SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 14:08).

               –La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores tiene el gusto de recibir a los trabajadores de la empresa       Caldem S. A., quienes habían solicitado una reunión a raíz de una situación que es notoria desde hace ya algunos días. Con mucho gusto los recibimos para escuchar su planteo y también para ponernos a las órdenes por cualquier gestión que podamos realizar al respecto.

               Tienen ustedes la palabra.

SEÑORA DE LIMA.- Buenas tardes. Soy alcaldesa del municipio de Nueva Helvecia, donde se está cerrando esta fábrica. En realidad, es una más de varias fábricas que han cerrado, lo que ha provocado que vengamos perdiendo puestos de trabajo desde el año 2015 cuando cerrarron Ecolat, Presur y otras más pequeñas.

               Se vienen perdiendo las fuentes laborales y venimos padeciendo un fuerte golpe. Es más; el pasado viernes no solamente cerró Caldem sino también el histórico Canal 8 de Nueva Helvecia, por lo que también hemos estado acompañando a estos trabajadores.

               Es una situación muy complicada, por lo que nos dimos un tiempo para pedir las entrevistas en el Parlamento, no solo en Senadores, sino también en Diputados, en la Comisión de Legislación del Trabajo y en la de Industria, Energía y Minería, a fin de comunicar esta dura situación que está atravesando una comunidad de 15000 habitantes.

               Cabe aclarar que también hay algunos trabajadores en el caso de Caldem, que no solamente afectarían a Nueva Helvecia, que son la mayoría, sino a la región de Colonia Valdense y Rosario.

               La situación de esta empresa es un poco diferente si la comparamos con la de otras en las que veníamos trabajando. Hay 70 familias que perdieron sus puestos de trabajo; un grupo está agremiado y, otro, que tiene un número más importante porque son 44  personas,  no lo está. A su vez, hay quienes se han juntado a este grupo de 44 personas por no sentirse representados –la abogada Ferrari va a explicar la situación de mejor manera– y porque hay esperanza de formar una cooperativa. Así es como se viene desarrollando la situación.

               Por eso hacemos este planteo. Si bien la Dinatra ha estado al tanto de la situación, todo esto se agudiza cuando los funcionarios, fundamentalmente los que no están agremiados, no recibían la misma información debido a la reglamentación, a las leyes, en fin, a todo lo que significa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por atravesar esta dificultad y por no tener los mismos tratos.

En definitiva, esta es la situación actual, y venimos por los 70 trabajadores, ni por los 44 ni por los 20. Algunos tienen la esperanza de poder mantener la empresa desde su administración y los otros 44 piden por favor que se mantenga la fuente de trabajo de la forma que sea, pero siempre de una manera segura y rentable. En nuestro caso, como ciudad, estamos muy preocupados porque realmente se nos complicó muchísimo, más aún ahora, con el tema de Brasil, por lo que también tenemos previstas reuniones con productores. Así que día a día vamos avanzando en este tema, y sobre todo, en el de la industria, con mucha preocupación.

SEÑORA FERRARI.- Soy una de las abogadas y, junto a la doctora Silvana Walikowski, representamos a 44 trabajadores.

Quiero aclarar que dentro de esos 44 trabajadores, algunos estaban sindicalizados. Sin embargo, este grupo se formó porque no se sintió representado por el sindicato de la empresa que era el que negociaba dentro de la Dinatra. O sea que estos sindicalizados no se sintieron representados por su sindicato y, junto al resto del grupo, formó el grupo de los 44.

Por nuestra parte, empezamos a trabajar el 10 de agosto de este año, cuando ya Caldem había entrado en una etapa de liquidación porque el concurso se había perdido, por determinados motivos, lo que no debió haber sucedido. En realidad, faltaron firmas de acreedores las que, si se hubiesen juntado en tiempo y forma, aparentemente el concurso no se habría perdido. Creo que es muy importante aclarar esto. Probablemente aquí haya existido una maniobra para que todos estos trabajadores no cobraran sus despidos.

               Por otra parte, más allá del hecho de que este grupo de los 44 no participó en ningún momento en las negociaciones de la Dinatra, fuimos recibidos por la subdirectora nacional de Trabajo, señora Cristina Fernández, con quien tuvimos una entrevista en la que pudimos informar acerca de las gestiones que iba a empezar a hacer este grupo.

Francamente, queremos que la fuente de trabajo se mantenga. ¿Qué estrategia vimos posible, como grupo? Salir a ofertar la fábrica. Al día de hoy, que no llevamos ni dos meses trabajando en este tema, hemos mostrado la fábrica a cuatro empresas; esto, sin tener la información adecuada, sin tener todos los números –como deberíamos haber tenido– y sin saber cómo fueron las negociaciones en la Dinatra y por qué se llegó a formar un grupo de trabajadores en una cooperativa.

La verdad es que Nueva Helvecia viene siendo muy golpeada. Acá tenemos trabajadores que hace más de veinte años que están cumpliendo labores en esa empresa. Y hablamos de una empresa que es rentable, es decir que aquí el problema es otro y se generó en administraciones anteriores           –capaz que hubo algún vaciamiento de empresa–, pero lo que hoy nos interesa es mantener la fuente de trabajo, ya que–como dije– Nueva Helvecia viene siendo muy golpeada a nivel laboral.

               Esta semana, gracias a todos los escritos que venimos presentando dentro del concurso, fuimos escuchados en un comparendo que tuvimos el lunes pasado, y gracias a toda la actividad que venimos haciendo se logró que la licitación tenga fecha para el 15 de noviembre próximo, o sea, dentro de un mes. Ya hay un borrador del pliego, que la sindicatura llevó al banco y este tiene que terminar de redactarlo. Según nos informaron, ya avaluaron la prenda del concurso, que viene a ser la maquinaria de la empresa, en USD 450.000, pero esto va unido a otro problema: la fábrica está asentada en dos padrones que pertenecen a otra sociedad anónima y que tiene una hipoteca que está fuera del concurso. Esa situación nos complica –aunque en este momento estamos, en realidad, mostrando la fábrica– para poder convencer al potencial comprador de que puede tener la certeza de que si compra en licitación, lo que está dentro del concurso, que es la maquinaria, tendrá prioridad en la hipoteca.

Quiero aclarar que no manejamos los valores de la hipoteca; esa es una información que el banco no nos ha querido proporcionar. Por eso hemos venido a pedir ayuda, a fin de poder obtener esa información que, según sabemos, solamente pueden dársela a empresas, aunque ahora nos han dicho que también a un sindicato. Ahora bien; nosotros no somos un sindicato, no estamos dentro de él pero representamos a más del 50 % de los trabajadores y realmente necesitamos obtener todos los datos para poder promocionar esa licitación.

Esa es la situación actual.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para tratar de encauzar un poco la entrevista y aprovechar a quedarnos todos con tareas para hacer, a los efectos de dar una mano en la medida en que se pueda, voy a formularles algunas preguntas.

               Ante todo, para tratar de entender el proceso, ¿por qué se llega al concurso? ¿A cuánto asciende la deuda? ¿Quién es el síndico? ¿Se ha establecido alguno? ¿Con qué banco? En caso de que haya un síndico, ¿ha tenido contacto con ustedes, o ustedes con él? ¿Cuál es la licitación del 15 de noviembre? Imagino que es un remate.

               Finalmente, sería importante saber qué pasa con los créditos laborales.

SEÑORA FERRARI.- El concurso se inició en febrero de 2016. Se llega a él porque la empresa dijo que no podía pagarle a los acreedores, pero no juntó en tiempo y forma las firmas de todos los acreedores, lo que hubiese evitado la etapa de liquidación en la que estamos. Espero que quede claro lo que estoy diciendo.

               El contador Gabriel Ferreira –presidente de AUPE–, junto con el doctor Daniel Germán  –miembro de AUPE– son los síndicos.

En cuanto a si hemos tenido contacto con la sindicatura, puedo decir que recién los conocimos el año pasado en la audiencia. Todo había sido a través del equipo asesor de ellos integrado, entre otros, por el doctor Fernández, al que habíamos visto en las audiencias en la oficina del ministerio de Trabajo de Rosario; justamente, el 23 de agosto habíamos pedido una audiencia para que se aclarara la situación laboral y conocimos a una de las asesoras. Habían despedido a cinco trabajadores que pudieron ser reincorporados a través de una gestión que hicimos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fue entonces que conocimos al doctor Férnández. ¿Con quienes más tuvimos contacto? Con dos contadores del Instituto Cuesta Duarte; en principio se nos había informado que eran asesores de la sindicatura, pero el 29 de setiembre nos enteramos de que ambos trabajaban para el grupo de la cooperativa.

En cuanto a los créditos laborales y a cuál es el banco, debo decir que el acreedor preferencial y el que tiene la mayoría es el Banco de la República; tiene la prenda, la hipoteca de las dieciséis hectáreas y todo lo que está dentro del concurso. Reitero, el banco tiene la prenda y la hipoteca de las dieciséis hectáreas porque son dos padrones.

               Por el momento, nosotros presentamos la liquidación de los créditos laborables exigibles, como la licencia y el salario vacacional no gozado del año 2016. Eso es lo que hoy se puede exigir porque los trabajadores pasaron a seguro de paro, pero si hubiese un despido, la deuda es de más de             U$S 1:000.000. Hay trabajadores que están en la empresa desde hace más de veinte años. Esta es una empresa de más de cincuenta años.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Algún otro invitado quiere hacer alguna consideración?

SEÑOR OTHEGUY.- La expectativa que ustedes tienen es que alguna empresa se presente a licitación y eso permita renovar las fuentes de trabajo. Eso me quedó claro y considero que tenemos la información disponible para trabajar en esa situación.

El segundo escenario es el de la cooperativa, que también implicaría reabrir la empresa para que haya fuentes de trabajo. ¿En este momento ustedes tienen algún tipo de diálogo con la cooperativa o con el proyecto de cooperativa como para coincidir de alguna forma en un proyecto común? Me imagino que si la planta va a funcionar en base al volumen que tenía va a necesitar no solo a veinte trabajadores sino a la totalidad que ya operaban en la fábrica. ¿Tienen algún diálogo? ¿Hay algún tipo de negociación con la cooperativa como para que ese también sea un plan posible?

SEÑORA FERRARI.- La verdad es que nos habíamos reunido en asamblea con el grupo el 28 de setiembre, donde se había votado y se había llegado a un consenso sin hablar con el otro grupo de la cooperativa. El 29 fue el cierre y ahí hubo un corte muy grande por la forma en la que fuimos tratados. En ese momento nos dimos cuenta de que no era tan fácil dialogar, como habíamos pensado. En realidad, la sindicatura siempre trató con ellos –por eso quedaron dentro de la fábrica custodiando la mercadería–, y a pesar de que estos otros eran compañeros y a los letrados patrocinantes nos conocen porque somos de Nueva Helvecia, el trato que sufrimos ese día hizo que quedáramos un poco cortados. Reitero que ellos quedaron adentro custodiando la mercadería, nosotros afuera e incluso se colocó un vallado. No lo entendimos. Ese era el último día de trabajo de Caldem y esto no debió haber sucedido.             

               En primer lugar, debió haberse presentado un síndico, pero los que dieron la cara fueron dos contadores contratados que en una primera instancia eran del Cuesta Duarte –Caldem les había pagado– y después, cuando nos reunimos –al comienzo no nos dejaban pasar pero después lo logramos gracias a una compañera que tuvo que salir a buscarnos–, nos enteramos de que en realidad esos que habían asesorado a la empresa hoy pertenecían a la cooperativa. Esa fue la única reunión a la que pudimos acceder y allí dijeron que se iban a presentar a la licitación. Es decir que asesoraban a Caldem desde mayo de 2017, se desvincularon de la empresa el 15 de agosto y estaban ahí como asesores de la cooperativa, mientras nosotros, desde el otro lado, pensábamos que ellos respondían por la sindicatura. Por eso quedamos como cortados, sin entender lo que estaba sucediendo.

               Quiero aclarar que siempre tratamos con abogados que eran contratados por la sindicatura, pero a los dos síndicos los conocimos personalmente recién el lunes 9 en una audiencia en el Juzgado Letrado de Concursos de 2º Turno. El día anterior al cierre habíamos pensado que debíamos conversar e ir por una línea en común, pero no nos dio el tiempo. Después, cuando vimos que no nos permitían entrar e incluso habían sido un poco patoteros con nosotros, que somos de ahí y todos nos conocemos, quedamos cortados. Y lo mismo le ocurrió a la otra abogada que estaba allí, quedó cortada con todo lo que estaba sucediendo. No olvidemos que la fábrica cerraba ese día y todos estaban en horario de trabajo, así que eso no debió haber sucedido. ¡No nos dejaron entrar!

               Sucede que ellos están pidiendo el uso precario de la maquinaria para funcionar antes de la licitación, pero a raíz de todos los escritos que hemos presentado el juez no se las otorgó. El uso precario lo iban a tener a partir del 1º de setiembre, pero nosotros empezamos a presentar escritos desde el 18 de agosto, así que no lo consiguieron. Ahora, el 9 de octubre tuvimos audiencia y tampoco les otorgaron el uso precario. De modo que deberán esperar hasta la licitación. Nosotros hemos venido trabajando para adelantarla. Ya el pasado 4 de abril, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, el contador Gabriel Ferreira había anunciado que tenía que llamarse a licitación. ¡No sé por qué demoraron tanto! Tal vez estaban dando tiempo para que se formara la cooperativa, no lo sé. Esto ha sido tan dinámico que ha ido cambiando todos los días.

SEÑOR PRESIDENTE.- Nos quedamos con sus inquietudes y agradecemos su presencia. Vamos a intentar hacer dos gestiones de carácter primario: primero, saber cuál es la situación con el Banco República, que es el que tiene la llave de cualquier emprendimiento futuro, porque tiene la prenda y también la hipoteca –lo mismo hicimos hace poco con el molino Dolores que estaba en una situación parecida–, y segundo, hablar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a mandar una nota y las versiones taquigráficas desde la comisión para que en el ministerio estén, por lo menos, enterados del tema para ver si se puede generar un ámbito de negociación y mediación apuntando a buscar, en acuerdo con todas las partes, una posible salida por la vía cooperativa, la vía de la venta o la que corresponda.

               Si les parece bien, desde la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado vamos a tomar ese camino, con notas a dos organismos: Banco República y  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, estaremos en contacto por cualquier novedad que surja.

SEÑORA FERRARI.- Me gustaría aclarar algo. Todas las empresas que han venido a ver la fábrica –una cadena de supermercados y fábricas de la zona– se plantean el problema de los créditos laborales anteriores, porque la licitación sanea las deudas concursales pero, ¿qué pasa con los créditos laborales? ¿Cómo se le va a solucionar esto al que compra? Si estamos hablando de que un millón es mucha plata, se deduce que esta licitación no va a ser nada atractiva. Igualmente, la gente, los empresarios han ido a ver.

SEÑOR PRESIDENTE.- Como dije, estaremos en contacto. Solo nos queda agradecer especialmente la presencia de los representantes de los trabajadores de Caldem S.A.

 

(Se retiran de sala los representantes de los trabajadores de la empresa Caldem S.A).

 

(Ingresan a sala autoridades del Centro de Navegación).           

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Es un gusto recibir en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, a una delegación del Centro de Navegación encabezada por su presidente, Alejandro González, quien está acompañado por la gerenta ejecutiva, Mónica Ageitos, el presidente de la Mesa de Depósitos, doctor Nicolás Constantinidi, el presidente de la Mesa de Operadores, señor Diego Paolillo y el asesor doctor Roberto Falchetti.

               Es un gusto recibirlos, reitero.

El motivo de la reunión se relaciona con el artículo 116 de la rendición de cuentas. Quiero enmarcar la reunión porque este es un tema que se consideró cuando se discutió la rendición de cuentas en el Senado.

El citado artículo se incluyó en la Cámara de Representantes; en el Senado se resolvió, por parte de la mayoría, no dar apertura a la discusión de la rendición de cuentas y, por ende, no se pudo modificar ningún artículo. Sin embargo, hubo una especie de acuerdo político en el sentido de que habría un grupo de trabajo posrendición de cuentas para tratar de moderar el impacto –o modificarlo– de algunos de sus artículos. Uno de los artículos por los que se pidió esto, en su momento, fue el 116, apuntando a la posibilidad de conseguir  objetivos parecidos pero por vías diferentes. En ese sentido, el lunes de la semana pasada, en la reunión de coordinación, la vicepresidenta creó una comisión para considerar los artículos que se había acordado tratar aparte de la rendición de cuentas para, en la medida de lo posible, encontrarles una solución legal antes que la rendición entre en vigencia. Seguramente dicha comisión comience a trabajar la semana que viene, por tanto, es más que oportuna su presencia en el día de hoy.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Buenas tardes.

               El Centro de Navegación quiere agradecer a la Cámara de Senadores por analizar el artículo 116. Nosotros tuvimos una instancia de reflexión de índole privada con senadores de la república y también fuimos recibidos por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.  Además, a pesar de que este artículo ya contaba con media sanción, realizamos alguna gestión con los señores diputados que habían propuesto, apoyado y votado el aditivo 28 en aquel momento y que luego fuera el artículo 116.

               En nuestra comparecencia a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda dejamos algunos documentos que hoy los volvimos a traer. Para que la reunión sea más productiva pensaba decir unas breves palabras y reiterar algunos conceptos, y luego el asesor legal de nuestra institución se expresará sobre este artículo.

               Quisiera reiterar que el Centro de Navegación está en un todo de acuerdo con que los trabajadores portuarios deben gozar de cobertura mutual. Este es un tema que viene de hace muchísimos años, por lo que excede a la comisión directiva que me honra presidir. Entre los antecedentes del Centro de Navegación hay actas de comisiones directivas y reuniones mantenidas con el directorio del Banco de Previsión Social donde este tema fue arduamente tratado. Incluso puedo decir más, en alguna instancia se llegó a coordinar una reunión con el Banco de Previsión Social en la que iba a participar el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines y el Centro de Navegación, pero el sindicato no concurrió.

               El tema de la cobertura mutual no tiene discusión y tan así es que todo trabajador eventual contratado por empresas portuarias refiere pura y exclusivamente a negocios zafrales, eventuales. No es que en el puerto de Montevideo, o que en los puertos de la república, no exista estabilidad laboral, son cosas distintas y creo que para un correcto análisis de este artículo se debe tomar eso como base.

               Cuando un trabajador eventual es requerido, realiza sus aportes personales y la empresa que lo contrata también realiza los aportes patronales y ese dinero está en la caja del Banco de Previsión Social. Además, cuando se empezó a trabajar sobre el asunto, consultamos al Banco de Previsión Social para ver si no se podía computar la sumatoria de los distintos jornales que un trabajador eventual realiza en una y otra empresa mediante su número de cédula que es único, pero desde aquel momento hasta ahora el Banco de Previsión Social nos ha señalado la imposibilidad de hacerlo por su software. Como dijimos en algunas comparecencias e, incluso, en notas de prensa, a esta altura del partido parece raro que no pueda ser resuelto el tema, sobre todo, cuando el mismo Banco de Previsión Social dio una solución a las trabajadoras de la actividad doméstica y a los trabajadores de la construcción. Es decir que, no solo es fácil de encontrar una solución, sino que ya fue encontrada y debería ser aplicada a otra actividad económica del país. Además, por los niveles de jornales que se pagan en la actividad portuaria, no es necesario que se computen trece jornales para obtener la cobertura mutual. Es más, señores senadores, en algunos casos alcanza con dos jornales. En el puerto se paga muy bien y así lo dicen todos nuestros laudos desde la reinstalación de los consejos de salario hasta este último que está en vigencia.

               No me quiero meter en temas de los que va a hablar el doctor Falchetti, pero este tema es parte de la cláusula de paz y, por eso, con un gran sentido de humildad, pero también de responsabilidad, debo decir que subrayamos este tema de la cobertura mutual, pero no la discusión de los trece jornales, que es materia de la negociación colectiva y componente de la cláusula de paz. Además, el Supra, que es quien originó este aditivo, es firmante de los laudos vigentes. Estuvimos ocho meses negociando y discutiendo, pero los laudos a los que llegamos, incluso, están por encima de los lineamientos del Poder Ejecutivo, por lo que no hubo una aprobación tácita en la negociación. Podrán ver, entonces, los montos que la actividad portuaria paga.

               Por tanto, decimos sí a la cobertura mutual, pero entendemos que es un tema de negociación colectiva que debe incluirse en la cláusula de paz. Pensamos que el 1,25 % de las bases de prestaciones y contribuciones alcanza para que el trabajador usufructúe el derecho que le corresponde, que es la cobertura mutual.

SEÑOR FALCHETTI.- El presidente del centro ya ha delineado los principales aspectos del planteamiento que venimos a hacer.

               Desde el punto de vista técnico, queremos hacer hincapié en algo que ya se señaló: la importancia que le asignamos a la negociación colectiva, que tiene un fundamento constitucional. Es un derecho constitucional de empleadores y trabajadores, reconocido por los tratados internacionales y por leyes internas del país.

               La ley vigente de negociación colectiva, del año 2009, en su artículo 3.º establece expresamente: «El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles». O sea que el Estado tiene la obligación de promover el ejercicio de la negociación colectiva. Como ya vimos, esta obligación no solo se inscribe en una norma constitucional sino, además, en lo que nosotros estimamos que es lo más conveniente para empleadores y trabajadores. ¿Por qué decimos esto? Como se ha dicho, la negociación colectiva es una especie de traje a medida que los empleadores y trabajadores de cada sector pactan para la regulación de sus intereses contrapuestos. El conocimiento que los empleadores y trabajadores tienen de las realidades de su sector hace que, para regular este tipo de cosas, sea mucho más aconsejable la negociación colectiva que una ley, que es de carácter mucho más general.

               ¿Por qué se hace alusión a la conveniencia de la negociación colectiva y a las ventajas que en algunos temas, como este, tiene sobre la ley? Como ya se adelantó, el tema de los jornales asegurados reiteradas veces ha sido objeto de negociación en los consejos de salarios. En el laudo de depósitos portuarios de 16 de diciembre de 2016, que está vigente, los empleadores y trabajadores establecieron el derecho de los trabajadores a trece convocatorias en el mes. Nótese que en el laudo de empleadores y trabajadores no hablamos de jornales asegurados, sino de convocatorias. Hicimos esto porque, si aplicamos rigurosamente la expresión «jornales asegurados», el empleador estaría obligado a pagar trece jornales a cada trabajador, independientemente de los jornales que se realicen.

En el puerto de Montevideo es frecuente que una persona trabaje para más de una empresa. Entonces, se podría dar el caso de que esa persona trabajara para dos empresas en el mismo mes, un jornal para cada una, y entonces, de acuerdo con el texto de la ley, tendría derecho a veintiséis jornales. En absurdos como este se puede pensar y multiplicar in infinitum. Por eso estimamos que la redacción de convocatorias aseguradas que pactó el Centro de Navegación con el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines            –Supra– es técnicamente superior al de jornales asegurados.

Conviene remarcar que este laudo de depósitos portuarios hoy está vigente. O sea que actualmente hay un régimen de convocatorias aseguradas en el puerto de Montevideo para los depósitos portuarios. Es el régimen que las partes se han dado libremente por estimarlo más conveniente y nosotros creemos que debería ser respetado por todos sin excepciones.

En cuanto al sector de operadores portuarios, en la ronda de negociación salarial el tema también se debatió arduamente y estuvimos muy cerca de un acuerdo. De todas maneras, también con operadores tuvimos y tenemos un laudo vigente. Si bien no pudimos llegar a un acuerdo con el sindicato sobre el tema de la convocatoria de garantías, se firmó ese laudo a cambio de otras sensibles ventajas económicas que también están vigentes.

En resumen, el tema de los jornales asegurados fue tratado en los consejos de salarios. En el sector de operadores estuvo cerca de un acuerdo y en el de depósitos se acordó un régimen que está vigente.

No quiero terminar mi exposición sin hacer mención a un segundo punto que estimamos fundamental, de acuerdo con la ley de negociación colectiva aprobada en 2009, que refiere a la buena fe, el laudo es una forma especial de convenio colectivo y es considerado de naturaleza contractual, o sea es un acuerdo de partes. Esto obliga a las partes a aplicar el principio general de la buena fe. La buena fe no rige solo en las negociaciones previas al acuerdo, sino también en su ejecución. Este es un principio general de derecho, indiscutido.

               Comprobamos, con pesar, que el mismo sindicato que firmó el laudo vigente en los depósitos portuarios, promovió ante este Parlamento una cláusula que lo desconoce. No analizaremos ahora las posibles consecuencias de ese desconocimiento por parte del sindicato. Tampoco analizaremos ahora si una ley puede, válidamente, modificar un acuerdo de partes que está vigente. Lo que afirmamos en este momento es que la buena fe indicaba cumplir el acuerdo celebrado y no desconocerlo por medios oblicuos. Una comprobación vinculada con lo anterior es que este artículo dañará irremediablemente la confianza entre las partes y las futuras negociaciones colectivas en el sector.

               Desde 2005, cuando se reinstalaron los consejos de salarios –hace doce años–, el sector siempre –lo recalco: siempre– en todas las rondas ha logrado acuerdos en los consejos de salarios. La situación, con la aprobación de este artículo, nunca va a volver a ser la misma, por lo que exhortaríamos al cumplimiento de la Constitución, de los convenios internacionales, del principio de la buena fe y del principio de respeto de los contratos y en no dañar la confianza de las partes en la negociación colectiva, lo que sucederá, irremediablemente, si este artículo finalmente entra en vigencia.

               Como se dijo, el Estado debe fomentar la negociación colectiva y no desconocerla.

               Este es el planteo que quería hacer. Gracias.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Quiero decir unas últimas palabras para dar cierre a este intercambio de ideas con ustedes, a menos que quieran realizarnos preguntas.

               Los puertos del Uruguay han tenido un crecimiento exponencial después de la reforma portuaria. Al día de hoy, no debería haber una doble interpretación. Se han generado inversiones nacionales y extranjeras, se han creado muchos puestos de trabajo de calidad.

El Uruguay, aun siendo un mercado tan pequeño en términos de producción, de exportación e importación genuina recibe hoy en forma semanal, al igual que el Puerto de Santos y el de Buenos Aires –cuyos mercados son definitivamente más grandes– las mismas frecuencias de las mayores compañías navieras en todos sus negocios, por ejemplo, negocios de contenedores, de compañías de cruceros, de compañías de autos, de compañías de gas licuado, exportaciones de chips, de rolos y ahora de pinos. También ha generado la posibilidad de que más actividades económicas estén bajo el paraguas de los puertos, depósitos intraportuarios y depósitos extraportuarios para las terminales de contenedores vacíos.

               Sin ser alarmista, y con toda la franqueza y responsabilidad que tiene una institución como el Centro de Navegación con 101 años de vida, si este artículo entra en vigencia va a generar pérdida de puestos de trabajo. Definitivamente, va a pasar eso porque su aplicación, más allá de los otros aspectos que mencionó el doctor, va a generar un encarecimiento tremendo de las actividades marítimas portuarias de estiba, por ejemplo: descarga de autos, de fertilizantes, exportación de madera en rolos y en chips. Si todo esto se debe a que el Banco de Previsión Social no puede adaptar su sistema informático para que se compute el número de cédula de identidad del trabajador portuario y así goce de la cobertura mutual que él ya paga por sus aportes personales y que las empresas pagan por sus aportes patronales, definitivamente nos estaríamos dando un tiro en el pie.

               El puerto de Montevideo está en competencia con el puerto de Buenos Aires; los puertos del interior están en directa competencia con los puertos de la llamada zona Rosafé, en Argentina. Tenemos algunos asuntos complejos de conflictividad portuaria con permanentes asambleas y paros de actividades, laudos que se violentan y una negociación colectiva que no ha sido cumplida por nuestra contraparte. Entonces, como representante del sector privado me pregunto qué más nos queda. En ese punto apelamos a la reflexión.

               Por último, agradecemos nuevamente que la Cámara de Senadores se haya permitido revisar este artículo 116 ya sea para derogarlo o para encontrar un artículo con otro contenido que no afecte tanto el negocio naviero y las propias fuentes de trabajo en los puertos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera hacer algunas consultas.

               Nos dijeron que el artículo que se introdujo en la Cámara de Representantes –no venía en el proyecto original del Poder Ejecutivo– y que después se aprobó en la Rendición de Cuentas, vulnera un convenio colectivo vigente en el que –como decía el doctor Falchetti– participaron todas las partes con todas las garantías, e incluso, se habló de la buena fe.

               En el Senado entendimos que, tal como fue redactado en la Cámara de Representantes, genera una cantidad de perjuicios, más allá del objetivo que se quiere buscar, que es integrar los trabajadores portuarios al Fondo Nacional de Salud. Obviamente, el artículo lo hace por la vía de la obligación y las garantías.

               Acá hay dos caminos: uno es dejarlo en el marco de la negociación colectiva –por supuesto, si hay acuerdo porque termina siendo un acuerdo político–, derogando el artículo antes de que entre en vigencia el 1.º de enero; el otro es avanzar en el estudio de un proyecto de ley que modifique el artículo antes de que entre en vigencia, a los efectos de que no llegue a regir el original.

A ese respecto, en primer lugar, me interesa saber cuál es el camino que sugieren ustedes desde su óptica, que, por supuesto es válida, pero, aun así, debemos consultar a todos los actores: Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social, el sindicato y el sector empleador.

 La pregunta es: ¿cuál de las dos vías prefieren? En el caso de que sugieran la vía legal para modificar el artículo, me gustaría saber si pueden avanzar sobre cómo sería el contenido.

Incluso, hay un sustitutivo presentado por el Partido Nacional en la Cámara de Senadores y, tal como lo anuncié en la discusión, en conversaciones con autoridades del BPS me aseguraron que están en condiciones de establecer la acumulación de créditos y cómputos para generar el mínimo necesario para que los trabajadores puedan ser incluidos en el Fonasa. El mecanismo sería parecido al sistema que se creó para los trabajadores y trabajadoras domésticas.  

               Esa sería una vía administrativa que, quizá, podría cumplir con el objetivo que se está buscando con este artículo. De no ser así, habría que incorporar una norma legal que permitiera dar mayor certeza jurídica.

               En síntesis, queremos saber cuál es la vía que ustedes sugieren.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Respecto a su consulta, entendemos que toda discusión de naturaleza salarial se debe dar en la órbita de los consejos de salarios. No podemos hablar de temas de naturaleza salarial en distintas canchas. Durante ocho o nueve meses estuvimos negociando este último laudo. A poco de entrar en vigencia con efecto retroactivo, nos encontramos con este artículo aditivo   n.º 28 que recibe la cámara de representantes, pero no consulta a la contraparte –es decir, al Centro de Navegación– y lo vota sin más. En la argumentación, que consta en las versiones taquigráficas, se sostiene que el propósito es amparar al trabajador portuario en el Sistema Nacional Integrado de Salud, cosa que nunca estuvo en discusión. Por supuesto que les corresponde, y por eso también estamos pagando. Sin embargo, sería un peligroso antecedente que todo impedimento de un sistema se resuelva con una ley o un decreto.

               Pues bien, las autoridades del Banco de Previsión Social deben tener la responsabilidad de encontrar una solución a un problema que ha sido resuelto en el caso de otras actividades. Si por cada impedimento de software del Banco de Seguros del Estado, o del Banco de Previsión Social, o del organismo que sea, se debe aprobar un decreto o elaborar un artículo que, como en este caso, según nuestros asesores, es inconstitucional, como hombres de derecho nos debemos preguntar: ¿este artículo debe estar acá o no? ¿Esta norma excede nuestro período de gobierno, o no? No debería dar lo mismo si es inconstitucional o no. Pero si, además, los propios directores del Banco de Previsión Social manifiestan que ese trabajador portuario, con lo que gana, con uno o dos jornales, ya tiene la cobertura mutual pero no pueden hacer la modificación porque tienen que solicitar una partida o desviar una pequeña partida del presupuesto para poder hacer arreglos en el software, pues háganlo. Pero no nos dejen de rehenes a todos de unas relaciones laborales cada vez más tensas. Justamente, se escuchan bocinas de fondo; todo está cada vez más tenso y estamos en competencia, cuando lo que queremos es trabajar.

               Entonces, entendemos que es un tema que se debe manejar en la órbita de la negociación colectiva, porque, como bien lo dijo el doctor Falchetti, en los laudos se incluyen estas cuestiones.

Uno podría llegar a pensar que todo lo que no se consigue en los consejos de salarios se consigue después por decreto o por ley. Si eso es así se vuelve un camino bastante perverso para el sector privado del país y si no es así, nuestro compromiso es plantear a esta comisión un artículo alternativo. De todas maneras, no han disminuido nuestros esfuerzos para que el BPS dé la solución que ellos dieron en su momento. Entonces, si lo pueden solucionar, que lo hagan, nos ahorramos un dolor de cabeza y seguimos con la buena fe en las negociaciones colectivas.

               Ese es el razonamiento que quería hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Está claro. Obviamente acá hay una negociación política que ya anuncié en la introducción. La comisión va a estar trabajando con algunos artículos de la rendición de cuentas que no fueron discutidos o votados y son pasibles de ser modificados, hay voluntad política para eso, vamos a ver cómo avanza la negociación. Estudiaremos las dos vías posibles, o complementarias y estaremos en contacto con ustedes y obviamente con el sindicato, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

               Muchas gracias.

(Se retiran de sala las autoridades del Centro de Navegación)