COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

(Sesión celebrada el día 4 de julio de 2018).

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 17:07).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Solicitud de audiencia de la AUIP, relacionada con la participación de dicha asociación en el proceso de discusión del proyecto de ley de Uso Sustentable de Bolsas Plásticas y la sesión del pasado 20 de junio con el colectivo de Recicladores, Fabricantes e Importadores y Distribuidores de Bolsas Plásticas. Enviada por mail 2 de julio 2018-

                Informe solicitado a Mvotma sobre König S.A. (empresa de Paso Hondo).

                Informe solicitado a Mvotma sobre la instalación proyectada de un megabasurero en arroyo Solís chico.

                Versión taquigráfica de la sesión de la Junta Departamental de Rivera del edil de Rivera, Matías Acosta, sobre vertedero en Tranqueras».

 

 

(Ingresa a sala la Comisión de Vecinos de la comunidad rural Paso Hondo y

 Colonia Nicolich, Canelones).

 

–Buenas tardes a todos.  

Hace unos días esta comisión de vecinos solicitó ser recibida por esta Comisión de Medio Ambiente para plantear un asunto relacionado con la instalación de una industria de productos químicos –König S.A.– en Colonia Nicolich.

                Agradecemos su presencia y estamos para escucharlos.

SEÑORA VILLAR.- En primer lugar vamos a hacer una presentación de lo que es la zona rural de Paso Hondo a fin de ofrecer un testimonio real. Lo hacemos porque con respecto al proceso que llevó a cabo esta industria para lograr que le otorgaran los permisos, en el estudio de impacto ambiental hubo omisiones en cuanto a las características ambientales del lugar en el que se iban a instalar. O sea que la empresa le dio a la Dinama menos información de la que debió haberle brindado para que dicha dirección pudiera tomar las decisiones adecuadas.

                De todas maneras, es una empresa que viene intentando instalarse en este padrón rural desde el momento en que compró el terreno, en 2006, pero la Dinama le rechazó el permiso. Quiere decir que no le dio la VAL, la Viabilidad Ambiental de Localización. En realidad, se la rechazó en dos oportunidades: primero en 2006 y nuevamente en 2014. Por lo tanto, hay dos antecedentes que ejemplifican que la Dinama hizo bien su trabajo, porque en suelo rural está prohibida la actividad industrial.

                Vamos a mostrar ahora un video que demuestra qué tan rural es la zona, donde se podrá apreciar la industria en proceso de construcción.

                Dicho video también muestra la escala de las edificaciones. La empresa está haciendo una construcción de más de 3500 metros cuadrados y la relacionan con la escala actual de las viviendas rurales.

 También queremos demostrar con este video que se trata de una zona plenamente rural y no en retroceso, como declaró la empresa en el estudio de impacto ambiental al decir que era una zona en retroceso. Nosotros venimos a demostrar que no es una zona en retroceso, sino plenamente rural y muy activa.

Nos interesa, sobre todo, brindar testimonio de que es una zona de producción agrícola familiar. Además, es el pulmón ecológico de Colonia Nicolich. Es un espacio natural, un refugio de biodiversidad, que creemos es muy importante defender.

Ante esta audiencia queremos expresar nuestra preocupación por el medioambiente y poner en valor la zona rural, porque no es un espacio vacío, sino un lugar donde se produce la alimentación para los centros urbanos. En este caso, se trata sobre todo de una zona de tradición hortícola –de portugueses– y se producen todas las verduras que se comercializan en Montevideo. Es una zona de sustento para la soberanía alimentaria y nos parece que es un espacio importante a conservar. 

                También venimos en nombre de nuestra comunidad y de nuestro modo de vida. Queremos que sean escuchados nuestros derechos ciudadanos, que se respeten las instituciones y los procedimientos que ellas establecen, en este caso, la Dinama. Nos hubiera gustado que la Intendencia de Canelones hubiera hecho lo mismo.

Asimismo, deseamos que los procedimientos que establece la Ley n.º 18308 –en la cual nos hemos apoyado para hacer este análisis– sean respetados. Nuestra idea es lograr que los resultados sean adecuados al interés de los ciudadanos uruguayos, más específicamente, de los ciudadanos de la sociedad rural, a la cual representamos.

                En Paso Hondo se pretende instalar una industria de productos químicos que no tiene precedente en esa zona. Es la primera y la única intervención inadecuada que ha aparecido, porque hasta ahora ha sido un reducto netamente rural.

En la siguiente imagen se puede ver la zona donde se está instalando la fábrica. Donde dice «antes» se puede ver el terreno de enfrente, con las vacas Holando del tambo vecino pastoreando, y en la imagen de más abajo se ve el lugar donde se está instalando la fábrica.

                La empresa compró un predio rural y presionó a las autoridades, ya que la Dinama le había comunicado que no le daría la VAL en 2006 y le volvió a rechazar el permiso en 2014. Entonces, lo primero que nos preguntamos los pobladores fue por qué esta empresa se quiere instalar en una zona que no está habilitada. ¿Por qué insiste? Porque volvió a insistir en 2014 y en 2016. ¿Cuál es el motivo para instalarse allí y no en la zona de logística, en el corredor industrial que está dispuesto y diseñado en la ruta 101 o en uno de los cinco parques industriales que tiene Canelones?

La siguiente foto muestra el corredor logístico a lo largo de la ruta 101. Lo que averiguamos fue que la empresa compró una chacra abandonada por USD 9.000 la hectárea, cuando en una zona logística el valor de la hectárea es de USD 600.000. Fue así que encontramos el motivo por el cual quieren instalarse allí: pagaron USD 90.000 por diez hectáreas en vez de pagar USD 6:000.000 por la misma área en la zona logística.

                Por otra parte, quisimos ver los detalles del proceso administrativo, por lo cual, a través de la Ley n.º 18381, Derecho de acceso a la información pública, solicitamos a la Intendencia de Canelones que nos diera acceso al expediente del permiso de construcción, pero nos negaron la información. Sin embargo, por la misma ley, un vecino solicitó la observación del expediente de Dinama y en base a él fue que hicimos todo el estudio y el análisis para saber por qué se instalaba esa empresa en la zona.

Lo que pudimos averiguar fue que en 2006 la Dinama le negó la viabilidad de localización. El padrón rural de las diez hectáreas que compraron es el n.º 53.717. En 2008 entró en vigencia la Ley Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. En 2014 solicitaron nuevamente la VAL a la Dinama y esta se la volvió a rechazar. Esa vez lo que hicieron fue dividir el padrón de diez hectáreas en dos y pidieron permiso por la mitad del padrón –o sea, por cinco hectáreas–, que lleva el n.º 70.808.

                En 2016 la industria le pide a la Dinama una VAL transitoria, lo que constituye una irregularidad porque la VAL se da o no se da. El problema fue que pidieron la VAL transitoria porque en ese momento estaba en trámite el cambio de categoría de suelo rural a suburbano, pero para ello había que esperar la entrada en vigencia del plan parcial Nicolich que fue en junio de ese año.

                Durante 2016 se sucedieron diversas discusiones en la Dinama sobre la ilegalidad de la cuestión, porque no se puede cambiar la protección del lugar solo para modificar la categoría del suelo.

                Esos planos son del Plan Parcial de Nicolich y Ruta n.º 101: a la izquierda está el modelo territorial y a la derecha la categoría de suelo. Si observan bien, se trata del mismo plano en la misma área. En el modelo territorial puede verse toda una zona verde rural y no aparece ninguna industria. En cambio, en el modelo de la categoría de suelo puede verse un pequeño punto amarillo dentro de una zona rayada que ha sido convertida en zona potencialmente transformable, y el padrón en amarillo chiquito es el padrón supuestamente suburbano que hicieron transformar.

                La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible dice que la industria está prohibida sobre suelo rural. El artículo 39 establece que otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles por no implicar riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna autorización de la Intendencia, si así lo dispusieran los instrumentos de ordenamiento territorial que se aprueben. Más adelante, en otro inciso, dice que en el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar necesidades de infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades propias del medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el carácter rural o natural al paisaje.

                En 2016 este punto fue motivo de discusión entre la Dinama y la Intendencia de Canelones, y ello figura en un documento que envié a la secretaría de la comisión, donde sostenía que ese recurso de cambiar el suelo a suburbano era ilegal. Ese documento –que lo pueden ver en el expediente de la Dinama– plantea que es ilegal el cambio y también el proceso que se hizo en la intendencia.

                Acá queremos mostrarles cómo es nuestro lugar y preguntarles, ¿cuál sería el lugar para instalar la industria? ¿Arriba o abajo? La que está abajo es una foto de la zona logística de la Ruta n.º 101. ¿Qué impacto medioambiental puede traer la instalación de la planta industrial además del manejo de los productos y los desechos tóxicos que tiene una planta de estas características, que será un laboratorio de productos químicos de uso veterinario donde manejan avermectina y otras sustancias muy tóxicas?

                En primer lugar, tal como mostrábamos en el video, va a haber un impacto físico en el ambiente y en el paisaje. Se va a instalar una planta de 3.500 metros cuadrados, además de sus playas de maniobra, que anulan para siempre el valor productivo de la tierra. A su vez, la escala de las edificaciones, comparada con las viviendas rurales, no necesita explicación; alcanza con mirarlas.

                En segundo lugar, acciones como estas producen un deterioro en cadena. El problema es que instalar una cosa así habilita a que vengan otros desastres ambientales, como lo que pasó con la empresa Bitafal, que es dueña del predio que está enfrente a la fábrica. En enero de 2017, no bien iniciada la obra, esta empresa comenzó a tirar desechos asfálticos y a enterrar recipientes en pleno suelo rural productivo. Hubo niños del barrio enchastrados con asfalto; los vecinos del tambo tuvieron que sacar vacas con un tractor y yo, personalmente, tuve que sacar perros pegados, para que no murieran en el asfalto.

                La mayoría de los que vivimos en Paso Hondo somos gente que quiere a la tierra y que respeta a la naturaleza. Ahora tenemos que convivir, no solo con los vertidos asfálticos de la empresa Bitafal, sino también con una industria prohibida por ley en suelo rural.

                Otros impactos de la planta tienen que ver con el tránsito de camiones y las luces en un lugar que preservaba la oscuridad necesaria para las aves nocturnas y otros animales. También habrá ruidos.

                Asimismo, habrá un impacto en nuestro modo de vida. En la zona hay muy poco movimiento, salvo el de los tractores, que llevan verdura de un lado para el otro, o los animales del tambo vecino. El tránsito es escaso; hay muchos vehículos agrícolas y nuestro movimiento cotidiano.

                Otro de los impactos que es importante destacar es el ecológico que provoca la planta industrial. Se verá afectada la fauna, así como las aves migratorias y autóctonas que anidan en este lugar. Paso Hondo es parte del corredor biológico de los bañados de Carrasco, ya que este corredor está formado no solo por el arroyo Carrasco sino también por el arroyo Toledo, y sus costas están a dos cuadras de la fábrica. En la zona tenemos aves de todo tipo y las que pueden ver en estas fotografías son solo un pequeño ejemplo de todo lo que avistamos diariamente.

                El problema de instalar una fábrica de esta escala es que cambia el tamaño del espacio natural, que es un elemento clave para el hábitat de la biodiversidad. Si perdemos el tamaño del espacio natural, estamos perdiendo la fauna.

                Ahora queremos mostrarles cómo es la actividad y qué es lo que hacemos nosotros, es decir, cuál es la naturaleza de la zona rural. En el Plan Nicolich está definida como una zona rural de usos múltiples y no como área metropolitana, como expresó la industria en el estudio de impacto ambiental. Es un área natural y de producción agropecuaria familiar.

                En esta foto que estoy mostrando pueden ver una producción ovina de manejo ecológico de uno de los productores. Queremos mostrarles que su carácter y sus usos son netamente rurales y no una zona en retroceso, como dijo también alguien de la industria.

                Además, estos usos que vamos a mostrarles ahora no aparecen en el estudio de impacto ambiental presentado por la industria a Dinama.

                Otros usos rurales son: aras de equinos en producción de animales y alojamiento –hay cuatro productores–; la producción ovina ecológica que recién les mostré; familias con producción de autoconsumo –hay más de quince familias–; producción de nogales pecan –hay dos productores–; fruticultura ecológica de nogales, damascos, duraznos, manzanos; huertas ecológicas; verduras y hierbas para restaurantes urbanos; hierbas para herboristería; un club de campo; campos deportivos –hay tres en la zona–; tambo de vacas holando –hay un tambo grande frente a la fábrica–; también hay familias o habitantes rurales sin explotación –más de veinte–; forestación de eucaliptus; también hay producción de aves de corral; gallinas de Guinea –quince productores–; producción de huevos ecológicos –dos productores–; ganado bovino, cría y engorde a pastoreo natural; producción hidropónica –hay un productor grande–; horticultura –verduras para el mercado urbano; son más de trece productores.

                ¿Dónde se instala esta industria? ¿Es acaso un lugar adecuado para una actividad industrial, como les mostramos recién, con manejo de productos tóxicos? ¿No hay otros lugares adecuados y destinados a la industria?

                Existe un corredor logístico industrial sobre la ruta 101. Entonces, ¿por qué viene a instalarse en un suelo rural que queda dos kilómetros hacia adentro de esa ruta?

                ¿Qué dice el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Nicolich y Ruta 101, que entra en vigencia en junio de 2016? La industria declara en los expedientes que está dentro del marco de ese plan parcial. Se declaran como si estuvieran dentro del plan.

                Quisiera mostrarles ahora una cantidad de cosas escritas, que son un extracto de lo que dice el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Nicolich y Ruta 101 dentro de su memoria de ordenación.

                En el punto 3.6 de ese documento, titulado «Desarrollo económico», se realiza la definición de ámbitos y condiciones para el desarrollo de plataformas empresariales con actividades industriales, logísticas y de servicios.

                Estos son puntos que fui sacando, reitero, de la memoria de ordenación que tenían que ver con la protección de nuestra zona. Allí se establece que se asume que el suelo del área afectada al plan es un recurso valioso y limitado de localización que presenta ventajas competitivas en el contexto metropolitano y que debe ser gestionado de forma responsable en armonía con el ambiente y el paisaje.

                Se promoverá su optimización y el mayor desarrollo de actividades referidas con estímulo para las empresas que se radiquen, con prevención de que se cumplan las normas ambientales y urbanísticas, se minimicen y atiendan los impactos generados por las actividades a localizar y se conserven y potencien los recursos ambientales y paisajísticos del área.

                Esta localización deberá contemplar pautas de ordenación y requerimientos de tipo ambiental, paisajístico y de ordenamiento territorial en coherencia con definiciones ya adoptadas en las estrategias regionales metropolitanas y las directrices departamentales de Canelones, en el sentido de proteger el paisaje y las áreas rurales, así como concentrar y optimizar el uso de las infraestructuras, privilegiando la relación de las industrias e instalaciones logísticas con las rutas principales.

                Esto quiere decir que en el Plan Parcial de Nicolich y Ruta 101 la industria tiene su lugar, pero está en la ruta 101, no está dos kilómetros adentro, en una zona rural como esta.

                Más adelante continúa diciendo que, por otra parte, se contemplará aspectos de sustentabilidad vinculados con el uso de los recursos, particularmente el agua y la energía, así como el tratamiento de efluentes y de residuos que se generen a consecuencia de la actividad empresarial. Esta estrategia implica la definición de criterios de localización, estándares y requerimientos que se definen para el desarrollo económico, y localización ordenada de actividades empresariales, industriales, logísticas y de servicios en el territorio del Plan Parcial.

                Dinama le da finalmente la autorización ambiental previa el 26 de noviembre de 2016, luego de discusiones sobre la ilegalidad del proceso. En su momento entregué a la secretaría de la comisión los documentos de la Asesoría Jurídica de Dinama para que los vean y los estudien específicamente.

                La industria todavía no tiene el permiso de operación, que es otorgado por la Dinama. Nosotros nos presentamos ante el ingeniero Nario en abril y le pedimos personalmente que no le dé a esta industria el permiso de operación, por todas las razones que hemos expuesto hasta ahora.

SEÑOR BÉRTOLA.- Creo que es muy contundente el trabajo que ha presentado Mercedes en relación a la investigación de este caso. Simplemente quiero manifestar mi apoyo al planteo. En mi caso, desde el año 1986 resido en la zona. Tengo un predio de 7 hectáreas y media que, aunque ubicado en la zona de Montevideo Rural, está directamente vinculado con el Camino del Paso Hondo. De manera que conozco el lugar desde hace 32 años.

                La zona se ha caracterizado por tener un grupo importante de productores que ha defendido la actividad en el suelo rural desde hace muchos años. En mi caso particular me dedico a la producción ovina, pero tenemos un historial de defensa de la producción familiar y, en particular, agroecológica en la zona, y hemos sido partícipes, junto a muchos otros vecinos, de actividades que considero muy importantes en el sentido de la conciencia ciudadana y defensa de la sustentabilidad de la soberanía alimentaria en este territorio. En particular, en un momento en que se estuvo por plantar 500 hectáreas de soja transgénica rodeando nuestro predio, en el año 2010, conformamos un movimiento con muchos otros habitantes de la zona. Ese episodio terminó con el apoyo de la Defensoría del Vecino y con una resolución judicial que impuso medidas cautelares prohibiendo la plantación de transgénicos en el suelo de Montevideo Rural. Esas medidas fueron modificadas por un tribunal de segunda instancia, pero de cualquier manera ese movimiento tuvo mucho impacto, porque se basó en todo un proyecto cuenca del arroyo Carrasco y se utilizaron recursos de las Intendencias de Canelones y Montevideo para intentar recomponer el destruido tejido de la producción familiar, fruto de años de imposición de un modelo agropecuario que ha provocado la desaparición de decenas o miles de productores familiares. Esto lo digo porque creo que dentro de la región y, en particular, de la zona y de lo que ahora se ha dado en llamar la comunidad de Paso Hondo, ha habido una historia de movilizaciones y de lucha en defensa del suelo rural, como fue definido, lo que luego fue seguido por otras movilizaciones que muchos de ustedes conocerán. Años atrás hubo una gran movilización de vecinos por la instalación de torres de alta tensión y se logró que se corrieran algunas que estaban sobre predios como el mío y muchos otros. También se realizaron otra serie de actividades en defensa de ese suelo, como las llevadas a cabo contra las fábricas de quema de huesos o de las fábricas en las que se llevaba adelante trabajo esclavo. Hay un predio vecino al nuestro que ahora se remata y que pese a estar en zona rural se convirtió en una fábrica que importaba pañales que venían de Zona América; allí 30 mujeres, a peso por bolsa, y sin ningún tipo de cobertura social, trabajaron durante años reciclando pañales de descarte que, en un momento, inundaron las pañaleras que florecieron por todo Montevideo.

                Para mí es importante informar de todas estas acciones porque creo que hay un compromiso de muchas de estas familias productoras que tienen una historia de defensa de la producción familiar y de la producción agropecuaria.  Creo que este es un eslabón más y dignifica el trabajo que muchos de esos productores han venido haciendo y que implica una resistencia al ver vulnerados sus derechos a vivir en ese medio. Es una muestra de responsabilidad ciudadana.

                Trabajé en la conformación de la asociación de productores orgánicos del Uruguay y fui fundador. También fui fundador de la red de agroecología del Uruguay. Por tanto, no es una aparición circunstancial y hay muchos vecinos que tienen la misma trayectoria y responsabilidad al levantar estas banderas. Desde hace 25 años estoy certificado en producción ecológica, pero hace 30 años estos planteos eran de hippies fundamentalistas. Sin embargo, hoy en el mundo estamos viendo una realidad que nos toca a todos. El gran problema que se da con el agua ha llegado a la conciencia de toda la ciudadanía y se vincula el uso del suelo agropecuario con las contaminaciones ambientales. Este tema se instaló para no desaparecer más y creo que en este ámbito, que es la caja de resonancia popular, es bueno que se nos reciba y se tome en cuenta la responsabilidad ciudadana de los presentes.

                Les agradezco la atención recibida.

SEÑOR WANSART.- Quisiera plantear una preocupación que si bien es un poco aledaña al tema, está ligada a todo esto y considero que es muy pertinente. Lo que me preocupa es un proceso que se ha dado aquí. Una empresa perfectamente puede comprar un terreno rural, lo que no puede es instalarse en él. Si una empresa compra un terreno rural y lo hace a sabiendas de que lo  es, sabe que no debería instalarse allí y si no lo sabe, lo sabrá después de que la Dinama en dos oportunidades le niegue el permiso. La Dinama es una institución nacional que está para defender el derecho que todos tenemos de disfrutar del medioambiente, de la producción orgánica, de la producción saludable de los alimentos que finalmente consumimos. Si la Dinama puede ser burlada, circunvalada, por alguna decisión administrativa de cualquier otro organismo público,  pierde toda su credibilidad, porque puede hacer su trabajo solamente hasta cierto punto y a partir de allí dice quedar por fuera. Ese terreno que vieron en la foto –ese pequeño granito amarillo en el medio de toda la zona rural– fue transformado en zona suburbana de una manera arbitraria y por un acto administrativo. La intención fue burlar a Dinama y dejarla por fuera para que no pueda realizar su trabajo –por lo menos eso es lo que dice Dinama–, a pesar de que la asesoría jurídica de la propia Dinama declara que esto es ilegal.

                Entiendo que es difícil para alguien de la ciudad reconocer muchas de las cosas que pasan en el campo, porque no son tan evidentes, tan visibles; el ritmo de la vida es un poco más lento allí y las cosas que ocurren a veces son imperceptibles o menos perceptibles. Sin embargo, también entiendo que en el informe de impacto ambiental que se hizo para ser presentado a Dinama a efectos de la instalación de esta fábrica hubo omisiones que uno podría interpretar que fueron adrede para plantear una situación que no es tal. Dice que este era un lugar abandonado; es cierto que era una chacra abandonada, porque no hicieron nada allí durante diez o quince años, pero toda la zona circunvalante no está abandonada. De hecho, las fotos del lugar muestran que había vacas aún durante la construcción y todavía hoy van a pastar ahí adentro, porque están acostumbradas a hacerlo. Es una zona donde hay una producción importante, tanto de ganado como de horticultura.

                Creo que nos sentimos respaldados cuando partimos de la base de que hay ciertas reglas de juego. Cuando nos instalamos en el lugar y empezamos a producir allí durante años –hay productores con más de treinta años allí y otros llevan varias generaciones– lo hicimos asumiendo ciertas normas y reglas de juego, pero se violaron sin siquiera contar con la posibilidad de ser informados a tiempo y de participar de la toma de decisiones; no hubo audiencias públicas ni se nos informó nada. Se violaron, incluso, los procedimientos que establecen que debe haber una audiencia pública antes de hacer ciertas cosas. Y si eso se viola no tiene ningún sentido hablar de que todos tenemos derechos y que son igualmente respetados.

                En este caso, hay un plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la zona, que es el Plan de Colonia Nicolich y de la ruta 101. En ese plan, hay una zona logística separada específicamente para las industrias, para la logística y para la producción. También está el Parque de las Ciencias y hay una cantidad de galpones que se han construido en la zona para diferentes actividades. Era una zona que estaba delimitada hasta 500 metros a cada lado de la ruta, después eso cambió un poco, pero sigue siendo una zona delimitada lo que es razonable, porque las calles son de tierra y cada vez tienen más pozos porque circulan más camiones. A esta fábrica le tuvieron que hacer un tendido eléctrico que no existía y va a tener que ir la barométrica a llevar los efluentes a otro lado. En un principio pretendían regar el campo con los efluentes de la fábrica para sacárselos de encima; incluso eso figura en los primeros planes de desarrollo de esta empresa.

                En síntesis, hay un plan de ordenamiento territorial y una zona logística industrial cerca. Se compra en una zona rural a sabiendas de que no está permitido hacer algo allí y finalmente, gracias a una chicana administrativa, se logra separar al único organismo que defiende al productor, el ambiente, la zona y la comunidad, para que se implante una empresa cuyo único motivo aparente para estar en este lugar es económico. Naturalmente, nos sentimos un poco vulnerados y vulnerables porque si esto pasa acá se puede repetir. La obra nunca tuvo un cartel con el número de BPS, nunca tuvo algún tipo de señalización que, además, es obligatoria. Al poco tiempo de comenzada, en el terreno de enfrente, cuyos dueños también son propietarios de una empresa de asfalto, tiraron un montón de desechos asfálticos en el campo. Hace unos días un productor llamó a la señora Villar para avisar que a pocas cuadras estaban enterrando neumáticos en un tajamar. Es decir que ese efecto que ella denomina «bomba atómica», ese efecto de degradación que se esparce rápidamente está poniendo pie firme en la zona porque ya que se viola una cosa, ya que perdimos una, perdemos dos, perdemos tres. Es una lástima porque es una zona de producción, es una zona sana. El hábitat es sano, es rico y está bien desarrollado. Hay cientos de tipos de aves. Hay una aguada grande que cruza toda la zona y que se ve en el video. Son muchos tajamares pero también hay partes de aguada natural donde se juntan aves acuáticas y todo eso desemboca en los bañados del Arroyo Toledo. Por supuesto, como es una zona inundable no está para nada desarrollada y, por tanto, parece no tener sentido que desapareciera. Entiendo que una zona pueda transformarse en suburbana si hay gente que necesita instalarse o por otros motivos, pero me parece que no tiene sentido que una fábrica se ubique arbitrariamente, separada de todo lo que es el desarrollo industrial y logístico del lugar, si existe un lugar específico separado para tales fines.

                En definitiva, es una muy buena señal que podamos estar acá, pero también hay que tener en cuenta que tanto a la señora Villar –que se ha involucrado desde el principio– como a todos los que estamos en la zona, todo esto nos insume mucho tiempo, recursos y esfuerzos. Como privados hemos luchado sin tener muchas facilidades para acceder a toda la información, que debería ser pública y que nos es negada a pesar de las leyes que hay al respecto. En ese sentido, nos hemos sentido frustrados y sin el resguardo que pretendemos, que suponemos o que deberíamos tener desde el Estado. Es magnífico que podamos plantear esto hoy aquí. Nos ha llevado muchísimo esfuerzo y nos hemos encontrado con un montón de cosas que como comprenderán no se pueden plantear en una sola reunión. Tenemos muchísima información que en su mayoría tiende a demostrar, primero, que no tiene sentido que esa industria se instale y, segundo, que si llega a instalarse debemos saber que va a ser utilizando los vacíos legales. Es posible que cumplan con la letra de la ley, pero no necesariamente con su espíritu.

SEÑORA BIANCO.- Solo quería decir que desde el comienzo la señora Villar ha trabajado muchísimo. La conozco y por eso estoy acá apoyándola.

                Lo que siempre me llamó la atención es que solo hicieron suburbano ese predio. Del lado de enfrente las ilusiones de sesenta familias no se concretaron. Eran personas de entre veintiocho y treinta y cinco años que juntaron dinero durante tres años para comprar un terreno. Lo compraron, son los dueños de ese predio rural, pero la Intendencia les dijo que no se podía llevar a suburbano porque había que respetar su condición de predio rural. Ahora viene esta gente ¿y solamente a ese pedacito lo hicieron suburbano, siendo que enfrente hay un predio de sesenta familias que quieren edificar? Tampoco se trataba de hacer un asentamiento, lo que es importante aclarar porque en la zona tenemos unos cuantos.

                Por todo esto es que he estado apoyando estos reclamos. No puede ser que para unos el suelo se pueda considerar suburbano y para otros no.

Además, llevo adelante centros CAIF –somos una asociación civil– y puedo decir que ya se nos planteó una problemática con otra fábrica en la zona y ocurría que muchos niños estaban naciendo con tumores o quistes en la cabeza.  Se hizo un estudio hace ya unos cuantos años y nos dimos cuenta de que era por esa fábrica –que, por suerte, dentro de poco la van a sacar– que también se había instalado ahí.

                Era eso lo que quería decir, nada más. A veces me parece que hay que atender más cuando uno viene realmente a quejarse; eso es lo que hemos venido a hacer.

                Gracias por el tiempo que nos dieron.

SEÑORA CARRERA.- En primer lugar, quiero refrendar todo lo que ha dicho Mercedes Villar, que se ha movido muchísimo con este asunto que es muy importante para todos quienes vivimos ahí. Yo vivo prácticamente enfrente a la fábrica y puedo decir que antes tenía nada más que verde y árboles y ahora tengo ese horror, ¡y eso que todavía no está funcionando!

                Quiero agradecer a los señores senadores que nos hayan recibido para tratar de ver qué podemos hacer para que esto no nos dañe porque, realmente, es un ataque masivo a toda la gente de la zona. Como se ha dicho, no tiene sentido que se hayan ubicado ahí, en ese lugar.

                Nada más, muchas gracias.

SEÑORA VILLAR.- Quiero precisar un último detalle que no quedó claro en la presentación pero que sí lo está en la parte escrita: esta industria es una multinacional argentina. O sea que aquí se están vulnerando los derechos de los ciudadanos uruguayos en pro de una multinacional argentina. Creemos que vulnera nuestro marco legal, que es lo que nos da la libertad de acción.

                Nada más.

SEÑORA ASIAÍN.- Realmente, la situación que plantean nuestros invitados es sumamente preocupante y tengo algunas preguntas para hacer.

                Según se ha relatado –y también surge de los antecedentes administrativos–, la Intendencia de Canelones es la que cambia la calificación del suelo rural, transformándolo en suburbano. Me pregunto si se ha impugnado ese acto administrativo que cambia la calificación.

                Luego se relató que la Intendencia de Canelones negó el acceso a la información y quisiera saber si fundamentó esa negativa. En tal caso, quiero saber qué fundamento dio para negar el acceso a la información.

                Después se habla de un VAL transitorio que negaría la propia esencia de lo que ello es; a este respecto quiero saber si se impugnó este acto administrativo y lo mismo sobre lo que se ha mencionado en cuanto al pedido de suspensión de la construcción. Nuestros invitados dicen que eso se peticionó, pero consulto si se hizo una petición simple o una petición administrativa calificada, que es la que daría lugar luego a acceder al control de legitimidad por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

                Por otra parte, también quiero saber si es posible acceder al nombre del estudio de impacto ambiental de la empresa para verificar cómo se ha expedido en el pasado, si se trata de uno de los estudios que son más o menos competentes en la materia y demás. 

También había preguntado sobre los dictámenes jurídicos contrarios de la Dinama –que se mencionaron acá– y la señora senadora Xavier me dijo que no los tenemos; querría saber si están firmados por Marcelo Cousillas.

                Con respecto a las sesenta familias, a las cuales se les negó la posibilidad de hacer la recategorización del suelo rural a suburbano, me gustaría saber si impugnaron esa decisión.

SEÑORA VILLAR.- Según recuerdo, el que se haya negado a las familias a instalarse en suelo rural está fundamentado en la ley sobre ordenamiento territorial, que dice que no se podrá fraccionar el suelo rural por la falta de servicios, de infraestructura y de saneamiento. Ahora bien, les dijeron que no a esas sesenta familias pero no les dijeron que no a la empresa. Creo que en ambos casos correspondería aplicar el mismo artículo.

SEÑOR WANSART.- Se ha preguntado acerca de si se impugnó, si no se impugnó, cómo se impugnó o cuál fue el proceso, etcétera. Hablando un poco por todos, nosotros no somos abogados ni legisladores, o sea que no tenemos mucha idea de cómo funciona el trámite administrativo y legal de todo esto; sin embargo, lo que se pudo hacer en su momento, se hizo. Lo que sucede es que un asesor legal de la Intendencia de Canelones nos dijo que se nos negaba el acceso a la información basándose en una interpretación de alguna de las partes de la ley que indica que existe acceso libre a la información por parte de la opinión pública. No tengo acá el escrito pero la señora Villar debe recordarlo mejor que yo.

                En cuanto al estudio de impacto ambiental, señalé que algunas partes del estudio que presentó la empresa son bastante tendenciosas, desde el momento en que, por ejemplo, no han hecho un recuento de productores, que es lo más básico; tampoco tienen idea de cuál es la fauna y la flora del lugar; no han hecho un censo mínimo. Las únicas fotos que hay son de un chircal, que es el propio terreno abandonado en el cual esta empresa se instaló. Además, se prohibió el fraccionamiento a las familias que querían instalarse pero, sin embargo, a la empresa se le permitió fraccionar su propio terreno en por lo menos dos partes.

                Por otro lado, quisiera hacer un comentario con respecto a una práctica que todos hemos visto alguna vez –seguramente, los señores senadores mucho más que nosotros–. Cuando alguien quiere que un organismo equis le apruebe un trámite, tiene que valerse de un profesional que haga los informes necesarios para que esa aprobación se produzca y se ha visto como algo habitual contratar a exjerarcas de esos organismos para hacerlos. Eso tiene más de un motivo, algunos posiblemente más inocuos que otros. Uno que se me ocurre es que un exjerarca de un organismo conoce bien su funcionamiento y, por ende, sabe exactamente cómo presentar las cosas para acelerar los trámites. A su vez, un exjerarca de un organismo no deja de tener cierta jerarquía sobre los demás funcionarios aunque ya no trabaje allí porque, obviamente, es una persona reconocida. Entonces, el hecho de que un exjerarca de un organismo haga un estudio que, además, resulta bastante tendencioso, para mí es el primer indicador de que hay algo que se está haciendo con un poco de mala fe. Eso es lo que uno siente del otro lado. Posiblemente todo esto tenga una explicación mucho mejor que la que yo puedo dar, pero con esa idea o teoría de la conspiración que uno a veces tiene en el fondo del cerebro, parece como si algunas cosas hubieran sido hechas adrede, de manera de facilitar el camino.

Por supuesto que el acceso a los profesionales de más jerarquía, los abogados, el asesoramiento legal, etcétera, es algo que tiene costo, y nosotros no podemos asumir costos de ese tipo porque ni siquiera vamos a tener un beneficio. Esta gente ya parte de tener un beneficio, un beneficio millonario; esencialmente, el galpón, la fábrica, la construcción, todo eso le resultó gratis por la diferencia de precio en el suelo. Sin embargo, la sociedad va a terminar pagando, pues seguramente se asfaltará la calle y esto no es algo que nosotros queramos necesariamente, por motivos de seguridad y también de circulación en la zona. Ya muchos vehículos están empezando a circular por allí evitando a la policía y también a la caminera, que están instaladas sobre la ruta. Hay algunas cosas que nosotros no querríamos que tuvieran que pasar, pero que venga UTE y haga una instalación que todos vamos a pagar cuando el único beneficiario es una empresa que de por sí ya ha tenido beneficios, es algo que tiene poco sentido desde nuestro punto de vista.

Sé que esto no responde del todo a la pregunta que se formuló, pero quizás un poco sí. Nosotros no somos abogados. Sabemos que muchas veces las causas se pierden o se ganan, justamente, porque se conocen los tiempos, los recursos y todas las cosas que hay que presentar, pero deben entender que nosotros no vivimos de esto; nosotros hacemos nuestra vida de otra manera, tenemos otras obligaciones y tenemos que ganar nuestros ingresos de otra manera. Esto es algo que nos ha robado muchísimo tiempo, un tiempo que ni siquiera podemos valorizar de alguna forma.

Entonces, sé que desde el punto de vista formal posiblemente no se cumplieron todos los requisitos, pero hay que tener en cuenta, también, todo lo que ha sucedido. Cuando uno escribe, con total buena fe, pidiendo un documento, se le niega el acceso a él, y cuando finalmente se le permite acceder, resulta que al documento le faltan montones de páginas porque cuando aparece algún nombre, en vez de taparlo o tacharlo, se elimina la página. No hemos podido ver el expediente completo porque toda página donde figuraba un nombre fue eliminada; entonces, realmente creemos que el permiso de la Intendencia carece totalmente de valor.

SEÑOR GARÍN.- Buenas tardes a todos y gracias por su presencia.

                Para nosotros es bueno escuchar su punto de vista en esta comparecencia; es el testimonio de una conciencia ciudadana sobre una problemática, como se ha expresado. A su vez, vale recordar –aunque ya deben tenerlo presente– que este tipo de instancias son actos públicos de los que se toman versiones taquigráficas. Aquí se han insinuado irregularidades administrativas y los legisladores presentes tomaremos los recaudos necesarios para sensibilizar a las instituciones que están involucradas a fin de que reparen sobre ellas. Esta es la primera respuesta que podemos darles.

Hay algunos aspectos que nosotros, como legisladores, no podemos resolver. Recuerden que nuestra función es definir y aprobar leyes, pero no nos encargamos de la aplicación ejecutiva de la ley ni mucho menos de la interpretación o de las eventuales acciones de reclamo administrativo, jurídico o lo que corresponda, que pudieran entablarse. Ahora bien; si una parte de la ciudadanía, como es el caso de ustedes, está planteando algunas preocupaciones que van en ese sentido –haciéndolo, además, en un acto público como esta comparecencia–, lo primero que debemos hacer es tratar de sensibilizar a quienes pueden tener competencia en el tema a fin de que, por lo menos, reparen en ellas.

En cuanto a la reflexión que recién hacía el señor Wansart, soy de los que creen que si existe una pizca de sospecha, hay que tratar de hacer todo lo posible por despejarla. Y después, despejándola, se podrán encontrar hipótesis razonables o quizás otras sospechas que también deberán ser despejadas para seguir avanzando. Solo por eso me parece que ya es bueno que esta comparecencia se haya dado.  

                Por otro lado, creo que estamos viviendo la tensión de la implementación del desarrollo con ordenamiento territorial; ¡la estamos sufriendo! El ordenamiento territorial en Uruguay cuenta con un marco legal –que es el que permite tomar acciones proactivas importantes– recién a partir del año 2008. Recién desde ese año la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible establece la posibilidad de poner limitaciones a la propiedad privada, por ejemplo, para fijar criterios de utilización de un inmueble.

                Creo que estamos sufriendo, reitero, la tensión de la implementación. Además, en el caso concreto que están refiriendo se superpone una zona de desarrollo industrial muy importante. Diría que si vemos esto con un foco un poco más grande e incluimos las rutas 8, 101 y 102, me animaría a decir que es el lugar del país donde ha habido más desarrollo industrial en los últimos cincuenta años. Ustedes, que viven ahí, pueden atestiguar lo que ha sido el cambio del paisaje en diez años. Me parece que se está dando algo que denominamos como «dolores de crecimiento».

                De todas formas, es muy interesante que vengan a plantear estos aspectos porque el desarrollo tiene la particularidad de que siempre avanza sobre el territorio rural. En todas partes del mundo ha sucedido esto; avanza sobre territorio rural y tiene zonas de transición. Tuve oportunidad de conocer lo que han sido los planes de ordenamiento territorial en Canelones, aunque no interactué mucho en lo que tiene que ver con la ruta 102 y la colonia Nicolich, pero sí sobre la ruta 5. En algunos momentos, en mi función como director de Desarrollo Productivo de la Intendencia de Canelones –disculpen la autorreferencia– y en ocasión de los trabajos sobre la ruta 5, sufrí la tensión enorme que significaba convertir suelo rural en suburbano, porque donde había granjas de productores familiares ahora hay grandes empresas. Fue una tensión porque el impulso del desarrollo avanzaba sobre esos lugares. Si hay tiempo, después los invito a compartir las múltiples anécdotas de los problemas que generó todo esto.

                Insisto en que no conozco el lugar que ustedes mencionan. Sin embargo, sé lo que significan las tensiones porque el hecho de convertir un suelo rural en suburbano permite actividad industrial, pero no es posible que haya una zona poblada porque se necesita que haya servicios. Evidentemente, si se mantiene el suelo rural, las viviendas tienen que ser unidades de producción familiar.

                Por ejemplo, en Canelones luchamos mucho para que las unidades de producción familiar tuvieran, como mínimo, treinta mil metros cuadrados, es decir, tres hectáreas. Obviamente hay una presión importante de quienes quieren ir a vivir en un ambiente natural, tener su vivienda con un jardín bastante grande y plantean fraccionamientos que no son unidades de producción; son residencias. Recuerdo que tuvimos que luchar bastante con los dueños de algunos fraccionamientos que planteaban hacer unidades de producción y fraccionarlas en cinco mil metros cuadrados, que es lo más pequeño que se permite como excepción para ciertas cosas –está establecido en la regulación–, mientras había campos enteros que se fraccionaban en 28 o 30 unidades. Llegamos a tener un fraccionamiento de 60 unidades de cinco mil metros cuadrados donde se pretendía construir unos barrios con grandes jardines sobre la ruta 5, pero era una zona rural que se iba a transformar.

                Perdonen que me haya extendido en la anécdota.

                En definitiva, comprendo la situación y la problemática por haber interactuado con ella. No sé cómo se hacen los trámites administrativos porque no vengo del palo del tema jurídico, por lo que no sabría ni cómo responder muchas de las preguntas que realizó la señora senadora Asiaín. Sí quería mencionar que comparto la preocupación planteada y que, respecto a algunos aspectos manejados por los invitados, desde esta comisión tomaremos los recaudos para que lleguen a los lugares que corresponda y que esta suerte de irregularidades reciban, a nuestro pedido, especial atención, a efectos de canalizar esto adecuadamente para despejar la duda o bien para que se efectúen las aclaraciones que corresponda, si hay algo que seguir aclarando.

SEÑORA ASIAÍN.- En esa misma línea manifesté mi preocupación por la situación planteada.

                En este largo relato de los hechos –no porque lo hayan hecho largo, sino porque tiene toda una historia– hay situaciones con apariencia de irregularidades administrativas muy graves de parte de varios entes, tanto de la intendencia como de distintas reparticiones de la Dinama.

                Como decía el señor senador Garín, ni este Cuerpo ni el plenario del Senado tiene potestades como para tirar de la oreja a la Dinama por haberse apartado de la corrección administrativa. En todo caso se la podrá sensibilizar. Desde la oposición poco puedo hacer porque estoy limitada en ese sentido. Por eso insisto en que la actuación administrativa de las reparticiones públicas mencionadas es controlable. Los ciudadanos también tienen derecho a que se controle si la actuación administrativa se llevó a cabo de acuerdo a las normas legales y reglamentarias. En ese sentido consulté si habían impulsado las acciones a que todo habitante tiene derecho para que quien tiene que controlar efectivamente ejerza el control sobre la actuación administrativa.

Ese era el objetivo de mis preguntas, pero por supuesto me siento sensibilizada con la situación.

SEÑORA XAVIER.- Quiero agradecer a la delegación su comparecencia en esta comisión y por la información.

                Como puede haber quedado un poco confusa nuestra competencia, debo decir que sin duda es la de legislar, pero también la de controlar la aplicación de las leyes de manera adecuada por el gobierno nacional. Entonces, sí tenemos la posibilidad, aunque no cambiemos nada, de ejercer ese contralor. Incluso, cuando el Parlamento está de receso, la Comisión Permanente mantiene esa función. Eso sí, en las comisiones no discutimos con las delegaciones como parte de nuestro reglamento, pero por sobre todo de nuestra forma de funcionar.

                Tomaremos los recaudos sobre todo esto. Y no es que solo nos hayamos enterado o sensibilizado; sé que tenemos la posibilidad de reclamar al Poder Ejecutivo, en el ámbito específico, pero no tenemos competencias sobre otros niveles de gobierno porque hay determinados grados de autonomía. En cuanto a los resortes centrales, podemos generar acciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los invitados. El tema que los ocupa es más que importante porque si bien está vinculado al ordenamiento territorial, también abarca muchos más aspectos, como el ambiental, el productivo, etcétera.

                En segundo lugar, debo manifestar que ha quedado muy clara la presentación realizada. Adelanto que la documentación que han traído –según me informa la secretaría–, que incluye notificaciones y expedientes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, será repartida a todos los miembros de la comisión.  Han hecho planteos que tienen que ver con instituciones y organismos, como la Dinama y la Intendencia Departamental de Canelones. Obviamente, este es el ámbito en el que se tienen que hacer este tipo de planteos porque tenemos la potestad –tal como decía la señora senadora Xavier– de verificar si se han llevado a cabo los procedimientos adecuados que se tienen que seguir en un proceso de estas características.

Por otra parte, no me animo a hablar de irregularidades porque no he visto la fotografía completa, pero el planteo ha sido muy claro. Se ha dicho que ha existido un cambio de calificación de uso del suelo, que hay antecedentes en los que se ha rechazado el cambio del uso del suelo cuando se quiso pasar a la categoría de suburbano; se ha planteado que han existido omisiones en el estudio de impacto ambiental y han tenido dificultades a la hora de acceder a la información, a pesar de que se ha resuelto –por más que sea reciente– que todos los ciudadanos tengan acceso a ella. También se ha dicho que la Dinama rechazó la autorización ambiental a la empresa, pero luego de ciertos cambios fue concedida, o por lo menos hay una autorización previa.

                Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mantener el contacto con nuestros invitados y luego de solicitar información a la Dinama, les haremos una devolución. En el día de hoy recibiremos a esa dirección por este tema, pero también mantendremos contactos con la Intendencia Departamental de Canelones. Esas son las primeras etapas en las que nos podemos comprometer a trabajar con relación a este tema.

SEÑORA VILLAR.- Voy a contestar a la señora senadora.

                Nosotros solicitamos el expediente a la Intendencia Departamental de Canelones y nos fue negado. La notificación de negación la tiene la señora prosecretaria. La excusa que nos dieron por escrito fue que era para la protección de datos personales. De todas maneras, por la misma ley solicitamos el acceso al expediente de la Dinama y lo obtuvimos enseguida.

                Vuelvo a recalcar que no estamos acusando a la Dinama –que al final de cuentas, como debía ser, rechazó dos veces el permiso–; de hecho, todo este tiempo hemos trabajado gracias al expediente que nos habilitó la Dinama. No podemos decir lo mismo de la Intendencia de Canelones, que nos negó el acceso al expediente. Es más, en el momento en que presentamos un escrito con un abogado retrucando la negación, nos dijeron que nos iban a dar la información oralmente, no por escrito. Y no solo no nos dejaron observar el expediente, sino que nos mandaron una copia recortada, en la que faltaban todos los folios relevantes, como la anuencia de la Junta Departamental; todas las cosas importantes no estaban en el documento. O sea que nuestra investigación se basó en la información que nos dio la Dinama.

SEÑOR WANSART.- Voy a hacer un último comentario.

Como los señores senadores habrán visto, en este tipo de conflicto tenemos en la señora Villar a una representante en defensa del medioambiente. También hay un productor de la zona de hace muchos años. La señora Bianco es una persona que se dedica mucho a la gente y a la comunidad, y el pequeño nicho que me queda es preocuparme un poco, a pesar de que no soy abogado, sino ingeniero, de los formalismos. Siempre tuve gran confianza en la actuación de los organismos públicos, y la Dinama merece todo mi respeto. Lo que me preocupa es que un organismo como este pueda ser circunvalado y burlado por una decisión de otro organismo público, como si una mano estuviera jugando a la escondida con la otra.

Si los señores senadores tuvieran la oportunidad de visitar el lugar, se darían cuenta de que hoy ese predio es suburbano a todas luces. Exceptuando el hecho de que tiene una fábrica sentada encima, es una zona rural, y una ley no puede cambiar lo que realmente ocurre en el lugar. Sigue siendo una zona rural, una zona productiva, una comunidad de productores familiares, de productores orgánicos, de gente que busca vivir en un lugar tranquilo y seguro. La seguridad se ve afectada cuando hay más circulación, y no deberíamos dejar de ver que ese conglomerado de cosas que pasaron nos deja totalmente vulnerados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la presencia y, como les dijimos, seguiremos trabajando en el tema e informándolos.

(Se retira la delegación de la comisión de vecinos de la comunidad rural

Paso Hondo y Colonia Nicolich).

(Ingresan a sala autoridades de la Dinama).

                –Agradecemos la presencia del ingeniero Alejando Nario y de la ingeniera Marisol Mallo. Tal como se les informó, la convocatoria a la Dirección Nacional de Medio Ambiente está vinculada al tema que plantearon algunos vecinos de Paso Hondo sobre la instalación de la empresa König SA, así como a la instalación de un megabasurero sobre las márgenes del arroyo Solís, en Canelones.

                En los próximos días la comisión va a comenzar a trabajar en un proyecto de gestión integral de residuos, como tema prioritario en este período, por  lo que también sería útil que nos dieran un primer avance al respecto.

SEÑOR NARIO.- Con relación a la instalación del emprendimiento, nosotros enviamos un informe para que la comisión pudiera ir avanzando.

                Me voy a referir, antes que nada, a las competencias de nuestra dirección nacional. El análisis ambiental tiene dos fases. Una es la de comunicación del proyecto, que culmina con una clasificación asociada a su complejidad. En esa fase inicial se verifica el cumplimiento estricto de los instrumentos de ordenamiento territorial. En un análisis primario la empresa no los cumplía porque los padrones tenían una categorización asociada a suelo rural. Entonces, dado que no cumplía con lo que establece la ley de ordenamiento territorial, se procedió a rechazar la autorización.

                En una segunda instancia se presenta nuevamente el proyecto, pero a esa altura ya había habido una recategorización del suelo por parte de la intendencia, que es la que tiene las competencias de la planificación territorial. Por tanto, al no existir un impedimento del tipo de ordenamiento territorial, se procedió a realizar el análisis ambiental.

                Se trata de una empresa de productos veterinarios que, básicamente, desarrolla su actividad en un local cerrado, en un galpón. En cuanto a los efluentes, que podría ser un tema complejo por el tipo de producto, se le exigió que modificara su planteo original y se optó por pozos impermeables y su traslado a través de barométrica al sistema de saneamiento de OSE. Para ello requirió, obviamente, el consentimiento de la empresa. Estamos hablando de volúmenes de efluentes relativamente pequeños dado que, básicamente, están asociados al lavado de instalaciones y no a efluentes de procesos industriales. Pero, como medida precautoria, los técnicos de la Dinama consideraban que era más seguro ese tipo de operación que algún tipo de disposición en la zona, ya sea en cuanto al terreno o a curso, por más que fuera poco. Como existía o podía llegar a existir algún riesgo de contaminantes de tipo biológico o veterinario, se optó por esa medida más segura.

                Desde el punto de vista ambiental, no se encontraron objeciones significativas. Se trata de un padrón rural bastante típico en lo que hace a la ruralidad del Uruguay. En cuanto a la planificación del territorio y qué puede ir en qué lugar es, claramente, una competencia departamental –nosotros no entramos en esa valoración– y, en función de eso, se hizo el procedimiento, se hizo la puesta de manifiesto. En ese momento, en ese procedimiento no se presentaron objeciones ambientales ni de otro tipo. Se procedió, entonces, a dar autorización ambiental para la construcción del emprendimiento, que es la instancia en la que estamos en este momento.

                En este sentido, nuestra dirección nacional ha hecho inspecciones cuyo objetivo es verificar que lo que se está construyendo sea exactamente lo que se presentó, que es lo usual en este tipo de procedimiento, es decir, que no haya apartamiento de lo que fue autorizado. Esa es la fase en la que ahora nos encontramos.

                Paralelamente hemos recibido denuncias sobre ese tema que han sido respondidas a los vecinos, a quienes hemos recibido personalmente. Nos expresaron varias cuestiones asociadas al uso del territorio y a la posibilidad de que en el futuro esa zona se transformara en un lugar de desarrollo del tipo logístico-industrial. En este sentido, nosotros les explicamos que esa situación no formaba parte del análisis de nuestras competencias. Eso es algo que uno podría compartir o no, pero no era pertinente que nuestra dirección se expresara sobre eso. Esta es la situación en la que estamos al día de hoy.

SEÑOR GARÍN.- Damos las buenas tardes a la delegación de la Dinama. Agradecemos que nos hayan traído la información. Es muy precisa, muy clara.

                Lo que deseamos plantear es que, ya que los vecinos concurrieron a esta comisión y dejaron algunos elementos en su comparecencia, planteando algunas interrogantes sobre algunos procedimientos administrativos, aprovechamos para plantearle a la Dinama –en la figura de su director y al ministerio en su conjunto por aquello de que alguna cosa trascienda la Dinama– la revisión un tanto exhaustiva de las versiones taquigráficas. Planteo esto porque tal vez ante lo que pudimos haber percibido como una insuficiencia, se nos da la certeza de que ha sido abordado; cuando tengan alguna noticia sobre el tema, pedimos que nos la hagan llegar.

                Era cuanto quería manifestar. Gracias, señor presidente.

SEÑORA ASIAÍN.- ¿Cómo se abordó el tema de la caminería para el emprendimiento? Me refiero al acceso al inmueble de camiones, sobre todo en su etapa de construcción y una vez que esté en funcionamiento.

SEÑOR NARIO.- No tengo exactamente ese punto en el análisis; lo puedo complementar con lo que ha solicitado el señor senador Garín. Pero eso forma parte del estudio de impacto ambiental que tiene una fase constructiva y aspectos ambientales asociados. En general, es un momento de pico de transporte, de movilidad de personas, y muchas veces hay consideraciones asociadas a la seguridad vial que se toman dependiendo del tráfico, del volumen y de la peligrosidad que pueda haber. Se considera también, ya en su fase de operación, cuál es el volumen de tráfico y cómo puede impactar o no. Muchas veces se trabaja en conjunto con las intendencias para buscar soluciones o se les pide a las propias empresas que generen obras viales acorde a eso.

                En particular, en este caso no recuerdo ese punto específico ni que fuera un problema en el procedimiento, pero eso se puede verificar y hacer llegar la información.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sobre ese punto, quedó clara la posición y las etapas que ha cumplido la Dinama en relación a este proceso con la empresa König SA

                De manera que pasaríamos al otro punto, que es la instalación que estaría proyectada de un megabasurero sobre el arroyo Solís Chico.

SEÑOR NARIO.- En primer lugar, el concepto «megabasurero» no es técnicamente adecuado. Lo que hay es una expresión de interés de la Intendencia de Canelones de contar en esa zona con un sitio de disposición final.

                En ese sentido, y en el momento en el cual se encuentra el proceso, no conocemos el proyecto definitivo. De hecho, tenemos entendido que aún no ha sido adjudicado, sí hubo un proceso competitivo para presentar ofertas.

                Lo que hicimos en ese caso es lo que hacemos, en términos generales, con las intendencias: dar un asesoramiento técnico para que en el proceso de licitación y competitivo los aspectos ambientales estén incluidos. Lo hemos hecho con la Intendencia de Rivera, que también está terminando un proceso competitivo de ese tipo; con la Intendencia de Río Negro, y en el pasado, con otras intendencias. Lo que nos interesa, desde el punto de vista de esa etapa del proceso, es que los gobiernos departamentales incluyan en los pliegos licitatorios las condiciones ambientales que van a ser tenidas en cuenta por la dirección nacional a la hora de hacer la evaluación ambiental. Esto continúa con una adjudicación o no por parte del gobierno departamental, como en cualquier proceso competitivo. Puede quedar desierto también; no sabemos el estado, porque ese es un tema de competencia departamental. Cuando se adjudique, la empresa adjudicataria va a tener que presentar y elaborar un proyecto, que deberá estar acompañado del correspondiente estudio de impacto ambiental. Esa será la fase en la que ingresaremos a ese análisis concreto.

                Hoy en día, lo que hay es un proceso de licitación. Nosotros sí fuimos consultados con respecto a los términos generales que debe contener un relleno de este tipo para poder operar en condiciones: impermeabilizaciones, distancias y demás. Hay también protocolos de selecciones de sitio y otra serie de requisitos ambientales que nosotros ya dejamos claro que iban a estar establecidos en el momento del análisis del proyecto.

                Por lo tanto, en realidad no tenemos mucha más información que esa, porque no conocemos el proyecto ni el estudio de impacto ambiental. Sí sabemos que en esa zona la intendencia tiene la intención de construir un sitio de disposición final.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a hacer una propuesta a los senadores y senadoras. Uno de los temas que se había planteado en su momento era pedir comentarios sobre el proyecto de gestión integral de residuos. Es un proyecto que recién llegó a la comisión, y me parece que tal vez sería bueno que en primer lugar nosotros conozcamos la propuesta. Vamos a tener otras instancias para que ustedes vengan, porque es un proyecto, como dijimos al principio, muy importante para la comisión y, obviamente, para el Gobierno y para el país.

Por tanto, no me parecería adecuado introducir ese informe de parte de la Dinama hoy. Si les parece bien lo dejaríamos para otras instancias.

SEÑOR NARIO.- Me gustaría hacer algunas consideraciones de carácter general.

Fue un proceso de discusión muy interesante que se realizó en el marco de la Cotama, que es la Comisión Técnico Asesora de Medioambiente, y se llevó a cabo con un número de personas e instituciones muy importante. En el proceso participó la Universidad, la Cámara de Industrias del Uruguay, el PIT-CNT, el Congreso de Intendentes, actores relevantes a la hora de la elaboración. Por tanto, participó la sociedad civil y otros actores. A  nivel de gobierno se trabajó con varios ministerios en el enfoque que es complejo porque incluye cuestiones sociales, como la de los clasificadores, cuestiones ambientales e instrumentos económicos. Se trata de un proyecto de ley muy abarcativo, pero estamos convencidos que permitirá dotar de herramientas para la gestión de los residuos sólidos de una manera global y abarcativa.

                Si los senadores están de acuerdo podríamos armar una presentación en la que se desglosarían los distintos aspectos. Hay aspectos de formalización del sector clasificador que quizás pueda ayudar en la discusión del proceso.  Pienso que en un mes podríamos elaborar una presentación –va a llevar un tiempo porque el proyecto tiene muchos artículos– que creo que podría ayudar a la comprensión. En ella separaríamos distintos bloques de articulados que fue lo que se pensó desde el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entiendo que todos estaríamos de acuerdo con la propuesta.

SEÑOR NARIO.- A pedido  de la ministra nos gustaría hacer algunas aclaraciones sobre una participación en la comisión, asociada al proyecto de ley de bolsas. En la sesión anterior se realizaron algunas afirmaciones que involucran a la Dinama y que nos gustaría aclarar para que ustedes cuenten con la información al momento de dar la discusión. También quisiéramos aclarar algunas situaciones que nos involucraban.

SEÑOR PRESIDENTE.- A modo de aclaración: ¿se trataría de hacer algunas puntualizaciones con relación a la participación de una delegación que vino hace unos días a la comisión?

SEÑOR NARIO.- Exacto.

                Lo primero que queríamos aclarar es lo siguiente. En su momento se planteó que existía desinformación y manipulación de parte de la Dinama con relación al asesoramiento del proyecto de ley y al material propuesto para la fabricación de las bolsas plásticas. En cuanto a los datos aportados por la Dinama en el proceso de discusión, podemos decir que los datos manejados fueron suministrados por AUIP que es la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico y elaborados por ellos en base a la información y conocimiento que tienen del mercado. No existe discriminación suficiente en los códigos arancelarios como para poder analizar en forma cierta la cantidad de bolsas alcanzadas en el proyecto de ley y, por lo tanto, nos apoyamos en el sector industrial que trabaja y tiene conocimiento.

                La forma en la que nos relacionamos en el proceso de discusión siempre es con sectores organizados, lo que no quiere decir que en dicho proceso no recibamos a empresas, particulares y demás en forma personal o por los técnicos de la Dinama. De todos modos, cabe señalar que los espacios de trabajo son espacios de representación. Por tanto, el espacio en el que se discutió a partir de marzo de este año algunos aspectos, sobre todo técnicos que eran complejos, siempre fue con sectores organizados. Había que trabajar de esa forma para no generar afectación económica en dichos sectores. De esa manera se formó una comisión en la que participaba AUIP a través de sus delegados –les voy a dejar una copia de la designación por parte de AUIP de los delegados–, las grandes superficies, Cambadu, el LATU y el ministerio de industria. Ese fue el ámbito de trabajo técnico escogido. Estamos hablando de unas 20 personas, entre las que había técnicos. Este es un aspecto que nos parecía pertinente aclarar. Esos datos fueron consolidados y presentados en ese equipo técnico y validado por ellos.

Con relación a algunos comentarios que hubo sobre las oxodegradables y  la capacidad de poder utilizarlas y ser consideradas por la Unión Europea como biodegradables, les vamos a dejar un informe del Parlamento Europeo sobre el punto  y cómo consideran que son pasibles de estar contaminando el ambiente con microplástico,  en particular los océanos, por lo que no son considerados como un material aceptable; hay información técnica concisa sobre eso.

                Otro de los puntos que nos interesaba aclarar es el de la característica de compostabilidad. El equipo técnico que se formó analizó la discusión en el Senado al respecto y surge de la versión taquigráfica que varios senadores expresaron su voluntad explícita de que fueran biodegradables y compostables. Eso fue un cambio respecto a lo que vino del Poder  Ejecutivo donde no se establecían esas características. Entonces, en función de esa situación y de la evolución del tema, se empezó a trabajar en las normas técnicas europeas y americanas probadas, que son las que se están utilizando en este momento. Acabo de venir de la Conferencia del Fondo para el Medio Ambiente Mundial,  estuve en contacto con las delegaciones francesa y española, y puedo decir que es hacia donde está yendo el mundo. Por lo tanto, el Senado tomó la decisión de avanzar en ese sentido y lo que se hizo fue instrumentar esa decisión en ese ámbito técnico, con todas las variantes que mencioné: el LATU como organismo especializado en la certificación, el control de la importación y la fabricación, y la participación de los sectores involucrados.

                Está la información a ese respecto y voy a dejar a los senadores  quiénes integran  la comisión y las actas de designación de los delegados por parte de los distintos organismos. Queda claro que no hay ningún asesor de la Dinama, sino que se trata del representante de la gremial de los industriales plásticos y es en esa condición que participó de todas las reuniones. 

                Otra cuestión que me parece importante aclarar es el impacto sobre el sector de reciclado del Uruguay. Los números que se manejan no son correctos o, por lo menos, no está bien manejada la información. El sector clasificador del Uruguay –adelanto que vamos a dejarles un análisis del impacto en este sector– básicamente utiliza polietileno y polipropileno como materiales, pero la parte proveniente de las bolsas no es su principal corriente ni es significativa. De hecho, como habrán visto, no es usual ver a clasificadores recolectando bolsas. Eso es lógico por el peso, porque vienen sucias y porque son complicadas de utilizar. Es más, en los contactos que hicimos con el sector reciclador se nos dijo que lo que se utiliza, en general, es el scrap de las industrias que las fabrican y no hay una recolección de bolsas en el ambiente. Por lo tanto, tampoco habría un impacto sobre ese sector, porque esos materiales los puede obtener de otras fuentes plásticas. Insisto, las bolsas no son la principal fuente del polietileno y  polipropileno. Hicimos una identificación de las empresas en función de las declaraciones juradas que tenemos, para conocer el impacto en el número de trabajadores, y está demostrado que esas empresas van a poder seguir actuando. Es más, en caso de aprobarse la ley general de residuos e irse a una mayor cantidad de clasificación y selección de materiales, van a ver incrementado el volumen del material con el que van a poder contar.

                Una de nuestras principales preocupaciones era que esto no impactara en el empleo y también quedó claramente expresado que la voluntad de los senadores era que, en caso de afectarse las fuentes de trabajo, hubiera la gradualidad suficiente para poder reconvertir a los sectores. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Industria, Energía y Minería hizo un planteo al sector industrial en la comisión de trabajo para saber si necesitaban apoyo para la reconversión y la respuesta fue que las modificaciones para pasarse a estos materiales eran mínimas y no requerían ningún apoyo específico.              Queremos hacer algunas apreciaciones respecto a la posibilidad de generar un monopolio a nivel nacional o internacional. Como decía, a nivel nacional eso no es posible porque de acuerdo con lo que nos trasmitió el sector industrial, los cambios no afectarían significativamente desde el punto de económico y, además, el Poder Ejecutivo pondría a disposición fondos para una reconversión, en caso de ser necesario. En el sector internacional nosotros identificamos diez empresas que pueden suministrar el polímero y, por lo tanto, tampoco se generaría un monopolio. De hecho, lo verificamos en el foro del que participamos. Al ser utilizado de forma consistente por los países europeos cada vez se está fabricando más. También hicimos un análisis del porcentaje actual que ocuparía si Uruguay se pasara de un momento a otro a esa modalidad. De todas maneras no creemos que ocurra porque va a ser un proceso gradual, pero ello implicaría el 1 % del mercado mundial, por lo que la capacidad de abastecimiento estaría garantizada. Nosotros habíamos analizado ese aspecto. En particular, el Ministerio de Industria, Energía y Minería  y el LATU lo habían verificado.

                Por último, quiero hacer una apreciación personal. El señor Deus dijo que no fue recibido a pesar de haber solicitado reiterados pedidos de audiencia, pero eso no es correcto porque a pedido del señor Gabriel García Rodríguez agendamos una reunión para el 1.º de junio con él y con el señor Deus, también por correo electrónico –ya que previamente el señor Deus me había hecho algunas consultas y tuve disponibilidad absoluta para reunirnos y trasmitirle qué era lo que estaba sucediendo–, pero ese mismo día cancelaron el encuentro y no volvieron a pedirlo. Reitero que tuvimos total disponibilidad. El trabajo fue realizado por un equipo técnico multidisciplinario. Las decisiones siempre han sido técnicas. No las ha tomado ni el director nacional, ni la señora ministra sino el equipo técnico multidisciplinario, que podrá cometer errores pero que tiene la solvencia de distintas miradas y el apoyo tanto de Cambadu como de las grandes superficies y de los organismos públicos que intervienen.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos mucho su participación. Vamos a volver a convocarlos por los temas que ya hemos mencionado.

 

(Se retiran de sala autoridades de la Dinama).

 

SEÑOR GARÍN.- Señor presidente: antes que nada quiero decir que me parece que la Dinama tuvo necesidad de hacer algunas aclaraciones en base a la versión taquigráfica de la última reunión del 20 de junio, a la que vinieron empresarios y colectivos de recicladores. Creo que también es muy importante la iniciativa que llevó adelante el señor presidente en el sentido de elevar la versión taquigráfica de esa reunión para que fueran analizados sus contenidos ante la eventualidad de algunas acciones que ahí se describían y que fueran revisadas a la luz de que no se estuviera ante una situación de apartamiento de la norma. Por esto me parece, repito, que ha sido una iniciativa bien valiosa la que llevó adelante el señor presidente.

                Lo último que quiero poner a consideración del conjunto de los integrantes de la comisión es el pedido de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico del 2 de julio, que creo que viene en el mismo sentido de la aclaración que nos acaba de pedir el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la figura del director de la Dinama.

                Por tanto, lo que quería dejar planteado, en base a esta solicitud de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico fechado el 2 de julio, es que los recibamos a la brevedad posible y que la Secretaría proceda a hacer las coordinaciones que sean necesarias, si estamos todos de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Estaríamos todos de acuerdo con la propuesta?

(Apoyados).

–Habría que citarlos, entonces, para la semana que viene.

                No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.

(Son las 19:01).