COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

(Sesión celebrada el 8 de agosto de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 17:07).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Invitación a participar de una reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Industrias del Uruguay. Se propone como fecha el día martes 21 de agosto a las 17:30 en la cámara de industrias.

                Invitación al lanzamiento del ciclo de cine ambiental “Camina” en el cine Movie de Montevideo Shopping, hoy miércoles 8 a las 19:30.»

(Ingresan a sala las autoridades de la Intendencia de Canelones).

                –La Comisión de Medio Ambiente tiene el gusto de recibir al señor Sergio Ashfield, Director de Planificación y a la señora María Eugenia González, Directora General (interina) de Gestión Industrial, ambos de la Intendencia de Canelones.

                El objetivo de la convocatoria es que una delegación de vecinos que representan a la comunidad de Paso Hondo, zona rural de Colonia Nicolich, estuvo presente en la comisión planteando una serie de cuestionamientos al proceso de instalación de la industria argentina de productos químicos, König S.A. La comisión les envió la versión taquigráfica de esa sesión a las autoridades de la comuna canaria. Posteriormente recibimos a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que también hizo sus planteos con relación al tema. Por ese motivo entendimos oportuno y necesario convocar a la intendencia.

SEÑOR ASHFIELD.- Gracias por recibirnos. Les pedimos disculpas en nombre del intendente porque él tenía pensado participar de la reunión, pero como a las 19:00 hay una convocatoria en la Junta Departamental no iba a poder estar en ambos lados.

                Efectivamente, recibimos los materiales que nos envió esta comisión del Senado. En los últimos días la señora Mercedes Villar y los vecinos de Paso Hondo solicitaron ser recibidos por el señor intendente. Esperamos poder concertar esa entrevista en el correr de la semana que viene, a los efectos de intercambiar con los vecinos acerca de todas las discrepancias que han surgido. Utilizo el término discrepancias, ya que es lo que los vecinos han manifestado con respecto a los hechos que ellos plantean. En ese sentido, queremos decir que tenemos dos situaciones en lo que los vecinos denominan Paso Hondo. Una de ellas está relacionada con la empresa König y la otra con el lugar potencialmente transformable definido en el plan de Nicolich. Esos son los dos grandes bloques de planteos que nos están realizando.

                En cuanto a la primera cuestión, vamos a relatar a los senadores un índice de actuaciones vinculados con los trámites referidos a la empresa en la Intendencia de Canelones, cuya información completa estaríamos enviando posteriormente a esta comisión vía correo electrónico. La empresa inició el primer trámite de viabilidad de instalación en ese lugar en el año 2006. Esto se consustanció en un expediente hasta 2008. Hasta ese año la Intendencia tenía expedientes papel y a partir de ese momento todos nuestros trámites y acciones se encuentran en formato electrónico. En el año 2006 se inicia y se otorga una viabilidad de emplazamiento a la empresa König. Esto lo queremos destacar porque la Ley de Ordenamiento Territorial se vota en el año 2008 y, por lo tanto, los pasos posteriores a la ley que realiza la Intendencia de Canelones parten de la base de reconocer una preexistencia que es una viabilidad otorgada antes de la vigencia de la norma mencionada, es decir, repito, en el año 2006. Esto tiene una relación directa con los corredores logísticos industriales, que son: 101, 102 y ruta n.º 5. A eso hay que sumar bypass de Pando y ruta n.º 8, que tienen diversos instrumentos aprobados en la Intendencia a partir del año 2010. En 2008 se aprueba la ley, en el 2010 Costa Plan y en 2011 las directrices departamentales, decreto n.º 20, así como sus distintas modificativas. Digo esto para ponernos en antecedente de ese correlato de viabilidades otorgadas y para mostrar cómo la intendencia, en el marco de un nuevo estatuto normativo como fue la ley de ordenamiento, se fue ajustando a lo que planteaba esa ley. Hablamos en nombre de nuestra intendencia, pero sabemos que a casi todas les pasó –y por qué no, a los compañeros de la Dinot y  Dinama– que 2008, 2012 y 2013, más menos, fue un período de mucho aprendizaje conjunto a partir de la llegada de todos estos nuevos instrumentos.

                Volviendo a los trámites, debo decir que en el año 2011 se actualiza la viabilidad otorgada en 2006. En ese momento se sugiere, ya con la ley vigente, la realización del fraccionamiento de ese padrón de casi nueve hectáreas a los efectos de que la planta pase a suburbano lo que corresponda y quede como un acompañamiento al suelo rural existente el remanente de suelo.  A partir de 2012 se tramita el fraccionamiento del padrón, el cambio de la categoría del suelo a través de la Junta Departamental y en sintonía o en el mismo espacio de tiempo se inicia el plan derivado de CostaPlan para esa zona en particular que era el Plan de Nicolich, rutas n.º 101 y 102. En 2013 la empresa inicia, frente a la intendencia, los trámites de permiso de construcción, y  en el año 2016 confluyen dos actos, la aprobación del Plan Nicolich por parte de la Junta Departamental y, conjuntamente, la autorización ambiental de la Dinama para este emprendimiento.

En términos de lo que fueron los distintos trámites, autorizaciones o viabilidades otorgadas, todos hicieron el recorrido que les venimos relatando, todos los permisos fueron quedando condicionados a la aprobación definitiva del plan y a la autorización ambiental de parte de la Dinama. A partir de 2017, cuando comenzaron las obras de construcción empezaron algunos planteos por parte de los vecinos.

                Con respecto a Paso Hondo, este es un esquema que realizamos en 2016, cuando previamente a la aprobación del Plan de Nicolich nos preguntábamos por qué para esta zona de Paso Hondo el propio plan no resolvía cuál era su vocación, a fin de no derivarla a un instrumento como el plan de actuación integrada. En realidad, terminamos definiendo que toda esta zona era potencialmente transformable –estamos convencidos de que es así–, pero lo que no teníamos en aquel momento y estamos desarrollando hoy, son todos los elementos y el análisis suficiente para definir transformable a qué, es decir, cuáles son los usos que se le debe dar a esta zona de Paso Hondo. ¿Por qué digo esto? Porque potencialmente  Paso Hondo lo integran 82 padrones. De ese total, un poco más de la mitad –42– tienen una superficie de hasta una hectárea. Y de esos 42 padrones, 15 son de media hectárea. Todos están ubicados en suelo rural. A su vez, la gran mayoría de ellos coincide con el uso residencial que tiene Paso Hondo, y son los que en la lámina están marcados en rojo.

                Ahora que vamos a ahondar un poco más, nos hemos encontrado con una urbanización de tipo cerrada denominada La Horqueta. Vamos a analizar con los vecinos, y particularmente con los propietarios, cuál es la situación jurídica de ese tipo de construcción realizada en suelo rural.

                En cuanto a los predios, que hoy uno podría decir que se enmarcan efectivamente en la ley –predio rural para Canelones-Montevideo, con un mínimo de tres hectáreas–, de un total de 82, son 17 los que tienen esas características, si uno fuera a ese esquema, más allá de que seguramente reconozcamos preexistencias en el marco de la elaboración del plan de actuación integrada. Esa es una realidad que tiene esta zona.

                En cuanto a los usos, al igual que en el caso anterior, de los 82 padrones, 13 son vivienda en el suelo rural, 41 son padrones que denominamos «vacíos» y la Agencia de Desarrollo Rural nos dice que, además, tienen chirca. Planteo esto para ser más gráficos. A su vez, 2 de ellos tienen actividades de complejo deportivo, lo que está bien dentro del marco de este suelo rural o de este tipo de suelo rural; 16 de ellos se encuentran en producción, y 9 se definen como «sin producción», pero son padrones que hasta hace poco estaban en producción. Ese es el diagnóstico que tenemos sobre la situación actual de Paso Hondo.

                Queremos señalar que existen dos grandes presiones: una está dada por la trama urbana clásica de Nicolich entre la ruta 102 y Paso Hondo. De los 511 padrones de esa planta urbana, hoy están quedando vacantes 82. Quiere decir que un 15 % de los padrones urbanizables fueron urbanizados a lo largo de todo este tiempo.

                La otra presión o tensión que tiene esta zona está asociada al factor logístico de la ruta 101. Actualmente, en sus inmediaciones, casi el 50 % de estos padrones tiene actividad logística o se ha hecho el trámite para realizarla. 

                En este proceso de elaboración del Plan de Actuación Integrada se van a seguir, como corresponde, todos los lineamientos que están establecidos en el marco de la ley relativa al ordenamiento. Aún no hemos dado el inicio formal, pero sí estamos trabajando en el diagnóstico de la zona y, a partir de esas dos cosas, realizaremos todas las convocatorias para definir claramente cuáles serían los usos futuros que tendría la zona de Paso Hondo.

                Eso sería todo en términos generales.

SEÑORA ASIAÍN.- Quisiera hacer una consulta para saber si entendí bien. Quisiera saber si lo que estamos viendo en este dibujo –es muy pequeño– se corresponde con este mismo plano.

(Dialogados).

–Pregunto esto porque cuando se presentaron estos vecinos me llamó la atención por qué sólo esa isla fue efectivamente transformada en toda una zona que es rural pero potencialmente transformable.

SEÑOR ASHFIELD.- Voy a dar una respuesta bien escueta. A la hora de elaborar este plan o cualquier otro, la Intendencia reconoce las preexistencias de cada una de las zonas. Voy a poner el ejemplo de la preexistencia del frigorífico Carrasco. Este se encuentra dentro de una planta urbana, pero es de la década del cuarenta o cincuenta del siglo pasado. Si el frigorífico Carrasco pretendiera instalarse hoy allí la Intendencia no se lo permitiría, porque es una planta urbana y el uso es residencial. Cuando elaboramos el plan de Paso Carrasco dijimos que efectivamente está en una zona de uso residencial, pero reconocemos su preexistencia y por lo tanto entendemos que se tiene que instalar y lo concertamos.

La empresa König obtuvo la viabilidad en el año 2006, previo a la ley, y por ende nosotros lo reconocimos en el plan. ¿Por qué no transformamos todo lo demás? Porque cuando elaboramos el plan en 2016 entendimos que no se había realizado el análisis suficiente para transformar toda la pieza. Ahora tenemos este diagnóstico que da inicio a esa transformación.

SEÑORA ASIAÍN.- Voy a hacer otra consulta para tratar de entender. Cuando usted dice que en 2006 se le dio viabilidad, ¿a qué autoridad se refiere? ¿A la Dinama o a la Intendencia de Canelones?

SEÑOR ASHFIELD.-  A la Intendencia de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Fue muy clara su presentación y les agradecemos su presencia.

(Se retiran de Sala las autoridades de la Intendencia de Canelones).

 

(Ingresan a sala autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de la Dinama).

 

                –Agradecemos la presencia del Director Nacional de Medio Ambiente, ingeniero Alejandro Nario, y de la Gerente del Área de Información y Planificación, ingeniera Marisol Mallo. El objetivo de la convocatoria es comenzar con el tratamiento del proyecto de gestión integral de residuos. La Dirección Nacional de Medio Ambiente iba a hacer una presentación con relación a este proyecto.

SEÑOR NARIO.- Agradecemos a la comisión por la invitación del día de hoy.

                Nuestra idea fue hacer una presentación de carácter general, es decir, en cuanto a qué era lo que se buscaba con el proyecto de ley y cada uno de los bloques que lo contienen. Por supuesto, vamos a estar a las órdenes para responder preguntas específicas que realicen los señores senadores. También quedamos a las órdenes para que cuando se avance en el proceso de discusión del articulado para despejar las dudas que tenga el Cuerpo.

                Los objetivos principales de la ley –tal como podemos observar en la presentación– son los siguientes.

                Se apunta a que haya un cambio en cuanto a cómo se han visto históricamente los residuos, es decir, dejar de pensarlos como un desecho y verlos más como una oportunidad que permita volver a utilizar ese material con una visión de recurso y no como algo de lo que hay que desprenderse.

Obviamente, se trata de que se logren condiciones ambientales adecuadas en todo lo que es el ciclo desde la generación, el transporte y la disposición final de los residuos.

Un gran desafío que tiene este sector es la formalización, porque existe todo un sector informal en las distintas partes de la cadena.

                Por último, se apunta a que los sistemas tanto a nivel nacional como departamental tengan sostenibilidad económica, que es lo que hace que perduren en el tiempo. En muchos casos hemos visto inversiones para las que luego no está el financiamiento para hacer las operaciones adecuadas y el Estado gasta e invierte en distintos sistemas que a los pocos años vuelven a quedar como eran en un principio luego de haber realizado la inversión.

                Por eso, lo que pretende la ley es enmarcar y regular la gestión con una visión nacional y coordinada a nivel departamental, o sea, que no haya un divorcio entre la planificación nacional y lo que hacen los gobiernos departamentales y los municipales.

                Se establecen lineamientos de la política de la gestión de los residuos, es decir, una integración a una política ambiental más general.

                Se orienta en el comportamiento de los generadores hacia las definiciones de política pública que tome el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. También se promueven cambios de conducta a nivel personal, de los patrones de consumo y de las conductas vinculadas a la generación en origen que, sin duda, son las dos dimensiones que hay que tener en cuenta. A su vez, se pretende promover el desarrollo social y laboral de los clasificadores de residuos. Hoy tenemos una realidad en el país y es imposible abordar la problemática de la gestión de los residuos si no vemos que también está asociada a un problema social de la gente que vive y trabaja arriba de la basura.

                Por último, se trata de establecer instrumentos económicos para la gestión ambiental. Esta es una disciplina relativamente nueva a nivel global, un tipo de  instrumento que la OCDE viene investigando y desarrollando a nivel mundial. La idea es ver cómo, por medio de instrumentos económicos, podemos generar cambios de patrones y conductas de individuos y empresas.

                Por otra parte, nos parece importante dejar claro por qué es necesario tener una ley de residuos.

                En las recorridas que hicimos con la señora ministra al inicio del período por las distintas intendencias, pudimos comprobar que el tema de los residuos estaba una y otra vez. Sin duda, es algo que la población percibe como un problema ambiental sin solución.

                En realidad, por distintas razones, tanto a nivel nacional como departamental, hay carencias que es necesario abordar y, como hablamos con los señores intendentes, se necesitan más herramientas para poder lograr la capacidad de gestión.

                Obviamente, en términos generales, la gestión es inadecuada. Todos conocemos los problemas de lixiviados que generan los basureros a cielos abierto y somos contestes de que muchas veces se producen incendios, algunos intencionales y otros no. En el verano es muy común que eso suceda y tenemos muchas denuncias en distintos departamentos en donde se generan incendios. Los procesos de descomposición de la basura generan metano y, ante condiciones particulares, se producen incendios que son muy difíciles de extinguir. Por lo tanto, eso trae problemas en la calidad del aire en las ciudades que tienen basureros cercanos.

                Asimismo, tenemos un problema de volumen. Algo que se viene estudiando mucho a nivel mundial es el llamado desacople y Uruguay no escapa a eso. Nosotros vemos que cuando las poblaciones mejoran su situación económica, la generación de contaminación y los problemas de mal uso de recursos sigue la misma tendencia. Son gráficas con la misma tendencia: a medida que aumenta el PBI, que mejora la calidad de vida de la población, aumenta la generación de residuos, así como la cantidad de desperdicios de comida o de insumos utilizados de manera descontrolada. La sociedad y el mundo no pueden en seguir ese ciclo; si queremos que las sociedades tengan mejor calidad de vida es necesario desacoplar esa relación entre la calidad de vida y el aumento de la contaminación. Esta ley aborda el problema desde esa visión.

                Tal como dice la diapositiva, el volumen de residuos en Uruguay ha venido aumentando en forma sostenida fruto del crecimiento económico y de una lógica de use y tire, es decir lo que se llama la economía lineal: fabrico algo, lo entierro y nunca más lo utilizo. Lo que estamos haciendo es enterrando dinero, ya que son materiales que podrían tener varios ciclos más de vida. Pensemos en una botella, que está hecha de un material que dura cientos de años y, sin embargo, se envasa, se toma el refresco y, en el mejor de los casos, termina en un vertedero o contaminando los océanos, como sucede en la mayoría de los casos. Por lo tanto, por un lado tenemos una oportunidad y por otro lado tenemos una restricción.

El último punto es el tema de los canales informales que tenemos, en muchos casos asociados también a procesos delictivos. Sin duda que la basura también está asociada a la pobreza extrema y a situaciones que se generan ahí. Nosotros tenemos la utopía de no ver más niños trabajando dentro de la basura. No es éticamente aceptable; sin embargo, es algo que pasa en toda nuestra América Latina. El proyecto trabaja fuertemente para poder revertir esa situación y pasar a empleos formales, con lo que eso implica para las familias, para la protección social y para un modelo de desarrollo que es el que todos queremos.

                Por otro lado tenemos el tema del plástico. Afortunadamente –y esta comisión tuvo un papel muy importante en esto–, logramos aprobar la ley que regula el uso de las bolsas plásticas, pero el plástico va más allá de las propias bolsas. Las cantidades de plástico que están yendo a los océanos realmente son inconcebibles.

                El Poder Ejecutivo optó por un proceso participativo en la elaboración de la ley, por las distintas dimensiones que veíamos hoy. Es un proyecto que apunta a un problema ambiental pero pensando en un modelo de desarrollo que tiene una visión ambiental, social y también económica. Esto hacía que realmente fuera un proyecto complejo y se optó por un modelo muy participativo. Intervinieron más de 28 organizaciones y más de 60 participantes. Tenemos, obviamente, con algunos actores un trabajo estratégico; en particular, se trabajó muy fuertemente con la Cámara de Industrias, con Ucrus PIT-CNT y con el Congreso de Intendentes, como actores importantes. Eso no quiere decir que no se tuvieran en cuenta las otras visiones que hay en la sociedad, quizás con algunas cuestiones más focalizadas y no tan globales como las que se abordaron con esas tres organizaciones, pero era importante contemplar a todos.

                Vamos a pasar ahora al contenido del proyecto de ley.

                En primer lugar, hay un capítulo de carácter general, que tiene como objetivo aggiornar al estado del arte lo que son definiciones, alcances, tipos de residuos y, sobre todo, competencias. Después lo vamos a estar viendo; esto es algo que fue muy planteado por los gobiernos departamentales, que tienen muchos problemas asociados a las competencias. Lo que existía era la vieja ley orgánica municipal de la década de 1930, que obviamente tenía una visión bastante desactualizada.

                En el caso del capítulo II, se aborda todo lo que establece la filosofía de gestión de residuos, cómo estamos pensando en que debe ser una gestión de residuos. Y aquí tenemos la política y los criterios rectores, que después deberán ser instrumentados en las herramientas que establece el siguiente capítulo.

                El capítulo III es el de la planificación y coordinación. Aquí se estimula explícitamente la atención del tema, a través de la obligatoriedad para el Gobierno nacional de establecer un plan nacional de gestión de residuos. En este caso no es vinculante por un tema de competencias, pero sí se establece que los gobiernos departamentales deberán fijar planes de gestión que sean consistentes con el plan de gestión nacional, siguiendo las directrices establecidas en el capítulo II.

                En el capítulo IV tenemos la prevención de la generación y promoción del reciclado, para cambiar de una economía lineal a una economía circular, donde los materiales se reutilicen en muchas etapas y no solo sea un pasaje. La idea es que el Uruguay pueda desarrollar un sector económico asociado a la utilización de los materiales que son recuperados. Eso daría oportunidades para evitar la contaminación y, por otro lado, instalaría una visión moderna de desarrollo de actividades que puede ir a través de financiamiento de investigación, créditos de alto riesgo, estimular la innovación, y el desarrollo de ideas nacionales que permitan utilizar esos materiales.

                El capítulo V refiere al ordenamiento de esa cadena de reciclaje que, como vimos al principio, gran parte proviene del sector informal. En este caso, las empresas tendrán que registrarse, hacer un balance de sus materiales –detallando dónde lo recolectan y a dónde lo envían–, con lo que se dará trazabilidad al sistema, permitiendo tener un control, saber dónde están los flujos de materiales y poder incidir sobre ellos.

                El capítulo VI habla de la inclusión social de los clasificadores y de cuáles son las herramientas para lograrlo. Se establece un período de transición de diez años, a nuestro entender, razonable, a efectos de llegar al sistema formal.

En este caso, se instrumentan herramientas explícitas por ley que tienden a favorecer a las empresas que incluyan como parte de su personal a quienes hayan sido clasificadores. A esos efectos, en los planes nacionales y departamentales, uno de los ítems dispone que, para ocupar los nuevos puestos de trabajo que se generen –fruto de una ampliación de los sistemas de recuperación selectiva y de transporte–, se debe priorizar a quienes hayan sido en su momento clasificadores, de manera tal de traccionar hacia la formalidad. Esto lo hemos conversado con autoridades de las intendencias, pues la idea es implementar políticas de discriminación positiva en los llamados de clasificadores. Asimismo, hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la certificación de competencia de los clasificadores.

De modo que, se dispone una batería de herramientas que permitirán que la gente que hoy trabaja con la basura pueda hacerlo de otra manera. Obviamente, no se busca que esto sea solamente para el propio circuito de los residuos, sino que la idea es que puedan trabajar en otras áreas, como las municipales o las propias empresas privadas.

El capítulo VII habla de residuos especiales. Más adelante lo veremos con más detalles, pero estos residuos son aquellos para los que rige alguna reglamentación especial. Hablamos de neumáticos, baterías, plomo ácido, sanitarios, envases del agro, en fin, todos los que necesitan una regulación especial que no son literalmente peligrosos, pero requieren un tipo de gestión particular.

El capítulo VIII establece normas respecto al financiamiento. Estos sistemas no son viables si no tienen sostenibilidad económica. Por tanto, un capítulo muy importante tiene que ver con dar sostenibilidad económica a la gestión de residuos.

El capítulo IX tiene relación con la disposición final. En concreto, tiene que ver con las condiciones en las que, para el Uruguay, será aceptable tener una disposición final o no. Sobre esa base se va a trabajar. En el capítulo anterior veíamos el tema del financiamiento, en el que vamos a profundizar más adelante, pero me interesa adelantar que se dispondrá de un financiamiento para que los gobiernos departamentales puedan invertir en sitios de disposición final adecuados que, además, tendrán que cumplir con lo establecido en el capítulo correspondiente.

El capítulo X habla de la información, educación y participación pública. Todas estas políticas públicas si no están acompañadas de fuertes procesos de involucramiento de las personas no tienen éxito. Es decir, dependen mucho de la clasificación en origen, pues el trabajo de separar en la planta ya no es lo mismo, el material viene sucio, el valor es menor. Por eso, la apuesta es a que la separación sea en el origen y para ello se requiere de procesos de formación, capacitación, comunicación y educación ambiental.

Por último, tenemos el capítulo correspondiente a otras disposiciones, que son aquellas normas que es necesario incluir pero que no corresponde incorporarlas en ninguno de los capítulos anteriores.

SEÑORA MALLO.- Trataré de resumir un poco los capítulos vinculados a la parte de residuos.

                Para ello, partimos de la definición de residuo y abordamos lo que todos reconocemos con residuos sólidos, pero también otras fracciones que no necesariamente están en estado sólido y no pueden ser ingresados a los sistemas de tratamientos de efluentes, como puede ser un aceite usado.

Como definición de residuos, decimos que son los materiales objeto de los cuales alguien se desprende o tiene intención de darle un destino final. La idea es que el tema de residuos aborde todos los procesos de destino final, introducidos no solo en lo que comúnmente vemos como un relleno sanitario o un vertedero sino también en todos los procesos de puesta en valor desde el reúso, reciclaje y otras formas de valorización.

                Cuando abordamos el tema de los residuos estamos considerando un universo bastante amplio que tiene características diferentes tanto en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de quien asume la responsabilidad por la gestión –aspecto que el proyecto de ley clarifica– como sobre las características y los procesos que se le pueden dar a las distintas fracciones de residuos.

                En la imagen que estamos viendo están esquematizados los principales tipos de residuos. Por un lado tenemos los domiciliarios y de limpieza pública, sobre los que tienen competencia las intendencias y que el proyecto de ley mantiene en los mismos términos. A la derecha vemos al conjunto de actividades económicas y productivas dentro del que están los residuos sanitarios y los residuos de obras de construcción. En este tipo de actividades podemos encontrar una industria manufacturera, una producción agropecuaria o a los  residuos de servicios comerciales o de otro tipo como pueden ser los que se brindan en un puerto o en un aeropuerto. En todos estos casos prima la responsabilidad a cargo del generador, quien tiene que hacerse cargo por los costos y por las gestiones en las distintas etapas del ciclo de vida. En el medio vemos la fracción que el proyecto de ley denomina «especiales», integrada por distintos subgrupos de residuos –que están listados en el capítulo especial de residuos– y que deja habilitado además a que se puedan incorporar otras categorías. Estas categorías son las que a nivel internacional ya tienen tendencia para una gestión independiente. El tener una gestión independiente depende un poco de las características de estos residuos pero ameritan en general sistemas donde se responsabiliza al que pone los productos en el mercado, tanto sea el importador como el productor nacional. En ese sentido, el que tiene que asumir la responsabilidad y los costos asociados por la gestión no va a ser el generador directo sino el importador y el productor de los bienes que se ponen en el mercado.

                La ley va a hacer abordajes específicos para algunas fracciones de residuos pero todo lo que ella pauta aplica a todas las corrientes de residuos.

SEÑOR NARIO.- Hoy decía que la clarificación de competencias es un problema histórico de las intendencias. En muchos casos, parte de lo que son residuos especiales o de las actividades económicas, se derivaba –sobre todo en el interior– a los gobiernos departamentales. Eso implicaba que sintieran que tenían la responsabilidad de dar respuesta cuando claramente en el mundo no es así. Esta fue una parte que trabajamos mucho con el Congreso de Intendentes para que quedara claro cuál es la verdadera responsabilidad de los gobiernos departamentales y cuál no. Esto va a permitir que en sus soberanas decisiones puedan aceptar o no determinados residuos y que quede claro en qué tienen o no obligación.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Me quedó una duda respecto de la definición de residuo, ya que en ella se solapa lo que es residual, es decir, lo que es un subproducto o coproducto. Entiendo que se podrían estar considerando como residuos a subproductos o coproductos de una cadena agroindustrial.

SEÑOR NARIO.-  Es un punto importante que también está asociado al estado del arte en el Uruguay. Evidentemente algo puede pasar a ser o no un residuo, en función de una decisión comercial. Eso nos pasa, por ejemplo, con los cueros que son residuos porque no tienen valor de mercado y se los tiene que enviar a un vertedero cuando China no los compra, pero cuando sí lo hace pasan a ser un subproducto.

                La decisión que tomamos en ese aspecto apunta a la visión más conservadora en el sentido de que se los considere residuos y en esos casos se necesitaría un permiso, lo cual no inhabilita sino que más bien estimula esa otra situación. Lo que sucede es que si uno no los nombra como residuos, deja de aplicarse la ley y, por lo tanto, no existen los controles. Nos ha pasado que materiales que llaman como subproductos después terminan en destinos que no son los adecuados porque comercialmente en determinado momento pudieron haber tenido algún problema. Entonces, como en realidad el único cambio es que simplemente tiene que haber trazabilidad para ver qué sucede con ese producto, preferimos dejar la visión más amplia del término residuo, que es algo que en algún momento tiene un valor comercial y después no. Tenemos la visión de subproducto; es más, la estimulamos porque es lo que queremos y toda la filosofía de la ley va orientada a eso. Por lo tanto, me parece muy pertinente la pregunta porque hay una decisión política de ir hacia la cobertura. Sobre todo nos basamos en la experiencia de que hay cosas que incluso para poder deshacerse de ellas se presentan como un subproducto pero, en realidad, terminan siendo un residuo. Queremos que todo quede registrado, que todo tenga trazabilidad. Eso no implica ninguna restricción de uso pero sí un mayor control de todo el sistema.

SEÑORA MALLO.- Como adelantaba el director nacional, el concepto implícito en el proyecto de ley es un cambio estructural en el modelo desde una mirada que tradicionalmente persiste en nuestro país de una economía lineal en la que usamos y nos desprendemos de algo con la idea de que se transforme en un residuo, a un modelo de economía circular donde desde el inicio estamos promoviendo los cambios necesarios para minimizar la generación de residuos. Básicamente, eso tiene dos resultados positivos. Por un lado, un uso totalmente racional y eficiente de los recursos naturales en todos los procesos y, por otro, obviamente, una disminución sustancial de la generación de residuos. La economía circular transforma ese modelo haciendo más eficientes todos los sistemas de producción en sentido amplio. Es una modificación que apunta también al diseño del producto pensando en qué pasa después que se cumple la vida útil. Está pautado que el diseño aumente la vida útil de los productos. Se busca maximizar el número de ciclos consecutivos donde un producto pueda entrar en proceso de reciclaje para generar otro producto, cambiando entre todos los ciudadanos la forma tradicional de usar los productos.

Visto de otra forma y un poco para simplificar las cosas, en la imagen vemos el ejemplo de residuos sólidos domiciliarios que básicamente tiene un conjunto de componentes –no voy a entrar a detallar la torta de composición media para Uruguay– que se pueden reciclar en la medida en que se den las condiciones para que eso suceda. El destino final de esos materiales una vez segregados en origen y clasificados está en las mismas empresas que hoy están instaladas en el Uruguay y que tienen capacidad de procesamiento, ya sean empresas vinculadas al procesamiento de materiales metálicos como, por ejemplo, la fundición ferrosa, papel y cartón o los residuos plásticos. La idea de la ley es promover el crecimiento de estos procesos a través de la implementación de los procesos de segregación en origen, habilitando un proceso secundario en la medida en que los sistemas no son cien por ciento eficaces.

Como decíamos, el capítulo I aborda todo lo que tiene que ver con las disposiciones generales, el alcance, los objetivos de la ley y la tipología de residuos que estaba esquematizada en una diapositiva anterior. Con respecto a las competencias departamentales, como había comentado el director nacional, se moderniza lo que establecía la ley del año 1935, se clarifica de una vez por todas para descomprimir la responsabilidad de las intendencias en cuanto al tratamiento de los residuos que tienen que estar gestionados y obviamente financiados por el generador directo.

El capítulo II va desde el artículo 10 hasta el 13 y trata de aspectos vinculados a la definición de política de residuos. Claramente se establece que la política de residuos se enmarca en la política ambiental. Hay un conjunto de directrices generales que pautan la gestión de todos los tipos de residuos y de alguna forma se incorporan directrices específicas para la fracción de residuos domiciliarios.

Por otra parte, el proyecto de ley promueve los procesos de planificación. En la síntesis vamos a ver que en Uruguay la gestión de residuos se ha caracterizado por tener un proceso extremadamente débil o inexistente, lo que hace que tengamos dificultades de todo tipo incluidas las financieras. Básicamente,  apostamos a tener un plan nacional de gestión de residuos, en el que proponemos la incorporación de metas cuantificables. La ley queda abierta para que de alguna forma tenga un dinamismo en función de las distintas realidades que va viviendo el país y la idea es que este plan nacional promueva la elaboración de los planes departamentales, que se sumen a las mismas estrategias y con esto generar capacidades de planificación que vayan de alguna forma pautando cómo se priorizan las inversiones para dar las mejoras sustanciales que queremos promover.

                Para eso está planteado en el mismo capítulo la creación de un ámbito fuerte de cooperación entre el sector público y por eso se plantea en el artículo 17 la creación de una comisión de coordinación entre el gobierno nacional y el departamental. La idea es que esta comisión pueda impulsar la coordinación, la colaboración y la cooperación entre el nivel nacional y el departamental, incluido el municipal. También se piensa en asesoramiento para la elaboración y aplicación de los planes nacionales de residuos y, en los departamentales, analizar la aplicación de la nueva normativa en cada departamento, de modo que haya un alineamiento con las pautas de la ley y las metas que queremos lograr, identificando aspectos claves para el cumplimiento de los objetivos que puedan darse en realidades específicas en todo el territorio nacional.

                También se promueve en los procesos de desarrollo de la planificación, la participación de los distintos actores de la sociedad civil.

                El capítulo IV aborda los aspectos generales de la prevención y la valorización de residuos desde el punto de vista más programático, estableciendo qué es lo que se prioriza, cuál es la escala jerárquica de gestión de residuos, donde claramente lo primero es tratar de minimizar la gestión de residuos. También se otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de establecer pautas y metas en la reducción de residuos a nivel nacional, que serían incorporados al plan nacional; se incentiva el diseño más adecuado de productos en esta lógica de economía circular y, de alguna forma, se establece la pauta de que se puedan restringir o prohibir ciertos productos o materiales de envases que, obviamente, ya sea por su vida útil, sus características o su composición puedan generar impactos ambientales significativos que no puedan atenderse por los programas de reciclado y minimización de la generación. Asimismo, se establece una ventana de dos años para que tanto los organismos públicos como privados tengan la obligación de establecer sistemas de segregación en origen, de forma tal que los públicos den una señal clara y acompañen a los distintos privados que están en las actividades económicas.

                El capítulo V que tiene solo 3 artículos aborda lo que es el ordenamiento de la cadena de reciclaje a través de un proceso que tiende a la trazabilidad de los materiales y, básicamente, establece el registro obligatorio y la autorización de todos los operadores de la cadena de comercialización, dándose una ventana de 3 años para su adecuación. Luego de ese plazo la ley propuesta establece que queda prohibida la comercialización de residuos. De esta forma, junto con la inclusión social, tenemos una herramienta que trabaja para que fuertemente se pueda combatir el alto nivel de informalidad que tiene el sector.

                En el capítulo VI se introduce todo lo que tiene que ver con la parte de inclusión de los clasificadores. Acá hay nada más que una síntesis de los titulares y las imágenes gráficas corresponden al proceso de clasificado informal, que no solo es el clasificador recorriendo en calle, trabajando del contenido de los contenedores, sino que también hay que considerar la situación que no vemos que es el clasificado en la mayoría de las viviendas, donde participa todo el núcleo familiar y vuelven a actuar los niños en esa tarea. Eso genera distintas situaciones que no vamos a detallar ahora. El proyecto de ley lo primero que hace es reconocer a los clasificadores como un actor clave en la cadena de valor de residuos. Asimismo, se propone un conjunto de instrumentos que potencian la discriminación positiva para que los nuevos puestos de trabajo realmente prioricen a los clasificadores, de modo que se dé la transformación hacia el sector formal. Los procesos de formalización, como decía Nario, repercuten no solo en la calidad del trabajo sino, además, en todo lo que tiene que ver con el núcleo familiar y la situación de la vivienda. Los planes tanto nacionales como departamentales van a tener que contemplar el proceso de inclusión social, y no son solo planes de carácter ambiental estrictamente. En este capítulo se incluyen específicamente los instrumentos que estamos proponiendo, donde hay desde certificación de competencias hasta un registro de clasificadores, así como distintas herramientas que de alguna forma en este trabajo participativo se fueron generando como posibles. El horizonte de 10 años puede prorrogarse como está previsto en la ley por la mitad de ese período, si efectivamente todavía queda una población de clasificadores considerable. La idea era no dar permanencia, es decir que la ley no plantee que puede ser de por vida.

                Con respecto al capítulo VII, vamos a encontrar lo que en la diapositiva aparecía como un listado de los residuos especiales que están predefinidos dejando abierta la posibilidad de que se puedan incorporar otras categorías por decreto del Poder Ejecutivo. Los costos totales de la gestión de los residuos especiales quedan trasladados al sector fabricante e importador básicamente por dos modalidades: por el concepto de responsabilidad extendida o por la incorporación en la ley del Imesi, tributo que ya existe, que queda explícitamente incorporado en el artículo. La ley establece que solo podrán fabricarse o importar productos alcanzados por las reglamentaciones específicas, o sea, cada uno de estos grupos de residuos va a requerir un decreto reglamentario –algunos ya han sido reglamentados y otros tendrán que reglamentarse – de donde van a surgir las obligaciones específicas que va a necesitar el sistema de control que se realizará a través de un registro integrado con la aduana que controlará que el sector importador cumpla con  todas las obligaciones.

SEÑOR NARIO.- Nos parecía importante detallar la forma de financiamiento de la corriente de residuos especiales asociada a los materiales que no sean reutilizables como los envases, etcétera, que están detallados. Hoy existen más de 2300 empresas que aportan a un fideicomiso privado administrado por la cámara de industria que en el marco de la ley de envases que tenemos actualmente es la forma de financiar los sistemas de clasificación y transporte de materiales en seis departamentos. En el análisis y en la discusión se vió que era necesario pasar a un fideicomiso público que permitiera instrumentar de una manera más ágil las políticas públicas. Así pues, se generó un fideicomiso de administración que será el que va a pasar a cobrar a las empresas que actualmente están tributando a ese fideicomiso privado, pasándolas a un fideicomiso público. Por lo tanto, no se trata de un nuevo impuesto, sino que pasa de una forma de gestión que estaba en un fideicomiso privado a un fideicomiso público con el mismo alcance, sin que la población vaya a sentirlo en su costo. Lo que sí se establece –esa es una visión clara– es el principio de que el que contamina paga. Si yo tengo una empresa que usa envases que no son recuperables y que van al ambiente, y alguien tiene que recoger ese envase, ese es un costo que lo tiene que asumir quien lo genera. Esa es la base del actual sistema de la ley de envases y desde ese punto de vista no se innovó, se mantuvo la responsabilidad extendida, la carga sobre las empresas que generan el problema, solo que se pasó de un fideicomiso privado a uno público. La forma en que se instrumentó fue a través de los adicionales del Imesi, que la mayoría de esos productos ya tributa. Todo esto se trabajó bastante con la Cámara de Industrias, e incluso tenía algunos valores distintos respecto al proyecto original. Tuvimos varias reuniones. El sector industrial ha sido muy maduro, yo creo que el proceso de varios años de la ley de envases generó una clara conciencia en el sector privado que esto es una responsabilidad que tiene que asumir. La verdad es que una de las cosas que nos congratula es haber trabajado con ellos, tener su apoyo, y llevar adelante la instrumentación.

Obviamente que para los detalles, cuando vayan estudiando el articulado específico quedamos a las órdenes. Sabemos que es un tema sensible, pero es una de las cosas que trabajamos con los actores involucrados.

SEÑORA MALLO.- En el capítulo está incluido el financiamiento con la creación del fondo nacional de residuos, un fideicomiso de administración que va a estar financiado por el Imesi establecido en el artículo 43 y que va a contemplar en ese financiamiento los avances de los programas una vez que se comience con la implementación.

                En definitiva, la idea es que este fideicomiso de administración financie todo el sistema de recolección selectiva de los productos que están incorporados en el Imesi, con todo lo que tiene que ver con la sinergia de los gobiernos departamentales en lo que refiere al sistema de residuos domiciliarios.

                Por otro lado, va a financiar la asistencia técnica y financiera para la mejora en la gestión de los residuos de los gobiernos departamentales, los procesos de promoción de la inclusión social, laboral y productiva de los clasificadores, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los contenidos educativos y los procesos de comunicación y concientización, que son claves para el éxito de los programas.

                A su vez, se crea un programa de valorización de residuos que también va a estar financiado con aportes del Fonagres. En el proyecto de ley hay una pauta de lo que es el aporte máximo y el mínimo de la asignación anual del fondo. Los fines de este programa de valorización de residuos van a estar en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Me refiero a la asistencia técnica de valorización de residuos a nivel nacional en su globalidad; el financiamiento de proyectos y valorización de residuos; la promoción de la investigación y del desarrollo tecnológico para obtener energía y nuevos productos a partir de los residuos, y también los procesos de innovación del diseño de nuevos productos.

                En el capítulo IX se abordan los aspectos específicos de la disposición final. El objetivo de este capítulo es reforzar las acciones nacionales que se vienen desarrollando para minimizar los impactos ambientales asociados a la disposición final. Hay que tener en cuenta que si bien la escala jerárquica promueve la minimización de los procesos de reciclaje y de reutilización, van a continuar los sitios de disposición final como un elemento de la cadena en el ciclo de vida de los residuos. Esperemos que ingrese mucho menos cantidad de residuos.

                Básicamente, el capítulo incluye lo que tiene que ver con el establecimiento de pautas técnicas establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para que queden claras las reglas de lo que tienen que cumplir los sitios de disposición final. También se establece la obligatoriedad de un sistema de autorizaciones para la totalidad de los sitios de disposición final que queden operativos, así como prohibiciones explicitas tales como el ingreso de clasificadores a las áreas de disposición final, el ingreso de animales, y todo lo que se relaciona con el proceso de quema a cielo abierto sin control. Hay pautas de clausura y post-clausura de estos sitios en lo que tiene que ver con la generación de un sitio contaminado y su posterior uso.

                También se establecen restricciones de uso posterior a la clausura, sobre todo con la posibilidad de construir viviendas, así como un mecanismo de inventario y registro en lo que refiere a la transacción patrimonial.

                El capítulo X aborda un tema que, si bien está al final, es uno de los principales aspectos que tienen que acompañar este proceso de transformación. Por un lado, se integra al observatorio ambiental un componente específicamente diseñado para el tema de residuos.             

                En cuanto a la información departamental y local, se prevé que haya transparencia hacia los ciudadanos acerca de cómo se está haciendo la gestión, cuál es el cumplimiento de las metas según lo planificado, y cuáles son los costos de esa gestión para que todos sepamos cómo vamos evolucionando.

                Incorporamos el componente de residuos en el informe ambiental nacional, con la misma frecuencia que actualmente tiene este informe. Hay un artículo vinculado a los procesos de promoción de la participación que deja sujeto a la reglamentación cómo hacerlo, pero también hay una pauta clara que indica que el proceso tiene que acompañar, desde la planificación, todo el componente de seguimiento y también involucrar una línea de monitoreo ciudadano de la gestión de residuos.

                  El último aspecto que queremos señalar tiene que ver con la educación. Obviamente, hay todo un proceso de promoción de la educación ambiental vinculada a la prevención que, con parte de lo que está en el financiamiento en el fideicomiso de administración, va a requerir una promoción efectiva en la práctica.

SEÑOR NARIO.- A modo de resumen final, me parece que es bueno clarificar algunas cosas acerca de cómo va a cambiar lo que sucede actualmente respecto al modelo que se está proponiendo. Como veíamos, se pasa del «use y tire» a la economía circular.

                Se trata de pasar de una gestión en la que, en general, no hay procesos de planificación, a una gestión con indicadores y objetivos, donde se tengan claros los esfuerzos, tanto los departamentales como los nacionales. Asimismo, se intenta pasar de un sistema que tiene una alta informalidad y exclusión social a otro con una cadena formalizada y con inclusión de los clasificadores. Actualmente las intendencias tienen un problema respecto a qué es lo que pueden aceptar o no en su sitio de disposición final o qué residuos deben o no retirar. Esto clarifica y permite que las intendencias concentren sus esfuerzos en lo que realmente es su competencia: residuos domiciliarios, barrido y limpieza pública.

                Sin duda, también hay una gran apuesta a pasar de un sistema donde los materiales no se reutilizan a otro donde –con una visión ambiental, pero también económica moderna– sí se hace.

                La última lámina es un ejemplo de lo que involucra la ley. La dimensión ambiental no está despegada de lo que es la visión social y la viabilidad económica, que es parte de los problemas que tienen  los sistemas, porque cuando falla alguna de las tres dimensiones el sistema no es viable a mediano y largo plazo. Este es un sistema con alta participación y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible que se ha establecido el país.

                Creo que debemos ser conscientes de la importancia de esta ley. El mundo está en un proceso donde necesita desacoplar su desarrollo y su crecimiento a lo que es su gestión ambiental. Hoy estuvimos viendo un informe de ONU Medio Ambiente y la situación es realmente preocupante. A 2050 va a haber un incremento del 50 % en la extracción de materiales que es de 183.000:000.000; el consumo de agua va a aumentar un 55 %; la población va crecer más de un 33 %;  la demanda de insumos en general va a aumentar un 60 % y la de tierras un 21 %. ONU Medio Ambiente estima que con una gestión eficiente es factible ahorrar entre cuatro y seis millones de toneladas de plástico que se tiran mal e implican una pérdida de 13.000:000.000 en productividad.

                Este es un gran desafío de nuestras sociedades modernas. Creo que el Uruguay debe estar a la altura de las circunstancias y nuestra aspiración es que esta ley permita avanzar en ese sentido.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchísimas gracias por la exposición tan clara y exhaustiva. Como decía el director Nario realmente esta es una ley muy importante.

                Solamente quiero hacer una pregunta por si es algo que se me escapó o se le llama de otra manera. En los casos en que no hay red de saneamiento, ¿hay algo previsto para los residuos que deberían ir allí? Insisto en que quizás se habló de este tema con otro nombre y no lo pude identificar.

SEÑOR NARIO.- El problema que tienen las intendencias en sus redes de saneamiento está asociado a la mala gestión. En general, existe la clasificación informal;  lo que no le sirve, lo terminan descartando y termina en los cursos de agua y en la red de saneamiento. Por lo tanto, al combatir la informalidad justamente se va a estar combatiendo ese problema de las redes.

                Si bien la red puede manejar residuos líquidos o semilíquidos –básicamente en contenedores– no entra lo que es la disposición de efluentes específicamente.  Eso es considerado por otras leyes y decretos, como el Decreto n.º 253 que reglamenta el Código de Aguas.

Esto considera la gestión de los residuos sólidos. En algún caso, si los residuos líquidos están dentro de un contenedor, pueden ser considerados como residuos sólidos, porque su tipo de gestión no es la del tratamiento de un efluente en una planta.

Un comentario adicional que queremos dejar planteado es que sabemos que este es un proyecto de ley complejo. Después de dos años, nosotros lo conocemos de memoria, pero no es fácil de procesar ya que tiene muchos conceptos técnicos. Por tanto, si los integrantes de la comisión necesitan un ámbito para trabajarlo estamos a entera disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Al final de la sesión vamos a hacer una propuesta con relación a ese tema.

SEÑOR GARÍN.- Evidentemente, es un proyecto de ley muy ambicioso. Me da la sensación de que solo el hecho de plantear salir del paradigma de use y tire para entrar al otro paradigma, para mí es el eje central del tema y los demás quedan subordinados. Si avanzamos en ese paso de cambiar el modelo de cómo concebimos la generación de residuos y, especialmente, cómo después no perdemos la oportunidad de valorar sus elementos, me parece que habremos hecho una contribución enorme en varias dimensiones, no solo en lo ambiental, sino en lo económico y en la sustentabilidad del planeta. Por los números que recién citaba el director Nario en cuanto a lo que vamos a precisar de aquí a unos años, pensamos que no nos va a alcanzar el planeta, porque a esta altura del campeonato uno ve que los recursos finitos que se pueden usar al año ya hace unos días que se agotaron, cuando todavía nos faltan cinco meses para que finalice el año. Al ritmo que venimos va a ser muy complejo.

Por todo eso, entendemos que esta ley es muy interesante y seguramente nos va a llevar bastante tiempo –ya tomamos el ofrecimiento de poder tener alguna otra instancia para ir entrando en detalle–, porque se ve que hay mucho trabajo atrás, muchas instituciones que ayudaron a construir este producto que recién ingresa al Parlamento y entonces, sin ningún lugar a dudas, vamos a tener que hacer los esfuerzos posibles para tratar  comprenderlo y sacar provecho a la construcción colectiva de lo que dio esto, por todos los actores que estuvieron involucrados.

                No quiero extenderme más en apreciaciones generales, pero quiero hacer una sola pregunta, porque quiero quedarme tranquilo que escuché bien.

                En el capítulo VII se dice que hay una tasa de reciclaje o algo así, un gravamen que afecta el reciclaje que se estaba utilizando a través de un fideicomiso privado que ahora es público. Si entendí bien no hay un cambio de gravamen sino simplemente un cambio del modelo de administración. Quiero quedarme tranquilo en cuanto a que entendí bien porque esas cosas aquí muchas veces son motivo de debate importante y siempre valioso, pero quiero que la información sea lo más clara posible.

SEÑOR NARIO.- Efectivamente, es como lo plantea el señor senador Garín: actualmente hay más de 2.300 empresas que tributan al fideicomiso en función de una declaración jurada de los envases no retornables que ponen en el medio. De esta manera se está pasando, simplemente, de un fideicomiso privado, como es hoy en día –en el marco de lo que existía, nosotros hacemos una valoración histórica positiva de cómo fue avanzando el proceso en el marco de la actual ley de envases–, pero es claro que es necesario pasar a un modelo con mayor capacidad de gestión, con mayor velocidad en la toma de decisiones. El modelo se basa en ese fideicomiso, pero no solo en eso, sino que se incorpora la visión del llamado competitivo –lo vimos con varios actores, entre ellos, la Cámara de Industrias, que nos planteaban cómo mejorar la eficiencia de algunos procesos–, es decir, un llamado a servicios que se va a financiar por ese tributo que hoy pagan las empresas a través del fideicomiso privado, de la misma manera que hoy se financian las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes contratan a los clasificadores, en la mayoría de los casos, aunque hay algunas cooperativas. Quiere decir que serían llamados a prestación de servicios al que tendrían que presentarse empresas que no tienen ningún tipo de restricción, no se exige que sean cooperativas ni sociedades anónimas, es decir que cualquier empresa que esté en condiciones legales de hacerlo va a poder presentarse. Lo único que cambia es que hay una discriminación positiva hacia las empresas: van a tener un mejor puntaje aquellas que en los procesos competitivos tengan mayor cantidad de empleados que hayan sido clasificadores, pero van a tener que demostrar la capacidad de brindar el servicio y de hacerlo de manera eficiente. Por lo tanto, ese sí es un cambio que parte del análisis del funcionamiento actual del sistema y de las debilidades que tiene. O sea que lo que se busca es financiar la gestión; no va a haber recaudación de ningún tipo por esto, sino que, al igual que hoy, el sistema  será financiado por quien contamine y genere el hecho contaminante.

SEÑORA XAVIER.- Si comprendí bien, la tasa del Imesi es el valor máximo de referencia –lógicamente, después puede ser cualquier otro por debajo de ese– que se le podrá imponer a varios productos para esta valorización. Ese es uno de los mecanismos que se utiliza para lograr el objetivo de reutilización del material, dado el valor que adquiere.

                Por lo que entendemos, quienes hoy reutilizan el material no lo hacen como  parte de una planificación extendida. Sin embargo, con este proyecto que se está presentando esto tendría otra dimensión y formaría parte del aporte a ese fideicomiso.

SEÑOR NARIO.- Efectivamente, es como plantea la senadora. Este proyecto va a tener una instrumentación gradual y, por lo tanto, los aportes que hagan las empresas serán para financiar esa planificación que, además, se va a construir junto con ellas. En ese sentido, quiero recalcar el rol de la Cámara de Industrias, la madurez que han mostrado al trabajar en esto y su disposición a ser socios en ese trabajo, en la estructuración  de un plan. Hoy tenemos seis departamentos involucrados en este tema, por lo que el plan debería decir, por ejemplo, que en cinco años deberemos dar un salto cualitativo. Eso implicará que por año entre una determinada cantidad de departamentos al plan, que haya inversión en cierta cantidad de plantas y que haya llamados a ciertos servicios en los departamentos involucrados. Eso va a tener un costo, que será financiado por este instrumento, que será en forma gradual.

                 En algún medio se dijo que se iba a tributar por el valor del Imesi, pero eso no es así de ninguna manera, sino que ese es el tope máximo. De hecho, en este proceso de instrumentación hemos trabajado con la Asesoría Tributaria del MEF. Según las proyecciones que hemos hecho, estamos hablando de valores que no van a tener ningún tipo de impacto sobre los precios ni sobre la inflación, que es una preocupación constante de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto está pensado con el fin de recaudar lo necesario para la planificación que se haga. Además, esa planificación va a ser transparente y pública, y va a contar con la participación de los actores involucrados. Creo que es muy pertinente la pregunta de la senadora, porque no estamos pensando en la aplicación de la tasa máxima. Simplemente es que, cuando se introduce un cambio legal, tiene que quedar abierta la posibilidad de que en el futuro se puedan utilizar determinadas herramientas. Reitero que en ninguno de los casos planteados al día de hoy está pensado utilizar, ni cerca, las tasas máximas. SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar, quiero agradecer la presentación realizada. Consideramos que es un excelente proyecto, por la forma integral en que se trata el tema. En realidad, va a ser analizado en esta comisión pero podría ser tratado en otras, porque tiene componentes sociales, productivos, de investigación, de desarrollo e innovación. Creemos que es un proyecto al que hay que darle mucho respaldo y en el que tenemos que trabajar con mucha fuerza para poder aprobarlo en este período.

                En segundo término, deseo hacer una propuesta. El 21 de agosto va a ingresar el proyecto de rendición de cuentas que viene de la Cámara de Representantes, por lo que la última sesión de esta comisión sería el próximo 15 de agosto. Entonces, creo que tendríamos que solicitar autorización para poder seguir sesionando. Tenemos que hablar de esto con la senadora Aviaga, que participa en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, pero nuestra intención es seguir trabajando en el período en el que se discute la rendición de cuentas.

                Por otro lado, estaríamos tomando el planteo que realizó el señor director Nario, en el sentido de que, además de las reuniones de la comisión que vamos a tener, los técnicos y la Dirección Nacional de Medio Ambiente se pongan a disposición de los equipos técnicos de los sectores políticos y de los asesores de los senadores y senadoras, para que se puedan seguir despejando dudas a medida que el proyecto se va discutiendo. Me parece que esa es una buena medida, que va a facilitar toda la discusión.

                De manera que, en concreto, lo que estaríamos planteando es la posibilidad de darle continuidad al funcionamiento de la comisión luego de que ingrese el proyecto  ley de rendición de cuentas.

                Agradecemos, entonces, al director nacional de Medio Ambiente, ingeniero Alejandro Nario, y a la gerente del Área de Información y Planificación, ingeniera Marisol Mallo, por sus aportes al trabajo de la comisión.

                Se levanta la sesión.

(Son las 18:31).