momento, figuraban diecisiete cargos. Se hizo una rectificación y, en total, son diecinueve. Hay una pequeña corrección que dice que se faculte al Poder Ejecutivo a contratar bajo régimen de provisorato a quienes en la actualidad se encuentran desempeñando tareas permanentes con asignaciones de horas docentes en la Unidad Ejecutora 11 –Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable– del

inciso 11 –MEC–, creando los cargos necesarios mediante la transformación del rubro horas docente. Como decía la compañera, esto tiene gasto cero en la rendición de cuentas. El gasto de las horas docentes de los sueldos que se están pagando actualmente pasaría a los cargos.

                Como mencioné anteriormente, la diferencia en los números de los trabajadores fue de diecisiete a diecinueve.

                El reclamo que viene desde la Cámara de Representantes está bajo la órbita del artículo 169 de la rendición de cuentas y ha tenido algunas modificaciones. Esto se debió a la intervención de la directora general que dice que los cargos no fueron concursados.

SEÑOR OTHEGUY.- Estoy viendo el artículo 169 a través del cual se crean tres cargos de administrativo VI, siete de especialista VIII, uno de oficial VII, siete de técnico VII y  un profesional XII. 

                ¿Esto contempla lo que ustedes están planteando?

SEÑOR CARRIQUE.- En parte sí, porque queremos hacer énfasis en el método de regularización de las personas y no de los cargos. Queremos regularizar personas y no cargos porque creemos que en todo este tiempo se vulneró y –entre comillas– se «engañó»  a las personas que actualmente están ocupando esos cargos.

SEÑOR OTHEGUY.- Lo que plantean, entonces, es regularizar los diecinueve trabajadores y no la estructura funcional que refleja este artículo.

SEÑOR CARRIQUE.- Queremos que sean regularizadas esas diecinueve personas con esta estructura y no los cargos.

SEÑOR OTHEGUY.- Está claro.

SEÑORA KUN.- Permítanme hacer una aclaración.

                Nuestro reclamo inicial en la Cámara de Representantes fue regularizar los cargos, como lo indica la ley, a través de los provisoratos. Luego, en la rendición de cuentas la directora general del Ministerio de Educación y Cultura dijo que el reclamo de los trabajadores que habían ingresado por concurso era ilegal. Si observamos el artículo 169, vemos que después de la tabla dice que se llame a concurso abierto, es decir que no es provisorato. Y se hace la siguiente aclaración que no es menor: «En la designación de los cargos creados en el inciso anterior tendrán prioridad los funcionarios del Instituto que hayan ingresado por concurso».

                Es decir que para los llamados que van a ser abiertos –que no van a ser por provisorato, porque no lo logramos– se incluyó ese texto que, de alguna manera, protege a estos trabajadores que no están haciendo un reclamo y que fueron engañados durante doce años, en algunos casos, diciéndoseles que iban a ser contratados porque estaban desempeñando tareas permanentes, que se les evaluaba positivamente, que se les renovaría el cargo y que se los volvería a contratar. Los trabajadores no están reclamando el perjuicio durante todos esos años a pesar de que bien lo podrían hacer. No están reclamando todo lo que perdieron durante su carrera administrativa, sino que se les presupueste.

                Por eso es que el señor Carriquire planteaba que el reclamo no es a las personas. También hay personas ocupando los cargos; estamos hablando de gente que tiene que dar concurso ahora y entonces se pone concurso abierto. ¿Y todo lo que ha trabajado hasta ahora y todo lo que ha servido a la institución hasta ahora no tiene ningún valor? Por eso es que a pesar de que no triunfó el provisorato, al menos se incluyó la aclaración de que tendrán prioridad las personas que ingresaron por concurso de oposición y méritos.  Ese punto es crucial.

SEÑOR CARRIQUE.- Quiero hacer una pequeña acotación.

                En la documentación que les acercamos, hay un par de actas del consejo directivo en las que figura en el número dos, punto cinco, y en el número cuatro del acta tres, un ejemplo de que esto ya se pidió. Es decir que esto ya tiene historia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les vamos a pedir que la presentación y la documentación que ustedes tengan la manden a la comisión. Lo pueden hacer por correo electrónico.

SEÑORA PAYSSÉ.- Quiero terminar de entender algo. Todo lo que explicaron está claro, pero acá hay dos cuadros. Quiero saber si este artículo 169, como viene de la Cámara de Representantes, al plantear 3, 7, 1, 7, 1 hay que corregirlo por 3, 8, 1, 6, 1, como ustedes lo proponen en el repartido que nos entregan.

SEÑOR CARRIQUE.- Hay un repartido que tiene un error tipográfico. En uno dice 8 y en otro dice 6, pero son 7 y 7.

SEÑORA PAYSSÉ.- Entonces, lo que viene de la Cámara de Representantes está bien.

SEÑOR CARRIQUE.- Igual está en la presentación el cuadrito nuevamente con los números 7 y 7.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos su presencia.

(Se retiran de sala los representantes de la Asociación de Funcionarios del Instituto Clemente Estable).

(Ingresan a sala los representantes de la Asociación de Defensores Públicos).

                –Le damos la bienvenida a la Asociación de Defensores Públicos: Reneé Mariño, prosecretaria; Mónica Gaggero, protesorera; Joaquín Gamba, vocal.

                Les damos la palabra.

SEÑORA GAGGERO.- Muchas gracias por recibirnos.

Quiero aclarar que la doctora Adriana Berezán, no ha podido venir porque en este momento se encuentra en Santiago de Chile, en el VIII Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que se hace, además, en conmemoración a los 40 años de la Corte Interamericana y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la que ha participado –y sabemos que en muy buena forma– el doctor Pérez Manrique por Uruguay.

                Vamos a hablar, concretamente, del servicio de la defensoría pública en el proyecto de Rendición de Cuentas. En oportunidad de que la corte estaba elaborando el proyecto, la asociación le hizo llegar aspiraciones a la Suprema Corte de Justicia, y esta solo tomó algunas. Estas aspiraciones, a su vez, no fueron tomadas en cuenta después por el Poder Ejecutivo, pero de todas formas queremos destacar los artículos que la Suprema Corte de Justicia había solicitado.

                En el artículo 2.º solicitaba un crédito para situaciones puntuales ante ausencia temporaria o acefalía del cargo de defensores públicos, siempre que no fueran cargos de ascenso o que estuvieran en proceso de concurso, que no hubiera finalizado.

                En el artículo 10.º se hablaba de retribución del cargo de defensor adjunto que había sido creado para el escalafón 7 y que nunca se proveyó. Además, pedía la creación de 33 cargos para distribuir en Montevideo e interior para el caso de que comenzara a regir en la forma que estaba prevista la llamada ley de violencia de género. Ninguno de estos tres artículos los tomó el Poder Ejecutivo, haciéndose lugar exclusivamente a los artículos 232 al 240. Uno de ellos refiere a la implementación del sistema Audire, y el otro a los acuerdos celebrados entre la Asociación de Funcionarios Judiciales y la entidad, generados por la Ley n.º 19625.

Lo que sí queremos recordar es que en la torre ejecutiva se planificó la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal y se acordó que se crearían los cargos mínimos e indispensables para la puesta en funcionamiento del código. Es así que el 1.º de noviembre ingresaron en calidad de defensores públicos 56 personas que fueron distribuidas entre Montevideo y el interior.

¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Desde que ha sido puesto en práctica este código nos hemos dado cuenta                 de que este mínimo imprescindible, en realidad, es menos del mínimo, ya que se hubiese necesitado más, por varias razones. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de que estamos con dificultades graves tanto en Montevideo como el interior para hacer suplencias. Si, por ejemplo, un defensor se enferma hay que cubrirlo entre los que quedan y eso realmente se siente. Estamos con problemas, incluso, para pedir nuestras licencias porque si hoy decidiera pedir una licencia de 15 días tendría que arreglar, de alguna manera, con un compañero y tendría que trabajar durante tres semanas prácticamente de turno para después tomarla. O sea que deja de ser una verdadera licencia.

                En el interior se da una situación diferente a la de Montevideo y quizás peor. Justamente, me acompaña el doctor Gamba que es defensor de Tacuarembó y si es necesario podrá contarles cómo se vive allí. Sucede que los defensores de otra materia tienen que cubrir en materia penal y con el sistema de audiencias que tenemos actualmente se hace muy difícil que los compañeros de otras materias cubran a los defensores penales, porque esto implica, además, desatender los otros temas que no son menos importantes. Sucede que las defensorías en el interior atienden muchísimos casos de derecho de familia, civiles y desalojos, y de repente se ven obligados a tener que cubrir en materia penal. Eso se agrega a otro tema que es la imposibilidad de que los defensores que han trabajado, por ejemplo, sábado y domingo, a la semana siguiente no tengan el descanso semanal correspondiente porque no pueden dejar desprovisto el resto de los cargos. Por ese motivo la asociación ha pedido, en varias oportunidades y lo volvemos a reiterar, la creación de cargos.

                En el planteo que hicimos a la Suprema Corte de Justicia rescatamos el artículo 398 de la Ley n.º 17930 que crea el servicio de la defensoría pública en el escalafón 7 dentro del presupuesto del Poder Judicial y en el que también se establece el cargo de defensores públicos adjuntos que vendría a ser un cargo a medio camino entre un defensor público y un procurador. Le recordamos a la corte esta situación y fue motivo por el que incluyeron este cargo, que es un poco menos costoso, en su proyecto de rendición de cuentas.

                Como dijimos, la situación de Montevideo es una y si bien estamos mejor también es cierto –por lo menos en materia penal, que es lo que a mí concierne y por eso puedo hablar con propiedad– que las fiscalías siguen incrementando no solo su número, sino su calidad en el tema de investigación. Nosotros a veces nos vemos un poco retrasados. Todavía nos falta mucho, fundamentalmente empezando por el tema de los recursos humanos.

En definitiva, lo que nosotros venimos a denunciar aquí es la ausencia de defensores y, en el interior, también de funcionarios. Por ejemplo, actualmente estamos denunciando que en la defensoría de Río Branco no hay un solo funcionario administrativo, o sea que todas las tareas, sean del tipo que sean, las van a hacer los defensores.

 

                A todo esto hay que sumarle la implementación –tal como está prevista– de la nueva Ley n.º 15580, Violencia hacia las mujeres, basada en género. Como la competencia de estos casos aún no fue asignada a los juzgados de familia especializados, la parte penal la continúan ejerciendo los juzgados penales. Por tanto, esas defensas las estamos asumiendo también los defensores penales.

Quiero aclarar que no por casualidad, sino por si tienen alguna pregunta que formular, me acompaña la doctora Reneé Mariño, quien trabaja en Montevideo, en los juzgados de familia especializados.

                En definitiva, el planteamiento de la asociación se basa en lo que supuestamente queremos todos, que es que el servicio de la defensoría pública sea de buena calidad, en atención a nuestros usuarios. Para ello, venimos a solicitar que se considere la creación de cargos de defensor público o de defensor público adjunto, a los efectos de que haya una suerte de defensores suplentes, así como tienen los jueces. Cuando ellos piden licencia los suple otro juez; o sea, no lo subroga el juez de la sede de al lado sino que tiene un suplente.

                Muchas gracias por atender nuestro planteo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hemos recibido su inquietud.

                Muchas gracias por su presentación.

                No habiendo más audiencias previstas en horas de la mañana, se levanta la sesión.

(Son las 12:52).

Material aportado por las delegaciones