SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, queda abierta la sesión.

(Son las 10:06).

–Buenos días a todos y todas.

                Con mucho gusto, damos la bienvenida al señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Jorge Díaz, y a su equipo en esta instancia de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

                Escucharemos, por parte de la Fiscalía, una presentación global breve y luego pasaremos a considerar el articulado.

SEÑOR DÍAZ.- Buenos días a la señora presidenta y a los señores senadores.

Como es sabido, la designación y permanencia en el cargo de Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación no está sujeta al escrutinio popular. De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, el fiscal de corte es designado por el Poder Ejecutivo con venia y autorización del Senado de la República, otorgadas por tres quintos del total de componentes, y permanece en el cargo durante diez años. Este fiscal asumió el 17 de abril de 2012 y, Dios mediante, permanecerá en el cargo hasta el 16 de abril de 2022, lo cual es un período bastante extenso. Por esa razón, para nosotros siempre es muy importante concurrir a esta Casa, donde desempeñan funciones los representantes más directos del pueblo porque, en definitiva, se trata de una rendición de cuentas ante el soberano, una rendición de cuentas públicas.

La Fiscalía General de la Nación fue creada como servicio descentralizado por la Ley n.º 19.334, de 14 de agosto de 2015, por lo que hace pocos días celebrábamos los dos años de su creación. En el día de ayer conmemoramos el día del funcionario de la Fiscalía y hoy entregaremos las medallas correspondientes, celebrando la obtención de esa autonomía tan deseada y buscada durante tantos años y que esta legislatura consagró prácticamente por unanimidad de sus componentes. A partir de la creación del servicio descentralizado obtuvimos grados de autonomía muy importantes, lo que nos ha permitido mejorar sustantivamente la gestión de los recursos humanos y materiales de la institución. Es importante señalar que la autonomía obtenida –que valoramos muchísimo y celebramos, como decía, a través de la Ley n.º 19.334 es sustantivamente menor a la que tienen las Fiscalías en el resto de Latinoamérica, donde cuentan con niveles de autarquía similares a lo que en nuestro ordenamiento constitucional tienen el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral. Somos conscientes de que, para lograr eso, sería necesario modificar la Constitución de la República, pero en realidad, dados los niveles de tensión que se viven en Latinoamérica entre las Fiscalías y los sistemas políticos, sería bueno discutir este tema en algún momento. Como servicio descentralizado, en el año 2015 elaboramos por primera vez nuestro presupuesto, conforme a lo que establece el artículo 220 de la Constitución de la República. En ese momento, como la ley se aprobó el 14 de agosto y el presupuesto lo teníamos que presentar el 31 de agosto, era muy escaso el tiempo del que disponíamos. Era nuestro primer presupuesto, en el marco del artículo 220 de la Constitución de la República y, además, existía una tradición parlamentaria de que cuando el servicio descentralizado acordaba con el Poder Ejecutivo un determinado presupuesto, luego, en el pasaje por el Parlamento en general, ese acuerdo se respetaba, se cumplía o se mantenía.

En ese sentido, en el año 2015 nosotros acordamos con el Poder Ejecutivo un presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque un acuerdo implica siempre recíprocas concesiones. Es decir que en ese acuerdo de la Fiscalía General de la Nación con el Poder Ejecutivo nosotros renunciamos en parte a los fondos que originalmente reclamamos.

Lamentablemente luego, en la discusión parlamentaria tuvimos la desgracia de romper esa tradición –por decirlo de alguna manera– de cumplir o mantener los acuerdos que se celebraban entre los servicios y el Poder Ejecutivo, y, en el pasaje por el Parlamento durante el Presupuesto 2015, perdimos $ 38:000.000, amén de los que habíamos renunciado en nuestra negociación con el Poder Ejecutivo.

Menciono esto, señora presidenta, no con la intención de reclamarle nada al Parlamento –sería totalmente improcedente e impertinente–, sino porque me interesa que quede constancia en la versión taquigráfica de que no es cierta esa afirmación que a veces escuchamos en la prensa de que a la Fiscalía General de la Nación le dieron todos los recursos que reclamó para la implementación de la reforma procesal penal. Repito, lo decimos para que conste en la versión taquigráfica y, además, porque entendemos que la construcción de un relato lleva mucho tiempo, pero su deconstrucción lleva más aún. Entonces, no queremos que se instale, por parte de algunos operadores, ese relato de que a nosotros nos dieron todo y a otros, nada.

Obviamente que esto no significa que no nos hayan dado todos los recursos, eso no significa que el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación no haya aumentado o crecido sustantivamente en los últimos cinco años porque ello sí, es así. A valores constantes el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación se incrementó en porcentajes muy importantes.

Dicho esto, que nos parecía importante dejar claro –reitero, no para hacer ningún reclamo que sería totalmente improcedente, no para llorar sobre la leche derramada porque nosotros, señora presidenta, no lloramos sobre la leche derramada–, nosotros proponemos, debatimos, discutimos; cuando nuestras posturas son bien recogidas, bien, y cuando no son recogidas, barajamos, damos de nuevo y seguimos para adelante.

Con respecto a la rendición de cuentas y a los efectos de ser muy breve, quiero señalar que los señores senadores tienen en su poder la documentación que recoge la misión, la visión, los objetivos estratégicos, que fueron elaborados entre los técnicos de la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a cuyos integrantes les agradecemos toda la colaboración que han prestado en ese período y en el que estamos viviendo ahora en el desarrollo de nuestro sistema de información para la aplicación del nuevo código. Tienen también los principales cometidos actuales, el informe de gestión 2015, así como también el de ejecución presupuestal.

Me voy a detener brevemente en la ejecución presupuestal del año 2016 porque, como decía, esto es una rendición de cuentas públicas. Este Parlamento nos votó recursos y entendemos que debemos venir aquí y lo primero que debemos hacer es decir en qué gastamos los recursos que nos votaron.

En la ejecución presupuestal del año 2016, la ejecución presupuestal en la Fiscalía General de la Nación ascendió al 99,42 % del presupuesto asignado. Obviamente, este porcentaje es muy superior a los porcentajes de ejecución que teníamos cuando éramos una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, estábamos dentro de la Administración Central por la sencilla razón de que, como unidad ejecutora, no podíamos hacer redistribución de rubros, y todo aquello que no era ejecutado, sobre todo en el rubro cero, volvía a Rentas Generales, cosa que no sucede ahora como servicio descentralizado.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, la ejecución llegó al 99,10 %; en inversiones, al 99,93 %, y en servicios personales, al 99,30 %.

Si bien estamos absolutamente satisfechos con este grado de ejecución, nos interesa señalar que la institución financió parte de sus gastos de funcionamiento y prácticamente la totalidad de las inversiones realizadas durante el año 2016 con economías generadas en los servicios personales con las vacantes no provistas, circunstancia que a nuestro juicio debía ser tenida en cuenta a la hora de analizar el monto de las partidas asignadas para el año 2018. Eso se puede ver con total claridad si comparamos la asignación inicial que tuvimos en el presupuesto con su ejecución.

La asignación inicial de los créditos con destino a retribuciones personales ascendía al 92,4 % del total del crédito asignado y la asignación final o la ejecución ascendió al 69,4 % del crédito. Para gastos de funcionamiento, los créditos asignados inicialmente eran del 6,3 % del total del crédito y la asignación final llegó al 8,1 %. Se transfirieron $ 20:523.000 del grupo de retribuciones personales al grupo gasto de funcionamiento.

En la asignación inicial para gastos de inversión –aspecto en el que nos queremos detener especialmente–, los créditos eran el 1,2 % del presupuesto. Es decir, que lo asignado a la Fiscalía para inversiones para el año 2016 era el 1,2 % del total del crédito. La asignación final llegó al 22,5 %. Es decir que pasamos del 1,2 % al 22,5 % del total del crédito, puesto que se transfirieron $ 150:246.000 del grupo de retribuciones personales al grupo inversiones. A eso debe sumarse $ 65:000.000 recibidos del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas para la compra del inmueble donde funcionan las oficinas centrales de la Fiscalía General de la Nación.

Eso permitió que durante el año 2016, adquiriéramos, entre otras cosas, dos inmuebles: uno con destino al funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y otro con destino al funcionamiento de las Fiscalías Penales de Montevideo para ser utilizados una vez que esté en marcha la reforma. Durante el año 2016, se realizó una inversión en esos dos inmuebles de USD 6:750.000. Por lejos, es la inversión más grande que se ha realizado en los 110 años de historia de la Fiscalía General de la Nación.

En la ejecución de lo que va del año 2017 –considero importante mostrar a los señores senadores cuál es la realidad actual–, precisamente al 31 de agosto de este año, en montos menores a lo que sucedió durante el año 2016, también tenemos una importante transferencia del grupo retribuciones personales al rubro inversiones, lo que nos ha permitido –entre otras cosas– financiar con fondos propios todo el desarrollo del software del sistema de información para el proceso penal acusatorio y el Sippau, que estamos desarrollando conjuntamente con la colaboración de Agesic y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Reitero que todo eso se está financiando con fondos propios. En principio, estaba prevista la obtención de un crédito con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, el desarrollo del software, su instalación, la compra de equipamiento informático, el servicio de data center, la conectividad, la redundancia y demás, serán financiados con fondos propios de la Fiscalía General de la Nación, producto de esa reasignación de rubros.

                Obviamente, las economías del rubro 0 que hemos transferido a inversiones, se terminan en el año 2018, porque todas las vacantes que han ido produciendo esas economías se han ido llenando. Aspiramos a que al 1.º de noviembre de este año estén todas las vacantes cubiertas. Los concursos están terminando y en estos días estaremos enviando al Parlamento nacional doce solicitudes de venia, más otras seis, para la designación de seis fiscales adscriptos. En este momento, está en trámite ante el Senado de la república la designación de seis fiscales departamentales. Creo que quedará solo una o dos vacantes en toda la plantilla de fiscales porque todavía tenemos que realizar el concurso para fiscales de Montevideo.

                Es cierto que siempre se generan economías en el rubro 0, porque el mecanismo de designación de un fiscal que requiere que el fiscal de corte lo proponga al Poder Ejecutivo y que este último solicite la venia, es un trámite que lleva tres o cuatro meses. Si bien hemos tratado de reducirlo al mínimo, lleva un tiempo y siempre ahí se genera una economía, porque hasta que no tengamos la vacante, no podemos hacer la propuesta y entre que se hace la propuesta y efectivamente se llena la vacante, pasa un período de tiempo. Esas economías no van a tener el monto que tuvieron durante los años 2016 y 2017. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hicimos una propuesta de incremento de gastos de funcionamiento y de inversión que no fue recogida por el Poder Ejecutivo ni por la Cámara de Representantes. Desde ya señalamos que si esas partidas, por lo menos las que refieren a gastos de funcionamiento para 2018, no son reforzadas por el Poder Ejecutivo, podría llegar a existir algún grado de dificultad en esa área. No es para alarmarse, pero queremos dejar expresa constancia de ello en la versión taquigráfica.

                Además, corresponde decir que los gastos de funcionamiento han aumentado. Estamos en proceso de mudanza de doce Fiscalías en el interior porque los locales de los que disponíamos no eran adecuados para el funcionamiento del nuevo código. De ahí, pues, que hayamos tenido que ir a locales más grandes –porque trabajará más gente–, con doble acceso para evitar que las víctimas se junten con los imputados o los acusados. Asimismo, hemos tenido que tratar de ubicar dentro de esos locales algún espacio para atención a las víctimas, sobre todo, para cuando ellas vengan acompañadas de niños a cargo. Con ello se dará todo un proceso de atención que, aspiramos, sea la mejor. Por eso decimos que nuestros gastos de funcionamiento han aumentado.

                Si bien es cierto que por la vía de la adquisición de inmuebles hemos bajado el rubro alquileres –porque hemos alquilado menos locales–, los nuevos lugares que estamos alquilando son de mayor envergadura, por lo que hemos prácticamente empatado en ese sentido.

                Aparte de las diez Fiscalías del interior del país, a las que se suman Fiscalías penales de Montevideo, estamos mudando las de Melo, Río Branco, Minas, Fray Bentos, Libertad, Paso de los Toros, Treinta y Tres, Rocha, Trinidad, Salto, Durazno y Dolores y ya habíamos mudado las de Atlántida, Pando, Las Piedras, Maldonado, Colonia, Paysandú y Tacuarembó. Diría que, en prácticamente un año, nos encontramos en proceso de realizar todas estas mudanzas.

                Por otra parte, la Fiscalía hizo la siguiente apuesta. Si nosotros íbamos a reclamar los recursos humanos para la implementación de una reforma procesal penal, con la tecnología de la que disponíamos ayer, tendríamos que haber reclamado el doble. Hicimos una fuerte apuesta a la tecnología y al desarrollo de un sistema de información que permita que todo el trabajo de los fiscales se desarrolle por este medio y no por el expediente papel. Esta es una batalla cultural que somos conscientes nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos dispuestos a darla porque, además, entendemos que implica una disminución en el costo para el Estado de los gastos en materia de retribuciones personales. Ahora bien, el desarrollo del sistema de información, como así también la compra de equipamiento informático, los hemos financiado con fondos propios. Por ejemplo, el data center, la conectividad, la redundancia y los dispositivos móviles, todo lo hemos financiado con fondos propios. Ahora bien, ello requiere sostenibilidad. Debemos tener una mesa de ayuda, soportar y sostener, a lo largo del tiempo, que ese sistema funcione permanentemente, que no se caiga y tenga respuestas para cada una de las situaciones. Obviamente que para contar con sostenibilidad en el tiempo, necesitamos destinar recursos a tal efecto. La inversión inicial fue hecha por la Fiscalía con fondos propios pero la sostenibilidad tendremos que pagarla con los gastos de funcionamiento como podamos o con incrementos presupuestales.

                Con respecto a cómo va a funcionar el sistema en el nuevo código quiero decir que, de hecho, el miércoles comenzará a funcionar el Sippau en el módulo no acusatorio en todo el interior del país. En realidad, aspiramos a que antes del 1.º de noviembre esté funcionando en todo el país y, a partir de esta fecha, lo haga el módulo acusatorio, es decir, el que se implementará a través del nuevo Código del Proceso Penal, en el que existirá una interoperabilidad entre el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y el Sippau. Toda denuncia que se haga en cualquier punto del territorio nacional –sea en la comisaría de Fraile Muerto o de Cerro de las Cuentas– y desde el momento que el funcionario policial le da entrada y la completa, ingresará al Sistema de Gestión de Seguridad Pública y el Sippau. De esa manera, automáticamente la Fiscalía tomará conocimiento de que se hizo una denuncia en un lugar del país. Incluso, esa denuncia tendrá un número único a nivel nacional y será el que le asigne el sistema de la Fiscalía.

A partir de ese momento, no va a existir ninguna denuncia en todo el territorio nacional de la que no tengan conocimiento los encargados de llevar adelante o dirigir la investigación, que son los fiscales. Hoy en día los datos estadísticos marcan que solamente el 44 % de las denuncias que se realizan en todo el país impactan el sistema de administración de justicia; el 56 % restante no llega al conocimiento del sistema. Y cuando hablo de que llegue al conocimiento, me refiero a una llamada telefónica, porque muchas veces queda en nada más que eso. Tomando en cuenta incluso esa circunstancia, estos son los números en la actualidad. Por el nuevo sistema aspiramos a que el impacto sea del 100 % y a que las aproximadamente 220.000 denuncias anuales que se presentan ingresen a una mesa central de depuración y análisis de la Fiscalía, que las va a destinar a los distintos fiscales, distribuyendo equitativamente las cargas de trabajo. Obviamente que eso no impide el funcionamiento de la flagrancia; en ese caso la llamada telefónica va a seguir existiendo, pero también va a quedar registrada en el sistema. Y todo el proceso de investigación y toda actuación fiscal deberán hacerse en el sistema informático. Repito, señora presidenta: es una batalla cultural que tendremos que dar contra el papel y contra la cultura hispánica y latina que nos acompaña, pero estamos dispuestos a darla y creemos que tenemos las herramientas para ello.

                El segundo gran eje que nos interesa señalar es el tema de la descentralización territorial. De nada vale tener normas modelo si no contamos con la posibilidad de que el sistema de administración de justicia llegue a todo el territorio nacional. Y la Fiscalía General de la Nación ha tenido a lo largo de su historia una estructura espejo con el Poder Judicial que ha sido funcional a la misión que hoy día tiene. Actualmente la Fiscalía trabaja a demanda o a requerimiento del Poder Judicial. Son expedientes que vienen desde el Poder Judicial y nuestra actuación se limita a dar satisfacción a esa demanda. En el marco del nuevo sistema, nosotros seremos los que recibamos la demanda de la población y los que transmitamos al Poder Judicial. Es decir, cambia sustantivamente nuestra misión y nuestra forma de ejercerla.

                Por tanto, es absolutamente necesario que la Fiscalía comience desde ya un proceso de descentralización territorial que, de alguna manera, la acerque a la gente. Tenemos un sistema de administración de justicia que en Montevideo funciona en Ciudad Vieja. No hay una sola dependencia del sistema de administración de justicia en general que esté fuera de la Ciudad Vieja o del Centro, por decirlo de alguna manera. Llevar la Fiscalía a los barrios es todo un desafío. También es costoso. Nosotros en esta primera instancia optamos por no ir a los barrios porque teníamos dificultades; no teníamos plata, para decirlo claramente. Pero esto no solamente ocurre en Montevideo. En el interior del país, hay un conjunto muy importante de poblaciones de más de 10.000 habitantes en donde la Fiscalía no tiene dependencias y un número mucho más grande de localidades de más de 5.000 habitantes en donde tampoco las tenemos. En estos casos tendremos que funcionar, en principio, con desplazamientos territoriales. Pero queremos iniciar ese proceso de descentralización territorial, y para eso propusimos un artículo –que después vamos a analizar– por el que se crean Fiscalías departamentales, que son las que funcionan en el interior del país, para poder comenzar con ese proceso. Luego, cuando nos refiramos específicamente a ese artículo, nos detendremos un poco más, pero queríamos dejarlo marcado.

                Esta realidad de ciudades de más de 5.000 y 10.000 habitantes se da más bien del Río Negro al sur y fundamentalmente en los departamentos de Canelones, Colonia y Maldonado. Pero del Río Negro al norte, tenemos otro tipo de dificultades, que son las distancias. Por ejemplo, Vichadero está dentro del departamento de Rivera, pero queda a más de 100 kilómetros de la capital. Dentro de los departamentos de Paysandú y Salto hay localidades que quedan a distancias muy importantes de sus capitales. Creo que debemos tener una respuesta para esto, y hoy no la tenemos, por lo menos desde el punto de vista de la Fiscalía. Sí hay dependencias policiales y en algunos lugares hay juzgados de paz, pero en la nueva estructura prácticamente quedan sin ningún tipo de competencia o cometido. Somos conscientes de que ese proceso de descentralización territorial no se puede hacer de un día para otro, sino que va a llevar tiempo. Año a año iremos tratando de conseguir una, dos o tres Fiscalías. Nosotros no podemos crear Fiscalías, pero sí cargos. De hecho, en el correr de este año transformamos tres cargos de fiscales adjuntos, de Montevideo, en dos cargos de fiscales departamentales, que son fiscales del interior. Estamos dispuestos a seguir recorriendo ese camino de llevar más recursos humanos al interior del país, porque actualmente hay una desproporción muy importante en la cantidad de fiscales por habitantes en Montevideo, que hoy resulta ser privilegiado respecto del interior. En Montevideo tenemos Fiscalías especializadas en violencia doméstica, en aduana, etcétera, pero no ocurre lo mismo en el interior y nosotros queremos romper con ese sistema.

                Con relación al articulado, por razones prácticas me voy a remitir al votado por la Cámara de Representantes. No voy a entrar a hablar del mensaje del Poder Ejecutivo y mucho menos de nuestro mensaje original, porque ahí tendría que ir contra mis principios y derramar un lagrimón, cosa que no voy a hacer.

                El artículo 209, que es el primero de la Fiscalía General de la Nación y equivale al artículo 216 del Poder Ejecutivo, no tiene costo. Lo que hace es incrementar la cantidad máxima de cargos y funciones de administración superior establecidas en el artículo 145 de la Ley n.º 19438. Básicamente, están previstos los cargos gerenciales para el departamento de informática, para un departamento de unidad de género y para una unidad de medioambiente, que pensábamos crear con los recursos que habíamos pedido, pero ahora no sé si lo vamos a poder hacer, aunque a veces creamos unidades de uno para, por lo menos, poner el germen y empezar a desarrollar conocimiento y masa crítica. También, se prevén cargos en los escalafones gerenciales grado II, para planificación y presupuesto. Como dije, este artículo no tiene costo. Obviamente en el proyecto nuestro sí lo tenía, pero en su pasaje por la Cámara de Representantes quedó sin costo. Igualmente, nos sirve porque podemos ir generando estos cargos y estas funciones por transformación de cargos. Está previsto que empiece a regir a partir de la promulgación de la ley.

                El artículo 210 sustituye el artículo 142 de la Ley n.º 19438 y habilita a que, con un tope máximo de monto por año y por cada uno de los cargos de adscriptos –que es del 85 % del cargo de secretario general–, se creen cargos o, mejor dicho, funciones de adscriptos porque, en realidad, estas personas no adquieren la condición de funcionario público, pueden irse en cualquier momento y pueden ser contratados por un período que no supere su mandato. Soy absolutamente consciente de que la generación de adscriptos siempre crea ruido en el Parlamento y quiero trasmitir nuestra posición al respecto. Hoy tenemos la posibilidad de contratar tres adscriptos y de hecho tenemos solamente dos; hay uno que no lo hemos utilizado. El gran problema que tenemos es que se necesitan experticias que no tengan vinculación con lo jurídico, lo que es absolutamente necesario para manejar una institución. Nosotros tuvimos que empezar con un servicio descentralizado en el que éramos casi todos abogados; había dos o tres contadores y el resto abogados. La verdad es que los abogados podemos tener una muy buena formación         –siendo muy generosos con nosotros mismos–, pero hay muchísimas experticias que no tenemos. En todo lo que venga del «palo» de lo psicosocial –como dice nuestra encargada de la unidad de víctimas– no teníamos absolutamente nada y ni que hablar de ingenieros y otras experticias que necesitábamos para desarrollar proyectos. Entonces, la verdad es que la designación de adscriptos es un mecanismo de mucha movilidad y flexibilidad que nos parece fundamental. No quiere decir que lo vayamos a usar todo ni mucho menos, pero queremos tener la posibilidad de hacerlo. Tampoco tiene costo presupuestal y está previsto que entre en vigencia a la fecha de la promulgación.

                Con respecto al artículo 211 queda mal que fundamente quien habla, pero en realidad tampoco tiene costo presupuestal y lo que pretende es dar cumplimiento a lo dispuesto en el en el literal A) del artículo 51 de la Ley n.º 19483. ¿Qué significa esto en buen romance? Que el fiscal de corte gane lo mismo que un ministro de la Corte. Eso es lo que establece el mencionado literal, pero cuando fuimos a hacer las liquidaciones nos dimos cuenta de que los ministros de la Corte, por una partida de gasto de representación, ganaban una suma superior a la de fiscal de corte. Entonces, se incluyó este artículo para poder cumplir materialmente con lo que obliga la ley. Tampoco tiene costo porque está previsto hacerlo con fondos propios de la Fiscalía, pero no se puede hacer sin esta autorización.

                El artículo 212 es el 4.º del mensaje original de la Fiscalía General de la Nación y el 219 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Refiere a la creación de Fiscalías. Quiero detenerme en este punto porque habíamos propuesto que se crearan hasta siete Fiscalías y que nos dieran la posibilidad de instalarlas. Dijimos a los integrantes de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes que, en realidad, los dos soportes de esos órganos que pedíamos al Parlamento que creara ya existen porque se crearon por transformación y, por lo tanto, esto no tenía costo. Obviamente, pedíamos los rubros para la creación de los otros cinco cargos. Incluso les dijimos que, aun cuando no nos dieran los fondos para financiar esos cinco cargos que iban a ser soporte de esos órganos cuya creación pedíamos, igual los crearan porque en el futuro podíamos generarlos por transformación. Por ejemplo, los viejos cargos de secretario letrado o de prosecretario letrado de la Fiscalía que está previsto legalmente que cesan al vacar –de hecho, a fin de año se producirá una vacante–, queremos ir transformándolos en estos cargos de fiscales departamentales. ¿Por qué queríamos eso? Porque podemos transformar cargos pero no crear órganos, es decir, Fiscalías. Eso fue lo que propusimos en el ámbito de la Cámara de Representantes. No sé qué pasó en esa Cámara porque nos crearon las dos para las que ya teníamos los cargos, pero no nos habilitaron a crear más. Probablemente en el futuro insistamos en esto porque, aun cuando en el momento no tengamos el dinero para crear el cargo que sea soporte del órgano, por vía de la transformación podemos ir superándolo. Esto se solucionaba creando los órganos y autorizándonos a determinar la fecha de instalación que, obviamente, iba a ser cuando tuviéramos el cargo que fuera soporte del órgano.

                Esto era lo que yo planteaba hoy sobre el proceso de descentralización territorial para lo cual necesitamos las Fiscalías departamentales, que son las que funcionan en el interior del país.

                El artículo 213 sustituye el artículo 45 de la Ley n.º 19.483, de 5 de enero de 2017, que fue la que aprobó el estatuto de los fiscales. En realidad, corrige una redacción que quedó un poco extraña –por decirlo de alguna manera– y que nos plantea algunas dificultades, al punto de que no hemos llamado a concurso de fiscales de Montevideo porque se nos generaba un problema de recursos. Esto no estaba en el mensaje original de la Fiscalía ni en el mensaje original del Poder Ejecutivo. Fue una propuesta que trasmitimos a los diputados de las diferentes bancadas; ellos la hicieron suya y se votó tanto en la Comisión como en el plenario. Este artículo nos habilitaría a hacer inmediatamente el concurso para fiscales de Montevideo, que tenemos un poco trancado.

                ¿Qué se busca? Que se distinga entre concursos de ingreso y de ascenso. Obviamente, los concursos de ingreso son abiertos y los de ascenso, en principio, está previsto que sean cerrados respetando la carrera funcional, pero también está previsto que en el caso de que se declaren desiertos se pueda hacer el concurso abierto, posibilidad que hoy no tenemos. Incluso esto fue consensuado no solo con los diputados de todas las bancadas, sino también con la Asociación de Fiscales.

                Hasta el artículo 213 está planteado todo lo que no tiene costo, por decirlo de alguna manera.

                El artículo 235, numeral 8), sí tiene costo. Se autoriza una partida que se destinará a la creación de cargos con destino a la Unidad de Víctimas y Testigos. Si la señora presidenta me permite, abusando un poco de su paciencia y la de los señores senadores, me gustaría detenerme un momento en este punto.

                En el mensaje original eran casi 40:000.000, y negociamos en 30:000.000 en la Cámara de Representantes. Aquí hay varios señores senadores que integran la Comisión de Constitución y Legislación, por lo que ya me han escuchado decir esto hasta el cansancio y lamento que hoy tengan que volver a oírlo –lo voy a repetir hasta el día en que deje de estar en este mundo y seguramente lo voy a seguir diciendo cuando esté en el cajón–, pero lo cierto es que las víctimas de los delitos son el gran olvidado del sistema penal y también de la sociedad.

                En la actualidad, desde el punto de vista procesal y, más allá de que en el artículo 3.º de la ley de responsabilidad penal del empleador, de contrabando, se introdujeron algunos derechos –destaco que estos no son respetados en la mayoría de los juzgados porque hay todo tipo de interpretaciones de este artículo para evitar que la víctima participe efectivamente del proceso penal–, la víctima prácticamente no tiene ningún derecho. Hay que tener en cuenta que le pedimos varias veces que haga su relato, que declare en la Comisaría, en la Fiscalía, en el Juzgado e, incluso, algunos hasta lo hacen ante la prensa, pero eso depende de la voluntad de cada uno. También le pedimos su cuerpo para que lo vea un médico forense y su mente para que la analice un psicólogo o un psiquiatra, a veces más de una vez, porque con las víctimas hay una conducta de revictimización y cuando se trata de niños esto es peor. Luego de pedirle todo eso, de exprimirla a fondo y sacarle todo el jugo, le decimos que no es parte y no tiene derechos. Esto sucede en el juzgado o en el sistema de administración de justicia porque debemos incluirnos también ya que no es solo responsabilidad del Poder Judicial.

                Una víctima de un delito –y no voy a hablar de homicidio porque me comprenden las generales de la ley– como una rapiña va al sistema de administración de salud y, si no tiene la cédula no la atienden, aun cuando se la hayan robado en la rapiña que fue a denunciar. Para que le den asistencia tiene que llevar una constancia de que le robaron la cédula. Podría hacer doscientos ochenta mil relatos de este tipo. Por ejemplo, una víctima de una rapiña que se fracturó una mano, cuando llega al sistema de salud, para que la atiendan tiene que hacer la misma cola que una señora que se torció el tobillo al bajar del ómnibus.

                Creo que como sociedad nos tenemos que hacer cargo de todo esto y me parece que no nos hemos dado cuenta –si nos damos cuenta parece que no hemos sabido reaccionar– de que el sufrimiento de todas las víctimas de los delitos violentos o de sus familiares, sobre todo cuando hablamos de homicidios, rapiñas o copamientos, va generando un gran dolor social. Esa suma de dolores individuales va generando dolor social y un reclamo que, si la sociedad y el Estado organizado no se hacen cargo, termina siendo un caldo de cultivo de la demagogia punitiva. Luego aparecen las soluciones mágicas como el aumento de la tipificación de delitos, las penas, los agravantes y la restricción de las libertades. Si no somos conscientes de eso y no asumimos esa responsabilidad, dándole a la víctima el lugar que debe tener –no podemos olvidar que originariamente el conflicto penal era entre la víctima y el victimario y el Estado monopolizó la acción penal y la expropió–, si no le devolvemos ese lugar, vamos a seguir generando y aumentando ese dolor. Esto hay que tenerlo claro.

                ¿Qué estamos proponiendo? Es una semilla. Apostamos a la creación de una unidad de víctimas y testigos dentro de la Fiscalía, que no pretende sustituir a otras instituciones del Estado y de la sociedad que tienen responsabilidades. La intención es hacer un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y, en ese sentido, se elaboró un decreto que el señor ministro presentó el otro día en el Consejo de Ministros para articular la respuesta. La idea es poder informarle al ciudadano a dónde tiene que ir para ser atendido. Nos hemos reunido con autoridades del Banco de Previsión Social, con el Ministro de Salud Pública, con la directora de ASSE, con el Mides, con el Inau y con el resto de las dependencias públicas y privadas vinculadas al tema para empezar a articular esta respuesta.

Nuestro objetivo es que el sistema de salud tenga algún mecanismo que permita que si alguien hace una denuncia porque fue víctima de un delito violento, se lo identifique con un tique o algo que le otorgue prioridad en la atención, que no tenga que ir a la fila y sea atendido diez horas después. Muchos de los servicios que estamos reclamando ya están siendo prestados pero en forma inorgánica, inarticulada y tenemos que pensar en esa persona que sufrió un delito; ni que hablar de los delitos contra la integridad física o contra la vida, pero también hablamos de muchos delitos violentos contra la propiedad o incluso algunos en los que hay violencia aunque no sea en forma directa. Me refiero, por ejemplo, al caso de los productores rurales que recorren su establecimiento y se encuentran con que les faenaron animales que de pronto tenían una importante carga genética, que les había llevado tres o cuatro generaciones desarrollarla. En un abrir y cerrar de ojos pierden el producto de su sacrificio y de su esfuerzo de muchos años, sobre todo los productores bovinos. Eso también genera bronca, y hay que empezar a hacerse cargo de ella.

                Esto es lo que se busca mediante el numeral 8) del artículo 235, que traducido a cifras –hablando en criollo y en arachán básico, como solemos decir– significa $ 30:248.000. Lo que pretendemos es colocar el embrión de esa semilla que aspiramos a que siga creciendo para empezar a dar respuestas a esta gente; de lo contrario, tengamos claro que van a seguir siendo caldo de cultivo de la demagogia punitiva y vamos a seguir teniendo propuestas de creación de delitos, de agravantes, de aumento de penas en una sociedad que hoy ya tiene 11.600 personas privadas de libertad. El índice de prisionización que tenemos es de 341 cada 100.000 habitantes, de los más altos de América Latina. Para decirlo gráficamente, tenemos más presos que Colombia que acaba de salir de una guerra, más que Venezuela y más que otros países que tienen situaciones sociales mucho más complicadas que la nuestra.

Seguimos teniendo reclamos porque la sociedad no entiende que el problema no termina cuando el individuo ingresa a la cárcel. Podrá terminar un problema, pero empieza otro y, si no hacemos nada mientras ese individuo está preso, cuando sale vuelve a la sociedad en las mismas condiciones. Los presos en algún momento salen.

                Es preciso trabajar sobre esa realidad, tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades –nosotros estamos dispuestos a hacerlo– pero, vuelvo a repetir, no para sustituir a aquellas instituciones que ya prestan servicios, sino para articular una respuesta que hoy lamentablemente no está articulada. Hoy se destinan a esto muchos recursos, pero no se está atendiendo adecuadamente a este sector de la población, que es muy numeroso.

                Acá termino la exposición, pero adelanto que estamos dispuestos a contestar todas las preguntas que los señores senadores quieran formular.

SEÑOR CAMY.- Buenos días a todos.

Queremos dar la bienvenida al señor fiscal de Corte y procurador general de la nación, doctor Jorge Díaz, al doctor Cancela y a todo el equipo que los acompaña.

En primer lugar, quiero destacar expresamente el concepto y el proceso de descentralización territorial que tiene planteado la jerarquía del organismo.

Por otra parte, si bien se hizo alusión expresa, voy a formular una pregunta que tiene que ver con el articulado. De los cinco artículos que estamos tratando, el Partido Nacional aprobó cuatro en la Cámara de Representantes y no acompañó el artículo 210.

Dada esa referencia, tengo alguna pregunta para hacerle al señor fiscal. Ha sido muy claro que se requiere la generación de este cargo de adscripto, en virtud de una demanda concreta, técnica o de conocimiento específico que estaría ausente en la actualidad. Días pasados, cuando estuvieron los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, estuvimos discutiendo acerca de la distinta naturaleza de los vínculos de los funcionarios con el Estado –públicos y no públicos–, pero sobre todo con respecto a los tipos de vínculos como, por ejemplo: provisoriato, presupuestados, contratos de trabajo que generó la Ley n.º 19.121, pasantes, becarios, contratos laborales, contratos temporales de derecho público, etcétera.

                Si analizamos el artículo 210 y damos por superado el hecho de que se requieren estos cargos, sobre todo para cubrirlos con personas que específicamente tengan ciertos conocimientos de los que hoy no dispone la Fiscalía, se genera la posibilidad –topeada por un monto específico– que se agota en el mismo tiempo en que ejerza el director general. ¿Se evalúa alguna otra posibilidad de tener estos cargos que no sea agotándose con el cargo de director general? Esto supone que cuando cambie el mencionado director general va a caer este conocimiento específico que solicita la Fiscalía.

                ¿Habrá otra posibilidad de ocupar esos cargos técnicos sin esta condición que, ante un eventual cambio futuro, también los hace caer? Es cierto lo que señaló el señor fiscal en cuanto a que a veces existe la opinión de que en el Parlamento cuesta crear cargos de adscriptos, pero no por su nombre sino por esa condición no permanente y por tratarse de una demanda técnica específica. En principio, si se trata de una demanda técnica específica, habría que considerarla.

SEÑOR DÍAZ.- Concretamente y tal como he planteado anteriormente, de los tres cargos de adscriptos que legalmente podemos ocupar en este momento están ocupados dos. Una de las dos personas que contratamos como adscriptos es el licenciado en comunicación Javier Benech que está encargado de la unidad de comunicación; él ocupa una determinada responsabilidad que está prevista en la estructura. Lo que sucede es que mientras desarrollamos los concursos, hacemos los llamados y demás, hay que seguir cumpliendo la tarea.

                Por otro lado, en el otro cargo de adscripto está la magíster asistente social Mariela Solari; en realidad, se la hurtamos –por decirlo de alguna manera– a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, porque era la encargada de Uruguay Crece Contigo y la trajimos para desarrollar la unidad de víctimas. Si bien es adscripta, hoy está ocupando la función de dirección de la unidad de víctimas que, en principio, era una unidad que solo contaba con ella. Empezó desarrollando, creando y pensando cómo debía funcionar en contacto con las demás instituciones del Estado y con las instituciones privadas, y cómo debería ser esa unidad. Actualmente, ella está cumpliendo específicamente esa función y cuando hagamos el llamado para la dirección de la Unidad de Víctimas y Testigos se podrá presentar o no, o tal vez volverá a su cargo en la Administración Pública.

                En definitiva, tenemos dos adscriptos: el licenciado Benech, que no es empleado público –si mañana se ocupa la dirección de comunicación y él no es seleccionado, tal vez vuelva a la actividad privada–, y la asistente social Solari, que una vez finalizada su tarea quizás vuelva a su trabajo anterior o se quede allí.

No se trata de una provisoriedad que busque beneficiar al jerarca o al funcionario, sino que intenta desarrollar; estamos hablando de una institución como la nuestra, que nació como servicio descentralizado prácticamente con la misma estructura que tenía como unidad ejecutora dentro del Ministerio de Educación y Cultura, y convengamos que tampoco era de las más robustas ni de las más beneficiadas.

Desarrollar desde ahí un servicio descentralizado, con todos los servicios que tiene que prestar por ser tal, pero además, con todas las nuevas funciones misionales que tenemos, resulta imposible porque primero tenemos que desarrollar una unidad que entre en funcionamiento, para luego, sobre la marcha, ir corrigiendo las experticias que necesitamos porque hoy estamos pensando en un perfil, pero el día de mañana nos podemos dar cuenta de que, en realidad, precisamos otro tipo de perfil. Esa es la idea.

                Vuelvo a repetir que lo que pretendemos es contar con el mecanismo. Hasta ahora teníamos tres, pero solo uno de ellos estaba ocupado y a partir de marzo de este año, dos. Creo que hemos hecho un uso bastante ponderado de esa posibilidad –y lo vamos a seguir haciendo–, pero queremos tener la posibilidad. Por ejemplo: hemos propuesto contar con una unidad de medio ambiente, pero nosotros no podemos crearla –más allá de que la Cámara de Representantes no nos votó los recursos, veremos cómo podemos ir regando la semilla– tomando como punto de partida a un abogado. Y si fuera un abogado, debería ser alguien que tenga conocimiento de la temática, pero lamentablemente no contamos con uno dentro de la institución. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar personal afuera para empezar a desarrollarla. Lo mismo sucede con Políticas Públicas, que es una unidad que es totalmente acéfala porque no nos alcanzan los recursos.

                En definitiva, estas son las necesidades que tiene la institución; algunas de mayor urgencia y gravedad, y otras las iremos cubriendo en la medida en que podamos.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Según he entendido, para poder iniciar ese despliegue territorial, tanto en el interior del país como en los barrios, es necesario contar con infraestructura y con personal.

                Y aunque no conozco los detalles de la función, me hago la siguiente pregunta, ¿no podríamos, como primer paso, compartir lugares con otras instituciones que nos permitan ir diseñando el punto de partida del despliegue territorial de la Fiscalía, para luego consolidar el propio? Porque es un hecho que las poblaciones pequeñas siempre van a estar al final de la cola. Por eso se me ocurrió la idea que acabo de expresar.

                Quizá se puedan firmar convenios con otras instituciones del Estado      –por lo menos, en lo que tiene que ver con la infraestructura, no estoy hablando de la creación de cargos porque eso tiene otra connotación–, ya que la descentralización tiene una enorme importancia para acercar el servicio de Fiscalía al ciudadano, a los efectos de que este no se tenga que trasladar, ya que ello tiene una cantidad de inconvenientes.

                Se nombró a Fraile Muerto, que es una localidad relativamente pequeña, donde el ciudadano tiene que trasladarse para muchas cosas. Por ello sería bueno ir consolidando la descentralización en acuerdo con otras partes del Estado que permitan abordar el costo y la posibilidad de descentralización. Es solo una idea.

SEÑOR DÍAZ.- En primer lugar, en Montevideo hemos evaluado la posibilidad de llevar la Fiscalía a las cuatro zonas policiales. Incluso, siguiendo uno de los modelos, hemos evaluado la posibilidad de construir en edificios que están pegados a donde estaban los edificios de las zonas policiales. Creo que hemos estudiado todos los modelos de funcionamiento de las Fiscalías en un sistema acusatorio. Nos faltaba el chino y ahora también lo estamos estudiando. En el modelo escandinavo todas las Fiscalías comparten edificios con las dependencias policiales dedicadas a la investigación. De hecho, cada uno de los edificios tiene una doble entrada, pero tienen zonas comunes, porque tienen funcionarios que se dedican a la misma función: a investigar los delitos.

                Nosotros evaluamos esa posibilidad y no la descartamos, pero no la seguimos en una primera instancia porque teníamos varias dificultades. Por un lado, había un elemento temporal, ya que de cara al código no llegábamos con la construcción; también había un tema de fondos; pero había una tercera dificultad: convengamos en que todo este proceso de cambio y de transformación dentro de la Fiscalía, de alguna forma, ha generado resistencias internas. Los seres humanos somos animales conservadores y de costumbres y todo lo que nos saque de la zona de confort, aun cuando esta no sea confortable, nos genera resistencia.

                Entonces, dada la magnitud y la profundidad de los cambios que se están implementando en la Fiscalía, en esta primera instancia optamos por no seguir ese modelo dentro de Montevideo. Sin perjuicio de ello –otro vendrá que bueno me hará y seguramente seguirá ese camino–, que creo que es el más adecuado porque estoy absolutamente convencido de que el modelo escandinavo es el mejor.

                En el interior nosotros teníamos una propuesta originaria que era cubrir todas las ciudades de 10.000 habitantes o más y, de esa forma, teníamos una cantidad importante en Colonia, algunas en Maldonado y en Canelones. El problema con Canelones es que tiene localidades que se mezclan unas con otras. Por ejemplo, cuando uno va por la ruta 6 o la ruta 7, no sabe dónde empieza Toledo ni dónde termina.

                Esa es una posibilidad que tenemos y, por lo pronto, lo que pensamos hacer en esta primera instancia, con los recursos humanos que tenemos, es que determinados fiscales se trasladen en el territorio. Probablemente, ellos terminen desempeñando sus funciones en una dependencia policial o en una dependencia del Poder Judicial.

                También es claro que, por lo menos en algunos sectores, existe cierta desconfianza a ese vínculo entre la Fiscalía y la Policía. Incluso, en algunos aspectos, ese vínculo se maneja hasta despectivamente, pero la realidad es que vamos a cumplir la misma función. La Policía va a ser nuestro auxiliar en el desarrollo de la función de investigación criminal. Por lo tanto, por lo menos para mí no tiene absolutamente nada de despectivo.

                Dentro de estos procesos de cambios culturales, créame, señora presidenta, que, si fuera por mí, sigo con la aplanadora para adelante, pero hay momentos en que uno tiene que sofrenar un poco el caballo porque los procesos se hacen con la gente y no a costa de la gente.

                Por lo tanto, nosotros tenemos la idea que la señora senadora ha manifestado. El modelo ideal, para nosotros, es el escandinavo, en el que, repito, la Fiscalía y la Policía comparten el mismo edificio. Además, eso facilita la comunicación, las reuniones, etcétera, pero, por el momento, aspiramos solo a plantar la semilla. Otro vendrá que bueno me hará y seguramente hará ese proceso, que es absolutamente necesario, pero las cosas deben hacerse piano piano.

                Y la mención a Fraile Muerto no fue al pasar, sino que fue lo mismo que si hubiera hecho una referencia a Wanderers. Era una referencia hecha desde el corazón. Ahí nací y me crié.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: quiero dar la bienvenida al equipo de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por el doctor Díaz. Es un gusto tenerlos acá para que nos cuenten qué están haciendo en estos momentos de transformaciones. Es bien importante para nosotros.

                El artículo 146 de la rendición de cuentas del año pasado, que votamos con entusiasmo, dice: «La asignación de las funciones gerenciales, en el Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación" deberá realizarse por concurso de oposición, presentación de proyectos y mérito». Esta me pareció una innovación bien interesante y positiva. A su vez, el inciso segundo dice: «Hasta tanto no se realice el referido concurso, estas funciones podrán asignarse transitoriamente por el Director General a funcionarios del Inciso».

Después, unos incisos más adelante, se dice que la persona seleccionada para desempeñar una función gerencial, deberá suscribir un compromiso de gestión, lo que me parece una innovación bien positiva. A su vez, se dice que serán evaluadas considerando el desempeño de la persona contratada conforme al sistema de evaluación adoptado por el inciso. Considero que se trata de innovaciones bien interesantes. Por tanto, quería saber cómo está funcionando, si ya comenzaron los concursos y si en caso de tener gerentes que hayan entrado por concurso, firmaron el compromiso de gestión. Me interesaría contar con una información general de parte del doctor Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- No vino la encargada de gestión humana, pero puedo decir que en este momento estamos trabajando en el diseño de las bases de los concursos. En cuanto a las funciones gerenciales, básicamente, tenemos la unidad de implementación que la está ocupando la doctora Patricia Marquisá, a la que varios de los senadores presentes que integran la Comisión de Constitución y Legislación conocen porque ha venido en muchas oportunidades. En ese caso hemos optado por no hacer el concurso porque realizarlo –estamos terminando las bases– en momentos de la entrada en vigencia del Código, sería traumático porque se debería presentar la funcionaria que está desempeñando la función, entonces, estudia para el concurso o desarrolla la función. De todos modos, se trata de una fiscal de carrera de la institución a la que le hemos asignado esa responsabilidad. Sin perjuicio de ello, estimamos que a principios del año próximo vamos empezar a hacer los llamados para esos concursos.

El otro caso es un cargo gerencial de menor nivel que lo ocupa la doctora Gabriela Aguirre Grompone, encargada de cooperación internacional quien, más o menos, se encuentra en la misma situación porque está trabajando en todo lo relativo a la cooperación.

                 A modo de resumen, en este momento estamos terminando de armar las bases, que no son fáciles porque al ser algo innovador hay que pensarlo muy bien. Luego se harán los llamados los que, conforme lo establece la ley, en principio deberán ser cerrados a funcionarios de la institución y en caso de no ser cubiertos, podrán ser abiertos.

                Aprovecho la oportunidad para comentar que la unidad de gestión humana está desarrollando concursos para funcionarios administrativos de todos los niveles del interior y Montevideo, así como para fiscales y técnicos en informática. Es decir que en estos momentos tenemos un conjunto de concursos muy importantes en trámite que debemos ir graduando. Ese es el desafío que tenemos pendiente. Insisto en que estamos terminando de elaborar las bases.

SEÑOR CAMY.- Quisiera dejar sentada una constancia. Coincido con la opinión de la señora senadora Topolansky. Días pasados, analizando algunas reuniones de esta Comisión sobre la rendición de cuentas anterior, surgió la situación que se da en más de una capital departamental del interior donde hay una cantidad significativa de alquileres para distintos organismos del Estado. Al mismo tiempo, han quedado espacios físicos del Estado en desuso con una ubicación estratégica en los principales cascos urbanos. Parece lógico hacer convenios e implementar una especie de centro cívico –lo instrumentó Canelones y algún otro departamento está en eso– en el que se concentre la mayor cantidad de dependencias. Incluso, a largo plazo podría pagar la inversión el ahorro en alquileres. Si bien parece lógico, es frustrante para nosotros porque en principio todos los organismos están de acuerdo, pero después surgen las dificultades que todos conocemos que se dan en el Estado como para llegar a concretarlo. De pronto, el tema de la Fiscalía se podría tener en cuenta dentro de esa lógica.

Como el fiscal habló del ideal en este nuevo paradigma, en este cambio de misión de la Fiscalía dentro de este nuevo sistema, y se refirió a asociarse a las dependencias policiales, quería hacer una consulta a ese respecto, ya que estoy al tanto de que hay intendentes llevando a cabo reuniones con distintos jerarcas por este tema. Quisiera saber si es inconveniente para la Fiscalía, o no es lo ideal, estar en un espacio físico común con el Poder Judicial, teniendo en cuenta la nueva forma de trabajo que se va a implementar. Hago esta consulta en caso de que se esté pensando en algún lugar del país para ejercer esta especie de centro físico. También pregunto, entonces, si sería positivo intentar alguna experiencia con dependencias policiales.

                Por otro lado, quiero saber si la Fiscalía tiene establecida alguna preferencia que pueda señalarse –o prefiere no hacerlo– sobre las ciudades que tienen prioridad en el análisis de las dos Fiscalías a crearse.

SEÑOR DÍAZ.- Con respecto a la posibilidad de realizar convenios con otras dependencias, debo decir que no tenemos ningún inconveniente en celebrar convenios con quien sea. Tenemos una dificultad con respecto a que las Fiscalías –quizás no en esta primera etapa pero sí en el futuro– pueden ser dependencias en las que ingresen personas privadas de libertad. En general, ese tipo de dependencias no son muy queridas por las otras dependencias del Estado, y más bien son rechazadas. De todas maneras, en un principio, nosotros vamos a empezar el 1.º de noviembre y en el único lugar del país donde vamos a tener carcelaje, es decir que van a ser trasladados detenidos a dependencias de la Fiscalía, va a ser Montevideo; en el resto del interior serán los fiscales los que se trasladen a las unidades policiales siempre que haya que entrevistarse con una persona privada de libertad. Por lo tanto, el vínculo es más directo en esa fase con la fuerza de seguridad que con el Poder Judicial. Sin perjuicio de eso, no tenemos inconveniente en realizar convenios o vincularnos con dependencias del Estado. De hecho, estamos pensando en instalar –ya hemos hablado algo de esto con los intendentes de Montevideo y Canelones, pero lo pensamos hacer con el resto de los intendentes– unidades receptoras de denuncia en dependencias municipales, que tienen extensión en todo el territorio nacional.

Es claro que en cuanto a la recepción de la denuncia, más allá de que se puede hacer en una dependencia de la fuerza de seguridad, existe cierta desconfianza de parte de las víctimas de determinados delitos en particular en ir a hacer la denuncia a una dependencia de las fuerzas de seguridad. Entonces, ese hecho o no se denuncia o se termina buscando alguna vía oblicua para llegar. En ese sentido, la posibilidad de tener centros de recepción de denuncias en todo el territorio nacional sería fundamental, sobre todo con un sistema informático que permite que una vez hecha la denuncia, impacte a nivel central. Son todas posibilidades que estamos explorando y hemos encontrado muy buena voluntad de parte de todos los actores. El tema es que la Fiscalía tiene una estructura pequeña y vamos atendiendo en la medida de lo posible. Como dice el paisano, en la medida que nos va dando el cuero, vamos avanzando. Todavía no hemos logrado materializar nada en concreto con respecto a ese punto, pero sí tenemos la mejor buena voluntad. Me interesa dejar claro que en cada uno de los lugares donde hemos ido a golpear la puerta, siempre hemos encontrado la mejor disposición. Ahora bien, es claro que el «pienso» de cómo debe ser el modelo, lo debemos poner nosotros y a veces no nos da para cubrir todo.

Con el Poder Judicial tenemos una comisión de implementación que está trabajando en los distintos aspectos, como por ejemplo en el establecimiento de flujogramas, y hemos tenido avances y retrocesos, esa es la realidad; por suerte, hemos tenido más avances que retrocesos, pero los procesos son dinámicos y se da entre instituciones distintas, con envergaduras distintas. Recordemos que el Poder Judicial al lado de la Fiscalía es un verdadero monstruo, pues tiene más de 5.000 funcionarios, y a veces los sistemas de interoperabilidad no son fáciles. El Poder Judicial tiene un conjunto muy grande de materias que nosotros no tenemos y tiene otras realidades que atender. Estamos trabajando bien, pero vamos avanzando al ritmo que podemos.

                Con respecto a las dos Fiscalías, como no tenemos locales –esto está relacionado con la respuesta anterior–, al 1.º de noviembre una va a crearse en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José, porque el volumen de trabajo existente y las cargas de trabajo en la ciudad de Libertad son manifiestamente superiores a las del resto de las dependencias del país. La otra Fiscalía va a estar en el departamento de Maldonado, que también tiene una carga de trabajo muy superior a la del resto del interior del país.

                Tenemos pendiente Atlántida y alguna otra dependencia en el departamento de Canelones, donde existen dificultades importantes porque los flujos de trabajo que se dan en Montevideo y zona metropolitana, Maldonado, Rivera y Paysandú –pero sobre todo Maldonado y Rivera– son sustantivamente superiores a los del resto del país, aun con la infraestructura actual. Entonces, son realidades que debemos atender. Y podemos atenderlas mediante la creación de una Fiscalía o reforzando en la base, es decir, designando más adscriptos para esos lugares. De hecho, hoy en Rivera tenemos una dotación de doce, trece o catorce fiscales, entre titulares y adscriptos; en Paysandú la dotación es de diez fiscales; y en Salto la cantidad es más o menos igual. Esos son los lugares donde hay mayor volumen de trabajo.

                Ahora bien, hay otros lugares donde el volumen de trabajo no es tan grande, pero enfrentamos el problema de las distancias, que es una realidad que también debemos atender. Vamos de a poco. En la medida en que podamos, lo vamos a ir cubriendo.  

                En cuanto a aquellas ciudades que no tengan Fiscalías, en el futuro, en la medida en que podamos instalar locales y contar con los recursos para ello, estarán centralizadas básicamente en los departamentos de Canelones, Maldonado y Colonia. En este sentido, Colonia, por ejemplo, tiene más de quince poblaciones con más de cinco mil habitantes. Nosotros tenemos una Fiscalía en Carmelo, pero es mayor el volumen de trabajo que viene de Nueva Palmira. Esas son algunas de las realidades que hemos estado estudiando.

                Y ni que hablar de Canelones, departamento que tiene una realidad muy variopinta. Con relación a Maldonado, si bien el flujo, el grueso está concentrado en la ciudad de Maldonado y Punta del Este, está San Carlos y hay ciudades como Piriápolis, por ejemplo, que no ocurre a lo largo de todo el año, pero en el verano tienen un incremento importante del flujo de trabajo. Debemos destacar que hay realidades que no son constantes. Así pues, la zona del este varía muchísimo según la época del año, sin perjuicio –vuelvo a repetir– de que en Maldonado y Punta del Este el volumen de trabajo se mantiene a lo largo de todo el año, y tiene cargas importantes de trabajo.

En cuanto a Rivera, esta es una ciudad particularmente compleja porque a la cantidad de población que tiene esa ciudad, a las modalidades delictivas, que allí hay de todo –creo que todos los delitos existentes en el Código Penal en algún momento allí se tipifican–, debemos agregar que al lado tenemos a Santa Ana, que es otro monstruo. A eso se le suma la complejidad de estar en la frontera. Entonces, es una realidad muy compleja.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más inquietudes o preguntas, les agradecemos muchísimo su presencia en la mañana de hoy. Creo que ha quedado clarísimo y seguiremos en contacto.

                Muchas gracias.

SEÑOR DÍAZ.- Muchas gracias a ustedes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se levanta la sesión.

(Son las 11:18).