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Carátula

 

 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE. Habiendo número, está abierta la sesión.

 

(Son las 14:38).

 

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

 

(Se da de los siguientes).

                «Notas de la Asociación de Escribanos del Uruguay en las que solicitan audiencia con el propósito de intercambiar ideas sobre los siguientes proyectos de ley: Matrimonio en sede notarial y Ley general de derecho internacional privado. (Enviadas por correo electrónico el 29 de setiembre).

 

                Nota de la Fiscalía General de la Nación relacionada con el proyecto de ley por el que se modifican normas del Código del Proceso Penal, Ley             n.º 19293 y modificativas. (Enviada por correo electrónico el 29 de setiembre).

 

                Nota de las integrantes de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Código del Proceso Penal por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, relacionada con las propuestas del senador Pablo Mieres para los artículos 259 y 266.6 del proyecto de ley por el que se modifican normas del Código del Proceso Penal, Ley n.º 19293 y modificativas. (Enviado por correo electrónico el 29 de setiembre)».

 

SEÑORA PAYSSÉ.- La semana pasada, cuando estábamos viendo cómo ordenar el orden del día –valga la redundancia–, olvidé mencionar que tenemos pendiente la aprobación de la carta orgánica –o como se le quiera llamar– de los funcionarios no fiscales de la Fiscalía, que no era imprescindible para echar a andar el CPP, pero sí a los efectos del ordenamiento. Así lo había pedido el fiscal de Corte. Me parece que deberíamos incluir este proyecto en el orden del día para darle un trámite rápido.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Es la carpeta n.º 623 de 2016, que oportunamente fue repartida. Sí todos los miembros de la Comisión están de acuerdo, lo incluimos en el orden del día.

 

                Según lo que establecimos en la última sesión, corresponde comenzar a tratar el orden del día con la prelación que determinamos.

 

SEÑOR BORDABERRY.- Con respecto a la solicitud de audiencia de la Asociación de Escribanos del Uruguay, creo que corresponde aceptarla. El trabajo del proyecto de ley sobre matrimonio en sede notarial está hecho, recibimos al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección General de Registros, a los funcionarios, redactamos un texto en base a las sugerencias de la Dirección General de Registros y estaría pronto para ser aprobado. Obviamente se necesita voluntad política, pero todas las anotaciones que nos hicieron fueron contempladas. Por lo tanto, me parece que deberíamos recibirlos.

 

Además, sería bueno retomar el trabajo del proyecto de ley de contratos de seguros, en el que hemos avanzado mucho. De lo contrario, estaríamos tirando por la borda horas dedicadas a esos proyectos.

 

En definitiva, recibiría a la Asociación de Escribanos del Uruguay, seguiría trabajando en la Subcomisión para el Estudio del Proyecto de Ley de Contratos de Seguros e incluiría el proyecto de matrimonio en sede notarial en el orden del día.

 

                Muchas gracias.

 

SEÑOR MIERES.- Me gustaría plantear que se incorpore al orden del día un proyecto de ley que presentamos sobre los pedidos de informes.

 

                Creo que hay un proceso de deterioro del instrumento y, de hecho, muchos estamos empezando a utilizar el mecanismo de acceso a la información pública porque es mucho más ágil. Justamente el proyecto de ley equipara los plazos de los pedidos de informes, dándoles el mismo efecto que en el caso de los pedidos de información pública, de manera tal que, una vez vencido el plazo equivalente al que un ciudadano común tiene para presentar su pedido ante la Administración, se habilite al legislador a recurrir a la vía judicial para que le dé respuesta. De esta forma, evitaríamos algo que sucede actualmente y es un poco insólito; me refiero a que si uno actúa como legislador para pedir informes tiene menos chance que si lo hace como ciudadano y solicita acceso a la información.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, se incorporarían al orden del día la iniciativa que tiene que ver con los estatutos de los funcionarios de la Fiscalía que mencionó la señora senadora Payssé y los proyectos de ley a los que hicieron referencia los señores senadores Bordaberry y Mieres, en ese orden.

 

                Asimismo, acordamos convocar para la próxima sesión a la Asociación de Escribanos del Uruguay, cuyos representantes plantearon dos temas que llegaron a la comisión por notas separadas. En un caso se solicita la posibilidad de intercambiar ideas sobre el proyecto de ley de matrimonio en sede notarial y, en el otro, hablar de la ley general de derecho internacional privado, tema que oportunamente fue planteado y sobre el cual escuchamos al excanciller Opertti.

                Aclaré que habían llegado dos notas separadas porque quería consultar a los integrantes de la comisión acerca de la convocatoria que acabamos de definir, pero según entiendo la comparecencia será para hablar de ambos temas.

 

SEÑORA PAYSSÉ.- Si quieren hablar de los dos asuntos, está todo bien, pero nosotros tenemos algunas prioridades legislativas. Además, hay algunos proyectos que van a venir de la Cámara de Representantes. No tengo inconvenientes en hablar sobre ese proyecto, que fue dejado de lado, no para no tratarlo, sino porque consideramos que hay otras cosas más importantes. No me gustaría que esto atrasara el tema de la carta orgánica de los funcionarios no fiscales de la Fiscalía, ni tampoco el relativo a los contratos de seguros y otros que ya tenemos en proceso. No me voy a poner en contra; simplemente quiero que tengan claro los escribanos que el proyecto de ley de derecho internacional privado no está dentro de las prioridades legislativas en este momento.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Hago fe en lo señalado por la señora senadora y recuerdo especialmente –me tocó presidir la sesión pasada– que establecimos un orden del día con el ánimo de dinamizar el trabajo, pero con su expresa solicitud se consideró por parte de todos que existirían prelaciones que surgirían de la dinámica parlamentaria y de lo que viniera de la Cámara de Representantes, así como también de la subcomisión. Eso fue así y está claro.

 

                Pasamos al primer punto del orden del día: «Carpeta n.º 125/2015. Enriquecimiento ilícito. Se tipifica como delito. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Bordaberry».

 

SEÑOR BORDABERRY.- Para comenzar a tratar este tema creo que sería bueno citar a la Junta de Transparencia y Ética Pública. A su vez, habría que enviar este proyecto de ley a las cátedras de derecho penal de la Universidad de la República, de la Universidad de Montevideo y de la Universidad Católica del Uruguay. Para ganar tiempo habría que enviarles también los proyectos de ley contenidos en la carpeta n.º 130/15, que refiere a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública y en la carpeta     n.º 99/2015, relativo a la lucha contra la delincuencia y prevención del delito, incorporando al derecho positivo figuras del arrepentido, informante y agente encubierto. De esa manera podríamos tener la opinión de las cátedras y la de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre todos esos temas.

 

SEÑORA PAYSSÉ.- Me parece bien que se aproveche la ocasión, pero de antemano quiero decir que si vamos a pedir opinión sobre la imprescriptibilidad, quiero adelantar mi postura contraria a ella para algunos delitos, como lo hicimos en la Comisión de Población y Desarrollo cuando se pretendió que fueran imprescriptibles los delitos sexuales. Por eso concluimos que la calidad de imprescriptible es para los crímenes y no para los delitos. Eso no quiere decir que no pueda hacerse, porque no está prohibido ni es inconstitucional. Hago la aclaración antes de que me observen por omisión. La gradualidad en materia de crímenes, delitos y faltas nos tiene totalmente convencidos –a no ser que se nos demuestre lo contrario porque cabeza abierta siempre hay– de que la imprescriptibilidad corresponde a los crímenes, tercera categoría que recién a partir de la Ley n.º 18026 introdujimos en nuestro sistema penal.

 

SEÑOR BORDABERRY.- No voy a adelantar una discusión, pero quiero establecer una línea de estudio y pensamiento. La prescripción es un instituto jurídico que busca extinguir o crear derechos derivados del transcurso del tiempo y, fundamentalmente, ello es así porque se entiende que, si pasa mucho tiempo, es mucho más difícil probar determinadas circunstancias. No es lo mismo intentar probar una circunstancia que ocurrió ayer o hace una semana que la que sucedió hace treinta años porque eso dificulta la situación. En el derecho penal, y en relación a los delitos de corrupción, se ha abierto una corriente respecto a alargar el plazo de la prescripción o, incluso, entender que no corresponde, derivado del hecho de que el corrupto público está en el cargo y que cuando está involucrado en la corrupción, tiene el poder de ocultar o de no hacer conocer lo que está sucediendo. Por ende, esta no es la situación de cualquier otro delito porque quien está ejerciendo el cargo tiene ese poder de evitar que se conozcan los hechos o tomar medidas para que eso no suceda. Este es el fundamento de esa nueva corriente que se ha abierto, pero obviamente considero que sería bueno escuchar la opinión de las cátedras de Derecho Penal que, no tengo ninguna duda, saben mucho más que quien habla sobre estos temas.

 

SEÑOR HEBER.- Me interesa opinar sobre los tres proyectos de ley, pero específicamente en relación a éste, debo decir que discrepo frontalmente con el planteo del señor senador Bordaberry. Me parece bien que se consulte a las cátedras con respecto a una figura nueva como es la del enriquecimiento ilícito y también en relación a la figura del arrepentido, que aparece en el proyecto de ley relativo a la lucha contra la delincuencia.

 

                En cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en la función pública, tengo una posición tomada, es un tema de concepto y no creo que pueda cambiar. Obviamente, es bienvenida la información que pueda aportar la cátedra, pero estoy tan de acuerdo con ese carácter imprescriptible que estaría dispuesto a votarlo ahora. Por eso discrepo frontalmente con el señor senador Bordaberry y tengo opinión contraria a la expuesta por la señora senadora Payssé, ya que entiendo que se trata de una señal que ya debemos dar con respecto al accionar en la función pública.

 

                En cuanto a las categorías de los crímenes y delitos, si bien lo entiendo, me parece que la sociedad está pidiendo que el sistema político sea muy duro en el castigo a este tipo de acciones. Por lo tanto, la imprescriptibilidad de los delitos asegura que, al menos, no haya impunidad luego de transcurrido cierto tiempo. Para mí es muy importante dar este mensaje y por eso no creo que la opinión de la cátedra pueda cambiar una posición que, como partido, hemos adoptado. Nos hemos reunido con el señor senador Camy y estamos de acuerdo en acompañar este proyecto de ley.

 

                Entiendo que las otras figuras son más complicadas, pero con respecto a la corrupción me parece que hay un tema de oportunidad y que es necesario dar una señal en ese sentido. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de corrupción en el ejercicio de la función pública y creo que debemos dar un mensaje tanto hacia adentro como hacia afuera. Me alegra la iniciativa, pero reitero que discrepo frontalmente con lo que ha planteado el señor senador Bordaberry en cuanto a la necesidad de recibir asesoramiento.

 

SEÑOR MICHELINI.- Me parece que deberíamos aprobar el mecanismo de trabajo planteado por el señor senador Bordaberry. Incluso –aclaro que no estoy haciendo una crítica al presidente–, cuando alguien presenta un proyecto de ley, el presidente o la secretaría deberían consultarle si desea los informes correspondientes, mandarlos automáticamente, y no perder quince o veinte días. Después, lo que haga la comisión, cada uno de sus miembros o los partidos políticos, es otra cosa. Creo que los proyectos que se presentan tienen determinada jerarquía y deberían contar con los informes correspondientes. Por lo tanto, voy a acompañar el planteo, pero si quien presenta un proyecto, o algún otro miembro, quieren tener la opinión de alguna cátedra, hay que solicitarla y después, cuando vengan los informes incluirlos en el orden del día.

 

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Estoy de acuerdo en ir punto por punto y me parece perfecto que se convoque a la junta de transparencia para esa instancia. Luego iremos adoptando la opinión respectiva sobre cada carpeta.

 

                Antes del comienzo de esta sesión estábamos recordando con el senador Bordaberry y la senadora Ayala que en dos oportunidades anteriores, quien habla se refirió en sala a la carpeta n.º 125, vinculada a la corrupción, a raíz de la comisión preinvestigadora que propuso el senador Bordaberry en el año 2016 y también al tema de la transparencia fiscal. En ambas oportunidades manifesté que estaba de acuerdo en convocarla, porque este es un faltante, tal como lo expresa la propia junta de transparencia en todos los trabajos que nos envía anualmente.

 

Por lo tanto, la tipificación como delito del enriquecimiento ilícito es una figura necesaria que no podemos seguir soslayando ni mirando de lejos. Sin perjuicio de esto, los otros temas también son importantes y los iremos tratando no solo con la presencia de la junta de transparencia, sino con especialistas en Derecho Penal. En principio, me parece que es un buen comienzo convocar a la junta de transparencia.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- En función de lo sugerido por el señor senador Bordaberry y también por el senador Michelini –que me parece propio asumir como norma de trabajo a futuro–, se van a pedir los informes referidos a las cátedras. Además, convocaremos a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

 

SEÑOR MICHELINI.- Me parece que debemos convocar a la junta de transparencia cuando tengamos los informes, así podemos hacer preguntas sobre ellos.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, también se los enviaremos a ellos y les cursaremos la invitación.

 

                Quiero dejar constancia de que, a principios de esta legislatura en el año 2015, se enviaron al Ministerio del Interior solicitudes de informes sobre las carpetas n.º 125, n.º 130, n.º 99 y n.º 100, sobre legítima defensa policial y control perimetral de cárceles por parte del personal militar, y todavía no han sido enviados.

 

                Entonces, vamos a enviar a las cátedras referidas y a la Jutep, la carpeta n.º 125 sobre enriquecimiento ilícito; la carpeta n.º 130 sobre delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública y la carpeta n.º 99, que refiere a la lucha contra la delincuencia y prevención del delito. Asimismo, enviaremos cualquier otra referencia que algún señor senador quiera hacer.

 

SEÑOR MICHELINI.- Quiero saber qué haremos con el cuarto punto que figura en el orden del día.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde ingresar en la consideración del cuarto asunto que figura en el orden del día: «Legítima defensa policial y control perimetral de cárceles por parte del personal militar». Es un proyecto de ley que fue presentado por el señor senador Bordaberry.

 

SEÑOR BORDABERRY.- Este proyecto de ley consta de cuatro artículos; uno de ellos creo que ha perdido vigencia porque hace unos meses se aprobó el proyecto de ley que extiende por un plazo el control perimetral de las guardias militares en las cárceles.

 

Este proyecto de ley era anterior al otro que se presentó, pero obviamente, lo importante es que se haya aprobado y no quien lo presentó.

 

Me parece que el artículo 1.º es el más importante porque aclara la situación de los funcionarios policiales que, hoy en día, muchas veces dudan acerca de si hacer uso de la fuerza frente a un delincuente ya que, obviamente, después de eso con frecuencia se ven sometidos a extensísimos procedimientos judiciales. Considero que lo mejor en este caso sería enviar el proyecto de ley al Ministerio del Interior. Por más que me han dicho que ya se ha enviado, podríamos reiterar el envío y también hacer lo propio respecto al Ministerio de Defensa Nacional por el tema del uso de la fuerza por parte de las guardias militares en las cárceles.  Lo que sugiero es citar a representantes de ambos ministerios para que nos den su informe sobre este proyecto de ley.

 

SEÑORA PAYSSÉ.- Si se quiere hacer la consulta, no tengo inconveniente, pero recuerdo que alguno de estos temas ya estuvieron en las discusiones de la Torre Ejecutiva. En esas reuniones hubo algunos planteos –tal vez el señor senador Heber lo recuerde– que prácticamente quedaron descartados de la consideración, vinculados a algunas competencias exclusivas de los integrantes del Ministerio de Defensa Nacional y a otras que se dan por la propia lógica de las fuerzas.

 

Recuerdo que en esa instancia tuve la oportunidad de intercambiar puntos de vista. Incluso estuvo el comandante en jefe del Ejército para dar su opinión o para que nosotros tomáramos conocimiento de algunas cuestiones muy técnicas vinculadas al ministerio, y no especialmente políticas, que no le corresponden al comando de esa fuerza.

 

Con esa salvedad no tengo inconveniente en que esto se consulte, pero parto de la base de que sé cuál va a ser la respuesta sobre algunos –no todos– de los artículos de estos proyectos de ley. Quería dejar esta constancia.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, según se solicitó por parte del señor senador Bordaberry, quedamos a la espera de la información de los ministerios de Defensa Nacional y del Interior sobre este proyecto de ley puntual, que corresponde a la Carpeta n.º 100/2015.

 

O sea que estamos esperando respuesta de la cátedra y de la Jutep acerca de los tres primeros puntos del orden del día y del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior sobre el punto cuarto. También queda pendiente, para cuando estén las respuestas de los primeros tres proyectos de ley, la convocatoria a la Jutep.

 

Para la próxima sesión hemos convocado a la Asociación de Escribanos del Uruguay a efectos de escuchar su opinión sobre dos proyectos de ley. Prioritariamente, el relativo al matrimonio en sede notarial y también sobre la ley general de derecho internacional privado.

 

 En el orden del día, queda pendiente el proyecto de ley correspondiente a la Carpeta n.º 449, relativo a tenencia compartida, sugerido por quien habla en la última reunión con el compromiso de recibir a la organización que está promoviendo esta iniciativa. Se aclaró que las prioridades eran otras; y ahora está en el orden del día para tratarse, pero como no hemos recibido a los interesados, sugeriría poner una fecha para su concurrencia. Nos queda pendiente lo que hemos determinado en el día de hoy: estatuto del funcionario de la fiscalía, proyecto de ley sobre la reglamentación de los pedidos de informes –al que aludió el señor senador Mieres– y matrimonio notarial, a la espera de la convocatoria de la Asociación de Escribanos del Uruguay.

 

SEÑORA BERAMENDI.- Quiero hacer una consulta porque desconozco la situación del proyecto de ley sobre tenencia compartida. Entiendo que este tema hoy está ingresando a la comisión. Si se va a escuchar a las personas que de alguna manera están promoviendo este proyecto de ley –tengo conocimiento de que se trata de un movimiento que está en toda América Latina y además conozco cuál es el sesgo– sería sumamente importante que también se escuchara a las organizaciones que tienen larga trayectoria en derechos de niños, niñas y adolescentes, porque pueden tener una opinión también fundada en contrario. Confieso que tengo una cuestión de aprensión en relación a dónde viene el tema.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a responderle a la señora senadora, porque nobleza obliga, como sugerí en su momento. Se había planteado incorporarlo en el orden del día con el compromiso de recibir a este colectivo, en virtud de que está pendiente desde el año pasado. También me comprometí a que no se iba a priorizar mientras hubiera otros temas. Si quedara en el orden del día, por supuesto lo trataríamos, pero me parece que lo lógico sería considerarlo después de recibirlos. No tengo inconveniente en agregar la propuesta de la señora senadora.

 

SEÑORA AYALA.- Quiero ordenar la lista de prioridades. Definimos recibir a la Asociación de Escribanos del Uruguay. Me parece bueno que mientras esperamos las respuestas de las cátedras y demás referentes de los proyectos de ley presentados por el señor senador Bordaberry, iniciemos el tratamiento del planteo de la señora Payssé –que tenemos hace un tiempo en carpeta y que más o menos hemos manejado de alguna manera– y empecemos a votar. Entonces, quiero plantear que para la próxima sesión se estudie y empecemos a tratarlo como segundo punto del día, y dejar para otra oportunidad el otro tema.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si estamos de acuerdo se mantiene el orden del día tal como está y en la próxima sesión incorporamos dos asuntos: recibir a la Asociación de Escribanos del Uruguay por los proyectos de ley aludidos y comenzar a tratar el estatuto de los funcionarios no fiscales de la Fiscalía General de la Nación, carpeta 623/ 2016. También quisiera solicitar a la comisión, si así lo entienden, incorporar al final del orden del día –sin ánimo de que tratemos el tema con celeridad– un proyecto de ley que presenté el año pasado en el que se modifican artículos del Código Civil respecto al tema de convenciones matrimoniales, carpeta n.º 513/2016.

 

(Apoyados).

                Para concluir, el orden del día de la próxima sesión sería recibir a la Asociación de Escribanos del Uruguay para referirse a los dos proyectos de ley. En segundo lugar, analizar el Proyecto de ley referido a funcionarios no fiscales de la Fiscalía General de la Nación; considerar el Proyecto de ley del señor senador Mieres sobre la reglamentación de los pedidos de informes, y luego  tenencia compartida, convenciones, etcétera.

 

                El compromiso es recibir este año a la delegación y tratarlo oportunamente dependiendo de las prioridades que tenga la comisión y en función de lo que recibamos de la Cámara de Representantes.

 

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

 

(Son las 15:10).

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.