SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                (Son las 14:14).

                –La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene el gusto de recibir a una delegación de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte, integrada por los señores Miguel Marrero, Luis de Lacovo, Martín Burguez y José Pascale. Habían solicitado una entrevista con la comisión, por lo que les damos el uso de la palabra para que nos puedan brindar su planteo.

SEÑOR MARRERO.- Buenas tardes y muchas gracias por recibirnos.

                 Básicamente vamos a referirnos a la situación de los trabajadores del transporte en su conjunto y, particularmente, a los de las cooperativas. En este momento tenemos un problema que nos preocupa mucho y entendimos que era oportuno hacer una ronda de reuniones. Hemos participado de varias comisiones del parlamento, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Además, hemos estado en todos los ámbitos de negociación con la Intendencia de Montevideo hasta el día viernes, momento en el cual cortamos transitoriamente esa relación porque entendimos que no se avanzaba y que había que cambiar un poco la táctica. El mismo viernes le pedimos una entrevista por nota al intendente Martínez, al presidente del Frente Amplio, como conductor de la fuerza política de los gobiernos departamental y nacional, y al presidente de la república.

                Fundamentalmente, las preocupaciones que tenemos pasan, en principio, por la situación de los compañeros de Raincoop, cooperativa cerrada en junio del año pasado. De dicha cooperativa hay 21 personas que todavía están en el seguro de paro, lo cual está mal, porque de hecho este se les terminó el 30 de setiembre. Estamos gestionando una nueva extensión que aún no tenemos confirmada. Son 21 personas jóvenes, en edad laboral, padres y madres de familia, quienes tienen una urgente necesidad de conseguir trabajo. Además, hay un compromiso político de todas las partes que estuvimos en el acuerdo que se generó a partir del cierre de Raincoop –Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Intendencia de Montevideo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Junta Departamental de Montevideo, Coetc, Cutcsa y Ucot–, según el cual iba a haber oportunidad laboral para todos. De los 479 trabajadores de Raincoop que fueron asignados a las empresas, 473 están efectivamente trabajando y el resto tiene algunos pequeños problemas de salud, pero se van a incorporar. O sea que por ese lado no tenemos problemas. Muchos optaron por jubilarse, algunos ya estaban en etapa de jubilación y otros se incorporan al subsidio transitorio, de acuerdo con la Ley    n.º 18395. Sin embargo, nos queda ese grupo de compañeros para los que hasta ahora no ha habido posibilidad laboral alguna; no ha existido ningún ofrecimiento de parte de ninguno de los reguladores ni de los organismos del Estado.

                Nosotros lanzamos la idea de generar una cooperativa de taxímetros, con todas las dificultades que eso significa en este momento, sobre todo a partir de la incorporación de las aplicaciones, pero no hay ambiente entre los compañeros para tirarse al agua, ya que ven que hay más posibilidades de fundirse nuevamente que de salir adelante con esa opción.

                Entonces, la alternativa que estamos planteando es que se otorguen seis permisos más de transporte urbano para las empresas que participaron en la negociación. Para eso contamos con la visión favorable de algunas de las empresas, pero la Intendencia de Montevideo está negando esa posibilidad. Nosotros seguimos insistiendo y una asamblea que hicimos la semana pasada nos habilitó a que siguiéramos estas negociaciones hasta la semana que viene. Si en ese lapso no hay avances o una definición en este sentido vamos a instalar una carpa en la puerta de la intendencia. Ya lo tuvimos que hacer cuando el cierre de Raincoop, que pusimos ómnibus y estuvimos en un cantón durante quince días. De alguna manera, esto fue algo que ayudó a abrir la negociación y a posibilitar que la inmensa mayoría de los compañeros tengan trabajo.

                El otro problema enorme que tenemos es la ofensiva que está haciendo la Intendencia de Montevideo para dejar 1.800 trabajadores fuera del sistema, los que representan el 27 % de los trabajadores del actual sistema de transporte. La intendencia nos dijo que en los próximos años –no se sabe cúantos, ya que primero se nos dijo que serían siete, pero luego se dijo que eso era demasiado– tiene que haber 1.800 trabajadores menos en el sistema. Para eso proponen la creación de un fideicomiso por USD 40:000.000 –dinero que van a pagar los usuarios, lógicamente– para la compra de participaciones sociales en las cooperativas y de acciones en las sociedades anónimas o para despidos incentivados a los asalariados de todas las empresas. Paralelamente, impulsan la reducción de horas de servicio de los ómnibus. Entendemos que esta es una medida que afecta en forma muy importante a la población, particularmente a los barrios más alejados y a la gente que toma el ómnibus en las horas de menos rendimiento de las unidades. Lógicamente, las empresas van a parar los coches en las horas de menor rentabilidad.

                El tercer punto que hemos planteado también en todas las instancias es la discriminación que están sufriendo las cooperativas, particularmente desde el punto de vista tributario, con respecto a las sociedades anónimas del transporte, en especial a partir de que las sociedades tributan por IRAE y los trabajadores de las cooperativas pagamos IRPF y además hacemos todos los aportes a la seguridad social, como corresponde. Son miles los propietarios de las sociedades anónimas que no lo hacen. Por supuesto que se jubilan con mucho menos dinero, pero igualmente de ninguna manera la cuenta cierra. Nosotros denunciamos muchas veces esta situación y finalmente la Intendencia de Montevideo decidió medir el impacto de todo esto. En este sentido hay un trabajo realizado por el estudio Ferrere en donde se determina exactamente el perjuicio que están sufriendo las cooperativas de transporte y, por lo tanto, los trabajadores, que somos 2.000. Si a los señores senadores les interesa, les podemos enviar ese estudio por correo electrónico.

SEÑOR BURGUEZ.- Otro tema que nos preocupa es la poca voluntad que ha tenido la intendencia para buscar un diálogo, una negociación con los trabajadores. Siempre que nos hemos sentado a conversar ha estado la propuesta sobre la mesa y no se ha podido cambiar ningún punto ni llegar a un acuerdo. La propuesta nos perjudica porque afecta a compañeros que, por su edad –están en el entorno de los 50 años–, tienen muy pocas posibilidades de acceder a otro trabajo. Se ha buscado la forma de ubicarlos en otros lugares, pero es casi imposible encontrar una solución interna en la empresa a todos los compañeros. Se estaban capacitando en algunos cursos en Inefop, pero no van a salir con una fuente de trabajo.

                Por otro lado, se nos perjudica también salarialmente, ya que se nos quiere bajar la cantidad de jornales que tenemos hoy. Nosotros trabajamos seis días y descansamos uno, por lo que hacemos un promedio de 26 o 27 jornales mensuales. Ahora nos quieren llevar a 24 jornales, y esto no solo perjudica a los trabajadores, sino también a la población, porque van a sacar coches de la calle y en las «horas valle», como se les llama, van a quedar frecuencias de hasta de 15 o 20 minutos.

                Nosotros le hemos planteado a la intendencia que siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero para eso se necesitan dos partes y hasta ahora lo único que hemos escuchado es esa propuesta; la intendencia no se ha movido de ahí. Por nuestra parte hemos llevado propuestas, hemos trabajado seriamente, pero está siendo muy dictatorial con los trabajadores del transporte. Nosotros estuvimos de acuerdo, accedimos a todos los ámbitos, participamos de los consejos consultivos por los temas de la radio y la limpieza de los coches –siempre pensando en mejoras para la población–, pero nos están dejando por fuera en esto que es importante para los trabajadores y para la población. Entonces, lo único que pedimos es que se rearme esa mesa de diálogo y que se busquen soluciones que nos sirvan a todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me gustaría hacer algunas apreciaciones para ver si entendí bien, porque es un tema recurrente que estuvo hasta hace poco en la junta y hubo declaraciones del director Inthamoussu.

                Por un lado, hay un tema vinculado con el cierre de Raincoop, donde había un compromiso de redistribución o de absorción de los trabajadores. ¿Esa etapa está cumplida? Si está incompleta, ¿qué falta? Hago estas preguntas para que quede claro qué fue lo que pasó, porque nos dijeron que algunos se jubilan o están en otros procesos. 

                Después hablaron sobre lo que supuestamente va a pasar y plantearon dos cosas.  Por un lado, que hay una cantidad de trabajadores –sería bueno que nos recordaran la cifra– que la intendencia pretende que queden fuera del sistema y me imagino que con esto quieren decir que queden fuera del sistema de transporte, esto es, que no trabajen más en esa área. Al respecto quiero saber si eso fue comunicado, cómo se va a instrumentar, en cuánto tiempo y cómo se materializa, porque me imagino que tiene que ver con reducción de personal arriba de los coches y ese tipo de cosas. En síntesis, la pregunta es cómo van a sacar del sistema a tantos trabajadores.

                Lo segundo que pasaría es que para viabilizar eso la intendencia planteó un fideicomiso de USD 40:000.000. Quisiera saber cuál es la garantía del fideicomiso, porque me hablaron de la posibilidad de despidos incentivados, etcétera. Me imagino que esto sería para que la intendencia tenga disponibilidad para generar determinadas políticas de organización laboral, etcétera. Ahora bien, a su vez esto tiene que ver con una empresa privada, porque la intendencia no tiene trabajadores propios. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo para instrumentarlo? No es fácil de entender.

SEÑOR CARÁMBULA.-  Me parece que debemos ir paso a paso.  Sin dudas, los dos temas de fondo que plantearon generan una preocupación importante en todo lo relativo al transporte. Sobre este punto siento que debe haber una visión metropolitana y no solamente montevideana, inclusive para que exista un enfoque integral de soluciones. No se trata de Montevideo más San José o Canelones, sino que debe haber un proyecto metropolitano y uno de los grandes desafíos que tenemos es que no está lo encaminado que todos quisiéramos.

                Raincoop es el primer tema que plantearon y consideran más urgente, porque hay 21 trabajadores a los que todavía no se les ha encontrado una solución. Al respecto, quiero decir que conozco situaciones anteriores de mi departamento. En su momento, Copsa encontró una solución para un grupo grande de trabajadores sobre la base de generar  líneas de servicio, equilibrando el sistema departamental de transporte. Por lo que entendí, se necesitarían dos permisos de parte de cada una de las empresas que participaron del acuerdo, a fin de cubrir la totalidad de vacantes; en definitiva, serían seis permisos.

Personalmente entiendo que este tema corresponde al ámbito departamental, por lo que podríamos enviar la versión taquigráfica allí y manifestar nuestra preocupación sobre que se encuentren los caminos de diálogo, pero meternos en una dinámica propiamente departamental en este ámbito me parece dificultoso. Concretamente, mi propuesta es que lo que los trabajadores nos han manifestado sea enviado a la Intendencia y a la Junta Departamental de Montevideo, como para que sepan de la preocupación que existe y se busquen caminos de diálogo.

SEÑOR CAMY.- Quiero dar la bienvenida a la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte. Conocimos la situación hace unos días, cuando el señor Marrero concurrió solo a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. Les quisiera pedir que, si fuera posible, se pusieran en contacto con la secretaría para enviarnos el trabajo que hizo la empresa Ferrere, porque sería importante que la comisión lo tuviera y se formara opinión sobre el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Comparto el pedido del señor senador Camy y esperamos que en unos días nos puedan enviar este trabajo a través de la secretaría, porque nos va a ser de mucha utilidad.

SEÑOR MARRERO.- Intentaremos aclarar un poco acerca del cierre de Raincoop. Al respecto, podemos decir que aún nos quedan 21 compañeros fuera de la bolsa de trabajo, es decir, sin ningún tipo de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin las causales previas.

SEÑOR MARRERO.- Exactamente. Hay gente con más de veinte o treinta años y gente con cuarenta o cincuenta años. Son compañeros sanos, en edad y en condiciones de trabajar. Por ellos nosotros estamos haciendo la propuesta de que solamente con seis permisos estarían entrando todos a trabajar. Hay que aclarar que cuando se habla de trabajadores del transporte se hace referencia a la cantidad de trabajadores por coche. La paramétrica de Montevideo en este momento marca 4,32 trabajadores por coche, cuando en la negociación con Raincoop solo pudimos llegar a un techo de 3,1 trabajadores por coche. Eso fue lo máximo que pudimos lograr con la Intendencia después de una negociación muy dura y teniendo seiscientos trabajadores en la calle. En aquel momento no teníamos ninguna opción y solo pudimos alcanzar eso. Nos quedaban sesenta compañeros en una bolsa de trabajo, de los cuales treinta y nueve se fueron incorporando a las empresas en sustitución de gente que por diferentes motivos decidió no entrar, ya que algunos se jubilaron y otros simplemente dejaron su lugar. Tenemos veintiuna personas que están esperando ese lugar. Como ya dijimos, a razón de 3,1, con seis permisos estaríamos solucionando el problema y, en definitiva, todos los extrabajadores tendrían trabajo.

                Coincidimos con el señor senador Carámbula en cuanto a que hay que pensar el transporte a nivel metropolitano. Es imposible no considerar a los miles de habitantes canarios o maragatos que vienen todos los días a trabajar a Montevideo, que pagan un boleto carísimo y que son absolutamente discriminados de diferente forma. Muchísimas veces hemos planteado que el Consorcio de Transporte Metropolitano tiene que empezar a trabajar, pero hasta ahora es solo un nombre, un sello y una oficina, pero no funciona. Nosotros cuestionamos el concepto de transporte que está llevando adelante casi el Estado en su conjunto y en particular la Intendencia de Montevideo. Entendemos que el transporte debe ser un servicio público y social, y que medidas como la que está intentando llevar adelante la Intendencia de Montevideo atentan contra ese concepto. Lo decimos en este ámbito y ya lo hemos manifestado muchas veces: la reforma del transporte que quiere llevar adelante la Intendencia de Montevideo es para que le cierren los números y así no tener que poner más dinero en subsidios; no hay otra explicación. El transporte no va a ser mejor y no va a haber un mejor servicio. Pretenden dejar 1.800 trabajadores en la calle. Estamos dispuestos a discutir hasta el hecho de que los trabajadores que se vayan yendo por razones naturales –ya sea porque se jubilan, consiguen otro trabajo u optan por irse– no sean sustituidos por otra persona por un tiempo determinado. Lo que no estamos dispuestos a aceptar es lo que quiere hacer la Intendencia de Montevideo en el sentido de poner plata arriba de la mesa para que la gente se vaya. Todos sabemos –porque ha pasado en muchísimas otras actividades– que la persona toma ese dinero, compra un quiosco o una camionetita, y a los seis meses es un desempleado más. En un país que lamentablemente tiene muchísimos desempleados            –hablamos de alrededor de 49.000 personas en el seguro por desempleo– no estamos dispuestos a que 1.800 trabajadores del transporte pasen a engrosar las cifras de desocupación.  Además, hacemos propuestas porque hay boletos nuevos para crear. A su vez, hay algunos negocios de transporte que están tercerizados y lo que se consigue con esto es aumentar las ganancias de los empresarios. Muchas veces, los propios empresarios del transporte tienen empresas paralelas, ya sea con nombre diferente o con testaferros, y se están enriqueciendo. No olvidemos que hay un transporte que no está dando un buen servicio, empresas que tienen problemas –particularmente las cooperativas– y empresarios que están haciendo muchísimo dinero que invierten en otros rubros que no tienen nada que ver con el transporte. Creemos que el Estado debería meter mano en ese tema y ponerse a pensar en serio para ver si el transporte es un servicio social de pasajeros o si será un negocio para empresarios privados.

                Por otro lado, debo decir que cuando mencionamos la cifra de 1.800 trabajadores hicimos referencia a la cifra oficial que da la intendencia. El primer documento que ellos nos proponen contiene once puntos, de los cuales diez son accesorios y el tema central es, claramente, reducir el número de los trabajadores en el sistema para que cierren los números porque, además, ya empezaron a reducir la paramétrica en algunos rubros para no tener que poner más dinero en el subsidio. Se marcaron un tope del 4 % del presupuesto departamental para el subsidio y no quieren aumentar el boleto; es más, en algún momento redujeron su precio.

No nos parece que esa sea una política que cuide al pasajero o que cuide la salud de las empresas –algunas tienen graves problemas– y tampoco queremos que haya una nueva Raincoop, Cotsur o Cooptrol. Nosotros vivimos en la época en que había siete cooperativas en el transporte metropolitano, pero al día de hoy y después de diferentes procesos –alguno por opción, pero la gran mayoría por cierre–, solo quedan dos. Esto nos preocupa muchísimo porque no queremos que cierre ninguna empresa y mucho menos una cooperativa; lo decimos justamente como trabajadores de una de ellas.   

Asimismo, proponemos la creación de un fideicomiso que complemente el del gasoil, un poco para atender el concepto de servicio público, pero también para cuidar al pasajero más desposeído. Para ello estamos de acuerdo en mantener el boleto a un precio accesible, y también con todo aquello que ayude a contar con un transporte popular, particularmente para la gente más pobre, más humilde, porque ellos son –un estudio reciente que hizo la intendencia así lo demuestra– los que más utilizan el transporte colectivo. En definitiva, con ayuda del Instituto Cuesta Duarte, proponemos la creación de un fideicomiso de la nafta para que cada persona que cargue su vehículo particular –según el mismo estudio, el 90 % es para uso prácticamente individual y de paseo– aporte $ 1 por litro para sostener el precio del boleto urbano. De esta manera, los que tienen más le darían algo a los que tienen menos.

Con respecto al estudio de la empresa Ferrere, podemos enviar el documento porque ya lo enviamos a la otra comisión.

SEÑOR BURGUEZ.- En la reunión tripartita de los consejos de salarios firmamos junto con las empresas una cláusula de estabilidad laboral, por la cual renunciamos a salario para que los compañeros –sabíamos de la problemática de Raincoop y estaba claro que por su propio peso iba a caer tarde o temprano– tuvieran una solución laboral. Queremos que ese punto del acuerdo se respete y pretendemos volver a armar esa mesa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para volcar las mismas propuestas que hemos presentado aquí.

                Es poco lo que se pide: dos permisos más por empresa.

                Quiero agregar algo en atención a lo que decía Marrero con respecto a la tarjeta y la baja del precio del boleto. No estamos en contra de la baja del boleto, sino a favor de que sea beneficioso para el pueblo y para los que tienen menos. Nosotros que estamos todo el día arriba del ómnibus vemos muchas veces cómo la gente cuenta las moneditas para pagar su boleto. Justamente, muchas de esas personas no tienen para cargar la tarjeta porque se manejan con la diaria. Los que viven con la diaria pagan más caro el boleto, que los que tienen 500 pesos y cargan la tarjeta.

                Entonces, se quiso otorgar un beneficio, pero fue perjudicial para el que menos tiene. Hoy el que paga el boleto en el bus gasta $ 33, pero el que lo hace con tarjeta paga $ 29.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte.

Obviamente la comisión de asuntos laborales está a las órdenes, si entienden que puede colaborar para que los procesos que mencionaron se cumplan.

                Me parece muy atinada la propuesta del señor senador Carámbula, por cuanto si los señores senadores están de acuerdo, enviaremos la versión taquigráfica a la Intendencia de Montevideo, a la Junta Departamental y, por lo planteado –de rever algunas cláusulas en la próxima negociación colectiva a realizar–, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Apoyados).

(Se retiran de sala los delegados de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte).

(Ingresan a sala los representantes de la Asociación de Guardavidas de Rocha).

 

                –La comisión recibe con gusto a la Asociación de Guardavidas de Rocha, representada hoy por los señores Ernesto Mayol, presidente; Juan Zuccoli, secretario, y  Antonio Criado, vocal.

                Según la nota que recibimos, la solicitud de audiencia está relacionada con un acuerdo alcanzado con la participación del  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Turismo y el PIT-CNT. También solicitaron que esta entrevista fuera lo más próximo posible al 17 de octubre del corriente, momento en que se inicia la preparación físico-técnico, previo al inicio de la temporada estival.

SEÑOR MAYOL.- Muchas gracias por recibirnos.

Este año me ha tocado ser presidente de la Asociación de Guardavidas de Rocha. Soy egresado del ISEF y llevo 22 años trabajando en las costas de Rocha. Trabajo en la playa La Moza de Santa Teresa hace 21 años, y también trabajé un año en Aguas Dulces cuando comencé mi labor de guardavida.

                Antes que nada quiero agradecer que nos hayan recibido. Cuando hicimos la solicitud de entrevista nos encontrábamos en un período en el que intentábamos negociar con la intendencia. Actualmente hemos firmado un convenio entre la brigada y la intendencia; quiere decir que se dio todo un camino, entre la solicitud de la entrevista y el día de hoy, en el que pasaron muchas cosas. Sin perjuicio de ello, telefónicamente manifestamos la necesidad de tener esta oportunidad para contarles lo que pasó y para dejar en claro que si bien este año el problema se solucionó, arrastramos una serie de dificultades desde hace muchos años y son problemas de fondo que nos gustaría que conozcan.

                Brevemente hago un resumen. En el 2015 se dio un conflicto muy grande entre la Asociación de Guardavidas de Rocha y la intendencia. Eso llegó a su fin el 30 de diciembre de ese año con un acta acuerdo firmada por el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, el Director Nacional de Turismo, Carlos Falleti, el en ese momento director de Dinacoin, Jorge Mesa                    –actualmente es Ariel Ferrari–, la intendencia y nosotros. Esa acta de acuerdo marca una pauta de lo que será el quinquenio de Aníbal Pereira; se reconoce un convenio que existía en 2014, se agrega cierta cantidad de días y eso marca la fecha de inicio todos los años, en la que se empieza a entrenar. Este año el 17 de octubre deberíamos haber empezado a entrenar. Desde el mes de julio estuvimos intentando acercarnos a la intendencia para aclarar todo, hacer la firma del convenio y luego hacer los contratos individuales, pero el intendente no nos recibía. Por eso empezamos a hacer gestiones con todos los que firmaron el acta de acuerdo y en ese marco fue que solicitamos la entrevista con ustedes. Dos semanas antes del 17 de octubre se nos citó por parte de la intendencia y de manera muy correcta se elaboró el convenio en una reunión, lo que derivó en que cinco días antes de ese 17 de octubre estaba firmado el convenio, cosa que es histórica porque generalmente estos convenios se firman horas antes de empezar. También es histórico que arranque el período de entrenamiento un 17 de octubre, pues hasta ahora nunca habíamos tenido un recibo de sueldo por el mes de octubre. Eso fue lo que sucedió entre que pedimos la reunión con ustedes y el día de hoy, en el que tenemos otra realidad diferente.

La situación de los guardavidas en general, y particularmente de Rocha, es absolutamente zafral, pues todos los contratos empiezan en una fecha, terminan en otra y todos los años hay que estar negociando con el intendente de turno y demás autoridades para convenir las pautas de la temporada. El servicio es permanente pues no hay ninguna duda de que todos los años se brinda, pero no se establece en ningún marco de la intendencia el servicio de guardavidas. Todos nosotros somos zafrales y nuestros aportes se hacen durante algunos meses, luego hay que volver a entrenar y eso crea a los trabajadores un montón de dificultades a nivel contractual. Voy a dar ejemplos muy claros de situaciones que nos han pasado el año pasado y este, por ejemplo, con compañeras embarazadas. Nuestro contrato es de 44 horas semanales y trabajamos de lunes a lunes, o sea que en realidad trabajamos 56 horas semanales; con esa diferencia  se hace un franqueo, por lo que cuando terminamos la playa, el siguiente mes, de una bolsita en la que se guardan las horas extras generadas se saca otro sueldo de 44 horas semanales y así hasta que se acaba el dinero; generalmente en junio termina nuestro contrato. Eso fue como un apoyo brindado por el intendente Barrios intentando alargar nuestro contrato lo máximo posible, y con ese objetivo se logró esta implementación. 

Hoy por hoy eso se da vuelta y la situación nos resulta desfavorable. Por ejemplo, a las compañeras embarazadas que acceden a la licencia maternal y luego a la licencia por lactancia, la intendencia les reconoce las 44 horas semanales, pero no las 56 horas que operativamente realizamos; por tanto, ellas cobran solo tres meses, pero  después se le corta el contrato en medio de una situación tan sensible como la de estar embarazada.

Otro problema se da con el tema de los docentes. En Rocha no hay educación privada y todos los docentes que intentan buscar su anualidad en otro ámbito porque no la consiguen mediante la profesión de guardavidas, se enfrentan al problema de la acumulación y superposición, lo que fue un error de las pautas laborales que tenemos. Me refiero a esas 44 horas semanales que nunca son 44 y que redundan en problemas mayores, más allá de los permanentes que ya tenemos.

SEÑOR CRIADO.- Quiero decir que ahora soy vocal, pero en 2002 y 2007 fui secretario de la asociación.

En el año 2007 tuvimos un conflicto con el intendente Artigas Barrios. El eje de nuestro conflicto es un tema contractual. Normalmente, a la gente que no conoce el trabajo le puede resultar difícil comprender por qué la contratación debería ser permanente, dando así estabilidad laboral. Es cierto que lo que la gente ve del servicio, lo ve en la temporada estival. Para nosotros la brigada de Montevideo es la referencia, así como la de Canelones que en el período en que el senador Carámbula era intendente logró la contratación anual. Estas dos brigadas tienen un contrato anual y, ¿cuál es la fundamentación? Yo tengo 18 temporadas trabajando, mi compañero 22 y mi otro compañero algunas menos, sin embargo, hay guardavidas que ya hace casi 40 años que están trabajando en la playa y, a esta altura, tienen cincuenta y pico o sesenta años. El vínculo que ellos tienen con la profesión y con la intendencia, de alguna forma, es permanente porque no se precisan guardavidas un verano, sino que esa función permanece en el tiempo. En un país donde la industria turística es el primer o segundo ingreso en el PBI, el turismo tiene una posición estratégica, entonces, no es algo eventual. Además del turismo, tenemos un país que, por suerte, está lleno de espejos de agua naturales, por lo que aparece el tema de los pobladores que hacen uso de ellos y requieren de los servicios de manera permanente. Por tanto,  tenemos un vínculo que permanece, pero que no se refleja en nuestra relación contractual. Todos los años el vínculo se interrumpe, los compañeros quedan desocupados durante varios meses y tienen incertidumbres porque podrían sufrir una lesión. Por ejemplo,  un compañero podría lesionarse en julio o agosto al entrenar por su cuenta, dado que el entrenamiento no se hace en unos días. Nos enfrentamos a una preparación físico técnica bastante exigente  y ¿por qué motivo? Porque después vamos a trabajar más de cien días de corrido sin días libres. Nosotros fuimos a la universidad, más precisamente al Instituto Superior de Educación Física, y le planteamos a los técnicos que estudiaran cuáles eran las condiciones físico técnicas que debía tener un profesional para responder durante cien días de corrido en cualquier circunstancia –como ser, después de haber comido, después de levantarse o al final de una jornada intensa– y garantizar el éxito en una intervención.

También quiero decir que tenemos un 100 % de eficacia. Nosotros consideramos que prestamos un servicio público y tenemos una eficacia altísima o total porque históricamente tenemos cero ahogados en zonas de servicio, a pesar de haber pasado por temporadas en las que no cobramos. Pasamos por etapas en las que íbamos a trabajar y recién cobrábamos lo trabajado al año siguiente. Eso sucedió, especialmente en el período 2000-2005. Hasta que entró Artigas Barrios, todos los años era igual. No cobrábamos el sueldo.

                De todas maneras, en cualquier circunstancia, más o menos favorable, el servicio siempre fue eficaz. Además, siempre fue gestionado por los trabajadores.  Cubrimos una costa de ciento sesenta kilómetros con solo ciento treinta guardavidas operativos y tenemos solo seis cargos de coordinación para sostener una estructura compleja que abarca lo disciplinario, lo táctico y todo lo que tiene que ver con el tema.

                Los señores senadores no están dedicados al rubro específico del turismo, pero quiero señalar que el impacto turístico que recibe Rocha es muy grande a pesar de no tener la infraestructura necesaria como para atender problemas de salud. En Punta del Diablo, por ejemplo, no hay ambulancia. Muchas veces nos ha pasado de estar en la playa con mucha gente, a veces alcoholizada o lo que sea, y estás solo con tu compañero para atender a dos mil personas y resolver los problemas que surjan. Son playas que se llenan mucho.

                Quiere decir que hay un contexto, una infraestructura muy pobre, muy limitada que tuvo uno de los puntos más sorprendentes en la temporada anterior. No sé si los señores senadores habrán visto fotos que muestran a muchos compañeros trabajando sin casilla, casi que en tolderías, dando incluso una mala imagen. Eso pasó en Rocha el año pasado. Sin embargo, más allá de todas esas circunstancias el servicio fue eficaz y tuvimos cero ahogados. 

                Nosotros requerimos de una preparación, de un entrenamiento y también de un vínculo que sea permanente, es decir, que refleje lo que verdaderamente sucede. Como decíamos, puede ocurrir que una compañera quede embarazada y que después dependa de la buena voluntad del intendente para renovar su contrato. Incluso, en caso de que lo renueve va a ganar muchísimo menos que si hubiera trabajado, y justo en el momento en el que más necesita estabilidad y apoyo económico.

                El vínculo actual que tenemos, que es zafral, nos genera muchos perjuicios, entre otros, la imposibilidad de acceder a una jubilación. Si bien aportamos muchísimo dinero por montepío y demás cargas sociales, después no tenemos el derecho a la jubilación porque el vínculo se corta sistemáticamente. Así pues, hay personas que tienen un vínculo de más de treinta años que se ha interrumpido permanentemente.

                Los señores senadores podrán preguntarnos cómo hacemos para llegar a la anualidad, cómo sería la manera de concretarlo. Lo que queremos es que esto sea discutido en el ámbito que corresponde. Nosotros no tenemos negociación colectiva a nivel nacional y hay distintas realidades. Canelones y Montevideo, por ejemplo, tienen un vínculo permanente con la intendencia, tienen un contrato anual. En el caso de Montevideo, es un cargo presupuestado y, en Canelones, es de función pública que se renueva automáticamente. De alguna forma, hay una estabilidad. Los trabajadores no van a tener la incertidumbre de si van a ser contratados, qué va a pasar si se lastiman o, en el caso de las mujeres, si quedan embarazadas. Además esos trabajadores tienen médico durante todo el año, y nosotros no durante gran parte del año. A esto se suma que vivimos en un contexto donde hay pocas ofertas de trabajo, como es el caso de Rocha.

                Por tanto, lo primero que nosotros reclamamos es un ámbito para discutir en profundidad y seriamente. Eso fue lo que se acordó en la salida del conflicto ocurrido en 2015. Nosotros formamos una mesa nacional con representación de las cuatro brigadas grandes, Salto y San José. Presentamos carta a aquellos que firmaron el convenio. Lo que logramos a partir del conflicto fue generar un ámbito de estudio sobre nuestras condiciones de trabajo a nivel profundo y nacional.

                La cuestión es que conformamos una unidad de trabajadores como para arribar a ese ámbito a fin de discutir, analizar y estudiar en profundidad cómo debería ser nuestro contrato, cuál debería ser la carga horaria, la extensión, la cobertura médica y la posibilidad de jubilarnos. Como dije entregamos el documento y formamos un ámbito a nivel nacional. Lo que se nos dijo por parte del Director Nacional de Trabajo, señor Mesa, fue que del otro lado no hay voluntad de generar ese ámbito, a pesar de que fue lo acordado y firmado. Sin duda, de nuestra parte tomó tiempo unificar criterios con las demás brigadas que tienen realidades distintas, que van desde la formación y el título, que es universitario, hasta la forma contractual, etcétera.

                Tal vez la parte más difícil de comprender al principio es cómo se podría llegar a una anualidad o contrato permanente. Esto, de distinta manera, sucede en Montevideo y Canelones. Nosotros queremos que se compare nuestra forma de contratación con la de los demás municipales. Accedemos a la función con un título universitario, por concurso de oposición  y méritos, y no podemos no mantener un rendimiento eficaz. La verdad es que tenemos una alta productividad, por lo menos en  Rocha. Nosotros nos vemos sometidos a recibir un impacto turístico tremendo en un lugar donde no hay ningún tipo de infraestructura, y el recurso humano es el que hace todo el trabajo. Todos somos oficiales, ya que si se descabezara la asociación y la intendencia no interviniera, como no lo ha hecho casi nunca en la planificación, cada guardavida con su compañero baja al lugar de trabajo y es capaz de implementar el servicio con eficacia total. No precisamos de un jefe que nos esté indicando qué decisiones tomar o qué modificaciones hacer para que el servicio sea eficaz. Quiere decir que tenemos un personal que además de planificar y brindar un servicio de calidad es capaz de tomar decisiones ante imprevistos, de manera de garantizar que nadie se ahogue en su zona de guardia. En eso nos avalan los números.

                Repito que ingresamos con un título, por concurso de oposición y méritos y tenemos una eficacia que incluso el intendente actual, aún en los momentos de mayor rispidez, ha reconocido. Si comparamos nuestro servicio con el de las demás intendencias, se verá que el nuestro seguramente es el más económico, teniendo en cuenta la extensión de costa y el respaldo de infraestructura que tenemos, que es mínimo. Lo que deseamos es que nuestro contrato se compare con el de los demás municipales. Si sumamos todas las horas de trabajo se verá que trabajamos más de 100 días de corrido durante 8 horas, en los momentos del año cuando nadie quiere trabajar. A nadie le interesa perderse el 6 de enero con su familia, la navidad, el 1.º de año o trabajar durante todo el feriado de carnaval o turismo. Quiere decir que todo el tiempo que a los uruguayos les gusta estar de vacaciones nosotros estamos trabajando todos los días y sin tener uno libre. Ante eso, debemos responder psicológica y físicamente, por lo que requerimos una preparación. Si sumamos toda la carga horaria de nuestro desempeño y la comparamos con las 30 horas semanales que cumplen los municipales, en realidad, casi trabajamos lo mismo durante el año, con la diferencia de que nosotros lo hacemos todo junto. Cuando se hacen horas extras se debe remunerar de manera adecuada, porque estamos haciendo un esfuerzo muy superior, con un desgaste enorme. Tampoco tenemos doble turno, o sea que toda la guardia recae sobre las espaldas de los trabajadores y existe un gran compromiso de nuestra parte que, además, nos impide asumir otras tareas. Al contraer este compromiso y hacerlo de manera permanente perduramos en la función y eso es lo que genera la eficacia. Si todos los años se estuviera renovando el plantel, probablemente el servicio no sería eficaz. Esto supone un gran compromiso desde el punto de vista personal.

                En definitiva, lo que queremos es que se analicen las condiciones de trabajo, las cargas horarias y qué tipo de contrato merecemos. Antes de tener esta forma contractual éramos considerados jornaleros eventuales y se nos pagaban varios jornales. Cuando logramos que algunas de las horas extras que hacemos se paguen en una extensión de contrato en el año 2007 a través de lo que se llama un franqueo –es decir que todas las horas extras se remuneran en una extensión de contrato–, se nos otorgó la forma contractual que concentra menos cantidad de horas extras, o sea una fórmula de 44 horas extras. Consideramos que eso no es justo, en la medida que tenemos un título, entramos por concurso y nos desempeñamos como si fuéramos oficiales. Entonces, tenemos un contrato de peor calidad que la mayoría de los demás municipales, cuando gran parte de ellos no ingresan por concurso, ni con título universitario y, quizás, no estén sujetos a una evaluación como nos sucede a nosotros.

                Por estas razones queremos que nuestro contrato sea revisado y se pueda llegar a una suerte de análisis más amplio de lo que involucra la zona de los guardavidas de Rocha, de forma tal que se tengan en cuenta las realidades del resto del país.

SEÑOR MAYOL.- Estamos realizando este tipo de presentaciones en un ámbito de no conflictividad porque generalmente estas cosas salen a la luz cuando hay un conflicto o en fechas candentes. Por tanto nosotros optamos, justamente, por reunirnos en momentos donde el trabajo ya está asegurado para la temporada y seguramente para el resto del quinquenio, tal como figura en el acuerdo firmado. Hay todo un tiempo para poder trabajar estos temas, no en fechas de temporadas, no en momentos de conflictos, ni con los medios de prensa, sino en una mesa de trabajo donde se puedan buscar las soluciones de fondo que hoy por hoy necesitan todos los trabajadores guardavidas de Rocha, puntualmente, como también algunos otros casos. Básicamente, la zafralidad de la función no es tal sino que es permanente, ya que todos los años hay servicios de guardavidas. A partir de ese hecho decantan un montón de situaciones injustas que estamos sufriendo desde hace muchos años.

Cuando nos iniciamos como guardavidas quizás había otro tipo de turismo, el Uruguay era diferente. Nos reunimos con la ministra en el consejo de ministros que se celebró en la localidad de 19 de abril y allí nos planteó cómo se preveía la próxima temporada que se piensa será mucho mejor que la del año pasado. Le comentamos que el servicio de guardavidas es una parte más de la cadena del éxito del turismo en todo el Uruguay –creemos que en Rocha la cadena está frágil–, más allá de que la ministra no tiene nada que ver con el tipo de contratación que tenemos. Quizás ustedes tampoco conozcan la relevancia de la negociación que mantenemos con el intendente, pero ya esto escapa a una negociación de dos partes, entre un gremio y un intendente, porque tiene que tener otro marco, de manera de buscar una estabilidad que consideramos imprescindible.  

                Queríamos hacer esta visita para presentarnos ante ustedes y plantearles nuestras inquietudes.

SEÑOR CARÁMBULA.- Nos alegra que hayan venido habiendo resuelto el tema y que tengan la perspectiva de un acuerdo por el quinquenio, lo cual creo es importante. Lo otro que nos alegra es que aun habiendo arreglado hayan venido a esta comisión. Por tanto, valoramos mucho su visita.

                Por otra parte, conocemos bien la costa del país y, sin duda, el ámbito más difícil de trabajo es el que ustedes abordan, ya sea por volumen, extensión y dificultades. En algunos casos hablamos de ríos pero ustedes trabajan sobre un océano. Por tanto, hay un reconocimiento al trabajo de guardavida en Rocha que, sin duda, es el mayor desafío.

                Algunos temas los conozco muy bien. Durante diez años fue parte de nuestro desafío el de llegar a la temporada de verano con un acuerdo con los guardavidas. Como ustedes bien dicen, hay que procurar dialogar y no esperar a hacerlo cuando llega el primer bañista a las playas. Entonces, me parece bien que sea en este momento.

                Hay un tema notorio en el cual la comisión no puede abrir juicio, que es el de las autonomías departamentales y los acuerdos de cada departamento. Como nos han dicho, hay diferentes acuerdos en cada uno de los departamentos. Una cosa es Montevideo, otra Canelones y otra Rocha. Tenemos a San José, que tiene un volumen menor, Colonia, así como también Salto y Paysandú en el Norte. Es decir, respetando las autonomías, ustedes nos hacen un planteo de fondo. A la vez, tenemos un proyecto del senador Mieres en el que estuvimos trabajando. Entonces, respetando las autonomías departamentales, debemos pensar este tema a nivel nacional, teniendo en cuenta las condiciones laborales de ustedes, la seguridad social, la asistencia de salud, la formación, la capacitación y el mantenimiento del trabajo. También hay que tener en cuenta que cada departamento es diferente; en nuestro caso, entre la Junta Departamental y los guardavidas, habíamos hecho un equipo que se encargaba de los cursos de adiestramiento y demás.

                Al respecto, he hablado con algunos guardavidas de mi departamento y otros de Rocha, y me parece que deberíamos pensar en la formación de un grupo de trabajo para redactar una ley nacional del servicio de guardavidas con los actores que ustedes nombraron, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Turismo; es un tema esencialmente de turismo. También debería participar la prefectura, porque hay ámbitos que se superponen con la tarea que ustedes desarrollan. Esta ley debería contemplar, justamente, lo que ustedes están planteando, y también debería brindarles estabilidad.

                Por suerte hoy tienen resuelto el tema –creo que también en el caso de Montevideo y de Canelones, aunque no sé qué sucede con las otras intendencias–, por lo que tenemos más tiempo para generar un ámbito de trabajo que trabaje en una legislación de carácter nacional. En la comisión se ha presentado un proyecto sobre esto y hay aportes interesantes, lo que deberá ser complementado con la experiencia de todos estos años.

                Por tanto, quiero preguntarles si ustedes están dispuestos a pensar en un ámbito de trabajo con estas características.

SEÑOR CAMY.- En primer lugar, quiero saludar a la delegación de la Asociación de Guardavidas de Rocha.

                Lo que iba a señalar queda comprendido en lo expresado por el senador Carámbula. Yo soy de San José y tengo conocimiento de la perspectiva local sobre lo que ustedes detallaron. Hay que tener en cuenta que los departamentos con costa tienen distintas escalas y, a partir de eso, las diferentes situaciones de estabilidad laboral que se han ido desarrollando.

                Preservando celosamente la no vulnerabilidad de la autonomía municipal, como se señalaba –que defendemos enfáticamente–, me preguntaba si –más allá de la situación de Rocha– lo que están planteando es un marco legal general aplicable desde la autonomía de cada departamento. La idea del senador Carámbula me pareció muy buena, ya que habría que establecer un modelo legal que dé amparo al oficio de guardavida, más allá de que después cada departamento pueda tener una cierta amplitud para aplicarlo. Creo que habría que generar una cierta estabilidad a una profesión que tiene características notoriamente particulares.

SEÑOR CRIADO.- Hace un año nosotros vinimos a hablar con el senador Mieres para informarnos, porque sabíamos que él había presentado un proyecto, y para intercambiar ideas. La reunión fue muy buena, pero el problema es que fue muy al inicio de la temporada y en esa época nosotros trabajamos todos los días y cada uno está en su lugar. A esa instancia vinimos como mesa nacional, con compañeros de las otras brigadas. Algunos tienen situaciones contractuales mejores; en Montevideo y en Canelones tienen un contrato más adecuado. En aquel momento tuvimos un intercambio, pero no fue esa la primera vez en que nos acercamos para tratar la posibilidad de una ley. En realidad, ya habíamos venido en 2000, 2001 y 2002 y habíamos estado trabajando con los entonces diputados Conde y Melo. Personalmente vine a esas reuniones; recién había entrado a la brigada. Allí estuvimos trabajando sobre la posibilidad de generar una ley, pero obviamente estaba el problema de las autonomías departamentales. De manera que ya desde aquel momento sabemos que la ley no es una varita mágica que va a resolver los problemas, sino que después hay que ir a una negociación en cada intendencia.

                Lo que más nos interesa es poder hablar del tema y que se cree un ámbito de discusión que pueda generar una situación más favorable, en que haya más conocimiento de las partes, para después llegar a una negociación con las intendencias. Si hubiera una ley marco que garantizara ciertos aspectos o planteara algunos lineamientos u objetivos que puedan tener que ver con la seguridad social, con la formación, con el título universitario, etcétera, sería muy favorable. Sabemos que desde la ley no se puede obligar al intendente a asumir una forma de contrato u otra, pero sí creemos que es válido y necesario intercambiar visiones con los partidos representados en el Parlamento –que tienen, obviamente, una relación con las intendencias– para no llegar a ese tipo de tire y afloje que se suele dar cuando la temporada es inminente, porque ese no es un ámbito adecuado para estudiar cuestiones de fondo. Entonces, lo que nos interesa es que se concrete lo que conseguimos en aquel conflicto y que está en un acuerdo que firmaron todas las partes, es decir, generar un ámbito de estudio y discusión de cómo deberían ser las condiciones laborales de los guardavidas a nivel nacional. Después, obviamente, va a venir la negociación bilateral, pero nos parece necesario en primer lugar intercambiar visiones y estudiar el tema, para que cuando llegue el momento de la negociación haya un proceso y no se llegue a último momento a un tire y afloje.

SEÑORA TOURNÉ.- En primer lugar, me alegro de que hayan podido firmar un acuerdo y de que hayan solucionado la situación puntual de conflicto, que por otra parte la van a tener año a año, porque la contratación es así.

                En segundo término, me parece que tenemos que delimitar dos aspectos. Una cosa es legislar una profesión, como ocurrió con los fisioterapeutas o los psicólogos. En esa instancia se define el rol, el perfil. Pero otro tema es, como muy bien lo señalaba la delegación, las autonomías departamentales, que se defienden muchísimo y no hay más remedio que hacerlo, porque por Constitución es así.

                Más allá de eso, también hay que contemplar las posibilidades concretas que tiene cada intendencia. No es lo mismo la Intendencia de Montevideo o de Canelones, que tienen un ingreso económico brutal, que la Intendencia de Rocha. Y, por lo que he podido averiguar, la gran dificultad no está en asegurar la permanencia de los trabajadores, porque, como nuestros propios invitados han dicho, han venido siendo recontratados año a año. El problema es lograr los recursos para que esta función sea permanente, porque estamos hablando de aproximadamente 140 trabajadores. De manera que comprendo todo lo que nuestros invitados plantean, pero a veces hay dificultades reales económicas para que tantos trabajadores pasen a ser permanentes, sobre todo en una intendencia como la de Rocha, que tal vez no tenga tantas posibilidades económicas como otras. Entonces, por un lado está la necesidad de tener perfiles permanentes –en lo que concuerdo– y, por otro,  tenemos  realidades concretas que son muy diferentes.

                Por último, quiero proponer que se envíe la versión taquigráfica de lo discutido en el día de hoy a la Intendencia de Rocha y se invite al intendente a concurrir para escuchar su punto de vista.

(Apoyados).

SEÑOR OTHEGUY.-  Antes que nada quiero saludar a la delegación que nos visita. Voy a ser muy breve, porque han sido muy claros. Creo que hay temas que notoriamente son de autonomía departamental, y otros que, eventualmente, pueden tener un estatuto legislativo. Sobre estos últimos, estamos comprometidos a analizarlos, porque justamente tenemos un proyecto de ley en esta comisión elaborado por uno de sus integrantes. Por lo tanto, es un tema que va a estar incorporado en el trabajo de la comisión; probablemente no sea este año, pero sin dudas lo tendremos agendado para analizar el que viene.

                Reconocemos el trabajo de los guardavidas de Rocha –a quienes vemos desde hace por lo menos cuarenta años–, pero es un tema complejo que hemos analizado en distintos ámbitos. También conocemos la experiencia de Canelones. Por suerte, en nuestro país se ha venido consolidando una política turística que está dando resultados muy positivos, y vemos como año a año se incrementa la  concurrencia de extranjeros y uruguayos en las costas, particularmente en las de Rocha. Esto necesariamente nos exige encontrar soluciones de fondo a algunos de estos temas, porque también es cierto que no podemos tenerlos todos los años en la agenda.  Al respecto, tenemos todos los elementos arriba de la mesa, sabemos claramente cuáles son los planteos de los guardavidas de Rocha y hoy contamos con un proyecto de ley para considerar.

                Para finalizar, les agradezco la visita y comparto la iniciativa de la senadora Tourné en el sentido de enviar la versión taquigráfica a la Intendencia de Rocha. 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Gracias por su participación. Sabemos que el motivo de la convocatoria por suerte ya fue solucionado, cosa que no es muy común en este tipo de reuniones. Entonces, ahora debemos pensar para adelante en un tema más general, por lo que sería bueno que, cuando puedan, nos envíen su opinión sobre el proyecto de ley.

SEÑOR CRIADO.-  Con respecto a lo que manifestó la señora senadora, quiero decir que siempre tuvimos en cuenta la realidad del departamento, e incluso hemos trabajado sin cobrar o cobrando al otro año. Lo que nosotros planteamos es que antes de ver el tema de los recursos se debe discutir  si la contratación es justa o no y cómo debería ser esa contratación. Se debe tener en cuenta que la Intendencia de Rocha tiene muchísimos funcionarios que sí tienen cargos permanentes. Entonces, el tema se  tendría que ver a la luz de todos los trabajadores municipales de la intendencia, cuántos son, cuántos se necesitan y cuántos somos nosotros. Además, aquello que empezó como una explotación artesanal –que fue cuando comenzamos nosotros– ahora es verdaderamente una industria turística que genera un montón de recursos, muchos más que antes, y nosotros seguimos con una contratación precaria. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que dar respuesta a una industria que creció de manera impresionante con una contratación precaria. Por eso digo que primero se debe analizar la justicia o no de nuestra contratación. Obviamente, hay que tener en cuenta los recursos, pero no solo mirando nuestra realidad, sino la de todos los funcionarios municipales.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Muchas gracias.

 

(Se retira de sala la Asociación de Guardavidas de Rocha).

 

–Pasamos a considerar el tercer punto del orden del día: «Carpeta        n.º 908/2017 - Distribuido n.º 1533/2017. Proyecto de ley sobre reserva de la identidad de testigos y denunciantes durante las inspecciones realizadas por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social». Se trata de un proyecto de ley con exposición de motivos presentado por casi toda la bancada del Frente Amplio.

 Nosotros estuvimos haciendo algunas consultas al respecto. No sé si hubo una instancia judicial que no prosperó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque hoy, en realidad, la inspección utiliza este mecanismo que está legislado más que nada para el tema del acoso sexual. Por analogía se utiliza en situaciones de represión sindical y en procedimientos por discriminación. Además, la ley de acoso sexual prevé que se utilice la inspección como un procedimiento que es cuasi jurisdiccional. En ese sentido, el artículo 8.º contiene una frase muy garantista que dice así: «Cuando la inspección procede a interrogar personas que por su vinculación con los implicados puedan tener un conocimiento directo de los hechos denunciados, lo hará individualmente, en forma reservada, sin presencia de representantes de la persona denunciada ni de los denunciantes». De esa forma se le dan garantías a las partes en un tema muy sensible como el del acoso sexual; sin embargo, esa frase no está incluida en el proyecto de ley que estamos considerando ahora y creo que lo mejoraría.

También se hace referencia al tiempo de trabajo que le insume al testigo ir a declarar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la ley de acoso sexual, pero se refiere a la situación de los testigos que se saben que declaran. Si se preserva la identidad es imposible que el empleador le pueda computar el tiempo a esa persona. Si se preserva la identidad obviamente no puede quedar registrado que fue a declarar y no se le puede computar ese tiempo como trabajado.

                Estuve averiguando sobre el tema con dos abogados y por vías diferentes reiteran que en realidad la reserva de la identidad es un mecanismo que se utiliza, que ya está internalizado en la Inspección. Me parece que en muchos casos la reserva es necesaria. Tan así es que a veces las denuncias anónimas son contabilizadas como válidas para proceder a inspeccionar. En algunos casos, como son mecanismos cuasi jurisdiccionales, la identidad puede ser relevante para la defensa, ya que pueden existir situaciones previas que pueden generar hostilidad o enemistad, de manera que el testimonio puede estar afectado en su credibilidad subjetiva por algún otro motivo, y el derecho a la defensa exige que el acusado pueda cuestionar la credibilidad del testigo una vez conocida su identidad. Se dan las dos situaciones. Una es la casuística de la inspección, si bien el procedimiento de la reserva de la identidad está previsto para algunos trámites a nivel jurídico en la Inspección General del Trabajo.

                Seguramente, la causa de todo esto es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no habilitó una demanda porque se desconocía la identidad. Me parece que si se agregara esta oración el proyecto de ley quedaría mejor redactado y parecería una propuesta que se puede compartir. Quizá lo mejor sería que citáramos a la Inspección General del Trabajo junto con la directora jurídica de la Inspección para que dieran su opinión al respecto. 

SEÑOR OTHEGUY.- En realidad, el motivo de este proyecto de ley con artículo único es porque hay fallos del TCA que están desestimando las demandas de los trabajadores justamente por ser anónimas. Esto se está instalando como un precedente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en las últimas denuncias que ha habido, como se trataba de denunciantes anónimos, se desestimó el reclamo. Justamente, esta propuesta pretende garantizar el anonimato –como, por ejemplo, en los casos de abuso sexual– y que eso no inhabilite la demanda del trabajador.

SEÑORA TOURNÉ.- En el mismo sentido del senador preopinante, se trata de que lo que hoy se aplica por analogía y está contenido en la norma de acoso sexual –tal como decía el señor presidente– pase a ser una norma aplicable a todo trabajador, a toda denuncia. Digo esto porque la aplicación por analogía queda en manos de quien decida o no aplicarla, y lo que pretendemos es que se tenga la posibilidad, no solo porque es verdad que como la denuncia anónima no tiene marco legal en algunos casos es desestimada, sino porque es muy cierto que en determinadas relaciones laborales el miedo a la denuncia también hace que no se expongan determinadas situaciones –es así–, sobre todo en ámbitos de estrecha pertenencia entre trabajador y empleador, donde el trabajador se repliega. También puede suceder que, en el caso de que el trabajador no se repliegue, el testigo sí lo haga por resquemor o miedo.

                Me parece que si llevamos a una norma general lo que se está utilizando por analogía con la norma de acoso sexual, garantizamos que se preserve la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador. Ese es el sentido del derecho laboral. Por lo tanto, entiendo que es pertinente agregar esa frase que mencionó el señor presidente, pero sería bueno que pudiéramos darle un trámite lo más rápido posible a este proyecto de ley.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente).

                «Carpeta n.º 917/2017. Mozos de Cordel. Se modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, de 20 de noviembre de 2006. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes».

                –Si los señores senadores están de acuerdo, se incluirá en el orden del día de la próxima sesión.

(Apoyados).

SEÑORA SECRETARIA.- En el proyecto de ley sobre mozos de cordel enviado por la Cámara de Representantes vino mal referenciada una ley.

En el acta firmada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no existe un operario terminal.

                El artículo dice «laudo del grupo 13, subgrupo 10.2, Operario Terminal»,  mientras que en el acta del ministerio «Operario Terminal» no existe. Sí existe «operario terminal de pasajeros».

SEÑOR PRESIDENTE.- Propongo enviar una nota al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, realizando la consulta correspondiente.

(Apoyados).

                 No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 15:37).