Retorno a página principal

Carátula

 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN

(Sesión celebrada el día 24 de abril de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 14:34).

                –Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente).

                «Carpeta n.º 1066/2018. Instituto Nacional de Colonización. Domicilio legal. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Carlos Camy. (Distribuido n.º 1837/2018)».

                –El señor senador Mieres había solicitado la palabra para hacer un planteamiento.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: tal como ayer estuve adelantándole por mensaje, queríamos hacer un planteamiento vinculado con un hecho que se ha ido convirtiendo en un problema, cuando no debería haberse generado. Me estoy refiriendo a la situación ocurrida en torno a la cadena de radio y televisión que tuvo lugar hace un par de meses, cuando se cumplían los tres años del actual Gobierno.

                La cadena de radio y televisión que fue comunicada a través del periodista Fernando Vilar es un hecho que en sí no tiene mayor trascendencia, más allá de la sorpresa que seguramente todos los uruguayos vivieron cuando en lugar del presidente o algún jerarca del Gobierno fuera elegido un comunicador para expresarla, aspecto que es absolutamente legítimo y se enmarca dentro de las potestades que tiene el Gobierno. Lo que ocurre es que a raíz de este hecho que llamó la atención, el señor Vilar manifestó por lo menos en tres oportunidades que él había realizado esa tarea lógicamente como un trabajo y que, por lo tanto, había cobrado honorarios. Ante eso, dos medios de prensa a través de sus periodistas –el diario El Observador y el Semanario Búsqueda– hicieron uso del derecho de acceso a la información pública y solicitaron conocer si la secretaría de la Presidencia había remunerado al periodista por la emisión de la cadena, y sorprendentemente la respuesta fue negativa.

                En este momento tenemos una situación de opacidad en torno a un hecho que, ahora sí, no es menor, porque se trata de una contratación para realizar una tarea pública bajo dependencia de la Presidencia de la República, nada menos que haciendo uso de la cadena de radio y televisión para emitir un mensaje extenso y además importante, por la que se cobra una remuneración que al día de hoy –dos meses después– no se conoce quién pagó. Por lo tanto, considero que existe la necesidad de un esclarecimiento, que merece una acción de transparencia.

                Asumo, espero y creo que debe haber habido un error en la comunicación de Presidencia de la República o de parte de la Secretaría de Comunicación de la presidencia, pero hoy en otro medio de prensa el secretario de esa oficina ratifica que no hubo un pago. Me estoy refiriendo al señor José Luis Veiga, quien hoy en La Diaria expresó que era una pequeñez o una cuestión sin importancia. Sin embargo, no es algo sin importancia que se contrate a una persona para realizar un acto público y que todavía no sepamos si fue el Gobierno que lo pagó –sería lo que correspondería–, si se utilizaron los procedimientos formales o se actuó de manera informal –lo cual sería una irregularidad– o, peor aún, si no hubiera sido el Gobierno que pagó esos honorarios, porque entonces, ¿quién fue?

                En el afán de ayudar para que haya transparencia, solicitamos que se convoque a esta comisión a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República y a la Oficina Nacional de Servicio Civil –esta última es la que registra todas las contrataciones que el Estado realiza a través de sus recursos humanos, es decir, todos los tipos de contrato que existen–, de manera tal de tener una respuesta imprescindible para que todos quedemos tranquilos acerca del procedimiento utilizado en esta oportunidad.

                Entonces, el pedido concreto es que podamos convocar a las autoridades que acabo de mencionar –si algún señor senador integrante de la comisión entiende que debe ser alguna otra, encantado–, con el objetivo de dar transparencia, conocer la realidad y quedarnos tranquilos, en la medida de que el resultado de la respuesta sea correcto y acorde a derecho.

SEÑOR PRESIDENTE.- En el día de ayer no emití opinión. El señor senador Mieres me envió un mensaje por wasap y le contesté. Pero me estuve comunicando con la Secretaría de la Presidencia y tengo aquí un expediente, del que voy a hacer entrega al señor senador Mieres, que dice que con fecha 28 de febrero de este año un ciudadano, de nombre señor Pablo Méndez, presentó un pedido de acceso a la información pública a los efectos de saber sobre la supuesta contratación del periodista Fernando Vilar para que este realice una cadena nacional. El ciudadano preguntó sobre el monto, la forma de contratación o el vínculo que corresponda entre Presidencia de la República o cualquier organismo del Estado y el señor Fernando Vilar. Según lo expresado por la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República, no le consta que el Estado haya destinado una retribución al mencionado periodista, y esto está a fojas 9 del expediente que le voy a entregar al señor senador Mieres. Según lo expresado por el Departamento de Contaduría de la División Financiero-Contable de la Presidencia de la República, no ha recibido ningún procedimiento de contratación ni facturas relacionadas con la solicitud de información que consta en el expediente a fojas 2.

                Finalmente, con fecha 23 de marzo el secretario de la Presidencia de la República dictó una resolución donde informa al señor Pablo Méndez que no se ha celebrado contratación alguna ni efectuado ningún pago al señor Fernando Vilar.

                Con fecha 3 de abril se notificó al señor Méndez de la resolución mencionada.

                Desde el punto de vista jurídico, ha quedado claro que no hubo dicha contratación y, por tanto, no existió remuneración.

                De manera que hay un expediente, que voy a entregar al señor senador Mieres, donde queda claro que no hubo dicha contratación y, por lo tanto, no existió remuneración.

                Este acceso a la información pública resulta más que oportuno para aclarar cualquier duda que pudiera tenerse en el presente.

                Considero que desde el punto de vista político parece irracional basarse en trascendidos de prensa para dudar de lo ya expresado por la propia Presidencia de la República, cuyos funcionarios públicos son portadores de fe pública y, por lo tanto, dan fe de lo que afirman. Creo, en particular, que citar a las autoridades de la Presidencia de la República para que digan lo que ya expresaron oficialmente a través del expediente n.º 2008-2-1-0000299 es un contrasentido.

                En este acto le voy a hacer entrega de este expediente al señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Esto no hace más que ratificar la preocupación sobre el problema. Aquí lo que hay es una ratificación de lo que ya sabemos. Yo quiero escucharlos y que me expliquen la situación, porque la secretaría de presidencia lo que muestra con esto es que no hubo un contrato, según lo que ellos dicen, por lo menos registrado, y que no hubo remuneración, con lo cual están desmintiendo al periodista Vilar, que ha dicho lo contrario en repetidas oportunidades. Por lo tanto, con más razón pido la comparecencia, porque lo que se dice aquí ya se sabe públicamente. El señor Pablo Méndez es un periodista del portal montevideo.com.uy, que fue el que hizo el pedido de acceso a la información pública. Creo que también periodistas de El Observador y de Búsqueda lo hicieron, y les contestaron lo mismo. Pero esto ya lo sabíamos. Yo estoy solicitando que vengan a explicar, ¡a explicar! algo que es realmente vergonzoso, que es que no se sabe quién le pagó a este señor. Y este señor dice que le pagaron, con lo cual el problema es más grande. Entonces, que vengan y nos digan: ¿cómo llegó a hablar Vilar en la cadena? ¿Vino solo? ¿Cayó del aire? ¿No habló con la secretaría de presidencia? ¿No habló con la secretaría de comunicación? ¿Quién lo invitó? ¿Por qué dice que cobró honorarios? Las preguntas siguen en pie, todas y cada una de ellas. Y en este ámbito del Parlamento es imprescindible que se discutan estas cosas. La secretaría de presidencia tiene que hacerse cargo de que no es un tema menor. Es un tema importante que una persona que habló en nombre del Gobierno, haciendo un acto de trabajo profesional, diga que cobró, pero que la secretaría de presidencia lo niegue. Con más razón queremos que vengan a explicarnos cómo llega Vilar a la cadena. ¿Lo invitan de favor? ¿Le piden que lo haga de regalo? ¿Hay otra persona que pagó? ¿Se conoce? Secretaría de presidencia no lo sabe. Este hombre llega y habla a toda la ciudadanía en nombre del presidente de la república y la secretaría de presidencia lo único que nos dice es que no hay un contrato de trabajo. La verdad, esto es cada vez más grave; casi una tomadura de pelo, señor presidente.

Reitero el pedido de convocatoria.

SEÑOR BORDABERRY.- Ha sido una larga tradición de esta casa, por lo menos desde que estoy acá, que cuando se solicita la comparecencia de un jerarca se acceda a ese pedido. Ha sido lo natural. Sería un cambio de criterio importante que se negara la solicitud de comparecencia de jerarcas. Es más, en temas mucho más delicados, como cuando estuvo sesionando la comisión investigadora de Ancap, siempre tuvimos un criterio muy amplio en las citaciones. Recuerdo al senador Carámbula, a la senadora Tourné, al senador Otheguy –que era el presidente de esa comisión– con criterios muy amplios cuando se solicitaba la comparecencia de un jerarca; siempre se accedía a esos pedidos, y no concederlos ahora sería un cambio muy grande. Más allá de eso, pensamos que es suficiente razón que alguien solicite la comparecencia, sin entrar a analizar los motivos que la justifican, que son muy grandes, porque alguien le pagó al señor Vilar y ese alguien que le pagó se puso a disposición de la presidencia. Creo que nos haría bien saber quién fue el que le pagó. ¿Fue un amigo del presidente? ¿Un amigo de la Presidencia? ¿Otra oficina? ¿Una agencia de publicidad? ¿Quién fue? Vilar dice: «Yo cobré». Entonces, dejarlo en esa nebulosa cuando se quiere saber lo que pasó, creo que no es bueno, no es saludable; y sobre todo uno se pregunta por qué no quieren que se conozca quién fue. Es peor así. Sepámoslo, señor presidente, porque tarde o temprano se va a saber. Hagámoslo por los caminos normales de la apertura y la comparecencia. Me parece que el pedido del senador Mieres es más que pertinente.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: nosotros apoyamos el pedido de comparecencia formulado por el senador Mieres. Tuvimos comunicación, previa a esta reunión, con relación a esta intención y me pareció algo lógico porque es necesario saber quién le pagó al señor Vilar. El Poder Ejecutivo dice que no le pagó. Sigue estando la interrogante de quién le pagó al señor Vilar. ¿Por qué queremos saber? Por transparencia, para transparentar el tema. Creo que está dentro de la lógica y no debemos hacer de esto un problema político cuando no lo hay. Si vienen representantes de la presidencia y nos dicen que lo pagó tal organismo, no Presidencia, se terminó el tema. Pero lo que no puede pasar es que este asunto quede en una nebulosa. ¿Por qué? Por el bien de todos, por una cuestión de transparencia del Gobierno. Además, nosotros no podemos, señor presidente, quedar omisos frente a una afirmación tan tajante del periodista diciendo que él lo hizo porque le pagaron.

                Si presidencia hubiera dicho «Lo pagué yo», no estaríamos acá cuestionando la situación. Pero el tema es que presidencia sale a decir que no lo hizo.

                Entonces, ¿hay fondos que se están usando en la Administración que no se puede saber el destino que tienen? ¿Hay colaboradores en presidencia? ¿Hay gente que colabora con su dinero? Eso generaría una suspicacia que no es conveniente para nadie. Por tanto, me afilio a que terminemos este episodio con la comparecencia del señor secretario de presidencia para que nos aclare la situación. Seguramente sabe. Digo esto porque el secretario de presidencia, mediante expediente, dice que no lo pagó él. Pero seguramente sabe, si le pagaron, quién lo hizo. Que venga y nos lo diga. Reitero, no hagamos de esto un tema político porque no tiene sentido. Que venga, diga quién fue el que pagó y se terminó el asunto. Ahora bien, si no viene y se hace de esto un tema de secretismo, genera una suspicacia que no es conveniente para nadie y que, a su vez, ninguno quiere entrar. Vuelvo a decir: no queremos entrar. Pero si no ayudan a esclarecer esta situación, seguramente va a haber comentarios, y no todos ellos ajustados a la verdad. 

                También me afilio a la tesis del señor senador Mieres de que el secretario de presidencia concurra a la comisión media hora antes –o quince minutos– para aclararnos esta situación. De esa forma, podremos salir de este tema enojoso.

SEÑORA PAYSSÉ.- El asunto ya es un tema político porque cuando me enteré

–lo hablé con el señor presidente de la comisión–, el señor senador Mieres ya estaba haciendo la ronda de medios. Eso no tiene nada de malo; lo que digo es que de secretismo no tiene mucho. Y, además, de tema político ¡vaya si lo es! Es un tema político porque un senador de la república lo plantea al presidente de la comisión, como corresponde; a los medios también, y no me parece mal.

SEÑOR MIERES.- El tema político ya estaba. Creo que ustedes tienen que entenderlo. Está planteado desde hace semanas; la prensa está señalando que hay un problema porque nadie sabe quién le pagó a Vilar. Por tanto, lo que hago es, simplemente, hacerme eco ante una nueva situación que seguía ratificando Vilar, porque el sábado salió en un reportaje diciendo –por tercera o cuarta vez– que había cobrado. Entonces, al final, decidí hacerlo para sacarnos de arriba este tema y ponerle luz a una cosa que está oscura.

                Era eso lo que quería plantear.

SEÑORA PAYSSÉ.-  Yo iba a proseguir mi razonamiento en esa dirección, señor senador, así que agradezco a quienes colaboran con lo que voy a expresar.

                Lo que quería decir es que tan político es este tema que incluso numerosos actores políticos dieron opinión pública sobre el asunto. Es más, dieron consejos. Dijeron: si yo estuviera en el gobierno, no elegiría a tal sino a cual. O sea que el tema tiene connotaciones políticas desde antes. Era a lo que iba a referirme. Se adelantó el señor senador Mieres, pero no importa.

                 Lo otro que quería manifestar es que aquí se habló de secretismo, de transparencia, de suspicacias, y yo creo que justamente se trajo esa documentación con diligencia para dar respuestas, aunque pueden ser satisfactorias o no. Según entendí, en el planteo se quería consultar a la presidencia de la república si se había pagado, y a quién. Para mí, la respuesta era satisfactoria en primera instancia, pero parece que no lo fue. Se trata de una inquietud que se vehiculizó de la manera que muchas veces se hace en este ámbito, es decir, solicitando al organismo consultado una rápida respuesta. Si eso no alcanza y se habla de todas las cuestiones que ya esbocé –como suspicacia, etcétera– vamos a ver cómo proseguimos.

                Por esa razón, voy a solicitar un cuarto intermedio de diez minutos a los efectos de poder responder como bancada de Gobierno ante una nueva solicitud. Nosotros entendemos que la respuesta es satisfactoria, pero como ahora hay otra pregunta  y nos dicen que la respuesta no los satisfizo,  nos vemos obligados a razonar en términos de bancada.

                Mociono en ese sentido, a los efectos de poder tomar la decisión que creamos más conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Se va a votar.

(Se vota).

         9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Son las 14:56).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 15:01).

SEÑORA PAYSSÉ.- En función del planteo que realizó el señor senador Mieres luego de recibida la comunicación que oportunamente se le hizo alcanzar, y habida cuenta de que mostró su insatisfacción por la respuesta, nosotros vamos a votar afirmativamente la comparecencia del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, no de otra persona vinculada a Presidencia porque no corresponde, quien corresponde y puede venir acá es el doctor Scavarelli. Entonces, con una diligencia rápida estaremos coordinando que pueda concurrir a la comisión. Esta es la contestación que podemos dar, habida cuenta de que la respuesta por escrito que le hicimos llegar al senador Mieres en el día de hoy habla, justamente, de la intención de que la comunicación sea rápida y fluida.

                En este marco, nosotros vamos a votar la comparecencia del doctor Alberto Scavarelli.

SEÑOR CAMY.- Me sumo a lo expresado por los señores senadores Mieres, Bordaberry y Heber, previo al cuarto intermedio, en el sentido de que existen dudas en un tema que ha tomado estado público –por supuesto, también estado político– y que nos genera interrogantes. En lo personal, a mí me genera muchas más a partir del gesto formal del señor presidente, al entregar el expediente. No tomamos posición, aunque nos bastaba, por una de las explicaciones por medios de prensa, sino por la formalidad de un expediente. De todos modos, siguen pendientes las dudas acerca de si existió pago o no, y si existió, quién lo hizo. Si aun existiendo una confirmación de una versión de prensa de una de las partes que dice que recibió dinero, si así no lo hizo, a modo de qué funcionó como voz del Gobierno en la cadena. Es decir que nadie puede negar que existan dudas. Simplemente, quería señalar –ahora conozco la posición de la bancada de Gobierno, pero pedí la palabra antes de saber qué iban a hacer– que como norma de funcionamiento me parece imprescindible que cuando un senador con algo fundado expresa una solicitud de comparecencia, se tiene que proceder a cederla. Por lo menos, quería decir –ya lo dejo planteado a futuro– que cuando alguien pida una comparecencia que sea fundada siempre la voy a votar, porque entiendo que es elemental hacerlo por respeto a este cuerpo. Esto es lo que quería señalar, sumado a los argumentos que se han expresado. Me parece que corresponde siempre, cuando hay fundamento como en esta oportunidad, aprobar la solicitud que realice un senador o una senadora con respecto a una comparecencia pertinente para aclarar las dudas que se tienen.

SEÑOR MIERES.- Valoro y quiero subrayar la actitud positiva de la bancada de gobierno, pero al mismo tiempo tengo la obligación de insistir en el pedido de comparecencia de la secretaría de presidencia, porque ellos responden que no pagaron pero conocen todo el proceso que terminó con la presencia del señor Vilar. Además, debe haber grabado el mensaje en el ámbito de la presidencia, por lo que debe haber existido un intercambio con jerarcas de dicha secretaría. Supongo que esto se debe haber gestionado a través de la secretaría de Presidencia o por medio de algún otro ámbito, determinándose que Vilar fuera la persona que expusiera el mensaje del presidente. Entonces, si bien es bueno que comparezca Scavarelli porque nos va a permitir saber si ha habido algún contrato en otro ámbito del Estado, pero en el caso de que eso no haya sucedido, estaríamos nuevamente en cero. En realidad, necesitamos tener una respuesta de secretaría de Presidencia con respecto a cómo se tramitó esto, porque más allá de decir que no pagaron –lo que obviamente hay que dar por bueno–, tienen otra información que considero válida con relación a este episodio. Queremos saber si hubo un intercambio con Vilar, si lo invitaron, quién lo hizo, quién decidió que fuera él, por qué se tomó esa decisión y quién lo pago. Se nos dice que ellos no lo pagaron pero bien pueden saber quién lo hizo. Creo que Scavarelli puede decir si hay o no algún contrato registrado en el Estado, pero reitero que si no lo hay, estamos en cero. En cambio, tengo razones para pensar que secretaría de Presidencia debe saber mucho más sobre lo que pasó con Vilar y respecto a cómo se generó el vínculo con él.

                Por lo tanto, insisto en la convocatoria a la secretaría de Presidencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dado que mi pronta diligencia, que permitió entregar un expediente al señor senador Mieres, no fue de gran utilidad, propongo enviar una invitación a la secretaría de Presidencia  y que ellos dispongan quién la representará.

(Apoyados).

                –Nos pondremos a trabajar con la secretaria de la Comisión para intentar que esta comparecencia se haga lo más pronto posible.

                Debo decir que como presidente de la Comisión me preocupa el hecho de que tenemos muchos proyectos de ley en carpeta pero no logramos ser muy efectivos.

(Dialogados).

SEÑOR BORDABERRY.- El año pasado hicimos una experiencia que me parece fue buena. Decidimos crear subcomisiones, sin poder decisorio, para intentar consensuar con respecto a gran parte de los proyectos. En general, estamos de acuerdo en el 80 % de cada proyecto de ley, y quizás sería bueno repetir esa experiencia. En lo personal, me pongo a disposición para trabajar de esta forma y avanzar un poco más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que si ponemos manos a la obra, podremos hacer avances.

                Solicito a la secretaría que haga una puesta a punto de lo aprobado hasta el momento.

SEÑORA SECRETARIA.- El artículo 1 fue votado 9 en 9, siempre haciendo referencia a las modificaciones enviadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos del 19 de diciembre. El artículo 2 se votó con modificaciones. A continuación de «funciones» habría un punto. Eso se votó 8 en 9. El artículo 3 se votó por literales. Los literales J) y K) se aprobaron por 5 en 9, el literal L) se votó con modificaciones, en lugar de «dictar» quedó «elaborar», también se sacó «todos» antes de funcionarios públicos y en lugar de «con la aprobación de la Cámara de Senadores», se dispuso «aprobado por la Cámara de Senadores» y se votó 7 en 9. El literal M) se aprobó con modificaciones agregando la letra «o», por lo que dirá: «Delegar atribuciones en uno o más de sus miembros». Se votó 9 en 9. Y luego, a partir del artículo 4 que se desglosa, los demás quedaron sin considerar.

SEÑORA PAYSSÉ.- Me coincide lo que tengo en mis anotaciones con lo que acaba de decir la secretaria, pero voy a pedir la reconsideración del literal M).

                Si leen la versión taquigráfica de la sesión en la cual vinieron los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, podrán apreciar que en aquella oportunidad tuve discrepancias o dudas acerca de esta delegación de atribuciones y de qué quería decir cuando se las delegan. Si ustedes leen esa sesión podrán ver que en la página 12, la doctora Mota plantea lo siguiente: «Tomando en consideración la inquietud de la senadora podría ser que cuando dice “delegar atribuciones” dijera “delegar la ejecución de las decisiones del consejo directivo”». Esa es, en realidad, la preocupación que yo tenía, porque no es lo mismo delegar atribuciones que delegar en algunos integrantes la ejecución de las decisiones de todo el consejo directivo. Después de algunas otras cosas que señala la doctora Mota, termina diciendo: «En realidad no se están delegando facultades ni competencia, sino que se está delegando la ejecución de decisiones o del funcionamiento de determinadas cuestiones que está llevando adelante el consejo». O sea el que tiene atribuciones es el consejo directivo, no se delegan las mismas, sino la ejecución de las decisiones del consejo directivo.

Por lo tanto, voy a pedir la reconsideración del literal M) en el marco de que me parece que es lo que corresponde. A veces soy un poco insistente,  otras me allano a entender lo que otras personas argumentan, pero en este caso trabajé mucho en la creación de la ley que dio origen a la Institución Nacional de Derechos Humanos y estuvo muy claro que lo de las atribuciones era una competencia específica de todo el consejo directivo. Después podrán votar con las mayorías que la ley lo determina, pero por delegación no era la intención ni de la letra de la ley ni tampoco la intención posterior.

En consecuencia, voy a solicitar la reconsideración del literal M) para modificar su redacción, de manera que diga «Delegar la ejecución de las decisiones del consejo directivo» en lugar de «Delegar atribuciones».

SEÑOR PRESIDENTE.- Me parece que es acertado lo que plantea la señora senadora.

                Se va a votar la reconsideración del literal M).

(Se vota).

                –9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Léase el literal M) con la modificación propuesta.

(Se lee).

                «Artículo 3. Literal M) Delegar la ejecución de las decisiones del consejo directivo en uno o más de sus miembros o en uno o más de sus funcionarios, por resolución fundada adoptada con el voto conforme de cuatro de sus integrantes, con excepción de lo dispuesto en los artículos 4º y 35, literales G) a L) de la presente ley».     –En consideración la propuesta de la senadora Payssé.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ALCORTA.- Como está redactado se van a condicionar todas las resoluciones a que sea con el voto conforme de cuatro de sus integrantes.

SEÑORA PAYSSÉ.- El verbo es delegar; es la delegación y no la ejecución. Es la delegación en uno o en varios, pero a nuestro juicio la delegación debe ser de esa forma.        

SEÑOR PRESIDENTE.-  Continuamos con este proyecto de ley.

El artículo 4 está desglosado y consulto a los señores senadores si lo mantenemos así, ya que es más complejo.

(Apoyados).

Léase el artículo 5.

(Se lee).

                «Artículo 5.-  Sustitúyese el artículo 50 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, por el siguiente:

"Artículo 50 - (Situación posterior al cese).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política ni ser candidatos a cargos públicos electivos. La inhibición incluye el asesoramiento a denunciantes u organismos públicos denunciados, en gestiones ante la INDDHH. lnterprétase que sus cargos deben ser considerados cargos políticos o de particular confianza"».

–En consideración.

SEÑOR BORDABERRY.- Lo que me llama la atención es el «Interprétase», porque para interpretar, según dice la doctrina, tiene que haber una duda razonable entre dos posiciones, y el valor de hacerlo es que tiene efecto retroactivo. Al interpretarse se retrotrae a la fecha de la norma y, en realidad, parecería ser que el «Interprétase» no está interpretando nada y da la impresión de que se quisiera beneficiar a alguien con efecto retroactivo. Creo que aquí debería decir «Establécese a partir de este momento» o «a partir de aquí en adelante», si se quiere cambiar. De lo contrario, sería inconstitucional porque, en realidad, se estaría interpretando algo sobre lo que no hay duda.

Creo que debería decir, repito, «Establécese» y eso, obviamente, va a hacer que rija desde el momento en que se apruebe la ley y no para lo que estuvo vigente sin ningún problema.

SEÑORA PAYSSÉ.- Ahí había una sana duda o necesidad de ir un poco más a lo que está planteando el señor senador Bordaberry, pero también creo que juegan dos cosas.

 Tenemos un informe de Estudios Legislativos que habla de que la inconstitucionalidad, eventualmente, estaría dada, pero quiero agregar que aquí habría que separar, primero, la posibilidad de que la reserva, como bien existe hoy, sea para jueces y fiscales –como se está solicitando ahora–, o si realmente vamos a ir a la posibilidad de la reserva o no del cargo, que me parece que son dos cosas distintas.

                Con respecto a eso creo que podría generar alguna duda, tal vez de inconstitucionalidad –pero duda al fin–, el hecho de la restricción o la especificidad de que sea para algunas profesiones y no para otras. ¿Por qué se les puede reservar los cargos a unos y a otros no?

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese es el artículo anterior.

SEÑORA PAYSSÉ.- Perdón por la confusión de los números, pero la verdad es que seguir un comparativo de tres columnas me resulta algo complicado.

                Entonces, creo que acá, haciéndome eco de lo que ha dicho el señor senador Bordaberry, es cierto que el verbo que pongamos ahí puede modificar el criterio de lo que estamos diciendo y que deberíamos prestar atención a eso. Y con respecto al texto –que, reitero, es el artículo 5 –, que comienza diciendo «Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos», había una observación que me dejó totalmente preocupada, porque el texto original de la ley –que la estamos aplicando desde ahora– también habla de tres años. La observación que hace Estudios Legislativos es sobre los tres años de la reserva y no sobre lo otro, es decir, a quién o a quiénes se los podríamos estar reservando que, en este caso, sería a los integrantes.

                Entonces, como este artículo también está vinculado con otro, quiero hacer una solicitud a la comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permite, señora senadora, quiero recordar que esa fue la discusión que se generó la semana pasada.

                Tenemos el informe a que hacía alusión la señora senadora Payssé. Ahora bien, en cuanto a la constitucionalidad de las inhabilitaciones especiales, la secretaría consultó el caso de Max Sapolinsky contra Poder Legislativo y otros. Allí la Suprema Corte de Justicia declaró que la norma era constitucional. Como recordarán los señores senadores, esto lo habíamos conversado.

                Por lo tanto, me parece que está bien que mantengamos la inhabilitación especial –si a los señores senadores les parece correcto–, y en ese sentido no seguiríamos el informe jurídico de los servicios del Poder Legislativo.

                Entiendo que la cuestión sería ir al «interprétese» y a los cargos considerados políticos o de particular confianza.

Creo que este tema lo debemos definir con consenso político porque el cuarto párrafo del artículo 60, establece: «No están comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios de carácter político o de particular confianza, estatuidos, con esa calidad, por ley aprobada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los que serán designados y podrán ser destituidos por el órgano administrativo correspondiente».

Si adoptamos el camino de calificarlos como cargos políticos y de particular confianza debería existir el consenso de todo el sistema político, en tanto se necesita una mayoría calificada.

Además, le asiste razón al señor Bordaberry lo relativo al «interprétese». Acá debería decirse «establécese» que estos cargos son políticos y de particular confianza.

Abro entonces la discusión con esta temática. Creo que con la primera parte estaríamos de acuerdo. Tenemos que ver la última parte.

SEÑORA PAYSSÉ.- La Ley n.º 18446, de creación de la institución, que estamos modificando, establece las mayorías e, incluso, un sistema de designación en etapas. Habría que ver si esas votaciones, que oportunamente realizamos, cumplen ahora con este planteo, a los efectos de no generar una incompatibilidad de los procedimientos ya realizados, o de los procedimientos de una primera instancia y una segunda instancia que tenemos acá para la designación.

                El caso del primer consejo directivo fue en una segunda instancia por mayoría absoluta en la Asamblea General. En el caso de esta segunda constitución, lo hicimos en la primera instancia, lo cual llevó a que la votación fuera de mayoría calificada.

                Quisiera analizar eso junto con el planteo que ahora se realiza con relación al artículo 60 para no tener contradicciones o dificultades, incluso por lo ya actuado. De todas maneras, parto de la base de que ahora se modifica.

SEÑOR BORDABERRY.- Quiero dar respuesta al señor presidente y decir que estoy dispuesto a votar.

                Creo que además de «establécese» habría que poner, en lugar de «deben ser considerados», «son considerados».

                También quisiera hacer otra consulta. La última oración del artículo 50, que establece que no pueden ser asesores, ¿también se incluye? ¿No se saca?

SEÑOR PRESIDENTE.- No, señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Sigue; o sea que sí lo incluiremos. Lo planteo porque tampoco pueden ser asesores de personas que hubieran estado involucradas en denuncias ante la institución como denunciantes o denunciados. Eso, ¿lo mantenemos?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Me parece lógico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que la consideración de estos cargos políticos o de particular confianza –los señores senadores me pueden corregir– está relacionada con el tema de la reserva del cargo, porque existe legislación en nuestro ordenamiento jurídico que establece la posibilidad de la reserva del cargo para los cargos políticos o de particular confianza. Entiendo que esto debemos relacionarlo con el artículo 4, que refiere a la reserva del cargo; y tratando de interpretar la propuesta, me parece que iría por ahí.

                Propongo votar la primera parte del artículo 50 y desglosar la parte que refiere a declarar estos cargos políticos o de particular confianza.

                Léase el artículo  5.

(Se lee).

                « Artículo 5 - Sustitúyese el artículo 50 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, por el siguiente: "Artículo 50 - (Situación posterior al cese).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política ni ser candidatos a cargos públicos electivos. La inhibición incluye el asesoramiento a denunciantes u organismos públicos denunciados en gestiones ante la INDDHH».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar lo leído, desglosándose lo que resta del párrafo.

(Se vota).

                –9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Por qué no cambiamos «situación» por «inhibición» que es un mensaje claro en el título de artículo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Correcto.

                Léase el artículo 6.

(Se lee).

                «Artículo 6 – Sustitúyese el artículo 67 de la Ley Nº 18.446 de 24 de diciembre de 2008 por el siguiente: "Artículo 67 - El Consejo Directivo de la INDHH designará dos de los miembros titulares excluido el Presidente, quienes, alternadamente, en régimen de turnos mensuales y de acuerdo con lo que determine el Reglamento de la INDDHH, tendrán a su cargo la dirección y supervisión de la recepción y la instrucción de las denuncias por parte de los equipos técnicos, conforme con el procedimiento dispuesto por la ley.

Sin perjuicio del régimen de turnos que se establece, los Miembros del Consejo Directivo de la INDDHH que tendrán a su cargo la dirección y la supervisión de la recepción y la instrucción de las denuncias por parte de los equipos técnicos, actuarán en forma coordinada o conjunta cuando las circunstancias lo requieran o lo establezca expresamente el Reglamento.

Cuando, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, se deban recomendar medidas provisionales de carácter urgente o comparecer ante el Poder Judicial para solicitar medidas cautelares, deducir recursos de amparo o de hábeas corpus, y no fuere posible tomar resolución en sesión del Consejo Directivo de la INDDHH, cualquier miembro del mismo que haya participado en la recepción o instrucción de la denuncia estará facultado para resolver y actuar en nombre de la INDDHH.

Cuando proceda de acuerdo con el inciso precedente, el miembro del Consejo Directivo de la INDDHH dará noticia inmediata al Presidente de la INDDHH».

–En consideración.

SEÑOR BORDABERRY.- No sé si no debería establecerse que se dé noticia al presidente  y a todo el consejo de la INDDHH, porque allí se habla de cuando uno de los miembros del consejo por razones de urgencia recomienda medidas provisionales y  concurre al Poder Judicial, etcétera; es decir que pueda hacerlo por sí porque no es posible tomar resolución en sesión del consejo directivo. Pero después dice que después de hacer esto tiene que informar al presidente. Creo que tendría que informar a todo el consejo –son cinco– y no solamente al presidente; eso va de suyo.

                Por otro lado, ¿qué efecto tiene esa comunicación? ¿Qué pasa si el consejo se reúne y dice. «No estoy de acuerdo?». ¿A qué efectos hay que comunicar al consejo? Debería ser para que ratifique lo actuado por ese miembro, como es en los directorios de los entes públicos. El presidente puede tomar la decisión pero después tiene que ratificarlo el directorio. Esto es más: es un seguro para el propio miembro que actuó. Creo que debería ir por ese lado.

SEÑORA PAYSSÉ.-   No tengo inconveniente en mejorar el texto original, pero la ley que estamos intentando modificar, planteaba el mismo texto en cuanto a la comunicación. Es el mismo texto y por lo menos no ha surgido de la comparecencia de este consejo ni de los informes anuales que el consejo anterior hizo llegar al Parlamento, alguna dificultad en esa dirección.

                Por lo tanto, si luego de unos cuantos años alguien entiende que hay que modificar esta última parte, analicémosla, pero de la comparecencia y de los informes anuales que oportunamente recibimos, no deduzco que haya algún impedimento que haga pensar en que esto debe tener otro mecanismo. Siento que, como está la ley, lo que se está modificando es muy poco y es lo que nos hace aprobar esa modificación que está en negrita, en la columna del medio del repartido.

                En conclusión, soy partidaria de votar el artículo tal cual fue leído.

SEÑOR PRESIDENTE.- Propongo que se vote el artículo 6.º tal cual fue leído.

                Entiendo las inquietudes, pero creo que el presidente de un organismo es el que representa a todo el colectivo. En principio, las situaciones que plantea el artículo 6.º son de emergencia, por lo que considero oportuno que uno de los directivos tome la iniciativa y se lo comunique al presidente. Y lo que hace el artículo que estamos analizando es mejorar la redacción original.

                Es así que, en principio, propongo continuar con la propuesta de la señora senadora Payssé y votar el artículo 6.º tal cual fue leído.

                Por otra parte, le agregaríamos al artículo 67 el nomen iuris «Funcionamiento especial del consejo directivo de la INDDHH en recepción e instrucción de denuncias».

SEÑOR BORDABERRY.- En primer lugar, coincido con que todos los artículos son perfectibles. Creo que notificar al presidente de la institución y no a todo el consejo es un capitis deminutio del consejo que no parece sensato.

                En segundo término, ¿a qué efectos se notifica al presidente de la institución? Si se le notifica, ¿qué valor tiene? ¿Cualquier miembro puede empezar a actuar porque entiende que es una urgencia? Pero, ¿qué pasa si cinco miembros actúan diciendo que hay una urgencia, pero de repente el consejo no está de acuerdo?

                Parece que el texto puede ser ajustado y aunque parezca que no, siempre se puede mejorar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –5 en 8. Afirmativa.

                Léase el artículo 7.º.

(Se lee).

                –«Sustitúyase el artículo 72 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, por el siguiente:

                “Artículo 72 (Obligación de colaborar con la INDDHH) – Todos los funcionarios y dependientes de los organismos y entidades objeto de la competencia de la INDDHH, tienen la obligación de colaborar con esta.

                A los efectos previstos en el inciso anterior, todos los organismos e instituciones públicas harán conocer entre sus funcionarios la presente obligación y harán efectiva la responsabilidad disciplinaria para el caso de incumplimiento. Asimismo, deberá comunicarse idéntica obligación a las empresas de servicios públicos tercerizados o concesionarios en el acto mismo del contrato a celebrarse, debiendo constar a texto expreso en los documentos que se suscriban.

                Los organismos públicos, así como las entidades paraestatales, sociedades de economía mixta, personas públicas no estatales y entidades privadas que presten servicios públicos o sociales, no podrán invocar razones de secreto, reserva o confidencialidad, siempre que la INDDHH solicite información referente a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”».

                En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –7 en 8. Afirmativa.

                Léase el artículo 8.º.

(Se lee).

                «Artículo 8 - Sustitúyese el artículo 81 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, por el siguiente:

"Artículo 81 - El Consejo Directivo de la INDDHH dispondrá de la facultad de solicitar en comisión hasta diez funcionarios públicos de cualquier dependencia o Poder del Estado, todo de acuerdo con lo que establece el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, y normas modificativas, no rigiendo en su caso las excepciones establecidas por leyes especiales"».

En consideración.

SEÑOR BORDABERRY.- Le estamos dando al consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos una potestad que no tiene la mayoría de los organismos en el Estado. Como sabrán, ha venido una cantidad de leyes de rendiciones de cuentas que han dicho que determinados organismos quedan exentos de la obligación de otorgar el pase en comisión. Simplemente lo quiero avisar.

                Esa última parte que dice: «no rigiendo en su caso las excepciones establecidas por leyes especiales» significa que, en realidad, la institución podrá pedir cualquier funcionario a cualquiera, salvo que en la próxima rendición de cuentas venga nuevamente otra norma que pida que eso no aplique y volveremos a trabajar de esa forma. Creo que los que se pueden negar no son muchos y están establecidos a texto expreso, pero advierto que si trabajara en la Institución Nacional de Derechos Humanos lo pediría, al igual que si lo hiciera en Ancap o como legislador. Ustedes saben que hay algunos organismos que pueden negarse al pase en comisión que pide un legislador.

                En este caso, me parece que lo que va a suceder es que una vez advertidos esos organismos van a empezar a promover normas en la rendición de cuentas para que esto no los alcance. No parece sensato.

                Es solo un aporte y aclaro que no tengo problemas en votar, pero advierto de esta situación.

SEÑOR CAMY.- En línea con lo que plantea el señor senador Bordaberry, quiero consultar por qué razón se establece que en el caso de este proyecto de ley no rijan «las excepciones establecidas por leyes especiales». Seguramente debe haber alguna razón por la cual se entendió que para la creación de esta Institución Nacional de Derechos Humanos se plantee tal enunciado.

                ¿Se conoce el motivo o la razón por la cual esto se incorporó al texto?

                Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Me sumo a la interrogante planteada por el senador Camy.

                Tratando de hacer memoria –tal vez nos pueda ayudar la senadora Payssé que estuvo en la redacción del proyecto de la creación de la institución–, recuerdo que cuando comenzó la institución entendimos que era necesario dotarla de funcionarios. Incluso, la primera parte del artículo vigente habla de un concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos especializados y de la potestad de llevarse hasta diez funcionarios públicos en comisión. En aquel entonces no había nada de estructura, pero ahora sí la hay. Seguramente, en las instancias de rendición de cuentas cuando votamos el presupuesto de la Comisión Administrativa donde venía el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos se fueron  fidelizando esos funcionarios a la institución en función del presupuesto de la Comisión Administrativa. En realidad, no sé si se presupuestaron, porque había gente dentro que fue concursando por oposición y méritos en toda la administración para cubrir hasta veinte cargos administrativos y hasta tres cargos técnicos. Es una lástima que no tengamos a representantes de la institución para poder resolverlo.

                Diez funcionarios en comisión es el doble de lo que tenemos cada uno de nosotros y es más de lo que tiene un ministro de Estado que, aparte de los asesores que se votaron en el presupuesto –que son los contratados, a los que no nos vamos a referir–puede tener hasta cinco funcionarios para cumplir su función.

                Ya pasaron tres años y hemos elegido las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pregunto, entonces, ¿es necesario tener diez funcionarios en comisión? Realmente, me parece un exceso. Al principio, me pareció correcto porque ayudábamos a que trajeran funcionarios y se evaluara para comenzar la actividad de la institución. La institución comenzó su actividad, se le dio presupuesto y está funcionando en una casa, que mucho costó obtenerla. Entonces, ¿es necesario tener diez funcionarios, el doble de lo que tiene un legislador o un ministro? Si la medida es hasta cinco, tratemos de acotarla, ¿pero diez funcionarios no es mucho? Por ejemplo, la educación se niega rotundamente a dar más de un pase en comisión por legislador, el BPS también. ¿En este caso se va a aplicar el mismo criterio?

Dejo planteadas esas interrogantes, porque una cosa es lo que establece la ley y otra lo que se viene dando en la práctica, porque a pesar de que la ley ampara a los legisladores para poder pedir a cualquier funcionario en comisión, enseñanza se niega a dar más de uno. ¿Esta es una medida especial para la institución? ¿Es una facilidad que no tienen los legisladores ni los ministros y se la otorgamos a la institución? ¿Hay una razón de necesidad que justifique los diez funcionarios? Hace años que estamos acá y cada uno de nosotros se ha arreglado con cinco funcionarios. En casos de necesitar determinada especialización, la tenemos que conseguir como un favor. Pues bien, no es nuestro caso el que está planteado sino el de la institución.

SEÑORA PAYSSÉ.- Quiero recordar que el artículo 81 del original que se transcribe está en el Capítulo VIII, «Disposiciones transitorias», especialmente, de la ley de creación de la institución. Por eso este artículo que era una disposición transitoria y especial, ahora se quiere transformar en una disposición permanente. Nosotros vamos a ver en el Capítulo VIII, desde el artículo 78 en adelante, que hay una cantidad de disposiciones transitorias y especiales. En este caso, dice «dentro de los treinta días corridos desde la primera elección del consejo directivo». Primero estamos adecuándolo o transformándolo en una norma permanente. Nosotros habíamos acordado –y nadie planteó objeciones– el segundo párrafo del artículo original que está en la página 15 del comparativo que dice «Sin perjuicio y además, el Consejo Directivo de la INDDHH dispondrá de la facultad de solicitar en comisión hasta diez funcionarios públicos de cualquier dependencia o Poder del Estado, todo de acuerdo…» y mencionaba varios artículos, exceptuando todas estas normas. Seguramente después hubo otras normas o la referencia a las anteriores vinculadas a los pases en comisión, que de alguna manera blinda esa posibilidad de conceder los diez pases en comisión. Pienso que están bien y que son necesarios. El señor senador Heber decía que los legisladores tenemos cinco a nivel de atención individualizada, como Parlamento, como institución, cada uno de los integrantes tiene derecho a tener cinco pases en comisión, un número muchísimo mayor que el que le estamos permitiendo a una institución que tiene un consejo directivo de cinco miembros, al que además le agregamos otras responsabilidades cuando votamos algunas leyes. Creo que plantear esta excepción vinculada no solo a las leyes que se mencionan en el artículo original sino a las que puedan surgir de leyes especiales, blinda la posibilidad de que esos diez pases en comisión –cuya solicitud consideramos pertinente– no tengan dificultades porque la norma ya queda instalada de esa forma.

SEÑOR MIERES.- Comparto la argumentación de la señora senadora Payssé y también la preocupación del señor senador Camy en el sentido de que no rijan las excepciones establecidas por leyes especiales. Pienso que los límites para la selección de los funcionarios en comisión tendrían que mantenerse vigentes y con los mismos recaudos que para cualquier otro caso.

 Por lo tanto, pido el desglose de la última frase que dice: «no rigiendo en su caso las excepciones establecidas por leyes especiales». Si están de acuerdo la eliminaríamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a votar la primera parte y desglosamos la última.

SEÑOR BORDABERRY.-  Entonces, votaríamos el artículo hasta donde dice «normas modificativas».

SEÑOR PRESIDENTE.- Es correcto.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8.

(Se vota).

                –9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                 Léase el artículo 9.

(Se lee).

–«Artículo 9.- Incorpórase el siguiente artículo a la Ley N.º 18.446, Pergamino horizontal: 2de 24 de diciembre de 2008:  “Artículo 84.- Créase un cargo de particular confianza de Relator Especial de los Servicios de Comunicación Audiovisual, previsto por el literal A) del artículo 86 de la Ley N.º 19.307, de 29 Pergamino horizontal: 2diciembre de 2014”».

SEÑORA PAYSSÉ.- Creo que este cargo se necesita porque así lo determinó la ley, pero el tema es que no se puede crear cargos por cualquier ley, sino por una especial y particular a esos efectos. Entonces, creo que debemos esperar que la Comisión de Presupuesto considere el presupuesto de la Comisión Administrativa, que es donde se puede dar la creación de estos cargos, y no generar esta circunstancia equivocada –a nuestro juicio–  de ubicación en una ley que no corresponde.

SEÑOR HEBER.- Totalmente de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –0 en 9. Negativa.

                De este proyecto de ley quedan pendientes los artículos desglosados.

Por otra parte, solicito a los señores senadores que para la próxima sesión analicen si existe la posibilidad de reservar cargos del Poder Judicial y de la fiscalía. A su vez, debemos calificar estos cargos como políticos o de particular confianza y considerar los artículos desglosados.

SEÑOR BORDABERRY.- Quiero señalar que estoy dispuesto a considerar el tema de la reserva, porque me parece que es inconstitucional. Así que con gusto lo trataremos y daré mis argumentos.

SEÑORA PAYSSÉ.- Les recuerdo que el martes que viene es el feriado del 1.º de mayo y la comisión tiene una cantidad de proyectos pendientes que se podrían tratar recién para el 8 de mayo. Por tanto, me pregunto si es posible realizar alguna reunión especial, porque me parece que es mucho que esta comisión no sesione por quince días.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se harán las consultas a través de la Secretaría para fijar una fecha.

SEÑOR BORDABERRY.-  Antes de finalizar, quiero recordar que los senadores Heber y Camy insistieron en reiteradas ocasiones para que se trate el proyecto de ley sobre registro de abusadores. En la prensa de hoy salió una crítica a todo el sistema político por este tema y quiero dejar constancia que en mi caso quiero tratarlo y no estoy omiso. En ese sentido, hago mía la solicitud Pergamino horizontal: 2de la bancada del Partido Nacional. Reitero que estamos siendo omisos y en cualquier momento va a haber otro drama por no contar con ese registro. Entonces, quiero dejar claro que la omisión no es mía, sino de quienes no están de acuerdo en ponerlo en el orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Creo que no estamos siendo omisos. Realmente, cuando se trate el proyecto de ley, quiero proponer modificaciones.

                Ya existen dos registros: el de antecedentes judiciales, en el ámbito de Policía Científica, y el del ITF, en el Poder Judicial. El año pasado, cuando votamos la ley integral de violencia de género, propusimos inhabilitaciones especiales para personas que tengan estos antecedentes, tanto en el ámbito educativo como en el de la salud, de la niñez y la adolescencia.

                Estoy dispuesto a discutir el proyecto, pero quiero algo que sea de utilidad. Creo que el solo hecho de estar en un registro no va a prevenir, por lo que no demos mensajes equivocados. 

                Si el señor senador quiere dejar una constancia, yo quiero dejar esta también.

                En definitiva, estamos dispuestos a votar este proyecto de ley que estamos terminando, el de pedido de informes y, en  tercer lugar, el de homicidios, que había sido tratado en la Torre Ejecutiva. Esa es nuestra agenda de trabajo y me gustaría que colaboraran conmigo, que soy nuevo en este ámbito, para armarla de común acuerdo.

                En lo personal, no me gusta que me digan que estamos omisos.

SEÑOR HEBER.- Vamos a tratar de poner las cosas en su lugar. En diciembre pasado, con la votación unánime de la comisión, se había puesto como segundo punto del orden del día –porque estábamos considerando el estatuto de funcionarios no fiscales de la Fiscalía General, que nos llevó una eternidad, pero era necesario analizar– el registro nacional de violadores y abusadores de menores. Después vinieron las urgencias de siempre.

                En marzo, antes de que el señor Carrera asumiera la Presidencia, quedó como primer punto del orden del día. Yo entendí –y entiendo– algunas urgencias como estas tres prioridades que hemos mencionado: el proyecto sobre el Instituto de Derechos Humanos,  el de homicidios –que salió de la Torre Ejecutiva– y el de pedidos de informes, pero aspiraría a que inmediatamente después retomáramos el compromiso de la comisión, que la presidenta anterior había puesto en primer lugar del orden del día. Entiendo que cambió la Presidencia, pero no los compromisos. No estoy haciendo ningún tipo de reclamo al presidente, pero habíamos quedado en eso en forma unánime. Recuerdo que la senadora Payssé me dijo expresamente que lo ponían como primer punto del orden del día, y así consta en la versión taquigráfica. Presidía la senadora Moreira, pero en ese momento no estaba; yo pedí que se votara y se aprobó que se incluyera en el orden del día, después del proyecto sobre los funcionarios de la fiscalía. Entonces, más allá de que inmediatamente después de terminados estos tres compromisos hagamos un acuerdo general con el presidente sobre cuáles son los proyectos que vamos a priorizar en el año, debo decir que este ya estaba priorizado, ya había un compromiso del Frente Amplio de tratarlo.

                Por lo tanto, quiero dejar constancia de que estoy bien tranquilo de que en esta comisión el Frente Amplio siempre se ha cumplido con la palabra, y la palabra está empeñada. Es decir, no desconfío de que el tema del registro sea tratado inmediatamente después del proyecto de ley de homicidio que, si se vota en contra, podrán plantearse las constancias que se quieran. Ese es otro tema. No hubo compromiso para que sea votado favorablemente, sí de tratarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- No se trata de que lo vayamos a votar en contra, lo que estamos diciendo es que queremos que sea una norma que sea de utilidad y Pergamino horizontal: 2aporte a la prevención.

SEÑOR MIERES.- Creo que se viene trabajando con orden y con método. Acá acordamos tres proyectos de ley en el orden en que se están evacuando: el de contrato de seguros, el del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el de pedido de informes

–que por lo simple, esperamos que sea rápido–, luego, el de homicidio. Y todavía nos falta un paso más: darle orden a nuestras prioridades. Cada bancada presentó una lista. De repente, en la próxima sesión habría que tratar de dar un orden, y ahí adelanto que nuestra opinión es la de tratar el proyecto de ley sobre registro que parece que es una cuestión que fue planteada con carácter urgente, a fines del año pasado, y que es importante retomar.

SEÑORA PAYSSÉ.- Siguiendo el desarrollo que se está haciendo, quisiera agregar que la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión acaba de votar y será informado –a pedido del presidente, señor senador Coutinho, que no estará presente la primera semana– el proyecto de ley de voluntariado social. Allí también hay un artículo similar o espejo al de violencia de género que aplica las mismas inhibiciones que a los trabajadores para ejercer trato directo, en el caso de tener antecedentes, para los voluntarios. El texto es el mismo, solo que en vez de ser destinatarios de la inhibición o la incompatibilidad los trabajadores, tiene a los voluntarios. Eso obliga a tener una «registración» , y aunque tengo claro que la palabra no es correcta, lo digo así para que todos tengamos claro que si votamos esos artículos con la convicción con que lo haremos, es porque necesitamos que para que se pueda cumplir debe haber una base de datos que sea pasible de ser consultada. También hay que ver quién es el que consulta. Entonces, no es tan sencillo; no se trata de hacer un registro y ya está. Por eso me parece bueno poder tratar el tema de cómo llevamos a la práctica la aplicación de esos dos artículos –uno ya es ley– y, en función de eso, vamos a tratar una circunstancia. Hay un proyecto específico y habrá otras ideas. El señor senador Carrera ya dijo que tiene aportes para hacer pero, además, nos indicó que ya existen registros en otros dos ámbitos que no voy a volver a mencionar. En función de eso, la voluntad es tratarlo y no votar el artículo tal cual vino; en general, en la comisión les hacemos modificaciones a todos los proyectos de ley, creo que con el espíritu de mejorarlos, y por eso hicimos un planteo en su oportunidad.

                El Frente Amplio ya planteó que entre sus prioridades iban a estar los proyectos de ley que venían con media sanción de la Cámara de Diputados y los que tenían iniciativa del Poder Ejecutivo. Por esta razón, incluimos en el orden del día el proyecto de ley que había quedado pendiente en la Torre Ejecutiva en la secuencia en que estuvieron llegando y, también, por un acuerdo con la Torre Ejecutiva, se hizo un trabajo muy fuerte con el CPP. Entonces, por ahí, se está allanando el trabajo. Recordemos que ahora votamos la comparecencia de un representante de presidencia a la comisión, por el tema que había mencionado al principio de la sesión, el señor senador Mieres.

SEÑOR CAMY.- A efectos de que quede claro quiero dar fe de lo señalado por el señor senador Heber, en el sentido de que en el mes de diciembre existió un compromiso por el cual se situó ese proyecto de ley del señor senador Lacalle Pou como segundo punto del orden del día. Así, pues, queremos dejar constancia en la versión taquigráfica de nuestro particular interés en el tratamiento del mismo.

                Por otra parte, entiendo y me sumo a la definición de omisión a la que aludió el señor senador Bordaberry en el sentido de no tratar el proyecto de ley y, en lo personal, me reafirma la necesidad y la importancia de considerarlo máxime cuando, viniendo del presidente de la comisión, el señor senador Carrera –del que reconozco seriedad en el tratamiento de los temas legislativos–, existen propuestas de cambio. ¡Bienvenido! Ahora bien, me parece que en lo que estamos omisos es en no priorizarlo en el marco de las carpetas que tenemos. Aclaro que nadie está diciendo que no trabajemos, pues es una de las comisiones que más lo hace  –basta ver los registros de la actividad parlamentaria–, pero  nos vamos volviendo de alguna manera omisos cuando acumulamos carpetas y no les damos el debido tratamiento.

                En ese sentido, no quiero pasar por alto la propuesta realizada por el señor senador Bordaberry de tratar algunos temas a nivel de subcomisiones. Sé que nos carga –yo participé de la Subcomisión de Seguros, que insumió siete jornadas arduas y fueron casi 1500 fojas las que recolectamos de la gente que fue a asesorarnos–, pero no hay otra forma. Yo estuve mirando las carpetas y más allá de las prioridades que se han establecido, son todos temas importantes.

                Quizá deberíamos organizarnos. Digo esto porque, en el día de hoy presenté un proyecto de ley relativo al Instituto Nacional de Colonización, que contiene un solo artículo y es muy menor –por lo que no puede ser prioridad– que, quizá, podría mecharse entre otras iniciativas rápidamente y no quedamos como omisos durante dos años sin tratarlo. Asimismo, creo que habría que hacer una especie de subcomisiones temáticas; esto es, agrupar todo lo que sea reforma del Código Penal con lo que es seguridad, etcétera, de manera de ir avanzando.

                Me parece que más allá de que la agenda esté completa, deberíamos procurar ese sistema de trabajo porque, de lo contrario, quedaremos omisos y nadie quiere eso.

SEÑOR HEBER.- Perdonen la insistencia pero solamente quiero dejar una constancia.

                Agradezco al señor senador Bordaberry la oportunidad de tratar este tema sobre los proyectos de ley en los que tenemos prioridad.

                Es verdad que el Frente Amplio, a principios de esta legislatura, planteó que tenía como prioridad aquellos proyectos de ley que tienen media sanción de la Cámara de Representantes y los del Poder Ejecutivo. ¡Claro, los que tienen media sanción de la Cámara de Representantes ya cuentan con la aprobación del Frente Amplio porque, si no, no llegaban a este ámbito! Esas mismas palabras las dije yo. Además, expresé que deberíamos mechar, no para comprometer el apoyo, el tratamiento de algunas iniciativas sobre las que la oposición viene insistiendo en ser votadas.

                Recuerdo –porque la tengo guardada– que la citación del 12 de diciembre fue a las fiscalías y, por acuerdo de todos nosotros, al Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores. Yo guardo esta citación porque es un fiel reflejo de lo acordado. Que podamos acordar otras cosas, sí; pero, para hacerlo, primero tenemos que cumplir lo ya acordado.

                Después estaba el pedido de informes, tenencia compartida, matrimonio civil y convenciones matrimoniales. Ahora bien, con mi acuerdo se accedió a que el tema del pedido de informes pasara por arriba de este compromiso.

A mi juicio, habría que establecer un orden de prioridades en donde, naturalmente, hubiera dos iniciativas del Poder Ejecutivo o de la Cámara de Representantes, que reflejaran la opinión de la mayoría de la comisión y alguna de la oposición que, aunque no salga, sea tratada. Si no se está de acuerdo con ellas se las votará en contra o, de lo contrario, se transformarán en ley, de modo de compaginar. Yo alcancé un listado por escrito con las prioridades. Hay nuevas iniciativas que están ingresando, y me gustaría que después pudiéramos tener algo medio depurado para que, en algún momento de la semana que viene, opinar. La idea es darnos diez minutos para ver cuáles son las prioridades que podemos mechar, e incluso en ese momento podríamos formar las subcomisiones que plantea el senador Camy. Acumulamos el interés, lo llevamos a una subcomisión y ahí empezaríamos su tratamiento. Así traemos los asuntos más digeridos a la comisión para que sean votados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Después de escucharlos a todos con mucha atención les quiero avisar que a este presidente, que asumió la comisión este año, nadie le comunicó acerca de los acuerdos anteriores, los del año pasado, así que han quedado omisos en ese sentido. Lo que considero es que hicimos un acuerdo y la semana que viene, si podemos, nos reuniremos para seguir avanzando.

                Se levanta la sesión.

(Son las 16:11).

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.