COMISIÓN DE HACIENDA

(Sesión celebrada el 26 de julio de 2018).

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:07).

(Ingresa a sala la delegación de Inacoop).

                La Comisión de Hacienda da la bienvenida a las autoridades del Instituto Nacional de Cooperativismo, los señores Bernini, Reyes, Romero, Gutiérrez y Moreno, a quienes agradece especialmente la disposición de concurrir. Nuestro propósito es conocer su opinión con referencia a la carpeta que está tratando esta comisión sobre las retenciones a las retribuciones salariales y pasividades, proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Representantes y modifica algunos artículos de la norma vigente.

SEÑOR BERNINI.- Para mí es un placer estar acá entre amigos y compañeros.

Voy a hacer una consideración de carácter político previa. Luego entraremos en detalle y para eso trajimos a asesores técnicos y jurídicos como el doctor Moreno y el escribano Gutiérrez, que es la persona que más sabe de cooperativismo en el Uruguay, protagonista de treinta años de movimiento cooperativo organizado. Objetivamente, puedo tener alguna desviación porque fui miembro informante en la Cámara de Representantes sobre la ley de inclusión financiera. Estudié mucho el tema, negocié con otros compañeros y colegas fuertemente, en particular con la cooperativa. Modificamos veintisiete artículos del proyecto de ley que originalmente había remitido el Poder Ejecutivo, la mayoría para contemplar al sector financiero que históricamente había sido inclusivo con la sociedad y a aquellos que no eran negocio para el sector financiero tradicional, en particular el extranjero, no les daba rentabilidad y, por tanto, no tenían herramientas y servicios financieros de calidad sin costo o a bajo costo. De eso siempre se ocupó la economía social, tanto las cooperativas como las asociaciones civiles sin fines de lucro, por ejemplo ANDA, que tiene una larga tradición de financiamiento y créditos en nuestro país.

Concretamente, podemos decir que ha pasado un tiempo desde que se aprobó la ley y creo que tenemos capacidad de darnos cuenta de algunas cosas que se preveía que en teoría podían llegar a pasar y pasaron, y otras que preveíamos que iban a pasar y nos equivocamos porque la vida puede más y la realidad nos demostró lo contrario.

Me voy a referir a dos aspectos –reconozco que puede haber muchos más– que tienen que ver con lo que se está discutiendo en la Cámara de Senadores. Antes que nada quiero mencionar que en aquel momento todos teníamos ciertas dudas y algunos colegas hicieron críticas muy firmes porque se decía que esta no era una ley de inclusión financiera sino de bancarización y que se podía dar que la banca extranjera se quedara con todo. Creo que la vida ha demostrado que la banca extranjera despreció las posibilidades que le daba la ley de inclusión financiera, sobre todo porque los servicios financieros que plantea esta norma no le significan réditos, ya que las cuentas que se abren a nivel nómina, las transferencias y las operaciones en los cajeros automáticos son gratuitas. En definitiva, la banca extranjera, que apunta a cierto nicho de mercado, seguramente ya había captado a los trabajadores con mayor capacidad de gasto en función de sus salarios, ya que antes de que se aprobara esta ley, los iba a buscar. Estos bancos hablaban con las empresas que ya eran clientes y les ofrecían paquetes para que los trabajadores tuvieran sus cuentas; de esa manera, como se dice en el ambiente, los fidelizaban con tarjetas de créditos, líneas de sobregiro, etcétera.

                Por lo tanto, una primera constatación, que es empírica porque lo demuestran las cifras, es que la mayoría de los trabajadores optaron por ese camino. La excepción es el Banco República –fue el principal captor de estos nuevos clientes, aunque tampoco se esforzó demasiado– pero eso se debió a su propia potencia, tradición histórica y solidez, por ser un banco del Estado. A su vez, hay que tener en cuenta a los otros agentes financieros a los que la ley permitió operar –eso fue agregado a nivel del debate parlamentario–, como son los emisores de dinero electrónico, las cooperativas de ahorro y crédito e, incluso, la propia ANDA, que en aquel momento resistió mucho la ley pero en la actualidad tiene tarjeta de débito, crédito nómina y todas las  herramientas que la norma preveía. Entonces, creo que el mapa de los créditos al consumo, a las familias, no ha variado sustantivamente. Como es obvio, hay un actor del que nunca hablamos, que tiene una parte muy importante de la cartera y que sin duda es el que tiene la mayor rentabilidad a grados inimaginables; estoy hablando de las financieras, que son todas    –absolutamente todas– propiedad de la banca extranjera. No tengo por qué decir los nombres, pero todos los conocemos. Me refiero a los que hacen más propaganda en televisión y que precisamente compiten con las cooperativas de ahorro y crédito y con ANDA, y no con los bancos privados, que están para otra. 

                Si bien no tengo los elementos arriba de la mesa, me atrevo a decir que esa primera afirmación es un dato objetivo u objetivable de la realidad. Eso es así y no está mal; está bueno porque está repartido. Y la ley logró que el que era ninguneado, el que no pasaba ni por la puerta de un cajero automático o no tenía tarjeta para pagar en un supermercado, hoy la tiene y gratis. Creo que ese era el objetivo principal de la ley.

                El segundo elemento que quiero aportar para que en este contexto analicemos lo que ustedes están valorando, es algo sobre lo que yo me equivoqué. En aquel momento, preví algo que no pasó. Siempre imaginé a la ley en beneficio del trabajador; en todo caso, lo demás son herramientas pero el centro eran el trabajador o el jubilado, que debían tener servicios de calidad y gratuitos. Ese era el objetivo. ¿En qué nos equivocamos muchos? Al hablar de ir acrecentando el monto intangible. Partíamos de la base que del 30 % al 50 % le estábamos haciendo ahorrar plata al trabajador y evitábamos que se metiera en cuentas, porque le descontaban del salario tanto los créditos nómina como los créditos sociales. Sin embargo, la vida nos ha demostrado que cuando el BPS toma la iniciativa y acelera el proceso de ampliar el margen del intangible, se da una fuerte caída del repago en las empresas de la economía social, lo que provoca millones de dólares de morosidad que hasta el día de hoy se está tratando de repechar. El que no pagó por dos meses, seguramente no tiene poder adquisitivo para pagar después por ventanilla, y la deuda se le va acumulando; tampoco existirá más como agente de crédito, porque no le van a prestar más y probablemente quede en la lista negra, en el clearing o, en los casos donde controla el Banco Central, en la Central de Riesgos. En general, ¿quién se vio beneficiado? El trabajador no se quedó con la plata para ahorrar. Seguramente seguía teniendo su necesidad de consumo –por esta loca lógica de consumo que hoy hegemoniza nuestra cultura– e iba a la vereda de enfrente, a la financiera donde sacaba el crédito con la cédula. Eso sí, la financiera le cobraba el 140 %, cuando la ley daba un margen donde la dispersión de la tasa de interés era muy poca comparada con la del crédito social, que siempre tiene un indicador en la tasa del Banco República. Por lo tanto, no solo no favorecimos a que el trabajador ahorrara y no se metiera en cuentas, sino que adquirió deudas con costos financieros muchísimo más grandes. 

                En el día de ayer, nuestro asesor en el tema de cooperativas de ahorro y crédito  –estamos trabajando duramente para ver cómo hacemos para generar algunos productos financieros; ya se hicieron dos consultorías y quizás se pueda hacer algún planteo a nivel legislativo para que se aprueben algunas herramientas financieras que podrían ser muy positivas para el sector de cooperativas de ahorro y crédito–, el señor Gustavo Pagano, sanducero, muy conocido en el ambiente porque fue gerente de Fucerep y dirigente de ACAC durante toda su vida, que ha hecho una estimación y está trabajando en el tema –si los señores senadores lo desean, cuando tengamos el estudio en nuestro poder se los enviamos–, nos decía que hay una transferencia a las financieras por ese 20 % –del 30 % al 50 %–  de aproximadamente USD 200:000.000.  Supónganse que se equivoca en la cifra y se trata de USD 100:000.000, ¿se dan cuenta de lo que significa y del costo financiero que provoca la tasa de interés, que está rayando en la usura, de estas financieras comparadas con las de las cooperativas de ahorro y crédito, ANDA y otras empresas de la economía social? ¡Ojo con esto! Creemos –y lo asumimos autocríticamente– que no solo no cumplimos con el objetivo de que no se «metiera más para adentro» a la gente de lo que ya estaba, que no se endeudara más por esa locura del consumo, sino que provocamos que las personas se endeudaran en condiciones mucho más embromadas que lo que originalmente había ocurrido.  

Por lo tanto, esto nos arroja una primera conclusión por estos dos razonamientos, en primer lugar, el cuco de la banca extranjera desplazando a las cooperativas de ahorro y crédito y ANDA en cuanto a los créditos nómina y los créditos sociales, no es tal y es una  prueba  empírica. En todo caso el que compite es el Banco República, que toda la vida lo hizo a través de los créditos de la Caja Nacional.

SEÑOR HEBER.- ¿Puede repetir esto último, señor Bernini?

SEÑOR BERNINI.- Sí, señor senador.

                Estaba hablando del cuco de que la banca extranjera se iba a quedar con las cuentas nómina y, por lo tanto, iba a desplazar a  las cooperativas de ahorro y crédito y a ANDA de los créditos sociales porque le iban a dar crédito nómina y como consecuencia de ello perdían el orden de prelación. Eso, empíricamente, no se está dando. A la banca extranjera no le interesaron esas cuentas. Por lo menos no le interesa la del empleado de supermercado, capaz que sí la del obrero de la construcción porque gana un poquito más pero, ¿a dónde apuntan las cuentas sueldo de los bancos extranjeros? Apuntan a nosotros; cada uno de los señores senadores debe tener una tarjeta  de débito en el Banco República o en otro. Trabajé en un banco y sé cómo es la operativa. Los bancos van a los clientes y les preguntan dónde cobran el sueldo sus trabajadores, si les pagan por ventanilla, se lo depositan en determinada institución o con cheques. Les ofrecen gratis una cuenta para cada empleado, una tarjeta de crédito y alguna otra cosa y hasta aceptan una rebaja del 1 %  en la tasa de interés a cambio de ese dinero de los trabajadores. ¡Eso fue así toda la vida! La crema, ¡ya está! Entonces, para abajo no hay tal disputa de mercado. Por lo tanto, de esa pecera –para usar términos populares– pescan todos como está, no hay nadie que se vea perjudicado. Por eso sobre esa lógica de quién va primero al descuento por planilla, si las cooperativas de consumo, las de ahorro y crédito o ANDA –y, lo peor de todo,  es que entran en contradicciones ellos mismos–, naturalmente que no vamos a opinar. Digo esto porque, si bien somos el Instituto Nacional del Cooperativismo, la propia ley que lo crea prevé  en un artículo que una de sus obligaciones es ir hacia una sola ley de economía social y solidaria incluyendo otras modalidades como las autogestionarias, las asociaciones civiles sin fines de lucro, las mutuales y distintas formas que se dan en la economía social y solidaria que en otros países están bien desarrolladas y en Uruguay en muchos casos también. Para que los señores senadores tengan una idea, estamos a punto de dar un crédito del Fondo para el Desarrollo a la Asociación Uruguaya de Artesanos, AUDA, para comprar el Mercado de Artesanos que está cerca del restorán El Palenque. Trabajamos con la economía social, no es una cooperativa. Entonces, no podemos opinar si tiene más derecho ANDA, la cooperativa de ahorro y crédito o la de consumo. Lo que sí está claro  es que en esta pecera pescan todos. Lo segundo que quería decir es que pescan todos en la medida que no se incremente el intangible.

                Vamos a expresar lo mismo que dijimos cuando nos invitó la Cámara de representantes a hablar sobre este tema. Nació a partir de una iniciativa de las cooperativas de ahorro y crédito y bastante conflicto se generó con las cooperativas de consumo. A propósito de esto, no sé si recordarán los señores senadores aquella movilización bastante desagradable que hubo frente al edificio Anexo. Eso es lo que hay que evitar. Nos parece que no es lo más indicado que se desplace a uno en función de beneficiar a otro cuando, históricamente en el desarrollo de su actividad financiera, son primos hermanos.

Por lo tanto, si no se incrementara, como está previsto, al 35 %,  45 % y, después, en 2020, al 50 %, el intangible y se dejara en el 30 %  como prevé un artículo   de este proyecto de ley que ya tiene media sanción, creo que estaríamos bien porque no afectaría mayormente la esencia de la ley de inclusión financiera, pues es accesorio a ella. Insistimos  en  que –porque la vida nos lo ha demostrado–, son muy pocos los que van a ventanilla a pagar lo que no le descontaron –eso también es una realidad– y seguramente crucen a la financiera de enfrente para sacar un nuevo crédito a sola firma. Obviamente que la morosidad de las financieras es de más de un 20 %  y al año o a los seis meses juntan todo el paquete de esa cartera podrida y se la venden a un estudio jurídico. Y, seguramente, el pobre cristiano que no pagó, pasará al clearing y le sacarán algo, porque sabemos que hay quienes se especializan en buscar la carroña. En las cooperativas de ahorro y crédito y en ANDA esa lógica no se da porque tienen una concepción diferente en sus estatutos y en sus valores.

                Tendríamos que hinchar siempre –hablando en términos futbolísticos– para que ese mercado que se incluye socialmente –que se cae y la rema, y que precisa comprarse la heladera y el calefón porque se le quemó– consuma financieramente donde mejor lo tratan y donde la propia ley prevé hasta un techo en la tasa de interés, cosa que las financieras no tienen. Aquí me animo a abrir juicios de valor político porque entiendo que hay que defender los intereses de la mayoría de la gente.

                Queríamos aportar esta visión conceptual porque simplificaría mucho el debate y evitaría esa puja de si entran primero las cooperativas de consumo, ya que en el Senado se votó darle la excepción a las cooperativas de consumo para que entren primero junto con el crédito de nómina. ¿Por qué? Porque se valoró –en su momento, consulté las versiones taquigráficas– la debilidad que está viviendo el cooperativismo de consumo. Observemos la Cooperativa Bancaria –yo era socio– que llamó a concurso. Uno siente lástima cuando pasa por la vidriera y la compara con lo que fue en otras épocas. ¿Cuál es el punto, entonces? Estamos tratando de modernizarlas creando y financiando una central de compras para que compren todo junto; es decir para que no compren una sola heladera sino veinte y no caigan en un prestamista. De hecho, detrás del proveedor siempre hay un prestamista.

Es por esa razón que se puso primero a las cooperativas de consumo: por su debilidad. Ya transitamos algo más de dos años y vimos que funcionó. Ya está. Variar esa lógica puede llegar a afectar el castillito que está funcionando medianamente bien, siempre y cuando se preserve y no se incremente el intangible del 30 % al 50 %.

A mi juicio y en función de lo que hablamos con los compañeros –tal vez, podemos ingresar luego en el aspecto normativo o jurídico– conceptualmente queríamos trasmitir eso. Razón por la cual enviamos una nota al senador Michelini para que nos recibieran, independientemente de que lo tienen que hacer ya que la ley habla de que taxativamente debemos ser consultados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Concretamente, dice: «preceptivamente».

SEÑOR DELGADO.- Seguimos atentamente el alegato del presidente del Inacoop, Gustavo Bernini a quien conocemos desde hace mucho tiempo y a quien comprometimos en este tema. Participamos en la comisión de la Cámara de Representantes en oportunidad de votarse la ley que dio marco a un nuevo código cooperativo que fue un avance histórico en el Uruguay y de referencia en toda América Latina. Independientemente de que tengamos que aggiornarla porque el mundo va cambiando. Hoy estamos a diez años de aquel momento para hacer algunas puestas a punto; creo que es parte de lo que tenemos pendiente para este año.

                Coincido con muchos de los aspectos que tiene, sobre todo acerca de cómo podía manejarse en el mercado, tema sobre el cual había muchos prejuicios. En los hechos, el mercado se fue regulando a sí mismo en función de algunas entidades a las que no les interesaba determinada oferta de créditos y otras que terminan previsiblemente tomando.

Respecto a este proyecto de ley de retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, me interesa saber si el Inacoop –institucionalidad cooperativa que antes no existía– coincide con la redacción que viene de la Cámara de Representantes, que no sé si contó con la unanimidad, pero sí con un apoyo bien importante de todos los diputados.

SEÑOR BERNINI.- Supongo que si digo ni, no vale, pero quiero hacer una breve consideración previa. A 10 años de aprobación de esta ley –que contiene ciento diecisiete artículos–, ayer, en el instituto, se hizo la presentación de la modificación del decreto reglamentario, en una sala en la que había más de ciento cincuenta personas, entre ellas abogados y escribamos que querían conocer el reglamento.

                En concreto, sobre el proyecto que viene de la Cámara de Representantes, lo que podemos decir es que algunos de los sectores sociales involucrados están en contra. Vamos a decir las cosas como son: esta iniciativa es la que provocó la movilización frente a la puerta del edificio anexo, porque las cooperativas de consumo, que eran las que originalmente estaban por encima de las demás, al equipararse, ven como un riesgo objetivo su propia sobrevivencia. Está bien. Simplemente, quiero hacer notar esto como un elemento más.

                Desde el punto de vista del Inacoop, ante la pregunta concreta, decimos que este texto es mejor que el anterior, salvo en ese punto que puede significar alguna dificultad. Por tanto, alertamos eso: que puede haber alguna dificultad. En nuestra opinión, lo mejor sería no modificar el 30 % y solo con eso, insistimos, el resto funciona.

                Lo cierto es que tenemos un proyecto de ley que cuenta con media sanción y, ante la pregunta concreta, objetivamente y sin distinción entre acto cooperativo y empresas de economía social –como es el caso de ANDA, por ejemplo–, nos parece que es adecuado.

SEÑOR PRESIDENTE.- El informe ha sido muy claro. Simplemente les solicitamos el envío del estudio al que hizo referencia del contador Pagano porque puede ser muy interesante para complementar nuestro trabajo.

SEÑOR DELGADO.- Recibimos la opinión sobre el concepto general, el gradiente que existe respecto a las retenciones y el hecho de ubicar en el mismo nivel a las cooperativas de ahorro y crédito y a una institución como ANDA. Me pareció clara la respuesta concreta sobre el proyecto de ley, que es en definitiva lo que tenemos que resolver hoy. Después, discutiremos otras cosas como, por ejemplo, la necesidad de aggiornar la ley de marco cooperativo.

Quisiera referirme al literal A del artículo 1.º del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes –apelo al amigo Danilo Gutiérrez que es, diría, el disco duro del cooperativismo nacional–, que establece: «Retenciones  por  concepto  de  servicio  de  garantía  de alquileres  provisto  por  la  Contaduría  General  de  la Nación,  por  las  compañías  de  seguros  autorizadas  a funcionar  por  el  Banco  Central  del  Uruguay  o  por cualquier   otra   entidad   habilitada   al   efecto   y   las correspondientes   a   créditos   concedidos   por   el Fondo   de   Tutela   Social   Policial,   creado   por   el artículo 87 de la Ley Nº 13.640ۚ», etcétera.

Por su parte, el proyecto de rendición de cuentas, en discusión en la otra cámara, en su artículo 90 dice lo siguiente: «Inclúyese dentro del literal A) del artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la última redacción dada por el artículo 32 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, las retenciones por créditos concedidos por el Fondo de Tutela Social Policial».

Concretamente, me gustaría saber si no consideran que esta norma genera algún tipo de modificación o altera en algo las reglas de juego.

SEÑOR GUTIÉRREZ.- Esto coincide con lo que se agrega en el literal A) del artículo 1.º en la Cámara de Representantes. No estaba en el texto original y fue agregado al literal A). En realidad, no lo estudiamos, pero es de naturaleza similar. Dentro del sector de la economía social tenemos, aparte de lo que se nombra especialmente, a esas otras entidades habilitadas al efecto. Están ANDA y varias cooperativas de consumo, pero no todas porque cada una tiene una ley especial. La mayor parte de las cooperativas de consumo, más allá de que usan el sistema de garantía de alquileres, podrían participar. Se amplía el espectro, pero es el mercado.

SEÑOR DELGADO.- Hay otro artículo. La rendición de cuentas entró la semana pasada y la estamos estudiando. Se está tratando en la Cámara de Representantes. Prospectivamente, quienes nos asesoran estuvieron viendo algunas vinculaciones de la rendición de cuentas con este proyecto de ley y descubrieron el artículo 90, que tiene que ver con el artículo 1.º de este proyecto de ley, y el artículo 206 de la rendición de cuentas, que dice: «Autorízase al Inciso 14 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente” para ordenar a empleadores y organismos de previsión social, la retención sobre haberes y pasividades de los beneficiarios de su Programa de Garantía de Alquileres, por concepto de servicio de garantía de alquileres u otra deuda contraída en el marco del contrato de arrendamiento suscrito.

Las retenciones dispuestas al amparo de este artículo estarán incluidas en el orden de prioridad previsto en el literal A) del artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 32 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014».

O sea que va en el mismo sentido, ampliando el espectro. En principio, no tendría contraindicaciones. Pero les pediría que después lo miraran y, si ven alguna contraindicación, rápidamente lo manden a la comisión para que esté avisada. Esto es nuevo. A simple vista, lo que hace es ampliar el espectro y nada más; pero, por las dudas, les pido que lo miren un poco más desde el punto de vista técnico.

                Muchas gracias.

SEÑOR BERNINI.- Justamente era lo que íbamos a plantear. Obviamente, nosotros no tenemos acceso al texto que recién está en discusión en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes.

 Está muy bien. Quizá podamos mandarles un análisis nuestro para que lo tengan como un insumo más. A priori podríamos reafirmar lo que acaba de decir el escribano Gutiérrez. En principio, la garantía de alquiler en la ley vigente y en esta modificación se ubica en un escalón jerarquizado dentro de la retención porque es la esencia de las reglas de juego del arrendamiento en el Uruguay. Con mucho gusto les vamos a hacer llegar nuestro análisis sobre el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más referencias, preguntas o consultas sobre el tema, agradecemos a la delegación que hoy nos visita su presencia y los conceptos vertidos.

(Se retiran de sala los representantes de Inacoop).

–Con respecto al primer punto del orden del día, por el que acabamos de recibir a Inacoop, sugiero mantenerlo en el orden del día y definirlo en la próxima sesión, si están dadas las condiciones para ello.

Corresponde considerar el segundo punto del orden del día: «MERCADERÍA EN ABANDONO EN DEPÓSITOS INTRA Y EXTRAPORTUARIOS. Se sustituyen los numerales 7) y 9) del artículo 99 de la Ley n.º 19276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta n.° 1083/2018 – Distribuido n.° 1881/2018.»

                Con respecto a este tema se recibió al Ministerio de Economía y Finanzas en la sesión pasada y no hay entrevistas pendientes, por lo que estaríamos en condiciones de someterlo a votación.

SEÑOR DELGADO.- Con respecto al primer tema, creo que hay condiciones para acompañar el proyecto, que lleva mucho tiempo en la comisión y muchos están esperando que sea votado para tener alguna seguridad jurídica. Además, fue votado por unanimidad en la Cámara de Representantes. La pregunta que planteé no va en contra de la voluntad de acompañarlo, sino que simplemente se debe a que es algo nuevo en la rendición de cuentas. A nuestro juicio y con una rápida mirada, lo que hace es ampliar el ámbito de aplicación, pero no perjudica. Por eso creí que sería conveniente pedir la información a Inacoop y, apenas llegue, pensamos solicitar que se voten los dos artículos vinculados a la vivienda. Ya hemos hechos todas las consultas necesarias a menos que el senador Heber necesite que venga alguna cooperativa más.

                Con respecto al proyecto de ley sobre Mercadería en abandono en depósitos intra y extraportuarios que presentó el representante Olaizola y fue aprobado por unanimidad, hemos realizado todas las entrevistas necesarias y todas han sido contestes en que esto mejora la situación de aquellos depósitos que hoy están fuera del radar porque no es rentable trabajar sobre la mercadería que está en depósito, ya que muchas veces está abandonada, tiene un costo adicional del que nadie se hace cargo y se genera un costo de oportunidad para otra mercadería. Por lo tanto, estamos en condiciones de votarlo.

SEÑORA MOREIRA.- En la sesión pasada el economista Vallcorba advirtió –lo estoy leyendo sobre la marcha– que existen algunos instrumentos parecidos que hoy en día son de uso para estas cosas y sobre algunos de los riesgos de esta operativa. No tengo inconveniente en votarlo por mi desconocimiento e ignorancia del tema y porque viene aprobado por unanimidad de la Cámara de Representantes. Dejo la constancia, repito, de que el economista Vallcorba señala algunos riesgos que deberían ser tomados en cuenta.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Con respecto a la primera carpeta, Retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, vamos a pedir expedirnos definitivamente la semana que viene a efectos de reunir a la bancada y conversar sobre el tema. En virtud de lo que dijo Inacoop por boca del ex representante Bernini, la iniciativa aporta nuevos elementos. Por lo tanto, me parece importante contar con una semana más para conversar sobre este asunto en la bancada del Frente Amplio.

                En cuanto al proyecto de ley de Mercadería en abandono en depósitos intra y extraportuarios, podríamos votarlo hoy, pero también vamos a pedir que quede para la próxima sesión a efectos de redondear el tema en la bancada. Hemos leído todas las versiones taquigráficas y no hemos encontrado ningún motivo para no aprobarlo, tal como hicieron los señores representantes, por unanimidad. No obstante, pedimos una semana más de plazo para considerar ambos temas y en la próxima sesión ponerlos a votación para tratarlos en el plenario en el mes de agosto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correcto. En el orden del día de la próxima sesión incluiremos estos dos proyectos de ley con el compromiso unánime de la comisión de votarlos ese mismo día.

                Por otra parte, les comunico –sobre todo al señor senador Heber, que ha demostrado un interés especial en estos temas– que el jueves próximo el Banco Hipotecario del Uruguay va a remitir el informe sobre el asunto que está tratando esta comisión. Asimismo, la Agencia Nacional de Vivienda anunció que está elaborando el informe respectivo –ese era el otro tema que teníamos pendiente– y cuando lo culmine va a enviarlo.

                Se levanta la sesión. 

(Son las 10:51).