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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, queda abierta la sesión.

(Son las 10:12).

–Buenos días a todos y todas.

               Con mucho gusto damos la bienvenida al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, al señor subsecretario y asesores para analizar la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal.

               Como solemos hacer, escucharemos una primera intervención general del ministerio, creemos que del señor ministro, y luego ingresaremos al articulado.

               Tiene la palabra el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Buenos días.

               En primer lugar, vamos a utilizar unos quince minutos para contextualizar cómo se encuadra todo lo que tiene que ver con nuestro ministerio aunque el objeto de esta comparecencia tiene que ver con la discusión específica y el comentario de los artículos que promovemos.

               El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y su permanente coordinación con el resto de la institucionalidad público-privada agropecuaria –me refiero a los institutos públicos no estatales–, en su conjunto, de alguna forma construye y define los objetivos de la política agropecuaria que apunta a un sector de la economía nacional que es conocido por todos. Según nuestro sistema de cuentas nacionales, eso explica algo más del 7 % del producto bruto interno, pero cuando consideramos el resto de lo que está de la portera para afuera del establecimiento y vemos los encadenamientos a nivel industrial, logístico y de transporte, advertimos que termina explicando aproximadamente un cuarto del PBI nacional.

Cuando hablamos de la industria en el Uruguay, vemos que el 57 % de la industria nacional es agroindustria y que las cadenas agroindustriales –la producción primaria y toda la secuencia que termina en la grúa del puerto, en la góndola de un supermercado o de un mercado o en una feria– implican 242.000 puestos de trabajo, o sea,  el 13 % de la población económicamente activa.

Cuando hablamos de desarrollo regional o territorial, generalmente nos referimos a la población de nuestro territorio y de ahí las políticas de inserción competitiva, fundamentalmente, de los sectores más sensibles de nuestra agricultura familiar en las cadenas de valor, mayoritariamente de exportación, pero nunca decimos que el 70 % de la agroindustria –que, reitero, es el 55 % de la industria– está localizada fuera de la zona metropolitana, es decir, fuera de los departamentos de Montevideo y Canelones.

               Estas son las razones por las que hemos planteado realizar esta presentación en tres bloques: las líneas estratégicas que hemos definido para el desarrollo sectorial, la rendición de cuentas específica y, si nos da el tiempo, lo relativo a algunos desafíos de política pública que quedan por delante a pesar de estar trabajando con una misma definición estratégica desde hace muchos años.

               Muchas veces hemos planteado cinco ejes estratégicos que tienen que ver con la promoción de la competitividad y la inserción internacional, dado que Uruguay y Nueva Zelanda son los únicos países del planeta que enfrentan el desafío de vender el 70%, el 80% o el 90% de su producción fuera de frontera. El comercio agrícola mundial más interferido es un comercio de excedentes. En el mundo se vende el 10% de la carne, el 6% del arroz o el 7% de la leche que se produce. En realidad, el comercio agrícola es de excedentes y los mercados más importantes de los diferentes países siempre son los internos. Hoy nuestro país tiene alrededor de tres millones y medio de habitantes y produce alimentos para veintiocho millones de personas. Creemos que, gracias al conocimiento científico desarrollado en nuestro país y a la aplicación de las normas que hemos venido promoviendo, hacia el año 2030 tendremos condiciones para producir sosteniblemente para cincuenta millones de personas. Obviamente, esto nos obliga a enfrentar una serie de desafíos que están planteados en la tercera parte de la presentación y, si el tiempo que tenemos no es suficiente, lo dejaremos para otra oportunidad.

Quiero aclarar lo que refiere a alimentar a cincuenta millones de personas produciendo sostenible o sustentablemente porque mucha gente en el Uruguay piensa que eso es insostenible desde el punto de vista ambiental. Si bien nos obliga a resolver una cantidad de conflictos, entendemos que no es imposible y, además, es sostenible.

               Debemos recordar que en la Cámara de Representantes se está considerando el proyecto de ley de riego. Nosotros pensamos que, una vez que aprovechemos un poco más eficientemente los recursos hídricos, tendremos un país totalmente diferente. Además, eso implica enfrentar eficiente e inteligentemente los desafíos que surgen de la coexistencia de distintos sistemas productivos. Como ejemplo, menciono que en estos días se ha suscitado un problema por la intoxicación de abejas en el departamento de Salto, asociado a una producción que genera buena parte del empleo en esa zona. Se trata de descubrir cómo resolver de forma científica e inteligente la coexistencia de dos sistemas productivos tan importantes manteniendo una posición de diferenciación en los mercados internacionales. En realidad, una de las posibilidades que Uruguay tiene de competir es diferenciándose de sus competidores en materia de trazabilidad, de inocuidad y de certificación de distintos procesos o productos.

               El segundo pilar es la intensificación sostenible y el cuidado del medio ambiente. En materia de buscar un desarrollo armónico de la producción cuidando el medio ambiente, no le damos la derecha a nadie. La semana pasada inauguramos en Montevideo un seminario internacional de la Alianza Mundial por el Suelo en la que Uruguay demostró cómo implementó una política de suelos. Existía una ley desde la década de los ochenta y en un decreto de 2008 se reguló el uso del suelo. Transformamos el conocimiento científico proveniente de un modelo matemático que predice la erosión en un instrumento de política pública que nos llevó a tener hoy 1:400.000 hectáreas bajo planes de uso y manejo de suelos. Es algo desafiante y exigente para todos aquellos productores que deben ordenar su producción en función de un plan de rotaciones que tiene como objetivo garantizar que ese sistema productivo sea sostenible en el largo plazo.

               El objetivo ha sido preservar la capacidad productiva de los suelos. Indirectamente estamos preservando la calidad de las aguas porque la mayor parte de las partículas de fertilizantes o agroquímicos que podrían llegar a los cursos de agua lo hacen asociado a la erosión. Creemos haber cumplido exitosamente con la etapa de los suelos y estamos desarrollando una política de riego. Al mismo tiempo, estamos desarrollando una política de promoción de un uso más productivo del campo natural que no solamente es la base productiva de una de nuestras principales cadenas, sino que es un recurso formidable en términos de reserva de biodiversidad.

               La adaptación al cambio climático tiene que ver con el riego, con las políticas de seguro y con algunos aspectos que vamos a tratar en la rendición de cuentas.

               El desarrollo rural está vinculado a la oportunidad que el mundo nos da en materia de producción de alimentos con distintos niveles de precio y de demanda. Debemos tener la capacidad no solo de conquistar mercados, sino también de generar políticas asimétricas que promuevan que los productores con diferencias en materia de escala, de tecnología, de financiamiento y de sistema de comercialización puedan mantenerse dentro del sistema productivo y no sean relegados simplemente por la función de la escala. Eso llevó a la creación de la Dirección General de Desarrollo Rural en los años 2007-2008 que tuvo presupuesto a partir del año 2010. Su objetivo fue claro: la inserción competitiva de los agricultores familiares en las cadenas de valor de diferentes formas con fortalecimiento y articulación institucional.

               En la lámina proyectada falta el sexto pilar. Debemos confesar que hace un año y medio nos dimos cuenta de que nada de esto es sostenible en un país que tiene poca conciencia de la importancia de las cadenas agroindustriales como palancas del desarrollo, por distintas razones históricas y sociológicas que no viene al caso destacar acá.  Pero lo cierto es que esto no va a tener sostenibilidad en el tiempo en la medida en que la sociedad uruguaya no tome conciencia clara de la importancia que tienen los sistemas productivos, no solo mirándola desde el punto de vista medioambiental, sino también de la oportunidad del desarrollo, del empleo, del trabajo y de la producción en forma diferenciada y competitiva. Por eso falta un sexto pilar que se llama «conciencia agropecuaria», que ha sido motivo de una serie de actividades con la institucionalidad pública y privada a lo largo de este año y medio y tiene que ver con una serie de acciones a llevar adelante.

               Finalmente, la rendición de cuentas es para hablar de recursos. Algo más del 70 % del presupuesto del inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» se destina al rubro 0, Recursos humanos. En el año 2005 el ministerio tenía 2.237 funcionarios, 1.833 presupuestados y 404 contratados por proyectos. En la gráfica proyectada se puede ver la evolución de los años 2010 a 2014. A partir del presupuesto del año 2015 hemos reducido el número total entre funcionarios contratados y presupuestados a 2.169.

Esto implica un desafío de racionalización en el uso de los recursos para atender la creciente cantidad de mercados, certificaciones, acciones, regulaciones y proyectos que no pierdan de vista la concepción del desarrollo.

               Un segundo desafío es que en el período 2015-2020  tenemos 180 funcionarios con cese obligatorio por la norma de la administración pública y 870 con causal jubilatoria. El ministerio tiene menos funcionarios de los que tenía y no nos quejamos. Tenemos más funciones, más puntos de control, mejor gobierno electrónico y mayor cantidad de trámites por vía electrónica.

Aún nos falta mejorar mucho. Tenemos desafíos en materia de recursos humanos, pero el desafío más grande que tenemos por delante es reponer rápidamente a aquellos funcionarios que se van jubilando o renunciando. Estamos trabajando intensamente con la Oficina Nacional del Servicio Civil para disminuir al máximo los tiempos, ya que, de no hacerlo, caeremos en una lógica un tanto perversa, que es la sub ejecución en el rubro 0 y eso, en un proceso de ajuste presupuestal, puede significar  un recorte de presupuesto. Por lo tanto, es nuestra obligación hacer esto lo más rápido posible.

               Por otra parte, las políticas de suelos y agua no existían. Anteriormente el nombre de esa dirección era Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables, pero se lo cambiamos por Dirección Nacional de Recursos Naturales. Esto lo digo siempre: en nuestra concepción, el suelo no es renovable y, por lo tanto, no puede llamarse Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables. Asimismo, la Dirección de Desarrollo Rural tampoco existía.

El Sistema Nacional de Información Ganadera –lo que se conoce como trazabilidad–, es un sistema que estaba implementado. Se había tomado la decisión política de que fuera un bien público desarrollado y financiado por el Estado, pero tenía una serie de dificultades para entrar en funcionamiento. Hoy es un sistema exitoso, que genera algún tipo de restricciones o dificultades, pero que también nos da la posibilidad de acceder o mantener algunas posiciones de mercado.

El último proyecto que está en vías de implementación refiere a los presupuestos del Sistema Nacional de Información Agropecuaria. A lo largo de la presentación vamos a ver cómo una mejor gestión de la información disponible para agentes privados puede permitir mejorar o reducir el grado de conflicto que puede haber entre dos tipos de aplicación. Voy a tomar el ejemplo candente de esta semana, que tuvo que ver con la afectación de dieciséis productores apícolas del departamento de Salto por la aplicación de un agro químico en una variedad de cítricos. Se aplicó un insecticida y actualmente estamos investigando si se aplicó bien o mal. Lo cierto es que si los apicultores y los citricultores hubieran tomado conocimiento de que en realidad el objetivo de ese sistema de producción es producir sin semilla, se habrían limitado los riesgos.

El Sistema Nacional de Información Agropecuaria está poniendo a disposición en formato digital la georreferenciación de los apiarios del Uruguay y la publicación de los planes de uso y manejo de suelos.

En los próximos meses comenzará a ser obligatorio que cada equipo que aplica agroquímicos trasmita en tiempo real qué está en funcionamiento –esto nos va a permitir fiscalizar que los equipos están funcionando– y así se estará cumpliendo con la norma que obliga a que se comunique, un día antes y hasta siete días, después qué se aplicó en cada lugar.

               No quiero extenderme en detalles. Simplemente voy a definir cuál es la lógica de la creación en el presente presupuesto de la unidad ejecutora 009, Inocuidad, bioseguridad y barreras sanitarias. Esa lógica está conformada por la protección de la salud, el acceso a los mercados y la protección de la imagen país. Nos duele muchísimo cuando, por ejemplo, un actor vinculado a la producción de la miel denuncia que en el Uruguay está todo contaminado porque creemos que eso le hace un daño tremendo a la imagen del país y, además, no es cierto que esté todo contaminado. Uruguay hace un esfuerzo enorme por demostrar que produce carne. Prohibió la utilización de las hormonas y de los antibióticos en el proceso de alimentación, regula el uso de los suelos para disminuir la erosión –con lo cual reduce indirectamente la contaminación de las fuentes de agua–, tiene reguladas las aplicaciones de utilización de agroquímicos, pero obviamente estamos en un sistema de producción en el que buena parte de la competitividad  se logra con la productividad y esta se consigue con el mejoramiento genético, la protección de los cultivos, el desarrollo del riego y la generación de todas aquellas normas que nos permitan tener cierto nivel de residuos, de los defensivos agrícolas que se utilizan o de los agroquímicos. Siempre me gusta aclarar que el concepto que se tiene de agrotóxico está errado porque un agrotóxico es un agroquímico que está registrado para una determinada forma de utilización y se utiliza mal, con distintas dosis o fuera de las condiciones ambientales adecuadas.

El Uruguay tiene una lógica de inserción internacional que debe basarse en la diferenciación. Eso implica tener la capacidad de responder rápidamente cuando ocurre un evento –como el caso del Etión en la carne– y determinar por qué sucedió para  corregirlo. No existe sistema biológico que tenga riesgo cero. Esta es una concepción que hay que tener bien clara: no existe el riesgo cero. Por lo tanto, tenemos que generar normas para estar en un delicado equilibrio entre la productividad necesaria para mantener la competitividad y los estándares que nos permitan diferenciarnos para acceder a los mercados más selectivos del mundo.

               En el año 2010 –cuando vine por primera vez aquí, respondiendo a una invitación que me cursara la señora senadora Topolansky– presenté esta lámina. Lo que está en celeste es el desafío de la producción de alimentos que va a tener la humanidad en los próximos treinta y cinco años; va a tener que producir más alimentos que todos los que produjo a lo largo de su historia. Entendemos que esa es una de las oportunidades que tiene Uruguay en un mundo que ha cambiado. Muchas veces he dicho que no estamos en una era de cambios sino en un cambio de era, donde hay transformaciones estructurales, se incorporan la tecnificación y el riego, cientos de millones de agricultores han migrado a las ciudades –por primera vez en la historia de la humanidad vive más gente en las ciudades que en el campo–, hay un cambio en la dieta de los consumidores, sobre todo en aquellos que se encuentran en torno al océano Pacífico, y una revolución en las cadenas de distribución.

La manera en que Uruguay aprovecha para agregar valor en la fase primaria y en el resto de las fases para participar de eso forma parte de los objetivos.

               Con ese marco conceptual, año a año y quinquenio a quinquenio, hemos venido planteando las leyes presupuestales, las correcciones y las modificaciones que aprovechamos a introducir en la rendición de cuentas.

Esta fue la presentación general. Quedamos a las órdenes para responder las preguntas que los señores senadores deseen formular.

SEÑOR DELGADO.- Es un gusto recibir al señor ministro, al señor subsecretario, al director general y al resto de los directores del ministerio que lo acompañan. Quizás el señor ministro tenga el récord en rendiciones de cuentas y presupuestos, porque esta debe ser la octava. Por tanto, se puede decir que hace un tiempo que está al frente de la política agropecuaria del país.

Queremos reconocer el intercambio permanente y la voluntad que siempre existió de parte del ministro de concurrir a las instancias en que se lo convocó. Va al diálogo y se ha puesto al hombro distintas iniciativas. Tal vez la última sea el proyecto sobre ley de riego, que contó con un tenaz impulso del ministerio y, en particular, del ministro por sacarlo adelante. Hoy el proyecto sobre ley de riego se encuentra en la Cámara de Representantes, donde se le harán algunas modificaciones y luego pasará al Senado para ser aprobado a la brevedad.           

               Voy a hacer dos comentarios generales a cuenta de lo que manifestó el señor ministro y luego plantearé un par de preguntas vinculadas a temas generales del ministerio, concretamente a algunas de las planillas que se nos enviaran en el mensaje del Poder Ejecutivo.

               El señor ministro sabe mejor que nosotros que el sector agropecuario está atravesando una situación en la que se da una oportunidad importante, pero también es de una gran complejidad. En general, la competitividad se ve comprometida en casi todos los rubros. Algunas situaciones, en realidad, nos favorecen y otras generan alarmas. Se puede decir que, en general, este ha sido un año de muy buenas producciones, más allá de algunas afectaciones que se han dado en los cultivos de invierno, fundamentalmente el trigo y la cebada, a raíz del exceso de agua. Sin embargo, este año la cosecha de soja y la producción ganadera año han tenido un avance importante, fundamentalmente por cuestiones climáticas aunque no exclusivamente por ellas. Ahora bien, el incremento en la producción no compensó el aumento de los costos por el tipo de cambio y por temas vinculados a los costos en general. Eso ha dejado al agro en una situación de rentabilidad complicada. Estábamos viendo los datos que tienen algunos asesores de Fucrea –se van a anunciar dentro de poco más de un mes– y podemos decir que muestran una rentabilidad compleja que se da más en algunos sectores como la invernada que en otros. En algunos casos, dependiendo del área de soja que se haya podido cultivar, de la particularidad que tuvo ese cultivo este año y del aumento de los rendimientos, así como de alguna defensa en el precio, se enmascara un poco la situación. De todos modos, estamos ante una situación realmente compleja de falta de liquidez e inversión en casi todos los rubros agropecuarios.        

               A esto se agrega el tema del endeudamiento. Aquí tengo las cifras del endeudamiento total a mayo de 2017,  así como los primeros datos de junio, que son muy parecidos. El endeudamiento bancario del agro es de USD 2.300:000.000 a mayo de 2017. Tengo esa cifra discriminada por sector y algunos de ellos asombran. El sector lechero supera los USD 330:000.000, la explotación ganadera, excepto la lechería, está por encima de USD 650:000.000 y  el sector arrocero tiene un endeudamiento de más de USD 200:000.000. Además, me dicen que hay un endeudamiento no bancario que es tan importante como el bancario. Nos gustaría que se hiciera algún comentario al respecto, ya que el ministro hizo una presentación general sobre la situación agropecuaria del país y la incidencia del agro.

Con este tema del endeudamiento, asociado a los aspectos puntuales de competitividad y de rentabilidad, se produce un combo del sector agropecuario que puede –en esto quiero ser muy cauto– hacer que no se aprovechen las oportunidades que tenemos. Es obvio que a esto hay que sumarle algunas noticias de los últimos días y a ese respecto debo decir que hubo algunas declaraciones del señor ministro que comparto –se lo quiero manifestar públicamente–; me refiero a las que fueron a modo de respuesta hacia el ministro de agricultura brasileño que incluyó en su discurso el tema de la cuotificación de lácteos en el Mercosur.

Estamos hablando de una situación realmente compleja y nos gustaría tener algún comentario del señor ministro sobre la situación del agro en este momento, sobre el aprovechamiento de las oportunidades y los frenos que tenemos en estos dos temas, ya que se da un aumento en la producción, pero también lo hubo en los costos, hay una baja en la rentabilidad, y hay endeudamiento bancario y no bancario.

A su vez, tengo dos preguntas más que se vinculan con algunas planillas que envió el Poder Ejecutivo. Una de ellas tiene que ver con el Tomo I «Resúmenes», donde se presenta un cuadro con la ejecución de los incisos del presupuesto. Allí se aprecia que en el Ministerio de Gadanería, Agricultura y Pesca hubo economías –o no ejecución–, por ejemplo, en los gastos de funcionamiento –figura en la página 55 de dicho texto– de un 20 % del crédito, es decir, unos 22 millones de dólares o unos 675 millones de pesos. Por otro lado, en los gastos de inversiones –página 57 del Tomo I– hubo una economía del 27 % del crédito, o sea, de unos 4 millones de dólares o unos 121 millones de pesos.

La primera pregunta que quiero hacer con respecto a los cuadros enviados por el Poder Ejecutivo es para saber cuál fue la causa de no haber utilizado los montos asignados para la ejecución prevista en esta rendición de cuentas.

La segunda interrogante refiere al Tomo II, de «Planificación y Evaluación», donde hay una gráfica que presenta el desempeño del inciso y el cumplimiento del plan estratégico –enviada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto–, donde se puede apreciar precisamente el grado de cumplimiento o incumplimiento del inciso para cada una de las unidades ejecutoras. En realidad, me llamó la atención el grado de incumplimiento de algunas unidades ejecutoras porque es sensiblemente menor que el de otras y quisiera mencionar dos ejemplos y preguntar por las causas de esta situación. Uno de los casos es el de la unidad ejecutora 004, Dirección General de los Servicios Agrícolas, que tiene un grado de cumplimiento del 33,3 %; no cumplió con el 50 % de lo previsto ni presentó metas a cumplir por un 16,7 %. La otra unidad ejecutora cuyo desempeño también nos sorprendió –sabemos del trabajo de su directora que valoramos mucho porque la conocemos– es la 006, Dirección General de la Granja, que tiene un grado de cumplimiento del 17,6 %, o sea que no cumplió con el 82,4 % de los objetivos previstos. Reitero que estas son planillas que vinieron de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y me gustaría saber cuáles fueron las causas por las que estas dos unidades ejecutoras han tenido un porcentaje de cumplimiento de metas tan bajo y cuáles fueron las decisiones que el ministerio tomó a ese respecto.

Muchas gracias.

SEÑORA AVIAGA.- Damos la bienvenida al señor ministro y a su equipo.

               En esta oportunidad queremos hacer algunas preguntas acerca de un tema que el señor ministro mencionó, que está en la opinión pública y tiene que ver con la sociedad apícola, el trabajo que ella desempeña y lo que es esa industria en todo el país.                 

Es de público conocimiento que el creciente uso de agroquímicos está perjudicando la calidad de la miel uruguaya. Los pesticidas y otras moléculas están presentes en las colmenas como así lo demuestran crecientes investigaciones realizadas –tanto en la cera como en la miel– por la Dilave, el INIA y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, poniendo en evidencia que la contaminación ambiental está llegando a nuestros alimentos. 

Nos gustaría saber desde cuándo el ministerio tiene conocimiento de la problemática que le acarrea a la industria apícola el uso de agroquímicos. ¿Qué medidas se han instrumentado para abordar el tema? Quisiéramos saber si se analiza la miel  para conocer el grado de contaminación –en este caso con glifosato– que tiene. En caso de que se analice, quisiéramos saber en qué laboratorio se hacen los análisis, bajo qué técnicas se realizan, cómo se extraen las muestras y cuántas muestras se han analizado hasta el momento. También quisiéramos saber si existe algún ámbito donde el sector productivo pueda canalizar inquietudes o retroalimentarse con el sector público, es decir, con las autoridades presentes. Quisiéramos que se nos explique si existe algún ámbito donde se traten los efectos nocivos que puedan generarse debido a la aplicación de fitosanitarios.  Nos gustaría saber también quién se responsabiliza por los residuos de agroquímicos –que pueden ser tóxicos– en los alimentos destinados al ser humano y sus eventuales efectos sobre la salud. ¿Qué organismo dentro del ministerio está trabajando por la inocuidad alimentaria?

SEÑOR BORDABERRY.-  Para ceñirme a la presentación del ministro, la pregunta es sobre esos seis ejes de trabajo que presentó; me gustaría saber dónde queda incluido el tema de la concentración de la tierra, que se plantea cada día más en el país.  Me gustaría que profundizaran sobre este punto porque se ha dado una concentración de la tierra en forma natural. En este tema es importante el acceso al capital, no solamente al factor tierra, sino al capital para poder explotar mejor porque, obviamente, quien tiene más capital tendrá un beneficio frente al que tiene menos. Se habla de la integración de las empresas familiares a las cadenas productivas y  me gustaría que se profundizara en este tema.

               El otro punto, que si bien puede parecer un poco lejano en el tiempo quizás no lo sea tanto, es el tema de la carne artificial o natural. Quisiera saber cómo se está enfocando  dentro de esos lineamientos el ministerio. Aclaro que no me refiero a esa presunta carne vegetariana –que no es carne pero se le da ese sabor– sino a la producida en laboratorios. Me parece que es un tema  que en el mediano y largo plazo puede afectar mucho la estructura de un país ganadero como es Uruguay. Dentro de esos lineamientos me gustaría saber cómo ve este tema el señor ministro.

SEÑOR OTHEGUY.-  Saludamos al ministro y a la delegación que lo acompaña.

               Simplemente quería preguntar si el ministerio nos puede aportar un dato  que me parece relevante para analizar el tema del endeudamiento agropecuario porque se preguntó sobre él. Sería importante analizarlo relacionado con el aumento del PBI agropecuario, que ha sido relevante, incluso, ha superado el crecimiento de la economía.

Me parece que relacionar el endeudamiento con ese dato es importante para comprender la situación del sector y, sobre todo, ver si eso se puede comparar con otras etapas, porque tengo la impresión de que a fines de los 90 el endeudamiento del sector agropecuario superó al PBI agropecuario. No sé si es un dato serio, por eso le pregunto al ministerio si pueden aportar esa información.

SEÑOR MINISTRO.- Si me permite, empezaría contestando la segunda pregunta del señor senador Delgado referida a la subejecución, entre otras cosas, porque tiene directamente que ver con el concepto de  «rendir cuentas» y me gustaría que tanto el director general como la doctora Riera –que hicieron un análisis de esta situación– explicaran por qué los números que aparecen en el informe para nosotros no son tan así.

SEÑOR CASTELAR.- Quizás no trajimos completa la información sobre estos cuadros en el entendido que ya habíamos dado respuesta a las preguntas que hizo el señor senador Delgado en oportunidad de comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Las mismas preguntas las realizaron los señores representantes Andújar y Ayala.

               Con respecto al tema del cumplimiento de metas de la unidad ejecutora 4, Dirección General de Servicios Agrícolas, y la unidad ejecutora 6, Dirección de la Granja, los cuadros que aparecen en los tomos son producto del llenado de unos formularios remitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el caso de la unidad ejecutora 4 fueron tomadas las metas quinquenales en los cuadros de las metas anuales. Eso da como resultado un porcentaje de cumplimiento de metas muy bajo, fue un error al cargar los datos. Lo mismo ocurrió con el caso de la Dirección de la Granja que hubo una mala interpretación de cómo deberían ser incorporados los datos en los cuadros que nos remite la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; ya estamos coordinando con la oficina la corrección del cargado de esos datos. De todas maneras, esta información la remitimos por escrito cuando se hicieron estas mismas consultas en la Cámara de Representantes; no la tenemos acá si no la leería con más detalle, pero espero dar respuesta a la pregunta planteada por el señor senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Íbamos a pedir, obviamente, si puede enviar por escrito la información así queda la constancia en la comisión del Senado. Esto nos llamó la atención cuando estudiamos las planillas aunque debo decir, para consuelo del ministerio, que no es un tema exclusivo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pues hemos tenido problemas con todos estos cuadros en casi todos los incisos. Seguramente tengan que preguntarle –y nosotros también– a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque en realidad casi todos los cuadros que han mandado discrepan con las exposiciones que realizan los organismos.

SEÑOR CASTELAR.- El tema de la subejecución que mencionaba el señor senador Delgado también fue planteado en la Cámara de Representantes.

               Cuando se habla de subejecución de gasto de funcionamiento está incluida en este concepto la información que aparece en rubro 0, Retribuciones Personales. Anualmente hay una subejecución del rubro 0, como explicaba hoy el señor ministro, y esto se debe al ritmo en que se van reponiendo los recursos humanos de acuerdo a los cuadros que estuvimos viendo. En general, al final del ejercicio existe una subejecución del rubro 0, Retribuciones Personales, que considerada en el concepto de gasto de funcionamiento da una cifra de subejecución importante, pero en los gastos de funcionamiento propiamente dicho el ministerio tiene un nivel de ejecución cercano al 98 %, por lo menos en los últimos ejercicios. También hace un planteo con respecto a la subejecución en inversiones.

               Fundamentalmente, ese déficit se da muchas veces en los proyectos de endeudamiento externo, que tienen un sistema muy particular y complejo para la aplicación de los recursos. Si la señora presidenta lo permite, me gustaría que el doctor Olascuaga, responsable de la Dirección General de Desarrollo Rural, explicara este mecanismo y por qué se genera esa subejecución en inversiones que se refiere, como dije, a los proyectos de endeudamiento.

SEÑOR MINISTRO.- Para ganar tiempo, sugiero que la respuesta del doctor Olascuaga se asocie a los artículos 95 y 96, que tienen que ver con la reasignación de los recursos del endeudamiento externo. 

SEÑOR OLASCUAGA.- Buenos días a todos.

               Efectivamente, la ejecución de los recursos en la Dirección General de Desarrollo Rural, a través de los proyectos que tienen financiamiento con endeudamiento externo –BID o Banco Mundial–, se hace, básicamente, por medio de un mecanismo de fondos concursables contra proyectos presentados por los productores o por las organizaciones de estos. Una parte del desembolso se realiza contra el cumplimiento de metas y actividades de los proyectos aprobados.

Entonces, nunca hay un cien por cien de cumplimiento de actividades y de metas en los proyectos aprobados y eso es lo que explica una parte de la subejecución. Quiere decir que se reservan los fondos como si los planes y las propuestas de productores y organizaciones se fueran a cumplir a cabalidad, en su totalidad, pero después, por distintas circunstancias, algunos desisten o tienen un cumplimiento de metas menor al cien por ciento; eso, como dije, es lo que explica la subejecución.

La verdad es que se trata de una parte importante de fondos que se ejecutan a través de este mecanismo.

               En el cuadro que mostramos en la pantalla se puede ver que en los últimos cinco años la cantidad de apoyos otorgados a productores superan los 7.000 y en eso se han comprometido recursos en el orden de USD 47:000.000.

Entonces, respecto a esa cifra y a lo largo de cinco años siempre hay un porcentaje de subejecución de las metas y actividades que los productores planifican pero después, obviamente, por distintas circunstancias no todo se puede cumplir a cabalidad. Eso lleva a que el porcentaje de cumplimiento ande en el entorno del 80 % y 85 %, por lo que siempre hay una  parte que no se cumple. Eso, reitero, es lo que explica la subejecución.

SEÑOR MINISTRO.-  La explicación que ha dado el doctor Olascuaga refiere a la cantidad de recursos que se ejecutaron. Como bien explicó, en el procedimiento de evaluación de los proyectos –muchas veces competitivos–, el cumplimiento de todas las normas para adjudicar recursos desde la Administración pública a un privado requiere de procesos y tiempos que han generado esa subejecución.

               Al mismo tiempo, como mencionamos en la introducción de esta presentación, en este presupuesto se creó la unidad ejecutora 009 que abarca los temas de inocuidad alimentaria, bioseguridad y barreras sanitarias.

Los temas de inocuidad alimentaria tienen esencial interés e importancia estratégica por todo lo que expliqué, incluso como respuesta a alguna de las preguntas que realizó la señora senadora Aviaga; los temas relativos a la bioseguridad están incluidos, sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con barreras sanitarias.

               Aprovecho para comentar los artículos 95 y 96. Al respecto, lo que hicimos fue generar o disponibilizar los recursos de su ejecución por endeudamiento externo asignándolos  a esta unidad ejecutora de reciente creación. En este caso, se procura el apoyo y la creación de algunos cargos estratégicos y en un segundo artículo se dotan de recursos para financiar a los funcionarios de la unidad ejecutora 009 que estaban contemplados por el artículo 140 de la rendición de cuentas del año 2013. Si me permiten les explico en un minuto de qué se trata.

               Los temas de bioseguridad, inocuidad alimentaria  y sobre todo de barreras sanitarias son esenciales. En muchas oportunidades me han escuchado decir que nuestro sistema de barreras sanitarias es una especie de Servicio 222 que tenía funcionarios de dos unidades ejecutoras en los puestos de frontera. Por ejemplo, el veterinario de la localidad de Tomás Gomensoro en Artigas´ iba cuatro horas a cubrir la barrera sanitaria del puente Bella Unión  -Barra do Quaraí-, y así ocurre en todo el territorio. Entendemos que un país cuya producción agropecuaria tiene la importancia estratégica que planteamos está obligado a mantener el estatus sanitario para mantener los mercados, porque la estrategia de inserción internacional del Uruguay tiene tres escalones: acceso sanitario, luego el cumplimiento de los estándares de inocuidad y al mismo tiempo demostrar que los servicios oficiales tienen la capacidad de mantener el control sobre lo que ocurre para poder realizar una certificación creíble para los países compradores. Eso está antes que lo arancelario. Todo el mundo habla de lo arancelario pero al mercado no se accede si no es por lo sanitario.

               En el día de ayer, conjuntamente con el señor canciller recibimos al vicecanciller parlamentario de Japón. ¿Por qué yo estaba en la reunión? Porque Japón es el único mercado que le falta abrir  a Uruguay por el tema de la carne. Uruguay tiene 128 o 129 mercados abiertos, pero no vende en todos. El 90 % lo vende en 5 o 6 mercados, pero debe tener mercados abiertos para poder contar con cadenas productivas alternativas frente a cambios en la demanda. Cuando en los años 2011 y 2012 se cayó el rublo en Rusia –recordemos que era nuestra principal compradora–, apareció China y se transformó en nuestro principal comprador.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

               –Las barreras sanitarias cobraron notoriedad cuando ocurrió el último episodio vinculado a la aftosa. Muchas veces, esas barreras se han transformado en una figura casi emblemática a cargo de funcionarios que están en un paso de frontera, pero que en realidad no controlan demasiado. Nosotros hemos tratado de profesionalizar las barreras sanitarias y generar un servicio oficial que trabaje en una lógica de análisis de riesgo, porque el riesgo de introducción de una enfermedad no es el mismo en todos los casos. En un momento hablamos de la situación de la producción de miel y de cítricos en Salto, pues bien, Uruguay es el único país libre de HLB, que es una enfermedad que ha diezmado las plantaciones de cítricos en todo el mundo. Nuestro país se conserva libre de HLB, sin embargo, esta enfermedad está en la provincia de Corrientes, en el límite con Misiones, o sea, ahí al lado.

               Tener barreras sanitarias no resuelve todo y, por cierto, debemos trabajar en temas culturales y de educación para que la comunidad tome conciencia de la importancia de estos flagelos, pero tenemos que reforzar nuestros servicios. Hay un artículo, si no me equivoco uno de los últimos, en el que se habla de un acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional que ya está operativo desde hace 15 días: en todos los pasos de frontera, en todo el litoral, desde Colonia a Bella Unión, la aplicación de la barrera sanitaria se hace con la coordinación técnica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el apoyo táctico y operativo de Defensa Nacional. Tomamos esta medida porque –en un concepto moderno de la defensa– la defensa sanitaria o del estatus sanitario es uno de los puntos estratégicos para un país.

               Esta es la explicación para justificar que el saldo de los recursos subejecutados –o sea, en un nivel mínimo, porque lo subejecutado en relación a lo que se ejecutó es bajo–, se asignan y reasignan a la aplicación de esas medidas. Lo explico porque, en la comparecencia en la Cámara de Representantes, hubo comentarios tales como que se dejaba de atender los requerimientos de la agricultura familiar y eso no es así, pues queda meridianamente claro –a partir de la exposición del doctor Olascuaga–, que en cinco años se ejecutaron 47:000.000 y que el saldo anual sin ejecutar, del orden del 8 % y del 15 %, dependiendo de los años, se reasignó a tareas que consideramos estratégicas, en este caso, no para la agricultura familiar, sino para todas las cadenas agropecuarias del país.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Es el artículo 98, señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Exactamente.

               Aprovechamos a analizar el artículo 98 con la misma lógica de trabajo. Por este artículo se refuerza la partida que tenemos con el Ministerio de Defensa Nacional para atender esa política estratégica a la que hice referencia.

               De este modo, quedaron contestadas las preguntas sobre el tema de la subejecución relacionadas con los artículos 95, 96 y 98.

               A continuación, con la intención de que nos rinda el tiempo y poder responder a todos los senadores, me gustaría abordar las preguntas formuladas por la señora senadora Aviaga, que contestaremos con precisión, en virtud de que ayer me enteré por la prensa que me había enviado un pedido de informes, que todavía no he recibido, pero que he podido leer hoy temprano gracias a la maravilla de la versión electrónica de los diarios.

               A cuenta de una respuesta específica, me gustaría hacer algunos comentarios. En primer lugar, debemos partir de premisas correctas o por lo menos compartir la misma base de información. Cuando la señora senadora hacía referencia al tema que se ha generado, hice mención al episodio de los cítricos y de las colmenas afectadas, a lo que debo agregar que estamos investigando a efectos de definir la causa que ocasionó este problema.  Presumimos cuál es por los comentarios que las propias empresas les han hecho a nuestros técnicos en la etapa de investigación que se está realizando.

El tema de la miel viene de antes, y ya hemos recibido preguntas vinculadas con la pérdida de mercados. En la versión taquigráfica de la sesión en la que compareció el presidente de la Sociedad Apícola del Uruguay, por ejemplo, consta que nuestro país vendía el 90 % de la miel a Alemania y el mercado bajó al 15 % por la contaminación con glifosato; que el año pasado se habían rechazado contenedores de miel en Alemania y que se habían perdido los mercados. Obviamente, no podemos dejar de considerar la complejidad de un sistema productivo cada vez más intensivo desde el punto de vista de los desafíos del ambiente, pero también de los desafíos de la coexistencia de rubros productivos con distintos requerimientos y objetivos.

Para empezar a hablar de hechos concretos, quiero decir que la Unión Europea tiene un sistema de registro, análisis y rechazo muy claro, así como un sistema de información por el que cada vez que se constata la existencia de un residuo por encima de los niveles aceptados, no solo se comunica a la autoridad oficial sino que se publica, y todos los puntos de ingreso –puertos y aeropuertos de la Unión Europea– reciben inmediatamente una notificación que obliga a que ese producto, esa empresa o ese país –dependiendo de la magnitud del hallazgo– deba ser sometido a determinados análisis. Hace un par de años, debido a un exceso hídrico en el norte del país, la población de mancha negra en los cítricos –enfermedad que existe en el Uruguay y es cuarentenaria para Europa, por lo que genera dificultades comerciales, aunque normalmente no es un problema y se puede atender con curas racionales– se salió de control, y por todos lados aparecieron alertas de mancha negra en los cítricos uruguayos.

El ingeniero Montes –que no solo es el director de la unidad ejecutora 4, sino que  es un especialista en la producción citrícola– llevó adelante el Plan Estratégico de Desarrollo de la Citricultura, del cual nos sentimos orgullosos porque hoy hay 8.000 trabajadores en el Uruguay que tienen la esperanza de seguir trabajando en el sector citrícola porque desarrollamos con éxito un plan estratégico que tuvo como primer objetivo acceder al mercado de Estados Unidos.

Todo el problema del que estamos hablando surge por las mandarinas sin semillas, que se han transformado en una exigencia comercial que podríamos cuantificar en que una tonelada de mandarinas sin semillas vale USD 1.300, mientras una tonelada de mandarinas con semilla solo se paga USD 600 o USD 700. Precisamente, el objetivo de acceder a Estados Unidos era darle valor a los cítricos, que tenían un valor promedio de USD 600 o USD 700,  pero ello implica que las mandarinas no tengan semillas. Por lo tanto, ahora tenemos el desafío de ver cómo podemos producir sin semillas, sin afectar la producción apícola.

Pero volviendo al antecedente que está dando vueltas alrededor de todo esto, debo decir que nunca tuvimos ninguna comunicación oficial, ni de Alemania ni de ningún otro país de Europa, de que la miel de Uruguay estuviera contaminada por glifosato, incluso considerando que los niveles de exigencia –o lo que se conoce como límite máximo de residuo permitido– para el caso del glifosato es de 50 PPB, es decir, 50 partes por billón.

Por otro lado, quiero aclarar que, desde 2010 a la fecha, Alemania nunca fue el destino del 90 % de nuestra miel, aunque sí fue un mercado importante: en 2010 fue destino del 60 % de la producción; en 2011, de un 24 %; en 2012, del 1 %; en 2013, del 20 %; en 2014, del 30 % y en 2015, del 23 %. Lo más importante es que los mercados complementarios para la miel uruguaya tienen, en un mismo año, precios similares o superiores. La razón por la que no se ha vendido, entonces, es que ha habido otros mercados mejores.

¿Esto quiere decir que no tenemos riesgo? No; todo lo contrario. Creo que a partir de esos comentarios se desarrolló una mesa de diálogo y de análisis, y aparecieron una serie de preguntas que fueron encaradas por nuestra recientemente creada unidad de inocuidad y de bioseguridad, que junto con el Instituto Nacional de Investigación realizaron muestreos en distintos apiarios del país. Lamentablemente, en los dos muestreos realizados, los resultados de análisis de glifosato en nuestra miel, tomando como nivel crítico las cincuenta partes por billón –exigencia que tiene Alemania y que no tiene la enorme mayoría de los mercados del mundo–, nos dio: en el segundo muestreo, que el 92 % de la muestra está por debajo de ese nivel, y en el primer muestreo, que el 92,3 % está por debajo del límite. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si lo miramos por el lado problemático, un 7 % u 8 % de las muestras dio niveles que están por encima de las cincuenta partes por billón.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay celebró un convenio con el BfR de Alemania, que es el instituto más importante en el mundo en materia de inocuidad alimentaria. Y no solamente celebramos un convenio, sino que generamos programas de capacitación de nuestros técnicos, que han ido a especializarse en Alemania en las técnicas de análisis de riesgo. Además, no solo generamos esa capacidad, sino que este instituto, al ver la preocupación de Uruguay por este tema, ha decidido tener en Uruguay una escuela de verano de formación para técnicos de América Latina en todo lo que tiene que ver con análisis de riesgo en materia de inocuidad alimentaria.

               Nosotros estamos convencidos –y comprometidos en ello– de que uno de los desafíos más importantes es encontrar la coexistencia de sistemas productivos de estas características. Tenemos un citricultor que se enfrenta a la oportunidad de valorizar su producción no teniendo semillas, a partir de una mandarina híbrida con una producción de flores diez veces superior a la de cualquier otra naranja del país, por lo que es un atractivo natural para la abeja, y tenemos un apicultor, cuyo negocio es producir miel, para lo que necesita el trabajo de la abeja. Si esa plantación de mandarinas, que tiene un enorme atractivo para las abejas, no encuentra un nivel de compatibilización y de diálogo entre el interés del citricultor –que no quiere tener semillas– y el interés del apicultor –que quiere usar las flores del citricultor para producir miel–, es natural que se genere un conflicto.

Esto se relaciona con el sistema nacional de información al que yo me refería, que podemos ver en el siguiente mapa. Acá hay cosas que no las podemos resolver nosotros, salvo que pensáramos que se tiene que prohibir determinado sistema de producción.

En los últimos tres o cuatro años, desde las heladas del 2012, prácticamente todos los años se prende una luz roja –o, al menos, amarilla– a partir de la preocupación de los 8000 o 10000 trabajadores del citrus por la problemática que se genera en la producción citrícola, no solamente por los agroquímicos –en este caso sería por los efectos de los agrotóxicos–, sino porque tienen un endeudamiento histórico y problemas de productividad.

El plan estratégico de desarrollo de la citricultura apuntó a lograr mercados, pero también a generar sanidad, y por primera vez en la historia de este país el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria invirtió USD 2:500.000.000 en el desarrollo de yemas cultivadas por micropropagación para garantizar que estén libres de virus. Estas yemas se utilizaron para la producción de plantines certificados por el Instituto Nacional de Semillas. A su vez, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca indemnizó a alrededor de 32 productores de viveros de cítricos, porque se les destruyeron las plantas, no solamente para garantizar la sanidad a partir de yemas totalmente libre de virus, sino también para tener materiales certificados.

En el 2011 se realizaron una serie de acciones promoviendo el cambio de variedades – el plan estratégico había empezado en 2009 y culminó en 2010–, se desarrollaron las primeras yemas que se injertaron en el 2013, y se está empezando a plantar masivamente.

               Con respecto a los híbridos, que tienen un gran potencial productivo, ¿qué necesitamos para dar competitividad a la cadena citrícola? Insisto: cuando hablo de la cadena citrícola prefiero no poner el foco en las cuatro empresas grandes o en los cuatro empresarios grandes, sino ver los doce mil trabajadores. Es decir, cada vez que tenemos un problema en Salto, todos los legisladores de ese departamento plantean la problemática de si tenemos o no un seguro de paro especial para los trabajadores de cítricos. Con esto quiero decir que debemos encontrar un mecanismo de coexistencia, pero también ver la película completa. Es muy probable que en el futuro tengamos que transitar hacia un escenario hasta que lleguemos a poder invertir en los híbridos de mandarina, que producen una gran cantidad, que son autoincompatibles y resistentes a la polinización cruzada. Vamos a tener que convivir con este problema: con regionalización, con la utilización de productos que no sean agresivos o tóxicos para las abejas o con un acuerdo de partes porque –seguramente lo que voy a decir sea motivo de críticas, pero no importa– el derecho de los trabajadores, que dependen de que la empresa en la que trabajan se mantenga competitiva satisfaciendo las demandas de los consumidores que le permiten agregar valor al producto, está confrontado con el derecho de un apicultor que pretende, genuinamente, seguir viviendo de la producción de miel.

               Hay algunas cosas que entendemos que podemos hacer para tratar de compatibilizar.

               Lo que se proyecta en pantalla ahora es el mapa de calor de la apicultura, que registra donde está la concentración de apiarios en el país. Como se puede ver, no está en Salto, es decir, tenemos 3200 apicultores y solo 70 de ellos están en ese departamento. Hay unas 524.000 o 534.000 colmenas –es el último número que recuerdo en este momento– y estamos tratando de cuantificar cuántas resultaron afectadas en Salto. Es decir, ¿esto significa minimizarlo en términos estadísticos? No, porque para el apicultor al que se le murieron todas las colmenas, su 100 % es ese.

               Estamos convencidos de que si aumentamos el zoom del mapa de la georreferenciación de colmenas –que es un proceso que existe; el mapa de calor de la apicultura que están viendo indica la concentración de colmenas en el país a partir de un registro georreferenciado de todos los apicultores en el Uruguay, lo que nos permite conocer su ubicación–, llegaremos a la posición de cada apiario. En este momento se está cerrando la declaración jurada –que este año es electrónica– y en los próximos meses estará disponible una aplicación de celular que va a permitir que un apicultor que hace trashumancia –porque en determinado momento levanta sus colmenas y las lleva a otro lugar– pueda, por un medio electrónico o práctico, comunicar que cambió de lugar sus apiarios. Eso permitirá, también, que cuando alguien vaya a realizar una aplicación de agroquímicos –hoy estamos hablando de cítricos, pero tenemos un millón de hectáreas de agricultura de verano en las que se utilizan productos que pueden ser perjudiciales para las abejas– tenga esa información para que sepa, por lo menos, que a dos mil metros hay un apiario. De lo contrario, tendríamos que generar un mecanismo que prohibiera cualquier otro tipo de actividad o restringir esa actividad de algunos defensivos que son importantes para lograr sus objetivos.

               Es un tema complejo que merece reglamentación –es lo que estamos haciendo–, pero también merece y necesita ámbitos de diálogo locales donde las distintas partes encuentren un acuerdo.

Hasta hace unos años viví en Salto. En realidad, si observa el mapa, la concentración de apiarios está muy cerca de Salto, pero no están dentro porque no hay cítricos.  En realidad, los cítricos son una gran fuente de actividad para las abejas y si no hay citricultura, es difícil que haya apicultura. ¿Cuál es nuestro desafío actual? Hasta ahora la citricultura no tenía como exigencia evitar la polinización; hoy, por el contrario, los horticultores de la periferia de Salto están preocupados por ese tema y pagan por ella ya que les interesa para, por ejemplo, la plantación de zapallito de tronco y para otros rubros hortícolas. Entonces, no quiero extenderme más, pero sí destacar que no solamente estamos preocupados sino que hace tiempo que estamos ocupados en atender este tema. La georreferenciación de las colmenas y la obligación de comunicar las aplicaciones de agroquímicos no se está implantando porque hubo un problema la semana pasada sino que se hace porque es previsible que una actividad cada vez más dinámica, en un país que cada día tiene más rubros y debe enfrentar desafíos de competitividad, genere este tipo de conflicto de intereses, y nuestra obligación es resolverlo.

SEÑOR MONTES.- Creo que la exposición del señor ministro ha sido clara, pero tal vez pueda agregar información con respecto a algunas preguntas que realizó la señora senadora. Con respecto a cuál es el trabajo que hace el departamento de servicios agrícolas, dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en relación al tema de los agroquímicos –en este sentido, la señora senadora ya ha cursado algunos pedidos de informes a esta repartición sobre cuál es nuestra actividad en cuanto al registro y control–, debemos decir que todos los agroquímicos que ingresan o moléculas nuevas que se formulen o lleguen a nuestro país, deben pasar por un previo análisis de sus diferentes componentes físicos, químicos, toxicológicos y ecotoxicológicos. Para eso existen diferentes ámbitos que establecemos dentro del ministerio. Cada una de las moléculas nuevas tiene que tener un grado de información que confirme, entre otras cosas, su eficacia de tratamiento. Además, en cuanto al tema toxicológico, que creo preocupa a todos los ciudadanos del país por su relación con la salud humana, tenemos un ámbito agromédico en el que se trabaja con el CIAT, que es el área que define la toxicología de un producto; eso no lo define el ministerio de ganadería. De esta forma, estamos trabajando en todos los análisis de riesgo, sobre todo por la ecotoxicidad que pueda tener un producto. Por lo tanto, a nivel de registro se ha hecho un trabajo bastante importante.

               En cuanto a los controles, si bien estamos trabajando en la habilitación y formulación de los productos, también está la labor relativa a las recetas profesionales y visitamos los comercios de agroquímicos. El año pasado visitamos alrededor de 1.060 comercios de este tipo para ver las condiciones en las que vendían,  si llevaban todos los registros y si tenían algún producto que no estaba permitido. Además, es de público conocimiento todo lo vinculado a las denuncias en la página web, que en la actualidad la ciudadanía ya maneja muy bien y para nosotros es una herramienta de trabajo y control muy importante. Próximamente estaremos informando sobre lo que es el monitoreo satelital de aplicaciones. Esta también será una herramienta de control que nos dirá dónde se está aplicando, si se está respetando la normativa vigente en nuestro país y, a su vez, qué productos se están utilizando.

Para culminar con el tema control y registro, quiero decir que hemos reformulado todo lo que tiene que ver con la capacitación. Todos los años realizamos concursos que están dirigidos a unos setecientos aplicadores de agro químicos. Este año hemos agregado algunas modalidades, como la de incorporar a los cursos de capacitación a los agrónomos, lo cual consideramos fundamental para adquirir conocimiento. La idea es que cuando tengamos algunos problemas o situaciones que ameriten convocar a los agrónomos o a los productores para tratar alguno de estos temas, lo podamos hacer.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sin ánimo de coartar a nadie, quiero recordarles a los señores senadores que para entablar determinadas discusiones tenemos comisiones específicas. Digo esto porque aún nos faltan preguntas por contestar y analizar el articulado. Les ruego a todos colaboración para trabajar con fluidez.

SEÑORA AVIAGA.- Voy a ser muy concreta.

               Las preguntas que he formulado no tenían que ver con el pedido de informes que hemos hecho –que le llegará al señor ministro en su debido momento–, sino sobre lo actuado en lo que tiene que ver con el glifosato y la miel, que es un tema que viene desde el año pasado.

               Asimismo, hay preguntas concretas que no fueron respondidas y que, seguramente, reiteraremos en un nuevo pedido de informes. Las preguntas son: ¿Qué medidas se han instrumentado para abordar el tema del glifosato y la miel? ¿Se analiza la miel para conocer el grado de glifosato que contiene? Si es así, ¿en qué laboratorios se hacen los análisis? ¿Bajo qué técnicas? ¿Cómo se sacan las muestras? ¿Cuántas muestras se han analizado hasta el día de hoy, de las seiscientas mil colmenas que existen en el Uruguay? ¿Existe algún ámbito donde el sector productivo de la miel pueda canalizar inquietudes y retroalimentarse interactuando con las autoridades públicas? Si existe ese ámbito, quisiera saber si allí se estudian los efectos nocivos que pueden generar los fitosanitarios. También quisiera saber si ese ámbito está vigente y trabajando en la materia.

               Como he dicho, estas preguntas –son las que hice al principio– quedaron sin contestar. Como sabemos que el tiempo es escaso, lo dejamos para un próximo pedido de informes, que seguramente le llegará al señor ministro a la brevedad.

SEÑOR MINISTRO.- No tengo inconveniente en contestar ahora. El hecho es que, como leí en el diario que la señora senadora Aviaga me había hecho un pedido de informes en el día de ayer, pensé que me estaba preguntando sobre esto.

               Reitero: no tengo problema en contestar sus preguntas. Actualmente existe un ámbito para tratar el tema de la miel, que es la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, la cual funciona asiduamente y, de hecho, acabamos de designar un nuevo presidente hace poco tiempo. Esa es la institucionalidad en la que se discuten los temas de la apicultura.

               Por otra parte, los análisis para exportación se realizan en el LATU. A partir del episodio del glifosato y la miel, hemos iniciado una investigación y los análisis se realizaron en la Dirección General de Servicios Agrícolas, donde se ajustó la técnica para analizar glifosato.

Si no hay inconvenientes, y para no extenderme más, sugeriría responder a los señores senadores Otheguy y Bordaberry luego de que terminemos de analizar el articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Totalmente de acuerdo, señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Comenzamos por el artículo 82, que refiere a las excepciones al cobro de la compensación por horario a disposición del servicio. El artículo 140 que se aprobó en la rendición de cuentas del año 2013 o 2012 –no recuerdo bien– propone hacer un uso más ordenado y eficiente de lo que se conoce como servicios extraordinarios a terceros, y voy a poner un ejemplo. Se requiere la certificación de un contenedor que está pasando en un camión por el puente Fray Bentos-Puerto Unzué o un domingo hay que cargar un barco y hay un funcionario que está trabajando fuera de su horario, en esos casos se remuneraba con una partida llamada servicios extraordinarios a terceros. El mecanismo de administración y de funcionamiento adolecía de algunos defectos que en su momento nos pareció importante corregir, pero que conceptualmente pueden resumirse en el riesgo de que se incurriera en la debilidad de mostrar un sistema donde el controlador estaba siendo, de alguna forma, financiado por el controlado. Es decir, no había una total separación entre lo que pagaba el exportador A por certificar un contenedor y lo que cobraba el funcionario equis. Entonces, en el artículo 140 generamos un mecanismo mediante el cual los exportadores o quienes hagan uso del servicio extraordinario a terceros sigan pagando, pero ese dinero vaya a rentas generales y la partida vuelva al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la asignó en función de una clasificación de funcionarios que tuvieran al menos tres de las siguientes condiciones: primero, que cumplieran funciones específicas de certificación sanitaria o zoosanitaria –porque lo prioritario es tener a la orden a alguien que tiene que estar atendiendo las funciones de certificación comercial–; segundo, que trabajaran en actividades que tuvieran que atender alguna emergencia sanitaria, sobre todo, zoosanitaria –por esa razón el artículo 140 quedó circunscripto a un conjunto de funcionarios de la unidad ejecutora 005, Servicios Ganaderos, y de la unidad ejecutora 004, Servicios Agrícolas–; que cumplieran funciones asociadas y, además, que estuvieran sometidos a evaluación. Es decir, esta partida se evalúa y en función de su desempeño,  al año siguiente el funcionario sigue percibiendo la partida o no. Nos pareció que era de buena administración, pero sobre todo de orden, que nadie de fuera del sistema pudiera visualizar como que había cierta connivencia de intereses entre el controlador y el controlado.

Cuando se crea la unidad ejecutora 009, Inocuidad, Bioseguridad y Barreras Sanitarias, algunos de los funcionarios que cumplen esa misma clase de funciones pasan de las unidades ejecutoras 004 y 005 a la 009. Por eso este artículo genera esas condiciones y, al mismo tiempo, elimina el cobro de compensación por ese trabajo a disponibilidad de todos aquellos funcionarios que, por razones no fundadas, dejan de trabajar por más de treinta días, o sea que si dejan de tener la actividad especial, dejan de percibir. Es así de sencillo.

               El artículo 83 refiere a la inclusión como beneficiarios del seguro para el control de enfermedades prevalentes en bovinos a los predios en investigación.

El Uruguay lleva adelante una serie de campañas sanitarias, como la realizada en materia de brucelosis. Quiero poner un ejemplo práctico. ¿Cuál es la situación de la brucelosis en el país a mayo de 2017? Tenemos 196 focos abiertos en 40.000 Dicose. Estamos hablando de una enfermedad que tiene una prevalencia muy baja. Uruguay definió como objetivo estratégico erradicarla, entre otras cosas, porque se trata de una zoonosis que afecta a la gente que trabaja con los animales. En esa política, en la lámina que se muestra se ven los resultados de las definiciones que se adoptaron hace unos años con el fin de erradicar la enfermedad.

 ¿Cuál es la primera medida que se toma para la erradicación? Cuando aparece un animal que da positivo a brucelosis, el predio queda bajo interdicción lo que, por defecto, implica proteger a todos los productores que no tienen brucelosis. Por ello, tres rendiciones de cuentas atrás promovimos un cambio en la normativa, a efectos de  que los productores que, de alguna manera, eran interdictos y recibían como única compensación el pago por la diferencia de valor que obtenían en el frigorífico por un animal que había dado positivo –el animal se faenaba y tenía su valor, pero valía menos– fueran indemnizados. Estamos en la etapa de eliminación de la enfermedad y la frecuencia de aparición baja, de la misma manera que disminuye el número de focos por año. Se realizaron 1:500.000 análisis individuales de animales en la vigilancia y, con motivo de la investigación de los predios en saneamiento, se han sacado 445.000 muestras.

               En la lámina se muestra el número de serologías que hay que realizar por foco detectado. Estamos eliminando la enfermedad, por lo que cada vez es más difícil encontrar el positivo. Ocurren dos cosas. La eliminación de la enfermedad no es instantánea, sino que se van eliminando los animales positivos y al predio se le levanta la interdicción después de dos sangrados consecutivos con cuatro meses de intervalo entre uno y otro, cuando el análisis da negativo. Pongamos el ejemplo de un productor que tiene 300 vacas analizadas. Se hace el sangrado de las 300 vacas; a veces aparece  uno positivo; en el siguiente sangrado, ninguno; en el siguiente, dos, pero durante todo ese tiempo hay un costo mucho mayor que la indemnización del animal que dio positivo. Por eso generamos un mecanismo por el que se indemniza por el costo del saneamiento.  ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se hace la investigación del predio, se investigan también los linderos.

Mediante este artículo se genera el beneficio del seguro para el control de enfermedades prevalentes, no solo para el predio foco, sino también para los linderos, que por aplicación de las normas sanitarias están sometidos al proceso de vigilancia.

               La medida precautoria que existía para la brucelosis hasta el año pasado era que cualquier productor que fuera a mover ganado desde una seccional policial donde hubiera al menos un productor con antecedentes o con un foco abierto de la enfermedad, tenía que sangrar a todos los animales. Ahora generamos un mecanismo por el cual, en lugar de sangrar a todos los animales de la seccional policial, tienen que hacer la vigilancia, es decir, el sangrado de los animales que se van a mover, el productor que es investigado por el foco –que mueve solamente con sangrado– y los productores que lo rodean. A modo de ejemplo, en el departamento de Maldonado, si se fuera a realizar un movimiento con el criterio de seccional policial y el sistema vigente hasta hace dos o tres meses, habría que analizar 692 Dicose. Sin embargo, con la nueva modalidad ese número descendió a 34 y, como consecuencia, estamos bajando el costo de atención.               

               Si los señores senadores desean plantear alguna otra pregunta que requiera una respuesta más precisa que la que un agrónomo pueda dar, aclaro que también están presentes el director de Servicios Ganaderos y el director de Sanidad Animal.

SEÑOR DELGADO.- Si queda tiempo, al final de la consideración del articulado me gustaría volver a la pregunta original sobre la situación del agro a la que hizo referencia el señor ministro en su introducción, así como a los aspectos relativos a la competitividad, el aprovechamiento de oportunidades –tema que me parece muy importante– y algunas amenazas que aparecen en el horizonte cercano.

               Ya vamos a comenzar con el análisis del articulado, pero –nobleza obliga– quisiera felicitar al ministerio porque fue el que, hace tres o cuatro meses, elaboró el decreto que permitió liberar del sangrado a todos los productores en las seccionales policiales donde había un foco. De hecho, quedaban todos con la obligación del sangrado para el traslado de hembras bovinas que no fueran a faena y la verdad es que eso fue un alivio en función de la disponibilidad de insumos y, por supuesto, porque hubo un abaratamiento importante de los costos para el productor. Además, también aporta para la comodidad del traslado del ganado hembra. Actualmente, el sangrado queda limitado al foco y al perifoco –creo que es así– y me parece un buen avance del ministerio del que pienso que hay que dejar constancia en la versión taquigráfica de esta sesión.

               El señor ministro hacía referencia no solo a la indemnización por la diferencia de valor en el frigorífico, sino también a que hay costos por el sangrado, las vacunas, etcétera. En realidad, si uno habla con gente que pasó por esa dificultad porque tuvo un animal que le dio positivo, podrá comprobar que el tema es realmente muy complejo. Además, para llegar a quedar liberado de la interdicción hay que pasar por un proceso largo y muy costoso.

               Se hace referencia a la extensión de los beneficios: no solamente serán para el predio donde se encontró el foco sino también para otros linderos. Me gustaría hacerle un par de preguntas al señor ministro. Queda claro que la referencia de «predios en investigación» está definida en el artículo, pero se habla de «pruebas confirmatorias o prueba de ELISA en muestras de leche», lo que está vinculado fundamentalmente a la brucelosis. ¿El ministerio está pensando también en algo vinculado a la tuberculosis, otra situación que se da en el Uruguay en una prevalencia mayor a la que hubiéramos querido?

SEÑOR BARRE.- En cuanto a la tuberculosis, más allá de los tests que se están aplicando, PPD o tuberculina, estamos estudiando los otros métodos de diagnóstico.  Todavía no han dado los resultados que esperábamos porque lo que se da a nivel internacional no se está aplicando a nivel nacional. Los datos que dan no son corroborativos, sobre todo porque hay animales que dan negativo a la prueba de tuberculinización. Seguimos haciendo estudios en algunos focos, probándolos para ver si podemos adaptar esa nueva técnica para la tuberculosis.

Es un problema que nos tiene preocupados porque lo que en facultad conocimos como tuberculosis de animales adultos no se corresponde con lo que pasa con la enfermedad en la actualidad. Hoy hay animales muy jóvenes que están infectados por la enfermedad y eso nos preocupa realmente. Pero no solamente estamos hablando sobre los tests de diagnóstico, sino también sobre los manejos y otras herramientas que se deben utilizar a nivel de la producción como,  por ejemplo, la pasteurización de la leche para darles a los terneros. Son medidas complementarias a las que tenemos en la campaña y que  venimos pregonando. Algunos productores pueden cumplirlas y otros son reacios a hacerlo por su costo. De todas maneras, es bueno saber que hay alternativas anexas a las pruebas de diagnóstico.

SEÑOR DELGADO.- Este artículo no lo incluye.

SEÑOR BARRE.- Este artículo es pura y exclusivamente para la brucelosis y habla de lindero, traslindero y otros que son relacionados epidemiológicamente.

               Como los señores senadores sabrán, cuando comenzamos a analizar un foco de brucelosis vamos dos años para atrás, analizamos animales que ingresaron al predio y animales que egresaron del predio problema. Eso no significa que algunos productores que están muy lejos de la zona del lindero y el traslindero no entren en la investigación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas sobre el artículo 83 continuamos.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 84 refiere a la inclusión de otras enfermedades de carácter zoonótico en el Fondo Permanente de Indemnización. Esto está motivado por la producción aviar y tiene que ver con la Salmonella. Nosotros estamos convencidos de que Uruguay tiene un amplio campo para desarrollar su producción avícola. El consumo de carne aviar en el Uruguay es del entorno de 22 kilos por persona, mientras que Brasil tiene 40 y Argentina más de 30.

Creemos que si nuestro país cumple los pasos que ha dado en otros rubros productivos puede crecer hacia un mercado de exportación. Para ello hemos definido una serie de acciones. Una de ellas ha sido mejorar las capacidades que el ministerio tiene en materia de producción avícola. La Dilave fue votada en la ley de presupuesto  anterior y, a través de un convenio que tenemos con el Instituto Nacional de Carnes, mediante la contratación por concurso de un patólogo y un epidemiólogo aviar se formó una mesa de avicultura que está abordando permanentemente estos temas con productores y frigoríficos de aves. Seguramente la intensificación de la producción avícola va a generar los desafíos y los problemas que toda intensificación produce y estamos tratando de dejar de tener una mirada de cuatro patas en nuestras políticas sanitarias y comenzar a pensar en los instrumentos que se desarrollaron para bovinos y ovinos, extendiéndolos a otro tipo de producciones animales.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más preguntas,  pasamos al artículo 85.

SEÑOR MINISTRO.- En el artículo 85 se considera una situación que se da con frecuencia en una unidad ejecutora que permanentemente está teniendo participación en distintos ámbitos, regionales o internacionales, y que tiene que delegar en un segundo o  un tercero la responsabilidad de conducción de la unidad cuando los jerarcas están ausentes por participar en estas actividades.

SEÑOR DELGADO.- Quiero hacer una pregunta no sobre este artículo, sino sobre uno que estaba a continuación de este, que vino en el mensaje del Poder Ejecutivo y fue desglosado en la Cámara de Representantes . Para mí es un artículo muy importante. En la comisión de la Cámara de Representantes se vio con buenos ojos incorporar el tema de los chanchos, de los suinos. Hablamos de los animales en la vía pública que muchas veces no tienen identificación. Se genera un riesgo en la seguridad vial y hay riesgo sanitario. Me parecía que por primera vez se abordaba el tema con una actitud muy interesante y valiente por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En lo personal lo comparto y me da pena que se haya desglosado. Me gustaría discutir nuevamente el tema, pero seguramente no van a abrir la rendición de cuentas por este artículo. Es un tema muy interesante y, si no se incluye ahora, vamos a tratar de redactar una ley aparte para incorporarlo.

SEÑOR MINISTRO.- Tenemos pronto un proyecto de ley específico que vamos a remitir al Senado aprovechando el interés que concita el tema y solicitaremos que se analice rápidamente como ley especial. Así fue solicitado en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley está pronto; por lo tanto, estará ingresando en los próximos días.

SEÑOR DELGADO.- Perfecto.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿En la Cámara de Representantes se dio algún tipo de explicación acerca  de por qué se desglosaba y no se aprobaba ese artículo?

SEÑOR MINISTRO.- Nosotros lo presentamos y en la comparecencia no hubo comentarios.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Además, se desglosó y fue derivado a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y no a la de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene que ver con el Código Rural y por eso fue derivado a esa comisión.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo que se retiró apunta a resolver un problema que no solamente ha sido manifestado por todo tipo de gremiales de productores, sino que ha sido planteado en la enorme mayoría de las mesas de desarrollo rural. Tenemos un estatus sanitario que está basado en un mecanismo de control y seguimiento, y en el registro del predio y de los animales. Asimismo, hay campañas sanitarias y planes de vacunación, pero a veces tenemos animales orejanos que viven en las orillas de los pueblos o en los caminos. Sabemos que esto puede generar un problema de preocupación social, pero el proyecto de ley consideraba todas las instancias para dar las garantías a los efectos de que la gente tuviera oportunidad de registrar a sus animales. Estamos hablando de desarrollar una política pública que permita que el animal que alguien tiene sin un objetivo productivo no se transforme en un riesgo para quienes sí  tienen a los suyos en un sistema productivo.

No me extiendo en esto porque próximamente mandaremos un proyecto de ley –que está prácticamente pronto– para que lo consideren.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasaríamos a considerar el artículo 86.

SEÑOR MINISTRO.- Como vimos, el Uruguay cada vez tiene más mercados y para acceder a ellos se requiere tener la capacidad necesaria…

SEÑOR BORDABERRY.- Con respecto a lo anterior, señora presidenta, para ahorrar camino ya que se piensa enviar un proyecto de ley, creo que la discusión está centrada en que se proceda al sacrificio sanitario. Uno identifica ese sacrificio justamente con un tema sanitario, pero esto parecería ser que se daría porque los dueños no retiran al animal. Creo que no necesariamente tendría que ser un sacrificio sanitario porque si el animal es sano podríamos mandarlo a la feria y hacer unos pesos o, si vamos a sacrificarlo, por lo menos, podríamos hacer una kermés, vender asado con cuero y juntar dinero para alguna escuela.

Me parece que el tema debería ir por ahí y hago esta sugerencia para que elaboren un proyecto de ley que se apruebe rápidamente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias por la sugerencia, señor senador. Ahora continuamos con la consideración del articulado.

SEÑOR MINISTRO.- Solo para tranquilidad del señor senador Bordaberry aclaro que el proyecto de ley está considerado con ese enfoque.

La gráfica muestra el número de establecimientos habilitados para exportar. Esta habilitación implica tener seis, ocho, diez o trece funcionarios de supervisión permanente en los distintos puntos de certificación que tiene, por ejemplo, un frigorífico exportador de alta calidad. La cuota 481 en Europa o Chile implica tener una cantidad de funcionarios en forma permanente.

               Hay más mercados y estamos tratando de hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos. Esto implica, por un lado, proveer rápidamente los cargos que tenemos presupuestados sustituyendo a la gente que se jubila, renuncia o fallece y, por otro lado, readecuar el sistema de fiscalización.

               Después de hacer todo el proceso de concursos y readecuación de vacantes se genera la necesidad en la División de Industria Animal de crear seis cargos –que son los únicos que se crean específicamente– para cumplir con una tarea que, en este caso, es la certificación de lo que se exporta. Un detalle importante es que no implica gasto.

SEÑORA RIERA.-  Buenos días a todos los señores senadores.

El artículo 87 refiere, tal como señalaba el ministro, a la potestad sancionatoria que se da al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es una ley del año 1996 que, si no me equivoco, sufrió seis modificaciones. Eso hace que este artículo hoy esté totalmente emparchado. No es claro y se complica su aplicación. Por lo tanto, intentamos revisarlo, simplificarlo y modificar algunos puntos que, con la dinámica del mercado, podía dar complicaciones en el momento de aplicar una multa. Estoy hablando del numeral 4), que hace referencia a que, en caso de infracciones calificadas como graves,  además de las multas puede haber sanciones complementarias. Este tipo de sanciones pueden ser suspensión, cierre, publicación de la multa en un diario. Según la ley vigente, estas sanciones complementarias solo se aplican cuando hay riesgo en la vida humana, en la salud animal, vegetal o en el medioambiente. Pero no se controla la situación cuando se ponen en riesgo los mercados internacionales, cosa que ha ocurrido.

Ahora dejamos al numeral 4) como genérico. En aquellas situaciones graves, con una fundamentación del director de la unidad ejecutora competente, el ministro puede aplicar una sanción complementaria a la multa. Asimismo, también se corrigió que, a diferencia del resto de los incisos de la Administración Central, la potestad sancionatoria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estaba en los servicios jurídicos y no en el jerarca del inciso. Esto siempre nos resultó sumamente llamativo y hoy se establece –como para el resto de la Administración Central– que esta potestad vuelva al jerarca de la cartera como corresponde, como cualquier sanción que se aplica.

Se trata de rever estas situaciones y mejorarlas un poco.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- El artículo 88 refiere a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, para la que se establecen algunas modificaciones. Como los señores senadores saben, la Conahoba funcionaba en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. Por medio de una norma incluida en el Presupuesto nacional la responsabilidad de esta comisión pasó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

               Básicamente, se le agregó el concepto de la tenencia responsable, esto es, no se concibe solo el bienestar animal, sino que se considera que un concepto está estrechamente ligado al otro. Fue así que se creó un ámbito ejecutivo que integran los Ministerios del Interior, Salud Pública y el Congreso de Intendentes.

               Con la modificación que se propone, lo que se pretende es dotar de recursos a la nueva comisión, Cotryba –tal como se denomina hoy– que sustituye la vieja Conahoba, que fuera aprobada por ley y cuenta con su respectivo reglamento. El pasaje desde el Ministerio de Educación y Cultura se hizo con los recursos que se le destinaban, pero en realidad son extremadamente escasos.

               La vieja ley disponía: «Facúltase a la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis a destinar hasta un 40 %  (cuarenta por ciento) de lo recaudado por concepto de patente de perro, para realizar, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, campañas destinadas al control de la superpoblación de animales domésticos en situación de calle». En los hechos, hasta ahora, la Cotryba nunca recibió estos recursos de parte de la comisión de zoonosis.

               Por otra parte, hemos avanzado en los estudios para el análisis de la situación en que se encuentra actualmente la comisión y hemos dado a conocer sus resultados. Específicamente empezamos por los perros, pues es sobre ellos que se enciende una luz de alerta. Existe una superpoblación de perros y, según los datos a que arribamos, como mínimo hay 1:742.000, pero seguramente puede haber más, ya que para llegar a estos datos nos basamos en una encuesta a los dueños, por tanto, hay perros que no los tiene nadie.

               Pues bien, era necesario dotar de recursos a la comisión y el ministerio ha puesto todo lo que ha podido, avanzando en varios lineamientos estratégicos que repasaré rápidamente. Uno de ellos, es el cumplimiento de la ley, con base en el registro de tenedores, al registro de animales y al uso de chip obligatorio. Para ello utilizaremos la plataforma de la trazabilidad ganadera adaptada a estos animales, estamos en proceso y próximos a iniciar esta etapa. Otros puntos importantes, son el control de la población canina en relación con la natalidad y las castraciones, así como la educación y las políticas de adopción.

               Para poner en práctica estas medidas se precisan recursos. Como según nuestra información tenemos como mínimo una población de 1:742.000 perros y, además, no tenemos datos de cuántas patentes vende la comisión de zoonosis –aunque sabemos que vende muy pocas, alrededor de 100.000– se pensó en este artículo por el cual, en lugar de «podrá» se dispone que la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis «deberá» transferir a la Cotryba hasta el 60 % de lo recaudado por encima de lo vendido en 2015. De este modo, se respeta lo que vendía y va a tener transferir a la Cotryba un porcentaje de lo nuevo que recaude.  Lo que hacemos es dotar a esta comisión de recursos, sin generar ningún impuesto, pero exigiendo que todos los uruguayos cumplamos con una obligación, que es el pago de la patente.

SEÑOR DELGADO.- Me parece que en esto se aplica aquello de que «Son todos buenos paisanos, pero el poncho no aparece», porque de hecho no se transfirieron los recursos. Por medio de este artículo se obliga a la transferencia para que el sistema funcione basado en lo que votamos hace un tiempo en el Presupuesto nacional de 2015.

               Simplemente quisiera saber de qué monto se habla cuando se hace referencia al 60 %.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Tengo muy pocas cifras, pero puedo decir que, como mínimo, hay 1:742.000 de perros en el país. Teóricamente, se debería pagar por todos, aunque sabemos que hay algunos que no tienen dueño. Una gran cantidad tiene dueño, pero no se hace responsable. También sabemos que aproximadamente se venden unas 100.000 patentes, por lo tanto, estaríamos hablando del 7% ; o sea que el crecimiento ha sido brutal.

               Sabemos que el proceso es lento. No estamos diciendo que esta sea una solución mágica, lo hemos dicho «n» veces. Si no recuerdo mal llevamos once años en la trazabilidad ganadera y pienso que recién ahora está funcionando de forma más o menos aceitada. Este proceso de copiar y recoger la información que ya tenemos va a llevar un tiempo. Insisto, en este momento tenemos ocho empresas en condiciones de vender los chips. De acuerdo con las exigencias de Uruguay, tiene que haber un chip que contenga la información que le vamos a cargar. Hicimos un acuerdo muy importante con la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay que ha rebajado sustancialmente sus honorarios porque el tema no es chipear sino, además, cargarle la información al sistema y gestionarla; de lo contrario de poco sirve.

               Todos saben lo que cuesta la patente de un perro, así que no tengo que abundar en ese tema. Nosotros estamos apostando a la articulación institucional como lo hicimos cuando se aprobó la ley. Estamos trabajando en forma conjunta con los Ministerios del Interior y de Salud Pública porque en esto zoonosis es muy importante –la hidatidosis es una vieja conocida, pero ahora estamos en presencia de la leishmaniasis que lamentablemente no hemos controlado y se ha transformado en un problema– y también con el Congreso de Intendentes. Este no es un tema solo de las ciudades ni de la zoonosis, sino que es un problema que atraviesa transversalmente a nuestra sociedad y que afecta a la producción agropecuaria. Son comunes las denuncias por animales muertos por ataques de perros. Es brutal la cantidad de denuncias de personas mordidas. El 80 % de la población que nosotros hemos entrevistado considera el tema de los perros sueltos como grave o muy grave. Reitero, el 80 %. Es un número altísimo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas, continuamos con el artículo 89.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 89 es el que refiere a una modificación del texto sobre el fondo lechero. Como los señores senadores recordarán hace un año y medio o un poco más, en el período más bajo de los precios de la leche –afortunadamente mejoraron sin llegar a los picos que tuvieron– se generó un instrumento de financiamiento, un fideicomiso que de alguna manera es de larga data, en el que participaron varios agentes financieros por una cifra cercana a los USD 80:000.000. En esta ocasión se trataron de corregir innumerables inequidades que habían existido en el fondo anterior, pero  sobre todo se podía advertir la dinámica asimétrica del sector lechero, con gran desuniformidad estructural en términos de escala, de productividad y de tenencia de la tierra.

Según la gráfica, si dividimos al sector lechero en cinco franjas de 20 % , tenemos lo siguiente: un 20 % de los productores, que equivale a 557 productores, producen menos de 400 litros por día, para poner número de ordeñe por día, que explican el 2 % de la remisión de leche; el segundo  20 %, que producen entre 400 y 800 litros de leche por día, son productores que explican el 5 %. Es decir que el 40 % de los productores más pequeños explican solamente el 7 % de la producción total.

Esos distintos estratos de productores también tuvieron distinto comportamiento en cuanto a su crecimiento productivo en el período donde más creció la producción de leche del país, que fue entre los  años 2009 y 2014. En este período la producción total de leche creció un 57 % a una tasa del 7,7 % anual a nivel promedio. Sin embargo, si miramos el comportamiento podemos observar que los dos quintiles de productores más pequeños tuvieron comportamientos dispares. A su vez, si los clasificamos por nivel de productividad encontramos diferencias importantes. Es decir que hay distintos niveles de productividad dentro de cada estrato de tamaño, lo que ha generado, por ejemplo, que productores pequeños de menos de 800 litros de leche por día, pero que están en el rango de 3800 a 5200 litros por día, crecieron a una tasa del 9, 7 %. Los productores que están en el cuarto quintil y que producen más de 5000 litros de leche por hectárea vaca masa crecieron a una tasa anual del 9 %. Cuando estamos hablando de un fondo de financiamiento que tiene un repago proyectado en términos de seis años, esta asimetría nos asegura inequidades importantes entre lo que un productor recibe y lo que paga. Se dan situaciones de productores que reciben menos de lo que después terminan pagando y situaciones de productores que reciben más de lo que después terminan pagando. Por esa razón se generó un mecanismo de extensión, debido a que el texto anterior decía: « Una vez cancelada la cesión o titularización de los ingresos del Fondo, el Poder Ejecutivo extenderá la vigencia de la prestación pecuniaria por hasta un máximo de veinticuatro meses, con el objetivo de corregir inequidades, lo que podrá hacerse a través del Fondo» ¿Cómo funciona el fondo? Se establece una prestación pecuniaria por litro de leche, con la remisión, las distintas plantas comunican por declaración jurada lo que cada productor remitió mensualmente, y se va asignando un pago, prestación pecuniaria mediante, a un sistema de cuentas individuales. Después de cerca de un año de funcionamiento del fondo tenemos situaciones donde hay productores que han pagado un 35 % de lo que recibieron y otros menos de un 10 %.  Hoy los hechos están confirmando que fue acertado haber generado la posibilidad de que una vez que los bancos cobren el total que financiaron más sus intereses, se extienda por un período de veinticuatro meses –por eso el artículo anterior decía «podrá extender»–, la prestación pecuniaria para realizar, mediante el sistema de cuentas individuales, la compensación entre quienes recibieron menos de lo que pagaron o entre quienes pagaron menos de lo que recibieron. En realidad, habida cuenta de que ya lleva más de un año de funcionamiento y de que advertimos esa diferencia tan grande, estamos proponiendo que en vez de que se exprese: «El Poder Ejecutivo podrá extender» se diga: «extenderá». Es decir que corregimos el texto para trasmitir certeza y eliminar la incertidumbre para todos aquellos que están creciendo a una tasa mayor que el promedio de repago. Simplemente, esta es la justificación principal que tiene esta modificación.

SEÑOR DELGADO.- Hace más de un año tuvimos una amplia discusión con el ministerio sobre la ley y llegamos a una solución de consenso –creo que fue una ley muy actualizada del fondo lechero anterior–, donde tratamos de aprovechar de un costo-aprendizaje y ver algunas situaciones que, quizás, no estaban del todo bien resueltas en el fondo anterior.

               Creo que este artículo va a tratar de compensar inequidades y, obviamente, lo compartimos. Me parece que extender el plazo para establecer un sistema de compensaciones a través de las cuentas individuales –por diferencias, algunos producen más y pagan más; otros, en realidad, recibieron más de lo que pagaron y algunos a la inversa, pues pagaron más de lo que recibieron; tiene que ver con la dinámica de la producción– va en el sentido positivo.

               Aprovecho para hacer una pregunta, porque un sobrante de la plata del FFAL anterior se destinó al Inale para generar inversiones, sobre todo para el tratamiento de aguas residuales en tambos. Quisiera saber qué monto se destinó a esos efectos y cómo se ejecutó.

SEÑOR MINISTRO.- Fue cercano a USD 1:000.000, pero me gustaría que contestara el ingeniero Tambler, que es el representante del ministerio en el fondo, pues debe tener los datos con más precisión que yo.

SEÑOR TAMBLER.- En realidad no fue un sobrante, sino que la ley anterior establecía que de la emisión se iba a retener USD 1:000.000 con esa finalidad. Eso no se implementó durante los seis o siete años que duró el fondo anterior, básicamente porque no se tenía clara la tecnología o la mejor técnica que debería aplicarse para el uso de esos recursos.

               Ese fondo terminó siendo un poco mayor, de USD 1:200.000 o USD 1:300.000 porque algunos excedentes se volcaron allí y ese dinero, en la última ley del fondo, fue trasladado al Inale para la implementación de esas finalidades. Esos dineros se están ejecutando en estos momentos. No recuerdo exactamente cuál era la pregunta.

SEÑOR DELGADO.- Quería saber cuál era el monto y cómo se ejecutó.

SEÑOR TAMBLER.- Se están comprando algunos equipos de maquinaria para la limpieza de las piletas que serán administrados por gremiales de productores. El Inale hace un contrato con las gremiales para que estas brinden esos servicios a los productores, que pagan por ellos y las máquinas van a quedar en funcionamiento mientras tengan una vida útil. Ese fue el destino de esos fondos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más comentarios, continuamos con el artículo 90.

SEÑOR MINISTRO.- Para referirse a ese artículo, con el permiso de la señora presidenta cedo la palabra a la doctora Riera.

SEÑORA RIERA.- Este artículo tiene que ver con dos autorizaciones.

               Como sabrán los señores senadores, en los años terminados en cero se hace el Censo General Agropecuario, que es para todos aquellos establecimientos de más de una hectárea de extensión. En esta oportunidad pedimos que el censo correspondiente al ejercicio 2020 se haga en el 2021.

               También solicitamos se nos autorice a hacer uso del remanente de la partida del censo anterior en la preparación del correspondiente al 2021 pues, de lo contrario, no podemos utilizarla.

               Es eso, simplemente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 91.

SEÑOR MINISTRO.- En cuanto a los aportes que financian al Instituto Nacional de Carnes, el texto de la ley original hablaba de las reses y, por lo tanto, con este artículo se introduce una modificación para que ese aporte provenga de todas las carnes en general. Con ese objeto, la nueva redacción dice: «las carnes de todas las especies comprendidas por la ley», como forma de incluir también la de las aves. En ocasión de la presentación de ese artículo, desde el punto de vista jurídico quedó  mal resuelta una cláusula cuyo ánimo era gravar de la misma forma la carne importada que la nacional. Ahí el tema central era la importación de carne de cerdo porque como saben, la dinámica que ha tenido en estos días fue motivo de intercambio con el ministro brasileño. Hay que tener en cuenta que del 2008 a la fecha, el consumo de cerdo en nuestro país pasó de ocho kilos por persona a dieciocho; esos diez kilos de aumento significan algo más de 30.000 toneladas de crecimiento y se explica por la importación de carne de cerdo, que en más de un 90% proviene de Brasil. Hago el comentario porque viene a cuento de esta dinámica que hemos tenido en los últimos días con respecto a eventuales cuotificaciones en un mercado regional, donde obviamente somos más competitivos para producir leche y los brasileños lo son en relación a la carne de cerdo. Una de nuestras preocupaciones era que esa importación tuviera el mismo nivel de aporte que tiene la carne producida en nuestro país y se redactó de una forma por la cual, dado que buena parte de la importación de la carne de cerdo se utiliza para producir un chacinado y se grava la primera venta, se pudiera resolver el problema del valor ficto del producto que iba a ser gravado. Esto simplemente es una corrección de tipo jurídico para que el INAC no enfrente reclamos o pleitos, debido a la forma en que quedó redactado el artículo.

SEÑOR DELGADO.- Las consideraciones públicas del señor ministro respecto al intercambio comercial con Brasil,  me parecieron oportunas, dado que en esta época todos los años los productores brasileños de leche reclaman la cuotificación para importar productos lácteos de nuestro país. Preguntamos sobre esto porque el tema generó cierta alarma y dentro de las consideraciones que hizo el señor ministro habló del intercambio y puso todos los temas arriba de la mesa, no solo refiriéndose a los lácteos sino también a la carne de cerdo, lo que me pareció absolutamente oportuno. Destaco que este artículo no solo es una corrección jurídica sino que también tiene un impacto económico, puesto que realiza un ajuste.

               El tercer párrafo del artículo dice: «Cuando las plantas de faena o el importador expendan a sus propios locales de venta de carne, menudencias y subproductos, el 0,7% (cero con siete por ciento) del precio de venta se calculará tomando en cuenta el volumen del producto destinado a dichos locales, equivalente al peso canal y a los precios fictos que fije el Poder Ejecutivo». Con respecto a este párrafo, me gustaría saber a qué se refiere exactamente cuando habla de sus propios locales. ¿Son aquellos que tienen la misma razón social o refiere al concepto de grupo económico?

Ahí entramos en una situación en la que se están dando algunas costumbres con algunos importadores, que son abastecedores, que trabajan en el mercado interno, que también tienen expendio de carne. No sé si está referido a la misma razón social o al mismo grupo económico. Quisiera saber cómo lo determina el Ministerio en ese sentido.

               Por último, hago acuerdo de que el Partido Nacional no acompañó este artículo en la Cámara de Representantes porque más allá del ajuste jurídico, significa un ajuste económico.              

SEÑOR MINISTRO.- El objetivo de esta modificación es recibir los aportes de la carne de ave y de las carnes importadas. Reitero que ha quedado redactado de una forma en la cual lo que quedaba grabado era la primera venta. En realidad, desde el punto de vista sanitario, el INAC y el ministerio tienen control sobre las empresas de industrializaciones, como las chacinerías. La idea es que cuando no haya comercialización de esa carne a un chacinado –porque el chacinero es el propio importador que elabora con las carnes–, los establecimientos estén todos registrados. Es decir que existiría una forma de controlar. Justamente se trata de establecer un sistema de fictos que permita que se pueda cobrar esa prestación.

               La ingeniera Mariana Hill, directora de la Dirección Nacional de Recursos Naturales, va a hacer referencia al artículo 92.

SEÑORA HILL.- A partir del aumento en el crecimiento del área agrícola y de la actividad en general, han surgido muchísimos laboratorios privados que hacen análisis de fertilidad de suelos. Mayoritariamente, estos análisis se utilizan para la recomendación o para el uso de la fertilización en los campos.

               Desde ese punto de vista, se creó un registro de laboratorios para dar la posibilidad de participar en una ronda. El objetivo de esta es hacer una comparación de los resultados de los análisis entre los distintos laboratorios –con un laboratorio de referencia que está en la Dirección Nacional de Recursos Naturales–, para ver el nivel y la calidad de los análisis que se realizan en el sector privado. Esto cobró mucha importancia, no solo porque la fertilización se hace a partir de los resultados de los análisis de laboratorio, sino también porque desde el punto de vista ambiental se entiende que es muy importante tener esta ronda interlaboratorios funcionando para tener control sobre la calidad de los análisis que se realizan en los laboratorios. Por ejemplo, en las medidas de la cuenca de Santa Lucía –podrán venir otras– el nivel de fósforo en el suelo pasa a ser un requerimiento para distintas actividades.

En definitiva, entendemos que la ronda interlaboratorios va a permitir tener una nivelación de las metodologías. Asimismo, la tasa que se cobraría sería para llevar a cabo la ronda y es opcional para los laboratorios privados.

SEÑOR BORDABERRY.- No me quedó claro.

               ¿Qué costo tiene la ronda interlaboratorios? ¿Está estimado su costo?

SEÑORA HILL.- Sí.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Lo que se recaude se destinará a la ronda interlaboratorios o tendrá otro destino?

SEÑORA HILL.- La tasa se calcula en base al costo de la ronda, que se celebra una vez por año. El objetivo es cubrir el costo de la ronda, no tiene otro objetivo. Es una tasa que se calculó a esos efectos, por eso es una tasa baja, ya que un laboratorio de análisis pagaría aproximadamente $ 4500 por año. Eso cubriría reactivos y la parte analítica de la ronda.

SEÑOR BORDABERRY.- Es lógico que si se crea una tasa, en cuanto tasa                                                                                                                                                                                                                                       tiene que haber una acción del Estado hacia el particular y tiene que guardar una razonable equivalencia con el costo del servicio. La explicación que se me está dando va en esa dirección, pero no entiendo por qué en el inciso segundo se dice que los fondos recaudados constituirán recursos con afectación especial de la unidad ejecutora 003, Dirección General de Recursos Naturales –y aquí viene la contradicción con lo que se me está diciendo–, y serán destinados a gastos de funcionamiento e inversión de dicha unidad ejecutora. Entonces, no se dice que el destino sea la ronda, sino que se dice que son para inversión y gastos de funcionamiento. Eso es lo que no me queda claro desde el punto de vista de la redacción.

SEÑORA HILL.- Esa es una cuestión de redacción pero en cuanto a las actividades, la compra de insumos y la actividad del laboratorio de suelos, se menciona la toma de muestras de varios suelos, análisis preliminar de los principales parámetros, selección de muestras para cada ronda, selección, molienda. Y parte del funcionamiento del propio laboratorio coincide: desarrolla las mismas actividades en su quehacer. Pero si uno mira el costo de la tasa, está pensado y concebido para cubrir los gastos de la ronda; no está pensado para más destinos. Inclusive, hay un detalle de en qué cosas se va a utilizar en forma específica. Se calculó en base a esas cosas, pero puntualmente por qué quedó así la redacción, capaz que es más para el área de jurídica. No es que se va a cubrir el funcionamiento de otras cosas de la oficina con esa tasa porque, además, ni siquiera alcanzaría para más allá de la realización de la ronda; tal vez, la redacción no haya quedado muy feliz.

SEÑOR MINISTRO.- El tema es que estamos hablando de un objetivo específico, que es no tener todos los análisis en el ministerio –es decir, el sector privado cumple su función– aunque, obviamente, como cualquier otro laboratorio, puede tener su propio sistema de acreditación, pero fue un reclamo por una preocupación planteada en reiteradas oportunidades sobre todo por el sector agrícola. Me refiero a cierta desuniformidad que había entre los resultados de los distintos laboratorios y un reclamo de una competencia que está dentro de las que le corresponden al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es cumplir un rol de testigo. Entonces, tal vez pueda interpretarse como que las mil unidades indexadas van a ser aplicadas a una proporción alta de las muestras que se analizan. Acá de lo que se trata es que el ministerio va a enviar una muestra conocida a los distintos laboratorios y va a chequear los resultados. Es como ejercer un cierto control, como tener una cierta continuidad en la función de marcar presencia con respecto a esto. Obviamente, tampoco es una actividad que sea obligatoria. Lo que está pensado en la reglamentación es generarlo con una frecuencia determinada para que esto no tenga un impacto económico; lo que importa es que con determinada frecuencia pueda saberse, frente a una muestra conocida, como dan los resultados de un laboratorio y de otro. Entendemos que esa es una competencia del departamento de laboratorio de suelos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Cuando uno mira el monto –como en la ley no está definido lo que estoy exponiendo pero estará en la reglamentación– se puede interpretar que esto va a ser de aplicación masiva.

               Con respecto a los destinos, digo que el texto es feliz porque en realidad la unidad del suelos de la Dirección de Recursos Naturales no tiene otra forma de cumplir este cometido si no es atendiéndolo con gastos de funcionamiento, porque tiene que comprar los reactivos e ir renovando los equipos necesarios para esta actividad. Por eso se habla de gastos de funcionamiento e inversiones, y aclaro que cuando hablamos de inversiones nos referimos a equipamiento.

               El número de laboratorios registrados ha venido evolucionando. Se registraron 17 laboratorios en el año 2015; 6 en 2016, y 4 en 2017, lo que da un total de 27 laboratorios. En la ronda de interlaboratorios han participado 14 en la primera ronda de evaluación, que se realizó en diciembre de 2015, y 18 en diciembre de 2016. Esto se hace una vez por año. Entonces, una vez por año uno o los 27 laboratorios participan en una instancia donde se comparan datos y se paga un costo de poco más de $ 4.000. Esto pone valor y frecuencia a la acción. Ese es el valor del análisis, que podría ser multiplicado por 1.000 análisis, pero en este caso estamos hablando de sucesivos participantes en una ronda una vez por año.  Con esto generamos una tasa bien concreta para realizar esa acción. No sé si queda un poco más claro, señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Entiendo el objetivo buscado y no apunto a la actividad en sí; sin embargo, creo que la redacción jurídico-tributaria no es la adecuada. Por eso, le recomiendo leer el artículo 12 del Código Tributario, que define lo que es una tasa y verá que así como está redactado, esto no lo es. Mi deber como senador es redactar bien las leyes, y por eso se lo señalo.

SEÑOR MINISTRO.- Entonces, no es feliz la redacción y la tendrán que arreglar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 93.

SEÑOR OLASCUAGA.- El artículo 93 busca la excepción en la utilización del timbre profesional en las declaraciones juradas realizadas ante el Registro de Propietarios de Colmenas, el Registro de Productores Familiares y el Registro Nacional Frutihortícola.

 Estas declaraciones las realizan los productores a fin de integrar los registros que sirven luego para la aplicación de políticas, pero en ninguna hay una intervención activa de un profesional universitario. La aplicación del timbre implica un costo adicional para los productores, y entendemos que se puede hacer la excepción. Esa es la fundamentación del artículo.

SEÑOR DELGADO.- Este artículo, que compartimos, me llamó la atención porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca viene generando el registro de las diferentes actividades y actores. Ahora se explica que la razón es evitar el costo del timbrado. Entonces, en algunos casos se exceptúa de lo dispuesto en la ley mencionada, la presentación de declaraciones juradas ante el Registro de Propietarios de Colmenas, el Registro de Productores Familiares y el Registro Nacional Frutihortícola.

El tema es que a veces muchos de los productores registrados necesitan tener la declaración jurada para acceder a algunos beneficios. ¿Cómo se compatibiliza esto? Lo pregunto porque en ocasiones el ministerio pide estar inscripto en los registros y estar al día con la declaración jurada, etcétera, para poder acceder a los programas. ¿Eso afecta o es una disposición general por la cual, si uno quiere obtener los beneficios, debe presentar la declaración jurada correspondiente? Me parece que hay que ver cómo se instrumenta esto para que no se genere una posibilidad por un lado y una cortapisa por el otro.

SEÑOR OLASCUAGA.- Justamente, en el caso de los productores familiares, el hacer la declaración jurada y estar integrados al registro les permite acceder a una serie de políticas públicas diferenciadas. En este momento hay más de catorce políticas públicas diferenciadas que otorgan un mayor grado de beneficio o  preferencia a los productores que están en el Registro de Productores Familiares Agropecuarios; la fundamentación va por ese lado. Esta declaración jurada es gratuita, voluntaria y se puede realizar en cualquier momento del año, en cualquier oficina del ministerio e, inclusive, on line. Ponerle un timbre implicaría un costo para el productor, que es lo que se quiere evitar con este artículo.

SEÑOR DELGADO.- En definitiva, se elimina el timbre.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señor senador, ese es el objeto de este artículo.

SEÑOR OLASCUAGA.- Sí, señor senador, se exonera el pago del timbre.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a continuar con el análisis del artículo 94.

SEÑOR MONTES.- Este artículo apunta a que las empresas aplicadoras, tanto terrestres como aéreas, puedan contar con un agrónomo de referencia al momento de las aplicaciones. También hay que entender este artículo en el contexto del monitoreo satelital que se va a implementar próximamente. De alguna manera, esto complementaría uno de los ejes mencionado anteriormente, que es el punto de control.

               En definitiva, se trata de tener una herramienta más que se pueda profundizar, lo que mejoraría las posibilidades de control respecto de las aplicaciones.

SEÑOR DELGADO.- Me gustaría conocer un poco más el fundamento de esto. Uno puede compartir los objetivos vinculados a las empresas que brindan servicios de aplicación de productos fitosanitarios para que, de hecho, lo puedan hacer con buenas prácticas. Esto tiene que ver con la política de conservación de suelos, con el tema ambiental, etcétera y, por ende, se crea un registro, pero habrá ingenieros agrónomos que estarán en dicho registro y otros que no. No olvidemos que para que puedan trabajar las empresas, los contratistas agrícolas, el asesoramiento es preceptivo y para ello necesitan de un ingeniero agrónomo habilitado. Por lo tanto, ¿la inscripción en el registro necesita de una capacitación especial o se trata simplemente de un trámite burocrático?

               Mi segunda pregunta va dirigida más hacia un tema de fondo porque esto genera un costo agregado y tiene que ver con la introducción que hicimos sobre la situación del agro. Comparto el objetivo, pero esto genera un costo agregado que será trasladado al productor. ¡Sin dudas, este costo se traslada al productor! ¿No hay otra forma de lograr el mismo objetivo sin que el productor termine pagando más? Además, no se debe olvidar que estamos en un momento en que la agricultura tiene una cantidad de problemas vinculados a la competitividad,  a los precios, a los costos, etcétera. Cambiaron la redacción, porque antes se hablaba de personas físicas o jurídicas con actividades. El artículo del mensaje original era más amplio, ahora está restringido a empresas que brindan servicios de aplicación de productos fitosanitarios,  con lo cual es más fácil el control. ¿No hay posibilidad de realizar declaraciones juradas de formación, de  notificación de protocolos de uso y manejo de aplicaciones y que después se realice el control por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se sancione el incumplimiento, en lugar de  tener, obligatoriamente, un ingeniero agrónomo registrado asesorando a los contratistas agrícolas? Esto lo va a pagar el productor y, además, me preocupa que esto genere una situación no deseada porque puede suceder que mucha gente empiece a tratar de eludir lateralmente los controles, y eso no es lo deseado. ¿No hay mecanismos de control menos onerosos que el que implica la obligación de tener que contar con un ingeniero agrónomo como asesor, en forma taxativa? En lo personal presenté uno alternativo, pero puede haber otros. Estamos hablando de un universo no tan amplio de empresas contratistas que, además, cuentan con la  habilitación del ministerio.  Insisto: ¿no habrá una forma diferente de  controlar esto, teniendo en cuenta las  competencias que tiene la cartera? También se los podría notificar en forma previa sobre controles por buenas prácticas. Creo que, tal como está redactado, el artículo termina impactando en el productor que, por muchas razones: de precios, protocolos y comerciales –sobre todo  en materia agrícola–, está viviendo una situación compleja de rentabilidad.

SEÑOR BORDABERRY.- La duda que me agrega esto es si es necesario que un profesional universitario –que cuenta con  el título correspondiente de la Universidad de la República–, deba registrarse en las distintas oficinas o no sería suficiente que la propia empresa tuviera la obligación de declarar ante el ministerio quién es el  ingeniero agrónomo responsable. Ya nos ha pasado. El Ministerio del Interior lleva un registro de psicólogos para entender en el tema de las armas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a  crear registros paralelos en toda la Administración  de profesionales que obtuvieron el título? Si estoy leyendo bien, el artículo 94 establece: «Dispónese que las empresas que brindan servicios de aplicación de productos fitosanitarios…» «…deberán contar con un técnico de referencia ingeniero agrónomo, registrado por la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca». Es decir que deberán contar con un técnico de referencia, pero deberá estar registrado. Yo, ingeniero agrónomo hice toda la carrera, hice las prácticas en Paysandú, me recibí, tengo el título y ahora tengo que registrarme en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto no parece lógico, si es que estoy leyendo bien el artículo. Además se va a  instaurar  un  Registro de Técnicos Profesionales Ingenieros Agrónomos de Referencia Departamental. ¿Cuáles son los requisitos? ¿El título? Supongo que es lo único que pedirán y con eso será suficiente.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, como dice al final del segundo párrafo: «Dicho registro se genera con la información suministrada por las empresas de aplicación, los productores o profesionales referidos». No se está estableciendo que tenga que hacerse un registro de profesionales ingenieros agrónomos ni que tengan  que hacer ningún curso o habilitación. Le estamos pidiendo a las empresas –los sujetos pasivos–  y es coherente porque en el primer artículo se hablaba de las personas físicas o jurídicas y se  definió ir avanzando en este tema gradualmente.

Cuando hablamos de empresas, hablamos de empresas que se dedican y que tienen como actividad el servicio tercerizado de la aplicación de agroquímicos. Están con un mosquito hoy, en un lugar, aplicando el agroquímico y dentro de dos horas hacen 50 kilómetros por la ruta y lo aplican en otro lugar. Tenemos entre 150 y 200 denuncias sobre problemas por mala aplicación y cada vez que tenemos una denuncia, la página web funciona fantástica. Cuando un productor se siente damnificado o una maestra de la escuela se siente afectada por una aplicación cercana y establece una denuncia, ¿a quién llamamos? ¿Con quién nos contactamos? Sabemos que fue la empresa de Fulano, pero allí ¿con quién hablamos?, ¿con el telefonista o tenemos una referencia técnica con quien hablar? De eso se trata, y es totalmente coherente con el resto de las políticas que se han llevado adelante históricamente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para poder  utilizar el etión cumpliendo con la normativa que definimos y no quitarle a la producción una herramienta metodológica –es un insumo que se puede utilizar en aquellos establecimientos que están bajo un programa de erradicación o de control de garrapatas– se requiere de un profesional que esté habilitado y sea responsable de ese plan. Lo único que se pretende es que las empresas que aplican plaguicidas en decenas de miles de hectáreas por temporada, en distintos lugares, tengan un referente técnico con el que se pueda hablar para, en  todo  caso, resolver  rápidamente  o  prevenir  situaciones  como  las   que –lamentablemente– estuvimos mencionando buena parte de la mañana, vinculadas a la apicultura y a la aplicación de un agroquímico en cítricos. Repito: cuando aparece una situación de ese tipo tiene que haber del otro lado alguien con quien hablar rápidamente. Lejos de nuestro ánimo está el generar un registro, pedir algo diferente, ni decirle a los profesionales que se tienen que registrar, sino que se le pide a las empresas que están registradas que nos den el nombre de un técnico de referencia.

El ingeniero Montes planteó, al pasar, que se realizan cursos. En la actividad preventiva se realizan cursos de acreditación técnica para los operadores, se capacita a los operadores de los mosquitos y se mantienen cursos permanentes de manejo de agroquímicos. Hace 15 días hubo uno sobre aeroaplicadores; además, se establecen licencias para los operadores. De la misma manera que en algún momento se reglamentó que para trabajar con los mosquitos había que realizar un curso de acreditación, se le está pidiendo al titular de la empresa que nos dé una referencia técnica con quien establecer un contacto. Ese el espíritu de este artículo.

SEÑOR BORDABERRY.-  Está aclarado, pero no es lo que el artículo dice. De la forma en que está redactado, en el inciso primero crea un registro, en el segundo crea un segundo registro y en el tercero habla de los registros –no registro– creados en los incisos anteriores.

En primer lugar, crea un registro de ingenieros agrónomos donde el profesional se tiene que registrar –digo lo que está redactado–; en segundo término, crea un registro departamental –no nacional, porque supongo que nacional será el primero– a partir de la información que le den las  empresas o los profesionales. Entiendo lo que dice el señor ministro y me parece lógico, pero no es lo que establece el artículo. Uno tiene que mirar lo que viene en los proyectos y tratar de redactar las leyes de la mejor manera posible. Es decir que, tal como está redactado este artículo, el ingeniero agrónomo se va a tener que registrar en el primero y en el segundo registro la empresa tendrá que comunicar otros datos. A final dice que en estos registros se va a tener que mantener actualizada la información sobre el registro de los productos fitosanitarios y las normativas medioambientales, a la que no hace referencia cuando crea los dos primeros artículos. En realidad, el registro de la información permite saber quién está registrado, no surge qué otras obligaciones tienen que existir.

               De repente, como son varios artículos, podemos abrir la rendición de cuentas para redactarla adecuadamente.

SEÑOR DELGADO.- Quiero hacer una pregunta concreta. ¿El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene un registro de contratistas agrícolas? ¿Existe ese registro? ¿Los contratistas agrícolas que aplican productos fitosanitarios están registrados? Si es así, no estaríamos hablando de un telefonista sino de un responsable de la empresa. Quiere decir que hay forma de ubicar quiénes son los responsables, los dueños o titulares de las diferentes empresas que se dedican a la aplicación de productos fitosanitarios.

               Esta redacción es diferente a la anterior; esto se ha constreñido y es mucho más fácil acceder, abarcar y controlar esta información, por lo que quizás pierda un poco de vigencia lo del agrónomo de referencia.

SEÑOR MONTES.- Me gustaría hacer algunas aclaraciones a este respecto.

               Efectivamente, todas las empresas aplicadoras tercerizadas, tanto terrestres como aéreas, están registradas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso es así; las 336 empresas terrestres y las 37 aeroaplicadoras tienen su razón social y también cada una de ellas –que, obviamente, son empresas aplicadoras– tiene un grupo de aplicadores que también reciben un curso de uso y manejo seguro de productos agroquímicos.

Este segundo nivel que estamos planteando implica que esas empresas aplicadoras brinden al ministerio la información respecto a quiénes son sus agrónomos, sus técnicos de referencia. No es que los agrónomos vengan a registrarse sino que las empresas nos dicen quiénes son sus agrónomos de referencia, de manera que podamos contar con una plantilla de técnicos con quienes podamos evacuar dudas y, a su vez, hacer cursos de mejora continua. El ministro planteaba que cuando tenemos nuevas moléculas o nuevos desafíos, se podían presentar problemas –por ejemplo, en Salto o en Paysandú–, por eso manejamos el concepto departamental para  saber quiénes son los técnicos que están operando determinada región, de manera de poder apuntar a un segundo o tercer nivel de profundización ante determinadas dificultades o, inclusive,  anticiparnos a algunos eventos que puedan ocurrir.

               Esa es la lógica con la que estamos planteando esto que –vuelvo a decir–, de alguna manera, hay que atarlo al monitoreo satelital de aplicaciones. Creo, por ejemplo, que no siempre el aplicador de la dosis de un agroquímico tiene por qué conocer el cien por ciento de su efecto, pero un agrónomo sí va a conocerlo y, ante eso, puede evacuar alguna duda a la empresa aplicadora.

Esto no está pensado como un costo sino que  ha sido conversado con los sectores  productivos y con las empresas y, simplemente, es una referencia que, mayoritariamente, va a ser usada por la empresa aplicadora ante determinadas circunstancias y por el ministerio para profundizar algunas líneas de trabajo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no  hay más referencias respecto al artículo 94, recuerdo a los señores senadores que los artículos 95 y 96 ya fueron explicitados y discutidos, por lo que pasaríamos a considerar el artículo 97.

SEÑOR GILARDONI.- Buenos días a todos.

Este artículo agrega una sanción monetaria –tal como quedó establecido en la llamada ley de pesca sancionada hace tres años– a los patrones de pesca, ya que se vio que muchas empresas han reducido sus infracciones y han llegado a firmar actas y acuerdos con los capitanes de los barcos para que cumplan con la normativa existente. A veces son los capitanes quienes, en el fondo, conducen esas embarcaciones en el mar y también son responsables, junto con el titular del permiso de pesca, de no cometer infracciones.

Esto agrega la posibilidad, dentro de dicha ley, de que se aplique una sanción monetaria al capitán de pesca, más allá de las existentes, que consistían en la inhabilitación –por algunos días, semanas o en forma definitiva– para navegar y operar buques. Estimamos que si no se resuelve este tema por esta vía, se van a seguir cometiendo infracciones y nuestro objetivo no es recaudar por las infracciones, sino eliminarlas.

SEÑORA PRESIDENTA.-  El artículo 98 ya fue discutido. Pasamos al artículo 99.

SEÑOR CASTELAR.- Se trata simplemente de la modificación de una serie de un cargo en la unidad ejecutora 006. El escalafón A de Profesionales Universitarios solo tenía la serie Agronomía y muchas de las especialidades de la unidad ejecutora 006, Dirección General de la Granja, requieren el concurso de profesionales de ciencias agrarias que no necesariamente son ingenieros agrónomos. El artículo modifica la denominación de la serie, pasa de Agronomía a Profesional Universitario o Profesionales de Ciencias Agrarias, con la intención de abarcar otras disciplinas que pueden cubrir las necesidades técnicas de la unidad ejecutora.

SEÑORA PRESIDENTA.-  En consideración el artículo 100.

SEÑOR CASTELAR.- Este artículo no estaba en el mensaje del Poder Ejecutivo dentro del inciso 07, sino que pertenece al inciso 14, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por lo tanto, no nos vamos a expedir al respecto. Seguramente cuando concurran las autoridades de dicho ministerio explicarán su contenido.

SEÑORA PRESIDENTA.-  En consideración el artículo 101.

SEÑOR CASTELAR.- Este artículo autoriza al ministerio a enajenar determinados inmuebles que hemos identificado que no son apropiados para el cumplimiento de los cometidos específicos del ministerio. En general, ocasionan altos costos de mantenimiento por su ubicación y sus características y, como señalé, no son eficientes para el cumplimiento de los cometidos específicos del ministerio. Por lo tanto, se solicita autorización para enajenar y destinar lo recaudado a proyectos de inversión relacionados con el acondicionamiento y la construcción de otros inmuebles de mayor utilidad. Si fuera necesario podemos ilustrar con algún ejemplo, pero creo que se entiende cuál es el espíritu del artículo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Aquí terminamos con el articulado correspondiente al inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca». No sé si el señor ministro desea agregar algo más.

SEÑOR MINISTRO.-  Si no hay más preguntas, tendría que retirarme.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia del señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y de quienes lo acompañan, y que hayan respondido a cabalidad las consultas realizadas. 

               Se levanta la sesión.

(Son las 13:13).

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.