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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN
(Sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2017).
SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Son las 14:38).
–Dese cuenta de los asuntos entrados.
(Se da de los siguientes).
«Carpeta n.º 975/2017. Amenazas contra fiscales, jueces y operadores jurídicos. Se agrega el artículo 290 bis al Código Penal. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el senador Jorge Larrañaga. (Distribuido n.º 1647/2017).
Correo electrónico de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay comunicando su apoyo al informe elaborado por la Comisión Interuniversitaria sobre el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil. (Enviado por correo electrónico el 8 de diciembre).
Correo electrónico del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre la práctica de exámenes corporales periciales sin consentimiento prevista en el nuevo Código del Proceso Penal. (Enviado por correo electrónico el 11 de diciembre).
Correo electrónico del Ministerio de Educación y Cultura comunicando que a la brevedad enviarán la respuesta a la consulta efectuada por esta asesora en relación al proyecto de ley de Matrimonio civil en sede notarial (Enviado por correo electrónico el 11 de diciembre)».
–En cuanto a los asuntos entrados quiero decir lo siguiente.
Acaba de ingresar la carpeta relativa a Amenazas contra fiscales, jueces y operadores jurídicos.
En cuanto al correo electrónico de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, quiero recordar que estuvimos considerando el proyecto de ley sobre responsabilidad decenal, recibimos a la Cátedra de Derecho Civil y a la doctora Dora Szafir, por la asociación de defensa de los derechos del consumidor, quienes hicieron varias críticas al proyecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Ellos siguieron trabajando en el proyecto y, a su vez, cuatro Cátedras de Derecho Civil –que, según creo, son de la Universidad de la República, de la Universidad Católica del Uruguay, de la ORT y de la Universidad de Montevideo– plantearon modificaciones, lo que también hizo la doctora Dora Szafir.
La secretaría elaboró un comparativo que ya fue repartido a los señores senadores; les pido que vayan mirándolo porque deberíamos considerar la responsabilidad decenal inmediatamente después del tema de los contratos de seguros.
SEÑOR HEBER.- Entiendo la preocupación, pero en la última sesión de la comisión lo pusimos como segundo punto del orden del día. Además, hay una serie de proyectos de ley presentados por el señor senador Bordaberry que, en lo personal, me interesaría analizar.
SEÑOR CAMY.- He mantenido contacto con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay –antes de que comparecieran a la comisión y luego también– y me enviaron un trabajo –tal vez los demás integrantes de la comisión puedan tenerlo– en el que constan las distintas modificaciones propuestas por las universidades y si bien en algunos casos puede haber matices, están contestes en respaldar las modificaciones, a los efectos de que el trámite sea más rápido.
Incluso, me han hecho llegar un trabajo y me comprometo a traerlo cuando estemos analizando el tema en particular. Me parece que es un dato importante que hayan expresado que están contestes a trabajar porque, según dicen, no son diferencias mayores y es más importante zanjar las dificultades que tiene la legislación actual.
SEÑORA PAYSSÉ.- Deseo hacer algunas consideraciones sobre el orden del día del día de la sesión de hoy.
Creo que hoy tendríamos que aprobar el famoso estatuto, que tanto trabajo nos está dando. Realmente pensamos que su trámite iba a ser más rápido.
En cuanto a la carpeta sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos, ya la recibimos, constatamos que había algunas cosas que merecían nuestra opinión y quedamos a la espera de que nos envíen una alternativa de articulado. Por lo tanto, creo que debemos esperar a que eso suceda.
Por otra parte, comparto el planteo que ha hecho el señor senador Camy acerca del proyecto de ley sobre responsabilidad decenal. Creo que ha habido avances en cuanto a asesoramiento o a contribuciones que deberíamos analizar y luego aprobar esa iniciativa.
Por otro lado, quisiera hacer algunas consideraciones con respecto al segundo punto del Orden del Día, relativo al Registro Nacional de Violadores y Abusadores.
Días pasados se puso en el orden del día, gracias a la unanimidad –frágil– que hubo con respecto a esto, pero como luego tenemos la responsabilidad de analizar ese orden del día, quiero decir que en la tarde de hoy se va a votar en la Cámara de Representantes la ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género que, de alguna forma, incluye la creación de un registro. En esa iniciativa, hay artículos que plantean ciertas inhibiciones a quienes tengan antecedentes de esta naturaleza. Por lo tanto, creo que una vez que esto sea ley habrá que reglamentarlo e, independientemente de los registros que hoy puedan existir en el Poder Judicial y en el ITF, deberá darse una sincronización para poder contar con un registro que tenga estas características vinculadas a la ley que vamos a aprobar. En consecuencia, si hay acuerdo, propongo dejar el segundo punto en espera, ya que en pocos días el Poder Ejecutivo tendrá que promulgar esta ley que se va a votar a partir de las 16 horas en la Cámara de Representantes. Propongo entonces mantener este punto en el orden del día de la Comisión, en las condiciones que he planteado.
Con respecto al proyecto de ley de modificación de los pedidos de informes, debo decir que no lo he analizado –quizás sea un debe–, y entiendo que es factible considerar el punto que figura en octavo lugar del orden del día.
En cuanto al proyecto de ley sobre matrimonio civil, tengo entendido que recibimos una nota del MEC, pidiendo plazo para responder algunos planteos que habíamos hecho.
Sobre la base de estas observaciones y comentarios podríamos ajustar el orden del día, una vez aprobado este estatuto que hace tiempo estamos considerando.
SEÑORA PRESIDENTA.- En síntesis, luego de considerar estos puntos previos que tienen que ver con el orden del día y los asuntos entrados, vamos a terminar de aprobar el Estatuto de los Funcionarios No Fiscales.
En cuanto al Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores, Carpeta n.º 355/2015, dado que la ley de violencia de género prevé la creación de un registro, vamos a pedir a secretaría que compare ambas leyes y elabore un informe que permita saber qué partes de esta iniciativa ya están contenidas en la ley de violencia de género que será aprobada en Diputados sin cambios –eso quiere decir que la estaremos promulgando aquí la semana que viene–, para poder así analizar todo aquello que quede fuera.
Con respecto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, creo que podríamos intentar votar algo, pero hay algunos nudos importantes que exigen modificación de algunos artículos, de modo que estamos a la espera de que nos envíen la información pertinente.
Sobre matrimonio civil, voy a leer lo que acaba de llegar de parte de la señora ministra María Julia Muñoz: «En referencia a la solicitud de opinión que fuera oportunamente cursada a este ministerio respecto al proyecto de “Matrimonio Civil”, carpeta n.º 359/2015 de la Cámara de Senadores, por el cual se regula el matrimonio celebrado por escribanos públicos, pongo en su conocimiento que el informe conteniendo las opiniones de esta Secretaría de Estado, debido a la complejidad y trascendencia que tiene el referido proyecto y las modificaciones que en esta oportunidad se introducen al proyecto original, aún se encuentra en análisis y elaboración, y estará en condiciones de ser enviado en el correr de esta semana. Saluda a usted atentamente: María Julia Muñoz. Ministra».
Entonces esperaremos que llegue el informe del Ministerio de Educación y Cultura, para tratar dicho proyecto de ley. Esta carta está fechada el 11 de diciembre.
Quiero aclarar que esta será mi última sesión con los integrantes de esta comisión. La presidenta se va. En mi lugar estará el señor Rafael Paternain que, obviamente, no podrá ocupar la presidencia. De todos modos, creo que restan una o dos sesiones –como mucho– antes de llegar al fin del período y deberíamos tener aspiraciones adecuadas a estos tiempos.
En el orden del día también tenemos un proyecto de ley sobre los pedidos de informes –presentado por el señor senador Mieres– y uno sobre tenencia compartida, que el Frente Amplio deberá estudiar.
SEÑOR MIERES.- Entiendo que el proyecto de ley sobre pedidos de informes no merece mucha dificultad. En realidad, busca equiparar el derecho de los legisladores cuando hacen pedidos de informes, con el que se otorga en la Ley de Acceso a la Información Pública y tener respuestas similares. Lo que ocurre en este momento es que un pedido de informes demora más que un pedido de acceso a la información pública y eso es una paradoja. Entonces, la propuesta es que se equiparen los plazos que tiene la administración para responder, con los establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública y darle el efecto del vencimiento del plazo, es decir, que sea el mismo vencimiento establecido en dicha ley. Es decir, la posibilidad de ir a la justicia y pedir que te respondan. Es eso: volver a dar a un derecho que tienen los legisladores –y que está establecido en la Constitución– para controlar a la administración, la misma efectividad que tiene hoy el pedido de información que realiza cualquier ciudadano. Me parece que es algo bastante obvio, más allá de que se tenga que analizar.
(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).
SEÑORA PAYSSÉ.- Reconozco que no había tomado nota de ese proyecto de ley, pero me parece lógico y justo el planteo. Por lo tanto, pido a la comisión la posibilidad de analizarlo el lunes en nuestra bancada y dar una opinión al respecto, porque no lo estudiamos todavía.
Como dije, creo que es razonable el planteo y, habida cuenta de esa razonabilidad que parece tener también para otros compañeros que asienten con la cabeza, no creo que haya mayor problema. Sin embargo, lo lógico es que la bancada lo analice, como es nuestra costumbre.
SEÑOR BORDABERRY.- Por nuestra parte, estamos en condiciones de votar el proyecto de ley presentado por el señor senador Mieres y también el proyecto de ley de registro propuesto por el señor senador Heber, máxime cuando el señor presidente de la república dijo, expresamente, que estaba de acuerdo con él. Así que acompañaremos no solo al señor senador Heber, sino también al presidente de la república.
SEÑORA PRESIDENTA.- Respecto al proyecto de ley de tenencia compartida, creo que los señores senadores saben que nosotros tenemos una posición más o menos contraria, pero de todos modos nuestro partido deberá tomar posición a su respecto.
También figura en el orden del día la Carpeta n.º 513/2016. Se trata de un proyecto de ley sobre convenciones matrimoniales.
SEÑOR CAMY.- ¿Me permite, señora presidenta? Quiero hacer notar a los integrantes de la comisión –no en tono de acusación sino de recordación– que habíamos adquirido el compromiso de recibir –aunque no de tratar el tema– a la delegación que está promoviendo el proyecto de ley de tenencia compartida. Quiero señalarlo porque nos comprometimos institucionalmente, incluso habiéndoles advertido que este año no se iba a tratar el tema. Les dijimos expresamente que el proyecto de ley no iba a ser tratado en este año, que no se lo iba a priorizar, pero que sí íbamos a recibirlos en la comisión.
En cuanto a la Carpeta n.º 513, que es de mi autoría, puedo decir que persigue, básicamente, tres finalidades: admitir que las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse tanto antes como después de contraído el vínculo conyugal; incluir, además, la posibilidad de que quienes conviven en concubinato puedan otorgar pactos destinados a disciplinar las relaciones patrimoniales entre quienes conforman la unión y, por último, recoger en el derecho uruguayo la posibilidad de otorgar pactos en previsión de la ruptura matrimonial o concubinaria.
Básicamente, en eso consiste la propuesta.
SEÑORA AYALA.- Queridos colegas de la comisión: quiero apelar a la sensatez y a la cordura teniendo en cuenta los tiempos, justamente. Nos quedan muy pocos días y alguna reunión más de esta comisión. En el orden del día hay ocho temas y, en lo personal, me gustaría que se tratara el tema de los contratos de seguros; la presidenta ya dijo que iba a pedir al señor senador Martínez Huelmo que informe sobre este tema para ver cómo vamos. O sea que se estaría anexando un noveno tema.
Entonces, sería bueno determinar qué cosas vamos a poder culminar este año para darles, por lo menos, media sanción y terminar el período con algún tema de los que hay en el orden del día cerrado y no seguir anexando asuntos.
Entiendo y respeto que cada uno debe tener sus razones para poner encima de la mesa temas para evaluar, pero creo que el primer punto del orden del día ya tendría que quedar pronto hoy.
En cuanto a lo que refiere el señor senador Mieres, me parece que es atendible el proyecto de ley –es algo muy concreto, sensato y en concordancia–; lo de los arquitectos es algo que venimos conversando desde hace ya meses y me parece bien que le demos una definición por sí o por no, y me gustaría ver lo de contratos de seguros. Esos son los cuatro proyectos de ley que, desde mi punto de vista, sería bueno priorizar para terminar el año.
SEÑORA PRESIDENTA.- Estoy de acuerdo. No obstante, creo que debemos terminar hoy el estatuto de los funcionarios no fiscales. En relación con el proyecto de ley sobre responsabilidad de arquitectos y constructores, ya está repartido el comparativo con el nuevo texto que viene de las cátedras de derecho civil de las universidades. Entonces, me parece que sería bueno que el señor senador Martínez Huelmo informara sobre cómo está el tema de contratos de seguros.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- En nombre de la subcomisión, quiero decir que hemos trabajado con mucha dedicación sobre este asunto. Nos estaría faltando reunirnos una vez más a efectos de discutir un puñado de artículos que nos queda; después de eso, junto con el resto del articulado, estaría quedando pronto el proyecto. Recordemos que se trata de un proyecto de 129 artículos. Luego de tener esa reunión que nos falta, debemos venir a la comisión y, si bien no todo el articulado va a salir por unanimidad, puedo decir que hay pocas diferencias. Haciendo un esfuerzo, esto sería para la semana que viene. Quizás la semana que viene desde la comisión podamos elevar al Senado un informe –no sé cuándo sería la sesión del Senado, pero aspiro a que pueda ser votado este año– realizado por todos los miembros, ya que las diferencias son muy pocas.
Quiero decir que este proyecto no tiene ninguna ciencia pues, en realidad, cuando empezamos a examinarlo nos dimos cuenta de que había más acuerdos que desacuerdos, en virtud de los profusos antecedentes que había en el tema, por haber sido muy trabajado a priori. En la subcomisión trabajamos casi en conjunto con el Banco de Seguros del Estado, que es el que redactó el proyecto de ley. Además, dimos con la persona indicada, que es el doctor Ariel Apotheloz, quien nos ha acompañado en todo este proceso. Es cierto que sobre el final nos retrasamos un poco, debido a que un grupo de técnicos en la materia de seguros, llamado Aproase, nos envió un documento y debimos analizarlo. En realidad, teníamos pactado que en los primeros 15 días de diciembre esto pudiera ser aprobado en sala. De todos modos, sólo restan unos días más. Así que en lo que resta de la semana vamos a buscar un día para acordar y traer el proyecto a la comisión para explicarlo.
SEÑOR MICHELINI.- Quiero agregar algo respecto al proyecto de seguros. Creo que la subcomisión ha trabajado bien y, si puede cumplir el plazo, la semana que viene podríamos discutir, en todo caso, los artículos en los que hay diferencias. En los que haya acuerdo se hace confianza, se votan y se nombra miembro informante. Si las diferencias en esas dos, tres o cuatro disposiciones fueran de tal magnitud como para que la comisión tuviera que repasar todos los artículos, así lo haremos, pero creo que podríamos convenir en hacer un solo tratamiento que tuviera que ver con los artículos en los que hay diferencias.
SEÑORA PRESIDENTA.- A los efectos de ir cerrando el orden del día, diría que deberíamos tratar de votar el tema del estatuto de los funcionarios no fiscales y pasar al primer punto del orden del día el tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos si es que vinieran las modificaciones. En cuanto al tema del registro, ya pedimos a secretaría que haga un trabajo comparando lo que está en el proyecto de ley de violencia de género, con el registro. Después de que la secretaría haga ese trabajo, la bancada del Frente Amplio tendrá que juntarse y tomar una decisión. Otros temas, como el de la Institución Nacional de Derechos Humanos y el de responsabilidad decenal, ya están en condiciones de ser subidos al orden del día, porque hay un trabajo previo. El tema de la institución nacional ya lo empezamos a tratar y tuvimos las comparecencias; por su parte, el asunto de responsabilidad decenal lo trabajamos bastante y ahora tenemos las modificaciones, y el tema de contratos de seguros yo lo pondría en cuarto lugar en el orden del día. En fin, no tengo problema en que quede como segundo punto del orden día, pero tenemos que dejar para atrás los proyectos sobre matrimonio civil, pedidos de informes, tenencia compartida y convenciones matrimoniales porque implican un estudio de cero, mientras que otros proyectos como el de responsabilidad decenal ya han tenido tratamiento.
SEÑORA PAYSSÉ.- Dijimos que el proyecto del señor senador Mieres sobre pedidos de informes, que es breve y aparentemente razonable –aunque tenemos que ver el articulado–, vamos a analizarlo el lunes en la bancada y ver si podemos aprobarlo porque es más viable que otros que están a consideración.
No quisiera tener un orden del día tan estricto, sino ver cuáles podrían ser los términos del avance de la votación de la comisión. Reitero que no quisiera apresurarme a tratar ni a votar el proyecto sobre el registro porque la ley de violencia plantea la necesidad de la existencia de un registro y precisamos no solo que la secretaría haga el trabajo indicado por la señora presidenta, sino también recabar la opinión de quienes tienen que ver con el registro. Tiene que ser analizado desde muchas ópticas. ¿Será un registro público o privado? ¿En qué condiciones? ¿Quiénes van a acceder? ¿Quiénes lo van a tener? ¿Dónde se va a guardar? Hay una cantidad de elementos a tener en cuenta y no va a ser posible avanzar demasiado en diciembre.
SEÑORA PRESIDENTA.- Lo único que pretendía era colocar en el orden del día de la sesión que viene –en la que no voy a estar– los proyectos que ya tienen medio tratamiento, como el de responsabilidad decenal, Institución Nacional de Derechos Humanos y contrato de seguros. Por supuesto que se puede agregar el proyecto sobre pedidos de informes En cuanto a los otros proyectos, hay que empezar a tratarlos y no creo, a ciencia cierta, que se pueda estudiarlos en una sola sesión. Pero no se preocupen por el orden del día. Francamente no creo que valga la pena dedicarle tanto tiempo a esto.
Si todos están de acuerdo, pasamos a considerar los artículos desglosados del proyecto de ley sobre Estatuto de los funcionarios no fiscales de la Fiscalía General de la Nación.
SEÑOR MICHELINI.- ¿El artículo 5.º fue aprobado?
SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo 5.º fue votado con una modificación. El repartido fue enviado por correo electrónico.
El artículo 5.º (Requisitos formales para el ingreso a la función pública), dice en su numeral 3): «Acreditación del voto o la justificación emitida por la Corte Electoral de no haberlo hecho a los ciudadanos que hayan cumplido dieciocho años de edad antes del último acto electoral obligatorio». Creo que esto lo redactó el señor senador Mieres.
El señor senador Michelini pregunta si esto estaba votado, y le quiero aclarar que sí, a los efectos de que aquellos que no voten y presenten la causal, también puedan presentarse al llamado público.
El artículo 10 (Feriados), en su inciso tercero, dice –en el comparativo de las tres columnas–: «DESGLOSADO Quienes presten funciones en Semana de Turismo o en los feriados comunes» –era el acuerdo a que se había llegado– «tendrán derecho a incorporar a sus vacaciones anuales, el tiempo trabajado multiplicado por el factor 1,50 (uno con cincuenta), y para quienes lo hagan en los feriados pagos,» –ahí se elimina «laborables» y «no laborables»– «el tiempo trabajado se multiplicará por el factor 2 (dos)».
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota).
–9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Queda, pues, votado el inciso tercero del artículo 10.
Pasamos al artículo 11 (Reducción de jornada), sobre la licencia maternal y los prematuros. Tenemos que compatibilizar esto con el resto de la legislación en lo que respecta a la licencia maternal y los prematuros. En nota al pie aparece: «Rendición de Cuentas Ley Nº 19535, de 25 de setiembre de 2017
Artículo 7º. Incorpórase como inciso décimo al artículo 15 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, el siguiente:
"En caso de nacimientos prematuros con menos de treinta y dos semanas de gestación y que requieran internación, el padre y la madre, biológico o adoptivo, tendrán derecho a licencia mientras dure dicha internación con un máximo de sesenta días. Al término de esta licencia comenzará el usufructo de la licencia por maternidad o paternidad. En el caso de la licencia por maternidad corresponderá el usufructo de dieciocho semanas de licencia"».
En consideración.
SEÑORA PAYSSÉ.- Hay que hacer una mención a esta ley.
SEÑORA PRESIDENTA.- Recuerden que teníamos el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo y las modificaciones de la Fiscalía General de la Nación.
SEÑORA PAYSSÉ.- En realidad es la lactancia, no la licencia.
(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11 (Reducción de jornada), en la redacción dada por el Frente Amplio en la tercera columna del comparativo.
(Se vota).
–9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.
En consideración el inciso tercero del numeral 2) del artículo 14, que está en la página 19 del comparativo de las tres columnas. La redacción dice: «También tendrán derecho a esta licencia los funcionarios profesionales y técnicos que cursen estudios de grado, postgrado, maestría y doctorados, relacionados con su cargo o función». Personalmente propuse eliminar «relacionados con su cargo o función», que es algo que no está previsto para el resto de las licencias por estudio. Puede suceder que alguien pida una licencia para estudio de grado, postgrado, maestría o doctorado y no se la concedan porque no tiene que ver directamente con lo que está haciendo. Entonces creo que si no existen estos requisitos para otros estudios, tampoco deberíamos tenerlos para postgrados y, además, los doctorados son demasiado genéricos como para relacionarlos con un cargo o función. La propuesta concreta es que se elimine «relacionados con su cargo o función».
SEÑOR BORDABERRY.- Apoyo la propuesta de la señora presidenta.
SEÑOR MIERES.- ¿Cuál es el criterio general que se utiliza para los funcionarios públicos?
SEÑORA PRESIDENTA.- Esto viene del Estatuto del Funcionario Público.
SEÑOR MIERES.- ¿Quiere decir que allí sí figura «relacionados con su cargo o función»?
SEÑORA PRESIDENTA.- Exacto. De la misma manera, dicho estatuto no deja entrar a nadie que no haya votado en la última elección y aquí fue corregido. Aprovechamos para hacerle esas correcciones a la Fiscalía.
(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).
SEÑOR MICHELINI.- Según el artículo 14, los funcionarios tienen derecho y, por lo tanto, no se lo podrían negar. ¿Es así? Si es así, una cosa es cuando un funcionario quiere hacer un postgrado para mejorar su situación –eso no se lo pueden negar– y otra es que el postgrado no tenga nada que ver con su función. En ese caso, la situación queda en manos de las autoridades; de lo contrario, todo el mundo puede decir que tiene derecho y nos quedamos sin funcionarios. O sea, una cosa es cuando es automático y otra cuando aparece una oportunidad, se plantea y se negocia. Si hay problemas de servicio, obviamente tienen prioridad los cursos de grado, postgrado, maestría o doctorado vinculado al cargo o a la función de la persona. Desconozco si se puede poner como un derecho automático o como un acuerdo entre el técnico o profesional y la autoridad del servicio. Me parece que son dos cosas diferentes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero hacer una aclaración.
Cuando las licencias se dan por estudios en la educación media, en la educación media superior o en la educación terciaria, no se tiene en cuenta si son análogas a la función. Es decir, ya existe la obligación de conceder los días de licencia para la educación terciaria, pero se está pidiendo la especialidad para los postgrados.
SEÑOR MIERES.- En cualquier caso, en este inciso deberíamos eliminar la palabra «grado» porque, en realidad, el grado está incluido en la normativa general por estudio. Por eso no parece lógica la frase que dice: «También tendrán derecho a esta licencia los funcionarios profesionales y técnicos que cursen estudios de grado». Debería decir «estudios de postgrado». En ese caso, adelanto que me parece razonable la restricción establecida. No voy a votar el cambio, aunque me parece bien eliminar la referencia a «de grado» porque no es pertinente.
SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la modificación del inciso primero del numeral 2) que dice: «También tendrán derecho a esta licencia los funcionarios profesionales y técnicos que cursen estudios de postgrado, maestría y doctorados, así como a los efectos de realizar tareas de carácter preceptivo para la finalización de sus programas de estudio, tales como presentación de tesis, monografías y carpetas finales». En lo personal, creo que es un incentivo a la educación de postgrado para todos los funcionarios profesionales de la Fiscalía General de la Nación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota).
–7 en 9. Afirmativa.
SEÑORA PAYSSÉ.- El inciso segundo del numeral 3) de este artículo dice: «En caso de nacimientos múltiples, pretérminos o con alguna discapacidad, la licencia por maternidad será de dieciocho semanas» y luego, el párrafo siguiente dice: «En caso de nacimientos prematuros con menos de treinta y dos semanas de gestación y que requieran internación, el padre o la madre, biológico o adoptivo, tendrán derecho a licencia mientras dure dicha internación con un máximo de sesenta días. Al término de esta licencia comenzará el usufructo de la licencia por maternidad o paternidad». Por lo tanto, en el párrafo segundo, cuando se habla de los «pretérminos» también se debería agregar lo relativo a menos de treinta y dos semanas. Hay que armonizarlo de alguna forma porque para mí es confuso.
SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar la reconsideración de los incisos segundo y tercero del numeral 3) del artículo 14, relativos a la licencia en caso de nacimientos múltiples, con alguna discapacidad o prematuros.
Se va a votar la reconsideración.
(Se vota).
–6 en 8. Afirmativa.
El régimen de licencia quedaría redactado como sigue.
Léase.
(Se lee).
«En caso de nacimientos múltiples o con alguna discapacidad o nacimientos prematuros con menos de treinta y dos semanas de gestación y que requieran internación, el padre o la madre, biológico o adoptivo, tendrán derecho a licencia mientras dure dicha internación con un máximo de sesenta días. Al término de esta licencia comenzará el usufructo de la licencia por maternidad, que será de 18 semanas, o la de paternidad»
–En consideración.
SEÑORA AYALA.- ¿En la redacción quedaría la expresión «padre y madre» o «padre o madre»?
SEÑORA PRESIDENTA.- Quedaría «padre o madre» y al final diría «por maternidad, que será de 18 semanas, o la de paternidad».
SEÑOR MICHELINI.- ¿Esto refiere a funcionarios de la Fiscalía pero no fiscales? ¿Le corresponde a uno, al otro o a los dos?
(Dialogados).
–En el Estatuto del Funcionario Público aparece «y»; por eso consulto qué se aplica.
SEÑORA PRESIDENTA.- Prefiero la conjunción «y» que es más inclusiva, pero la decisión está en la comisión.
SEÑOR BORDABERRY.- Si no es funcionario obviamente no tendrá derecho. Esta es una ley que se aplica a los funcionarios y no a los que no lo son.
SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a leer cómo quedaría la redacción. Ya pedimos la reconsideración de lo que habíamos votado y ahora vamos a ver si esta redacción satisface o no a los señores senadores. El texto diría: «En caso de nacimientos múltiples o con alguna discapacidad o nacimientos prematuros con menos de treinta y dos semanas de gestación y que requieran internación, el padre y la madre biológico o adoptivo tendrán derecho a licencia mientras dure dicha internación con un máximo de sesenta días. Al término de esta licencia comenzará el usufructo de la licencia por maternidad, que será de dieciocho semanas, o la de paternidad».
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota).
–6 en 8. Afirmativa.
Hay una modificación para el penúltimo inciso del artículo 14, que refiere al caso de los funcionarios que se van a estudiar al extranjero; se les dice que cuando vuelvan tienen que estar por lo menos un año. Simplemente se corrige eso porque, según el texto, solo se podían quedar por un año y, en realidad, debe decir que la persona debe quedarse por lo menos un año después de volver de estudiar en el extranjero.
Léase.
(Se lee).
«Quienes obtengan una licencia sin goce de sueldo de hasta un año, al vencimiento de la misma deberán retornar a cumplir tareas en la Fiscalía General de la Nación por el plazo de al menos un año. El incumplimiento de dicho extremo se considerará omisión funcional».
–Estamos poniendo a consideración de los señores senadores cambiar la redacción que dice que la persona se tiene que quedar «por el plazo de hasta un año» por otra que establezca que ese plazo será de al menos un año. Esto no quiere decir que después de un año vayan a echar a la persona sino que es nada más que una corrección formal.
Se va a votar la reconsideración de este segundo inciso del literal D) del artículo 14.
(Se vota).
–8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.
SEÑOR BORDABERRY.- Aquí hay algo incongruente. La persona obtiene una licencia sin goce de sueldo de hasta un año y, al vencimiento de esta, debe retornar a cumplir tareas en la Fiscalía General de la Nación por el plazo de hasta un año. «El incumplimiento de dicho extremo se considerará omisión funcional», dice después el texto. Pero si vuelve y antes del año se va, renuncia, no es más funcionario, entonces, ¿qué sanción es considerar esto como omisión funcional?
SEÑOR MICHELINI.- Si no es más funcionario eso no se le aplica.
SEÑOR BORDABERRY.- Por eso mismo. Es decir, ¿qué pasa si no vuelve a cumplir tareas en la Fiscalía General de la Nación?
SEÑORA PRESIDENTA.- Pienso que eso constará en su legajo, no lo sé.
SEÑOR BORDABERRY.- Es que si no vuelve, deja de ser funcionario público. Creo recordar que en algún lugar se dispone una sanción que lo obliga a devolver el dinero o algo así. Pero tiene un año de licencia sin goce de sueldo y, si no vuelve, repito, ¿qué sanciones vamos a aplicar a quien se fue?
SEÑOR MICHELINI.- Acá se plantea que cuando una persona que está en goce de licencia sin sueldo se va al exterior, cuando vuelve –todavía tiene la calidad de funcionario– no puede salir nuevamente si, al menos, no estuvo un año. Y eso está bien porque, si no, se sale y se sale, sin límites.
SEÑORA PRESIDENTA.- Esto está en el estatuto del funcionario. Lo único que habíamos propuesto era un cambio de redacción solo para que quedara claro que el funcionario debía permanecer por lo menos un año. La pregunta –existencial y filosófica– del senador Bordaberry sobre de qué sirve la omisión funcional si se fue, para mí no es muy pertinente. La omisión funcional consta en el legajo y si la persona se quiere ir a otra repartición del Estado también va a constar en el legajo. En todo caso, esto ya fue discutido y está votado; eso no quiere decir que no pueda volver a considerarse, pero teniendo en cuenta que solo volvimos a este artículo para modificar la redacción de «por lo menos un año», yo pediría que votáramos esto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota).
–6 en 7. Afirmativa.
Se pasa a considerar el artículo 34.
Aquí se plantea el problema de incluir o no la definición escalafonaria. La fiscalía entiende que, al eliminar la remisión que incluía el artículo 2.º, la solución que evitaría confusiones sería eliminar el artículo 34 que refiere a la conformación del sistema escalafonario, y desde el 36 al 43. La Oficina Nacional del Servicio Civil dice que no hay que omitir en el cuadro ningún escalafón.
SEÑORA AYALA.- En mi opinión, el cuadro del escalafón que existe en el artículo 34 debería quedar como está, así como debería quedar todo el capítulo, porque es el sistema escalafonario completo en lo que refiere a la fiscalía. En el artículo 1.º de este mismo proyecto estamos exceptuando, de lo que hemos venido votando y aprobando, al escalafón N que, más allá de que aparezca en el cuadro, no refiere al proyecto que estamos tratando.
SEÑOR BORDABERRY.- Coincido con lo que acaba de señalar la señora senadora.
SEÑORA PAYSSÉ.- Mi pregunta a la señora senadora Ayala es a cuál cuadro se refiere cuando dice que debería quedar el cuadro, porque los tres son distintos. Sería bueno saber con cuál cuadro quiere quedarse.
SEÑORA AYALA.- En el comparativo tenemos tres columnas y estamos tratando y votando y la última; por lo tanto, coherentemente, me estoy refiriendo al cuadro de la tercera columna.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si estamos de acuerdo con la propuesta de la senadora Ayala, pasaríamos a votar el artículo 34 tal como figura en la tercera columna.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota).
–6 en 7. Afirmativa.
El artículo 43 está desglosado por la misma razón. La fiscalía propone la eliminación de este artículo que refiere al escalafón N, que no está comprendido en el proyecto, pero contiene una definición igual que el resto de los escalafones.
SEÑORA AYALA.- Con el mismo criterio que argumenté el cuadro del artículo 34 argumento este. Acá se está haciendo una descripción de cargos. El artículo 1.º de este proyecto dice que no está bajo el paraguas de este proyecto el escalafón N, más allá de que lo describa. No refiere al escalafón N.
SEÑOR BORDABERRY.- De acuerdo.
SEÑORA PRESIDENTA.- También estoy de acuerdo.
Si no se hace uso de la palabra, va a votar el artículo 43.
(Se vota).
–6 en 7. Afirmativa.
El señor senador Mieres propuso un aditivo al artículo 75. Se dice: «Serán causales de cese o extinción de la relación funcional la destitución, la renuncia, la jubilación, la edad, el fallecimiento, la inhabilitación y la revocación de la designación, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013». El senador proponía que todas estas causales de desvinculación remitieran simplemente a la ley.
Al artículo 76 se le agrega un acápite, que dice: «Destitución por ineptitud, omisión o delito». Ya fue votado. Y me recuerda la secretaría que se pensó en incluir: «Serán causales de destitución: …».
El señor senador Bordaberry había quedado en presentar una redacción sobre la tercera causal, «Delito». Se consultó a fiscalía y expresaron no tener objeciones que formular a una nueva propuesta contemplando las modificaciones introducidas por el nuevo CPP.
(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).
SEÑOR BORDABERRY.- Quizás el inciso que refiere al delito podría terminar en la palabra «penalmente», y redactar un inciso aparte, que diga que en todos los casos de sometimiento a la justicia penal de un funcionario, la Fiscalía General de la Nación apreciará las circunstancias y situación del mismo a efectos de solicitar o no la destitución.
¿Qué sucede? El sometimiento no es un delito, eso es seguro, entonces, hay que separarlo. ¿En todos los casos de delito? Sí. Ahora bien, el planteo es, en todos los casos de delito, ¿sí o no? Porque, ¡cuidado!, puede ocurrir que el funcionario cometa un delito menor, una falta que no amerita sanción.
Entonces, repito, luego del punto debería decirse –en un nuevo inciso– que en los casos de sometimiento a la justicia penal de un funcionario la Fiscalía General de la Nación apreciará las circunstancias y situación del mismo a efectos de solicitar o no la destitución. Esa audiencia de formalización puede significar omisión, ineptitud… En fin, no sé se me explico bien.
SEÑORA PRESIDENTA.- Entiendo que propone separar este inciso en dos: el primero tipifica la conducta y el segundo deja abierta a la fiscalía la posibilidad de destituir o no, ya sea que el delito tenga una condena efectiva o que haya sometimiento a la justicia penal. ¿En ambos casos, señor senador?
SEÑOR BORDABERRY.- Sí, hablo de separar el sometimiento de la definición de delito.
SEÑOR MICHELINI.- Estimo que el señor senador Bordaberry tiene razón y el inciso que habla de delito debería terminar en la palabra «penalmente».
A su vez, habría que redactar un inciso que dijera que en todos los casos de sometimiento a la justicia penal de un funcionario o de condena ejecutoriada, la Fiscalía General de la Nación apreciará las circunstancias, la situación del mismo a efectos de solicitar o no la destitución y por la causal que la llevará adelante –o algo por el estilo–, ya que no necesariamente cuando a alguien lo someten a la justicia la causal es el delito. O capaz que después no se sanciona penalmente pero hubo una omisión o una ineptitud que sí merece la destitución por la vía administrativa. Solo puede destituirse por condena; de lo contrario, no hay delito.
SEÑORA PAYSSÉ.- Estamos considerando el inciso que está tipificando el delito. Por lo tanto, tenemos que hablar del delito y no de otra cosa. Creo que si separamos en dos el inciso tres, solucionamos el problema. Lo que a mi juicio tenemos que resolver es si estamos de acuerdo en que en todos los casos de sometimiento a la justicia penal de un funcionario o de condena ejecutoriada, la Fiscalía General de la Nacional apreciará las circunstancias. Pensé que el acuerdo consistía en que la tipificación de delito es causal. Por otro lado, creí que lo que se estaba discutiendo era que en todos los casos de sometimiento a la justicia penal de un funcionario, la Fiscalía General de la Nación apreciará las circunstancias y que eso quedaba separado en dos incisos.
SEÑOR MICHELINI.- Pero sería un inciso fuera del que habla del delito.
SEÑORA PRESIDENTA.- Está separado en dos, como señaló la senadora Payssé.
SEÑOR MICHELINI.- El inciso que refiere a omisión tiene varios apartados pero lo que atañe a delito tendría uno solo que terminaría en «penalmente». Luego habría un inciso genérico –como señala la senadora Ayala– que diría: «En todos los casos de sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario o de condena ejecutoriada, la Fiscalía General de la Nación apreciará las circunstancias y situación del mismo, a efectos de solicitar o no la destitución». Puede quedar ahí porque la causal también tendrá que verla. No puede invocar la causal de delito porque este no está determinado por un juez.
SEÑORA PAYSSÉ.- Creo que esa segunda oración no debería ser genérica porque no tiene que ver con la omisión ni con la ineptitud, que no tienen relación con la justicia penal. Me parece que esta segunda parte, o sea, lo que queremos separar, tiene que ver con la parte penal.
Cuando establecimos las tres causales de destitución, es decir, ineptitud –y le pusimos un numeral porque antes tenía viñeta–, omisión y delito, las separamos por su diferente índole, origen o tipificación. A mi juicio, ellas no tienen como común denominador la justicia penal; esta atañe al delito. Por eso decía que había que separarlo y dejarlo dentro del numeral correspondiente al delito.
Ahora cedo la palabra al señor senador Michelini para ver si entiendo qué es lo que quiere decir, pues hasta ahora no lo pude comprender.
SEÑOR MICHELINI.- Por ejemplo, si hay un funcionario que trabaja en la fiscalía y es sometido a la justicia, en ese mismo momento dicho organismo entiende que esa persona no puede estar más en su trabajo. Por lo tanto, se solicita, por alguna causal –que no puede ser la de delito porque aún no está condenado; permanentemente estamos votando este tipo de casos–, la destitución. El hecho de someter a la persona a la justicia no significa que el caso necesariamente termine en delito, pero puede ocurrir que por vía administrativa la autoridad entienda que además del sometimiento a la justicia –la que verá si hubo o no delito– hubo una omisión o una ineptitud. Reitero que permanentemente votamos venias de destitución aunque la persona no tenga condena firme.
Esto es lo que quiero decir.
SEÑORA PAYSSÉ.- Vamos a ver si podemos acordar algo en estas condiciones.
Tenemos ineptitud, omisión y delito, además del delito que termina en una situación penal. Ahora bien, creo que en el inciso genérico deberíamos poner una sola oración que dijera: «La Fiscalía General de la Nación apreciará las circunstancias y situación del mismo a efectos de solicitar o no la destitución». De esta manera, sacamos la referencia a la justicia penal y el inciso tiene que ver con las tres causales.
SEÑORA AYALA.- Me gustaría saber cómo está redactado el texto que tiene que ver con estas situaciones en el Estatuto del Funcionario Público, aunque no recuerdo en qué artículo está.
SEÑORA PRESIDENTA.- Lo vamos a buscar, señora senadora.
SEÑOR MICHELINI.- Le recuerdo a la señora presidenta que algunos señores senadores debemos retirarnos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Los artículos 93 y 94 fueron desglosados, la fiscalía no tiene objeciones con respecto a ellos y creo que se podrían votar, porque tienen que ver respectivamente con los temas de «Reglamentación» y «Desaplicaciones».
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Qué concepto jurídico es la «desaplicación»? Porque la ley está vigente o no lo está; se deroga o no.
SEÑORA PRESIDENTA.- Esto ya lo discutimos, señor senador.
SEÑOR BORDABERRY.- Así es, señora presidenta. Por eso mismo, sugiero un texto alternativo que diga: «Deróganse todas las disposiciones generales o especiales que se opongan o que sean contrarias a lo dispuesto por esta ley».
(Dialogados).
SEÑORA PRESIDENTA.- La fiscalía no tiene objeciones en cambiar el término «desaplicaciones», pero entiende conveniente contar en el estatuto con un artículo del estilo propuesto.
SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Y si ponemos «vigencia» en el nomen iuris?
SEÑORA PRESIDENTA.- No hay problema con eso.
(Dialogados).
–No podríamos decir «deróganse» porque vamos a tener dos sistemas funcionando y, como mencioné antes, esto ya lo discutimos.
SEÑOR MIERES.- Propongo eliminar del Título V el vocablo «Desaplicaciones» y que quede solamente «Normas transitorias».
Por su parte, el artículo 94 podría tener como nomen iuris «Efecto de su vigencia» y dejaría su redacción tal cual está porque es una fórmula común hablar de que no serán de aplicación las normas que se opongan o sean contrarias a lo dispuesto.
SEÑORA AYALA.- Respecto al Título V «Desaplicaciones y normas transitorias» sugiero dejar solamente «Normas transitorias» y sus dos o tres artículos irían sin nomen iuris.
SEÑOR BORDABERRY.- Por lo que observo, esta ley es reglamentada por el director general de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué hace? ¿Dicta un decreto o una resolución? No es lo habitual que se reglamente así.
(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 93.
(Se vota).
–7 en 8. Afirmativa.
Se pasa a reconsiderar el Título V para que solamente diga «Normas transitorias» y no «Desaplicaciones y normas transitorias».
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota).
–7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Se pasa a considerar los artículos 94 y 95 que propusimos votar sin nomen iuris.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
(Se vota).
–7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Solicito que se lea cómo está redactado en el Estatuto del Funcionario Público lo relativo al delito.
(Se lee).
«Delito. Se entiende por delito toda conducta típica, antijurídica y culpable por la que el funcionario sea condenado penalmente. En todos los casos de sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario o de condena ejecutoriada, el Poder Ejecutivo apreciará las circunstancias y situación del mismo, a efectos de solicitar o no la destitución».
SEÑORA AYALA.- Es lo mismo en ambos casos, pero debemos cambiar «Poder Ejecutivo» por «Fiscalía». Propongo dejarlo redactado como está y votarlo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la redacción propuesta por la señora senadora Ayala.
(Se vota).
–7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Terminamos la consideración de este proyecto de ley.
Propongo como miembro informante a la señora senadora Ayala.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota).
–6 en 7. Afirmativa.
Se levanta la sesión.
(Son las 16:34).
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |