COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN

(Sesión celebrada el día 6 de marzo de 2018).

 

 

SEÑORA MOREIRA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 14:34).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Carpeta n.º 994/2017. Derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. Interpretación de los artículos 77 y 81 de la Constitución de la República. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido 1701/2017).

                Carpeta n.º 981/2017. Legítima defensa. Se modifica el artículo 26 del Código Penal. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Luis Alberto Heber (Distribuido n.º 1700/2018).

                Carpeta n.º 1011/2018. Delitos graves. Cumplimiento efectivo de las penas. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Jorge Larrañaga. (Distribuido n.º 1721/2018).

                Carpeta n.º 1015/2018. Código del Proceso Penal. Se modifica la ley n.º 19.293, de 19 de diciembre de 2014. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Pedro Bordaberry. (Distribuido n.º 1723/2018).

                Carpeta n.º 1014/2018. Pena de reclusión permanente revisable. Se establece para determinados delitos. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Jorge Larrañaga. (Distribuido n.º 1722/2018).

                Carpeta n.º 1016/2018. Carrera de perros. Se prohíbe su realización. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador José Carlos Cardoso.

                La subcomisión para el estudio del proyecto de ley de Contratos de Seguros eleva los artículos acordados y desglosados del proyecto de ley de Contratos de Seguros.

                Exposición escrita de la representante nacional Susana Andrade, relacionada con la laicidad del Estado. (Enviada por correo electrónico el día 20 de febrero).

                Mail del doctor Miguel Angel Gallegos por medio del cual adjunta una propuesta de redacción para el artículo 26 del Código Penal. (Enviado por correo electrónico el día 21 de febrero)».

–Corresponde que en esta sesión votemos la nueva presidencia de la comisión. Pero, antes de ello, quiero decir tres cosas.

En primer lugar, quiero compartir que la señora Ana Veríssimo, quien fuera secretaria de esta comisión, está próxima a jubilarse y cumplió un papel muy destacado en este ámbito. Quiero que quede constancia de ello en la versión taquigráfica. Veremos más adelante la forma de celebrar su retiro, dando cuenta de lo que fue su muy destacable actuación al frente de esta comisión, especialmente este último año en el que fui presidenta y tuvimos a consideración todos los proyectos del Código de Proceso Penal aprobados. 

                En segundo lugar, tenemos proyectos de ley a estudio que quedaron pendientes del año pasado, como el de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuyo tratamiento ya habíamos comenzado, y otros que han sido estudiados en una subcomisión, como el proyecto de contrato de seguros.

Queremos adelantar que la bancada del Frente Amplio le va a dar preferencia a los proyectos de ley que ya estaban en tratamiento, a los del Poder Ejecutivo y a los que vengan aprobados de la Cámara de Representantes.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 151 del Reglamento de la Cámara de Senadores, corresponde votar presidente y vicepresidente de la comisión.

SEÑORA AYALA.- En nombre de la bancada del Frente Amplio, proponemos como presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, al señor senador Carrera.

SEÑORA MOREIRA.- Se va a votar la propuesta de la señora senadora.

(Se vota).

                –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Ocupa la presidencia el señor senador Carrera).

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde ahora designar al vicepresidente.

SEÑOR HEBER.- Propongo al señor senador Camy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta formulada.

(Se vota).

                –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD

Tenemos que rectificar un trámite. De acuerdo a secretaría corresponde que la Carpeta n.º 1016/2018 sobre carreras de perros, vaya a la Comisión de Educación y Cultura porque modifica la ley de bienestar animal.

SEÑOR HEBER.- Estoy totalmente de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

                –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MIERES.- La verdad es que estamos muy preocupados por una situación que se viene dando en las últimas semanas; me refiero a la proliferación de declaraciones  públicas que hicieron  distintos operadores judiciales –fiscales, jueces y representantes del Ministerio del Interior–, donde el tema central ha sido el traslado de responsabilidad pública acerca de distintos episodios en materia criminal y cómo se han procesado entre los distintos actores. La verdad es que nos preocupa mucho lo que está pasando porque se está generando un clima que no le hace ningún favor a la propia actuación de estos organismos y tampoco al tema que predomina en la ciudadanía en relación a la inseguridad. La sensación de inseguridad o las situaciones de inseguridad que se viven en la sociedad uruguaya están lejos de apaciguarse o de encontrar solución en los actores que tienen a su cargo la persecución del delito y el procesamiento de quienes comenten esos delitos. En realidad, están recibiendo mensajes totalmente contrarios. La perspectiva de cualquier observador objetivo es la sensación de que hay un conflicto entre fiscales y jueces; un conflicto entre fiscales y policías; un conflicto entre jueces y policías; todos contra todos. El que gana con todo esto es el delincuente que encuentra vacíos y huecos. Existe la sensación de que en vez de haber un intercambio positivo, fecundo y la sinergia que  debe haber entre los tres actores, hay un intercambio de culpas y de responsabilidades. Esa mirada es equivocada.

Entonces, me parece que como integrantes de la comisión que estudió el Código del Proceso Penal –y que más allá de él tenemos contacto directo con la Suprema Corte de Justicia, con la Fiscalía General de la Nación y con el Ministerio del Interior– sería bueno que convocáramos a estos tres organismos, no con el afán de interpelarlos sino de propiciar un mecanismo que permita generar espacios interinstitucionales más fecundos. Si los hay, que sean más fecundos y proactivos, y si no los hay, que existan. Creo que también hay que deslindar cuál es el tema real. Yo estoy hablando de este tema específico que es la coordinación entre policías, fiscales y jueces.

                Otra cosa es la discusión sobre si el nuevo Código del Proceso Penal es responsable por los datos que efectivamente existen sobre el aumento del delito, en particular en el último trimestre del año pasado. La verdad es que tengo una opinión negativa en el sentido de que creo que no se trata del Código del Proceso Penal, porque los delitos de hurto, rapiña y homicidio empiezan a aumentar nuevamente en octubre y en ese entonces el código no existía; recién se aprobó en noviembre.

                Ese no es el debate, en todo caso, es el contexto. Creo que hay un contexto que seguramente se da de octubre a diciembre –no tengo datos de enero y febrero– para ese incremento de hurtos y rapiñas. Los homicidios sí siguen aumentando sin parar desde octubre en adelante –es decir, en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero–, y es cada vez peor. Creo que esto ha creado un incentivo mayor a esa situación del «¡sálvese quien pueda!» y de tirarse la culpa recíprocamente.

También me parece que el Código del Proceso Penal, en la medida en que generó un cambio de roles muy rotundo –aquí todos lo sabemos bien porque lo discutimos y lo analizamos–, sin duda ha producido desajustes y problemas de adaptación, experiencia y aprendizajes y esto contribuye a crear ese clima de dificultad y de hacer planteamientos públicos que creo que no corresponden, que deberían tramitarse de otra manera. Considero que si un fiscal piensa que un juez actuó mal, debería seguir la vía institucional y establecer el planteo a su jerarca para que este eleve a la Suprema Corte de Justicia. Creo que la relación debería ser mejor entre los tres actores institucionales. Uno siente que hay problemas no solo entre los operadores

–entre tal o cual fiscal y un juez– sino entre las instituciones, porque también ha habido pasajes de cuentas a nivel de las jerarquías. Entonces me parece que se vuelve  necesario que haya un ámbito donde podamos dialogar y discutir.

                Tampoco pretendo con esta solicitud de convocatoria que nos centremos en el tema de cómo está funcionando, en particular, uno de los actores. Ha habido muchos debates sobre la cuestión de la fiscalía y sobre si alcanza o no el número de fiscales. He escuchado con sorpresa –lo digo con franqueza– que el fiscal de corte ahora diga que no tiene recursos  humanos suficientes. Cuando votamos el Código del Proceso Penal lo hicimos en el entendido de que la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación expresamente nos habían dicho que tenían los recursos humanos suficientes para abordar su instrumentación; eso lo escuché no solo aquí sino en los medios.

                Aparentemente, hubo un cálculo erróneo en el caso de la fiscalía y, si es así, obviamente deberíamos ver, en sintonía con el Poder Ejecutivo y con las posibilidades presupuestales, de qué manera se puede resolver esto.

También está el tema que planteó la asociación de fiscales referido a la problemática de los turnos y de que hay un exceso de trabajo para cada uno. Con esta convocatoria no pretendo entrar en ese asunto sino que el planteo concreto es que la comisión asuma el papel de llamar a los jerarcas de los tres organismos, con el afán de ver si podemos contribuir a crear un clima de diálogo interinstitucional que supere estas situaciones que lo único que hacen es dañar la imagen de estas instituciones y crear una sensación de inseguridad mayor en la gente, que puede pensar que si estos son los que tienen que resolver el problema y resulta que se están peleando y que, además, se equivocan todo el tiempo y cada uno le echa la culpa al otro, estamos perdidos.

SEÑORA PAYSSÉ.- He estado escuchando el planteo que ha hecho el señor senador Mieres y por supuesto que ya lo había oído mucho antes por todos los medios de comunicación.

En esto quiero involucrar también a otros actores, no solo a los que eventualmente se señalan aquí como contribuyentes al diálogo público, para ponernos todos donde nos toca o queremos estar. Sinceramente, de todos los actores que se han mencionado quiero agregar al señor senador Mieres, porque ha sido un actor público que ha hablado sobre estos temas.

(Intervención del señor senador Mieres que no se escucha).

                –Por otro lado,  a mí me parece que nosotros, como actores del sistema político en general, asumimos la responsabilidad no solo del trabajo arduo que significó tener un CPP con todos los ajustes que tuvimos que ir haciendo, sino del acuerdo político –no quiero arrepentirme ahora, sino todo lo contrario, lo reafirmo– por el que nos comprometimos a que entrara en vigencia en una fecha y no a seguir dilatándola. Esto es más que loable y consta en las versiones taquigráficas. Además, ya conversamos lo que significa para este país, desde el punto de vista de la administración de la justicia penal, tener un Código del Proceso Penal moderno, entre otras cosas.

También sabíamos que al año de su implementación íbamos a hacer una reflexión general para evaluar su aplicación –y nos comprometimos a ello– y para ver si realmente debemos seguir haciendo ajustes legislativos y si tenemos que llamar la atención sobre la no aplicación en función de los parámetros que los propios legisladores nos hemos marcado. Cuando ponemos a andar una herramienta legislativa, después tenemos que ver cómo se ha aplicado, y si no se hizo como se pretendía hay que estudiar los posibles errores de interpretación de los textos y, como muchas veces sucede, hay que ver si hay que enmendarlos. Eso me parece muy buena cosa.

También me parece muy buena cosa algo que ya dijimos. Me refiero a que, tal vez, después de la feria mayor sería el momento de que los actores involucrados nos transmitan las observaciones o las dificultades que existieron en la aplicación de un código que fue reformulado muchas veces por nuestra administración de justicia penal.

 Por otro lado, quiero decir  que no estoy en desacuerdo con tener un diálogo con los actores involucrados, pero siempre en el marco en el cual me parece que se tiene que dar esa interrelación, como siempre lo hacemos en esta comunicación continua que tenemos con los actores vinculados a la comisión.

                Voy a retomar las palabras del señor senador Mieres porque creo que es nuestra obligación contribuir a crear un clima de diálogo institucional. Esto lo comparto y lo quiero decir y reafirmar para que conste en la versión taquigráfica porque no he querido salir a hablar en los medios sobre estos temas sobre los que me consultaron.

                También quiero decir que no estoy de acuerdo con los que dicen que en este clima que se ha generado –hay muchos que contribuyen con él– el que gana es el delincuente. Entiendo que alguien defienda esa idea, pero no tiene un desarrollo demasiado contundente como para que a mí me haga aceptarla como una verdad; al contrario, me parece que no es así.

                Estoy de acuerdo también con el senador Mieres  –no es el tema en cuestión, o no debiera serlo, por lo que estoy de acuerdo con él– en la preocupación que se ha generado en cuanto a si la implementación del CPP ha influido en el aumento o en la disminución de los delitos. Para estudiar los datos vinculados con toda esta situación está la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, en donde mantenemos un intercambio fluido con el Ministerio del Interior, porque así lo hemos determinado. Este es el ámbito idóneo del Parlamento pero no se legisla, sino que simplemente se cita a los diferentes actores involucrados para tratar todos estos temas y recibir los datos que se desprenden. Entonces, estamos de acuerdo con que está bueno tener un intercambio con los diferentes actores.

Además, quiero decir que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de estas cosas desde el punto de vista de nuestra acción parlamentaria, legislativa y comunicacional. No sé si somos quienes tenemos que establecer lo que se dice o no por parte de otros actores, en realidad, podemos estar de acuerdo o no y hacer valoraciones  que yo quiero hacer acá. A mi juicio, este intercambio tampoco favorece demasiado algo que yo quiero reivindicar,  y es la responsabilidad que asumo en cuanto a la investidura que tengo y a nivel personal. Me refiero a generar, en el marco de un cambio tan radical, una mirada muy crítica para lo bueno, para lo que tiene dificultades y para lo que hay que ajustar. Pero, habida cuenta de que integramos un Poder que es independiente del Estado, no sé si son de nuestra competencia algunas cosas que tienen que ver con el tema jurisdiccional.

                Vamos a hacer una última reflexión a cuenta de que esta es una propuesta y hay una cantidad de temas que tenemos que seguir considerando.

                Siempre hemos mantenido contacto con los actores involucrados y en todos los intercambios que tuvimos hubo fervientes defensores del sistema acusatorio; otros que estuvieron afines, pero que lo veían con prevenciones. Es así que todo el trabajo parlamentario derivó en la creación de un organismo descentralizado como es la Fiscalía; en un estatuto para los funcionarios fiscales y otro para los funcionarios no fiscales. También se recibió a la Suprema Corte de Justicia que en un principio dijo que había dificultades con respecto al segundo juez, pero luego planteó que en el marco de su trabajo interno habían logrado subsanar ese problema. Creo que todos los actores involucrados –sobre todo los institucionales y quienes teniendo una investidura hablan a título personal o no, en representación de toda la institucionalidad que integran–, realizaron un gran esfuerzo, que quiero reivindicar, para que este código se pudiera poner en práctica de la mejor forma.

                No tengo ninguna dificultad en mantener un intercambio con quienes consideremos, pero con la responsabilidad de no ponernos de jueces ni de administradores de los disensos que eventualmente se puedan  haber hecho públicos y quizás no hubiéramos estado de acuerdo en que se dieran de esa forma, porque tampoco somos quienes para establecer lo que tienen que decir o no los actores; esa no es nuestra competencia como legisladores.

                Estas reflexiones son importantes no a cuenta de lo que se puede decir acá, sino de lo que estamos escuchando. Creo que todo el sistema político abrazó el tema del Código del Proceso Penal con una profunda responsabilidad y con fuertes acuerdos que hay que seguir respetándolos y tratando de que no haya algún desmadre. Obviamente sabemos que este cambio tan radical en la administración de la justicia y en todo el sistema penal va a traer dificultades en su aplicación.  A nadie se le ocurrió pensar que, por ejemplo, la adecuación del sistema Audire,  y la utilización de las infraestructuras, se iba dar como ondas de amor y paz o en un camino sembrado de pétalos de rosas.

 Asumiendo la responsabilidad que nos toca en el seguimiento de la aplicación de las leyes que votamos, creo que sería bueno hacer una evaluación de la aplicación del CPP durante el primer año de su instrumentación –que se cumple el 1.º de noviembre–,  para observar las posibles dificultades que se hayan dado y si ameritan nuestra intervención como parlamentarios, pero en ese marco y no en otro.

SEÑOR MIERES.- Más allá de las diferencias de matices que podamos tener sobre el fondo del tema, hubo una referencia que hizo la señora senadora Payssé como si yo hubiera sido parte de ese contrapunto que hemos visto en la prensa pero, la verdad es que en la nutrida agenda de prensa que hemos tenido en estos días me cuidé muy bien, en todas las intervenciones, de no ingresar en la discusión, ni en el análisis, ni en tomar partido sobre quién tenía razón sobre cada  uno de los numerosos episodios que hicieron contrapunto entre fiscales, jueces y policías. Hoy en la prensa salió una enumeración extensa de todos los casos que ha habido de ese contrapunto que rechazo y que me parece que debemos ayudar a que no se dé más. Pero aclaro que no formé parte de él. Me «tiraron» varias preguntas sobre casos concretos y, en realidad, creo que no corresponde ponerse a opinar si el fiscal tuvo la culpa, o si la tuvo el juez, etcétera. Quiero dejar sentada esa constancia.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: como senadores –y senadoras– que somos, cada uno sabe lo que dice y no tiene por qué dar explicaciones aquí, pero eso no significa que algunos no estemos con aprensión. Y queremos decirlo por una cuestión de lealtad.

                Si bien nosotros somos responsables en cada proyecto de ley que votamos –afirmativa o negativamente, pero sobre todo cuando damos nuestro voto–, en el caso del que estamos hablando podríamos decir que somos padres –padres y madres– de la criatura. Lo estudiamos en profundidad, conseguimos los recursos, se dilató en el tiempo, hicimos las modificaciones, corregimos –a veces a la velocidad de la luz–, discutimos acá las prórrogas –por momentos sí, por momentos no–, tuvimos nuestras contradicciones –cada uno de nosotros como partido y dentro de los partidos– y planteamos de antemano tener, a un año, la reflexión. Y hay que empezar a pensarla, señor presidente, para que todos los actores estén. Si hay que poner recursos hay que planificarlos de antemano. Esta es una reforma muy pesada, que salió por consenso; hablamos de una reforma de Estado, de larga duración. Entonces, mi aprensión tiene que ver con que se trata de una mirada muy corta: esto prácticamente estuvo un mes y medio, después se cortó, después se empezó de nuevo y con muchas dificultades. A mí no me extraña que el fiscal de corte diga que planificó los recursos y que después le falten, porque esto es un tsunami para todos. No me extrañaría que mañana encontráramos un artículo que estuviera en contradicción con algunas normas que nosotros mismos votamos. Aclaro que vamos a acompañar lo que se plantea, pero la mirada corta puede tener la virtud de solucionar algún problema y al mismo tiempo conllevar el error –esa es mi aprensión– de que nosotros –que en cierta medida hemos estado todos juntos llevando adelante este proceso desde una perspectiva de Estado– terminemos politizando el tema, juntándolo con el de seguridad que, naturalmente, es político y nadie va a reprochar si ese tema tiene conmoción en la gente y mucha visibilidad. Podríamos terminar nosotros metiéndonos en la chiquita y no pudiendo estar un poquito más allá, para ser el tribunal de alzada que pueda corregir las cosas. Si es con ese objeto que hoy se presenta esta propuesta, capaz que el senador Mieres tiene razón. Yo estoy un poquito aprensivo. No es que no la vayamos a acompañar, sino que estoy un poco aprensivo de salir a correr la pelota ni bien el juez pita. Esto va a tener que correr más; vamos a tener que ver más. Tengo miedo de concluir con algún cambio que, después, implique tener que volver atrás, porque la perspectiva es de muy poco tiempo. De todos modos, si un señor senador siente la necesidad de que hagamos un repaso con aquellos actores que aplican esto en el día a día –jueces, fiscales y no sé si el Ministerio del Interior–, no me opongo, pero sí digo que hay que hacerlo intentando que no sea todo una misma cosa y que luego no haya nadie que pueda poner cabeza a las cosas a corregir, con la autoridad política que se requiere.

Luego de haber planteado nuestras aprensiones, decimos que vamos a dar este paso.

SEÑORA AYALA.- Hay que tener en cuenta que la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal recién comenzó el 1.º de noviembre del año pasado lo que, desde mi punto de vista, implica un cambio estructural en el proceso penal en el país. Se pasó de un sistema a otro y por supuesto que luego de estos cuatro meses me gustaría plantear cuál debería ser el criterio para invitar a estas tres instituciones que, en mi opinión, deberían ser el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. En este caso, les pediría que vinieran a comentarnos cómo va la implementación del nuevo proceso luego de estos cuatro meses y desde la perspectiva de cada una de ellas.

                En cuanto al diálogo, quiero decir que si podemos colaborar para que se produzca entre ellos sería algo muy bueno, pero no me gustaría subestimar a estas tres instituciones suponiendo que no son capaces o no pueden implementar un sistema de diálogo por sí mismas.

En consecuencia, creo que el criterio debe ser solicitarles que, desde su perspectiva institucional, nos informen cómo están implementando el nuevo proceso y cuáles han sido las dificultades. Quizás cuando se cumplan ocho meses de su puesta en vigencia hagamos lo mismo y al año, al hacer la evaluación que ya habíamos definido, podamos tener un panorama de qué debería ser modificado o implementado. Si se sigue este criterio, estaría totalmente de acuerdo en cursar la invitación.

SEÑOR BORDABERRY.- Si se leen las versiones taquigráficas, se puede comprobar que, tanto aquí como cuando se discutió este tema en el plenario, varios legisladores dijimos que había que tener responsabilidad –en especial en el sector político– al momento de implementarlo. Nos lo pedimos especialmente aquí, en el Parlamento, donde las pasiones son más grandes y donde se ha actuado con mayor responsabilidad; aquí es donde tendrían que darse las grandes discusiones, porque todos sabíamos –y sabemos– que un alumbramiento de este tipo –como todos los alumbramientos– implica dolores, aunque después llega la alegría. Y así actuamos.

                Obviamente, no somos quiénes para decir al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la fiscalía o a los jueces si pueden o no discutir públicamente. No tenemos competencia y no estamos de acuerdo con que se les diga eso. Pero sí creo que es oportuno lo que plantea el señor senador Mieres, en el sentido de expresar a los operadores qué es lo que nosotros estamos haciendo luego de conocer las dificultades que enfrenta la implementación de un cambio tan drástico en el proceso penal. A su vez, se les puede pedir que nos envíen un detalle de cuáles consideran son las falencias que han encontrado, como forma de poder proyectar los cambios que se necesiten en el día de mañana.

Es obvio que, en el sentido directamente político, no podemos dejar de señalar que el primero que culpó al Código de Proceso Penal fue el ministro del Interior, integrante del Frente Amplio. Cuando los números no le cerraron y aumentaron drásticamente los homicidios y volvieron a incrementarse las rapiñas, él –que es el campeón de culpar a otros– dijo que eso se debía al CPP y a las libertades anticipadas otorgadas por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso provocó que la Suprema Corte de Justicia, institucionalmente, le respondiera. Lo cierto es que quedó instalado el tema y ahí largaron: fiscales, jueces y policías –la Policía salió a decir que no le habían firmado la orden, que demoraban, etcétera– comenzaron a culparse y, en medio de todo, lo más sencillo era responsabilizar al nuevo Código del Proceso Penal.

Por consiguiente, quizás en el propio Frente Amplio, la bancada oficialista pueda hacer saber al ministro del Interior –que integra su partido– qué es lo que nosotros, actuando con responsabilidad, estamos haciendo en el Parlamento. En mi caso, por ejemplo, podría salir a decir que no estuve de acuerdo con estos nuevos procesos alternativos que permiten que no se enfrenten los procesos penales, y otras cosas por el estilo, pero no lo hago porque hay un compromiso de todos. Considero que dicho compromiso también debiera alcanzar a quienes integran el Frente Amplio. Reitero que el señor ministro fue el primero en decir que la puesta en marcha del Código del Proceso Penal provocó el aumento en los delitos. ¡Vamos! Hace diez o doce años que se vienen incrementando los delitos y ahora resulta que es culpa del Código de Proceso Penal. Sin ánimo de marcarle al ministro del Interior lo que puede decir o no –ya es una persona mayor–, tal vez pueda hacérsele saber, por parte de la bancada oficialista, cuál es la visión que hemos tenido los legisladores de todos los partidos sobre la necesidad de dar tranquilidad y paz a la implementación de este código, al menos en los primeros meses. Él no dejó pasar ni tres y ya lo estaba culpando de lo que ocurría en el país.

En consecuencia, a la solicitud formulada por el senador Mieres agregaría la petición de que ya nos fueran indicando cuáles son las falencias que vienen encontrando, las que varios legisladores hemos advertido y por ese motivo presentamos varios proyectos de ley –que ya están en carpeta– modificando el Código del Proceso Penal.

SEÑOR HEBER.- Considero que debemos poner la preocupación donde está.

                Lo primero que quiero decir es que en esta comisión somos todos actores políticos y en ningún manual está escrito que no podemos hacer declaraciones afuera. Lo digo porque tampoco quiero que en el día de mañana se me reproche una actitud de este tipo. La publicidad de nuestras posiciones es parte integrante de la vida de este Cuerpo. En lo personal, no me nace preguntar al senador Mieres, por ejemplo, si declaró tal o cual cosa, porque puede hacer y decir lo que quiera; luego nos encontraremos en la instancia política y yo declararé lo que me parezca en los medios de prensa, que es el ámbito donde se dirimen estas cosas.

                Lo que el senador Mieres plantea en la comisión es algo que comparto y que ya hemos hablado con anterioridad. Confieso que estoy preocupado porque no me parece de recibo la aprensión que pueda tener el Frente Amplio ante este tema, pues todos la tenemos. ¿Cuál es la aprensión? Hemos asistido a una discusión pública en la que unos a otros se culpan y, realmente, eso me tiene muy preocupado. ¿Por qué? Porque va a terminar culpándose a quienes votamos la modificación y diciéndose: «Los parlamentarios votaron esto». No soy un especialista en la materia y es cierto que muchas veces me guié por consejos que me llevaron a votar muchos de estos proyectos de ley, entonces, quiero saber si lo hice bien o mal. Si hay que corregir, ¿por qué vamos a esperar un año? Está bien, habíamos dado ese plazo para evaluar la modificación, pero como hay un nivel público de confrontación de los diferentes actores, echándose culpas unos a otros, no podemos esperar un año y debemos hacerlo ahora. La idea no es echarle la culpa a nadie, pero quiero quedarme tranquilo de que si hay algo que puedo corregir ahora, voy a hacerlo. ¿Por qué voy a esperar a que surja la acusación de que votamos la modificación? Votamos, en ocasiones haciendo confianza en cosas que se nos dijeron y que no se están dando. Desconozco si el tema es que el fiscal requiere de más fiscales o de mayor apoyatura administrativa –es lo que se está diciendo, lo que no sería un tema legislativo–, pero tenemos que saberlo. Debemos tener la oportunidad de hablar con el señor fiscal; a su vez, me gustaría escuchar a los representantes de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay sin que eso represente un conventillo o una pelea. Se nos ha dicho que el sistema informático no funciona bien, se cae, mientras que el del Poder Judicial funciona adecuadamente. Entonces, ¿qué hizo el Poder Judicial para que el sistema informático funcione correctamente? Algunos señores fiscales han salido a la prensa a decir que no confían en el sistema informático y que eso está llevando al enlentecimiento de un Código del Proceso Penal que queríamos ágil.

                No sé cuál es la verdad, pero quiero conocerla. Tal vez no hay que modificar ni un solo artículo. Y si es necesario agregar algo en la reglamentación para la puesta en marcha del código, estoy dispuesto a hacerlo. Como dijo el señor senador Michelini, somos los padres de esta criatura, de modo que tenemos que saber si estamos a tiempo de corregir algo de cuya implementación no nos sentimos responsables, y no entrar en otras situaciones que se han dado en el marco de las tantas declaraciones que ha habido.

                Al igual que el señor senador Mieres, creo importante escuchar al señor fiscal, a miembros de la Suprema Corte de Justicia así como a representantes del Ministerio del Interior quienes pueden informarnos acerca de cuáles son los problemas que se están dando. Se nos dice que está habiendo muchos inconvenientes entre la policía y los fiscales por la implementación de este proceso. ¿Es así o no? ¿Le damos tiempo?

Me parece que el tema es atinado y no hay mayor responsabilidad del Poder Ejecutivo que de la oposición, no somos más padres unos que otros, todos lo somos. Ahora bien; quiero que funcione correctamente. Por eso, me parece que es muy importante escuchar a los actores; así, por lo menos, podremos identificar si tenemos que hacer un proyecto de ley o no; si nos reunimos o no con el Poder Ejecutivo, o si mañana tenemos que reunirnos con el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de analizar la dotación de recursos para la implementación.

                Quizás tengan una cuota de razón muchos de estos actores; tal vez todos tengan responsabilidad y todos deban hacer un esfuerzo. Lo que se está planteando no es una intermediación, sino una identificación de los problemas que se están planteando. Por tanto, me parece que es muy necesario –es la responsabilidad del Parlamento– recibir a los actores en este ámbito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores senadores me permiten, me gustaría señalar lo siguiente. Soy un ferviente defensor del proceso acusatorio y, por suerte, en nuestra república es la primera vez que estamos dando cumplimiento al artículo 22 de la Constitución de la república, que marca que todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolida la pesquisa secreta.

                Debe quedar claro y llenar de beneplácito a todo el sistema político, que se pudo llevar adelante esta gran reforma, que es una reforma de carácter estructural. Y agrego: con el nuevo CPP no creo que gane el delincuente, sino la democracia, el Estado de derecho, las garantías procesales.

                Considero que esto es muy significativo y quisiera que quedara bien claro.

                Por otro lado, la señora senadora Ayala hizo un planteo que tomé como una moción, que creo es importante, y los integrantes de la bancada oficialista estaríamos en condiciones de invitar a las tres instituciones, a efectos de que nos informen sobre cómo va la implantación del CPP en estos primeros cuatro meses. La idea es que nos den una perspectiva institucional y escucharlos en un marco de diálogo, pues sería esencial empezar a tener una visión desde ese punto de vista y estar al tanto de cómo se va desarrollando la puesta en marcha.

                De modo que, si los señores senadores están de acuerdo, la invitación podría tener ese carácter y, en ese sentido, hacemos una propuesta.

SEÑOR MIERES.- Comparto y me pareció muy buena la síntesis de la señora senadora Ayala, ya que está en la misma línea de lo que pretendíamos. En mi opinión, acá tenemos un tema de implementación y en la discusión han surgido elementos que  nada tienen que ver con el código, por ejemplo, si existe una planilla o si el sistema informático funciona o no, o sea, son cuestiones administrativas o de comunicación, en las que no está incluido el marco jurídico. Sin embargo, genera ruido y la sensación de que las cosas no están funcionando bien y de que el culpable es el nuevo Código del Proceso Penal, pero, en realidad, es injusto, porque no es así.

                Quiero aclarar que el señalamiento que hice en cuanto a que a la delincuencia le viene bien, no está referido al código, sino al hecho de que visualizar que hay problemas entre los actores que tienen la tarea de enfrentar el delito y hacer los procesamientos que correspondan –en tanto se tratan mal y se echan las culpas–, al delincuente le hace pensar que está en un escenario ideal. A eso me refería. Ese es el problema que veo y me parece que no puede pasar; es como insólito que haya ese tipo de debate público, más allá de que siempre hubo diferencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado la discusión famosa de que la policía junta las pruebas y los jueces los liberan y la versión contraria de los jueces que dicen que ellos liberan porque la policía no presenta bien las pruebas? Ese debate estaba presente con el viejo código, pero ahora parece que estamos en un momento de eclosión de señalamientos y cuestionamientos. Por eso, sin perjuicio de que más adelante tengamos que hacer una evaluación legislativa de fondo y se hagan ajustes –el señor senador Bordaberry hizo referencia a una propuesta presentada, que tendremos que analizar–, el tema hoy tiene que ver con la implementación. En este tema, hago un símil con el fútbol. Acá hubo un cambio del esquema del juego y ahora  las posiciones de los jugadores son otras. Lo que se le pide hoy al fiscal, al juez y a la policía es bien distinto de lo que se les pedía antes de noviembre. Esas nuevas lógicas determinan que haya momentos en el juego en los que la pelota es de nadie y todos terminen protestando. Entonces, me parece que tenemos que convocar, escuchar y apoyar lo que puede ser el mejor funcionamiento del nuevo sistema y no discutir ahora  sobre el funcionamiento interno de la fiscalía –quizás se tenga que analizar eso en otro momento porque las señales son preocupantes– ni sobre la política de seguridad, de la que todos tenemos opinión formada. Ese no es el sentido de lo que hemos planteado, que tiene que ver, en realidad, con la aplicación y la interrelación de los tres actores del proceso.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Junto a la secretaría asumimos la responsabilidad de citar a las tres instituciones, con la lógica que propuso la senadora Ayala.

                Daríamos por saldado este tema.

                Nos gustaría hablar sobre la mecánica de trabajo de la comisión.

La senadora Moreira ya dijo que se van a priorizar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y los que tengan media sanción. La bancada oficialista planteará en la próxima sesión cuáles son sus prioridades.

                Por otro lado, tengo una tarea encomendada por el compañero Martínez Huelmo. El señor senador quiere proponer a los miembros de la comisión ser recibido en este ámbito la semana que viene –en caso de que no concurran las instituciones– para hacer la presentación respecto a los cambios de los  contratos de seguros, tema que trabajó durante mucho tiempo en una subcomisión.

SEÑOR MICHELINI.- Respecto a las prioridades, la bancada oficialista ya ha dicho que se considerarán en primer lugar los proyectos de ley que tengan media sanción, el relativo al contrato de seguros y aquellos que envíe el Poder Ejecutivo.  

                Hago notar –en todo caso, para que la secretaría lo reparta– que desde hace dos años tiene media sanción el proyecto de ley relacionado con el régimen de ejecución y prescripción de gastos comunes de propiedad horizontal. Es la Carpeta n.º 534 –consta de un solo artículo–, que propone determinado tratamiento para el régimen de propiedad horizontal cuando hay atrasos, a los efectos de que no se deje librado el tema a lo que resuelva cada condominio, evitando así problemas de todo tipo. Si para la próxima sesión todos lo estudiamos y nadie tiene problema, en la medida en que se trata de un solo artículo podríamos votarlo y llevarlo al plenario lo antes posible. Pediría que secretaría repartiera nuevamente esa carpeta.

SEÑORA MOREIRA.- Fuera de las prioridades establecidas en relación a los proyectos que tienen media sanción y los que vienen del Poder Ejecutivo, hay otros dos que deseo mencionar.

                Uno es el relativo a los cambios en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue bastante tratado y que estaba en vía de resolución a fines del año pasado, pero que no entraría dentro de esas categorías, porque no fue enviado por el Poder Ejecutivo. Hay modificaciones para hacerle, pero ya hay un comparativo –creo que Ana Veríssimo ya nos había hecho un comparativo entre la ley, el proyecto original y las modificaciones presentadas– y pediría que se incluya también entre las prioridades.

                El otro proyecto es el de la edad para contraer matrimonio y es oportuno plantearlo, ya que estamos en el mes de marzo. Hemos recibido muchas observaciones porque la edad mínima todavía es de 16 años y deberíamos elevarla a 18. Naciones Unidas, entre las recomendaciones que le ha hecho a Uruguay, ha sido muy insistente en este tema y, como sé que tenemos algunos problemas legales vinculados al proyecto, pediría que se incluya en este mes de marzo.

SEÑOR BORDABERRY.- En primer lugar, quiero referirme a un aspecto formal para cumplir con el Reglamento. Creo que si no pedimos lo contrario, los proyectos son archivados. Por lo tanto, voy a pedir que el señor presidente solicite en el Plenario que, por lo menos los proyectos presentados por mí –y todos los que deseen– no se archiven y permanezcan a estudio de la comisión.

                Respecto de las prioridades, ya que el señor presidente es el sucesor del senador Martínez Huelmo, debo decir que este último asumió un compromiso en el Plenario y en la comisión de votar el proyecto de ley de enriquecimiento ilícito. No sé si esa obligación es trasladable por vía sucesoria –uno asume los derechos y las obligaciones de quien sustituye, salvo que sea bajo beneficio de inventario y no sé si se va a amparar a él el señor presidente–, pero esta comisión estuvo de acuerdo en poner el tema en el orden del día y ahora no aparece.

                En ese sentido, pediría a las secretarias si es posible reclamar una contestación a las universidades a las que les remitimos el proyecto de ley en el mes de noviembre del año pasado y que quedaron en enviarnos su opinión.

                Tal vez, los partidos podemos decir si estamos de acuerdo o no con este proyecto de ley. Si no lo están, es su legítima voluntad y no insistiré en la comisión para que se apruebe, pero sí lo haré públicamente.

                Ya que estamos con el tema de elevar la edad para contraer matrimonio de 16 a 18 años, quiero decir que también hay un proyecto en el que se trabajó mucho –al extremo de que recibimos comisiones, ministerios, sindicatos y no sé cuántas cosas más–, que es el del matrimonio notarial. Lleva mi firma y el de una compañera de bancada del señor presidente, la senadora Ivonne Passada. Ella también es autora de este proyecto de ley, por lo cual descarto que si llega al Plenario todo el Partido Nacional, todo el Partido Colorado, el senador Mieres y la senadora Passada, lo van a acompañar. Hay mayorías como para aprobarlo, porque si lo firmó lo va a acompañar.

                Entonces, podríamos enviarlo al Plenario y someterlo a votación, porque estoy seguro de que no va a firmar un proyecto de ley y luego no votarlo en el Plenario.

                Por último, sobre la subcomisión de seguros, diría que hay acuerdo en el 95 % de los artículos y en los que no lo hay es porque todavía no nos sentamos a redactarlos de forma de lograrlo. En una ley de más de cien artículos o algo así, hay problemas solo con ocho o nueve.

                En realidad, los artículos que se han separado tienen que ver con la intención de amparar un poco al consumidor, porque hemos recibido a los corredores de seguros y a las empresas que venden seguros y hemos sido asesorados por el Banco de Seguros, pero al pobre consumidor de seguros, al que contrata el seguro, nadie lo ha representado acá. Entonces, le estamos poniendo una cantidad de obligaciones al que contrata el seguro, al consumidor, pero si nos ponemos a conversar creo que todos estaremos de acuerdo en que debemos cuidar un poco al más débil en la situación contractual. Insisto en que podemos ponernos todos de acuerdo rápidamente para aprobar un proyecto en el que, como bien dijo el senador Martínez Huelmo, se trabajó intensamente durante muchos meses.

                Por último, quiero decir que a mi entender deberíamos reiterar el mecanismo que se aplicó el año pasado para tratar de descongestionar el trabajo de esta comisión. Me refiero al hecho de que pasamos algunos proyectos para tratar en subcomisiones que, sin comprometer votos, avanzaban en algunas iniciativas que no necesitaban posiciones políticas. Quizás podemos hacer lo mismo en el caso de algunos de estos proyectos de ley. Podríamos invitar a la senadora Ivonne Passada y hacer una subcomisión del matrimonio notarial, que estoy seguro vamos a sacar adelante.

(Hilaridad).

SEÑOR HEBER.- Los criterios en la comisión deben ser equilibrados. Me parece que cuando se habla de proyectos con media sanción, se está haciendo referencia a que hay una mayoría establecida en la Cámara de Representantes y, por lo tanto, son de interés del gobierno. Está bien y nadie se queja de eso. Si además agregamos que los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo tienen prioridad, los nuestros por sí o por no deberían tener una visión o una sanción, aunque sea negativamente. De lo contrario, se enrarece un poco el clima de colaboración y entendimiento en la comisión. Me explico: yo conseguí, por unanimidad de los presentes en esta comisión, que se pusiera en el primer punto del orden del día de esta comisión el tema del registro de violadores y abusadores de menores. Después se me dijo que estaba el proyecto de pedidos de informes presentado por Pablo Mieres, y acepté, y también se nos planteó que estaba el tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también acepté. Pero no me pueden pasar el proyecto de registro nacional de violadores y abusadores de menores al fondo de la tabla, cuando estaba en primer lugar. Planteo esto en aras de ponernos de acuerdo y para no generar suspicacias. Y digo esto porque después se quejan si uno en el día de mañana dice que hay un afán dilatorio de un proyecto de esta importancia; en realidad, no me gustaría tener que decir esto a nivel público. Espero que no exista ese afán, pero si yo tengo la confirmación de que se me está tirando para atrás el proyecto, deberé entender que hay una posición política de no tratarlo. Se me podrá decir entonces que no y yo podré decir con más autenticidad que no hay voluntad política de tratar este proyecto de ley. Hay otros proyectos que han salido de la Torre Ejecutiva, sobre los que existió un compromiso del presidente de la república para que se trataran, diciéndonos en plena reunión que lo que se acordaba allí –estaba presente la senadora Payssé– se cumplía. Y no se cumplió. Se trata del proyecto sobre el homicidio intencional. Estaba presente el Ministro del Interior de ese entonces, Eduardo Bonomi, y había muchos comprometidos en ese tema. Entonces, no sería bueno que por la vía de los hechos se nos vayan tirando para atrás proyectos en los que nosotros tenemos interés.

En definitiva, a mi juicio sería bueno que el Frente Amplio nos dijera cuál es su interés en cuanto a los proyectos, que el senador Bordaberry  presentara los suyos, que el senador Pablo Mieres presentara los suyos y que yo presente los míos, e ir mechándolos. Si establecemos criterios generales, mi proyecto nunca se va a tratar.

                Entonces, lamentablemente en esa ocasión tendré que decir que no va a haber oportunidad ni siquiera de mirarlo. Me parece que puede haber opiniones distintas sobre el proyecto de ley de registro de menores y estoy abierto a cambiarlo o modificarlo, pero que no se trate porque es presentado por la oposición, no lo puedo aceptar.

                Por lo tanto, me gustaría que el señor presidente, en su labor de articulador de esta comisión, recoja las iniciativas del Frente Amplio y que cada tanto aparezca una de la oposición. En ese sentido, no solo quiero iniciar el tratamiento de este proyecto de ley, sino de otros.

Por otra parte, me gustaría ver la lista de los proyectos de ley pendientes para poder determinar su urgencia. Hay proyectos de ley del oficialismo que acompaño, hay proyectos de ley del señor senador Bordaberry que acompaño y hay proyectos de ley del señor senador Mieres que acompaño. La idea es que sea justo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que la bancada oficialista ha dado demostraciones de diálogo.

                En primer lugar, al inicio de la jornada de trabajo tomamos un planteo del señor senador Mieres para convocar a las tres instituciones y dialogar sobre la implementación del CPP. En segundo término, hablamos de armar una agenda de prioridades.

                Por lo tanto, creo que en la próxima reunión de la comisión cada partido político que integra esta Casa debería traer sus prioridades para ir armando la agenda de trabajo. De esa manera, cuando la bancada oficialista no esté de acuerdo con un proyecto de ley lo comunicará y cuando sí lo esté, lo acompañará.

SEÑORA PAYSSÉ.- Lo que iba a plantear va en esa línea.

                Cuando comunicamos cuáles eran nuestras prioridades, lo hicimos para que cada uno hiciera lo suyo. Es más: dijimos que la semana que viene las íbamos a traer ordenadas. Nosotros planteamos los criterios generales no excluyentes, los criterios con los que venimos como bancada de Gobierno y escuchamos los planteos que hizo la oposición. Luego de ello, veremos, tal como dijo el presidente, de confeccionar una agenda de acuerdo con las prioridades que también deberemos ir acordando porque quizá algunas prioridades no lo son tanto y otras pueden llegar a serlo de acuerdo a las circunstancias.                

SEÑOR MICHELINI.- En lo personal, preferiría que antes del martes secretaría repartiera las prioridades de cada bancada.

                El oficialismo habló sobre los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, sobre los que tienen media sanción y sobre alguna circunstancia más. El señor senador Bordaberry planteó el proyecto de ley sobre el matrimonio y sobre el enriquecimiento ilícito; el señor senador Heber también y el señor senador Mieres hará lo mismo. Y de aquí al viernes agregaremos algún proyecto de ley más. Quizá, el lunes podamos traer un repartido con las prioridades y el martes establecer un orden. Por ejemplo, le podemos dar para adelante a algún proyecto de ley que tenga media sanción, que haya sido votado por unanimidad en el Senado; quizá podemos esperar a que vengan las universidades para votar el proyecto de ley de enriquecimiento ilícito y luego armar una subcomisión.

Como dije, podemos ir ordenando las prioridades, pero necesitamos tener los proyectos de ley que queremos poner arriba de la mesa.

SEÑOR MIERES.- Concuerdo con el señor senador Michelini en que debemos proceder de esa manera. Simplemente quiero decir que mantengo el interés en el proyecto de ley que aparece en este momento en el primer lugar del orden del día de hoy, que es el pedido de informes que habíamos empezado a discutir. Quedaban algunos detalles que había que corregir.

SEÑORA MOREIRA.- Voy a hacer una aclaración sobre cómo trabajó la comisión en el período pasado porque creo que el acuerdo que hicimos entre todos fue que la prioridad iba a ser la reforma del Código del Proceso Penal; el año pasado nos dedicamos básicamente a eso. Creo que este año así como empezamos a muy corto plazo con esta evaluación sobre cómo está funcionando el Código del Proceso Penal, diría que sobrevolando las prioridades que tienen los legisladores y de las bancadas sobre los proyectos de ley, siempre tenemos que estar alertas a que lo que sea necesario modificar porque este año se consolida. Hay que mantener el consenso como prioridad. En realidad, el Código del Proceso Penal lo aprobamos por consenso, lo trabajamos por consenso. El tema de los contratos de seguros también lo trabajamos por consenso. Hay una parte importante de nuestros proyectos que son como una prioridad republicana más allá de la posición política de cada uno. Eso también forma parte del corazón de nuestros acuerdos. Después están las preferencias políticas de cada bancada. Es cierto lo que  dice el señor senador Heber de que algunos proyectos de ley que tienen media sanción –una parte, no todos– son proyectos de la bancada oficialista, que siempre va a terminar condicionando por su voto el resultado. Me parece bien lo de intercalar por sí o por no,  como dice el señor senador Heber. Tiene razón  el señor senador Bordaberry. Creo que con respecto al tema del matrimonio por escribano el Frente Amplio tiene que terminar de tomar una posición porque ya fue tratado, ya vinieron, ya se conversó. Me parece de recibo porque llega un momento en el que hay que cerrar por sí o por no. Pero después en ese corpus de proyectos en común tuvimos el del Código del Proceso Penal. Diría que la oposición fue bastante paciente con el Poder Ejecutivo y con nosotros, porque trabajamos sobre la base de tres o cuatro proyectos. Creo que la evaluación es que trabajamos bien; primero sobre la base de buscar aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y después sobre la capacidad de poner en agenda lo que cada bancada determine.     Si tuvimos  la   necesidad  de   reformar  el   Código  del  Proceso   Penal –obviamente, el código está a estudio en la Cámara de Representantes–,  para nosotros sería maravilloso que en  medio de la discusión del proceso penal también pudiéramos aprobar el Código Penal y terminar este período legislativo con una reforma cabal de la Justicia que no está en nuestras manos, sino allá. Siempre tenemos como principio que somos «los padres» y «las madres» de la reforma de la Justicia, que tuvo lugar en este período y no en otro, y que fue una cosa que el Uruguay demoró cincuenta años en cumplir. Sintámonos responsables y orgullosos de la tarea que acometimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La agenda de trabajo para la próxima sesión sería invitar a esas autoridades. Si no vinieran, recibiríamos al señor senador Martínez Huelmo para que nos hiciera una presentación del trabajo de la subcomisión para el estudio del proyecto de ley de Contratos de Seguros, que creo que habría que priorizar. Entiendo la lógica del señor senador Bordaberry, pero hace tres años que tenemos este proyecto y habría que sacarlo.

También es importante lo que dijo el señor senador Michelini en relación al Régimen de Ejecución y Prescripción de los Gastos Comunes de Propiedad Horizontal, que fue votado por unanimidad en la Cámara de Representantes. Sería bueno que lo analizáramos y que le diéramos trámite rápidamente.

Si les parece, luego veríamos los proyectos que son prioritarios para las diferentes bancadas.

SEÑOR MICHELINI.- Sé que el señor senador Martínez Huelmo quiere venir aquí a presentar su informe, por lo que se podría citar, de aquí al viernes, a la subcomisión. El señor presidente suplantaría al señor senador Martínez Huelmo y estaríamos los señores senadores Bordaberry, Mieres, Camy y quien habla. Podríamos analizar esos cinco o seis artículos y es posible que cuando Martínez Huelmo venga a hacer la presentación ya los tengamos estudiados. Es muy poquito lo que falta y Martínez Huelmo no puede desprenderse de esa tarea, que hay que culminar. En todo caso, habría que  consultarle al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Justamente el viernes no voy a estar porque viajaré a Florida.

SEÑOR MICHELINI.- Puede ser otro día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal vez los señores senadores puedan concurrir el jueves de mañana o buscaríamos otra fecha. Me parece importante, como un reconocimiento a todo el trabajo que hizo Martínez Huelmo, que venga y haga la presentación aquí.

SEÑOR MICHELINI.- Sé que esto es muy sui géneris, pero el Senado –no la comisión– podría decirle a él que informe el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estoy de acuerdo; iba a proponerlo porque también me parece correcto.

                Ya he hablado con el señor senador Martínez Huelmo. Lo que propongo, en principio, es que si no vienen las autoridades la semana próxima, podríamos recibir al señor senador durante una hora y escuchar la presentación que  haría del trabajo de la subcomisión; hay siete u ocho puntos que son los de la discordia y me parece que estaría bien que todos nos involucráramos en ese sentido. Eso lo haríamos en esa hora y luego veríamos este proyecto de ley que fue votado por unanimidad en la Cámara de Representantes, relativo al régimen de ejecución de la prescripción de gastos comunes de propiedad horizontal. Me parece que esta es una iniciativa bastante beneficiosa y, repito, fue votada por unanimidad.

SEÑORA MOREIRA.-  Pero todavía no iniciaríamos el tratamiento de ese proyecto de ley. Pienso que hay que seguir con lo acordado.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- La propuesta que hice fue de invitar primero a las autoridades y, si nos dicen que vienen, las recibimos. De lo contrario, recibiríamos al señor senador Martínez Huelmo y después analizaríamos la priorización de proyectos de ley. Me parece importante la propuesta del señor senador Michelini pero después la analizaremos internamente.

SEÑOR MICHELINI.- Lo que entendí fue que el presidente explicó un plan alternativo por si no vienen los organismos en cuestión y sí Martínez Huelmo. Después dijo que tenemos ese proyecto de ley que consta de un solo artículo y muy simple y, si no hubiera problemas, podríamos aprobarlo ya que hace dos años que está a estudio de este ámbito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Son las 15:54).