COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA

(Sesión celebrada el día  30 de agosto de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:12).

                –Le damos la bienvenida a la delegación de Presidencia de la República, integrada por el prosecretario, doctor Juan Andrés Roballo, el doctor Diego Pastorín y el contador Juan Serra, y a los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, su director, doctor Alberto Scavarelli, la subdirectora, doctora Gabriela Hendler, la licenciada Analía Corti, la doctora Magela Pollero y la contadora Celia Tiscornia.

Ahora paso a nombrar a los cabezas de las delegaciones, a quienes les damos la bienvenida también. Por la Ursea, su presidente, ingeniero César Falcón; por la Ursec, su presidente, ingeniero Gabriel Lombide; por la Agesic, su director, ingeniero José Clastornik; por la OPP, su subdirector, licenciado Santiago Soto; por el INE, su directora, economista Laura Nalbarte; por la Secretaría Nacional de Deporte, su secretario nacional, profesor Fernando Cáceres; por la Junta Nacional de Drogas, el licenciado Diego Olivera; por el Sinae, su director, magíster Fernando Traversa; por la Unasev, el secretario general, señor Adrián Bringa; Por la ACCE, su coordinador general, licenciado Daniel García Azpiroz; por la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, su secretario general, ingeniero Carlos Colacce, y por la Senaclaft, su secretario nacional, contador Daniel Espinosa.

SEÑOR ROBALLO.- Buenas tardes.

Como siempre, es un gusto comparecer ante el Parlamento para tratar los temas vinculados a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. En esta ocasión, el inciso no tiene demasiados artículos, pero consideramos que son importantes.

                No sé cuál es la metodología de trabajo que tiene la comisión. Nosotros vamos a requerir la intervención de los diferentes integrantes de la delegación –si el señor presidente no tiene inconveniente– para que, de acuerdo con sus competencias, puedan ir explicando el articulado. Evidentemente, quedamos a disposición de los señores senadores para que nos hagan todas las preguntas que entiendan pertinentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el prosecretario, señor Roballo, para que nos explique cómo se va a hacer la presentación del articulado.

SEÑOR ROBALLO.­- Los artículos que van del 15 al 27 corresponden a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. Le voy a solicitar al doctor Pastorín, director general de presidencia, que los explique.

SEÑOR PASTORÍN.- Buenas tardes. Es un gusto estar en la comisión intercambiando sobre los artículos de la agencia de compras estatales. Voy a hacer una breve referencia a los artículos, y si necesitan una respuesta más amplia hay otros integrantes del equipo que podrán evacuar sus dudas.

Para fundamentar el artículo 15, quiero decir que la agencia de compras contó con el asesoramiento del Instituto de Derecho Administrativo de la UdelaR para la redacción que se propone. Se busca simplificar los mecanismos de regulación de las compras públicas así como fortalecer el sistema de contratación del Estado mejorando las competencias de evaluación y seguimiento del órgano rector, y el asesoramiento a los órganos competentes, tanto en la gestión como en la definición de políticas. Se busca también generar mecanismos de trazabilidad en el desempeño del sistema que permite una toma de decisiones con la toma más completa que sea posible. Se entendió que en la redacción actual existen dificultades para la obtención de información de desempeño y rendición de cuentas, así como la prevalencia de inconsistencia en la proposición de normas, debido a las distintas fuentes generadoras de las mismas. Por lo tanto, entendemos que con la redacción propuesta la norma es mucho más clara, de acuerdo con las competencias para la toma de decisión y para contar con la información necesaria por parte de la agencia.

                El artículo 16 se enmarca en la necesidad de aclarar que ninguna carta orgánica de organismo alguno puede disponer procedimientos contrarios a los principios generales de la contratación. Si bien esto ya se aplicaba, se entiende que la aclaración no es redundante, dado que ha habido consultas de parte de algunos organismos internacionales respecto a la vigencia de esto. Por lo tanto, en la redacción se expresa a texto expreso que no podrá interpretarse que ninguna carta orgánica brinda libertad a organismos para regular por fuera de estos principios.

                En el artículo 17 la norma actual no obliga a que los procedimientos con financiamiento de préstamos con organismos internacionales se publiquen en el portal de compras estatales, como ya es obligación publicar cualquier otro procedimiento. De esta manera se busca ampliar la información que se publica permitiendo nutrir de mayores insumos para el análisis y desempeño del sistema, pudiendo asesorar en la toma de decisiones con información más completa.

                El artículo 18 refiere a los contenidos del pliego particular. Sin embargo, los criterios de evaluación se encuentran actualmente dispersos en dos artículos distintos: el 48 y el inciso tercero del artículo 68 del Tocaf. En el literal C) del artículo 48 se refiere a la posibilidad de determinar factores de evaluación, así como la ponderación de cada uno de ellos; en tanto que el inciso tercero del artículo 68 del Tocaf refiere a la posibilidad de exigir requisitos mínimos y, posteriormente, adjudicar en función del factor precio u otro elemento cuantitativo. En esta propuesta se plasman en el mismo artículo ambas alternativas que hacen a la misma instancia en el proceso de contratación. Se mejora la redacción para dar certeza jurídica de que todo aquello que esté contenido en RUPE no deberá ser requerido nuevamente a los oferentes y adjudicatarios de los procesos de contratación.

                El artículo 19 busca dar rango legal a las posibilidades de excepciones a la inscripción como proveedor del Estado. La razón de que existan estas excepciones, que básicamente refieren a los contratos de montos muy reducidos o contratos con proveedores extranjeros no radicados en el país, es que, de lo contrario se esgrimen fuertes barreras para contratar con el Estado, esto es que se dificulta el acceso de algunos proveedores que por sus características estructurales se encuentran más rezagados en el acceso y para que el costo transaccional de inscripción supere los beneficios alcanzados reduciendo la concurrencia y, consecuentemente, la eficiencia en la adquisición.

                El artículo 21 refiere a una excepción que introduce el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para contratar servicios con asociaciones profesionales gremiales sin fines de lucro. El objetivo de la norma es evitar la contratación directa de profesionales mediante arrendamiento de obra, como por ejemplo la contratación de arquitectos a través de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, y de escribanos a través de la Sociedad de Escribanos del Uruguay.

                El artículo 22 tiene que ver con la contratación de instrumentos financieros derivados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera aclarar al doctor Pastorín que en la mañana de hoy estuvo presente la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas y el economista Kamil ya fundamentó este artículo.

SEÑOR PASTORÍN.- Perfecto.

                El artículo 23 está vinculado a dotar de agilidad a la contratación de servicios de salud provistos por entidades extranjeras fronterizas en el marco de un acuerdo internacional, Ley n.º 18546, «Nacionales fronterizos uruguayos y brasileños. Prestación de servicios de salud».

                En el artículo 24 se amplía el alcance de la causal que habilitaba al Ministerio del Interior a abastecer a los establecimientos carcelarios mediante la adquisición directa a cooperativas de productores, en tanto la contratación se realice mediante convenios con los gobiernos departamentales, los organismos del Poder Ejecutivo y los organismos del 220 de la constitución. El objetivo es mejorar el acceso al mercado del público de cooperativas de productores.

                El artículo 26 dice: «Las modificaciones hechas en la presente ley a disposiciones del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) se entienden hechas a las normas legales que les dieron origen».

                El artículo 27 está vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Fue fundamentado también esta mañana.

SEÑOR ROBALLO.-  Si están de acuerdo, para referirse a los artículos 28 y 29 también le cederíamos el uso de la palabra al señor Pastorín.

SEÑOR PASTORÍN.- Mediante el artículo 28 se crean en el inciso Presidencia de la República los cargos de Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología y Secretario Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático.  Estas secretarías ya habían sido creadas en la ley de presupuesto pero no habían sido creados sus cargos, lo que sí se intenta hacer con el artículo propuesto.

                El artículo 29 refiere a una compensación por funciones especiales que se propone para funcionarios de presidencia.

SEÑOR AMORÍN.- Se ha hecho referencia a los artículos con una velocidad importante.

                Quiero hacer una consulta con respecto al artículo 21. En ese artículo se hace una nueva vulneración o una excepción más a los principios del Tocaf, habilitándose a un ministerio a contratar en forma directa –es decir, fuera de la competencia o fuera de las normas del Tocaf– servicios, cualquiera sea su modalidad, con asociaciones de profesionales gremiales sin fines de lucro. ¿Cuál es el fundamento de esto?

SEÑOR PASTORÍN.- Esta es una propuesta hecha por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a los efectos de poder realizar contrataciones con las gremiales técnicas. Como decía anteriormente, esto está vinculado  con la Asociación de Arquitectos del Uruguay para poder conveniar y contar con los servicios de los agremiados desde el punto de vista técnico. Los ejemplos que nos daban eran el de los arquitectos y el de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Un ejemplo se puede dar cuando se quieren regularizar grupos de vivienda, como puede ser el caso de los SIAP, que se han venido regularizando y de repente hay 500 escrituras para realizar. En el pasado lo que se ha hecho fueron acuerdos con la Asociación de Escribanos del Uruguay para que el notariado novel –como se le dice– pudiera hacer sorteo con los escribanos recién egresados a los efectos de que pudieran realizar esas escrituras, acordando un honorario para esa tarea y así disminuir en forma importante los costos que llevaría, por ejemplo, hacer 500 escrituras. Esas son situaciones que se han planteado y realizado en el pasado, por ejemplo, con la regularización de complejos habitacionales, y en un número importante. A veces hay un período largo para su construcción y otro para su regularización, para que se llegue a identificar quién es el beneficiario de esa vivienda; tardan algunos años y cuando hay que regularizar existe un número importante de actuaciones profesionales. Se ha recurrido, por ejemplo, a convenios con la Asociación de Escribanos del Uruguay para que el notariado novel lo lleve adelante, acordándose un arancel especial para esa tarea. Estos son los argumentos que se manejaron por parte del ministerio para introducir esta excepción. Y me imagino que sucede lo mismo para el acuerdo con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay para llevar adelante tareas de asesoramiento y consultorías.

SEÑOR AMORÍN- Está claro que el fundamento de la norma es dar algún beneficio a estas asociaciones de profesionales gremiales sin fines de lucro y se entiende que está bien hacerlo. Pero pregunto: ¿Por qué solo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? Hay un artículo del Tocaf que dice que hay excepciones. Hoy de mañana comentábamos que hasta hace poco era en letras, pero ahora empezamos con números porque no alcanzaron las letras para todas las excepciones que hay. Da la impresión de que en materia legislativa alguien dice: «Tengo ganas de contratar con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Vamos a darle una más al Tocaf». ¿Por qué no se hace una cosa en serio? ¿Por qué solo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? ¿Por qué no al resto? Es una reflexión que hago.

SEÑORA AYALA- Simplemente quería comentar, a modo de ejemplo, que en las intendencias pasa frecuentemente que hay que regularizar no solo grupos habitacionales sino también asentamientos irregulares, que ya llevan sus años. La gente vive en ese lugar, se han regularizado, pero muchas veces hay que empezar a trabajar en lo referente a los predios para lograr, en algún momento, la titularización y entregarle el título a la familia. En este sentido el trabajo que se ha hecho contratando a las asociaciones sus servicios ha facilitado mucho la tarea y también le ha dado una velocidad al trabajo bastante diferente a si se hubiese hecho un llamado y se hubiera contratado puntualmente algún profesional.

                Tengo entendido que ha dado buenos resultados, por lo menos en las intendencias, y creo que el ministerio también pretende hacerlo de esta manera.

SEÑOR AMORÍN- Estoy de acuerdo con que es mucho más ágil contratar directamente que hacer una licitación. Eso es obvio. Siempre es más ágil. En eso estamos de acuerdo; pero también hay menos controles.

SEÑOR PRESIDENTE- Quiero dejar una constancia. En primer lugar, comparto el artículo 21. No es una norma abierta, un cheque en blanco, sino una herramienta para desarrollar políticas públicas. Es una referencia en cuanto a que se habilita a hacer este tipo de convenios con ciertas asociaciones civiles sin fines de lucro –como hizo mención el director Pastorín– como la Sociedad de Arquitectos del Uruguay o la Asociación de Escribanos del Uruguay. Realmente, creemos que es una buena herramienta. Quería dejar esa constancia.

SEÑOR AMORÍN.- No son esas dos. Acá dice asociaciones de profesionales gremiales sin fines de lucro, no Sociedad de Arquitectos del Uruguay y Asociación de Escribanos del Uruguay; no es tan limitado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Según cómo lo vea.

SEÑOR AMORÍN.- Es lo que dice el proyecto de ley.

SEÑOR MICHELINI.- El propósito es bien noble y tal como fue trasmitido merece más apoyo.

Las excepciones deberían ser excepciones y no la regla. Entonces, el planteo que uno se hace es si esto, tal como está escrito, no deja abierta la posibilidad a que después ocurran otras cosas. Digo esto solo a modo de reflexión. Después nosotros analizaremos con más cuidado la norma y, en caso de que se abra el proyecto de ley de rendición de cuentas en esta cámara, veremos si es posible encontrar una redacción más precisa para que quede establecida como excepción para evitar que en unos años –quizá ninguno de los que estamos aquí estemos– alguien use una redacción cuyo fin en principio es noble pero aparece no circunscripta a las asociaciones profesionales gremiales vinculadas al ministerio. Esa es la duda que tenemos.

SEÑOR ROBALLO.- En el mismo sentido de lo manifestado por el señor presidente, aquí no estamos hablando de vulneración de ninguna norma porque se está presentando un proyecto de ley, que se sancionará o no. Se trata sí de incluir una excepción en el efectivamente extenso inventario de excepciones que el Tocaf ha tenido a lo largo de toda su historia, con el fin de adaptarse a la realidad de cómo funciona el Estado en su relación con los ciudadanos, con las instituciones públicas y privadas, etcétera. Este no es un artículo antojadizo y tiene, a nuestro juicio, los componentes necesarios que tienen las otras excepciones y el Tocaf. Es una norma de excepción con un componente que es bien importante para limitar su utilización como son las asociaciones civiles sin fines de lucro. Ahí ya se están excluyendo a priori una cantidad de organizaciones que podrían no cuajar en una excepción de estas características. Como se ha expresado aquí por parte del director general y miembro de la Agencia de Compras, esto se establece para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y no para otros organismos. No creemos adecuado que las herramientas excepcionales se establezcan con carácter general a todos los organismos de la administración. Aquí se establece para un ministerio concreto, relacionado con actividades concretas, y circunscripto a tipos de organizaciones concretas. Como todos sabemos no deberíamos poner el nombre concreto a la Asociación de Escribanos del Uruguay. El día de mañana podría ser alguna otra que cumpla esos fines o tenga esas características. Si bien admitimos que esto es opinable y discutible, en definitiva no hay ninguna intención espuria ni nada que se le parezca y tampoco una intención de abstraerse de los controles y de lo que establece el ordenamiento jurídico. Precisamente por eso se presenta este artículo.

SEÑOR AMORÍN.- En realidad, está bien que si hay una norma que lo permite, que exceptúa, no es vulneración de la norma. La impresión e información que tengo es que esta norma fue vulnerada en reiteración real. Esto que pide el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es porque ya lo hizo, no porque lo vaya a hacer. Repito, según la información que tengo, es que ya lo hizo. Y, por supuesto, tuvo observación por parte del Tribunal de Cuentas. Ya está hecho. Entonces, lo que se está haciendo es corregir una situación. 

                Por tanto, lo que le pedimos a la presidencia y a la secretaría de la comisión es que les comuniquen a las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para que, cuando concurran a esta comisión, sepan de antemano que vamos a hacerles esta pregunta y, de esa forma, nos traigan la respuesta a fin de que sepamos si ya hay casos en los que se hizo sin ley.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando vengan las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente vamos a tener oportunidad de dialogar acerca de esta propuesta del articulado.

(Intervención del señor senador Amorín que no se escucha).

                –Usted ya lo solicitó, señor senador. Quédese tranquilo.

                Tiene la palabra el señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Damos la bienvenida a la delegación de la Presidencia de la república y de las demás oficinas que allí funcionan.

                Como entre quienes nos visitan están los representantes de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, aprovechamos para preguntarles cuántos proveedores tiene inscriptos el registro, es decir, el total de proveedores. Además, nos gustaría saber cuántos ítems, rubros o artículos compra el Estado. Creo que esta es una información relevante, porque considero que desmitifica que tengamos cuarenta excepciones, como aquí se ha dicho.

                Comprendo la preocupación por ser eficientes en los controles, que el Estado trate de comprar bien y que la gestión estatal mejore en sus formas de compra, pero me parece que estamos mitificando algo que no es tan así. Por tanto, si fuera posible, me gustaría tener esa información.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR ROBALLO.- No la tenemos en este momento, pero con gusto remitiremos a la comisión la información solicitada por el señor senador.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite, señor presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Ya habían comentado el artículo 28.

                Si bien habitualmente hacemos un comentario general sobre la rendición de cuentas de cada uno de los incisos, vamos a anotarnos para hacer uso de la palabra al final, después de que ustedes comenten todos los artículos de Presidencia –digo esto porque los anteriores tienen un carácter general–, para evaluar la rendición de cuentas, ya que de eso se trata, no solamente de la ampliación presupuestal, sino también de la rendición, las planillas y qué números nos traen.

En cuanto al artículo 28, al que yo quería referirme, como el señor director venía haciendo una descripción muy rápida, no nos dio tiempo como para mirar el texto del artículo.

                Ese artículo establece dos nuevos cargos de confianza en dos nuevas Secretarías de Estado que ya fueron votadas en otras rendiciones de cuentas. Me refiero al secretario nacional de Ciencia y Tecnología, y al secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático.

                Nosotros ya dimos la discusión en el pasado sobre esta situación de generar en las secretarías casi una duplicación de unidades ejecutoras que, además, están dentro del ministerio. Por ejemplo, el tema ambiente, agua y cambio climático notoriamente debería estar en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

                Hay otras secretarías, como las que ya establecían, que fueron las que se han votado por parte de la mayoría, como es el caso de la Secretaría de Deportes, que funciona allí.

                Naturalmente, nosotros no estamos de acuerdo con la creación de estas secretarías que, repito, son duplicaciones y, a veces, verdaderos ministerios dentro de la Presidencia de la república, y eso es lo que ha llevado a que el inciso de Presidencia de la república haya crecido notoriamente en el número de funcionarios.  Ahora, según nos informa la Oficina Nacional del Servicio Civil, hay 2144 funcionarios en Presidencia de la República. En 2016 había 1200. Es decir que se ha venido agrandando notoriamente el número de funcionarios con la creación de estas secretarías. Y esto, naturalmente, aumenta el costo de las funciones del Estado en su conjunto.

                Hoy Presidencia de la República, con 2144 funcionarios, tiene más que todo el Poder Legislativo –que cuenta con 1200–; tiene más que el Ministerio de Relaciones Exteriores, más que todos los órganos de contralor, más que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y más que el Ministerio de Turismo, entre otros. Y se siguen creando secretarías, con el inconveniente de que muchos legisladores han hecho pedidos de informes y no se les puede contestar porque son a Presidencia de la República. Por ejemplo, el señor diputado Penadés recientemente hizo un pedido de informes por la Secretaría Nacional del Deporte –que espero que se me pueda contestar después de analizar estos artículos– sobre decisiones que se adoptan desde estas secretarías y sobre las cuales no podemos saber desde el Parlamento en qué se justifican o por qué se toman. Supongo que no será para evitar el contralor que el Parlamento hace del Poder Ejecutivo. En el caso de los ministerios, se nos puede contestar, y si no se nos responde, podemos llamar a los ministros a comisión, pero no ocurre lo mismo en Presidencia de la República. Me parece que esta actitud que ha tenido Presidencia de la República en este último período de gobierno del Frente Amplio implica que los legisladores no puedan preguntar y no se les conteste sobre decisiones que se toman y que trascienden en la opinión pública.

                Por eso, naturalmente, quería hacer estos comentarios sobre el artículo 28. Aquí hay nuevos cargos de confianza: Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología y Secretario Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Todo esto genera, a nuestro juicio, una duplicación y, además, la posibilidad de blindar la información al Parlamento, porque no se les contesta a los legisladores cuando hacen preguntas que tienen que ver con estas secretarías.

                Estos son, simplemente, comentarios, pero que explican por qué nos oponemos a la creación de estas secretarías y, más aún, a la generación de más cargos de confianza en Presidencia de la República.

SEÑOR ROBALLO.- Efectivamente, supone bien el señor senador en cuanto a que esto nada tiene que ver con rendir cuentas. Tanto es así que habitualmente y con regularidad concurren a esta casa miembros de los organismos que dependen de Presidencia de la República – incluso, yo mismo– por los temas que están bajo nuestra responsabilidad.

                También quisiera expresar que Presidencia de la República viene bajando regularmente los montos destinados al rubro 0. Si los señores legisladores ven los antecedentes, comprobarán que se viene haciendo un ahorro permanente en ese sentido, rendición tras rendición. Pero estas dos secretarías se crearon, y el tema se discutió cuando se consideró la ley de presupuesto nacional en el año 2015. En aquella instancia, efectivamente, se plantearon dudas por parte de algunos legisladores. Entonces nosotros explicamos –y lo reiteramos ahora– que la misión de estas secretarías no colide ni se superpone con la misión y el trabajo que tienen direcciones y ministerios que refieren a la materia –como por ejemplo, lo que tiene que ver con el ambiente, con el cambio climático, con el agua– y han venido desarrollando una tarea muy importante; de  hecho, nos acompaña el ingeniero Carlos Colacce, director de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, quien, si se requiere o se considera necesario, pueda dar cuenta del trabajo que se viene haciendo, de articulación y consecución de los objetivos del Gobierno en esa materia, sin superponerse o colidir con la competencia de otros ministerios.

                Inclusive en aquel entonces, algunos de los señores legisladores hicieron referencia –hasta recuerdo una expresión concreta de todos los señores legisladores en el sentido de que, eventualmente, estaban los votos–  a  que  alguna de estas secretarías –concretamente, la de Ambiente, Agua y Cambio Climático– fuera un ministerio, porque se reconocía la necesidad en ese sentido. En aquel momento dijimos –y lo ratificamos en el día de hoy– que no tenemos las condiciones necesarias, desde varios puntos de vista, para proceder de esa manera, pero sí en este formato de secretaría, muy austera, porque se maneja con funcionarios redistribuidos de Presidencia de la República y algún pase en comisión. Lo único que estamos haciendo, en esta ocasión, es crear el cargo de secretario, que hoy día es un pase en comisión. Creemos que después de todo el trabajo realizado, y estando ya cerca de la finalización del período, no correspondería crear una infraestructura, un organigrama o una cantidad de cargos pero sí, por lo menos, el cargo de director de esta secretaría con el fin de que el próximo gobierno pueda iniciar su gestión designando a alguien y teniendo un cargo para hacerlo. Hoy –repito–, es un pase en comisión; el ingeniero Colacce viene desempeñándose muy bien y cumpliendo a cabalidad con la expectativa que teníamos de trabajo en materia de ambiente, agua y cambio climático, por supuesto que con el norte o la visión de que en el futuro, de darse las condiciones necesarias, este organismo pueda tener otro rango institucional acorde con lo que en todo el mundo está llevándose adelante. Pero, como nosotros tenemos que manejarnos con la austeridad correspondiente, esta secretaría se maneja con pases en comisión y funcionarios de Presidencia de la República redistribuidos dentro del propio inciso.

Si el señor presidente está de acuerdo, nos gustaría que el señor Scavarelli, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, hiciera uso de la palabra respecto al tema de los funcionarios del inciso.

SEÑOR SCAVARELLI.- Un saludo muy especial a todos.

                Creo que puedo brindar algunos números para que nos ayuden, teniendo en cuenta la cuantificación.

                En Presidencia de la República, después de las nuevas unidades que –desde la 0 a la 11– están trabajando en los cometidos que ya se han comentado y planteado –por tanto, eso no forma parte de este debate–, quiero dejar en claro que el total de funcionarios con calidad de vínculo de funcionarios públicos, en comisión o redistribuidos internamente, es de 2.144 personas. Presidencia de la República tiene, como unidad, 408, con todo lo que eso comprende.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene 194 funcionarios; el Registro del Servicio de Energía y Agua tiene 43; el Instituto Nacional de Estadística, 301; la Oficina Nacional del Servicio Civil, 158 personas, de las cuales la gran mayoría corresponde a pases en comisión; Comunicaciones tiene 80 personas; Agesic también tiene 80 personas y la Secretaría Nacional del Deporte que, como se sabe, ha asumido una competencia nacional muy extensa, tiene el número mayor de funcionarios: 880.

                Por otro lado, la Oficina Nacional del Servicio Civil recibe, con cierta, frecuencia, pedidos de informes sobre este tema, que están siendo rápida y detalladamente respondidos, como corresponde, en el marco del respeto institucional que se debe al Poder Legislativo.

Y el último factor que voy a mencionar es que, salvo este tipo de cargos que necesariamente tienen una legislación que ampara una designación directa, no hay otros llamados que no se encuentren en el marco de lo que es Uruguay Concursa. Inclusive, Presidencia de la República está al borde de cumplir las cuotas, en algunas materias, de afrodescendientes, y está creciendo en materia de discapacidad.

                Por lo tanto, queremos dejar en claro que estamos totalmente disponibles –ya que lo que falta no es necesariamente información– para poder proveer datos y ayudar a la mejor comprensión de este tema. No hay detrás de esto mecanismos por los cuales estén entrando funcionarios o se hayan transformado en funcionarios personas que no se encuentren dentro del sistema.

                El último comentario que quiero hacer es que hay que tener en cuenta que en el Poder Ejecutivo – Administración Central en su totalidad, en estos últimos tres años estamos asistiendo a los siguientes incrementos: 6 vínculos en el Poder Legislativo; 150 en el Poder Ejecutivo; en los organismos del 220, 3088, lo que analizaremos más adelante; en las empresas industriales y comerciales del Estado –artículo 221–, bajaron 167 y, en los Gobiernos departamentales, uno por uno detallado, subieron 630. A su vez, el incremento que rompe la tabla decreciente, año a año, del Poder Ejecutivo y la Administración Central, solo se ha visto alterado por el incremento, en esta oportunidad, del Ministerio de Defensa Nacional, que ha contratado personal subalterno con miras a la preparación de futuras competencias que requieren tener personal formado. El Poder Ejecutivo, según tengo noticias, enviará el mensaje correspondiente cuando ese ministerio tenga configuradas las capacidades para prestar esos servicios, entre ellos, la custodia de fronteras a 20 kilómetros.

                Por lo tanto, los números son decrecientes a pesar del incremento de esas unidades.

SEÑOR HEBER.- Seguramente después de que terminemos con el inciso Presidencia de la República tendremos las clásicas discusiones con la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre el número de funcionarios, por lo que no voy a hablar de toda la planilla. Sí digo que, en algunos aspectos me cierra y, en otros, no tanto, de modo que luego preguntaremos más sobre este informe que ha sido mucho más amplio del que teníamos usualmente y, en algunos casos, también un poco más confuso.

                El señor prosecretario nos dice que ha bajado la plantilla. Sin embargo, nosotros vemos que en esta planilla se dice que en el año 2016 había 1242 funcionarios y, en 2017, 2144. Tal vez esté equivocado, pero son los datos que nosotros recibimos en el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en el inciso de Presidencia de la República.

                Nosotros, que no somos entendidos en la materia, miramos las planillas e interpretamos. Nadie me puede decir que si se pasó de 1.242 a 2.144 ha decrecido la plantilla. Parecería que me estaría faltando alguna información para poder entender que había más. Si hay 2.144 y ha decrecido, significa que había más funcionarios. Estos datos son vínculos de funcionarios públicos con la Oficina Nacional del Servicio Civil.

                Después tengo otra planilla –espero que no se ofendan las autoridades de la oficina, porque tuve que arrancar las hojas para poder manejar el material– que refiere a los no funcionarios públicos. Allí hay 479, o sea que estamos hablando de un total aproximado de 2.500. Por un lado están los funcionarios públicos, que pasaron de 1.242 a 2.144 –aumentó– y que después veremos si son contratados o presupuestados; tampoco sé cuántos están en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Además, están los no funcionarios públicos, que son casi 500.

                Lo que digo, entonces, es que Presidencia de la República se ha transformado en un superministerio. Con esta manía de seguir armando secretarías –que no van a chocar– ha habido un crecimiento muy grande.

                Sé que en otras instancias de presupuesto ha habido reducción de personal. Por ejemplo, en las planillas dice que del 2015 al 2016 pasaron de 1.251 a 1.242. A su vez, en el 2014 eran 1.300 y bajaron a 1.200.

                Entonces, pregunto por qué hay 700 funcionarios más. ¿Cuál es la razón de carácter general? A mi juicio, se debe a la creación de estas secretarías, que se transforman en ministerios y van generando la necesidad de cumplir misiones. En algunas ocasiones esas misiones son cumplidas por otros ministerios y en otras no. Por ejemplo, la Secretaría Nacional del Deporte no se superpone con otros ministerios; nosotros hubiéramos preferido crear un ministerio de deporte, de modo tal que pudiera haber un organigrama y se pudiera preguntar y tener la posibilidad de hacer pedidos de informes, como el que ha hecho el diputado Penadés. Reitero que luego voy a hacer algunas preguntas, de modo tal de poder obtener la información que solicitó el diputado, ya que no se le ha contestado.

                Reitero, quisiera que se me explique por qué si se pasa de 1.200 a 2.000 es una reducción, porque, si no estoy muy mal con las matemáticas, hay un crecimiento de más de 700 funcionarios.

SEÑOR PARDIÑAS.- La pregunta que voy a realizar, en virtud de los datos que dio el doctor Scavarelli, se vincula con la preocupación del senador Heber.

                En Presidencia de la República, si comparamos el 2016 con el 2017, hay unos 900 funcionarios más, pero nos acaban de dar el dato de que en la Secretaría Nacional del Deporte hay 880.

Estamos viendo el cuadro sobre vínculo de funcionarios públicos según la agrupación temática de organismos. Puede haber ocurrido que en 2016 en esta agrupación temática de educación, cultura y deporte, deporte estuviera ahí adentro. Creo que eso es lo que está desfigurando los números; no hay crecimiento de nuevos vínculos, sino clasificación de vínculos en distintos lugares.

                Al señor senador Heber le gusta mirar las planillas, pero mirémoslas todas. De 2015 a 2017, en lo que refiere a vínculos que no son funcionarios en Presidencia de la República, de 641 se bajó a 479, es decir que hubo una reducción. Solo se mira el número final.

                Lo que quisiera saber es si acá hay una clasificación distinta que, a la larga, genera esta preocupación sobre los números.

SEÑOR ROBALLO.- Ante todo, aclaro que nunca me referí a la cantidad de funcionarios, sino al crédito del rubro 0, es decir a los montos destinados a salarios.  A eso me referí y dije que había habido una reducción permanente y sostenida.

                Por otra parte, en general, cuando hacemos el análisis y las comparaciones entre funcionarios, costos financieros, etcétera se hacen sobre la base de, por lo menos, un par de variables: la cantidad de personas o funcionarios y los costos financieros de dichos funcionarios. Seguramente si comparamos algunas unidades del Estado  con respecto a Presidencia de la República, quizás ésta última pueda tener algún número más, pero seguramente no gaste tanto como las otras unidades o poderes del Estado. Quisiera dejar constancia de que de ninguna manera estoy cuestionando ni planteando un debate en ese sentido. Lo que sí es cierto es que los niveles retributivos de distintos ámbitos del Estado son diferentes y la comparación siempre requiere un análisis, por lo menos, de esas dos variables.

                Concretamente, y más allá de lo que acaba de expresar el senador Pardiñas –que comparto totalmente–, esa diferencia que se encontró refiere, claramente, a la incorporación  de lo que, en su momento, fue primero Ministerio de Deporte y luego Ministerio de Turismo y Deporte, incorporándose ahora la parte de deporte como Secretaría del Deporte en Presidencia de la República. Allí está el grueso que, de alguna manera, responde la duda del senador sobre el número. Además, si se observan los antecedentes se puede ver el momento en el cual ingresan y pasan a formar parte de la plantilla de Presidencia de la República.

                Sobre otros aspectos, creo que el senador hizo referencia a que apenas se ingrese al análisis particular  con la Oficina Nacional del Servicio Civil se va a profundizar en el tema.

SEÑOR HEBER.- No tengo el propósito de discutir con el señor prosecretario ahora, pero si se habla de remuneraciones, aquí tengo la planilla y en ella se establece que en 2014 se gastaron $ 1.256:000.000; en 2015, $ 1.303:000.000; en 2016, $ 1.885:000.000 y en 2017, $ 2.174:000.000 en remuneraciones, por lo que se puede ver que las cantidades tampoco decrecen, sino que crecen. Simplemente quería decirlo para que se lo tenga presente: hay más funcionarios y más gasto en el inciso Presidencia de la República. Sin embargo, como no quiero demorar más a la comisión, podemos continuar con el resto del articulado.

SEÑOR ROBALLO.- Vuelvo a repetir. Evidentemente, los salarios no quedan congelados y es necesario su ajuste. Ahí  está la explicación del porqué de ese aumento. Hay un ajuste que corresponde hacer.

                Ahora bien; Presidencia de la República viene, año a año, bajando sus créditos del rubro 0. Los señores senadores lo pueden ver  en la ley de presupuesto donde, según  recuerdo, fueron, por lo menos, $ 100:000.000, luego fueron $ 15:000.000 y, ahora,          $ 25:000.000. A eso me refería cuando hice la introducción. Evidentemente, ahí están comprendidas vacantes que se eliminan. A veces estas no se eliminan pero de todos modos no se procede a su llenado, etcétera.

                El análisis, de alguna manera, requiere esa complejidad para poder pasar raya, pero me parece bueno y positivo que entremos en ese esquema porque, efectivamente, a veces, una expresión sin más puede llevar a confusión.

                Ratifico una vez más que venimos haciendo un esfuerzo desde Presidencia de la República para aportar al presupuesto nacional. Entre otros lugares –como mencioné– esto  se vio en el rubro 0.  El  primer año  de gestión, con  la ley de presupuesto, fueron $  100:000.000, luego $ 10:000.000 y, posteriormente, $ 25:000.000. Se seguirá en esa línea, como parte de un análisis, de un estudio y de un trabajo que busca administrar bien los recursos, cumplir las funciones y la misión que se tiene con la mejor eficiencia en materia de recursos. También se pretende destinar los recursos que se ahorren a otras áreas prioritarias marcadas por el Gobierno.

                El artículo 30 recoge la recomendación número 12 del GAFI –Grupo de Acción Financiera Internacional– que exige incorporar, dentro de la definición de personas políticamente expuestas, a quienes se les ha confiado una función prominente en una organización internacional.

                A su vez, en la discusión parlamentaria de la Ley n.º 19574 se planteó la conveniencia de incluir expresamente dentro de la definición  de personas políticamente expuestas, que ya hace nuestra legislación, a los representantes  y senadores del Poder Legislativo, sin perjuicio de que los mismos ya estén comprendidos. Esto es porque la definición es una enumeración a título enunciativo y no taxativo, pero en el trámite parlamentario, durante la discusión, se hizo referencia a que sería buena o deseable la inclusión. Por ello, el Poder Ejecutivo cumple con la reflexión que se hizo en ese ámbito. De modo que entendemos oportuno aprovechar esta modificación e incluir a los señores legisladores, a partir de su propia reflexión.

                Señor presidente: los artículos 31 y 32 corresponden al Instituto Nacional de Estadística, por cuanto, si está de acuerdo, me gustaría que la economista Laura Nalbarte pudiera explicarlos.

SEÑORA NALBARTE.- Tenemos dos artículos. Uno refiere a la reducción y a la creación de cargos, y el otro a la posibilidad de una compensación por mayor responsabilidad. En el primer caso se crean nueve cargos y se reducen once. El objetivo fundamental es la posibilidad de crear una carrera funcional en las áreas de administración e informática, sectores estos que son de apoyo sustantivo para las principales tareas que realiza el instituto.

                En el segundo caso vemos la posibilidad de pagar compensaciones por mayor responsabilidad y tareas especiales. Si bien eso está previsto en la Ley n.º 19121, Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, el INE no cuenta con una normativa que lo habilite. Queremos hacer hincapié  en que el pago se realizaría con fondos propios porque la institución tiene normativa vigente en la materia. Un ejemplo puede ser el de encomendarle a un funcionario la responsabilidad del cambio de base de un índice de precios, como el Índice Medio de Salarios. Además de la tarea continua que debe realizar, hay un trabajo especial. En ese marco existe la posibilidad de pagar una compensación con fondos  propios.

SEÑOR ROBALLO.- Los artículos 33 y 34 corresponden a la Ursec. Si la comisión está de acuerdo, cedería la palabra al ingeniero Lombide para que pueda explicarlos.

SEÑOR LOMBIDE.- Ambos artículos refieren a la posibilidad de mejorar los controles en el sector postal en relación al vertido de la tasa de financiación del servicio postal universal. Esos artículos surgieron de los encuentros periódicos con el sector postal, donde participan los empleados de las diferentes instituciones del servicio postal, los actores privados del sector postal, el correo y la Ursec. Básicamente, todo el mundo en ese sector es conteste en que es necesario distinguir quién da un servicio transparente y quién está pervirtiendo el mercado. Eso se logra a través del sinceramiento en el control y del acceso a la información para poder controlar y sancionar, o corregir, las anomalías.

                El primer artículo determina que en la facturación de los operadores privados que brindan el servicio postal se discrimine, además del precio,  el importe de la tasa de financiamiento postal como un ítem aparte para facilitar el control.

                El siguiente artículo sustituye el artículo 33 de la ley postal, que hablaba de las sanciones para aquellos operadores que no cumplen con las regulaciones vigentes. Se trata de un conjunto de observaciones, apercibimientos, multas de hasta 500.000 UI, la suspensión de actividades, la clausura del local comercial hasta por cinco días continuos y la revocación de la licencia. Lo que se acaba de agregar es el decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción de prestación de servicios postales sin contar con la licencia postal correspondiente, o de los bienes detectados en infracción, incluyendo los vehículos y maquinarias, sanción que podrá ser aplicada en forma exclusiva o accesoria de las demás penas previstas. Los elementos decomisados, previo cumplimiento de las garantías del debido procedimiento, pasarán a integrar el inventario de bienes de Ursec, siempre que fueran de utilidad para el cumplimiento de sus cometidos. De no ser utilizado para esos fines, serán subastados en aplicación del artículo 529 de la Ley n.º 15903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley n.º 16170, de 29 de diciembre de 1990, artículo 83 del Tocaf de 2012.

Las resoluciones firmes de la Ursec que impongan sanciones de carácter pecuniario a los prestadores del servicio postal infractores constituirán título ejecutivo en los términos dispuestos por los artículos 91 y siguientes del Código Tributario.

Estos son los dos artículos que esta unidad ha propuesto, acordando previamente con todos los integrantes del sector postal para incluir en este proyecto de rendición.

SEÑOR ROBALLO.- Si no hay preguntas sobre estos dos artículos de la Ursec, y están de acuerdo, podemos pasar a los artículos 35 a 40, que refieren a la Agesic. En ese sentido, corresponde que dé las explicaciones el director ejecutivo de la Agesic,  ingeniero José Clastornik y también quien preside la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, el doctor Felipe Rotondo.

SEÑOR CLASTORNIK.- La necesidad de los artículos surge por las modificaciones que el reglamento general europeo de protección de datos personales hizo en el 2017. Si nosotros ponemos en perspectiva el reglamento anterior, que era de 1997 y nuestra ley de privacidad y protección de datos, que es de 2008, es necesaria una adecuación al nuevo reglamento que entra en vigencia ahora. Dada la adecuación que Uruguay tiene con todo lo que es la Unión Europea en lo que refiere a los datos personales, quisimos actualizar el marco legal existente para mantenernos compatibles con ellos.

Para referirse concretamente a los artículos, si están de acuerdo cedería el uso de la palabra al profesor Felipe Rotondo, que es el presidente, tanto de la unidad reguladora como de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales.

SEÑOR ROTONDO.- Como dijo el ingeniero Clastornik, lo que pretenden estos artículos es actualizar nuestra normativa sobre protección de datos. Esta es de 2008 y fue reglamentada por el Decreto n.º 414, de 2009, pero ha habido bastantes modificaciones a nivel global. El 25 de mayo de este año entró a regir el nuevo reglamento europeo sobre protección de datos y también existen estándares en esta materia. Entonces, lo que se busca es ese aggiornamento.

                Mediante el artículo 35 se establece en la ley el ámbito territorial de aplicación de la normativa de protección de datos, ya que hoy no existe en la ley, sino parcialmente en el decreto reglamentario que ya cité.

                El artículo 36 refiere al principio de seguridad, específicamente a la vulneración de seguridad, que está parcialmente tratado en el decreto reglamentario que cité. En este caso se establece más claramente la obligación de los titulares de las bases de comunicar, no solamente a los titulares de los datos sino a la unidad reguladora, en caso de vulneraciones.

                El artículo 37 tiene que ver con el principio de responsabilidad, que es uno de los principios claves, junto a otros en este tema, como en toda materia en un Estado de derecho, por supuesto. Acá lo que se pretende es dar el énfasis a los responsables del tratamiento, asumir lo que en el lenguaje de los reglamentos y de los estándares que ya cité se menciona como «responsabilidad proactiva». Esto quiere decir que se adopte la privacidad desde el diseño, desde el comienzo de la elaboración de los tratamientos –la privacidad por defecto, evaluación de impacto y demás–, si bien los detalles de este punto se remiten a la reglamentación.

                El artículo 38 pretende hacer más transparente la relación de los titulares o responsables de bases de datos con los encargados o subencargados de tratamiento, a efectos de que figure realmente un documento con las correspondientes obligaciones e, incluso, pueda solicitarse por el interesado acceder a esta información.

                El artículo 39 introduce como novedad, inspirada en la normativa internacional que ya cité, el delegado de protección de datos. Es decir que determinadas entidades que figuran allí –las públicas, estatales o no estatales; las privadas, total, o parcialmente de propiedad estatal, y algunas privadas–, que traten datos sensibles como negocio principal o grandes volúmenes de datos, deberán tener un delegado de protección de datos, que va a ser quien apoye a los responsables de las bases en todo sentido, ya sea en el asesoramiento o en la supervisión y que también sirva de nexo en la unidad reguladora.

                Estos serían los aspectos a destacar de estos artículos.

SEÑOR ROBALLO.- No hay más artículos del inciso, por lo que estamos abiertos a las preguntas que quieran formular los señores senadores.

SEÑOR HEBER.-Algunos conceptos ya los hemos adelantado y tenían que ver con la creación de secretarías y la transformación de Presidencia de la República en varios ministerios. Creo que ha quedado constancia de nuestra discrepancia con esta forma de hacer crecer la Presidencia.

                Sí nos interesa hablar, dentro de Presidencia de la República, de la Secretaría Nacional del Deporte. Veo aquí presentes a amigos que quizás nos puedan dar información, pues no la hemos encontrado. Quizás es un problema nuestro y no supimos encontrar en los planillados  y en el articulado esa información

                La primera pregunta que quiero formular sobre la secretaría es la siguiente. Todas las personas que antes revistaban funciones en el Ministerio de Turismo y Deporte, que pasaron a Presidencia de la República, ¿fueron regularizadas? ¿Dejaron de estar en comisión? En función de la respuesta a esta pregunta luego tendría otra para hacer, pero para nosotros es importante saber esto, incluso por la propia organización del Estado.

La segunda pregunta que quiero hacer –supongo que también tiene que ver con la Secretaría Nacional del Deporte– es la siguiente. No hemos encontrado una rendición sobre las partidas del artículo 438 de la Ley n.º 18719, que refiere al programa de Fortalecimiento a la Práctica Segura del Deporte - Knock Out a las Drogas; el propio Parlamento había establecido una partida anual de $ 500.000 por año. Queríamos saber si nos pueden dar alguna información al respecto. Si la tienen aquí, perfecto; si no, les pido que nos la alcancen. No estoy diciendo que necesariamente sea ya, pero precisaría tener esa información. Y en caso de que se haya gastado ese dinero, me gustaría saber en qué para ver cómo vamos con un tema que a nosotros nos parece importante que se desarrolle.

También quiero replantear una pregunta que hizo el diputado Penadés en un pedido de informes. Me gustaría saber si en esta instancia la pueden contestar. El diputado Penadés consultaba, primero, en qué fecha fue designado el señor Eduardo Abulafia gerente del grupo de trabajo para la candidatura de Uruguay como sede del mundial del 2030. También quisiera saber la naturaleza de su relación funcional y su duración. Esto lo preguntaba el diputado Penadés y yo estoy reiterando la consulta.

Más adelante, el diputado Penadés solicitaba –y también me gustaría saberlo– un detalle de las actividades realizadas –seguramente no tengan esta información acá, pero la pueden alcanzar después– por el señor Abulafia, la evaluación hecha por el Poder Ejecutivo de dichas actividades, así como las retribuciones percibidas por todo concepto, incluyendo salarios, viáticos o reembolsos de gastos. El diputado Penadés tiene el temor –creo que fundado– de que no se le conteste el pedido de informes, y pueden no contestarlo si así lo desean. Por eso es que en esta instancia formulo estas preguntas. Si no me pueden responder ahora, no hay ningún problema. Les damos tiempo. Todavía quedan 36 días, un poco más de un mes para que se presenten y nos contesten estas preguntas que tienen que ver con el señor Abulafia.

Quizás sí nos puedan contestar sobre el programa de Fortalecimiento a la Práctica Segura del Deporte - Knock Out a las Drogas, los $ 500.000 y cómo se gastaron, y si se presupuestó –o sea, si ya no están en comisión– a los funcionarios del ex Ministerio de Turismo y Deporte que pasaron a Presidencia. Sería importante saber eso porque a partir de esa respuesta quizás tenga que plantear otra interrogante después.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: quería hacer una consulta previa. ¿Vamos a hacer preguntas por dependencias o unidades, o en la intervención incluimos todas las preguntas o dudas que tengamos? Digo esto para saber cómo nos organizamos en la jornada.

SEÑOR PRESIDENTE.- El inciso 02, «Presidencia de la República», ya expuso acerca de los artículos y hablamos de algunos temas en general. El senador Heber hizo una interrogante general. Aprovechemos que tenemos aquí presente al prosecretario de la Presidencia de la República y hagámosle algunas preguntas generales en torno al inciso.

SEÑOR CAMY.- Comprendo, señor presidente; el tema es que el inciso tiene 17 dependencias y 9 unidades ejecutoras. Por eso consulto si es en ese marco amplio que planteamos las preguntas, o se pretende ordenarlas por áreas en general. Esa es la duda que tengo y lo pregunto a efectos de saber cómo proceder.

SEÑOR PRESIDENTE.- La única excepción que tendremos es en lo que refiere a la Oficina Nacional del Servicio Civil, cuyas autoridades estarán presentes en un rato. Aprovechemos entonces la oportunidad de que tenemos al prosecretario de Presidencia de la República aquí presente para hacerle las preguntas sobre el inciso.

SEÑOR CAMY.- Aprovechando la intervención del senador Heber en el área del deporte, quiero formular una pregunta concreta vinculada a la Secretaría Nacional del Deporte. Dentro de los objetivos se propone el desarrollo del parque de infraestructura deportiva recreativa. Allí se manifiesta como cometido, dentro del desarrollo del atletismo, la inversión en tres pistas de atletismo sintéticas, certificables por la Federación Internacional de Atletismo. Como se señala, está prevista la construcción de una segunda pista en el liceo militar del Prado, otra en Paysandú y otra en Durazno. Concretamente, me gustaría saber el costo estimado de cada una de estas inversiones.

                En el área del deporte y de la secretaría, en el marco del objetivo de descentralizar el deporte comunitario, encontré una definición de gestión de las plazas de deportes a través de acuerdos con los gobiernos departamentales. En la información que se nos ha remitido concretamente se establece haber alcanzado acuerdos con Río Negro, Colonia, Durazno y Flores, y que se está en proceso de negociación con las intendencias de Treinta y Tres y de San José. A propósito de ello me gustaría saber en qué etapa del proceso se encuentran estos últimos dos departamentos.

                Por otra parte, me gustaría referirme a la Ursea, tema que planteamos en la pasada instancia de rendición de cuentas como una preocupación por lo que voy a señalar a continuación. Esta es una unidad que regula muchas actividades como, por ejemplo, la energía eléctrica en la generación, transmisión y distribución; los combustibles; el gas natural; los agrocombustibles; el agua potable, y el saneamiento. A ello le incorporamos el funcionamiento y las condiciones de seguridad de los generadores de vapor, la eficiencia energética y la energía solar térmica. Desde su creación en 2002 como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, para el cumplimiento de los cometidos que se le asignaron se creó la tasa de control del marco regulatorio de energía y agua con el destino específico de financiar el presupuesto que aprobara la Ursea. Lo que sucede es que los excedentes de recaudación están bastante por encima del presupuesto aprobado y se devuelven a los regulados al año siguiente. La tasa es un dos por mil del total de los ingresos brutos de la actividad sujeta a control, tanto de Ancap, OSE, UTE, como de los prestadores privados. A su vez, también, la Ursea se financia por la recaudación de un canon por concesión de distribución de gas, por las sanciones que aplica ante incumplimientos y por parte de las tasas de generadores de vapor.

                Según surge del tomo IV, «Recursos», la recaudación de la Ursea por concepto de tasas, multas y sanciones fue de $ 227:283.889 y el presupuesto asignado se ubicó en $ 140:418.000. Por lo tanto, a 2017 existe un excedente de recaudación de más de $ 86:000.000, lo que equivale a unos USD 3:000.000.

Me gustaría saber si los rubros que actualmente tiene la Ursea en su presupuesto son suficientes para realizar el total de inspecciones de las tantas actividades que controla en todo el territorio nacional. ¿Cómo se hacen en la actualidad esas inspecciones? ¿Se utiliza personal propio o tercerizado? Pregunto esto porque, según tengo entendido, se están haciendo con el LATU. En concreto, quisiera que se especificara cómo es la tarea que se lleva adelante.

Con respecto al excedente que se tiene, ¿la Ursea lo considera necesario para solventar las tareas que tiene que hacer y que supongo que no alcanza a hacer? Me estoy refiriendo a algunos sectores a los que estoy fuertemente vinculado como, por ejemplo, la quesería artesanal, por el tema de las calderas de vapor u otras áreas que conocemos. Nos consta que el ámbito de aplicación de los cometidos que la ley le da a la Ursea es muy grande y dudo que los pueda cumplir. Entonces, quisiera saber si eso se está haciendo. Si es así, con qué eficiencia se está realizando, si se requieren más recursos para hacerlo y, en todo caso, también me gustaría tener información sobre sobre la disposición final de ese excedente de recaudación, porque todos sabemos que la tasa está definida contra una contraprestación concreta.

                A su vez, quiero consultar a los representantes de la Ursea sobre el control de los servicios en el tema de la vigilancia de la calidad de agua potable. Dicen que hay un informe realizado en el marco del aseguramiento del sistema de abastecimiento de agua de Montevideo, del área metropolitana y del sistema de la laguna del Sauce. Quisiera saber, entonces, si podemos conocer ese informe y si nos lo pueden enviar, si es que ya está finalizado. Sé que es de 2017, pero también me gustaría saber en qué fecha se realizó concretamente.

SEÑOR ROBALLO.- Efectivamente, todas las personas que pertenecían al Ministerio de Turismo y Deporte, y que ahora pertenecen a la Secretaría Nacional del Deporte, tienen regularizada su situación funcionarial y garantizados sus derechos como funcionarios de esa secretaría.

                Con respecto al resto de los planteos y de las preguntas, solicito al señor presidente se autorice al profesor el Fernando Cáceres –encargado de la Secretaría Nacional del Deporte– para que responda las preguntas formuladas por los señores senadores.  

SEÑOR CÁCERES.- Buenas tardes. Con mucho gusto procedemos a responder cada una de las consultas.

                En primer lugar, me gustaría hacer un comentario relativo a la cantidad de funcionarios de la Secretaría Nacional del Deporte para que se tenga una idea del proceso de desconcentración y descentralización que se viene realizando desde el año 2005. En ese momento se asume, estando vigente aún el Ministerio de Deporte y Juventud, e inmediatamente se crea la Dirección Nacional del Deporte en el Ministerio de Turismo y Deporte.

En aquel entonces el organismo tenía 1400 funcionarios y, como decía, se inició un proceso de desconcentración y descentralización que implicó el pasaje de unos trescientos funcionarios al Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República, en el entorno de unos doscientos funcionarios que prestaban funciones en Educación Primaria dictando clases de educación física en escuelas públicas urbanas, y todo el equipo de trabajo del centro de rehabilitación Casa de Gardel, que pasó a ASSE. Así, podríamos mencionar distintos ámbitos de la Dirección Nacional del Deporte, que fueron pasando hacia otros lugares. Como bien se decía, actualmente tenemos unos setecientos funcionarios, a los que habría que sumarles unos doscientos más que se contratan temporariamente para los programas de verano. Eso explica los números, como se decía en intervenciones precedentes.    

                En segundo lugar, a través del artículo 11 de la ley de creación de la Secretaría Nacional del Deporte, se prevé que para rendir cuentas ante el Parlamento nacional, y a efectos de cumplir con los artículos 118 y 119 de la Constitución de la república, será el Ministerio de Educación y Cultura el que proporcione al Poder Legislativo toda la información sobre el deporte que este requiera.  En cumplimiento de este artículo hemos recibido pedidos de informes. Algunos de ellos llegaron a través del Ministerio de Educación y Cultura, y otros directamente a la Secretaría; todos fueron recibidos y contestados puntualmente.

                El último que contestamos es un pedido de informes presentado a través, precisamente, del Ministerio de Educación y Cultura, por parte del señor senador Lacalle Pou, en torno a la copa mundial de FIFA Rusia 2018 y qué tipo de actividades y programas de trabajo se habían realizado para la promoción del país a través del fútbol y la promoción de la candidatura para obtener la sede del mundial del año 2030.

                Con respecto al pedido de informes del señor diputado Penadés, nos enteramos por la prensa, porque no llegó a la secretaría. Igualmente obtuvimos una copia de su solicitud, fechada en la Cámara de Representantes el 24 de agosto. Es decir que es muy reciente y presumimos que aún no habrá llegado a la secretaría. Pero sin duda alguna vamos a proceder a contestar, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, con mucho gusto.         No obstante eso, quiero decir al señor senador que el artículo 438 de la Ley n.º 18719, al que hace referencia el pedido de informes –que, insisto, aún no ha llegado–, tiene que ver con partidas afectadas al programa de Fortalecimiento a la Práctica Segura del Deporte - Knock Out a las Drogas, pero relativas al presupuesto 2010-2015. No aplica para este ejercicio. Las partidas que estamos adjudicando a este programa forman parte de una partida más general del área de programas especiales.

                En relación a la situación del señor Eduardo Abulafia, quiero destacar que es un cargo absolutamente honorario. Solamente recibió algún viático puntual, esporádico, para prestar funciones en las reuniones regulares del comité que postula la candidatura conjunta de Argentina, Uruguay y más recientemente Paraguay para obtener la sede del mundial del año 2030, y también para su viaje a los programas previstos durante el desarrollo del campeonato del mundo en Rusia.

                Algún otro detalle más concreto, con números, lo vamos a aportar con mucho gusto en los próximos días.

SEÑOR HEBER.- Agradezco muchísimo la respuesta, que ha sido muy clara. No tengo nada más para acotar.

                Sí quiero plantear una pregunta al señor prosecretario. Según se nos informa, los funcionarios que cumplían funciones en el área de deportes en el ministerio pasaron a Presidencia de la República y ahora están todos regularizados. Se terminaron los pases en comisión. Ahora bien, si esto es así, ¿cómo se puede entender que Presidencia de la República tenga pases en comisión de 477 funcionarios? En el Parlamento, que está integrado por 130 legisladores, hay 466 pases en comisión y un máximo de cinco por cada legislador. Yo suponía que estos pases en comisión provenían del ministerio de deportes, pero si me dicen que esos funcionarios fueron regularizados, ¿quiénes son estos otros? Aclaro que son informaciones de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Quizás no haya entendido bien; en ese caso, me gustaría que me aclararan el punto. Pero con 477 funcionarios en comisión en Presidencia de la República, esto ya pasa a ser un superministerio, ya no un ministerio grande. Seguramente debe haber una explicación para que ocurra esto.

SEÑOR ROBALLO.- Quizás  a los efectos de encapsular este aspecto y poder definirlo –si lo entiende pertinente–, vale la pena una explicación.

                Cuando nos referimos a los funcionarios que pasaron a presidencia y cuya situación es regular en cuanto a los derechos y obligaciones funcionales, es con el vínculo que tuvieran. No son funcionarios que aparezcan perteneciendo dentro de lo que fue el Ministerio de Turismo y Deporte, etc. Quiere decir, que están en presidencia de la república y forman parte de la plantilla en el marco del ordenamiento jurídico, de acuerdo a los procedimientos que las normas establecen a esos efectos. A eso me refería cuando hablé de la situación de regularización. Ya no hay una situación pendiente con respecto a la nueva institucionalidad y a  sus cuadros funcionales. Los pases en comisión –también llamadas comisiones de servicio– son otras herramientas que preexisten a esa situación y que se dan tanto en la Secretaría Nacional de Deporte como en el resto de las unidades de Presidencia de la República, en el Parlamento, en los ministerios y en los entes autónomos y servicios descentralizados. Quiere decir que el pase en comisión no lo tomamos como una situación que sea necesario regularizar porque como todos sabemos es una herramienta que se utiliza en cada período de gobierno, luego el nuevo jerarca le da continuidad o no dependiendo de lo que la oficina de origen del funcionario diga, etcétera. Por eso quisiera separar lo que es comisión de servicio o pases en comisión de lo que es regularización de funcionarios, porque son dos cosas distintas.

                Con respecto al número de funcionarios o pases en comisión, no lo sé, quizás la Oficina Nacional del Servicio Civil pueda referir a ello. Yo no sé si Presidencia de la República es el organismo que tiene más pases en comisión; quizás habría que analizarlo como el punto original sobre la cantidad de funcionarios y sus retribuciones en base a diferentes variables, no solo en cuanto a números, sino también a las características de algunas oficinas que pertenecen o que forman parte de Presidencia de la República, no solo por lo que puede ser su experticia. Voy a poner un ejemplo.

La Ley de Presupuesto de este período habilitó para que con el régimen particular que tienen, los fiscalizadores de la Dirección General Impositiva puedan prestar servicios en Senaclaft; Efectivamente, estos son pases en comisión habilitados por la ley. También en el IRCA tenemos una habilitación legal –por ser una persona pública no estatal– para que puedan nutrirse de pases en comisión de los organismos públicos que forman parte de su órgano de dirección. Y estas herramientas es a los efectos de redistribuir, de administrar los recursos técnicos sin necesidad de abrir a creación de cargos, etcétera. Creo que habría que estudiarlo, sería interesante, pero si llegáramos a la conclusión de que Presidencia de la República es de los órganos que en términos relativos puede tener más pases en comisión, es porque obedece a un hecho de la realidad, a un dato político institucional de larga data, y es que es un órgano  que tiene sus particularidades.

La Presidencia de la República es, de alguna manera, la sede donde está el presidente de la república, cabeza del Poder Ejecutivo y, en ese sentido, se podrá comprender la necesidad, quinquenio a quinquenio, de nutrirla de personas con determinada calificación técnica y, también, con ciertos perfiles político institucionales que pueden fundamentar, no solo en este período de gobierno sino a lo largo de toda la historia, la utilización de esta herramienta, sin la necesidad de la creación particular de cargos, etcétera. Más bien, la idea es utilizar estos mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico para emplear funcionarios que se desempeñen en distintas partes del ámbito público. Esas son algunas reflexiones sobre ese aspecto que, si las contrastamos con los datos históricos y los vínculos existentes, podremos entender la razón de ser de ese dato de la realidad que, vuelvo a repetir, si lo cruzamos con otras variables quizás puede constituir un dato relativo en cuanto a una visión sobre si la Presidencia de la República tiene un exceso de funcionarios o una utilización inadecuada de las herramientas con las que se cuenta.

Es cierto que hubo un análisis del gabinete al principio del período para estudiar cada organismo de la Administración Central, así como la necesidad y la pertinencia

–con criterios muy estrictos– de la utilización de estas herramientas, porque se veía que algunas áreas que claramente necesitaban refuerzos de personas con determinada calificación no podían cubrirse en sus requerimientos con funcionarios de algunos organismos a través de pases en comisión. Me refiero, por ejemplo, al área de la educación, a la de la seguridad y a la de la salud. Evidentemente, eso se cumplió en términos relativos en cuanto a las necesidades de funcionamiento, pero es motivo de reflexión habitualmente, ya que tienen que ver con la organización, con la institucionalidad y con el manejo de recursos, sobre todo de los técnicos. Como los señores senadores saben, los recursos especialmente calificados en la Administración Central a veces escasean, porque los salarios que allí se pagan son inferiores a los que se pueden encontrar para determinados trabajos técnicos por parte de entes autónomos, servicios descentralizados, personas públicas no estatales, etcétera. Por lo tanto, allí tenemos un elemento que es opinable y sobre el que, efectivamente, puede concluirse por parte de algún señor senador que se administra positiva o negativamente. Tal vez se considere que se requiere una revisión de otras características para estas situaciones, pero en definitiva se trata de cuestiones que regularmente se trabajan y se trata de administrar de la mejor manera posible. De todos modos, podemos decir que, efectivamente, la Presidencia de la República tiene criterios restrictivos para la utilización de estas herramientas, por instrucción expresa del propio presidente de la república.

SEÑOR CÁCERES.- Voy a responder dos preguntas formuladas por el señor senador Camy.

                La primera de ellas, era relativa al monto correspondiente a la inversión en las pistas de atletismo y el valor unitario de estas inversiones. Antes de explicar el monto promedio, me gustaría decir que estas obras surgen como parte del plan de infraestructura elaborado  por la Secretaría, a partir del relevamiento nacional de infraestructura deportiva, que es parte del Plan Nacional Integrado de Deportes. Estas obras tienden a responder a insuficiencia de instalaciones y equipamiento deportivo. En uno de los casos se pretende dotar a la ciudad de Montevideo de una segunda opción en materia de pistas de atletismo por saturación de la pista del Parque Batlle. Como bien se decía, ya está en marcha la construcción de una segunda pista en el predio del Liceo Militar, del Prado, que será acompañada por una inversión de cancha de césped sintético multiuso. De esta manera, se recupera lo que durante un importante período de tiempo fue una cancha de césped sintético para la disputa del hockey, ampliándola para otros deportes como el fútbol.

                A su vez, está previsto construir dos pistas en el interior del país. Una de ellas estará sobre el eje de la ruta 3, en la ciudad de Paysandú, que acompaña el desarrollo de un gran campus polideportivo que unifica la vieja plaza de deportes con la vieja terminal de ómnibus. Junto a las instalaciones prexistentes de piscina cerrada y climatizada y canchas abiertas, se va a construir una pista de atletismo de césped sintético y un gimnasio polideportivo con una cancha de cuarenta por veinte. En las instalaciones de la vieja terminal ya está funcionando la UTU con su bachillerato deportivo y también se está trasladando el ISEF, de la Universidad de la República, por lo que pasará a ser un centro de desarrollo deportivo y académico muy importante para todo el litoral norte del país.

                La otra pista está siendo construida en la ciudad de Durazno para dar cuenta de las necesidades de lo que es el eje de la ruta 5, que se viene a sumar al campus municipal, que ya tiene instalaciones importantes, como gimnasio, piscina cerrada, alojamiento para deportistas y estadio de futbol. En el perímetro exterior de la cancha de futbol se suma una pista de césped sintético.

                Las tres pistas se terminarán en el transcurso del presente año y se inaugurarán sobre finales del año. Tienen un costo promedio de $ 45:000.000 y, como decía, forman parte de una primera línea de inversión en pistas de atletismo, que seguirá con una segunda etapa. Seguramente, será ejecutada por el próximo gobierno, pero, de todas maneras, la prepararemos durante el 2019.

                En materia de descentralización de la gestión de las plazas de deportes, quiero decir que, si bien esta iniciativa remite al Plan Nacional Integrado de Deportes, reconoce un origen –es la primera vez que se incluye un artículo relativo a este tema en una ley–  en la rendición de cuentas del año 2001, presentada por el entonces ministro de Deporte y Juventud,  Jaime Trobo. Este artículo autorizaba al Ministerio de Deporte y Juventud a celebrar convenios de administración y gestión de las plazas de deporte con los gobiernos departamentales. Ese es el antecedente que podemos reconocer a esta línea estratégica de trabajo de la secretaría, que implica la transferencia del deporte comunitario a donde debe estar: la órbita local, en el marco de los gobiernos departamentales y municipales, con la participación de los diferentes actores locales del deporte y la recreación.

                En cuanto a la pregunta que se formulaba respecto a San José y Treinta y Tres, quiero decir que las conversaciones han avanzado al punto de tener un primer borrador de acuerdo que, podemos adelantar, será concretado en la firma de un convenio antes de fin de año en ambos departamentos.

                Me anticipo a decir que la situación general en el país incluye acuerdos de carácter departamental firmados con intendentes para la gestión de todas las plazas de deporte del departamento; hay ejemplos de ello. En otros casos hemos avanzado con transferencia de gestión a nivel local en algunas plazas de los departamentos, con autorización de sus intendentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Había una consulta sobre la Ursea.

SEÑOR ROBALLO.- Efectivamente, se hicieron unas preguntas vinculadas con la Ursea. Me importa destacar que la Ursea viene desplegando todas sus capacidades y cumpliendo con su misión cabalmente. En particular, respecto de esa nueva tarea que se le asignó en el período pasado sobre el control de los generadores de vapor –a lo que ahora se referirá al tema su director–, si no tengo mal los registros, puedo decir que están casi al día esas fiscalizaciones, cuando en el pasado tuvieron un atraso muy importante.

                Si le parece al presidente, nos gustaría que el ingeniero César Falcón respondiera las preguntas.

SEÑOR FALCÓN.- Antes que nada quisiera saludar a todos los presentes.

                Como se expresó anteriormente, Ursea ha ido absorbiendo otras actividades por encima de lo que fue mandatado en su creación. Ahora aparece el tema de los generadores de vapor, la eficiencia energética, así como el control de la ley solar térmica, todas actividades que en forma gradual se han ido incorporando a la Ursea. Para ello, se han instrumentado transformaciones administrativas al interior de la unidad y eso nos ha permitido redirigir recursos y hacer determinadas economías. Podemos afirmar que hemos dado cumplimiento a todas las actividades y a los mandatos que se nos han encomendado.

                ¿Cómo ha sido posible esto? En cuanto a los generadores de vapor –hablamos de las calderas, de los elementos de alta presión– que fue una actividad que se le transfirió a la Ursea en 2011, podemos decir que la Ursea hacía las inspecciones directamente o a través del LATU, pero ahora se han instrumentado determinadas reglamentaciones que hacen que esa obligación de realizar controles las deba llevar a cabo el propietario, por ejemplo, el industrial, a través de un profesional competente y luego presenta el informe. Por supuesto que, con posterioridad, la Ursea realiza inspecciones aleatorias. Con esto no solo tenemos agilidad en el trámite de habilitación de los generadores de vapor, sino que también hay un ahorro ya que se trasladaron las inspecciones fuera de la órbita de la Ursea para que estas sean asumidas por los propietarios del generador de vapor.

                Se nos preguntaba, señor presidente, cómo realiza Ursea las inspecciones. Básicamente en esto hay dos patas. Tenemos un convenio con el LATU que se renueva anualmente para inspecciones de GLP, supergás, de generadores de vapor y para constatar la calidad de los combustibles líquidos. Se va a los expendios, a las estaciones de servicio, se sacan muestras y se controla la calidad de los combustibles líquidos suministrados por Ancap.

                La otra pata importante en esto refiere a los controles de calidad del agua potable, los que se llevan a cabo mediante un convenio con la Facultad de Química. Tenemos como objetivo recorrer una vez al año por lo menos todas las localidades de más de 1500 habitantes y dicho objetivo ha sido cumplido en tanto logramos muestrear 170 localidades, lo que está por encima de la meta planteada.

                Otro aspecto importante que nos ha ayudado a cumplir con nuestros objetivos es un convenio que firmamos con la Comisión Andina de Fomento, Banco de Desarrollo, que nos permitió implementar cinco consultorías muy importantes, algunas de la cuales estaban pendientes. Muchas de ellas han culminado en algún reglamento y eso ha sido un apoyo muy importante para la Ursea. Ese convenio fue del orden de USD 256.000 –que estamos a punto de terminar de ejecutar– con la expectativa de que el año que viene lo podamos renovar.

                El tema de las queserías artesanales –mencionado por el señor senador Camy– ha sido una preocupación permanente.

                El año pasado, en este mismo ámbito, se nos planteó esa preocupación, motivada por los generadores de vapor dispersos en la zona de la cuenca lechera –particularmente en Colonia y San José–, que no estaban regularizados.

                El director de la Ursea tomó esa preocupación –planteada en este ámbito– y se realizó un especial seguimiento. Incluso se instrumentó, con Inale y con la Facultad de Ingeniería, la posibilidad hasta de hacer cambios tecnológicos que permitan dejar de utilizar ese generador de vapor  y trabajar, quizás, con agua caliente que es más barata y tiene mucho menor riesgo. El producto que se obtiene es muy similar.

                La gestión de Ursea fue realmente muy importante, tanto desde su rol fiscalizador y regulador, como también desde la acción de propiciar una solución a esa problemática que se estaba dando en las queserías artesanales de la cuenca lechera.

                Por otra parte, cuando llegaron sanciones a aplicar a queseros artesanales, el directorio las evitó y propició la amonestación, en el caso de aquellos que no estaban cumpliendo con la normativa.

                Podemos afirmar que se ha tenido un avance muy importante en todo ese paquete y que hoy buena parte de los queseros artesanales de la cuenca lechera han ido regularizando su situación, haciendo los controles respectivos, comprando nuevos equipos e inscribiéndolos, o realizando el mantenimiento tal como lo ha instrumentado Ursea. 

                Respecto al informe realizado por Ursea en relación a la cuenca de Santa Lucía   –tercer punto planteado–, debo decir que eso se terminó a principio del año pasado y que refiere al cumplimiento de una serie de normas que había aplicado la Dinama para dicha cuenca y la de laguna del Sauce. El informe evalúa qué tan rápida ha sido la aplicación de esas normas instrumentadas a través de Dinama. Ese informe se ha puesto a disposición y fue distribuido –en principio por algunos legisladores– y se encuentra en nuestra página web.

                Presumo que ha pasado mucho tiempo y quizás sucedieron acontecimientos que implican que el informe no se encuentre realmente actualizado. En realidad, no es nuestro objetivo hacer un seguimiento permanente mediante el documento. Hicimos ese informe en esa oportunidad y veremos si es necesario actualizarlo o no. El ministerio ha tomado determinadas medidas pero, repito, puede ser  que el informe  no esté actualizado. Como dije, está disponible y lo podemos alcanzar sin ningún tipo de objeciones.

SEÑOR CAMY.- Pido disculpas a los jerarcas, porque tuve que salir por un tema importante e igualmente me respondieron las preguntas

Escuché parcialmente las respuestas, por cuanto me ocuparé de leer el resto  en la versión taquigráfica. No correspondía mi salida y por eso pido las disculpas pertinentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos por finalizada la instancia con el inciso «Presidencia de la República» y corresponde comenzar con la Oficina Nacional del Servicio Civil.

SEÑOR PARDIÑAS.- Sé que de repente puede quedar un poco insolente que asumamos nosotros este rol, pero el señor senador Heber se ha preocupado por el cumplimiento de las metas en los planes estratégicos y con cada inciso trae como referencia los cuadros, pero en este caso no lo hizo. No sé qué pasó.

                Justamente el inciso «Presidencia de la República» tiene un promedio de 88 % de ejecución del plan estratégico. Es más, en una de sus unidades tiene más del 100 % de ejecución de su plan estratégico.

                Simplemente quería dejar esa constancia. Muchas gracias, señor presidente. 

 

(Se retira de sala la delegación de Presidencia de la República).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasaríamos ahora a analizar los artículos vinculados a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

SEÑOR SCAVARELLI.- Es manido, pero no menos auténtico, el sentimiento de alegría por estar aquí.

Quiero comenzar dando un dato que había pedido el señor senador Heber. En 2017 en el Poder Legislativo había 466 personas con pase en comisión y en Presidencia de la república, 477. Quiero aclarar que los números vinculados a la Cámara de Representantes no fueron recibidos directamente de ella, sino extraídos de la página web. Es un buen dato para tener una idea; estamos a ocho o nueve personas de diferencia.

SEÑORA PAYSEÉ.- Quiero preguntarle si en esos pases en comisión que se atribuyen al Parlamento están incluidos los pases en comisión del Comisionado Parlamentario y de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay.

SEÑOR SCAVARELLI.- Por supuesto. Hablamos de toda la estructura y de lo que pasa por grupos. Eso no quiere decir que los 130 legisladores tengan 460 personas. En presidencia ocurre algo similar con la Secretaría Nacional de Deporte.

Yo tengo aquí dos capítulos aquí que tienen que ver con la concepción de la rendición de cuentas, y podemos dar una explicación somera de lo realizado con los fondos asignados y algunos números, pero ello dependerá de la comisión. Si el señor presidente me autoriza leeré un par de carillas, por lo menos, donde figuran los números más fuertes. Si los señores senadores lo desean después les podemos hacer llegar un resumen informado que, a su vez, tiene un segundo nivel de resumen.

                Voy a referirme a los cuatro informes presentados al Parlamento Nacional por la Oficina Nacional del Servicio Civil: los vínculos laborales con el Estado, altas y bajas de 2017. Tenemos una aclaración importante en cuanto a altas y bajas, que es la siguiente. Para el relevamiento de datos correspondientes al año 2017 servicio civil utilizó una metodología diferente a años anteriores. En esta oportunidad, paralelamente a la solicitud de datos en los formularios –como sabrán nosotros somos recolectores de la información que solicitamos– se solicitaron además los datos desagregados por vínculo a los organismos que se correspondieran con lo informado en los formularios que habitualmente recibíamos. Esto ha permitido tener una información con un nivel de precisión que no hemos tenido antes en cuanto a vínculos y también a algo muy importante que se nos reclamó –recuerdo dos años atrás, y hemos hecho el esfuerzo por lograrlo, sobre todo, los equipos técnicos de servicio civil–, que era tener una información sobre la cantidad de personas que prestan servicios en la función pública, más allá del número de los vínculos.

                En esta apretada síntesis, la cantidad de vínculos laborales de funcionarios públicos –no personas– al 31 de diciembre de 2017 son 297.601; la cantidad de vínculos sin calidad de funcionarios públicos a la misma fecha son 12.525.  Para tener una visión más completa los sumamos y nos da que entre funcionarios y no funcionarios del Estado hay 310.126 vínculos, no personas.

                Por otra parte, por primera vez tenemos el orgullo de presentar, tal cual lo dispuso este Parlamento, el total de los vínculos de personas jurídicas de Derecho Público no estatal y, al mismo tiempo, aquellas empresas de derecho privado como las sociedades anónimas que son mayoritariamente propiedad del Estado.

Los vínculos de personas jurídicas de derecho público no estatal –hay 43 organizaciones de esta naturaleza jurídica– son 6725. El total de vínculos de entidades en los que el Estado tiene participación mayoritaria –el ejemplo típico son las sociedades anónimas, propiedad de UTE y de otros organismos–, al 31 de diciembre de 2017, son 2628, a las que se suman 73 integrantes del directorio, lo que hace un total de 2701. El total de personas físicas –los vínculos ya habíamos visto que son 310.126–, funcionarios y no funcionarios, en el Estado, al 31 de diciembre de 2017 es de 271.960. Por primera vez la Oficina Nacional del Servicio Civil puede traer este número con un margen de error muy pequeño –estamos superando el 99 % de certeza–, pues también contamos con la colaboración del Banco de Previsión Social con el registro de vínculos en el cruzamiento de datos. El año pasado dijimos que no podíamos dar certeza de estos números, pero ahora sí lo podemos hacer. Las informaciones previas en cuanto al número de personas físicas al 31 de diciembre de 2015 arrojaban que había 270.089. A diciembre de 2016, esos 270.089 pasaron a ser 267.533. Además, tengamos en cuenta que cuando damos estos números nos estamos refiriendo a la Administración Central, servicios descentralizados, entes autónomos, la totalidad de las intendencias y por primera vez la totalidad de los municipios de todos los rincones del país. Por supuesto que la información está discriminada y está en el material que desde ya les decimos que está a completa disposición. Al 31 de diciembre de 2016, en todo el Estado hay 4016  funcionarios más, es decir, un 1,37 %, y 309 vínculos –aclaro que hablo de vínculos y no de personas– menos de no funcionarios, es decir que los no funcionarios bajaron un 2,41 %. En definitiva, hay un total de 3707 vínculos más, que da un incremento del 1,21 %, que luego explicaremos dónde están. De esos 3707 vínculos incrementados, podemos decir que en el Poder Legislativo hay 6 vínculos más, en el Poder Ejecutivo hay 150 vínculos más, en los organismos del 220 de la constitución hay 3088 más, por lo que es ahí donde se ha hecho hincapié en la política de gobierno. En los organismos del 221 –las empresas industriales y comerciales del Estado– hay una reducción de 167 vínculos, y en los gobiernos departamentales de todo el país –cuya discriminación está a disposición de ustedes, con departamento y municipio por separado– se observa un incremento de 630 vínculos. Reitero lo dicho: hay 6 vínculos más en el Poder Legislativo y 150 en el Ejecutivo incrementado; en cuanto a los del artículo 220, que es prioridad de Política Pública, 3088; en lo que tiene que ver con los organismos del artículo 221, bajaron en 167, y los gobiernos departamentales incrementaron en 630.

Con respecto a diciembre de 2016, en diciembre del 2017 se reporta un total de 4016 vínculos laborales –no personas– más con el Estado. La cantidad de vínculos laborales de funcionarios públicos aumentó en un 1,37 %, 4016, y la de vínculos de no funcionarios públicos se redujo en un 2,41 %, 309 vínculos.

Pasando a las variaciones con respecto a 2016, que es lo que se trata de comparar al rendir cuentas de 2017, esto sí encarado por este fenómeno tan interesante de considerar, los grupos orgánicos de inciso –porque lo que importa es cómo se cumplen los cometidos del Estado–, tenemos que en el Poder Legislativo la cantidad de vínculos laborales de funcionarios públicos, informados a diciembre del 2017, era de 1290, y la de vínculos de no funcionarios públicos, de 34. En este grupo, incluso, hay un vínculo de funcionarios menos y siete vínculos de no funcionarios más con respecto a 2016.

                En el Poder Ejecutivo los vínculos de funcionarios son 76797. Tengamos presente que aquí estamos pensando no solo en los funcionarios civiles de la Administración central, sino también en el personal militar, de tropa y, por supuesto, Policía en todos sus niveles. Como dije, en el Poder Ejecutivo los vínculos de funcionarios son 76797. Los de no funcionarios, 4809. Es decir que tenemos 355 en aumento de funcionarios públicos aun cuando disminuyen en 205 los vínculos de no funcionarios. Por lo tanto, el saldo, efectivamente, es de 150 vínculos más en el Poder Ejecutivo. Creo que, comparativamente atrás –los que tenemos memoria–, dividido, seguramente dará un número histórico.

                El mayor aumento se da, en esta oportunidad, en los vínculos de funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, entre otras cosas porque con relación a dicho ministerio hay una ley en suspenso, según nos informó el ministro, que tiene que ver con el incremento de competencias en la vigilancia de las fronteras, hasta 20 kilómetros fuera de las zonas urbanas, y realmente pareció muy inteligente formar el personal necesario para poder hacer esa movilización, que implica una custodia de frontera cada vez más compleja. Entonces, el mayor aumento de los vínculos de funcionarios es en el Ministerio de Defensa Nacional.

En el artículo 220 de la Constitución se informaron los 145.521 vínculos de funcionarios y 4028 de no funcionarios. En este grupo –porque lo estamos viendo por grupos– se informaron 3431 vínculos de funcionarios más y 343 de no funcionarios menos; reitero que son vínculos, no personas, fundamentalmente en ANEP, educación y salud, que sumados tienen un saldo de 3088 vínculos más en el total. Dentro de este grupo de los organismos que aumentaron más sus vínculos de funcionarios públicos, la primera es ANEP con 2188 vínculos de funcionarios más. Seguramente ANEP lo haya explicado acá: tiene que ver con muchos factores, desde el nuevo sistema de aulas hasta el número de alumnos por grupo, pero eso no me corresponde. Y la segunda es ASSE con 488 vínculos de funcionarios más. Creo que hay un consenso respecto a la necesidad de fortalecer esas áreas.

                En los organismos del artículo 221 de la Constitución, industriales y comerciales, allí servicio civil ha tenido un contacto, así como con todos los organismos y ministerios, muy fuerte, y quiero agradecer sinceramente el nivel de cooperación. Respecto a 2016 hay una disminución de 167 vínculos. En los gobiernos departamentales –atención a esto– se informaron 39.488 vínculos de funcionarios públicos y 1731 vínculos de no funcionarios. Esto significa un aumento de 630 vínculos, 447 de funcionarios y 183 de no funcionarios. La cantidad total de personas trabajando en los gobiernos departamentales en sentido amplio –estoy hablando de personas, no de vínculos– hoy es de 40.872.

                Como conozco los tiempos de los señores senadores y teniendo en cuenta lo extenso del material al que estoy haciendo referencia, si el señor presidente está de acuerdo, les puedo hacer llegar esta información para que sea distribuida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradezco, doctor Scavarelli, que luego remita a la comisión ese documento. Le aclaro, además, que el proyecto de ley al que alude, relativo al control de fronteras, no está en suspenso sino que se está tratando en la Comisión de Defensa Nacional de esta cámara; ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes.

SEÑOR SCAVARELLI.- No disponía de la información concreta, pero sabía que se esperaba tener preparadas a esas personas, como nos pasó en el Ministerio del Interior, para que cuando tuvieran que salir a la acción tuvieran la formación necesaria por lo delicado de la custodia de las fronteras.

                Salvo que se disponga lo contrario, pasaría a considerar el articulado.

SEÑOR BORDABERRY.- Antes de ingresar al análisis de los artículos, me gustaría hacer una pregunta genérica relativa a los criterios en materia de funcionarios excedentarios. En el caso de que haya organismos que soliciten determinados perfiles de profesionales o cargos, ¿cuál es el criterio que se sigue para seleccionarlos? ¿Cuántos están en esa condición? Quisiera que se profundizara más en este tema. Supongo que un determinado organismo dirá que necesita un médico, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un funcionario; entonces, ¿cuál es el criterio para ofrecerlo?

SEÑOR HEBER.- Este tema nos preocupa mucho por el nivel de vínculos y de funcionarios públicos. Esto tiene un costo, un costo endógeno, del que habla el señor ministro de Economía y Finanzas, que no se puede bajar. Al respecto, el señor ministro había anunciado que, como directiva general, una de cada tres vacantes no se iba a llenar, de modo de poder reducir este costo. Por la información que nosotros estamos manejando, esto se aplicó principalmente en las empresas públicas, o sea, en los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución, pero no así en todo el resto. No le voy a pedir a la Oficina Nacional del Servicio Civil que me dé una explicación, pero daría la impresión de que esto no se cumplió, sobre todo en la Administración central.

                Las planillas  que  nos ha proporcionado  la Oficina  Nacional  del Servicio Civil

–debo destacar que es un informe muy minucioso– me han generado alguna confusión que procuro aclarar para poder entenderlas. Estuve estudiando estas planillas para saber de qué se tratan. Dos de ellas, que figuran en las páginas 55 y 57 del informe, refieren a las altas y a las bajas. En la planilla de altas se detallan los tipos de vínculos y el total de funcionarios. Me genera dudas de que en un lado se hable del tipo de vínculos y en otro de funcionarios.

                En términos generales, tenemos 30.988 altas y 26.166 bajas. Quiere decir que los vínculos con el Estado crecieron en más de cuatro mil. Sin embargo, en función de las directivas dadas por el señor ministro de Economía y Finanzas, yo pensaba que iba a haber menos vínculos.

                Pero como tengo dudas con las planillas, me gustaría que me las aclararan. Estos son los números. Tal vez los estoy interpretando mal.

                En el título de vínculos de altas se detalla la forma en que ingresan. Allí se habla de sorteo, de concurso de méritos y antecedentes, de concurso de oposición y méritos, de sorteo y concurso, y de designación directa. No son pocos los funcionarios que ingresan por designación directa. Son 3466. Entonces, quisiera saber cómo es eso, porque si todos ingresan por concurso, no entiendo cómo pueden hacerlo por designación directa.

                En la planilla dice «Total de funcionarios», pero no sé si son funcionarios o vínculos. Ese total es de 30.988. Y después hay otra columna –que no es pequeña– que totaliza unos 13.000 funcionarios, donde están incluidos los funcionarios públicos y los no funcionarios. Y se habla de «Otros». Por tanto, quería preguntar también qué quiere decir eso. ¿Serán becarios? Hay 777 becarios. Pero también hay «Arrendamiento de obra», «Arrendamiento de servicios», «Otros no funcionarios» en la columna «Otros». Allí es cuando empiezo a marearme. ¿Qué quiere decir «Otros»?    

                Por eso, para poder entender la planilla, le pediría que me explicara qué quiere decir «Designación directa» y qué significa «Otros», porque es otra forma de ingreso. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es? Repito, está el sorteo, el concurso de antecedentes y méritos, el concurso de oposición y méritos, y el de sorteo y concurso, y además, está la columna «Otros».

                En cuanto a la planilla de «Bajas», yo siempre tomaba como vacante real –tal vez estoy equivocado; me ha generado una polémica de carácter público– las de fallecimiento, las destituciones y las jubilaciones. Esas son vacantes seguras. ¿No es así? Esas suman más de siete mil. Pero después tenemos «Renuncia/fin de contrato» que, en el total de funcionarios, suman 17.944. Supongo que estos son contratos que se renuevan y que, de alguna manera, terminan pero tienen una renovación automática, pero son suposiciones. Por tanto, me gustaría que me lo explicaran en forma oficial para poder entender si, en realidad, podemos manejar como vacantes del Estado la cifra de 7000 o la de 26.000. Me parece que no es posible que sean 26.000. Por esa razón, me gustaría que me contestaran de modo tal de poder establecerlo claramente y entender estas planillas.

                Por otro lado, luego vienen otras planillas en las que se realiza una agrupación temática de los organismos. En este caso tuvimos algunas dificultades para saber, en cada ministerio y repartición, en dónde es que efectivamente están entrando, porque se aglutinan. Por ejemplo, se aporta información sobre el sistema judicial, pero no sabemos cuántos son del Poder Judicial y cuántos son de la fiscalía. Supongo que estarán incorporados en la categoría «Sistema de Justicia». Entonces, no nos ha sido fácil interpretar estos datos.

                Pero en la planilla donde tenemos las cifras de los vínculos de los funcionarios públicos, que son 297.601, hay situaciones que nos llaman la atención, como las de los zafrales y eventuales. En algunos casos se puede entender. Por ejemplo, en Salud Pública los zafrales son aquellos que son contratados por alguna comisión de apoyo a un hospital. Creo que allí teníamos esa situación, de muchas personas que no son funcionarios públicos. Pero en Servicios Sociales hay 1300 zafrales, y el total de funcionarios en esta área es de 6500. Entonces, me gustaría realmente poder entender estos vínculos de funcionarios públicos.

                Por último, para ir ahorrando tiempo en esta intervención –porque las respuestas van a generar, seguramente, alguna otra duda–, quiero referirme a lo que anunció el señor director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es el tema de la cantidad de vínculos de entidades con participación estatal mayoritaria y los vínculos laborales en personas jurídicas de derecho público no estatal. Son diferentes, por supuesto, porque unos tienen una relación de dependencia y los otros, muy indirectamente. Por ejemplo, cuando hablamos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, son ellos los que definen. Pero como hay asistencia estatal, nos interesa hacer un análisis también al respecto.

                Hay 2628 vínculos que están en las entidades con participación estatal mayoritaria, que corresponden a entidades en las que participan el Banco República, Ancap, UTE, AFE, Antel, OSE, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, etcétera. Ahora bien –y pregunto para entender–, ¿esto se hizo con técnicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil o es solamente una información que aparece en la web? Es decir, ¿podemos creer en este trabajo como realizado a fondo? Porque me da la sensación de que puede haber algunas diferencias. Entonces, le preguntaría cómo es que averiguaron o se encontraron con estos datos, para efectivamente saber si son estos. Se trata de un trabajo que, si se hizo a conciencia y bien, realmente es muy importante. No habíamos tenido esta información y ahora la tenemos. Entonces, queremos saber si realmente es fidedigna, seria, creíble, de modo tal de poder saber cómo nos expresamos públicamente, porque si nos preguntan, tenemos que hablar con propiedad en función de esos estudios.

                Estas serían las primeras preguntas que nos gustaría que el señor director de la Oficina Nacional del Servicio Civil me pudiera contestar. Tengo más, pero para poder avanzar y acortar los tiempos, me gustaría ver si me puede responder estas, porque así puedo acumular las otras interrogantes sobre los vínculos de los funcionarios públicos con el Estado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Ante todo, voy a hacer una declaración de principios: para nosotros ese es un documento público y, por lo tanto, la información que contiene la traemos con absoluta convicción de su veracidad. No es una construcción –sé que el señor senador no lo dijo–, pero la palabra precisión está en el tema y lo comparto, ya que de otro modo se estaría hablando de mediciones que no lo son.

En el desarrollo de este formidable equipo de la Oficina Nacional del Servicio Civil se han ido agregando algunos cruzamientos por parte de la Administración pública –entre ellos, del propio BPS–, y de la información que nos viene de los organismos, hay un cruzamiento de lo que esos mismos organismos tienen declarado como cotizantes en el BPS como funcionarios de ese lugar. En pocas palabras, podemos decir que en algunos temas tenemos un 99% de precisión, algo que históricamente nunca existió. Y podrá estar mal que lo dijera yo, pero como no lo hice solo, ni línea por línea, realmente me siento orgulloso de este trabajo que, ciertamente, muy pocos países tienen. Hace pocos días estuve con el secretario general de la OCDE, lejos de aquí, y cuando le conté acerca de la información que estábamos teniendo me dijo que hay países de la OCDE que no tienen tanta precisión detallada. Esto no me consuela pero me da orgullo,  porque fue hecho por gente que no es de la mejor retribuida en el Estado.

                El segundo tema tiene que ver con las redistribuciones, algo que siempre nos tuvo desvelados. Como recordarán, el redistribuido, una vez que se lo declara tal, se va con su cargo. Siempre pongo el ejemplo –pseudodocente– de que el individuo tiene un cargo como si fuera un cajón, y otro metido adentro; cuando uno lo redistribuye, se va con cajón y todo, es decir, se va con la remuneración. 

Uruguay venía padeciendo una situación desde hace más de veinte años –y ahora voy a pedirle al gerente del área que amplíe la explicación–, que no quiero adjetivar, así que solo diré lo siguiente. No era admisible que hubiera personas que habiendo sido declaradas excedentes desde hacía años y años, seguían cobrando, y cuando la Oficina Nacional del Servicio Civil las ofrecía a algún lugar, esas personas, por bien o por mal, montaban un show que las hacía improponibles para el jerarca que las tenía que admitir, porque estaba comprándose un problema. Al ver este tema, y nuevamente contando con la cooperación de los funcionarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil dijimos, «esto se acaba». Son 150 personas, de las cuales 50 están fuera de la zona en que se pueden redistribuir porque pertenecen a localidades del interior donde no hay dependencias públicas donde colocarlas. Al resto, las estamos trayendo e insertando o reinsertando, aunque en la mayoría de los casos estamos insertándolas, porque cuando una persona se acostumbró durante muchos años a cobrar sin trabajar, es difícil que un día le digan que tiene que cumplir un horario. Felizmente, ese número de personas que se ha incorporado a prestar servicios al convocarla, es interesante, es más importante de lo que en un principio creí. Y también es cierto que muchos, cuando vieron que el panorama cambiaba, renunciaron y se jubilaron,  y los otros se jubilarán cuando llegue su momento.

                En materia de redistribución –que es la pregunta concreta que se nos formula–, el mecanismo que hemos instaurado es el siguiente: cuando la Oficina Nacional del Servicio Civil y, sobre todo, Uruguay Concursa –la protagonista en este tema– recibe la declaración de excedente de un funcionario, con todo su perfil, cambiamos el sistema y lo ofrecemos simultáneamente a todos los organismos del Estado a los que les pueda interesar. Rompimos el mecanismo de mandárselo a uno, esperar a que nos diga que no y después mandárselo a otro; lo enviamos a todos y, salvo razones de absoluta especificidad técnica, el que lo pide primero se lo lleva. Eso nos ha ayudado enormemente a bajar la plantilla de personas que quedan en ese limbo, porque ya no están comprometidos con los lugares a los que pertenecen y están a la espera de adónde ir, lo que tampoco es justo para el propio funcionario, porque pensemos, por ejemplo, en el caso de Pluna, era gente que no tenía absolutamente nada que ver con el resultado.

                Si el señor presidente lo autoriza, pediría que hiciera uso de la palabra el doctor Sánchez, veterano gerente de esta área, para que nos dé una explicación complementaria a lo que sucintamente yo he expresado.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Precisamente, como decía el señor director, de acuerdo con la normativa vigente en materia de redistribución que establece el presupuesto anterior, las necesidades de personal –para contestar al señor senador Bordaberry– de la Administración central deben consultarse de la nómina de personal a redistribuir, con las excepciones de la Universidad de la República y la ANEP que, a la hora de designar, no tienen que realizar la consulta a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

                ¿Qué sucede cuando un organismo de la Administración central e, incluso, los entes autónomos, inicia un proceso de designación? Cuando el expediente llega a nuestra oficina, lo primero que se hace –antes de informar favorablemente ese llamado– es consultar la nómina y ver si el perfil que pretende designar el organismo que está haciendo el planteo coincide con algunas de las personas declaradas excedentes que figuran en el registro de personal a redistribuir. Puntualmente, así hemos reubicado a muchísimas personas, en particular tomando en cuenta que el registro es móvil, continuo, en el sentido de que ingresan personas a la nómina y egresan de ella cuando son ofrecidos e incorporados a un destino. Si tomamos un número fijo, en el año 2015 teníamos tan solo 155 personas para redistribuir, cuando hubo miles en la nómina. Actualmente, solo quedan 54 personas para redistribuir, con perfiles, como se adelantaba,  muy complejos, ya sea por su edad, por su formación particular o por la localidad donde se desempeñan, donde no hay necesidades que se manifiesten a la Oficina Nacional del Servicio Civil de personal con esas características. Paulatinamente, como adelantaba el señor director, procedimos a hacer una oferta genérica de todos los funcionarios que estaban en la nómina y fue entonces que logramos reubicar a muchísimas personas, por ejemplo, a todas las que fueron declaradas excedentes por AFE. El remanente de 54 personas que falta redistribuir está conformado por funcionarios de AFE y algunos de Pluna, con perfiles muy particulares, que no fue posible reubicar, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa Nacional o en la unidad ejecutora Dinacia, donde pudimos reubicar a muchos funcionarios de Pluna, por su formación. Asimismo, queda algún funcionario del servicio médico de la Agencia Nacional de Vivienda que, como consecuencia de la supresión de ese servicio, están incluidos en la nómina y seguramente serán ofrecidos, por su perfil, a ASSE y, eventualmente, al Hospital Militar y al Policial.

                Esa es la información referida a la manera como procedemos a reubicar a los funcionarios cuando hay necesidades que coinciden con los perfiles de las personas que tenemos en la nómina.

SEÑOR BORDABERRY.- Formulé esa pregunta porque me llamó la atención un caso –me dicen que hay otros– en el Banco de Seguros del Estado. Esa institución envió a la Oficina Nacional del Servicio Civil, en junio del año pasado, una nota por la cual solicitaba, por obvias necesidades urgentes, un abogado. La Oficina Nacional del Servicio Civil envió un abogado, redistribuido de Pluna, pero ese abogado –que después se incorporó al Banco de Seguros del Estado– era director de Ancap. En definitiva, se envió al Banco de Seguros del Estado a un funcionario que era director de Ancap y, por lo tanto, no podía ser abogado. Entonces, esa persona llegó al Banco de Seguros y dijo que como estaba trabajando en Ancap se reservaba el cargo y no asumía. Yo estoy seguro de que la Oficina Nacional del Servicio Civil debía saber que estaba enviando a una persona que no podía asumir el cargo. Y no solo eso, sino que como venía, como bien dijo, con el cajón, entabló una demanda contra el Banco de Seguros del Estado porque no le reconoció la diferencia salarial.

Entonces, si la Oficina Nacional del Servicio Civil, cuando le piden un abogado en forma urgente, envía uno que no puede asumir, me parece que estamos en problemas. Creo que debería saber que no podía asumir cuando lo solicitó. Por eso me gustaría saber cómo se procede en estos casos, porque en realidad están mandando a un excedentario a un lugar donde no puede trabajar, y, encima, termina haciendo reclamos.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor presidente: sobre los reclamos no tenía noticias, pero de la situación sí, por supuesto.

                Como es sabido, los funcionarios públicos, una vez que son declarados excedentes, tienen derecho a mantener la condición de funcionario público e ir al organismo de recepción que los acepte. Es decir que la facultad de resistencia del funcionario es mínima y estrictamente fundada. Los cargos de particular confianza tienen una fecha en que cesan, por lo que si el organismo receptor –en este caso el Banco de Seguros– lo acepta, tiene asegurado un lugar en la función pública. Ahora bien, si en lugar de haber estado en Ancap, hubiera ido a cualquier otro organismo del Estado, la situación habría sido exactamente la misma. El individuo tiene derecho a ser redistribuido y reservar el cargo mientras ejerza la función de particular confianza.

                Si de sus palabras se infiere –no creo que lo haya querido decir, pero si lo dijo lo aclaro con mucho gusto– que todo esto es parte de un mecanismo por el cual, a sabiendas, se manda a alguien a un lugar, quiero decir que no es así. A los lugares van porque, por escrito, lo pide el organismo de destino. Nosotros no hacemos una oferta cualquiera, sino que el organismo como tal nos tiene que contestar por escrito.

                Por otra parte, no tengo idea de lo del juicio a que se refirió el señor senador. Creo que este procedimiento fue complejo, pues la condición de funcionario público va más allá del período en que ejerce el cargo de particular confianza; si el individuo tiene que optar entre la función pública y el cargo de particular confianza, lo primero que hay es una responsabilidad del Estado de redistribuir. Mientras se mantenga la condición de cargo de particular confianza, se lo tratará como cualquier funcionario público al que se designa en un cargo de ese tipo y reserva el cargo. Las otras suspicacias corren de cuenta del señor senador; en eso no voy a intervenir. De lo único de lo que puedo dar fe es que en esto actuamos de acuerdo a lo que los servicios informaron y creímos correcto.

                Si el presidente lo permite, el gerente del área desea realizar una acotación.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Esta persona, el doctor Berti, tenía la condición de funcionario presupuestado de Pluna y, en esa calidad, estaba alcanzado por la normativa relativa a la posibilidad de declaración de excedencia. En particular, el artículo 17 de la Ley de Presupuesto anterior excluye a texto expreso a las personas que ocupan cargos políticos o de particular confianza, de la posibilidad de redistribuir, con la excepción de aquellos organismos que son suprimidos.

                Entonces, en principio, uno podría decir que en tanto ocupa un cargo de particular confianza o político no estaría alcanzado por la normativa de redistribución, pero, existe una excepción para los casos de supresión de servicios, por lo que está alcanzado por la normativa en forma expresa.

SEÑOR BORDABERRY.- Lo primero que quiero decir es que no estaba presupuestado, tenía un contrato, y se lo presupuestó cuando llegó al Banco de Seguros del Estado.

                Lo segundo es que la perspectiva es esta. Una cosa es el ofrecimiento público y que el organismo lo tome, pero no es esta situación. Acá tengo la nota en la que el organismo le solicita expresamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil un profesional porque necesita un abogado y esta, respondiendo la nota, le manda un abogado que no estaba en condiciones de asumir en el momento. Esa fue la situación y aquí tengo el expediente, que no tengo problema en que lo vea. Ahí es donde los criterios generales, que son los que tienen que primar, como nos han dicho, a veces fallan y lo vemos cuando pasan estas cosas. Si se necesita un abogado y se pide, no se puede mandar a un abogado que no puede asumir inmediatamente porque está ejerciendo en otro cargo y, además, lo presupuestan y hace un reclamo porque estaba ganando más en otro lado. Discúlpeme, pero eso no puede ser. Y no son suspicacias, pero eso no se puede hacer, aunque sé que es muy grande el Estado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Se podría pensar que en materia de redistribución uno tiene un bolsón donde hay de todo, pero no es así; había un solo abogado para redistribuir porque es muy difícil que a un abogado se lo declare excedente.

                Voy a poner un ejemplo de nuestra oficina. Nosotros asumimos a una persona en redistribución que sabíamos que por ser un pase preceptivo iba a ser pedido preceptivamente porque el jerarca tenía derecho a hacerlo. De todos modos, optamos por incorporarlo a nuestra plantilla, para quienes me sucedan en el futuro –son personas que no tenemos y nos pueden servir para desarrollar tareas que no tenemos cubiertas–; preferimos sacrificarnos en la Oficina Nacional de Servicio Civil y que se vaya por dos años a trabajar a otro lado, porque ya sabemos que ese cargo quedó dentro de nuestro organismo. Para que el señor senador tenga idea, cuando se dispusieron algunos mecanismos, como el de las empresas que no son públicas, para la Oficina Nacional de Servicio Civil representó más del 87 % de incremento de personal. Cuando a la oficina se le asignó el control de la asiduidad de toda la Administración central y se tuvo que desarrollar el Sistema de Gestión Humana 2.0, si no hubiera sido por la cooperación de organismos como UTE, que nos prestó ingenieros, hubiera sido imposible poder hacerlo. Agesic nos apoyó y pudimos cumplir en tiempo; pudimos cumplir el compromiso con la gremial de trabajadores y con lo que la ley marcaba. Entonces, un poco parafraseando a Milanés, uno lo prefiere compartido antes que perderlo; es preferible tener la seguridad de que dentro de dos años tendré un abogado, un ingeniero, un médico. Comprendo perfectamente –porque, además, todos somos gente política de toda la vida– que se puede prestar a mil interpretaciones, pero lo que puedo asegurar es que era el único abogado que había para redistribuir  –el señor senador puede comprobarlo– y que concretamente nos pidieron un abogado. Como dije, es problema del organismo de destino si lo va a tener de director o lo va a bajar  de director el Poder Ejecutivo, eso escapa a nuestra competencia.

SEÑOR BERTERRECHE.- Me queda una duda. El organismo pide un abogado, se redistribuye ese abogado, y el organismo, ¿puede decir sí o no?

SEÑOR SCAVARELLI.- Así es.

SEÑOR BERTERRECHE.- Y el que lo dice es el directorio, con todos sus miembros, con su representación política.

SEÑOR SCAVARELLI.- Sí. No se le puede imponer al organismo, como no le pudimos imponer los 150 que teníamos antes. Si el organismo dice «me sirve», lo tengo.

En nuestro caso –que algunos no los tenemos ahora– el razonamiento fue: prefiero dejar esto cubierto para quien me suceda en el futuro y no que se encuentre con un panorama desolado. Ese es el tema.

                En cuanto a la interrogante del señor senador Heber acerca de la gente que entró o no y los porcentajes,  primero quiero precisar que la competencia de la Oficina Nacional del servicio civil en la CARO –que presidimos–  es exclusivamente para  la Administración central. Allí hemos tenido una muy buena respuesta.  Sin embargo, también están los organismos descentralizados y autónomos, así como las intendencias, que están por fuera del sistema.

                Para referirse al tema, pido al señor presidente que le dé la palabra a la contadora Tiscornia, gerente del área respectiva.

SEÑORA TISCORNIA.- Quiero aclarar que la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional comenzó a valorar la oportunidad y mérito de la provisión de vacantes a partir del año 2017, en que entró en vigencia la Ley n.º 19438.

                En ese sentido, puede decirse que la mayoría de las restricciones que estableció la comisión en algunos llamados, todavía no han completado –por decirlo así– el proceso de reclutamiento y selección. En general, los llamados se inician y el período desde que la CARO se expide hasta que efectivamente se designa es bastante extenso. Por lo tanto, no tenemos resultados inmediatos acerca de la reducción de las vacantes.  

                No obstante esto, al 31 de diciembre de 2015 –siempre hablando de vacantes y, por lo tanto, de cargos y no de vínculos– la Administración central contaba con 19.370 cargos civiles ocupados y, al 31 de diciembre de 2017, con 18.061. Hay una reducción en la Administración central, sin aplicación o con una mínima aplicación de la restricción de la comisión, de un 6,76 %.

                Me parecía importante aportar este dato, dada la consulta formulada por el señor senador.

SEÑOR SCAVARELLI.- Este año se dio un dato muy importante respecto al funcionamiento de la CARO, que es muy particular. Además, ahora contamos con un programa informático que repele la propuesta cuando no se cumple la totalidad de los extremos.

Ese organismo, que está integrado por la Oficina Nacional del Servicio Civil,  la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas, incluso avanza sobre el organismo que hace la petición –que puede ser un ministerio– para estructurar y reestructurar el funcionamiento y simplificarlo.

Estamos trabajando en infinidad de organismos.  Por ejemplo, nos encontramos  a punto de tener el honor de firmar un convenio con el Poder Legislativo –está muy avanzado el proceso–, lo que ya hemos hecho con el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y al Banco Central. Quiere decir que tenemos la fortuna de una confianza en la seriedad del trabajo que, naturalmente, nos llena de satisfacción.

Con respecto al tema concreto de la CARO, además de este mecanismo hay un resultado muy importante porque el propio presidente de la república, en Consejo de Ministros, les dijo a los jerarcas la necesidad de ir cortando este fenómeno hasta llegar al límite de la eficacia en el cumplimiento.

 Nosotros tenemos cometidos estatales que cumplir. Tengo aquí las tablas –que nuestros sociólogos han armado– de las distintas naturalezas en el mundo por tipo de Gobierno, y está claro que el primer paso es el cumplimiento  de cometidos con eficacia. El objetivo que se persigue es transformar el cumplimiento con eficacia en cumplimiento con eficiencia, es decir, con el menor corte. En este sistema nosotros no podemos establecer un corte tajante, sino que deben establecer lo que requieren para el cumplimiento irrenunciable de una política de Estado que marca cada Gobierno, de acuerdo a lo que ha establecido.

                Sobre este punto pediría que se cediera la palabra a la socióloga Analía Corti.

SEÑORA CORTI.- En la página 55, la tabla 24 refiere a vínculos. Dice «Altas por mecanismos de selección según tipo de vínculo». Al principio están todos los tipos de vínculos de funcionarios. En el medio dice «Total de funcionarios», pero son vínculos de funcionarios. Después están todos los tipos de vínculos de no funcionarios y el total de no funcionarios. El total que está abajo es la suma de vínculos de funcionarios y de no funcionarios.

                Con respecto a la pregunta sobre las designaciones directas, queremos decir que cada organismo nos informa cada vez que tiene un alta de ese tipo. Nosotros les pedimos que aclaren por qué normativa fue o cómo entró esa persona. En el formulario de cada uno de los organismos se puede ver eso. Por ejemplo, en el del Ministerio de Economía y Finanzas, que está en la página 156, se menciona que entró una persona presupuestada por designación directa, y en la siguiente página se aclara que entró en la Contaduría General de la Nación, con un cargo de subcontador general de la nación, artículo 60, inciso cuarto, y artículo 168, numeral 9.º de la Constitución. Hay distintos casos según el organismo. Todas  las designaciones directas están aclaradas en cada formulario.

                Ya lo habrán visto, pero es bueno señalar que las designaciones directas en el Poder Ejecutivo representan el 0,3 %; en los organismos del artículo 220 el 6,9 %; en los del artículo 221, el 0,6 % y en los gobiernos departamentales, el 35,5 %. 

                Con respecto a las preguntas sobre «Otros funcionarios», sucede lo mismo. Cuando un organismo nos dice que incluyó a alguien en la categoría «Otros funcionarios», siempre se le solicita que aclare de qué se trata. «Otros funcionarios» pueden ser, por ejemplo, contratos de alta especialización –Ley n.º 16736–, miembros designados por el Poder Ejecutivo, representantes del Poder Ejecutivo en unidades reguladoras y comisiones, ex Pluna, adscriptos –artículo 57 de la Ley n.º 18719–, restituidos, reincorporados, reservistas, médicos residentes del Ministerio de Defensa Nacional, jornaleros de las Intendencias, docentes de proyectos de ANEP, contratos del artículo 410 de la Ley n.º 16170, provisoriatos de ASSE y de la fiscalía, que entran en esa categoría, secretarios de ediles de la Junta Departamental de Durazno. Si los quieren, los tenemos detallados. Están en el informe. No hay un cuadro de eso, pero están en cada formulario. Lo mismo pasa con otros mecanismos de ingreso. En el formulario de cada inciso están aclarados. También les podemos facilitar algo más sistematizado, si les parece oportuno.

SEÑOR SCAVARELLI.- Recuerdo que el año pasado planteé –porque lo viví y sé que la agenda parlamentaria no da mucho tiempo– que sin que sea necesario que los señores legisladores participen en estas cosas, si tienen personas con expertise –o si quieren tenerlas– sobre esta materia, la Oficina Nacional del Servicio Civil está absolutamente abierta para que nos envíen gente a fin de organizar talleres, para que haya un intercambio de información, porque el único interés que nos mueve es que nos entendamos, dado que tenemos la convicción de que esto es así. Si de esa convicción resulta que se da una circunstancia que no está acorde a lo que queremos que sea  en cuanto a la realidad, lo mejor es que podamos rectificarla. Pero tengan la oferta formal de que las personas que los senadores designen –eso no está incluido en la normativa de obligatoriedad del Poder Ejecutivo– en la Oficina Nacional del Servicio Civil serán absolutamente bienvenidas para poder profundizar en la información y en el análisis de tablas que son de una altísima complejidad –a todos nos ha pasado; a mí también cuando estuve acá–  que no son fáciles de interpretar. Si bien hay muchos senadores que tienen especialistas en esta materia, nuestra oficina está abierta a brindar la totalidad de información que pueda resultar útil o simplemente conveniente.

SEÑOR HEBER.-  Con respecto a estas planillas solamente me faltó una aclaración donde se dice «renuncia por fin de contrato», que son 17.944. Me preguntaba si realmente son bajas, o no lo son porque se les renueva el contrato. Quiero entender de cuántas vacantes estamos hablando: son 26.000 o 7.000. Las que sí son seguras son las originadas por fallecimiento, destitución o jubilación. Hay otra columna que dice: «y por todo otro motivo». Concretamente, quiero saber si se renuevan o no y si podemos tomar las 17.944 como vacantes. Esta pregunta es clave para entendernos en la discusión política.

Después quiero hacer una consideración sobre las personas públicas.

SEÑORA CORTI.- Esa categoría no es renuncia por fin de contrato, sino que están juntos los casos de renuncia y los de fin de contrato; es renuncia/fin de contrato. Están todos juntos. Para la próxima vez vamos a intentar separarlos para que no se genere esta confusión.

                Con respecto a si las bajas se pueden considerar vacantes, quiero decir que no; en realidad, hay muchos tipos de vínculos que no generan vacantes y, además, a veces queda un cargo libre y esa vacante se suprime. No necesariamente una baja es una vacante. Además, también está el hecho de que, por ejemplo, baja un subdirector y sube otro;  eso es una baja y un alta. Está contado en las dos, pero en realidad cambia el titular.

                Me parece que hay una confusión porque en el cuadro que figura en la página 77  agrupamos temáticamente; ahí no aparece inciso por inciso la evolución de los vínculos, que sí están en la página 127. Allí están los vínculos de los funcionarios y los de los no funcionarios inciso por inciso. Por ejemplo, se hacía referencia al sistema de justicia; ahí está agrupado para hacer un análisis de un tipo temático. En el otro cuadro está inciso por inciso, separado. Se puede ver desagregado.

                En cuanto a cómo hicimos el relevamiento de las personas públicas no estatales y las entidades en las que el Estado tiene mayoría, quiero decir que se trató de hacer una identificación de cuáles eran las personas jurídicas de derecho público no estatal. En este sentido, la oficina ya tenía una vinculación porque se le solicita la información de ingreso de personas con discapacidad y de personas afrodescendientes. Entonces, en consulta con la OPP y otros organismos, se identificó a la entidad pública que tenía la mayoría y se le solicitó que nombrara un nexo para enviar esa información. Se les mandó una nota sobre la nueva normativa, comunicándoles que iban a tener que enviar la información a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Entonces, luego con ese nexo se contactó y se solicitó la información. Los que nos enviaron la información fueron las empresas o entidades públicas, no las sociedades anónimas.

SEÑOR HEBER.- Voy redondeando, señor presidente, para cumplir con su requerimiento de la hora de finalización.

                Debo decir que ahora entendí mejor las planillas. Sé que la Oficina Nacional del Servicio Civil tiene unos 160 funcionarios, con un trabajo enorme. Valoro a todos los funcionarios que allí trabajan porque además es muy difícil conseguir la información. Antes que nada, quería aclarar eso. Ahora, el nexo no está funcionando bien porque, a pesar de que el señor director dijo que era absoluta la precisión, que se trata de un documento público, que muy pocos países lo tienen y que fue felicitado por la OCDE, nosotros tuvimos la posibilidad de chequear uno solo de estos datos y vimos que no era correcto. Como no tenemos directores en los entes, no podemos chequear los demás datos y por eso necesitamos esta información. Sin embargo, al tener un director en Ancap, sí pudimos verificar la información, lo que arroja que en ALUR el nexo mintió.  Se nos dice que hay 450 funcionarios  y la información de Ancap en cuanto a ALUR es de 794 a diciembre de 2017. Quizás les estén mintiendo a ustedes y aclaro que yo no estoy responsabilizando a la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero pude chequear una sola información y el director de Ancap, que hizo el pedido de informes, nos dice que la información de ALUR a Ancap  es que tienen 794 funcionarios. Es decir que estamos hablando de casi 400 funcionarios más. Esta información está en Ancap y la pueden pedir allí. Nosotros precisamos tener información fidedigna, pero vemos que el propio Estado le miente al Estado, a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Es importante que hagamos estas reflexiones porque son parte integrante de la credibilidad. Aclaro que no me estoy refiriendo a todos los informes, sino que hablo de la credibilidad cuando se trata de informes de las empresas de participación estatal mayoritaria. También están las personas jurídicas de derecho público no estatal, donde el Estado pone mucha plata y donde hay muchos funcionarios. Uno tiene que cuidar la plata de la gente. Pensemos que son USD 35:000.000 que le damos al centro Ceibal, con 377 funcionarios, pero no tenemos la oportunidad de preguntar si son necesarios o no tantos funcionarios. Repito: se trata de USD 35:000.000 y ahora nos estamos peleando en el presupuesto por mucho menos plata que esto. Quizás se justifiquen también, por ejemplo, los 836 funcionarios en una institución del Estado que yo venero porque el trabajo científico que hacen es muy bueno, como es el INIA. Es cierto que hacen un trabajo magnífico, pero le damos USD 41:000.000. Ahí ya tenemos, entre los dos organismos que mencioné, más de USD 70:000.000 que estamos poniendo. Entonces, me gustaría tener la certeza de que esa plata está bien usada y que no hay excesos. Total, el Estado paga. Pero el INIA es una institución excepcional. No sé si justifica los 836 funcionarios –quizá sí– y los USD 41:000.000.

Ahora,  este tema de ALUR me preocupa. ¿Pero cómo? Hay en un informe que es preciso, que es un documento público, que muy pocos países del mundo tienen –inclusive, recibió las felicitaciones de la OCDE–, pero resulta que el director nos dice que ALUR tiene el doble de funcionarios. ¿Le están escondiendo a la Oficina Nacional del Servicio Civil 400 funcionarios que no declaran? ¿Es ALUR que no le da la información? Porque, oficialmente, según Ancap son 794. Son datos oficiales, del directorio de Ancap.

Estos son temas que nos gustaría precisar. No dudo que hay mucho trabajo detrás, pero es una lástima que cuando se llega a rendir examen frente al Parlamento, se deje en falsa escuadra a quien hizo toda esta tarea para darnos la información que estábamos requiriendo por ley porque resulta que ALUR está retaceando información o no le dice la verdad a la Oficina Nacional del Servicio Civil o al nexo que mencionaba la señora directora de área. El nexo no funcionó. Como dicen los muchachos, los dejó pegados, porque si en lugar de 450, son 794 los funcionarios, estamos hablando de casi el doble. Y eso se lo escondieron a la Oficina Nacional del Servicio Civil y al Parlamento, pero no lo pudieron esconder en Ancap. A veces uno dice que es difícil trabajar de esta manera. ¡Claro que sí! Pero es una barbaridad que no se le haya informado a la Oficina Nacional del Servicio Civil que hay casi 400 funcionarios más.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: quería hacer referencia solamente al tema del INIA. Me asombra realmente; quizá sea lo avanzado de la hora. Se pone una sombra de duda sobre uno de los institutos que está evaluado y que se sabe que por peso invertido es de los que dan más rentabilidad. Entonces, dejar esa sombra de duda… Me parece que hay colegas acá que hacen la cuenta en papel de estraza. Disculpe, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradezco la precisión, señor senador.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor presidente: quería hacer una apreciación importante, prescindiendo de las ironías; los dos tenemos vieja escuela en buena ironía. Voy a este punto concreto. Cuando digo que la Oficina Nacional del Servicio Civil trae información que en algunos aspectos representa el 99 % de precisión, no necesariamente –además, presumí que era comprensible– puede estar referido a un cometido que nos han asignado hace pocos meses. En ese sentido, estamos trabajando denodadamente para poder llegar a esa numeración, triangulando con el Tribunal de Cuentas de la República, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con el ente que es propietario del paquete accionario. Es cierto que somos receptores. Entonces, como en cualquier terreno de la vida, el registrador da certezas de lo que le ponen al frente en la registración. Antes del comentario del señor senador, recibimos un alertante pedido de informes, creo que del diputado Cardoso, quien nos hizo exactamente la misma pregunta, y automáticamente se nos prendieron todas las alarmas. Yo le voy a pedir que para dar la respuesta a esas inquietudes se le dé la palabra a la licenciada Analía Corti. Ella va a trasmitir la información que recibimos y que nos trajo el alma al cuerpo –créanme– porque teníamos la misma preocupación que el diputado Cardoso y el señor senador Heber.

SEÑORA CORTI.- Cuando hicimos la consulta a Ancap, por escrito se nos respondió que en la plantilla de ALUR, al 31 de diciembre de 2017, había registrados 752 trabajadores, de los cuales 450 eran activos y 302 no activos, porque muchos son zafrales, pero figuran en el Banco de Previsión Social. 

SEÑOR SCAVARELLI.- Sé que estas son reglas del juego político, al que jugamos todos hace mucho, pero doy por descontado que la información buena es la que vale la pena, por lo que no tengan la menor vacilación al hacer la consulta.

                Lo que nosotros estamos manejando es un sistema que tiene tal grado de informatización y de precisión –no nos dio el tiempo de hablar de organismos como, por ejemplo, las intendencias, que están contratando personas destituidas, contrariando el espíritu de la ley– que hace que hoy se pueda consultar el registro de vínculos de la Oficina Nacional del Servicio Civil los 365 días del año, las 24 horas del día, por las personas habilitadas. Esto nunca pasó, pues antes llevaba días de expedientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y a todo su equipo que tenga a bien enviar a la comisión el documento al que hizo referencia, así como la fundamentación de cada uno de los artículos, porque son pocos los señores senadores que están en este momento en sala.

                Por otra parte, se deja constancia de que cuando hablamos de personas públicas no estatales y sociedades donde hay participación del Estado, nos estamos refiriendo al derecho laboral común, al derecho laboral privado; no rige el derecho público.

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda les agradece su presencia en este ámbito.

                Se levanta la sesión.

(Son las 18:32).