COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión del día 5 de abril de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:09).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «-La Junta Departamental de Artigas, remite versión taquigráfica de las expresiones del señor edil doctor Marcelo silva, referente al incumplimiento de los Principios Fundamentales del Derecho Laboral, en la administración de los recursos humanos en las distintas Intendencias del país.

                -La Asociación de Funcionarios de Impositiva solicita audiencia por la situación de nombramientos discrecionales en la DGI.

                -Invitación  de Ciedur Uruguay al lanzamiento del libro “Las claves para el empoderamiento de las mujeres en Uruguay”.

                -Carpeta n.º 1048/2018. Trabajadores de la empresa Compañía Nacional de Cementos. Subsidio por desempleo. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por razones de interés general, a extender el subsidio, por un plazo de hasta ciento ochenta días). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 1785/2018.

                -Carpeta n.º 1049/2018. Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos. Subsidio por desempleo. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por razones de interés general, a extender el subsidio, por un plazo de hasta ciento ochenta días). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 1784/2018.

                -Carpeta n.º 1050/2018. Trabajadores de la empresa Fábrica Nacional de Papel (Fanapel S.A.)                Subsidio por desempleo. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por razones de interés general, a extender el subsidio, por un plazo de hasta ciento ochenta días). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 1786/2018.

                -Carpeta n.º 1051/2018. Trabajadores de la empresa Ebigold S.A. y Alenvidrio S.A. Subsidio por desempleo. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por razones de interés general, a extender el subsidio, por un plazo de hasta noventa días). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 1787/2018».

                –El  primer tema es un repartido y simplemente  se va a distribuir en el correo electrónico de todos los senadores.

                En el segundo punto figura la solicitud de audiencia de los funcionarios de la impositiva. Sé que han estado recorriendo las bancadas y, de hecho, he recibido a algunas delegaciones y conversado con algunos colegas. Independientemente de que estamos trabajando, me parece que es una buena señal que los recibamos.  Propongo que los convoquemos cuanto antes para recibir su planteo y eventualmente comenzar alguna gestión. Por secretaría se me indica que las audiencias se realizan el último jueves de cada mes, antes del 18. Por tanto, si los señores senadores están de acuerdo, los recibiríamos el próximo jueves 12.

(Apoyados).

SEÑOR CAMY.- Antes que nada manifiesto mi acuerdo con lo que se disponga respecto de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva.

                En otro orden de cosas, debo decir que no estuve en el país y no participé en la última reunión de la comisión; por tanto, si ya se adoptó una definición, retiro el planteo que voy a hacer. Dado que ha llegado a la comisión una solicitud de audiencia de un grupo de trabajadores de la Central de Ciclo Combinado de Punta del Tigre, pediría que se los reciba a efectos de escuchar su planteo. Hace aproximadamente un mes recibí a una delegación y estoy al tanto de la situación. Inclusive, les sugerí que concurrieran a este ámbito.

                En síntesis, solicito que en la próxima sesión se dé un espacio a estos trabajadores, a efectos de poder escuchar su planteo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, como expresa el señor senador Camy, se dio ingreso a esa solicitud de audiencia, pero no fijamos fecha para recibirlos. Por lo tanto, en función de que hemos decidido recibir el jueves próximo a las delegaciones que han solicitado audiencia, incluiremos también a esta y, por una cuestión de justicia, en primer término.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar las cuatro carpetas enviadas por el Poder Ejecutivo, cuyo cometido es facultar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que proceda a la extensión del subsidio por desempleo. La idea es tratarlas antes de ingresar al análisis de la carpeta relativa a la Reforma del Sistema de Previsión Social Militar.

SEÑOR OTHEGUY.- Estábamos al tanto de la recepción de estos cuatro proyectos de extensión del subsidio por desempleo para estos trabajadores y conocemos la urgencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pero, fundamentalmente, la de estos colectivos, dado que ya se venció el plazo.

                Por lo tanto, propongo que se voten dichos proyectos, salvo que los integrantes de la comisión tengan objeciones para plantear sobre alguno de ellos.

SEÑOR MIERES.- Nosotros tenemos una opinión, en términos generales, favorable a tres de los cuatro pedidos; me refiero a los casos de Trabajadores Cerámicos Olmos, Compañía Nacional de Cemento y Fanapel. Particularmente el caso de Fanapel nos parece de una crucial importancia por el impacto que ello tiene en la localidad de Juan Lacaze. Todos conocemos la situación que se está viviendo y parece que es de orden extender el seguro de desempleo.

                Creo que alguna vez tendremos que darnos en el Parlamento un debate sobre con qué criterios se otorgan las extensiones de los seguros de paro porque, mirándolo desde una perspectiva más general, hay una situación de injusticia con muchos trabajadores que terminan teniendo su seguro de paro máximo y, como son individuales o de pequeñas empresas, después no tienen ningún otro subsidio. Esto hace una situación de diferencia que depende, al final, del poder de lobby a veces o de la significación de la empresa en otros casos.

                Pero lo que de ninguna manera vamos a votar –nos parece, además, un exceso de parte del Estado– es el subsidio por desempleo para los trabajadores de Ebigold y Alenvidrio. El nivel de subsidio, indebido incluso, que ha ocurrido con fondos públicos a esta empresa está siendo investigado por la Justicia. Y en estos días hemos escuchado algo increíble: que Inefop, bajo título de «recalificación laboral», va a terminar entregando USD 1:500.000 para una supuesta capacitación laboral que en realidad es un complemento de un préstamo para maquinaria. Creo que la situación es de una oscuridad muy grande, y el pedido de un subsidio por desempleo por 90 días nos parece inentendible. Por lo tanto, no lo vamos a acompañar y vamos a manifestar estas mismas cosas en sala, porque hay una consistente preocupación exclusiva en un emprendimiento que no ha probado su viabilidad ni ha presentado garantías –reconocido esto por sus propios jerarcas– para recibir los subsidios de parte del Fondes en su momento. El Fondes ya tiene echados a pérdida los préstamos que se le otorgaron, y ahora se encontró este mecanismo que realmente llama la atención y nos pone un signo de interrogación sobre su legalidad. Estamos hablando de un préstamo de Inefop que debe ceñirse a un fondo de reconversión laboral que pagamos todos los uruguayos todos los meses, y encima ahora viene esto.

                Por estos motivos, nosotros vamos a votar en contra.

SEÑOR CAMY.- Quisiera consultar a la comisión si es posible votar todo el próximo jueves o si se mantiene lo que expresó el señor senador Otheguy, que son argumentos válidos para votar en el día de hoy. El problema es que no pudimos estudiar, por las razones que expuse –por no estar en el país– pormenorizadamente los temas, más allá de que en la mayoría de los casos tenemos bastante conocimiento de las propuestas de extensión.

                Mi consulta, entonces, es si vamos a votar hoy –que comprendo que sea así– o si hay posibilidades de traer directamente la posición tomada el próximo jueves.

SEÑORA PASSADA.- Entiendo la posición del señor senador Camy, pero estamos teniendo un problema de tiempo y de funcionamiento, puesto que algunos vencen en estos días.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑOR PRESIDENTE.- Ante el planteo que hizo el señor senador Camy –cuya justicia comprendemos–, los argumentos expresados por la señora senadora Passada y la necesidad que tienen estos cuatro sectores de trabajadores –ya que alguno no recibió su pago el mes pasado–  consideramos que deberíamos aprobar estos proyectos de ley ahora.

SEÑOR CAMY.- Entiendo que son argumentos de recibo. Estamos en condiciones de votar.

SEÑOR MIERES.- Propongo que se vote cada uno por separado.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 1048/2018 «Trabajadores de la empresa Compañía Nacional de Cementos. Subsidio por desempleo. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por razones de interés general, a extender el subsidio por un plazo de hasta ciento ochenta días). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 1785/2018».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA PASSADA.- Propongo como miembro informante al señor presidente.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 1049/2018 «Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos. Subsidio por desempleo. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por razones de interés general a extender el subsidio por un plazo de hasta ciento ochenta días. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 1784/2018».

                 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA PASSADA.- Propongo como miembro informante al señor presidente.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la carpeta  n.º 1050/2018 «Trabajadores de la empresa Fábrica Nacional de Papel (Fanapel S.A.). Subsidio por desempleo. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por razones de interés general, a extender el subsidio por un plazo de hasta ciento ochenta días. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 1786/2018».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA PASSADA.- Propongo como miembro informante al señor presidente.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 1051/2018 «Trabajadores de la empresa Ebigold S.A. y Alenvidrio S.A. Subsidio por desempleo. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad social por razones de interés general a extender el subsidio por un plazo de hasta noventa días. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n. 1787/2018».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–4 en 6. Afirmativa.

SEÑORA PASSADA.- Propongo como miembro informante al señor presidente.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el único punto del orden del día: «Carpeta n.º 815/2018. Reforma del Sistema de Previsión Social Militar. Proyecto de ley con exposición de motivos del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 1292/2017».

                Me parece que hay que ajustar los criterios. Propongo que hoy sesionemos hasta las 16 y que avancemos en lo que podamos. Ese es uno de los temas.

                Por otra parte, tenemos que ponernos de acuerdo con el procedimiento que vamos a seguir para la discusión. Una opción podría ser dar lectura a los artículos y generar el debate en cada caso para ver si hay o no opinión, o surge alguna propuesta distinta, y otra alternativa es votar el articulado por bloques en aquellos casos en los que se esté de acuerdo y dejar para el final la discusión de aquellos en los que los integrantes de la comisión opinen diferente.

SEÑOR MIERES.- En la última sesión de la comisión entendí que íbamos a tener un debate previo a la votación, referido al posicionamiento de cada bancada con respecto al tema en general para luego dar la discusión particular. Si ese es el criterio, expondría nuestra posición pero antes me gustaría que se me confirmara si es el procedimiento que vamos a seguir.

SEÑOR CAMY.- En primer término, debo reconocer que desde el año pasado existe un compromiso de priorizar el tratamiento de este tema, que por distintos motivos se ha ido postergando. Por tanto, cuando los integrantes de la comisión lo dispongan debemos asumir el trabajo tal como se planteó oportunamente.

                En segundo lugar, quiero aclarar que en algún momento señalamos que a los dos meses de ingresar el proyecto de ley que figura como primer punto del orden del día de hoy –reforma del sistema de previsión social militar, que envió el Poder Ejecutivo y cuyo número de carpeta es 815/2017– el señor senador Larrañaga presentó una iniciativa que oportunamente trasladamos a la comisión y que queremos que se considere.

                Entonces, pienso que lo primero es resolver en qué términos se va a trabajar porque con referencia al tema tenemos dos proyectos concretos.

                También me gustaría que la presidencia aclarara –porque, con franqueza, no lo recuerdo– si recibimos a las delegaciones que los integrantes de la comisión habíamos planteado para consultar o quedó alguna pendiente. Más allá de comenzar la discusión hoy, es un tema importante que seguramente va a dar lugar a debate y creo que todos somos conscientes de que hay que abordarlo y no postergarlo más. Así que habría que definir claramente cuál va a ser el régimen de trabajo: si consideramos que todavía tenemos que escuchar la opinión de algunas delegaciones o comenzamos a trabajar ya, y de qué manera se va a plantear la discusión de los dos proyectos que existen.

SEÑORA PASSADA.- Sobre lo que señala el señor senador Camy, dimos una mirada general y no nos quedó a nadie por citar. Entre las delegaciones que habían solicitado ser recibidas y las que la propia comisión quiso convocar para el tratamiento del tema, creo que ya hemos culminado.

                Lo que hicimos el otro día fue ver las voluntades políticas que existen sobre este proyecto de ley y dónde hay nudos. Creo que lo que hay que dejar claro –por lo menos, en lo que respecta a nuestra bancada– es la aprobación de este proyecto de ley. En particular, estamos dispuestos a plantear alguna modificación que surja de la propia discusión del articulado, aunque llegado el momento ya que no concierne a los primeros artículos.

También es cierto lo que expresó el señor senador Camy con relación al proyecto de ley del señor senador Larrañaga: primero se tomó contacto mediante una minuta de comunicación y después se le dio ingreso, y a partir de allí la comisión elaboró un texto comparativo –que todos tenemos en nuestro poder– donde figuran el proyecto original del Poder Ejecutivo y el del señor senador Larrañaga. Entonces, a medida que vayamos discutiendo los artículos iremos votando aquellos que coincidan. La votación mediante la discusión va a dirimir el articulado de cada uno de ellos.

                El otro día la señora senadora Tourné se refería a algunos puntos vinculados al planteo político previo a la discusión del proyecto. Personalmente me gustaría ir por el camino de la discusión de los artículos. Creo que estamos en condiciones de ir mostrando nuestras posiciones a medida que vamos considerando los artículos del propio proyecto de ley.  Esto no quiere decir que en su momento no hagamos lo otro. Entiendo que cuando analicemos los artículos va a surgir de por sí. Me parece que si seguimos ese mecanismo vamos a estar más ordenados.

SEÑOR MIERES.-  Nos parece de orden dejar constancia que el Partido Independiente estaría dispuesto a considerar una reforma si hubiéramos dado el paso intermedio que entendemos imprescindible en cualquier proceso lógico de análisis. El propio señor senador Mujica planteó el año pasado –con razón– que hubo una ley marco  de defensa que definió los cometidos fundamentales en el nuevo concepto de cuál debe ser el accionar de las Fuerzas Armadas dentro del marco de la concepción nueva de defensa.

Está en debate, en proceso, la reforma de la Ley Orgánica Militar, pero no se ha completado y resulta muy difícil discutir un dibujo del servicio de retiros reformado sin previamente tener establecido cuál es la estructura a la que se pretende arribar. Comprenderán que las normas de seguridad social y el otorgamiento de incentivos –o no– para proceder al retiro tienen mucho que ver con la estructura final que se pretende.

                Por lo tanto, este paso adelantado nos parece inadecuado por lo cual no vamos a acompañar la reforma; nuestra opinión va a ser contraria, lo que no significa que votemos algunos artículos. Además, también debemos considerar el proyecto de ley alternativo presentado por el señor senador Larrañaga, pero en principio nuestra postura es que deberíamos completar el debate –como sistema político y Poder Legislativo–sobre la Ley Orgánica Militar que es la que va a dibujar la estructura de las Fuerzas Armadas.

                 Por otra parte, entendemos relevante señalar –y en ese sentido he conseguido algunos datos– que cuando se habla del famoso déficit del servicio de retiro, a nuestro modo de ver, hay algunas cuentas que están mal sacadas. En el déficit no se incluye sorprendentemente el aporte que realizan los retirados militares a rentas generales a través del impuesto a la seguridad social. Es una cosa curiosa que no se descuente del déficit lo que aportan los propios retirados beneficiarios del servicio que está en el orden de USD 42:000.000, es decir, alrededor del 10 % del cálculo del déficit que se había realizado. Tampoco se toma en cuenta las erogaciones que surgieron de normas políticas que tomó el sistema político referidas a la reconstitución de carreras en el período posdictadura que es alrededor de USD 140:000.000, lo que hace un total de USD 182:000.000 menos. O sea que para hacer las cuentas con razonabilidad económica y que los números sean reales, al déficit señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas habría que restar estos dos conceptos.

El tercer elemento a tener en cuenta es que el aporte patronal que se calcula que hace el Estado en relación al personal militar es de 13 %, cuando el promedio general para el resto de los funcionarios es de 17 %. No tengo los números, pero si agregáramos este elemento estaríamos hablando de una cifra razonable y podríamos ver realmente cuál es el déficit del servicio de retiros militares. Tampoco creo que sea la monumental cifra que el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado, porque entendemos que en esa cuenta faltan elementos razonables –no inventados– que lo disminuirían bastante.

                En realidad, se puede reformar igual, en la medida que sigue habiendo déficit, pero tampoco podemos discutir sobre la base del reclamo del ministerio de economía

–que fue el puntapié inicial del debate–, ya que a nuestro modo de ver dio una cifra muy exagerada.

                Entonces, es difícil discutir si no está la ley orgánica militar y si se parte de un supuesto de déficit inflado desde nuestro punto de vista.

                Además, creemos que podría haber otros mecanismos de funcionamiento que serían más sencillos y afectarían en menor medida la estructura del actual servicio. Por ejemplo, se podría tomar en consideración la reducción de los llamados «años beneficiados», según los cuales, para algunas tareas dentro de las Fuerzas Armadas se computan de manera diferenciada los aportes, lo que implica una cifra muy importante. Conviene señalar que, por ejemplo, por el mero hecho de que una persona esté asignada a tareas de vuelo, aunque las horas de vuelo al año sean mínimas, recibe una bonificación de años, lo que afecta el déficit del servicio. Esto no ha sido tomado en consideración en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, pero creo que es algo que podría dar un resultado diferente en el déficit.

                Estas son algunas de las manifestaciones que queríamos hacer sobre cómo nos vamos a posicionar con respecto a este debate.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR OTHEGUY.- Quisiera hacer algunas consideraciones generales sobre por qué es relevante estar debatiendo este tema a nivel de la comisión.

                Si bien creo que es importante discutir una nueva ley orgánica militar, me parece que el impacto que podría tener en la reforma del sistema previsional militar no es determinante. Obviamente, eso no implica que no sea necesario discutir una nueva ley orgánica militar.

                La relación que existe entre activos y pasivos –que es, en definitiva, el elemento central a la hora de pensar los equilibrios de un sistema previsional– no va a cambiar la realidad, porque es claro que las modificaciones que eventualmente se puedan introducir en una nueva ley orgánica militar no van a ir hacia tener un ejército más numeroso que el que tenemos. Probablemente implique una adecuación de los escalafones y de la relación entre las estructuras jerárquicas de oficialidad y tropa, pero es claro que en el siglo XXI los sistemas de defensa no evolucionan en base a elementos cuantitativos sino en base a incorporación de tecnología e inteligencia. Por lo tanto, una nueva ley orgánica militar, la ecuación entre cantidad de activos y pasivos, no va a generar cambios y, además, condiciona en muy poco el debate que tenemos con respecto a la reforma del sistema de previsión militar.

                El segundo elemento de este debate es el déficit, que es muy importante, pero tampoco es central, por lo menos en el corto y mediano plazo. Esta reforma, así como sus impactos –que vamos a estar discutiendo– no se sustancian en el corto o mediano plazo porque, entre otras cosas, es sumamente gradualista, al punto de que no se contempló en otros sistemas previsionales. Por lo tanto, si bien el déficit es un dato importante de la realidad, el apuro por discutir esta reforma, los elementos centrales o sus fundamentos no van a impactar en el corto o mediano plazo en el déficit, porque la aprobación de esta reforma no va a mover la aguja del déficit y de lo que el Estado tiene que estar volcando para financiar el sistema previsional militar. Los impactos de la reforma, por la gradualidad que tiene, probablemente se vayan a ver dentro de 10 años, entre otras cosas, porque los jubilados actuales no van a ver afectadas las presentes condiciones de jubilación y los actuales activos van a tener una aplicación de la reforma muy gradualista. El déficit es muy relevante –más allá de que podamos chequear los números– e implica una erogación anual para el Estado del orden de más de USD 500:000.000 el año pasado, y para el 2020 casi USD 700:000.000. Estos números no van a cambiar ni en el corto ni en el mediano plazo con esta reforma. Lo que sí es necesario, por razones de justicia, es rever este sistema y pensando en el largo plazo ir hacia un sistema previsional más equilibrado, que es la preocupación que todos tenemos. Esta preocupación fue la que alentó la reforma que anteriormente se hizo en otros sistemas previsionales: en su momento, el sistema general y, luego, el resto de las cajas como, por ejemplo, la bancaria, la policial, etcétera. Y recién hoy, después de unos cuantos años de esos cambios legislativos, estamos teniendo resultados, porque los cambios en la previsión social no son de un día para el otro, sino que hay que pensarlos en plazos largos.

Para nosotros es relevante estudiar este proyecto desde este punto de vista y ponernos a trabajar en la reforma del sistema, porque es el único sistema que prácticamente no ha sido revisado ni reformado en los últimos treinta años. Por eso la urgencia de tener que estar hoy discutiendo y tratando de establecer una serie de innovaciones que van en la dirección no solo de buscar equilibrios hacia el futuro, sino hacia un régimen más justo y equilibrado con el resto de los sistemas previsionales. El sistema previsional militar tiene una serie de condiciones que están totalmente desfasadas de la realidad con respecto al resto del sistema previsional nacional.

                Estos son los fundamentos centrales con los que el oficialismo va a trabajar y estudiar este proyecto.

SEÑOR CAMY.- En nuestra primera intervención planteamos criterios más prácticos de definición en el sentido de cómo vamos a trabajar porque, evidentemente, entiendo que no se puede seguir eludiendo este tema, porque está en carpeta desde el pasado año y, además, se ha expresado por parte del oficialismo, en el marco de la igualdad y de la importancia que todos le damos al tema, la prioridad de su tratamiento.

                Quiero hacer un planteamiento estribando en una aproximación que siento con lo que señaló el señor senador Mieres.

                Me parece que el marco de la situación general militar es importante para abocarnos a este tema. ¿Por qué esto tiene que ver? El año pasado, quienes estamos en la Comisión de Hacienda y también esta comisión, tratamos –en más de una oportunidad–, inclusive con las mismas comparecencias que vinieron aquí por este tema, la nueva imposición tributaria de las pasividades militares.

Asimismo, como se señalaba, está pendiente la nueva ley orgánica militar. Al respecto puedo decir que actores políticos de todos los partidos que conocen del tema específico han señalado que es necesario llevarla a cabo.

También debo decir que tengo un matiz con la opinión del señor senador Otheguy. Creo que es importante situar el tema en ese marco porque nadie discute la especificidad del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas; es algo distinto a las otras cajas paraestatales e incluso a la previsión social. Entiendo que es necesario definir claramente, con un sentido de Estado y de grandes mayorías –en este tema me parecen ineludibles–, para qué queremos las fuerzas armadas, qué fuerzas armadas y qué dimensión tenemos de ellas.

Permítaseme un paréntesis para mencionar un par de aspectos. La única vez que en la Cámara de Representantes se rompió la mayoría que surgió en las últimas elecciones –circunstancialmente, al Gobierno le costó mantenerla– fue por un tema puntual que, según recuerdo, tenía que ver con la propuesta de cerrar el cuartel de Santa Clara de Olimar. ¡Si se habrán hecho consideraciones en la composición de las distintas votaciones que terminó siendo algo tan significativo políticamente!

Por lo tanto, me planteo lo siguiente: por ejemplo, ¿el Ejército debe seguir teniendo la misma dotación física de la que dispone en todo el territorio nacional, que fue diseñada con la guerra de 1904? ¿Tiene que profesionalizarse más? ¿Qué implica esto? ¿Menos integrantes o más? ¿Eso puede terminar afectando algo que reivindicamos quienes vivimos en el interior, tierra adentro, y es ese rol social cercano a la población que tienen las dotaciones militares? Me parece que la ley orgánica militar tiene mucho que ver con este tema y con la concepción que el país tenga para el siglo XXI; hay que saber cuáles son las fuerzas armadas que el país quiere antes de tratar el tema del Servicio de Retiros y Pensiones para modificarlo.

Me parece que esto debe hacerse en el marco de algo que mencioné en el Senado hace algunos días, definiéndolo como responsabilidad generacional –no me pesa que quede en la versión taquigráfica, aunque seguramente no es negocio político–, y es que será necesario aumentar la edad para jubilarse de toda la población. De lo contrario, seríamos todos unos irresponsables, porque no hay economista con el que haya hablado –de todos los pelos políticos en Uruguay– que no me lo haya dicho. En definitiva, también es cierto que hay una situación de marco general en la que se inscribe todo esto. Si bien coincido con lo que señalaba el señor senador Otheguy en cuanto a que los otros sistemas paraestatales han sido modificados, me parece que hay que tener cierta paridad de criterios porque, por ejemplo, la reforma policial implicó un aumento salarial a los policías para que las tasas de reemplazo a aplicar –mayores a las del BPS– resultaran en pasividades adecuadas, pero eso no se proyecta aquí. Por su parte, en la reforma de la caja bancaria se aumentó el aporte patronal del Estado en un 25 % y también se modificó la relación de activos y pasivos con el pase de contribuyentes de otro sistema a ese. En una primera opinión –creo que debemos abocarnos en serio a estudiar el proyecto de ley– percibo que no son medidas que se estén tomando en este caso. Además, el concepto del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas es distinto al de las cajas de jubilaciones paraestatales; es otra cosa.

Al menos personalmente –desde que soy senador de la república– siempre he tenido disposición para lo que se plantee, desde la contestación de los pedidos de informes hasta la solicitud de comparecencia de todas las dependencias del Gobierno. Sin embargo, las veces que solicitamos que concurrieran los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas porque son quienes técnicamente conocen del tema –no los ministros políticos que, obviamente, no tienen la condición militar profesional–, se nos explicó, con argumentos de recibo –más allá de que los compartamos o no–, que no podían venir. No obstante, ha habido en el equipo técnico militar retirado, posiciones distintas a las que muchas veces se nos dice desde el propio Ministerio de Defensa Nacional. Por ejemplo, se nos dice algo que nos preocupa: que dentro de la especificidad de lo que es el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, una decisión como la que se proyecta atentaría contra la carrera profesional militar y contra su ingreso a ella. Quiere decir que esto tendría una directa  vinculación con la promoción de militares nuevos.

No digo que sea ciento por ciento así; escucho otras opiniones pero esta no la descarto por venir de quienes viene. Inclusive, el señor senador Otheguy decía –y coincido con él– que esto no mueve la aguja porque se trata de cambios graduales. Ese también podría ser un argumento, a mi juicio, de que seguramente en el corto tiempo esto se corrija, porque si uno ve las más altas retribuciones que se tienen y haciendo una proyección de la biología lógica y natural, puede pensar que este sistema se va corrigiendo.

Entonces –y esto lo dije y recuerdo que, en una oportunidad, se interpretó de forma inadecuada y por eso volví a decirlo para que quedara claro lo que quiero señalar–, me parece –y aclaro que no estoy haciendo ninguna acusación a nadie en particular ni general– que este es un tema que en Uruguay, por las cosas que todos sufrimos y sabemos que pasaron –y creo que hay coincidencia unánime de que nadie las quiere–, muchas veces hay tentaciones en el sentido de que en la mirada al tema militar haya determinado sesgo por una parte mínima de la historia en la que algunos vistieron el uniforme de forma indigna y tal vez dejamos de ver a las Fuerzas Armadas tal como tenemos que verlas como legisladores, es decir, desde el punto de vista profesional y definiendo cómo las queremos.

Esa es mi sensación. Tengo la convicción –y he escuchado a gente de todas las fuerzas políticas que entiende así y lo ha dicho con claridad– de que emparchar no es lo mejor ni tampoco tomar cualquier decisión de cambio en este tema sin definir claramente cuál sería la ley orgánica militar nueva o qué Fuerzas Armadas se quieren, ya que algunos pueden quererlas más grandes, más chicas o, incluso, no quererlas. ¿Realmente debemos seguir teniéndolas como las concebimos en el tiempo en que se formaron?

Me parece que todo esto hay que definirlo antes de tomar una decisión. Ni más ni menos, el año pasado –el 16 de noviembre– recibimos a un grupo técnico que se denomina Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar, coordinado por el general Hébert Fígoli e integrado por los coroneles Rivera Elgue y Heber Cappi y Sergio Rico

–este último no estuvo presente en la comisión–, además del capitán de navío Enrique Falco y el coronel de la FAU Hugo Corujo –profesionales de las armas específicamente vinculados a este tema–, quienes nos dijeron algo que, de todo lo que nos señalaron

–que pueden ser temas discutibles–, es lo que más me afecta: que esto tendría una directa incidencia o consecuencia en los nuevos oficiales que puede ser determinante para que opten o no por desarrollarse en la carrera militar.

Entonces, por ese tipo de cosas fue que solicitamos que vinieran los comandantes en jefe, es decir, para que ellos, profesionalmente, nos dijeran si eso es así.

Las inquietudes que nos surgen tienen que ver con si, efectivamente, es válido plantear esto fuera del marco de la Ley Orgánica Militar y con la definición del Estado acerca de qué Fuerzas Armadas queremos. Esa es la primera posición y no es para chicanear o diferir  el tema. Tenemos que comenzar a analizarlo, estamos dispuestos a hacerlo artículo por artículo cuando así se decida. Como bien señaló la señora senadora Passada, debemos disponer de un comparativo que contenga la propuesta de minuta del señor senador Larrañaga, y que se comience a votar.

Coincido con lo que expresó el señor senador Mieres en que el tema de las Fuerzas Armadas es demasiado importante para el país y es necesario definirlo para el futuro con un sentido más profundo que esta mera reforma, porque como dice el señor senador Otheguy, ni siquiera mueve la aguja en atención al gradualismo que tiene.

SEÑOR OTHEGUY.- Creo que en el correr de las sesiones nos vamos a  internar en los contenidos, y probablemente vayamos profundizando sobre varios de los temas que estamos discutiendo acá.

                Simplemente quisiera mencionar algunas cuestiones que me parecen relevantes.  Tenemos cincuenta y tres mil  retirados contra veintisiete mil activos; ese es un dato de la realidad. Creo que esos números en una nueva ley orgánica militar no van a cambiar sustancialmente porque el necesario rol –y ese es el otro elemento que me importaba dejar claro– y la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en el Uruguay van por el camino de jerarquizar la profesión, apuntando a su tecnificación y no por la cantidad de efectivos.

                Más allá de las opiniones que puedan tener algunos actores políticos, como Frente Amplio reivindicamos el rol de las Fuerzas Armadas –esa es la posición de nuestra fuerza política– y no nos guía ningún tipo de animadversión cuando nos ponemos a discutir la necesaria reforma del sistema ni ningún tipo de revancha por cosas del pasado, que a la enorme mayoría de los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país les son totalmente ajenas, y es importante que esto quede claro. Sí pensamos que este es el momento de discutir este tema porque las reformas previsionales hay que pensarlas en el largo plazo. Lo que no hagamos en este momento –y en esto incluyo al conjunto del sistema previsional uruguayo que también comparto que es un tema que en breve vamos a tener que discutir en el sistema político– después a la sociedad y al pueblo que es, en definitiva, quien paga las cuentas, les significará un altísimo costo por no hacer oportunamente la reforma que corresponde. Creo que como legisladores tenemos la responsabilidad de impulsar reformas sabiendo que siempre tienen un costo.

                Es una opinión personal, pero creo que debemos salir de este sistema perverso  que se fue construyendo en el Uruguay a lo largo del tiempo, en el que hay una remuneración muy mala para los soldados, pero un régimen jubilatorio muy bueno y beneficioso.  Eso no funciona en ninguna parte del mundo, hay que cambiarlo. En forma paralela a estos cambios, creo que debemos hacer como cuando se discutió la reforma de la Caja policial –y en eso comparto lo que señaló el señor senador Camy–, en la que se rejerarquizó a la Policía y el Uruguay desplegó una hoja de ruta que permitió que los policías logaran tener un salario mucho más digno que el que tenían.

Personalmente, no tendría ningún inconveniente en que las economías del Estado uruguayo que se fueran obteniendo producto de esta reforma, se utilizaran directamente para mejorar los salarios de los más sumergidos, es decir, de los soldados que integran las Fuerzas Armadas.

                Gracias.

SEÑOR PARDIÑAS.- Simplemente quiero dejar la siguiente constancia. La posición de todos respecto a este tema es muy clara. Un preámbulo a esta discusión tuvo lugar en la instancia de análisis del impuesto aplicado a las prestaciones especiales de los militares, proyecto de ley que cuenta con media sanción. Como es lógico, allí se planteó también la necesidad de discutir la Ley Orgánica Militar.

Podría decirse que esa es la primera constatación, pero nosotros –aunque no específicamente en esta legislatura, sino a lo largo de la historia– hemos discutido varias modificaciones a distintos regímenes de seguridad social y nunca pensamos que para ello era necesario analizar el perfil de la actividad de los prestatarios. Por ejemplo, cuando se modificó el régimen de la caja de profesionales no se pensó en las profesiones que debería tener el Uruguay; incluso, respecto al régimen de la caja policial, primero se analizó dicho régimen y después la ley orgánica. Por tanto, me parece que no hay impedimento alguno como para que avancemos, que las posiciones se han planteado meridianamente y que es necesario empezar a votar el proyecto de ley.

En realidad, nosotros apostamos a que son reformas que van a tener su tiempo de maduración –por eso, es necesario comenzar a aplicarlas lo más pronto posible–, pero no comparto la idea de que el estímulo para ingresar a una carrera sea el régimen de previsión social. Me parece que ese no sería el estímulo más correcto para impulsar el desarrollo de cualquier actividad profesional en el país. En mi opinión, tendría que ser al revés: el estímulo para el ingreso a una carrera, tendría que ser el rol de la actividad profesional y no el hecho de que después se tenga un régimen de seguridad social muy favorable porque, en ese caso, puede ocurrir que se trabaje en una profesión que no sea motivante.

No creo que nos pongamos de acuerdo en esto, por tanto, insisto y reafirmo un planteo del señor senador Otheguy: para nada la votación de modificaciones a este régimen se sustenta en miradas ideológicas. En todo caso, la mirada ideológica es la de que los regímenes jubilatorios tienen que brindarse con prestaciones y asistencias universales, en lo posible.

Es con ese tono que pretendemos resolver este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permiten, quiero dejar una breve opinión y una propuesta, con la esperanza de recoger la preocupación de los colegas.

                No participé el año pasado en el trabajo, en el análisis y discusión de esta propuesta –como todos sabemos no tenía esta investidura–, ni tuve oportunidad de escuchar a los distintos actores vinculados a esta reforma, pero supongo que se debe haber tenido en cuenta muchos de estos aspectos y las opiniones que se han vertido en esta comisión. Sé que el año pasado se había acordado comenzar el debate y discusión del articulado, cosa que nosotros tratamos de modular al principio del año como para poder ingresar en ese debate en estos días.

                Ahora bien; somos conscientes –no nos hacemos los distraídos por ser nuevos en esta investidura– de que estamos ingresando en la discusión de un tema muy sensible y difícil. Pero, acá, donde tengo la posibilidad de dirigirme a representantes de todos los partidos, digo que, visto desde afuera, es más difícil poder explicar cómo un sector de nuestra sociedad se lleva casi USD 500:000.000 por año provenientes de rentas generales, siendo que es un sector minoritario; cómo es que hay dos sectores de trabajadores y trabajadoras en nuestro país y que en uno de ellos se puedan retirar y cobrar una jubilación o una pensión con muy pocos años de actividad, beneficio al que no tiene derecho el resto. Nos parece mal. Nos parece mal también que sea el único sector en el país que, en el momento de jubilarse, reciba un ascenso, cosa que no ocurre en ningún otro sector de actividad. 

También nos parece mal que aún después de jubilados sigan recibiendo el mismo dinero que si estuvieran en actividad. Este país ha tenido distintos gobiernos, distintos ámbitos y representaciones parlamentarias y ha reformado los otros sistemas previsionales y las otras cajas. Me parece que independientemente de las opiniones       –todas son válidas– y de los argumentos que tenemos que escuchar –estamos de acuerdo con que hay cosas para corregir–, lo que hay que hacer es remangarse y comenzar a debatir cómo empezar a encarar este proyecto de reforma.

Después de algunas de las intervenciones de los señores senadores yo tomé nota de sus preocupaciones porque no tengo la respuesta. Me parece que vino bien esta puesta a punto que hicimos para poder empezar la discusión.

El 12 de abril vamos a recibir a las delegaciones de trabajadores de Saceem y de la DGI. Luego continuaríamos considerando este tema en general. Si algún señor senador tiene propuestas de desglose puede presentarlas y las abordaríamos al final de la próxima sesión. Para la sesión del 3 de mayo podríamos votar todos los artículos acordados y que no merezcan discusión. Capaz que hay diez, quince o veinticinco que no merecen discusión. Es más, los señores senadores Mieres y Camy hicieron la precisión de que hay artículos en condiciones de ser votados.  Vamos a hacer un comparativo que va a constar de la minuta, el proyecto de ley y las leyes análogas. Nos comprometemos a contar con ese instrumento de trabajo. El 10 de mayo vamos a presentar las propuestas sustitutivas y comenzamos a votar. Y si todo esto fuera tan fácil como lo estamos diciendo, el 17 de mayo terminaríamos la votación con el aporte optimista de los senadores que integran esta comisión. Todo esto es tentativo. Quizá tengamos que hacer cambios. Esto va a estar sujeto a lo que ocurra en el país. Si surgen temas que ameriten que alguna delegación solicite ser recibida, vamos a tener que hacernos tiempo para que venga y tratar otras cosas.

Se levanta la sesión.

(Son las 16:08).