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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN

(Sesión celebrada el día 12 de junio de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 14:41).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«Informes del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UdelaR referidos a las modificaciones del Nuevo Código del Proceso Penal (Reenviado por mail el día 7 de junio).

Solicitud de audiencia del Sindicato Único de Policías del Uruguay, a fin de dar su opinión en relación a las modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal. (Reenviado por mail el día 11 de junio).

Propuestas alternativas de la agrupación Juradis a la reforma del proceso penal. (Reenviados por mail los días 11 y 12 de junio)».

–Pido a la secretaría que distribuya los informes del Instituto de Derecho Penal y Criminología.

En cuanto a la solicitud del Sindicato Único de Policías del Uruguay, le contestamos que si quieren hacer aportes por escrito los recibiríamos.

Por su parte, Juradis es una agrupación de abogados que ya nos hizo una propuesta que circuló por escrito y la tienen todos los legisladores.

SEÑORA MOREIRA.- Independientemente del cronograma que realizamos, me gustaría escuchar al sindicato policial. En cierto sentido sería una comparecencia rara, porque tenemos los informes de las cátedras con una opinión muy consolidada y ellos serían los otros operadores del CPP. Por esa razón, en principio me parecería bien recibirlos, pero quedo a lo que defina la comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- El sindicato policial se está reuniendo con todos los legisladores para hablar sobre el CPP, la legítima defensa y otros temas.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

                –El primer punto del orden del día es la consideración del Código del Proceso Penal. Pedimos que se aplace para la semana que viene. Vamos a trabajar para tener una sesión extraordinaria. Habría que ver si puede ser el día miércoles a las 16 horas, el jueves o el viernes. Vamos a pedirle a secretaría que coordine.

SEÑORA MOREIRA. Las comparecencias sobre voto en el exterior van a ser el martes 26.

SEÑOR PRESIDENTE.- Exactamente. A tales efectos ya se invitó a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a la Corte Electoral y al doctor Correa Freitas. En principio, estoy haciendo las averiguaciones para invitar al doctor Martín Risso Ferrand y quisiera que viniera también el doctor Daniel Ochs.

SEÑOR MIERES.- Nosotros tenemos un orden del día que no se ha terminado de tratar. El primer punto es el Código del Proceso Penal, el segundo es el Registro Nacional de Violadores y Abusadores y el tercero sería el voto en el exterior, tema que la bancada del Frente Amplio ha querido incorporar. Me parece que fijar ya una fecha para las comparecencias sobre el tercer punto sin haber resuelto el primero ni el segundo implica una alteración del orden del día. El presidente acaba de decir que hoy no podremos resolver el proyecto sobre el Código del Proceso Penal y estaríamos previendo celebrar una sesión la semana que viene. La semana próxima, eventualmente, podremos votar el proyecto de ley sobre el Código del Proceso Penal, pero después viene el Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores. No entiendo por qué para el martes 26 ya están agendadas una serie de comparecencias sobre un tema que está tercero según el orden acordado.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: nosotros planteamos realizar una sesión extraordinaria la semana que viene porque el próximo martes es feriado y eso nos complica. Por lo tanto, tenemos la voluntad de buscar una circunstancia alternativa para no perder la sesión ordinaria.

                En segundo lugar, habida cuenta de que el proyecto del CPP ha ameritado un análisis profundo de las bancadas –no solo de la nuestra, sino de todas–, hoy no estamos en condiciones de analizarlo como habíamos dicho, sino que pedimos su postergación. Queremos señalar esto porque habíamos planteado que hoy íbamos a analizarlo.

                En tercer término, nosotros estamos jugando con los dos proyectos de ley, Código del Proceso Penal y Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores, porque estando en el orden del día el Código del Proceso Penal recibimos visitas por el tema del registro: recibimos a la Dirección Nacional de Policía Científica y también al Instituto Técnico Forense cuando en el orden del día estaba primero el CPP. Entonces, podemos establecer la lógica de recibir visitas al mismo tiempo que analizamos los proyectos. Eso no es ningún inconveniente. Yo estoy en otras comisiones como los demás señores senadores y eso siempre sucede. Por ejemplo, a mí me gustaría invitar también al doctor Gonzalo Pérez del Castillo cuando se trate el tema del voto en el exterior y no me importa escucharlo aunque todavía estemos jugando con la coordinación de las agendas.

Hay algo que todos tenemos claro: esos son los tres proyectos que estamos considerando.       Por lo tanto, no me parece que sea complicado que el martes 26 de junio recibamos a las delegaciones por ese tema que ya está en agenda y, al mismo tiempo, sigamos procesando los otros asuntos que figuran en el orden del día. En definitiva, no cuestiono que el 26 recibamos asesoramiento u opiniones sobre el proyecto de ley relativo al voto en el exterior.

SEÑORA MOREIRA.- Creí que esto estaba resuelto en dos instancias distintas.

                La primera es que, cuando hablamos de cómo se compartían las agendas en esta comisión, con respecto al proyecto de ley sobre voto en el exterior acordamos recibir a todas las delegaciones posibles en un solo día. Es más, recuerdo que en la sesión anterior, yo misma propuse recibir a todas estas delegaciones y que marcáramos una fecha que está determinada por lo siguiente. Sobre el proyecto de ley relativo al Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores que estuvimos discutiendo a través de los medios de comunicación –el señor senador Heber dijo que parecía que nosotros habíamos entendido una cosa distinta a la que él había comprendido después de la comparecencia de los representantes de la Dirección Nacional de Policía Científica y del Instituto Técnico Forense–, hemos venido con una propuesta alternativa por lo que, salvo que la bancada de senadores de los partidos de la oposición soliciten más tiempo para analizarla, podríamos votarlo en el día de hoy.

                La reunión por el Código del Proceso Penal se llevará a cabo en una sesión extraordinaria la semana que viene y las comparecencias las agendamos para el martes 26 de junio. ¿Por qué? Porque, como siempre se hizo en esta comisión –hace ocho años que la integro–, vamos tratando proyectos y recibiendo delegaciones, todo de buena fe. La verdad es que hemos sido bastante respetuosos de los tiempos –lo digo con mucha sinceridad–, especialmente en aquellos proyectos con los cuales el Frente Amplio tiene problemas. Por lo tanto, espero el mismo tratamiento para con aquellas iniciativas con las que la oposición tiene problemas, entre ellas, el proyecto de ley sobre voto en el exterior. Ahora bien, propongo que, independientemente de la problemática que planteen los proyectos de ley considerados, sigamos con el orden del día acordado.

SEÑOR HEBER.-  Pido disculpas por haber llegado tarde.

                Según pude entender, la semana que viene estaríamos considerando la modificación al Código del Proceso Penal y el 26 de junio recibiríamos visitas por el voto en el exterior. ¿Hoy vamos a votar el proyecto de ley de Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores?

SEÑORA PAYSSÉ.- Es una propuesta alternativa.

SEÑOR HEBER.- Perdón, estoy haciendo una pregunta. Supongo que agotaremos el tratamiento de un proyecto de ley antes de pasar a considerar otro. Si terminamos el nuestro hoy, perfecto, sigamos lo acordado, esto es, con el Registro Nacional de Violadores  y Abusadores de Menores. Pero ¡no me pasen temas por encima de otros!

SEÑOR PRESIDENTE.- Tenemos dos temas en agenda: Código de Proceso Penal y Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores. Con respecto a este último, se está procediendo a repartir por parte de secretaría un proyecto de ley alternativo, elaborado luego de las visitas que recibimos la semana pasada. Reitero que es un proyecto sustitutivo que presentamos los legisladores del Frente Amplio a la comisión.

SEÑORA AYALA.- Quisiera explicarles a los senadores Heber y Mieres de qué se trata. En realidad, ante las visitas que tuvimos, con la argumentación y la información que brindaron a la comisión, nos pareció pertinente presentar un texto alternativo ya que el registro, de hecho, ya existe, pero se accedería a él siempre y cuando nosotros pudiéramos, a través de un proyecto de ley, liberar ciertas condicionantes que hoy no permiten dicho acceso de determinada manera. 

                Además, como anexo al sustitutivo que estamos presentando me gustaría dejar previsto que aquellas instituciones que soliciten la información, la manejen de forma reservada y no la hagan pública.

SEÑORA PAYSSÉ.- Luego de la comparecencia de las dos delegaciones que concurrieron la semana pasada analizamos una realidad que sinceramente no conocíamos en profundidad, que es el trabajo que tiene, sobre todo, la policía científica en relación con la registración de las personas que han cometido delitos.

                Eso nos ha llevado, como ya se dijo, a presentar una propuesta que contemple lo que en realidad estamos necesitando, o sea, contar con una base de datos a los efectos de cumplir con determinadas leyes –algunas ya son leyes y otras son proyectos que serán leyes próximamente– vinculadas a inhibiciones para acceder a determinados trabajos que tienen aquellas personas con antecedentes, sobre todo, en delitos sexuales. Recibimos información calificada –que consta en la versión taquigráfica– acerca de que existe una base de datos, pero hay dificultades para acceder a ella.

                Por otra parte, tenemos un proyecto presentado por el senador Lacalle Pou que tiene algunas cosas que han quedado desfasadas en el tiempo, incluso, en lo que respecta a la mención a los artículos del Código Penal que ahora han sido modificados.  A su vez, hay otras cosas que consideramos que deberían ser tratadas de manera diferente.

                Acá se busca tener la certeza de que las personas que tienen antecedentes en estos delitos no podrán desempeñar una tarea, una función o un trabajo, público o privado, con trato directo con niños, niñas y adolescentes. Para mí ese es el corazón del proyecto. No tiene sentido tener un registro solo para tener discriminadas o listadas a las personas, sino que se necesita para cumplir con determinadas cuestiones que estamos valorando desde todo el sistema político y que son muy importantes. El hecho de que ahora estemos hablando de estas incompatibilidades hace que se precise contar con una base de datos que las haga efectivas. Por otro lado, todos hemos tomado conciencia de que es necesario generar estas incompatibilidades. O sea que bienvenido este avance.

                Lo otro que consideramos fundamental es que sean las instituciones las que puedan acceder a esta base de datos y que no todas personas que quieren acceder a un cargo deban pasar por un lugar para sacar un libre de faltas, un libre de pecados o un libre de antecedentes. Me parece que tiene que ser a la inversa. La propuesta que estamos haciendo nosotros va en esa dirección, o sea, contempla el espíritu de contar con una base de datos que ya existe, pero debemos lograr que se pueda acceder a ella.

                También queremos que eso sea de la forma que lo he planteado y no al revés, como está propuesto en este proyecto de ley. Queremos adecuar esto a la nueva forma de enunciar los delitos sexuales para que haya coincidencia en cómo los describimos, por ejemplo, en la ley de violencia de género para que, lógicamente, no existan dificultades.

Por último, nos parece que el hecho de que se puedan sortear algunas dificultades que existen hoy para que la policía científica esté habilitada, de alguna forma, para brindar esta información, nos allana el camino hacia el objetivo común que perseguimos, que es cumplir con lo que planteamos como legisladores en la ley de violencia de género y también en la que seguramente será aprobada pronto, que es la ley relativa al voluntariado social, en la que repetimos exactamente el mismo artículo de las incompatibilidades.

Entonces, señor presidente, me parece que es bueno colectivizar esta propuesta –ya se está repartiendo– y, en función de que es una iniciativa que va en la misma dirección de contar con una base de datos que no permita acceder al trato directo con niños, niñas y adolescentes a aquellas personas que tienen antecedentes, podemos tratarla en el día de hoy y, si hay acuerdo, también podríamos aprobarla.

SEÑOR HEBER.- Estoy anotado para hablar sobre otros temas, pero ya que se ha presentado este artículo, quisiera saber cuál es el sentido de incluir los literales f) y g) porque se hace alusión a los delitos consagrados en la Ley n.º 17815 de 6 de setiembre de 2004. Quiero saber la razón de incluir estos dos literales; quizás tengan razón en hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- El literal f) refiere a un delito que es la corrupción de menores. Creo que ese es el nombre jurídico correcto. Precisamente, el artículo 274 del Código Penal dice: «Comete corrupción el que, para servir su propia lascivia, con actos libidinosos corrompiere a persona mayor de doce años y menor de dieciocho.

                Este delito se castiga con pena que puede oscilar entre seis meses de prisión y tres años de penitenciaría».

                Por su parte, el literal g) tiene que ver con la Ley n.º 17815 sobre violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces. Es una ley en la que se configuran varios delitos. El artículo 1º refiere a la fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces; el artículo 2.º  habla de comercio y difusión de material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces; el artículo 3º, por su parte, hace referencia al facilitamiento de la comercialización y difusión de material pornográfico con la imagen u otra representación de una o más personas menores de edad o incapaces; el artículo 4.º habla de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo; el artículo 5º tiene que ver con la contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces y el artículo 6.º refiere al tráfico de personas menores de edad o incapaces. O sea que en los artículos 1.º a 6.º se enumeran una serie de delitos.

SEÑOR HEBER.- El Frente Amplio, en su propuesta, toma la decisión de no crear un registro nacional de violadores y abusadores de menores. No es el momento de discutir este punto, pero simplemente lo hace por vía indirecta al encomendar el trabajo a la Dirección Nacional de Policía Científica, es decir, dice lo mismo de manera diferente. Por lo tanto, a mi juicio, deberíamos empezar a votar el proyecto y ver los artículos sustitutivos. Me inclino a votar, primero, el proyecto que presentó el señor senador Lacalle Pou y, si no se obtiene la mayoría necesaria, naturalmente votaría la alternativa. Pediría que primero me dejaran votar el proyecto tal como fue formulado y que después se considerara la solución planteada por el Frente Amplio. Aclaro que estoy de acuerdo con los literales f) y g) que han agregado; me parece que ambos están bien.

                Con respecto a los otros temas, es posible que el proyecto del señor senador Lacalle Pou, tal como dijo la señora senadora Payssé, esté desactualizado porque hace años que lo presentó y hubo modificaciones. Por lo tanto, habrá que ajustarlo, pero eso se puede hacer, incluso, por secretaría.

                Acerca del registro de la persona condenada, me gusta más el artículo 3.º del proyecto de ley del senador Lacalle Pou. Algunas personas me hay preguntado si se trata de estigmatizar a los violadores y abusadores y quiero repetir lo que ya le  dije a la prensa: «¡Sí! Es estigmatizar a los violadores y abusadores de menores». Es tal el horror del delito que quería foto, fecha de nacimiento y nacionalidad, pero parece que no hace a la cuestión, no es fundamental. Repito: me gustaría votarlo aunque sé que no tiene la mayoría en función de la propuesta establecida.

                El artículo 4.º es similar al artículo 2.º de la propuesta del Frente Amplio; por lo tanto, podríamos votarlo perfectamente.

                El artículo 5.º del proyecto de ley del senador Lacalle Pou dice: «Los condenados, una vez en libertad y por un plazo de 15 años – más de lo que establece el proyecto sobre violencia de género–, tendrán la obligación de mantener informada a la Sede Judicial debiendo comunicar cualquier modificación operada en los datos referidos en el artículos 3.º».

                En el artículo 7.º, que es el que me parece importante, dice: «El Juez, al momento de dictar sentencia de condena, impondrá conjuntamente con la pena que corresponda, la inhabilitación  por un plazo mínimo de 15 años para el ejercicio de actividades vinculadas a la atención de salud, sanitarias, docente y/o académicas o cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con las mismas, que impliquen contacto con menores de edad, tanto a nivel público como privado». Esto no lo recoge la propuesta del Frente Amplio. Después se agrega en el artículo 7.º: «En caso que el condenado cuente con una anotación en el Registro, el Juez, al momento de dictar sentencia de condena, impondrá conjuntamente con la pena que corresponda, la  inhabilitación por un plazo mínimo de 30 años para el ejercicio de las actividades anteriormente mencionadas». Me parece importante incluir este artículo, pero es una discusión que tenemos que dar en forma pública.

De todos modos, estoy en condiciones –si el procedimiento establecido por el presidente lo permite– de votar el proyecto de ley a fin de que pase al plenario tal como lo apruebe la mayoría de la comisión, dejando las constancias en cada uno de los casos. Por otro lado, seguiremos con los otros compromisos asumidos con respecto al Código del Proceso Penal para el próximo martes y, para la otra semana, con el voto en el exterior. Digo esto, para pedir al presidente que se vote en primera instancia el proyecto presentado por el señor senador Lacalle Pou.

SEÑOR MIERES.- Nosotros vamos a acompañar en general –aunque no haya votación en general– el proyecto de ley presentado por el señor senador Lacalle Pou, a pesar de tener algunas diferencias porque ha quedado claro, a partir de la comparecencia de la división de la Policía Científica la semana pasada, que hay un registro, con lo cual la necesidad de la creación  de un registro específico dejaría de tener sentido.

                Entiendo que el proyecto de ley alternativo presentado por la bancada del Frente Amplio recoge la preocupación del proyecto original en lo sustancial. De todas maneras, algunas cosas quedan afuera como el artículo 7.º que tiene que ver con las penas donde se establece que el juez deberá imponer una inhabilitación para ciertas actividades por determinado período y el artículo 5.º que contempla la posibilidad de que las personas condenadas por estos delitos, una vez puestas en libertad deban mantener informada a la sede judicial sobre eventuales cambios en su situación personal, dentro de un plazo de 15 años.

                De todas maneras, voy a apoyar en términos generales –más allá de algún aspecto que no comparto– el proyecto de ley original, para luego votar por el alternativo que en lo sustancial recoge la preocupación del original.

SEÑORA PAYSSÉ.- Voy a hacer algunas consideraciones a partir de los planteos realizados por el señor senador Heber.

                En primer lugar, quiero decir que la preocupación es común. Acá no hay diferencias en cuanto a contar con herramientas de inhabilitación lo que está en ambos proyectos de ley, y está claro que además fue votado por todo el sistema político en la ley de violencia de género.

                En el artículo 3.º del proyecto de ley presentado por el señor senador Lacalle Pou hay un detalle sobre algunos aspectos que deberían constar en la base de datos. De la comparecencia del equipo de Policía Científica, creí entender que no solo están esos datos, sino que hay muchos más que tienen que ver con las huellas dactilares y con las huellas genéticas que además de ser procesadas, quedan almacenadas en la base de datos. Por lo tanto, creo que es más completo lo que tiene hoy Policía Científica.

                Por otro lado, la ley de violencia de género establece diez años y no quince como lo sugiere el proyecto de ley del senador Lacalle Pou y obliga a hacer la consulta correspondiente cada vez que se quiera contratar a alguien. Por lo tanto, si hay reincidencia va a estar documentada en la base de datos y, en consecuencia, habrá una nueva inhabilitación. El proyecto de ley del senador Lacalle Pou plantea diferentes circunstancias de eventuales reincidencias, a los efectos de la extensión de los plazos de las inhabilitaciones. Entonces, si hay una reincidencia de parte de las personas que están registradas, eso también se registrará y se generarán nuevos plazos, tal como lo establece la ley de violencia de género.

                Por último, quiero recalcar lo que planteé en una primera intervención y que a nuestro juicio es más correcto. Creemos que no es bueno que todas las personas tengan que pedir un certificado de buena conducta  para poder acceder a un trabajo vinculado con niños sino que debería ser al revés. Nos parece mucho más sensato y pertinente que una institución que esté en contacto con niños, niñas y adolescentes, ya sea en el ámbito educativo, de la salud o de los deportes, tenga la posibilidad de acceder a ese registro para saber si una persona a la que pretenden contratar tiene un antecedente en esta materia. Por eso queremos reivindicar esta alternativa que de alguna manera apunta a identificar a las personas con estos antecedentes, por el lapso que establece la ley, para evitar cualquier contacto con niños, niñas y adolescentes.

                Consideramos que esto se adecua a la realidad actual y a una institución que ha hecho un avance tecnológico muy grande y que ha demostrado el conocimiento del trabajo que está haciendo, lo que da las garantías que todos queremos en este aspecto. Por lo tanto, tenemos que ajustar los mecanismos para que lo que ya tenemos sea operativo a estos fines y con el aditivo que plantea la señora senadora Ayala vinculado a la privacidad para las instituciones, estaríamos cumpliendo con los cometidos que nos hemos propuesto en términos generales.

                En consecuencia, habrá una registración –porque ya la hay– y también la posibilidad de llegar a ella, aspectos que están contemplados en el proyecto de ley que estamos presentando. 

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular el proyecto de ley del senador Lacalle Pou.

                En consideración el artículo 1º. 

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –1 en 6. Negativa.

                En consideración el artículo 2º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –1 en 6. Negativa.

                En consideración el artículo 3º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –1 en 6. Negativa.

                En consideración el artículo 4º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –2 en 6. Negativa.

                En consideración el artículo 5º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –2 en 6. Negativa.

                En consideración el artículo 6.º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –2 en 6. Negativa.

                En consideración en artículo 7.º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –2 en 6. Negativa.

                               En consideración en artículo 8.º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –2 en 6. Negativa.

                               En consideración en artículo 9.º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –2 en 6. Negativa.

SEÑORA PAYSSÉ.- Ahora vamos a presentar el texto alternativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el texto alternativo.

(Se lee).

                «Artículo 1.º (Solicitud de información por parte de ciertas instituciones).- Toda institución pública o privada perteneciente al área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, deberán solicitar a la Dirección Nacional de Policía Científica que informe si la persona a ser contratada tiene antecedentes judiciales por la comisión, en cualquier calidad, de los siguientes delitos:

a)     Violación (artículo 272 del Código Penal)

b)     Abuso sexual (artículo 272-BIS del Código Penal)

c)     Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272-TER del Código Penal)

d)     Atentado violento al pudor (artículo 273 del Código Penal)

e)     Abuso sexual sin contacto corporal (artículo 273-BIS del Código Penal)

f)      Corrupción (artículo 274 del Código Penal)

g)     Los consagrados en la Ley n.º 17815, de 6 de setiembre de 2004».

                –En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA MOREIRA.- La senadora Ayala iba a reiterar una sugerencia, pero no sé en qué parte del artículo tendría que estar incluido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me parece que tendría que ser al final del artículo 2.º.

(Intervención de la señora senadora Ayala, que no se escucha).

SEÑORA MOREIRA.- Lo planteo porque, si se va a leer el artículo 2.º, podría incluirse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Podríamos leer el artículo 2.º, tal cual está redactado, y luego se propone el artículo 3.º con la reserva.

SEÑORA MOREIRA.- De acuerdo, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 2.º.

(Se lee).

                «Artículo 2.º (Procedimiento).- De acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, el Registro Nacional de Huellas Genéticas y el Departamento de Legajos Patronímicos y Prontuariales, pertenecientes a la Dirección Nacional de Policía Científica, elevarán el certificado referido el que no tendrá costo alguno para la institución solicitante.»

                –En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Ahora correspondería anexar el texto propuesto por la señora senadora Ayala.

SEÑORA AYALA.- En realidad, propondría agregar un nuevo artículo –que sería el tercero–, por lo que el proyecto de ley tendría cuatro artículos. En él se establecería que la información a la que accede la institución, en el marco de esta autorización, es reservada y no puede ser divulgada.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo propuesto por la senadora Ayala.

(Se lee).

«(Reserva).- Las instituciones solicitantes deberán manejar la información en forma reservada dando cumplimiento a lo establecido en la Ley n.º 18331, de 11 de agosto de 2008».

Propongo que este artículo se incluya como segundo inciso del artículo 2.º.

                Léase el artículo 2.º con la modificación propuesta.

(Se lee).

«Artículo 2.º (Procedimiento).- De acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, el Registro Nacional de Huellas Genéticas y el Departamento de Legajos Patronímicos Prontuariales, pertenecientes a la Dirección Nacional de Policía Científica, elevarán el certificado referido, el que no tendrá costo alguno para la institución solicitante.

 (Reserva).- Las instituciones solicitantes deberán manejar la información en forma reservada dando cumplimiento a lo establecido en la Ley n.º 18331, de 11 de agosto de 2008.»

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

 En consideración el artículo 3.º

                «Artículo 3.º (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa días contar de su promulgación.»

                A pedido del señor senador Heber propongo dejar el plazo en treinta días.     

(Apoyados)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3.º con la modificación del plazo.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA MOREIRA.- Propongo como miembro informante a la señora senadora Payseé.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD

                La semana que viene la secretaría se va a comunicar con los señores senadores y entre el miércoles y viernes se va a realizar una sesión extraordinaria, a la hora 16, para tratar el CPP.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 15:30).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.