COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 14 de junio de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:16).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Carpeta n.º 1103/2018. Subsidios de cargos políticos y de particular confianza. Modificación. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador José Carlos Cardoso. Distribuido n.º 1930/2018.

                Carpeta n. 1105/2018. Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017. Se deroga el artículo 116. Ley n.º 19578, de 22 de diciembre de 2017. Se sustituye el artículo 3.º. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores senadores Camy y Delgado. Distribuido n.º 1933/2018.

                El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines solicita audiencia por la proximidad del vencimiento de la prórroga del plazo de la Ley n.º 19535.

                El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informa que se llegó a un acuerdo con Raincoop y remite actas del acuerdo firmado.

                Estudios Legislativos remite el informe sobre la consulta formulada por el señor senador Camy acerca de la constitucionalidad del artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017».

                –Tres de estos asuntos entrados están directamente relacionados con la discusión que se va a dar sobre el artículo 116, para la cual van a comparecer el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social y algunos directores. Tenemos conocimiento de que se está negociando un acuerdo colectivo, que en este momento se estaría firmando, así que quizás podamos resolver esto en el día de hoy.

                En cuanto al subsidio de cargos políticos y de particular confianza, hay un distribuido pero hay que pedir al señor senador Cardoso que remita una minuta de comunicación porque es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR OTHEGUY.- Opino que sería conveniente esperar la comparecencia del señor ministro y si se corrobora el acuerdo relacionado con el artículo 116, tendríamos que redactar un proyecto de ley –de artículo único– que prorrogue la entrada en vigencia de lo que se establece en esa disposición, por el plazo que se solicite, ya sean noventa o ciento veinte días. Y probablemente la semana próxima tendríamos que aprobarlo para poder elevarlo al Senado, puesto que después tiene que pasar a la Cámara de Representantes.

                Solamente quería dejar esa constancia para decidir un rumbo de acción una vez que el señor ministro informe las características del acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En virtud de que el señor senador Camy es uno de los firmantes de la solicitud de derogación del artículo, querría consultarle si le parece bien esperar la comparecencia del señor ministro. En caso de que nos comunique que se llegó a un acuerdo tripartito, ¿en qué condiciones quedaría su solicitud?

SEÑOR CAMY.- Ante la posibilidad que anuncia el señor presidente, creemos prudente esperar la comparecencia del señor ministro y la confirmación de este acuerdo. Se podría mantener en el orden del día el proyecto de ley y eventualmente, de concretarse el acuerdo, sería archivado. Confiamos en que el acuerdo pueda arribar a la solución del tema.

                No sé cuál es el presunto plazo acordado pero, como sugerencia, puede analizarse la posibilidad –tal cual la letra de la norma anterior– de facultar al Poder Ejecutivo a establecer una prórroga de tres meses más, por ejemplo, de manera de tener la certeza o la mayor confianza posible de que la instancia que se anuncia sea el camino de la solución que todos esperamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, en el borrador de acuerdo que tenemos, ellos solicitan incluir una prórroga por noventa días, hasta setiembre, porque asumen –ellos lo explicarán mejor– que  resolverán el tema en la negociación colectiva, en la ronda de los consejos de salarios.

Ahora bien; coincido con el señor senador Camy en que debemos tener en la manga un plazo de prórroga por cualquier cosa que pudiera ocurrir, pues si, por ejemplo, se estirara la negociación, otra vez nos quedaríamos sin ley.

                En definitiva, estamos de acuerdo con la propuesta.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

 

(Ingresan a sala autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene mucho gusto en recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, maestro Ernesto Murro; al señor subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, doctor Nelson Loustaunau; a la subdirectora nacional de Trabajo, señora Cristina Fernández y al director nacional de Seguridad Social, doctor José Luis Baumgartner.

Los hemos convocado para tratar dos temas. Con relación a uno de ellos nos llegaron noticias; me refiero a los acuerdos sobre el artículo 116, lo que a continuación se explicitará. Y el segundo tiene que ver con el proyecto de ley de discapacidad, con respecto al cual hoy tendremos el primer intercambio con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Antes de darles la palabra, queremos aclarar que otra comisión va a sesionar a las 16:30, por lo que quisiéramos aprovechar al máximo la presencia de ustedes, con el mayor quórum posible, hasta poco antes de esa hora.

SEÑOR MINISTRO.-  Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.

                Comenzamos por lo relativo al artículo 116.

Se trata de un tema que venimos considerando en el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social junto con el Centro de Navegación y otras organizaciones empresariales –tales como la Unión de Exportadores del Uruguay y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Supra– y que hemos analizado en varias oportunidades en esta Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. Y lo cierto es que hoy tenemos la satisfacción de traerles nuevamente una propuesta.

Recordarán los señores senadores que en ocasión de la instancia previa a la aprobación de la Ley n.º 19578 –también producto del trabajo que realizó el ministerio y de la negociación con las partes–, se nos permitió traer una propuesta que luego, sustantivamente, se consagró en la citada normativa. Hoy estamos ante una situación similar. Hace minutos, en la Dirección Nacional de Trabajo se logró un acuerdo entre el Centro de Navegación, que representa a las empresas que operan en los puertos, y el Supra, que es el sindicato representativo de los trabajadores del sector. Creemos que se trata de un acuerdo importante porque es fruto del diálogo y de la negociación respecto a la situación existente a partir de la aprobación del artículo 116 de la ley de rendición de cuentas y la posterior Ley n.º 19578.

Para nosotros esto es importante por todo el diálogo que se ha dado en estos meses –teníamos plazo establecido por la propia Ley n.º 19578 hasta el próximo 30 de junio– y porque se estuvo trabajando y discutiendo intensamente, lo que nos ha permitido traer hoy una propuesta que consideramos realmente buena, para intentar encaminar la situación. Dejaremos copia de ella a todos los señores senadores y queremos destacar que tiene dos acuerdos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con seguir negociando por tres meses las dos normas, es decir, el artículo 116 de la Ley n.º 19535 y la Ley n.º 19578 y, el otro avance importante es que a los efectos de esa negociación se acuerda una serie de puntos, de contenidos, que nos parecen bien interesantes porque creemos que van aportando a una mejor solución, ante la situación generada previamente a la aprobación del artículo 116, por la realidad existente en la operativa portuaria no solo de Montevideo sino de otros puertos del país y, luego, por la generada a partir de la aprobación de este artículo y de la Ley n.º 19578.

                El primer punto del acuerdo entre el Cenave y el Supra, es decir, entre el sector empresarial y el trabajador, es solicitar al Parlamento que prorrogue la vigencia de las leyes referidas por un término de tres meses, a los efectos de concretar el mencionado convenio colectivo entre las partes profesionales. El referido convenio se guiará, entre otros, por los siguientes lineamientos.

                En primer lugar, se establece que la pesca nacional e internacional quedará excluida del alcance de la nueva regulación.

                En segundo término, se dispone que la prestación dispuesta en la Ley n.º 19578 será pactada en forma definitiva.

                En tercer lugar, el acuerdo establecerá un régimen de convocatorias garantidas, así como su reglamentación, que regirá en la medida en que exista operativa de buques en la empresa. Esto también nos parece un aporte muy interesante.

                En cuarto término, la nueva reglamentación no menoscabará regímenes más favorables que estén acordados con el sindicato a nivel de empresa.

                En quinto lugar, se regulará el tema para los puertos del interior tomando como base lo dispuesto en el inciso final del artículo 116 de la Ley n.º 19535.

                Por último, el sexto punto de acuerdo para los contenidos de la negociación colectiva –que tendría lugar en caso de que el Parlamento resolviera, como se solicita por ambas partes, prorrogar la vigencia de la actual situación por tres meses– dispone que se analizará el establecimiento de mínimos por debajo de los cuales un trabajador no podrá quedar excluido del sistema. Destacamos, también, este punto porque indica un avance en la consideración de la problemática que nos nuclea.

                Esta es la propuesta que traemos a los señores senadores.

Sabemos de la inminencia del plazo que estableció la Ley n.º 19578, que se cumple el 30 de junio. También sabemos que el Parlamento nacional tiene intensa actividad en estos tiempos, pero creemos que, una vez más fruto del diálogo y de la negociación colectiva, podemos hacer un aporte positivo que permita encauzar esta situación de la mejor forma posible.

SEÑOR PRESIDENTE.- La comisión estuvo analizando, precisamente, los términos que el señor ministro acaba de trasmitir y, realmente, celebra ese acuerdo. Ustedes saben que los plazos ya se cumplían y que se nos iba a complicar bastante el accionar futuro porque para el resto del mes no había prevista ninguna sesión del Senado. Inclusive distintos señores senadores habían planteado derogar el artículo 116. Por lo tanto, cuando se llega a un acuerdo tripartito la comisión no puede menos que celebrarlo. De hecho, nos adelantamos y ya redactamos y firmamos un acuerdo, pero queríamos que ustedes corroboraran la información que teníamos en nuestro poder. Más allá que no es de estilo que la comisión discuta o haga acuerdos delante de las delegaciones, queremos decirles que respaldamos el planteo realizado y el acuerdo que han logrado. Precisamente, acabamos de firmar una solicitud para que se convoque al Senado para presentar un proyecto de ley que prorrogue los plazos.

                No figura en acta, pero sí se tuvo en cuenta un planteo del señor senador Camy en cuanto a que el Poder Ejecutivo tuviera bajo la manga una prórroga por si ocurriera lo que no decíamos pero que ya ha ocurrido con antecedentes. El proyecto de ley es de artículo único y establece noventa días de plazo para la aplicación de ese artículo 116, pero faculta al Poder Ejecutivo a extenderlo por noventa días más para tener cubierta la posibilidad de llegar a un acuerdo.

                En virtud de este acuerdo, la moción que solicita la derogación de este artículo se suspende y queda pendiente su discusión.

SEÑOR CAMY.- Ante la confirmación del señor ministro, quiero ratificar lo que dije hace unos minutos. Como siempre, le damos la bienvenida a él y a la delegación que lo acompaña. Celebro esta instancia de diálogo y su resultado positivo. Siempre es positivo que haya acuerdo.

Quiero hacer un comentario que no cambia lo que la ley va a sancionar. Seguí atentamente la lectura que hizo el señor ministro del acta que se acaba de acordar. El artículo 2.º decía que había que prorrogar las leyes referidas en el numeral anterior, pero en realidad la prórroga debería ser de la Ley n.º 19578, porque la que nombraba el artículo 1.º era propia del artículo 116. Acá hablamos solo de prorrogar el plazo que vence el 30 de junio. Es solo un detalle.

                En definitiva, quiero saludar el hecho de haber llegado a este acuerdo y fundamentar ante el señor ministro y sus asesores que, más allá de que en general no somos muy partícipes de otorgar facultades por ley al Poder Ejecutivo –en otras oportunidades lo hemos planteado como algo no muy conveniente a la esencia parlamentaria–, en este caso nos parece que es algo oportuno, fundamentalmente en momentos particulares en que la propia trama del mundial tiene en vilo al país. En la práctica puede llegar a faltar tiempo y por eso nos parece oportuno que se pueda contar con esos noventa días más en aras de consolidar el resultado final en tono de acuerdo, que es lo que esperamos todos.

                Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero tratar de ser lo más fiel posible al clima del acuerdo y por ello me siento en la obligación de decir algo –incluso, me gustaría que la señora Cristina Fernández, que estuvo directamente involucrada en la negociación y la felicitamos expresamente por ello, hiciera uso de la palabra– con el mayor respeto, pero también con la mayor lealtad. El hecho de que hubiera un plazo con posibilidad de prórroga fue objeto de negociación. Nosotros queríamos llegar al día de hoy con una propuesta, teniendo en cuenta los tiempos que tiene el Parlamento –como ya lo señalamos–, pero reitero que ese tema fue objeto de negociación y se llegó a hablar de varias fórmulas; se habló del tres más tres, del dos más dos e incluso del tres más uno. Insisto en que quiero ser absolutamente leal al acuerdo.

                Es razonable pensar que podría haber una prórroga, pero también es cierto que en nuestra opinión, como ámbito de negociación, sentimos que tenemos la obligación de decir que esto de poner tres meses fue parte del acuerdo. Reitero que se manejaron distintos escenarios: tres más tres, dos más dos, tres más uno, se llegó a hablar de un mes solo, etcétera. En definitiva, quiero decir que todo esto fue fruto de la negociación, como también lo fue cada uno de los otros puntos. Nosotros destacamos los cinco puntos restantes por la importancia de sus contenidos, porque muchos de los problemas que tuvimos en la implementación estaban referidos a ello. Por ejemplo, se discutió si la actividad pesquera estaba o no incluida en los trece jornales.

                En resumen, ustedes tienen la autonomía  y la competencia como para votar lo que el Parlamento entienda conveniente, pero es nuestra obligación señalar –y si nos permiten, hasta sugerir– la posibilidad de consultar a las partes. Reitero que el tema de que hubiera más plazo o que lo hubiera con prórroga dio para largas discusiones. Por eso, agradeciendo la rapidez con la que han resuelto el tema, me permito transmitirles esta situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor ministro. Tomamos nota de ello.

SEÑOR MIERES.- Sin duda tomamos nota de lo que acaba de decir el señor ministro. La otra vez también pasó lo mismo, en el debate en sala estuvimos discutiendo sobre la posibilidad de incluir la prórroga y se nos hizo saber que había un planteo contrario a establecer la eventualidad de una prórroga, y aquí estamos: votando a las corridas una prórroga.

                El problema que se plantea es que cuando llegue setiembre, si esto no fructificó o las negociaciones colectivas se extienden, vamos a tener el mismo problema cuando, en realidad, esta válvula de escape nos daría tranquilidad a todos, inclusive a las partes. Creo que habría que transmitirlo y podríamos votar este proyecto de ley una vez que se hiciera la consulta para saber si esto no violenta los términos del acuerdo. Me parece que sería más tranquilizador para las partes, para el Parlamento y para el Poder Ejecutivo, no pasar nuevamente por una situación de ahogo como la que estamos viviendo estos días, ya que tenemos que ver cómo hacemos para que antes del 30 de junio el proyecto de ley sea votado por ambas cámaras y promulgado por el Poder Ejecutivo.

                El señor ministro hizo referencia a las dos leyes. Si no comprendí mal, el beneficio acordado por la segunda de las leyes no tiene plazo de vencimiento, por lo tanto no deberíamos prorrogarla porque está vigente. Me gustaría tener certeza sobre ello porque, de acuerdo a mi lectura de la realidad jurídica, solo debemos prorrogar la suspensión de vigencia del artículo 116. Entiendo que la otra norma está operando y no hay plazo de vencimiento, por lo tanto es una garantía para los trabajadores. Me gustaría dejarlo despejado para estar tranquilo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La preocupación manifestada por el senador Mieres es recogida por el borrador de texto que ya habíamos firmado, es decir solo haciendo referencia al artículo 116 de la Ley n.º. 19535.

                Por la misma honestidad con la que el señor ministro hacía referencia a lo que sin duda ocurrió en una negociación tripartita de hace escasos minutos, quiero decir que en la comisión, integrada por representantes de los diferentes partidos políticos, convenimos en la aclaración que hacía el senador Camy y que ratificaba el senador Mieres. Realmente, quisiéramos que se llegara a un acuerdo antes de los noventa días del plazo que firmó el convenio colectivo. Pero si por los antecedentes recientes no ocurriera así, necesitamos dar cobertura para que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de contar con otras alternativas. Por lo tanto, más allá de haber tomado nota del planteo del señor ministro y de la delegación en nombre de quienes firmaron el acuerdo tripartito, haremos una ronda de consultas –posterior a su comparecencia–, pero queremos dejar claro que nos complace el texto que habíamos acordado anteriormente.

                El segundo tema por el cual fue invitado el señor ministro es el relativo al proyecto de ley sobre la oportunidad de empleo a personas con capacidades diferentes, para cuya consideración fue invitada la semana pasada la delegación de la Cámara de la Construcción, con el señor Otheguy como vocero, para dar su punto de vista al respecto. Más allá de los planteos relativos a la redacción del proyecto de ley –así consta en la versión taquigráfica–, era importante contar con una primera explicación, una primera línea argumental por parte del ministerio. En la medida en que tengamos tiempo, tal vez surja alguna duda que podamos evacuar en una segunda oportunidad.

                El tercer tema al que quiero hacer referencia es que la semana pasada la comisión aprobó una solicitud que llegó firmada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por una organización social llamada Deres en torno a trabajar en forma conjunta para una actividad de mesa ampliada en la interacción del Parlamento. La actividad sería el 12 de julio; según tengo entendido, ya se están haciendo las gestiones para conseguir la sala. Por parte de la secretaría se me acota que en virtud de que en julio comienza la discusión del presupuesto, todas las instalaciones del Palacio están ocupadas, pero la próxima semana haremos las gestiones pertinentes.

                Es cuanto quería informar.

SEÑOR MINISTRO.- Lo agradecemos porque este es un emprendimiento sobre el que conversamos con Deres, esta importante organización que trabaja en la Responsabilidad Social Empresarial, que ha estudiado el tema de la inserción laboral de personas con discapacidad al igual que otras organizaciones.

                Dado que en esta comisión está radicado el estudio del proyecto de ley sobre inserción laboral de personas con discapacidad, nos pareció importante conversar con esta organización que tiene la idea de presentar una guía para la inclusión laboral de estas personas, así como experiencias, buenas prácticas, de empresas que ya están incursionando en esta propuesta. Pensamos que este puede ser un material que contribuya a la consideración del proyecto de ley.

                Concretamente sobre esta iniciativa, queremos hacer un breve repaso. Recordemos que en la Cámara de Representantes se aprobó por unanimidad un proyecto de ley relativo a la inserción laboral de personas con discapacidad, el que luego pasó a la consideración de esta comisión del Senado. Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos comunicamos con el Poder Ejecutivo, para plantearle que, en nuestra opinión, es necesario realizar algunas modificaciones al texto aprobado en diputados y, a partir de eso, se comenzó a trabajar en grupo conformado por los ministerios de Desarrollo Social y de Economía y Finanzas, mientras que para analizar algunos aspectos puntuales lo hicimos con el de Transporte y Obras Públicas, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como con el Banco de Previsión Social y otras organizaciones. Asimismo, planteamos este tema en el consejo superior tripartito de salarios, que lo integran seis cámaras empresariales y el PIT-CNT. Este consejo del sector privado es un ámbito de diálogo social y de negociación colectiva muy importante.

                Luego, mantuvimos varias reuniones específicas con las principales cámaras empresariales y el PIT-CNT. En algunas de esas instancias, participaron las más altas autoridades de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, de la Cámara de Industrias del Uruguay, de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, de la Cámara Nacional de la Alimentación, así como el presidente y el secretario general del PIT-CNT y el señor Oscar Andrade, miembro y secretario general del Sunca. Es decir que hubo una serie de reuniones en las que trabajamos en los últimos doce meses a efectos de elaborar una propuesta modificativa del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes. Concluimos en presentar una propuesta alternativa, aprobada por el Consejo de Ministros, que es la que tienen a consideración los señores senadores.

                Esta propuesta modificativa, tomando como base el proyecto aprobado en diputados, introduce algunos cambios que entendemos importantes. En primer lugar, se incluyó la posibilidad de una gradualidad en lo que refiere a la implementación de este derecho. Somos firmes partidarios del objetivo de esta iniciativa, es decir, la igualdad para la inserción laboral de las personas con discapacidad, la importancia que tiene la fuente de trabajo para las personas en estas condiciones, porque consideramos que es un objetivo loable que se debe apoyar. Por eso, uno de los aspectos que entendimos que se debía modificar era el de la gradualidad. En ese caso, lo que planteamos es la posibilidad de llegar al cumplimiento del 4 % en cuatro años, según el tamaño de las empresas. Ese es uno de los primeros cambios que proponemos.

                Otro aspecto importante tiene que ver con la idoneidad de la persona con discapacidad para el puesto que va a ocupar, tema que no estaba previsto en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

                Un tercer punto refiere a cómo se van a cuantificar las personas que se ampararán a esta ley en cada empresa, manteniendo el criterio para las empresas  con más de 25 trabajadores, que son unas 5.000 empresas que en total emplean a unas 550.000 personas. Estos números nos dan firmeza en cuanto a la racionalidad de esta propuesta. Estamos hablando de que la persona con discapacidad tiene que estar registrada en el registro correspondiente que administra la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad y debe estar idónea para el puesto que va a ocupar. A efectos de contar la cantidad de personas para implementar la norma también proponemos tomar en cuenta las personas con discapacidad que ya están trabajando en la empresa.

                Hoy, feliz y positivamente, hay muchas personas con distintos grados de discapacidad y diferentes discapacidades que por los concursos normales que se desarrollan ingresan sin tener específicamente una determinación de que debe ser una persona con discapacidad la que ingrese y desempeñe el cargo. Es más, en la experiencia que se ha vivido hemos encontrado, incluso, algunas empresas que contratan personas con discapacidad porque saben que en determinadas tareas hay mayor productividad u otras condiciones que son interesantes para la empresa. Ese es otro cambio importante que estamos planteando en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

                Por otro lado, es importante destacar los beneficios que incorpora la ley para los padres de personas con discapacidad, padres trabajadores que tienen hijos o hijas con discapacidad o que adopten. Para esos padres se establecen determinadas licencias en el proyecto de ley. Creo que esa es otra novedad importante que en el proyecto del Poder Ejecutivo se ratifica en forma similar a como estaba planteado en el proyecto original de la Cámara de Representantes.

                Por otro lado, también se precisan algunos estímulos para las empresas que apoyen y cumplan con estos emprendimientos y con estos objetivos que estamos planteando, particularmente en la gradualidad de los aportes a la seguridad social.

                Además, se crea una comisión de inclusión laboral que nos parece muy importante y diferente de las funciones que tiene la  Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad que son las del registro de las personas para acceder al empleo que facilita esta ley y al mismo tiempo se crea una figura muy importante que es la del operador laboral. Queremos insistir en esto porque de la experiencia que hemos tenido en estos años, el operador laboral como persona que ayuda, que acompaña al trabajador, a su familia, a los compañeros de trabajo y a la empresa, ha resultado ser un aporte muy importante para una más efectiva inserción laboral de personas con discapacidad.

                A los efectos de ser breve, señor presidente, terminaría mi exposición por acá. El compañero subsecretario Loustaunau y el compañero Baumgartner han participado mucho más activamente que nosotros en este proceso, en el detalle de la redacción de la ley y en las negociaciones que hemos mantenido con el sector empresarial y con el PIT-CNT a estos efectos. Nos consta que también les hemos llegar a ustedes expresamente la posición que nos acercó el sector empresarial.

                Para terminar, vuelvo a destacar que desde este ministerio hemos tenido la costumbre de fomentar en proyectos de ley o decretos –incluso cuando involucran a sectores empresariales y de trabajadores–, previo a su envío al Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo, ámbitos de diálogo, de negociación y de consulta, a los efectos de tratar de tener la mayor cantidad posible de opiniones de los actores sociales.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Tal vez en el resumen que hacía, el ministro omitió un punto que me parece que es importante. El proyecto de ley original traía una suerte de estabilidad para el trabajador que fuera contratado bajo este régimen. Hemos quitado esa estabilidad que tenía y si el trabajador no cumple con los aspectos requeridos por la empresa, se reserva la posibilidad de que la empresa rescinda esa contratación. Con ello no se da por cumplida la cuota de trabajadores discapacitados sino que se debe restituir ese cargo por alguien de similar calidad.  O sea, debe contratar otra vez un trabajador discapacitado. Creo que ese es uno de los cambios sustanciales.

En cuanto a las otras modificaciones importantes que también anunciaba el señor ministro, tal vez nuestro compañero Baumgartner pueda ahondar un poco más. Se trata de algunos pequeños estímulos fiscales que se podrían dar o autorizar. Esto lo hemos hablado especialmente con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Nos hubiese gustado algo más importante pero es lo que se ha podido otorgar como forma de  estimular estas contrataciones. Respecto a este tema, se va a mantener la misma cuota prevista en el proyecto original. Tengan presente que vamos a llegar al 4 % de los trabajadores de las empresas que tengan 25 o más trabajadores. Como explicaba el señor ministro, nosotros cambiamos la cadencia para evitar que la norma fuera incumplida. Tal vez nuestro compañero Baumgartner pueda abundar un poco más en el tema de los estímulos fiscales u otros estímulos factibles para las empresas que adopten esta modalidad.

SEÑOR BAUMGARTNER.- Los compañeros fueron muy claros en señalar cuáles fueron los puntos neurálgicos de las modificaciones que, en lo sustancial, mantienen el espíritu del proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes.

Aquí se hicieron las correcciones que marcaron el ministro y el subsecretario y, en todo caso, a lo sumo podemos señalar sobre la parte de estímulos fiscales, una modificación bien notoria que además necesitaba iniciativa privativa del Poder Ejecutivo por contener una exención de carácter fiscal. Me refiero a la aportación gradual de los aportes jubilatorios patronales por cada trabajador con discapacidad que ingresa que se hace a razón de un 25 %  el primer año, 50 % el segundo, 75 % el tercero y recién al cuarto año se llega a la totalidad del pago de los aportes patronales por ese trabajador. Esta solución que no estaba –solamente estaba esbozada en el proyecto inicial y, además, reitero necesitaba iniciativa privativa del Poder Ejecutivo– aquí aparece plasmada con claridad y entendemos que es un estímulo interesante. Las otras más o menos van en la línea de como venían propuestas y se mantuvieron.

                En cuanto al punto que recién señalaba el señor subsecretario hay una garantía de estabilidad en cuanto al trabajador contratado en este régimen, pero lo que ocurre es que entendíamos que en el texto inicial –y así lo acordamos con los actores sociales– tenía ciertas rigideces que podían conspirar con el propósito que tenía la norma.  De este modo, para despedir a un trabajador con discapacidad se requiere que se invoque alguna causal y esto va un poco en la línea de las causales que se expiden en la ley de fuero sindical. Esto fue expresamente –vale la pena decirlo– señalado por los representantes de las Cámaras que les pareció que este formato era interesante. Esa es una de las propuestas que recogimos del sector empresarial. Nos parece que da un cierto nivel de certeza, tanto para el empresario como de estabilidad para el trabajador pero, a su vez, en caso de la restructura porque se esté disminuyendo la plantilla en forma global y no porque haya una animosidad contra cierta persona en particular, esos despidos van a estar justificados.

                Dicho esto, quedamos a disposición de los señores senadores.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Hay un tema que el señor ministro abordó, pero que nos gustaría que quedara bien claro.

                 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha utilizado todos los mecanismos de consulta para analizar este proyecto de ley. Lo planteó en una primera oportunidad inmediatamente que se sancionó en la Cámara de Representantes, también hicimos lo propio en el Consejo Superior Tripartito y después de un año de trabajo con otras carteras teniendo un proyecto bastante elaborado, lo volvimos a presentar en el consejo antes mencionado.  Por lo tanto, tiene que quedar claro al Cuerpo que hemos utilizado el mecanismo de consulta  por el que  estamos obligados, concretamente, el Convenio n.º 144 de la Organización Internacional del Trabajo  y lo hemos agotado. Hemos utilizado todo el mecanismo como garantía frente a los interlocutores sociales.

SEÑOR CAMY.- Quiero hacer dos preguntas puntuales sobre un proyecto de ley que va a ser interesante analizar porque abarca dos aspectos muy importantes. Por un lado, obviamente, la protección integral a las personas con discapacidad y las garantías de la promoción del acceso laboral y también, por otro,  la libertad de la empresa privada. Lo quiero hablar con franqueza porque no me gustaría caer en la tentación, por la sensibilidad del tema, de votar lo políticamente correcto, y lo quiero decir claramente. Creo que ninguno de los que estamos aquí puede decir que no tiene una particular sensibilidad por los compatriotas con capacidades diferentes; seguramente muchos de nosotros tengamos cercano en el afecto a alguien con esa condición; yo, particularmente, lo tengo.

                Me parece que acá se persigue la misma intención que la Ley n.º 18651 del ámbito público; por tanto, no tengo dudas de que es un tema bien representativo de lo que todos sentimos.

                Por otra parte, en esa tensión permanente entre autoridad y libertad, o entre libertad individual e interés general, entra el tema de hasta dónde se puede avanzar con la obligatoriedad a una empresa particular. Es un asunto que planteo tanto desde el punto de vista jurídico como filosófico.

Por eso felicito esta iniciativa –de quien haya sido– y me parece que va a ser muy importante que la estudiemos en profundidad en este ámbito.

Personalmente, me gustaría hacer dos consultas relativas al tema, no para que las contesten ahora, si el ministerio tiene la información, capaz que me la puede hacer llegar. En principio, me gustaría saber si tiene conocimiento –lo más certeramente posible– acerca del cumplimiento que se ha dado al artículo 49 de la Ley n.º 18651, que obliga al Estado, a los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos, a los servicios descentralizados y a las personas de derecho público no estatal, a ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes. Sospecho que tanto en el Gobierno central como en los Gobiernos departamentales –y ojalá me equivoque– debe estar lejos de ser cumplido. Para mí es importante tener ese dato.

En segundo término, le pregunto directamente al señor ministro –que lo sabemos idóneo en estos temas, sobre todo por su larga gestión al frente del Banco de Previsión Social– si actualmente existe o se tiene proyectada alguna norma que permita la inserción laboral formalizada de personas que están cobrando pensiones o jubilaciones por alguna incapacidad o discapacidad, o sea, si se pueden compatibilizar esas dos condiciones. Me han planteado situaciones puntuales de personas jóvenes –en algunos casos por discapacidades muy severas– que cobran jubilaciones que les fueron otorgadas con la expresa decisión –incluso en el recibo de cobro figura una leyenda– de que esos beneficios caerán en caso de formalizarse una relación laboral. A partir de esto hay que considerar dos cuestiones: primero, la necesidad –como le pasa a cualquier persona– de poder tener un nuevo trabajo para generar más ingresos. Me consta que hay gente que  está trabajando de  manera irregular; sé  de  casos  en el medio  rural del  país –incluso, los he visto– de gente que, increíblemente a pesar de su discapacidad, tiene un trabajo en negro porque lo precisa para subsistir y no quiere perder la pensión. Lo segundo a considerar en estos casos es la cuestión anímica, por un tema de autoestima, de sentirse bien, de querer ser útil para sí mismos y no sustentarse de una pensión o jubilación –que la tienen legítimamente, ya sea por estar en una silla de ruedas, por tener amputados sus miembros o lo que fuere– porque a pesar de ello son capaces, quizás más capaces para trabajar que alguien llamado «normal».

La pregunta concreta es si existe alguna disposición que ampare este tipo de situaciones; estoy pensando en alguna norma para determinados casos o alguna resolución del Banco de Previsión Social. En la misma línea, ¿se está pensando o creen posible poder generalizar esto?

                Es un planteo que hago desde el sentido común y de experiencias individuales que me han presentado. ¿Existe en el derecho comparado, en algún país, este tipo de propuestas relativas a la inserción de personas con discapacidad, como política pública?

                Quería aprovechar la presencia del señor ministro y de su equipo para hacer estas dos consultas.

SEÑORA PASSADA.- Antes que nada, quiero decir que es bienvenida esta propuesta.

                En la comisión tomamos con mucha seriedad el planteo original y sabíamos de algunos problemas y carencias que ahora se corregirían.

                Mi planteo tiene que ver con las definiciones más sociales y con la sociología de la discapacidad.

Me parece que nosotros, como sociedad, definimos a la discapacidad como aquel que no tiene las capacidades, y así colocamos y encasillamos a la persona en ese lugar. Por ejemplo, si alguien tiene un problema auditivo se determina que tiene una discapacidad, aun cuando mediante los avances de la ciencia y de la tecnología, pueda salir de ese lugar. Por ello, debemos deconstruir de alguna manera el concepto de las discapacidades y darle una merecida construcción, más social, de inclusión y de inserción.

Digo esto porque me parece que en el proyecto de ley propuesto –luego veremos cómo lo procesamos– debemos mirar con responsabilidad el tema y no encasillar en la normativa a aquellos que tienen una discapacidad. Sé que no tenemos otro camino. Pasará mucho tiempo para que  la sociedad, ante las no capacidades que pueda tener un individuo, lo incluya sin que sea necesario establecer que la empresa debe tener habilitado un porcentaje para esos casos.

Este es un tema importante que debemos destacar y ponerlo en algún lugar. En realidad a uno le rechina, pero lamentablemente debemos establecerlo porque aún no está la cultura formalizada como para dar ese paso. En algunos espacios debemos ir trabajándolo. Me consta que el ministerio va en esa lógica y que hay comisiones muy fuertes tratando el tema.

El señor senador Camy preguntaba qué pasaba con la aplicación del artículo 49 y mencionó que tenía dudas de que en algunos lugares se aplicara. En el caso de Montevideo se viene realizando una tarea muy fuerte desde hace mucho tiempo, con esta idea de ir colocando, desde otro lugar, el problema de la discapacidad.

                Hay una red iberoamericana de inclusión social que ha realizado trabajos importantes en ese sentido y nuestra universidad de la república los ha acogido. Me pregunto si se han tenido en cuenta estas  organizaciones, más allá del marco del acuerdo que necesitamos para aprobar este proyecto de ley. Me refiero a lo conceptual y no desde el porcentaje que debemos establecer acá. Lo consulto porque después las leyes quedan. En el tema de la discapacidad creo que tenemos que introducir conceptos importantes que nos permitan avanzar en lo que mencioné originalmente.

SEÑOR MIERES.- Creo que este tema es muy sensible, y es necesario dar respuestas.

También comparto con el señor senador Camy que debemos tener la precaución de que la respuesta sea viable, realista y que realmente llegue a buen puerto. La semana pasada estuve en un seminario –del que también participó el señor ministro–, justamente organizado por la Asociación Down del Uruguay, en donde se pusieron de manifiesto situaciones de incorporación, de inserción laboral de personas con discapacidad de diversa naturaleza, que realmente son muy valiosas. Creo que muchas empresas, en la perspectiva de incorporar los conceptos de responsabilidad social y empresarial, tienen esto en su mirada y en su práctica, y me parece que es muy valioso. Pienso que el ministerio hizo bien, cuando se aprobó en primera cámara aquel proyecto de la Cámara de Representantes, en plantear la necesidad de trabajarlo. Evidentemente, lo que hoy llega del Poder Ejecutivo es algo sustancialmente diferente, mucho más aterrizado y realista. De todas maneras debemos seguir analizándolo y, en ese sentido, voy a plantear dos cuestiones.

Una de ellas, es ver –no se me ocurre, pero deberíamos estudiarlo– en qué medida tenemos instrumentos para garantizar, promover o asegurar el cumplimiento de la norma vigente para el sector público. Es un poco paradójico que ahora avancemos en el sector privado, pero hay que ver cómo andamos por casa. Evidentemente andamos mal. Más allá de lo que decía la señora senadora Passada con relación a la Intendencia de Montevideo, en general el cumplimiento de la norma es escaso. Está lejos de cumplirse porque, incluso, hay huecos que se pueden aprovechar. Las vacantes no dan para el 4 %, no se cubren. En vez de tomarlas en consideración en el largo plazo e ir sumando vacantes para cumplir con el 4 %, si hay diez ese 4 % es cero y, por lo tanto, de alguna manera no se cumple con la norma.

Entonces, me parece que en paralelo debería hacerse el esfuerzo de elaborar alguna normativa que apriete las clavijas en el Estado porque, de lo contrario, no estamos cumpliendo con algo a lo que estamos obligados por ley hace muchos años, al tiempo que ahora corremos el riesgo de que esto caiga también en saco roto y que el sector privado tampoco cumpla en caso de que esto termine convirtiéndose en ley. Me parece que hay que escuchar a las cámaras empresariales en este tema. Está el documento que nos hizo llegar el ministerio, pero de todas maneras está bueno que comparezcan en este ámbito, lo mismo que las asociaciones vinculadas con el tema de la discapacidad.

                Por otro lado, me parece que la preocupación que planteaba el señor senador Camy es bien relevante porque esa es una barrera interna de decisión de la persona con capacidades diferentes para dar el paso hacia el trabajo. La pensión la tiene para siempre mientras cumpla con el requisito de constatación de discapacidad, de discapacidad permanente, etcétera, pero el trabajo no. Entonces, muchas personas con discapacidad, ante la eventualidad de asumir un trabajo, que implica la pérdida de la pensión, prefieren quedarse con esa prestación, lo que a nivel de la sociedad y del propio trabajo con los discapacitados –por decirlo así– no es el ideal; el ideal es la inclusión.

Hoy día, en que tenemos tantos adelantos informáticos y los programas nos permiten encontrar cualquier tipo de solución, deberíamos trabajar en alguna norma que estableciera una proporcionalidad entre los niveles de ingresos de una remuneración y el valor de la pensión, es decir, salir de un juego de suma cero entre quien tiene o no tiene pensión, según trabaje o no, y entrar en un sistema de proporcionalidad que, perfectamente, podría establecerse y  monitorearse dentro del Banco de Previsión Social. Ciertos niveles de ingresos podrían implicar una afectación pero no la supresión de la pensión; hablo de una reducción en función del nivel de ingresos de la persona; podrían establecerse, por lo menos escalones o, por qué no, un continuo, lo que no sería imposible. En fin, me parece que es una cuestión sobre la que deberíamos trabajar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a dar a la delegación la posibilidad de que respondan a las dudas y consultas planteadas en forma más documentada.

                Por nuestra parte, vamos a hacerles llegar algunas dudas en forma escrita. Una de ellas tiene relación con el segundo párrafo del artículo 5.º, donde se hace referencia a la  posibilidad de que los operadores laborales reciban también el pago de un salario por el acompañamiento.

                En el artículo 6.º no nos queda claro de quién depende el operador laboral.

                El artículo 10 refiere a las licencias especiales, pero no menciona la licencia por maternidad.

                Respecto al artículo 12, quisiera saber en qué circunstancia debería referir a la persona con discapacidad. Allí también hay una suerte de contradicción porque se remite a un hijo a su cargo, y tal vez alguna persona pueda tener otro pariente a su cargo –por ejemplo, un hermano, una hermana, el padre– y ser el responsable.

                El artículo 18 refiere a los miembros de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, pero no especifica si son –o no– honorarios y quizás haya que ratificarlo.

                En fin, todas estas son dudas muy puntuales que queremos hacerles llegar por escrito y, oportunamente, recibir las respuestas.

SEÑORA PASSADA.-  Tenemos un problema de horario. Varios senadores estamos citados para otra comisión y en poco tiempo esta quedará sin quórum. Por lo tanto, quisiera saber si sería posible hacer llegar al ministerio, a través de la secretaría, nuestros planteos y los del señor presidente, y volver a citar al ministerio para considerar este único tema. Realmente, las preguntas que realizó el señor presidente de la comisión son muy valederas y, en lo personal, no quisiera quedarme solo con la lectura de la versión taquigráfica; me gustaría tener un intercambio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces les haremos llegar los cuatro grupos de inquietudes planteadas y alguna otra duda que surja de parte de algún otro legislador.

SEÑOR MINISTRO.-  Estamos totalmente de acuerdo con seguir trabajando con la comisión. Queremos reiterar  que  en este año y medio hemos trabajado intensamente –y agradecemos a los señores senadores que así lo han manifestado– con mucha gente, muchas partes, con técnicos, y hemos hecho cantidad de consultas. Acá se destacaba que hicimos llegar la exposición escrita de las cámaras empresariales; eso fue parte de las cosas que acordamos porque nos parecía importante, dado que arrancamos –no quisiera olvidarlo– de un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes. Este no es un hecho menor.

                Hemos trabajado, como siempre, colectivamente y con diálogo.

                Hay otro tema al que quiero hacer mención, que ha ocupado parte de mi vida.

                Recuerdo que en 1997, cuando era director representante del sector de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, habíamos formado una comisión interinstitucional por el tema de la discapacidad –Comint era su sigla–, que llegó a funcionar varias veces en el parlamento. Y una de las discusiones que entonces estaba planteada –y que hoy ya se ha dado por superada– era si debía hacerse un censo de personas con discapacidad, es decir, si debía preguntarse a las personas si tenían discapacidad. Hoy, eso ya no se discute, está claro que es importante saber quiénes son y dónde están. ¿Por qué señalo este antecedente? Porque, por ejemplo, para responder la pregunta de cuántas personas con discapacidad están trabajando en los distintos organismos del Estado, creo que habría que hacer un censo, porque no se trata solamente de la gente que ingresó por la ley respectiva que dispone la obligatoriedad de ocupar el 4% de las vacantes, sino también de todos aquellos que ingresaron por la vía de los concursos habituales. Y todos conocemos personas que ingresaron por esa vía. Cuando un organismo público, municipal o quizás el propio Parlamento llama a un concurso de ingreso, establece determinadas condiciones; ahora ha aparecido la especificidad del cupo para discapacitados, pero antes no existía, y había personas que ganaban los concursos y luego se conocía su capacidad diferente o su discapacidad. Nosotros en el BPS, por ejemplo, teníamos un abogado con una discapacidad visual del cien por ciento y no había entrado por un cupo, sino porque había ganado un concurso de abogados. En lo personal, tuve una secretaria que recién luego de cincuenta años se operó y superó una discapacidad física muy importante. Menciono esto porque el tema del medir tiene que ver con la forma como se hace la medición.

                En cuanto a lo que planteaba el señor senador Camy sobre la libertad empresarial, quiero decir que lo hemos discutido expresamente con las cámaras empresariales. Creo que el proyecto de ley mejora sensiblemente cuando dice que se cuentan las personas con discapacidad –esto tiene relación con lo que señalé anteriormente– que ya estén en la empresa y que hayan entrado por fuera de los cupos. Por otro lado, se dice que se deberá reponer –por decirlo así– una persona con discapacidad cesada, con otra con discapacidad, pero queda claro que debe tener la idoneidad necesaria y figurar en el registro. Todas estas son precisiones que incorpora el nuevo proyecto del Poder Ejecutivo, es decir, no estaban en el texto original.

                Respecto a ser beneficiario de una prestación del BPS y poder trabajar, en algunos casos hay una ley específica que lo permite y, en otros, hay normas que no lo habilitan. Esto también lo recuerdo de mis viejos tiempos, a los que hacía referencia el señor senador Camy. En su momento fuimos impulsores de una ley –vigente– por la cual a las personas que cobran la denominada pensión por invalidez, se les permite trabajar ganando hasta el triple del monto de la  pensión. En esos casos, cobran las dos cosas. Estamos hablando de que una persona que cobra una pensión por invalidez, que hoy está en el entorno de los $ 11.000, puede trabajar legalmente cobrando hasta $ 33.000 nominales. Ahora bien; la situación es diferente si la persona no es pensionista por invalidez sino que está jubilado por incapacidad para todo trabajo; estas personas no pueden volver a trabajar. A su vez, tenemos lo que se llama subsidio transitorio por incapacidad parcial. Las personas que lo reciben sí pueden trabajar. Es más, una persona puede recibir un subsidio transitorio por incapacidad parcial para un determinado trabajo pero puede trabajar en otro tipo de actividad que no sea esa, al mismo tiempo.  Entonces, el tema es más complicado de lo que parece.

Me parece bien que sigamos trabajando para ver cómo avanzamos. En el evento en el que participamos junto con la Asociación Down del Uruguay y la Presidencia de la Cámara de Representantes, el pasado 7 de junio, hablamos s específicamente de este tema y, además, hubo varios aportes muy importantes que, seguramente, deben haber sido recogidos en la versión taquigráfica.

Si les parece bien, ustedes nos hacen llegar los planteamientos, nosotros avanzamos en las respuestas y, luego, concretamos una reunión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto, señor ministro.

Agradecemos la presencia de la delegación. Vamos a ajustar la redacción del texto del proyecto de ley.

(Se retiran de sala las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

                –No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 16:47).