COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 12 de abril de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:11).

                –Hace un par de sesiones la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social recibió una solicitud de audiencia de los trabajadores electricistas de la empresa Saceem. Hoy damos la bienvenida a los señores Peñalva, Vera, Rivero y Montero.

SEÑOR MONTERO.- Los cuatro trabajadores aquí presentes representamos a 16 compañeros que realizamos tareas a nivel eléctrico en la Planta de Ciclo Combinado Colonia Wilson perteneciente al ente estatal UTE ubicada en el departamento de San José.

                La mayoría ingresamos en setiembre de 2014 a la empresa Medaltir que se asoció –asunto que desconocemos– con la empresa CEYM de Ecuador. El panorama de trabajo era que íbamos a permanecer en la obra mientras estuviera en curso, con un futuro de siete años para el mantenimiento de la planta. En junio de 2015 la empresa CEYM abre las puertas en Uruguay y pasamos a su plantilla de trabajo, manteniendo el contrato de trabajo –por decirlo de alguna manera– mientras se realiza la planta.

                Somos trabajadores eléctricos que estamos dentro del sector de la construcción según la Ley n.º 14411. Lamentablemente, a los ocho meses de estar en Uruguay la empresa CEYM tuvo que cerrar sus puertas por insolvencia económica quedando pendiente la obra. La empresa madre Hyundai gana la licitación para realizar la obra y  subcontrata a la empresa Saceem para realizar, entre otros trabajos, el montaje electromecánico y absorbe la totalidad de los trabajadores que pertenecíamos en una primera instancia a la empresa Medaltir CEYM, y después la empresa CEYM Uruguay, para evitar posibles despidos y teniendo en cuenta el proyecto a futuro. La obra se encontraba con un año de atraso, por lo que UTE le cobró a la empresa Hyundai una multa de USD 10:000.000, asunto que fue de público conocimiento.

                Al ingresar la empresa Saceem se firma en obra un convenio interno en el que se deja estipulada la cantidad de ingresos y de egresos en la planta.

                Aclaro que la manera en que nosotros llegamos a la planta fue por conocimiento, experiencia laboral y formación profesional dentro del rubro y estando, además, dentro de la bolsa de trabajo para futuros ingresos a la planta; no ingresamos así por así, accidentalmente.

                En febrero de 2016, cuando llega la empresa CEYM y estando con el atraso ya nombrado de un año, se firma en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un convenio entre Hyundai, el Sunca y las empresas subcontratistas –entre ellas Saceem– para el futuro ingreso de 400 trabajadores para hacer, principalmente, el trabajo de tendido de cables, que faltaba en su totalidad. Estas tareas de  conexión iban a ser realizadas por personal idóneo en el área eléctrica y, entre ellos, los trabajadores que estamos desde un principio en la planta. Se nos prometía que íbamos a hacer esos trabajos por la descripción de tarea que teníamos. Estamos hablando de que somos trabajadores eléctricos de las categorías, entre otras, 10, 11 y 12 y había algunos de categoría 15, que son oficiales electricistas de alto grado.

                Hay personal que se toma, por así decirlo, para hacer el tendido de los cables, y cuando llega el momento de la reducción del trabajo por el avance de obra realizado, se toma la decisión de «cortar» a los trabajadores ya existentes en la planta de las categorías que estaban habilitadas para realizar las tareas que venían a hacer ahora, dejando a los trabajadores menos calificados dentro del proyecto.

                Además, se cubrieron nuestros puestos de trabajo con personal civil de la obra, que ya había finalizado sus tareas –el avance de obras estaba claramente definido– entre ellos, albañiles, carpinteros y herreros y otros más que desconocemos sus categorías.

                Al momento de ser «cortados», de ser finalizados, hacían una excesiva cantidad de horas extras. Por lo general, se tiene conocimiento de que cuando hay cortes no se hacen horas extras pero en este caso se visualizó y se comprobó, por planillas de trabajo, que se hacían en exceso. En especial, sabemos de un trabajador que estuvo haciendo 24 horas de corrido de trabajo, teniendo personal que salía de la obra y sin posibilidades de seguir en ella.

                Nos llama la atención, que habiendo convenios vigentes en el sector de la construcción –en los que se aclara muy bien todo lo que es la descripción de tareas y se especifica el perfil idóneo del trabajador en el área eléctrica–, se hayan pasado por alto estas cosas, tanto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como por UTE, que es el ente regulador de este tema en el país y el que pauta, por así decirlo, las reglas de juego. Por ejemplo, no se respetó el artículo 339 del Decreto n.º 125/014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dice: «El personal que trabaje en instalaciones eléctricas deberá estar capacitado conforme a la descripción de tareas del cargo que ocupa». Esto es para evitar, entre otras cosas, un riesgo de vida inminente y también en la realización del proyecto, que tuvimos conocimiento de que se puso en riesgo.

                Se realizaron mal las tareas eléctricas, como era de esperarse, al no usarse el personal idóneo calificado para esas áreas y, en lugar de tomar la decisión de ingresar de nuevo a los trabajadores que ya habían sido «cortados» para así poner en forma la obra, se optó por subcontratar a nuevas empresas que no habían en planta, entre ellas, por ejemplo, Recind S.A. y Lironte S.A. Además de eso, se generaron nuevos contratos de trabajo para empresas que ya estaban dentro de la planta como, por ejemplo, Ingener y Ronalur, para realizar tareas que nosotros perfectamente podríamos estar llevando a cabo.

Al momento de ser excluidos, como ya habíamos comentado, lo único que se informó es que ya había el avance de obra necesario para prescindir de este personal. Éramos unos 16 trabajadores, y entendimos que debíamos iniciar un juicio laboral. Luego supimos que fue reingresado un trabajador por no iniciar el juicio contra las empresas, tanto Hyundai como Saceem, lo que nos dejó todavía más incómodos, porque sabíamos que si no hubiéramos iniciado un juicio podríamos seguir trabajando en la planta en el día de hoy.

                Por otra parte, no hace más de una semana salió a la opinión pública que la empresa Saceem quiere demandar al ente UTE y al sindicato de la construcción, Sunca, por los atrasos en la planta. Incluso, se ha hablado de unos US$ 332:000.000. Lo que más nos llama la atención es que hoy la empresa entiende que hay un atraso, pero hace más de un año y medio, cuando nos sacaron, decía que la obra estaba por demás adelantada. Nosotros estábamos en conocimiento de que no estaba adelantada la obra. ¿Cómo pueden justificar que la obra estaba adelantada para nuestros cargos, cuando recién se habían terminado de tirar los cables que teníamos que conectar nosotros?

                Somos conscientes de que en la construcción hay un dicho que es real: «pan para hoy, hambre para mañana». Pero no estamos reclamando terminar la obra, pintarla y cortar la cinta roja; simplemente, hacer las tareas eléctricas que sí había que hacer y que sí nos correspondían. Ese trabajo fue realizado por personal mal calificado y fue hecho mal, lo que generó un atraso real mayor en la obra, que hoy en día están reclamando.

Además, desde que empezamos el juicio contra la empresa Hyundai y la empresa Saceem, se nos ha incluido en una especie de lista negra para conseguir trabajo. A varios trabajadores nos han rechazado por estar en juicio contra la empresa Saceem. No soy conocedor de leyes –solamente conozco la parte eléctrica–, pero creo que si una empresa da referencias de alguno de nosotros, debe ser por rendimiento o comportamiento dentro de la obra. No pensé que nos podían cerrar las puertas de esta manera en el área laboral por haber iniciado un juicio y reclamar lo que nos pertenecía.

                Entre otras cosas estamos intentando conseguir un cambio, porque no es justo que la mano de obra calificada de este país sufra este tipo de rechazo, más en una inversión pública. Se reclama que no hay formación laboral en este país y cuando se la tiene, se habla de que está sobrevalorada, como se nos dijo en su momento. Además de alegar que había avance de obra, se nos manifestó que éramos una mano de obra cara para estar dentro del proyecto. No sé qué se considera caro o barato, pero entiendo que lo que estudié es para hacer el trabajo que había en su momento.

SEÑOR CAMY.- En principio, quiero saludar a la delegación de trabajadores afectados por la situación que están denunciando, que son parte del conglomerado industrial que se está promoviendo en la planta generadora, en Colonia Wilson, en mi departamento, de San José.

                Al escuchar la denuncia, sin duda, nos sentimos alarmados, porque de ser así

–no dudo de las palabras que se están expresando– y tomando en cuenta lo que están señalando los trabajadores, estamos ante una situación que merece ser investigada o, por lo menos, conocer algún detalle más, porque cuesta creer que se haya tomado una actitud de esta naturaleza y que no haya explicaciones.

                Quiero hacer tres preguntas.

                En primer lugar, quiero saber qué elementos objetivos tienen –porque me parece muy grave– para afirmar que están en una lista negra por parte de estas empresas que señalaron porque, de ser así, al ser señalado con tono de denuncia en una comisión del Senado de la República, no puede pasar como una mera frase.

                En segundo término, un tema que me preocupa, es si se toma en cuenta que se está dejando de lado la función específica que ustedes tienen por formación, ya que queda en manos de personas que no tienen esa formación; es decir, que esa actividad se sigue llevando adelante por personas que no tienen la idoneidad. Más allá de la denuncia que están señalando de afectación legítima que sienten en la actitud de despido también, si entendí bien, esas funciones quedaron a cargo de gente que no reviste la condición de formación en la parte eléctrica.

                En tercer lugar, quiero saber en qué instancia están hoy desde el punto de vista de los reclamos que han hecho en la etapa judicial.

SEÑOR OTHEGUY.- En primer lugar, quiero saber qué esperan o aspiran que nosotros, desde esta comisión, podamos hacer para ayudar a encontrar alguna solución a la situación planteada, porque si está en el ámbito judicial, no tenemos ningún tipo de acción para realizar ante el Poder Judicial. Es decir, además de denunciar la situación, de darla a conocer que, de por sí es pertinente, pregunto si ustedes tenían otro tipo de propuesta para hacer a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

                Lo segundo, que sí podemos hacer nosotros en base a algunas de las cosas que se plantearon acá, y que preocupan, es plantear las consultas –esto lo sugerimos al presidente de la comisión– adjuntando la versión taquigráfica de las cosas que ustedes expresaron aquí, tanto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la UTE, así como a las propias empresas involucradas. Esto sí está dentro de nuestras competencias y son cosas que podemos hacer como legisladores.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar, me sumo a la bienvenida que la comisión brinda a nuestros invitados, pues es de estilo que los distintos colegas senadores expongan las preocupaciones. En este caso concreto, solicitamos disculpas porque se nos traspapeló la citación para esta visita, por lo que podría haberse realizado hace una semana atrás.

                Ustedes hacen referencia a sucesivos convenios colectivos que se firmaron entre la empresa y los trabajadores representados por su sindicato en el Ministerio de Trabajo entre el 2016 y 2017, y estoy muy seguro de que fueron tres los convenios colectivos que se firmaron porque participé abiertamente en esas negociaciones como Ministerio de Trabajo. El sindicato fue muy incisivo y muy específico en el respeto de los contratos, de los convenios y en el seguimiento del plan de obras, hasta el último de ellos que seguro fue antes de junio, porque estuve hasta esa fecha.

                ¿Qué me sorprende? Que ustedes no han hecho mención al convenio colectivo del sindicato y que ellos no hayan trasladado la preocupación acerca del incumplimiento del mencionado convenio, porque la primera herramienta que tienen los trabajadores es precisamente el convenio colectivo firmado y sus sindicatos se transforman en el primer escalón de la defensa. Confieso que hasta este momento no ha llegado ningún planteo desde el movimiento sindical por el hecho de que no se hubiera respetado el convenio colectivo que se ha firmado.

                En definitiva, tal como dijeron los señores senadores, para que esta comisión los pudiera ayudar sería muy bueno contar con una copia del convenio colectivo y del contrato de trabajo que tienen, a fin de reafirmar la preocupación que nos han trasladado.

SEÑOR MONTERO.- Con respecto a las preguntas del señor senador Camy, debo decir que las tareas se siguieron realizando con el personal no idóneo ni capacitado a nivel eléctrico; entre ellos había carpinteros, albañiles y herreros. A modo de ejemplo se puede agregar que se dio una situación particular –que era de esperarse– porque los trabajos fueron mal realizados, así que hubo reclamos por parte de UTE hacia la empresa Hyundai, que fue la que ganó la licitación. Hubo que sustituir el trabajo ya realizado para hacerlos de la forma correcta. Lo que más llamó la atención fue que, en lugar de reingresar a los trabajadores que habían despedido –que sí saben cómo hacer el trabajo–, subcontrataron empresas que no estaban incluidas en el proyecto.

                Con respecto al hecho de estar en una lista negra, quiero decir que junto a dos compañeros nos anotamos en los llamados de las empresas que quisieron ingresar y  tuvimos la suerte de tener un conocido en el área de recursos humanos –no importa en qué empresa– quien nos dijo que no esperáramos nada porque las referencias que habían dado de nosotros eran contundentes y quedaba claro que estábamos en la vía judicial con la última empresa donde habíamos trabajado.

                Solo me resta aclarar que nos encontramos en la segunda instancia de apelación.

                El señor senador Otheguy me consultó acerca de qué esperamos del Senado. Somos conscientes de que los tres poderes –Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Judicial– son independientes. Sabemos que no podemos conseguir una condición beneficiosa a nivel del Poder Judicial desde el Poder Legislativo, pero venimos a esta comisión a decir que no queremos que la mano de obra calificada de Uruguay pase por estas situaciones en el futuro. No puede ser que en proyectos públicos –tal vez, si se tratara de proyectos privados podríamos esperar algo diferente–, al que se vinculan empresas multinacionales, no se defienda la mano de obra calificada del país. ¡No queremos que lo que nos está pasando a nosotros hoy les suceda en el futuro a otros trabajadores!

                El señor presidente me consultó acerca del seguimiento que el sindicato hace de los convenios colectivos. En una primera instancia, como trabajadores, fuimos a asesorarnos al sindicato, donde se sorprendieron por la situación y nos dijeron que no nos podían ayudar. ¡Muy simple y muy cierto! Nos rechazaron desde un principio, desde el momento en que llegó la empresa Saceem. Nunca se nos asesoró por parte de un profesional o de un delegado al momento de firmar los contratos con la empresa Saceem, que no respetaban los que ya teníamos en planta, en el sentido de seguir en el proyecto. Es más, se nos presionó por parte de la abogada de la empresa Hyundai, doctora Andrea Vallé: si no firmábamos el contrato en ese momento, estábamos despedidos sin derecho a ningún tipo de complemento económico. Ante esa situación, no tuvimos otra alternativa que firmar a sabiendas de lo que nos iba a pasar. A los ocho meses, alrededor de los meses de setiembre y octubre de 2016, fuimos despedidos. Queremos aclarar que firmamos los contratos en diciembre de 2015.

                Respecto a la pregunta del presidente Castillo sobre si tenemos aquí los convenios colectivos, debo decir que en este momento no los tenemos, pero que en ellos figura la descripción de nuestras tareas. Queda más que claro que se utilizó personal no calificado, entre ellos –reitero– carpinteros, herreros y albañiles en el área eléctrica, cosa que no está justificada. Por ejemplo, yo no estoy capacitado para hacer trabajos de albañilería. El convenio colectivo vigente en la rama lo establece muy claramente. Se pueden pedir al BPS las altas de los trabajadores para comprobar que no pertenecen al área eléctrica.

                Cabe resaltar que la empresa Saceem es una empresa que realiza obras civiles, nunca llevó a cabo un proyecto eléctrico. Para realizar trabajos eléctricos contrata diferentes empresas, como por ejemplo, a la empresa Ingener. Es imposible, entonces, que algún trabajador de la empresa Saceem tenga experiencia laboral en el área eléctrica. Ese es un aspecto importante que no se respetó en nuestro convenio colectivo. El hecho de no utilizar personal calificado para esa tarea, ha provocado un atraso muy importante, cosa que está pasando en el día de hoy.

SEÑOR PARDIÑAS.- Es un gusto recibir a la delegación.

                En primer lugar, quiero saber si la demanda judicial que está en segunda instancia se debe a que ustedes la perdieron en primera instancia o porque la perdió la empresa. En segundo término, me gustaría saber si manejan la alternativa de volver a trabajar en la obra si es que aún requiere de mano de obra calificada en el tendido eléctrico o si los trabajos para los cuales ustedes están calificados ya culminaron.

SEÑOR MONTERO.- Estamos en segunda instancia porque la parte demandante, es decir los trabajadores, perdimos en primera instancia.

                Si el presidente me lo permite, me gustaría hacer referencia a lo que sucedió en el juicio. Si bien se preparó y estudió el caso con un abogado para ser presentado en el juzgado,  no fue tomado en consideración por la señora jueza. Se presentaron testigos y pruebas contundentes que fueron desestimadas por los argumentos de los testigos de la parte demandada. El juicio no se basó en un hecho concreto como para dar perdido nuestro caso en una primera instancia, por lo tanto veremos si podemos revertir el caso en una segunda instancia.

                Perdón, no recuerdo la segunda pregunta del señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- La pregunta es si los trabajos para los que ustedes están calificados ya fueron realizados o si quedan trabajos pendientes.

SEÑOR MONTERO.- En el momento de ser despedidos había muchísimo trabajo por realizar, estábamos en el punto más alto en lo que corresponde a la parte eléctrica. Quiero destacar que cuando se firmó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en febrero de 2016, el ingreso de los 400 trabajadores para el área eléctrica, ya había un avance notorio de la obra civil y, como dije, la labor eléctrica estaba en el punto más alto. Por supuesto que, después de ser despedidos, los trabajos se realizaron aunque, en su mayor parte, fueron mal realizados, lo que llevó a que se subcontrataran empresas nuevas. Sabemos que, al día de hoy, quedan trabajos pendientes, pero muy por debajo de la expectativa que teníamos nosotros al momento de ser despedidos. Y se espera que en agosto de este año se entregue la totalidad de la obra.

SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Luego vendrían los 7 años de mantenimiento?

SEÑOR MONTERO.- En realidad, en agosto de este año se entregaría la planta de energía y, de ser así, luego vendría la etapa de 7 años de mantenimiento.

                Ese era el planteo de trabajo que nos había hecho la empresa. Por supuesto, había muchas cosas en juego, entre otras, terminar la obra en fecha.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la visita de la delegación de electricistas de la empresa Saccem. Haremos el análisis de la situación planteada y las gestiones que correspondan para dar respuesta a su planteo.

(Se retira de sala la delegación de trabajadores electricistas de la empresa Saccem).

 

(Ingresan a sala integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios de Impositiva).

–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado da la bienvenida a los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios de Impositiva  –AFI–, concretamente, al señor Aidemar González, presidente; la señora Sandra Keochgerien, secretaria general y las señoras María del Carmen Canedo, Matilde Abin, Ana Varinia Ferrando, Andrea Macarin y Elsa Lavagna.

Tienen ustedes la palabra.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Nuestro sindicato pidió esta reunión con la comisión para trasladar la problemática vinculada a las funciones de encargados que, en DGI, involucra a 240 funcionarios en un total de 1350.

Una reivindicación histórica de nuestro sindicato ha sido que estas funciones de encargados –pues en la DGI se separa el cargo de la función– sean provistas mediante concurso de oposición y méritos. En el año 2010, en función de estos planteos, nuestro sindicato traslada esta situación a la DGI y desde el Poder Ejecutivo se impulsa, en acuerdo con AFI, el artículo 291 de la Ley n.º 18719 y siguientes, que establecen que las funciones de encargado en DGI serán provistas mediante concurso de oposición y méritos. Entonces, de las 240, se define por ley que aproximadamente 30 serían de designación discrecional y 210 mediante concurso. Sin embargo, la realidad es que durante estos años –casi ocho–, de esas 210 encargaturas, se han provisto por concurso unas 45, en virtud de tres llamados a concurso que se realizaron entre 2012 y 2014. Ahora bien; por jubilaciones que se dieron en este período hay alrededor de 170 vacantes que aún no se han asignado –vale decirlo así– por concurso.

Debido a esta situación, el año pasado nuestro sindicato recorrió el Parlamento planteando el tema. En la Cámara de Representantes se dieron cuenta de que la Ley n.º 18719, que disponía que las encargaturas serían provistas por concurso de oposición y méritos, ya establecía la obligatoriedad. Por tanto, para reafirmar ese criterio se vota el mismo artículo pero cambiando –únicamente– el término «serán» por la expresión «deberán ser». El artículo 291, con esa modificación en su inciso primero, fue votado por unanimidad en ambas cámaras y comenzó a regir el 1.º de enero de 2018.

Hace aproximadamente un mes, en la DGI se hicieron cinco nombramientos discrecionales, cuatro de ellos en la División Fiscalización, con salarios de $ 188.000 y  $ 205.000. Ante esa situación, en primera instancia, nuestro sindicato planteó que se anularan esas designaciones dado que existían dos normativas que establecían el criterio del concurso. Se convocó a la negociación colectiva, pero en esa instancia no hubo acuerdo sobre esta situación. Por tanto, luego de esperar los tiempos pertinentes, nuestro sindicato trasmitió esta situación a la opinión pública, denunciando el no cumplimiento de la normativa legal vigente. Sin embargo, a la semana siguiente, nos enteramos de una nueva designación, es decir que hubo cuatro en un primer momento y, luego, otra. No conocemos las fechas de la designación, que deben constar en las resoluciones de la dirección; solo sabemos esto en función de lo que sucedió en el momento.

                Los argumentos que se nos dan de parte de la Administración refieren a que existen problemas vinculados a la gestión; nos dicen que, por tanto, las designaciones deben hacerse en forma discrecional. Por nuestra parte, entendemos que ocho años es tiempo suficiente como para poder administrar concursos en la Dirección General Impositiva y dimensionar el área de recursos humanos de manera de posibilitar que este sea un procedimiento aceitado, institucionalizado y naturalizado en la Administración.

                También se trasmite que el criterio de selección es la idoneidad técnica, pero en DGI hay más de mil funcionarios con condiciones para postularse en los concursos, pues tienen la idoneidad técnica necesaria para asumir un cargo de estos. ¿Cómo se mide esa idoneidad técnica? Mediante un proceso transparente, objetivo y definido de evaluación, que no es el caso, porque los nombramientos han sido en carácter discrecional, por tanto, hay alguien que define quién es idóneo y quién no. En realidad, podría haberse designado a estos funcionarios que están ahora en esos cargos o a otros.

                En definitiva, poner sobre la mesa el tema institucional y la necesidad de realizar los nombramientos, entendemos que no corresponde en función del tiempo que ha pasado, pues habría sido posible abordar esta situación –que ya debería estar resuelta– de otra manera.

                Hay elementos críticos que, para nosotros, son centrales.

La necesidad de hacer los nombramientos mediante concurso está asociada a la independencia técnica. Es un área crítica del Estado y donde las encargaturas de departamento y sección –que son las que están definidas por concurso– deben asegurar la independencia, como garantía para los funcionarios y para los contribuyentes. Y entendemos que este es uno de los elementos que contribuye en ese sentido.

                A su vez, hace a lo que es la carrera administrativa. Hay un grupo importante de funcionarios –la gran mayoría de los funcionarios de la DGI– que tiene posibilidades de postularse y concursar  y no pueden hacerlo porque el mecanismo de concurso no está naturalizado.

                También hay una clara necesidad de cumplir con las dos leyes votadas.

Y, por último, hay un tema vinculado a la gestión,  a la transparencia y a la eficiencia, pues si bien las funciones de encargados están presupuestadas y son parte de la estructura orgánica de la organización, los legisladores indicaron claramente cómo asignar esos recursos públicos: mediante el concurso, no en forma discrecional.

                La normativa vigente, Ley n.º 19121 –que regula el estatuto del funcionario público–, en su artículo 102 excluye a la DGI del sistema allí previsto y establece un sistema específico de designación de encargaturas. Por lo tanto, las excepcionalidades previstas en esa ley no aplican para DGI porque que está excluida de esa norma.

 

Comenzamos a plantear el tema a nivel parlamentario y en las conversaciones que mantuvimos con diputados y senadores de todos los partidos políticos, nos trasmitieron la necesidad de que se cumpla con los dos textos normativos vigentes.

En esa recorrida que hicimos, el señor senador Castillo, en coordinación con esta comisión en la que nos encontramos, mantuvo instancias de mediación procurando acercar a las partes, resolver el problema y que la Dirección General Impositiva proceda rápidamente a realizar los concursos.

Por nuestra parte, planteamos un cronograma de concursos que incluya todas estas encargaturas –que culmine en este período de gobierno con todas concursadas– y los últimos nombramientos, y se  refuerce el área de recursos humanos en la DGI para poder aceitar este proceso y naturalizarlo hacia adelante.

A su vez, procuramos que los nombramientos durante este proceso no se lleven a cabo –porque la ley prevé que la forma de asignación es mediante el concurso– y, en caso de que en esa circunstancia haya alguna situación no prevista, generar la mediación necesaria de parte de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Esa situación se planteó a la Administración, y el punto en el cual no hubo posibilidad de acercamiento era el referido a qué sucedía si quedaba una vacante y no se procesaba el concurso. ¿Cómo se asignaba? En ese punto no habíamos llegado a un acuerdo. En la última instancia de intercambio con la Administración planteamos que ante una situación de vacante el superior inmediato gestione la encargatura y, si eso no es posible, abordar el tema en la negociación colectiva. Desde el sindicato, en ningún momento hemos planteado –ni vamos a hacerlo– generar un problema institucional ante la designación o no de un encargado. Es decir, si existen fundamentos claros y la no designación ocasiona un perjuicio al Estado –y por ende a los contribuyentes–, especialmente en lo que hace a la aplicación de las políticas públicas, eso está antes y, por lo tanto, decíamos que se abordara en la negociación colectiva.

Esa situación no tuvo respuesta positiva, por lo que el último planteo que hicimos –sin haber obtenido respuesta hasta el momento– es que si queda una vacante y hay necesidad de hacer la designación, se designe y, en la misma resolución, se establezca la convocatoria a concurso en un plazo de noventa días, sabiendo que hay tiempos para ese concurso. Como recién señalé, no hemos tenido una respuesta positiva, pero hoy al mediodía recibimos un comunicado de la Administración en el que se trasmite a los funcionarios de la DGI que dado que en las distintas instancias –tanto en la negociación colectiva como a nivel parlamentario– no se llegó a un acuerdo, se elabora un cronograma donde en junio de 2018 incorpora al proceso de auditoría y al proceso de gestión tributaria 79 funciones de encargado, a concurso, en junio de 2019 el proceso de gestión de servicio, recursos materiales y financieros, jurídico tributario y apoyo técnico administrativo y, en setiembre de 2019, proceso de análisis de normativa tributaria, gestión humana, gestión de tecnología de la información y planificación y análisis.

En el día de hoy conocimos este cronograma –no lo conocíamos–; en el intercambio que habíamos tenido se había manejado el inicio en junio y la culminación en setiembre –esos límites de inicio y final están contemplados–, pero no sabíamos qué se iba a concursar en cada instancia, salvo la primera etapa de junio.

En función de la normativa vigente, realizamos una consulta a un especialista en materia de derecho administrativo y queremos trasladar algunas de las conclusiones del informe. Leo textualmente: «a. La Administración, fuera de las funciones expresamente  mencionadas en la ley, no posee discrecionalidad para elegir el procedimiento en base al cual asignar funciones de encargatura. El será, siempre, el concurso. El uso del imperativo del verbo “deber” no permite otra interpretación.

b. La ley no establece plazo de diferimiento de entrada en vigor, ni causales de suspensión por parte de la Administración. No existe regla general que pueda invocarse para entender legítima la tardanza o demora en la materia.

c. Nada en la Constitución o en la ley permiten concluir que la ausencia de reglas para la selección de los funcionarios sea esencial a la categoría “encargatura”. Por ello, cuando la ley restringe el –de por sí dudoso– ámbito de discrecionalidad o crea condiciones de mayor estabilidad para quienes resultan encargados de las funciones, la Administración debe someterse enteramente a la regla de derecho –artículo 309 de la Constitución de la república–. Porque tales exigencias se ajustarían más cabalmente al principio consagrado en la Constitución y porque su violación transforma en ilegítima y por ende, nula, la actuación desarrollada».

                Lo que decimos es que hasta último momento intentamos agotar las vías de la negociación –e incluso el intercambio que se dé en esta comisión– para poder llegar a un acuerdo. Hay un cronograma sobre la mesa que está informado por la Administración. Sin perjuicio de que este cronograma no fue negociado en su totalidad con el sindicato, conocíamos que en junio de 2018 se iban a dar los dos procesos que ahí se identifican. Entendemos importante que este cronograma   sea conocido por esta comisión porque el objetivo era que fuera garante de un posible acuerdo, lo que hasta el momento no está sobre la mesa.  A fin de que se tenga presente este cronograma, nuestro sindicato va a hacer el seguimiento de este proceso para exigir su cumplimiento.

Pensamos que durante este proceso no corresponden las  designaciones discrecionales en carácter interino. Hicimos una propuesta alternativa que implicaba, en caso de necesidad, la designación e, inmediatamente,  la convocatoria a concurso, pero no se obtuvo respuesta. Esto es lo que queremos trasladar en esta instancia.

Nuestro sindicato tiene vocación negociadora. En todas las instancias la negociación es de buena fe y siempre tenemos la postura de buscar el acuerdo, amparados en la normativa legal vigente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra a los demás colegas que ya se están anotando, solo quiero complementar la información que se ha dado. Es la oportunidad que tengo de colectivizar con los colegas lo que veníamos trabajando a diario.

                Es cierto lo que dice la delegación del sindicato. Desde hace un par de semanas estamos haciendo un esfuerzo importante en la elaboración de ensayos y borradores a los efectos de tratar de corregir algo que ha generado el conflicto: la asignación de cargos de responsabilidad en funciones de encargatura. Estamos intentando salir en el marco de un acuerdo, de un convenio.

                Solo tengo cuatro borradores aquí pero es probable que en el correo electrónico tenga cerca de una docena, que se han ido construyendo teniendo en cuenta la opinión del sindicato y del directorio.

Hasta la mañana de hoy, en que hicimos la última propuesta, no ha sido posible reunir el consenso entre las partes que posibilite la realización de un convenio.

Es oportuno decirle a la delegación gremial que el conjunto de colegas que consultamos en nombre de la comisión confiaron en quien habla para realizar el vínculo entre las dos partes. La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado no tiene dudas en respaldar o ayudar a respaldar la construcción de un consenso entre las partes. Más allá de que todavía no se haya llegado a un acuerdo, me consta que ninguno de los colegas va a dar por perdida esta batalla y aunque ustedes se vayan seguiremos insistiendo para llegar a una solución. 

Quería aclarar a los colegas que han confiado en nosotros que siempre hemos tratado de buscar el consenso.

SEÑOR DELGADO.-  Es un gusto recibir a la Asociación de Funcionarios de Impositiva, que ha pedido entrevistas a nosotros y a  otros legisladores, a sabiendas de que el presidente de la comisión estaba haciendo algunas gestiones, de las cuales estamos enterados; en este caso, le endosamos toda la confianza. De todas maneras optamos porque fueran convocados por la comisión para hacer una reunión colectiva.

Ratifico lo dicho por el señor presidente; él fue avanzando en una serie de borradores de los que nos tuvo al tanto y nos consultó la posibilidad de ser garantes como comisión de un posible acuerdo, a lo que accedimos. No es la primera vez que se hace eso y creemos que es un gesto importante que la comisión –que trata temas laborales– sea garante en algunos acuerdos en materia laboral entre la Administración y un sindicato.

                Hoy le pregunté al señor presidente qué había pasado y nos explicó que no se llegó a ningún acuerdo, como estaba previsto. Además nos enteramos de un comunicado de la dirección, que es de hoy, donde se establecen 3 aspectos que me llamaron la atención. Primero, el cronograma, que –como se ha dicho– se ajusta más o menos a lo que estaba predeterminado en las instancias de negociación. Segundo, la DGI anuncia ajustes a las bases de los llamados para jerarquizar las competencias gerenciales en el proceso de selección. Tercero, dice que estando próximo a aprobarse el nuevo decreto –imagino que tiene que ver con esto, con el ajuste de las bases– y sin que haya existido acuerdo en las distintas instancias de negociación, se informa el cronograma, determinándose también el período de concursos, además de cada uno de los procesos establecidos en  el cronograma según este comunicado.

                La primera pregunta es: ¿ustedes conocen el decreto? ¿Fue parte de la negociación? ¿Saben de qué ajuste a las bases está hablando la Administración? ¿Las comparten? Esta primera pregunta debería ser el puntapié  inicial de una discusión de este tipo.

                La segunda pregunta es si comparten el cronograma y los procesos que la dirección adoptó unilateralmente en el día de hoy.

SEÑOR OTHEGUY.- Saludo a la delegación –con quien ya hemos tenido alguna otra instancia– y respaldo al presidente y a las gestiones que ha venido realizando. Si alguien tiene oficio como para llevar a buen puerto esto es, precisamente, el presidente de la comisión.

                Quiero hacer algunas consideraciones. Hace rato que venimos escuchando sobre este tema en el Parlamento, por lo tanto, quiero dejar expresada mi opinión.

Ante todo, acá hay una ley, los concursos son el mecanismo para proveer este tipo de cargos en el Estado, por un conjunto de consideraciones que están fuera de discusión: para dar certeza, por la carrera funcional y por elegir a los más aptos para tener un Estado más eficiente.

                Lo que quiero plantear con claridad es que es momento de terminar de cerrar este tema, por los trabajadores, por la propia institución y también por nuestro rol como legisladores. Es entendible que las instituciones, sobre todo en el Estado, tienen su complejidad, y la DGI la tiene, pero tampoco es la NASA, como para que sea tan complicado terminar de definir un cronograma y realizar concursos para proveer este tipo de cargos.

                Es lo quería expresar, con claridad. 

SEÑOR CAMY.- Ante todo, doy la bienvenida a la Asociación de Funcionarios de Impositiva, con quienes ya nos hemos reunido.

También quiero adherir a lo que han señalado los compañeros respecto a darnos por representados en la persona del presidente de la comisión, en el rol de mediar e intentar lograr un acuerdo en este tema.

                Por otra parte, estoy de acuerdo con lo que ha señalado el señor senador Otheguy. A veces aquí hablamos de inflación legislativa pero, en este caso, creo que tendríamos que hablar de redundancia legislativa –no encuentro otra definición mejor que esta–, porque la ley del 2015 y la modificación que realizó respecto a la del 2010, dijo lo mismo; por lo tanto, ratifica un lustro de incumplimiento; estoy hablando de cinco años de no cumplir el propósito que la ley señala. No tengo dudas de que absolutamente todo el sistema político presente en este Parlamento concuerda en cuanto a que el sistema de selección tiene que ser por concurso de oposición y méritos, y mucho más en este caso en el que está expresamente determinado, por la propia ley, el universo de los 240 cargos señalados y 30 –y fueron así aceptados– tienen designación discrecional.

                Por tanto, me parece –aunque no quiero hablar de la posición de todos– que estamos ante una situación en la que advierto claramente que estamos todos de acuerdo en que el diagnóstico es uno. Lo que sí notamos es que, evidentemente, hay tiempos o caminos que parecen diferirse respecto a concretar ese objetivo.

                Me afilio a lo que se ha señalado en cuanto a que el tiempo ha sido más que prudencial; me refiero desde el 2010 a esta parte. No obstante, doy por supuesto la confianza en el trabajo técnico de las autoridades de la DGI respecto al proceso de selección que, en cada cargo específico puede conllevar, seguramente, alguna complejidad.

Repito que desde el año 2010 –aquí no podemos hablar de la ley del 2015– a esta parte ya llevamos casi ocho años y se está por definir algo en lo que todos estamos de acuerdo respecto a cómo tiene que suceder.

Así que en ese concepto le damos toda la confianza al señor presidente y a sus aptitudes para que medie en nombre de la comisión y, fundamentalmente, también, exprese nuestra opinión en cuanto a que esto tiene que concretarse.

                Gracias.

SEÑORA PASSADA.- Por mi parte, también quiero decir que recibimos con agrado a la delegación  que está aquí presente.

Acompañamos, por supuesto, lo que el compañero Castillo está haciendo en todo este camino y nos parece conveniente ver cuál es la mejor estrategia que tendríamos que estar buscando en esta etapa. Hablo de si seguimos con el presidente buscando el mayor de los acercamientos respecto a lo que figura en la propia ley –todos hacemos acuerdo en cuanto a su contenido y a cómo se debe ir cumpliendo– y de si ha habido tiempo como para no tener que estar, en este momento, en esta situación.

                Asimismo, creo que deberíamos facultar al presidente para que concrete la posibilidad de que la Dirección General Impositiva también esté en la comisión cuando lo crea conveniente –y sin interrumpir los pasos que se vienen realizando–, para tener algún elemento más.

A su vez, solicitaremos que la versión taquigráfica de lo expresado en esta reunión se remita a la Dirección General Impositiva y también al Ministerio de Economía y Finanzas para que estén en conocimiento de lo que está sucediendo aquí, en la comisión.

Ponemos nuestra total confianza en el trabajo del presidente, que sabe que también cuenta, en lo que crea conveniente, con nosotros –los integrantes de esta comisión– para lo que cada uno pueda realizar desde el lugar en que está.

                Gracias.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Lo que estaba sobre la mesa en las conversaciones era que en este período estuviera culminado o suficientemente avanzado el proceso de concursos. Se manejó el primer llamado en junio y el último en setiembre. ¿Qué pasaba en el medio? Eso no estaba abordado, porque no habíamos discutido sobre qué proceso iba a estar, a su vez, en cada una de las etapas.

En la comparecencia de la DGI ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, trasmitió que los procesos iban a ser junio–setiembre, junio–setiembre y, por ejemplo, el de setiembre de este año acá no está. Nosotros, ante una opinión sobre el cronograma hubiéramos preferido que la segunda etapa de junio de 2019 fuera antes, por ejemplo, en diciembre o setiembre de este año, para darle realmente una continuidad que permita gestionar los procesos, porque al final hay como un agrupamiento que se podía haber dividido de otra forma. Sin perjuicio de eso, nosotros vamos a hacer el seguimiento para que esto se cumpla tal y como está informado, y por eso queríamos trasmitirlo en esta instancia.

                En lo que refiere al contenido del decreto y los cambios que hubo, nuestro sindicato, en una asamblea general, reafirma los procesos de concurso y hay aspectos del contenido del decreto que no compartimos. Concretamente, me refiero a eso que se trasmite en este comunicado de que el objetivo del decreto se refiere a darle un perfil vinculado al gerenciamiento; esto, en los hechos, se transforma en un aumento de la subjetividad en los puntajes durante el proceso del concurso. Hay 80 puntos, de los 100, que están asociados a una prueba de conocimientos, de aptitudes y habilidades, donde se plantea que las respuestas sean solución de casos con respuestas abiertas. Quiero señalar que hay mucho nivel de discrecionalidad al momento de hacer ese tipo de evaluaciones  pruebas. Nosotros entendíamos que se podía buscar el mismo objetivo con una evaluación múltiple opción, donde la persona termina la prueba y ya conoce su puntaje. No compartimos el criterio de la memorización, pero entendemos que se podría haber utilizado otro mecanismo. Eso está en el contenido del decreto y por eso no lo compartimos en esa etapa, en ese concepto. Y en lo que refiere a la evaluación de competencias, por la experiencia de los tres concursos anteriores, en la primera etapa, cuando participó la Facultad de Psicología, entendimos que dio más garantías a ese proceso. En las dos etapas siguientes se contrataron consultoras externas y los funcionarios nos plantearon que no había manera de cotejar su evaluación. Entonces, uno de los planteos que hicimos fue que estuviera la Facultad de Psicología como institución académica y garante de objetividad en esa evaluación. La Administración nos trasmitió que iba a tomar el planteo, pero no se nos confirmó que fuera a ser la que gestionara esa etapa. Por tanto, nuestra asamblea no avala las propuestas incluidas en el decreto, por estas dos diferencias centrales, fundamentalmente.

SEÑORA KEOCHGERIEN.- En primera instancia, quiero agradecerles por habernos recibido. Nosotros hemos tenido instancias de diálogo –tal como lo dijo mi compañero González– con muchos de los que están presentes aquí, así que más allá de este diálogo más personal que hemos tenido con el señor senador Castillo, a quien mucho agradecemos su intervención, prácticamente todos los que están acá conocen cuál es nuestra situación en relación con este tema. Agradezco a todos por la atención y las ganas de querer llevar adelante un acuerdo, porque es muy importante para nosotros contar con el apoyo de ustedes.

                Estamos convencidos de que hemos recorrido el camino que debíamos recorrer.

                En la DGI contamos con un ámbito negociación bipartita, donde hemos planteado en innumerables ocasiones la necesidad de contar con un cronograma que asegurara a nuestros compañeros que los concursos se iban a realizar en los tiempos que la ley dispone. Creemos haber agotado todo tipo de instancia de negociación porque hemos hecho planteos –algunos fueron recibidos y otros no–, pero también hemos recibido cronogramas por parte de la DGI que no fueron cumplidos. Quiero decir que no es la primera vez que este sindicato tiene conocimiento de un cronograma y por eso existe la necesidad de que, aun contando con dicho cronograma, podamos tener un acuerdo.

                Como sindicato, vamos a seguir el tema de cerca y a velar por el derecho a concursar de nuestros compañeros. El informe técnico de un abogado con el que contamos y también el del asesor del sindicato dicen que lo que estamos reivindicando es justo. No estamos pidiendo más que eso; que se cumpla con la normativa vigente y que no se nombren más encargados de forma discrecional. Es necesario que se cumplan los cronogramas que ahora están planteados y que la negociación pueda culminar con un acuerdo total para que pueda terminar con toda esta problemática.

                Muchas gracias.

SEÑORA ABIN.- Me gustaría hacer alguna precisión acerca de lo que sucedió antes de llegar a este cronograma.

Como expresaron los compañeros, tenemos un ámbito de relaciones laborales donde se discute este tipo de situaciones. En ese ámbito planteamos varias veces a la dirección –y contamos con las actas que respaldan lo que decimos– que aquellas encargaturas que estuviesen acéfalas no fueran nombradas discrecionalmente sino que se fuera llamando a concurso a medida que quedaran sin la persona asignada a esa función, como una muestra de buena voluntad hacia el sindicato y para demostrar que realmente se quería cumplir con lo que la ley establece. Sin embargo, nunca lo logramos porque la dirección no estuvo dispuesta a dar esa muestra de buena voluntad hacia nosotros.

                En otra instancia se planteó el concurso de 79 encargaturas y nada más, que son las que figuran con fecha junio de 2018 en este cronograma, para el mes de setiembre de este año. Los cambios se fueron produciendo después de que el sindicato actuó y hubo ciertas intervenciones, tal como hemos mencionado; no se llegó de casualidad.

                Entendemos que las leyes se hacen para cumplirse y que nadie tiene la potestad de omitir su cumplimiento, pero es necesario que la dirección general dé una muestra de buena voluntad frente a la flexibilidad que nosotros hemos tenido. No hay que olvidar que hemos esperado hasta dos años por el cumplimiento de un cronograma que debió haberse llevado a cabo mucho antes. Por lo tanto, entendemos que se deben ajustar al cumplimiento de la ley; no puede quedar abierta la discrecionalidad para seguir haciendo nombramientos.

                Agradecemos muchísimo por todas las gestiones, y por habernos recibido y escuchado. Quedamos a las órdenes por cualquier consulta porque nuestra vocación es realmente negociadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social queremos, además de agradecer su presencia, trasmitir algunas certezas.

                En primer lugar, integramos una comisión asesora que rinde cuentas al Senado, que es el que respalda o no nuestro trabajo. Nuestra convicción es que las leyes se respeten, razón por la cual se trabajan, elaboran y aprueban aquí.

                En segundo término, los integrantes de la comisión seguiremos trabajando con el mismo espíritu que se pudo apreciar aquí, independientemente de que a veces una sola persona es la que hace la gestión. No solo sentimos el respaldo explícito de los compañeros en el día de hoy –a quienes representamos fielmente–, sino también el que tuvimos en jornadas anteriores. Obviamente, si hasta ahora no ha existido acuerdo es porque hay una zona de desconfianza. Se trata de construir la confianza entre las partes, cosa que no significa quitarle autoridad a nadie, sino que las leyes y las normas sean respetadas, como así también la parte más sensible que son los trabajadores en cuanto a la cobertura de vacantes y al orden de prelación existente, cosa que, a veces, genera tanta discordia dentro de los colectivos.

                Seguiremos trabajando en esta misma concepción e insistiendo en el tema a pesar de este comunicado. En virtud de que nadie esconde su opinión, enviaremos la versión taquigráfica de esta sesión a la dirección de la Dirección General Impositiva, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

                Resta decir que estaremos en contacto y que en la búsqueda de un consenso esta comisión está dispuesta a firmar como garante del acuerdo para las dos partes.

                Muchas gracias.

 

(Se retira de sala la delegación de la comisión directiva de la Asociación de Funcionarios de Impositiva).

               

–Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente).

                «Informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el tema mozos de cordel y propuesta de mejoras al proyecto de ley a estudio en la comisión».

                –Antes de ingresar en este tema, corresponde informar que durante el tratamiento en el Senado de los proyectos sobre la extensión del seguro de desempleo a cuatro empresas –Fanapel, Envidrio, CNC y Olmos–, hubo dos intervenciones reclamando una evaluación de costos; en consecuencia, nos comprometimos a hacer las consultas y las formalizamos. A efectos de que conste en la versión taquigráfica, le solicitamos al Banco de Previsión Social una estimación de costos, lo más exacta posible, en torno al conjunto de trabajadores comprendidos y el costo mensual de los cuatro proyectos de ley aprobados.

                En síntesis, eso está en trámite y ya está radicada la consulta en el BPS y seguramente en la sesión que viene tengamos la respuesta.

                Correspondería ingresar al tema de mozos de cordel, pero antes quiero recordarles a los señores senadores que en la sesión del 3 de mayo comenzaremos el análisis del articulado del proyecto de ley sobre la reforma a la caja militar. Debo agregar que nos habíamos propuesto como método de trabajo empezar con los artículos en los que, en líneas generales, haya acuerdo, y dejar para el final aquellos en los que tengamos diferencias.

SEÑOR DELGADO.- Este es un tema con bastante antigüedad en el Parlamento y en esta comisión específicamente. Recuerdo, además, la insistencia del exsenador Carámbula, quien  hoy se desempeña en una función mucho más ajetreada. Lo cierto es que ha llegado una sugerencia y una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un proyecto, donde se incorpora que se exceptúa el pago de la tasa que grava el transporte marítimo y fluvial de pasajeros establecida en determinadas normas y asigna la competencia de administrar esta medida a la Administración Nacional de Puertos.

                Desde el año pasado estábamos esperando una propuesta del ministerio, por eso, no lo habíamos aprobado. Es más, en una de sus comparecencias, el señor ministro Murro nos propuso que esperábamos ya que se estaban haciendo las consultas con el Poder Ejecutivo.

                De nuestra parte, haremos algunas consultas a la Administración Nacional de Puertos, en particular, al representante del Partido Nacional en el directorio, sobre este nuevo proyecto que incluye dos artículos. Consulto al señor presidente cuál será el trámite, porque después de esta no tendremos sesión hasta el 3 de mayo. Una posibilidad podría ser la de votarlo en esa instancia, a la que cada uno vendríamos con una posición adoptada; otra, hacer las consultas y disponer la votación ficta; o, en su caso, si hubiera una propuesta alternativa la analizaríamos el 3 de mayo.

                En síntesis, me gustaría que fuéramos prácticos, pues se trata de un tema que lleva mucho tiempo radicado en la comisión.

SEÑORA PASSADA.- Nosotros estamos en condiciones de votarlo; es entendible el planteo, señor Presidente. Podemos hacer lo mismo que se ha hecho en otras oportunidades: dejar pronta una votación ficta y así tenemos la oportunidad de que el proyecto de ley ingrese a sala el 2 de mayo. Reitero que estamos en condiciones de votarlo.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a dejar constancia en la versión taquigráfica de que en líneas generales hay acuerdo con el proyecto de ley que remitió el ministerio de trabajo. En función de que se pidió tiempo para analizarlo y consultar al señor senador Delgado, si la respuesta llegara a ser afirmativa se va a construir una votación ficta.

SEÑOR PARDIÑAS.- Quiero dejar constancia de que parte del texto que nos remite el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el acuerdo en el que participa la delegación de la ANP. Por lo tanto, lo que surge de la documentación es que la ANP ya ha dado su visto bueno.

De acordarse esto, propongo al señor senador Otheguy como miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA PASSADA.- No recuerdo si la comisión fijó un día al mes para recibir a las delegaciones, pero sería bueno iniciar la discusión del proyecto de ley para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones Militares, utilizando los cuatro jueves que tenemos. Quizá podríamos fijar en el cronograma alguna sesión extraordinaria. Si no hay entrevistas de carácter grave y urgente, propongo que esos días se utilicen pura y exclusivamente para discutir el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Al día de hoy no hay solicitudes de audiencia pendientes.

SEÑOR CAMY.- De acuerdo a lo que se ha previsto, la comisión va a empezar a discutir el proyecto de ley sobre la reforma del sistema previsional militar el 3 de mayo. Solicito que de ser posible se distribuya el comparativo con el que vamos a trabajar. Tengo entendido que está constituido por el proyecto del Poder Ejecutivo, la minuta de comunicación que presentó el señor senador Larrañaga y que la comisión elevó, y la ley vigente. Todo eso va a constituir el material de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelanto que vamos a presentar dos propuestas de modificación que se van a incluir en el comparativo, es decir que tendrá cuatro columnas.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 16:39).