SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, queda abierta la sesión.

(Son las 10:00).

                –Damos la bienvenida a las representantes de la Fundación Pablo de Tarso, Obra Ecuménica Barrio Borro.

Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA BARROS.- Muy buenos días.

                Muchas gracias por recibirnos.

                Mi nombre es Lucía Barros y soy directora de la institución desde el año 2012. Soy trabajadora y educadora social, y actualmente estoy haciendo una maestría en Gestión de Proyectos. Me acompaña la subdirectora de la institución, Caterine Lopetegui –que se sumó este año–, que es profesora de filosofía y trabajadora social, y Tatiana Tomé, comunicadora de la obra y licenciada en comunicación.

                La idea era hacer una presentación sobre la trayectoria de la institución y contarles a los señores senadores cuáles son los desafíos que tiene la obra y por qué estamos hoy aquí.

                La fundación funciona desde 1950 en Casavalle y se formalizó en 1978, en plena dictadura. Su historia comenzó con pastores protestantes que habían estado privados de libertad en la dictadura como presos políticos. Era un momento social bastante importante para Casavalle, ya que en ese momento se empezaban a realizar los primeros realojos y la crisis social y económica empezaba a impactar de lleno. Fue así que se empezaron a realizar ollas populares y a atender directamente a los niños. Pero cuando esos niños comenzaron a crecer y se transformaron en adolescentes, quedaron «en la vuelta». En el barrio Casavalle hay una esquina muy simbólica –cabe aclarar que en esa zona dos cuadras pertenecen al Borro, dos cuadras a Bonomi y dos cuadras a Unidad Casavalle y los Palomares–, que está situada en el centro y fue el lugar donde se empezó a trabajar con los niños, luego con los adolescentes y con los años se ha ido profesionalizando.

                Actualmente, trabajamos en siete áreas. En el área Infancia tenemos un convenio con INAU desde el año 2000. En el área Adolescencia tenemos un programa llamado Casa Joven, que se reformuló y pasó a ser Centro Juvenil de INAU. También tenemos un aula comunitaria, que creemos que este será su último año de funcionamiento. Tenemos un proyecto que se llama La Vereda, que es un curso de líderes recreativos comunitarios. Este proyecto fue pensado para adolescentes del barrio, para que cuenten con una formación en recreación y liderazgo. Es su tercer año de funcionamiento y se han capacitado un montón de adolescentes que, a su vez, han hecho proyectos de impacto en el barrio, en la plaza Casavalle, en el complejo Sacude y con otros adolescentes y jóvenes que se encuentran en el barrio. Asimismo, desde hace un par de años tenemos un convenio con la UTU, con FPB, y este año empezó a funcionar la primera formación profesional básica comunitaria de belleza. Cabe destacar que fue una odisea lograr que este curso –con la UTU de Lavalleja de la mano– se impartiera en un contexto comunitario. Pero logramos que el barrio contara con una propuesta de ciclo básico comunitario con opción belleza.

                Desde el área Territorio y Familia gestionamos un Socat –Servicio, Orientación, Consulta y Articulación Territorial–, que es una política del Mides a nivel territorial.

                Voy a ir un poco rápido, porque me quiero detener en aspectos que son más interesantes.

                 En realidad, hoy venimos básicamente por un proyecto que tenemos en el área de discapacidad. El año pasado nos presentamos a una iniciativa de fondo local del Sistema Nacional de Cuidados y el Mides para gestionar pequeños proyectos que tuvieran que ver con el área de cuidados, y el nuestro fue el único que se presentó para trabajar con adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad. Lo estamos gestionamos con mucho esfuerzo, pero también con excelentes resultados.

                Hoy Casavalle no tiene ningún proyecto destinado a adolescentes o jóvenes en situación de discapacidad. Está la escuela especial, que recibe a niños hasta cierta edad, pero luego hay un montón de jóvenes y adolescentes en el barrio que no tienen diagnósticos certeros, lo que quiere decir que no acceden a ninguna prestación o proyecto educativo o de acompañamiento, ya sea por BPS u otro servicio social.

                Estamos trabajando con 17 adolescentes, pero tenemos lista de espera. Lo que sucede es que somos pocos técnicos y tenemos un trabajo bastante arduo, porque el 90 % de esa población no sabe leer ni escribir. Es más, tenemos tres jóvenes que ni siquiera están inscriptos en el Registro Civil y esta es su primera inserción educativa, aunque en realidad este no es un proyecto educativo formalmente, sino que es de acompañamiento y de fortalecimiento de la autonomía.

                Hoy, en lo que va del año, tenemos una desvinculación cero a este proyecto, ya que vienen siempre. En estos 39 años formales, la obra ha generado un sistema de pertenencia y la gente la reconoce como su lugar, lo que hace que casi todos nuestros proyectos tengan lista de espera. Nuestro local es pequeño y, además, en la diaria, somos 40 funcionarios atendiendo a más de 300 personas, por lo que lamentablemente debemos optar por dejar gente fuera.

                Concretamente, este proyecto acaba en diciembre y es un desafío para nosotros. Por un lado, es un trabajo a nivel individual –en la autonomía de cada uno de los jóvenes y adolescentes que se acercan al proyecto–, con una capacitación en gastronomía, que es como una excusa porque de esa manera se puede trabajar en los aspectos manuales y también dar un oficio o herramienta que les permita ser sustentable en el barrio y a largo plazo. Por otro, también hay un trabajo a nivel familiar, ya que la mayoría de estas familias tienen situaciones de discapacidad importantes y no solo no pueden acompañar a estos jóvenes, sino que también tienen muchas limitaciones para ayudar a que puedan pensar en otro proyecto de vida que no sea quedarse en el barrio o en las casas.

                Pensamos que sería poco significativo para ustedes traerles datos sobre Casavalle, pero sí queríamos contarles quiénes son los jóvenes que nosotros atendemos y cuáles son las dificultades y los desafíos.

                Este programa puntual se llama Paprika, que es un pimiento dulce, y nos pareció un nombre divertido. En realidad, después que lo pusimos nos resultó un poco difícil, pero queríamos que fuera una especie.

                Quiero darles algunos datos. Diariamente recibimos a 56 niños y a 165 adolescentes. De estos últimos, la mayoría son hombres, aunque es muy poca la diferencia. Tenemos un área de género en la que están trabajando dos técnicas en forma transversal a todos los proyectos y en las mesas de coordinación zonal, que nosotros lideramos en Casavalle y este año también en parte del Marconi, a través del proyecto del Mides. Hacemos un trabajo bastante fuerte con las chicas, porque además este año tenemos un índice muy alto de adolescentes embarazadas. Todos los años tienen como una característica especial.

La población con la que trabajamos este año se caracteriza por la aplicación de medidas socioeducativas no privativas de libertad; casi un 10% son adolescentes, de los cuales muchos de ellos estuvieron privados de libertad. Cuando el juez les pregunta, luego de la privación de libertad, qué quieren hacer, ellos dicen: yo quiero ir a la Ecuménica. Es la frase con la que se caracteriza verbalmente a la institución. El juez nos los deriva a nosotros para iniciar un proceso de inserción y también educativo. Este año tenemos un gran número de adolescentes.

                De los 165 adolescentes que recibimos, el 48% son mujeres. Muchas de ellas son madres y llevan muchos años fuera del sistema educativo, ya que tuvieron que dedicarse al cuidado de hermanos pequeños o han estado a cargo del orden familiar.

Haré mención a algunas cifras que resultan interesantes. Los números muchas veces son poco demostrativos de la realidad, y al tener que ser tan breves en nuestra exposición, quisimos que tuvieran un pantallazo general. Con respecto a la educación, el 89% culminó primaria y un 11% la está terminando con nosotros. Esa es una de las opciones que tienen los adolescentes que vienen a la obra: acreditar primaria en nuestra institución. Tenemos un promedio de tres años de abandono del sistema formal. El 28% se encuentra en situación de discapacidad y de ellos el 80% no sabe leer ni escribir. Para un 60%, la obra es el primer centro educativo al que tienen acceso.

En cuanto a la estructura familiar, el 85% vive en familias monoparentales, obviamente de jefatura femenina. En Casavalle la mayor cantidad de la población en situación de pobreza son mujeres. El 35% de las familias –dato que hemos observado este año– tiene algún integrante privado de libertad y un 18% de esas familias ha tenido, en los últimos años, algún miembro fallecido por ajuste de cuentas. El 11% de la población se encuentra en situación de violencia doméstica.

Dentro de los objetivos logrados está el tema de la trayectoria y de la acción ininterrumpida de convenios estatales durante muchísimos años, que si bien son una fortaleza, como desafío nos encontramos en un momento de mucha inestabilidad, ya que las políticas sociales nos han generado algunas cuestiones de precarización laboral de algunos de los convenios que tenemos. Todos los años nos encontramos en la disyuntiva sobre qué proyectos se van a sostener y cuáles no. En los últimos años hemos tenido que buscar financiación internacional que constituye casi el 35% del dinero que nos llega. Muchos de esos proyectos cuentan con un plus de dinero que viene del exterior. Nuestro desafío –razón por la cual hoy estamos aquí– es que al ser un país de renta media, dentro de dos años vamos a perder esos fondos porque Uruguay deja de ser merecedor de ese dinero.

Agradecemos la oportunidad de plantearles que nos encontramos en una situación bastante difícil en cuanto a lograr una sostenibilidad y sustentabilidad a lo largo de los años. Creemos que lo que estamos haciendo es positivo. Trabajamos en una situación de riesgo con la población de mayor riesgo. Algunas cosas como el 0% de desvinculación, el 80% de aprobación educativa de la propuesta adolescente o el 75% de continuidad de los adolescentes que pasaron por la obra y hoy se encuentran insertos en la UTU o en el liceo, son la prueba de los logros de nuestro trabajo que tal vez parezca invisible por tratarse de una institución chica, peros apostamos a seguirlo haciéndolo.

SEÑORA TOPOLANSKY.- El material que entregaron es bastante largo para poder mirarlo rápidamente.

Evidentemente, existe una gran incertidumbre sobre la existencia de convenios o programas estatales que le den continuidad a la obra. Creo que se puede trabajar sobre el tema –no desde esta comisión, pero sí desde otras comisiones del Parlamento– porque por el tipo de obra que se trata, requiere de estabilidad.  Me parece que eso es algo a señalar. Creo que podemos buscar la forma de trabajar para lograr una planificación.

                La pregunta concreta es la siguiente. Cuando un juez deriva a un muchacho o a una muchacha con medidas alternativas, ¿se le hace algún aporte económico a la institución?

SEÑORA BARROS.- No, no recibimos ningún aporte económico extra. De hecho, trabajamos con estos convenios y creemos que debemos trabajar en convenio con el Estado porque queremos ser cogestores de la política pública, dado que entendemos que debemos incidir.  Los convenios son esto. Hace mucho tiempo que habíamos decidido trabajar un poco más recibiendo más adolescentes y teniendo una política de mayor calidad, pero todas esas complementaciones a nivel económico, no están. Por supuesto, es una decisión nuestra porque apostamos a trabajar, pero no nos genera ningún beneficio. En realidad, a veces, nos cuesta un poco porque necesitamos contar con una persona que pueda acompañar individualmente. Reitero que no tenemos ninguna partida extra por trabajar con adolescentes con medidas alternativas ni con situación de discapacidad.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Creo que ese es otro punto en el que no se puede trabajar porque esta es una tarea encomendada por un juez.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos mucho por la información que nos brindaron. Como dijo la senadora, tal vez no sea a través de esta comisión ni de la rendición de cuentas, pero sí hay posibilidades de conversar con las instituciones y, sobre todo, los programas que financia el Mides, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y el Ministerio de Salud Pública.  Habría que explorar esa posibilidad.

SEÑORA BARROS.- Muchas gracias por recibirnos.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Obra Ecuménica Barrio Borro).

(Ingresa a Sala una delegación del Instituto Tiburcio Cachón).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos recibiendo a una delegación del Instituto Tiburcio Cachón integrada por las señoras Ana María Suárez y Ana Alba Silvera y los señores Julio Pérez Messa y José Enrique Bonetti.

SEÑORA SUÁREZ.- Muchas gracias por recibirnos.

                Queremos plantear un proyecto con el objetivo de mantener al Instituto Tiburcio Cachón en el lugar físico que tiene hasta hoy. Pensamos que no se trata de un proyecto exagerado, sino que está dentro de lo que se puede hacer, pues no implica un gasto para el Estado, que es lo principal. Los usuarios y exusuarios del instituto Cachón consideran que allí están dentro de un lugar físico adaptado a sus necesidades. No es fácil para las personas ciegas movilizarse en el instituto Artigas, pues el edificio tiene muchos problemas para que ellos se movilicen, principalmente en los ingresos, las escaleras, los espacios. En cambio, el instituto Cachón ya está construido y confeccionado para ellos, atendiendo las necesidades que tienen a fin de movilizarse sin acompañamiento. Allí se puede aprender porque, incluso, están adaptados espacios como la cocina, las oficinas, los baños. 

El instituto Cachón se inicia con un testamento en el que Cachón le dejaba la herencia a la hermana y, cuando ella faltara, la herencia iba a la asistencia pública a efectos de crear un asilo para ciegos. Esta historia está descrita en el documento que les hemos entregado. El asilo se hizo a la altura de General Flores y el edificio no era el más adecuado para las personas ciegas y pasó a ser parte de lo que es hoy el INAU. Entonces, se construyó en el predio de la liga contra la tuberculosis. Esa construcción era propiedad de Salud Pública porque el Ministerio de Salud Pública fue el que intervino en primera instancia en la administración e intervención del instituto Cachón y luego esa administración pasó al Mides. Actualmente, el predio es de la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis y la construcción es del Estado, ahora en manos del Mides. El instituto de ciegos se formó como una asociación civil que se hizo con la idea de formar un asilo para las personas ciegas. El instituto Artigas tiene muchos bienes, apartamentos que la mayoría están alquilados y los otros están para reconstruir, propiedades, campos y el predio de lo que es hoy el club de fútbol El Ombú, que se encuentra en 8 de Octubre. Con la ley de presupuesto anterior, la de 2015, esos predios pasaron a ser propiedad del Mides. Entonces, ya que son bienes cuyos beneficiarios deben ser las personas ciegas, pensamos que se podría intervenir a favor del instituto Cachón. El traslado que se quiere hacer del Instituto Tiburcio Cachón tiene motivos económicos, porque la liga alega que es el único predio que tienen y que el alquiler que están recibiendo actualmente es muy escaso. Cuando se pidió el aumento del alquiler fue que el Mides consideró que no podía hacer frente y de ahí surge el tema del traslado.

Hoy por hoy consideramos que de los bienes del Instituto Artigas y los ingresos que por ellos percibe el Mides se puede sacar una pequeña porción para pagar el alquiler. De esta forma, el Instituto Cachón continuaría en ese predio que es esencial para todos quienes concurren a él, no solo por la construcción, sino por la ubicación, porque por las cuatro avenidas que allí confluyen no hay problemas de circulación, cosa que sí pasa con el Instituto Artigas. En la documentación que entregamos a la comisión se adjuntan informes de la Intendencia de los cuales surgen varios problemas de ingreso a la zona, ya sea por los estacionamientos, porque las esquinas no coinciden o por las veredas que no existen. El Mides presentó un plan de obras y una memoria descriptiva.

                Pensamos que si no hay plata para pagar un alquiler, esas obras van a insumir mucho más dinero, porque habría que refaccionar no solo parte de la construcción del Instituto Artigas, sino también sus alrededores. En realidad, hay problemas para poder avanzar en las obras porque, según los informes que nos han hecho llegar, en el Instituto Artigas no ha habido muchas obras de adaptación. La sentencia del juez expresa que no se puede hacer el traslado hasta que todas esas obras se realicen y que las personas ciegas y de baja visión queden en iguales condiciones edilicias y de acceso a lo que es el Instituto Cachón. Por lo tanto, según la memoria descriptiva y los datos del informe de la Intendencia esto insumirá tiempo y mucho gasto.

                Entonces, dado que el Instituto Artigas tiene muchos bienes, existe la posibilidad de que parte de las rentas que recibe por los alquileres de los apartamentos se destine al pago del alquiler y se puedan vender algunos bienes adquiridos por el Mides para comprar el predio del Instituto Cachón. Vuelvo a decir que la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa recalca que ellos son dueños del predio y no de la construcción, lo cual abarata mucho más el tema de un precio o posible precio. Tengamos en cuenta que hablamos de venta, pero podría hacerse también una permuta. En realidad, la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa no quiere desprenderse de muchos bienes, por lo que una permuta podría ser posible. Se podría permutar el predio del Instituto Cachón por algunos de los bienes del Instituto Artigas.

                Precisamente, todo esto está plasmado en el articulado de este proyecto de ley. Conviene precisar que lograr ello no tendría costo alguno para el Estado; por el contrario, creemos que esto le representará un ahorro, porque no habrá gastos de obras sino, simplemente, un gasto de compra o permuta que va a salir de lo que era el Instituto Artigas. Reitero que con esto el Estado ahorrará gastos.

                Consideramos posible lograr la introducción de este articulado en el proyecto de ley.

SEÑOR HEBER.- Este ha sido un tema muy debatido, sobre todo en la Cámara de Representantes que, incluso, motivó una interpelación a la señora ministra.

                Si no entendí mal, ¿nuestros visitantes nos están haciendo llegar unos artículos?

SEÑORA SUÁREZ.- Sí, son dos artículos.

SEÑOR HEBER.- Tuve oportunidad de visitar el Instituto Tiburcio Cachón y realmente me asombró la atención y el trabajo allí desarrollado. Los argumentos sobre la accesibilidad eran muy importantes, no solamente los cursos, las modificaciones, las obras que hicieron en el Tiburcio, las nuevas disposiciones, sino también el acceso a toda la zona, cómo puede ingresar la gente que, a veces, se traslada desde el interior hacia el instituto para poder aprender a convivir con su situación de no vidente. Allí hay un equipo de gente maravillosa.

                Uno se pregunta ¿por qué arreglar lo que no está roto? ¿Por qué arreglar lo que realmente funciona bien? Es importante tener la posibilidad de ver si, por estos artículos que ustedes nos alcanzan, la situación se pueda compensar y que haya un argumento mayor. Nosotros no hemos tenido, por parte de la ministra Arismendi, una argumentación que pudiera justificar el traslado, porque por lo que usted dice las obras que hay que hacer en el Instituto Artigas, son más importantes que las que se deben realizar para mantener en el instituto Tiburcio Cachón a la población que allí se asiste. Entonces, pediríamos una opinión al ministerio porque, si no tiene costo, sería una gran cosa que continúen trabajando y asistiendo en ese instituto a las personas no videntes.

Hasta ahora no hemos tenido, repito, una explicación que nos convenciera en el sentido contrario.

SEÑORA SUÁREZ.- Se comenzó a trabajar en este asunto en noviembre de 2015, momento en que hubo una reunión con los usuarios, exusuarios, comisiones, e institutos de personas ciegas y de baja visión. En esa oportunidad, el único argumento que se planteó era que no había dinero para pagar el alquiler, pero ya estaba tomada la decisión de que se hiciera el traslado. Fue por eso que nosotros empezamos a buscar métodos y formas para poder solucionar el tema, pero siempre nos encontramos con el mismo motivo: la falta de recursos para pagar el alquiler. Hoy por hoy, no sé si esa situación será tal porque el Cachón sigue todavía allí. No sé si seguirán pagando el mismo alquiler o si lo aumentaron. El instituto todavía está allí y no se ha hecho el traslado. Tampoco nos han dado fecha de traslado porque, vuelvo a lo mismo: si ellos tienen que acatar lo que dispuso el juez, es decir, que el traslado tiene que hacerse solo cuando el instituto Artigas esté adaptado a las necesidades de las personas ciegas, falta mucho porque las obras que se han hecho no son suficientes. Lo único que ellos alegan es que hay un galpón en el costado del edificio principal que lo van a acondicionar en forma provisoria para que las personas ciegas puedan hacer allí algún curso. Pero un galpón no alcanza para todo lo que tienen que aprender. En este sentido, me gustaría que alguno de ellos hablara.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador Bordaberry pidió la palabra para hacer una pregunta. A su vez, le recuerdo que estamos casi sobre la hora que disponen para hacer su exposición.

SEÑOR BORDABERRY.- La preocupación que tengo es jurídica porque la donación del Tiburcio Cachón, o el destino de los bienes al Instituto Nacional de Ciegos General Artigas, es modal. Según he estudiado aquí, el fin era destinar el predio, justamente, para que lo utilizaran los no videntes. Por lo que veo, el Mides no está volcando ese dinero para pagar el arrendamiento.

                Me gustaría saber si ustedes han hecho algún tipo de acción o si saben que esa situación podría llegar a perjudicar los ingresos el día de mañana. No sé si podría ser así.

SEÑOR OTHEGUY.- Tomando en cuenta la inquietud que planteaba el señor senador Heber, propondría enviar una minuta de comunicación al Ministerio de Desarrollo Social pidiendo opinión sobre los dos artículos que se proponen, y sobre cuál es la situación actual con respecto al alquiler que se pagaba y cuánto se está abonando en la actualidad por el Centro Tiburcio Cachón. Como ya concurrió la delegación del Mides a esta comisión, no va a volver hacerlo, por lo tanto, propongo enviar una minuta de comunicación para hacer ese pedido de información.

SEÑORA PRESIDENTA.- Y podríamos también, de acuerdo con su propuesta, enviarles el proyecto que nos han presentado.

SEÑORA TOPOLANSKY.- De todos modos, los artículos se pueden ver fuera del tratamiento de la Rendición de Cuentas. Pero tengo entendido que las donaciones modales tienen un período de prescripción.

SEÑOR BORDABERRY.- Hace algunos años se presentó un proyecto de ley en ese sentido, pero no se aprobó.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pero esta donación es de 1911.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sugiero que realicemos las consultas jurídicas correspondientes en otro momento.

                La resolución unánime, entonces, es enviar el proyecto, una minuta de aspiración y una consulta al Ministerio de Desarrollo Social, para ver en qué condiciones están los alquileres.

SEÑORA SUÁREZ.- Quiero aclarar que se hicieron dos acciones judiciales.

                En el tema de la donación modal, la sede judicial dice que no tenemos legitimación activa para reclamar, porque sostiene que los que tienen que reclamar son los herederos del señor Cachón. El problema es que hoy no hay herederos. También hicimos un reclamo judicial por el tema del Instituto Artigas, y nos encontramos con lo mismo. El Instituto Artigas es una asociación civil y no se debería derogar por ley. Pero en la vía judicial tampoco tenemos legitimación activa, porque los que tendrían que reclamar son los herederos de los que integraban la asociación civil.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo principal es el planteo que han hecho y que ha sido recogido por la comisión. Obviamente, queda claro que no se va a considerar en el transcurso del tratamiento de la Rendición de Cuentas, pero sí vamos a realizar gestiones a propósito del proyecto y los planteos que nuestros visitantes han formulado.

                Agradecemos, entonces, a la delegación del Instituto Tiburcio Cachón por su presencia en la sesión de hoy.

(Se retira de sala la delegación del Instituto Tiburcio Cachón).

 

 (Ingresan a sala los representantes de la Comisión Nacional

Honoraria del Discapacitado)

–Damos la bienvenida a la contadora Patricia Ayusto y a la señora Graciela Rumi –delegada por las organizaciones civiles– y les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA AYUSTO.- Buenos días y gracias por recibirnos. Antes de comenzar la exposición quiero pedir disculpas en nombre de otras personas de la comisión que querían venir y que no lo pudieron hacer por un tema de horarios.

                Queríamos comentarles sobre los antecedentes de la comisión –por si algún senador no los conoce–, sus cometidos y el fin por el que estamos aquí. 

La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado fue creada por el artículo 10 de la Ley n.º 16095, de octubre de 1989, producto de un fuerte movimiento asociativo vinculado a la discapacidad y por la receptividad que tuvieron los legisladores. Como es una entidad pública de derecho privado y con personería jurídica, en ese momento funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública.

 Los representantes de organismos públicos y organizaciones civiles poseen los mismos derechos y obligaciones, lo que asegura la participación plena en igualdad de condiciones para todos sus integrantes. Los múltiples cometidos de la comisión, desarrollados en el artículo 11 de la referida ley, apostaron a la protección integral de las personas con discapacidad y obedecieron a un cambio de políticas nacionales en ese sentido. La importancia de la comisión hizo que se incluyera y ratificara su función en la nueva Ley de Discapacidad n.º 18651, de 2010. Esta ley hizo modificaciones a la legislación y puso en el centro un nuevo paradigma de la discapacidad, manteniendo la participación e inclusión plena de la sociedad civil organizada. Allí la comisión pasó a denominarse Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social. Se aplicaron los conceptos universales sobre la temática y por el decreto 15, de julio de 2014, se designó a la CNHD como organismo encargado de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones de la «Convención sobre los derechos de personas con discapacidad» en el ámbito nacional.

En cuanto a la situación económica, podemos decir que al día de hoy la comisión ha perdido paulatinamente sustento económico al punto de que su existencia está en peligro. Si bien se entiende que las finanzas estatales atraviesan un momento crítico, es necesario reiterar la importancia que tiene esta comisión. En los últimos planes de Gobierno ha cobrado una indiscutible trascendencia el garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas. Es en este sentido que mantener y crear nuevas formas estatales de apoyo a los colectivos más vulnerables, que incluyen a las personas con discapacidad, se torna una prioridad. La CNHD es una entidad creada para promover y proteger los derechos de personas con discapacidad y, por ende, estaríamos en omisión si dejáramos que desapareciera por carencia de recursos. Si bien se creó por ley y fue ratificada por otra ley, en ninguno de los dos casos se le asignó presupuesto para su funcionamiento. Creemos que el Estado debería procurar recursos suficientes para que la comisión no cierre sus puertas, que es lo que está por suceder.

En el marco del literal F. del artículo 14 de la Ley n.º 18651, esta comisión recibe sus ingresos a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por el Inciso 21, «Ley de subvenciones». Recibe $ 2:420.000 para el funcionamiento e inversiones de la CNHD y $ 765.000 para el funcionamiento del servicio de transporte adaptado puerta a puerta, que lleva adelante la comisión. Dichas partidas no han sufrido incrementos sustanciales en estos últimos años y progresivamente se han incorporado actividades y servicios a través de la comisión que han generado obligaciones adicionales, lo que en realidad produce un desfinanciamiento paulatino.

La comisión cuenta con 11 funcionarios en relación de dependencia directa, con antigüedades que van desde uno hasta más de 20 años de trabajo. Se ha demostrado un gran compromiso en la formación y especialización para con el colectivo de personas con discapacidad.

Asimismo, hay que destacar que la comisión, dando cumplimiento a la cuota de reserva del 4 % del artículo 49 de la ley, incorpora en su plantilla funcionarios y, de hecho, hoy una de las personas que trabaja con nosotros tiene discapacidad.

                En consecuencia, el Estado junto a la sociedad civil organizada constituye un ámbito de coordinación interinstitucional en igualdad de condiciones, tanto de voz como de voto, y es el único espacio genuino que tiene el movimiento asociativo vinculado a la discapacidad para expresarse, desarrollar acciones y participar en la toma de decisiones en forma democrática, como lo marca la convención ratificada por la Ley n.º 18418 del año 2008.

 La convención sobre los derechos de personas con discapacidad, en su numeral 29, establece que los Estados partes deben promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan garantizar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos.

Por otra parte, es importante destacar que la comisión nacional elaboró un proyecto de reglamentación de la Ley n.º 18651 que fue elevado con fecha 25 de noviembre del año 2011 al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Desarrollo Social, el que se incluyó en anexo de la solicitud de un presupuesto acorde a las competencias encomendadas por la normativa, que no prosperó. En este marco, la comisión solicita se tenga a bien asignar a la comisión nacional las partidas necesarias para seguir adelante con su funcionamiento, para lo cual propone la incorporación de un artículo, que leeremos a continuación y adjuntamos al material que dejamos en esta comisión. El artículo dice lo siguiente: «Increméntese el inciso 21, Subsidios y Subvenciones, los créditos presupuestales que se enumeran a cargo de la financiación: 1.1 Rentas Generales, en los importes en moneda nacional, programas y unidades ejecutoras que se detallan para el ejercicio 2018 y siguientes. Programa 14, inciso 15, que es el que nos corresponde, a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, $ 2:000.000 adicionales a los que recibimos y a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad para el servicio de transporte, $ 1:000.000.» En total serían $ 3:000.000.

                Quiero aclarar como contadora que esos $ 3:000.000, más lo que nosotros hoy en día recibimos, es lo básico para el funcionamiento. En realidad, en este momento el dinero nos lleva a que cerremos las puertas por no poder mantener la comisión. Repito que este cálculo de $ 3:000.000 es lo básico para poder mantener las puertas abiertas, y para generar mayores acciones para las personas con discapacidad.

                A continuación, voy a hacer un resumen de las acciones que desarrolla la comisión, que seguramente se conocen, en distintas áreas de competencia de la ley. Hay una subcomisión de trabajo, que lo que hace es asesorar y aconsejar a los organismos de la administración pública sobre las medidas convenientes para las adaptaciones que se necesiten para llevar a cabo la selección por concurso o sorteo de las personas con discapacidad, cumpliéndose el mínimo de reserva del 4 %. Hay una subcomisión de educación que da la equiparación de oportunidades a las personas con discapacidad desde la educación inicial en adelante, determinando una integración en las aulas comunes, donde se organice la base de un reconocimiento de la diversidad como factor educativo. Después está la comisión de seguimiento de la convención de las personas con discapacidad. El Decreto del 15 de julio de 2014 designa a la CNHD como organismo encargado de promover la aplicación y el cumplimiento de disposiciones de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Está la subcomisión de fortalecimiento institucional; la subcomisión de seguimiento del registro nacional de personas con discapacidad y la subcomisión de estudio y evaluación del proyecto del Inadi. Con respecto a este punto, habiendo recibido con fecha 4 de mayo de este año un primer borrador del proyecto de creación del Inadi por parte del Ministerio de Desarrollo Social, la CNHD decidió formar una subcomisión para su estudio y elaborar recomendaciones y observaciones al respecto. Esta subcomisión está compuesta por todos los representantes de los organismos de la CNHD, salvo el Mides, que es el que elabora el citado proyecto. Dentro de los servicios que la comisión brinda está el registro nacional de personas con discapacidad, el transporte adaptado puerta a puerta, la orientación social y jurídica y las ayudas técnicas con sillas de ruedas, a través de un vínculo estrecho que existe con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

                En la última hoja hay un esquema de cómo se conforma la comisión, quiénes son sus integrantes, la mesa ejecutiva de los funcionarios y cuáles son los ingresos, es decir, los genuinos –que mencioné, del inciso 21– y los aportes de otros organismos, que son con los que se mantiene hoy en día.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay preguntas para formular, solo quiero decir que ayer concurrió el Mides a esta comisión y discutimos largamente este tema. Sé que estará citado en el ámbito de la Cámara de Representantes para abordar nuevamente este tema de la discapacidad y todos estos aspectos que están vinculados.

                Por supuesto, nosotros tomamos este proyecto y vamos a leerlo; incluso, se lo podríamos hacer llegar al Mides. Es todo lo que está a nuestro alcance hacer por esta vez.

SEÑORA RUMI.- Me voy a permitir leer algo porque creo que estamos dentro del tiempo de que disponemos para hacer un aporte desde otro enfoque, desde otra visión, que sintetiza un poco todo esto.

                Nuestro país se ha caracterizado por crear leyes emblemáticas que han sido un referente para varios países de América en cuanto a la temática de la discapacidad, normas que mediante una comisión nacional honoraria han permitido la participación plena de todos los colectivos relacionados con el tema y de los organismos del Estado transversalmente, que deben asumir las responsabilidades que les compete.

                Los delegados en general han trabajado con vocación y compromiso para elaborar su reglamentación tanto en la Ley 16095 como en la Ley 18651, las cuales sufrieron un estancamiento que no permitió su presentación en el organismo. Cuando nosotros hacemos la reglamentación cae con la primera ley, en el Ministerio de Salud Pública se detiene y en el 2011 llega al Mides. Hay reclamos de informes del Parlamento, y eso ya está hecho; sería bueno rescatarlo. También podemos alcanzárselos.  Es decir, el mandato que ustedes nos hicieron, nosotros lo cumplimos.

                Vale decir que ha sido, y es, enriquecedor el diálogo generado entre todos los actores, aceptando la idea de que la situación adversa no la genera el propio hándicap, sino los obstáculos existentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus proyectos de vida, barreras de accesibilidad al medio físico, de comunicación y, sobre todo, las de actitud. El preconcepto, la estigmatización, incide negativamente y se comenzó a trabajar en todas las áreas con gran compromiso de todos los delegados. Somos apasionados en lo que hace a nuestras reivindicaciones y derechos y sabemos que, mediante la reglamentación de la ley, se darán las garantías necesarias para ejercerlas.

                Para cumplir con los requisitos que marca la ley necesitamos recursos más amplios de los planteados por la contadora Ayusto hace un momento. Esto solo nos permitiría subsistir.

                También hemos hecho una peregrinación por todos los ministerios y organismos vinculados con la ley, pero aún no hemos obtenido respuesta. Si esta comisión desaparece, no será por falta de trabajo ni dedicación de sus delegados honorarios ni de sus trabajadores, sino por falta de recursos.

                ¿Será que esta ley se transformará en una declaración de deseos de buena voluntad o habrá voluntad política que permita su cumplimiento y el desarrollo de las acciones que procura, mediante técnicos necesarios, concretarlas? Queda en vuestras manos, entonces, lograr los recursos necesarios para su efectivización. Queremos irnos de aquí seguros de que comprenden la dimensión de este tema, que quizás sea difícil de abordar y que para ser tratado requiere un cambio de enfoque, visualizando a las personas con discapacidad como ciudadanos titulares de derechos y no como demandantes de caridad. Aspiramos a que paulatinamente este concepto se incorpore a nuestra sociedad para que cada vez sea más justa y entendemos que eso solo se podrá lograr con los recursos necesarios que nos permitan desarrollar con fluidez todas las acciones destinadas a tales efectos.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos su presencia y analizaremos todos sus planteos.

(Se retira de sala la delegación de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado).

 

(Ingresan a sala las representantes de Tao salud animal,  Welly luz y vida y Animal Help).

– Damos la bienvenida a la delegación de Tao salud animal, Welly luz y vida y Animal Help, integrada por las señoras Lilián Ruiz, Silvia Ferreira y Laura Falco.

SEÑORA RUIZ.- En primer lugar, queremos plantear que consideramos que en este momento los perros representan una amenaza y por eso el tema ha pasado a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde se los considera un producto. Realmente, estamos muy alarmados con este tema porque al ser productos nos preguntamos qué va a suceder con los perros que no tengan chip.

                En el 2013 nosotros presentamos un proyecto de ley de protección animal por el que pedíamos castraciones obligatorias masivas; eso quiere decir que quien no castre a sus animales deberá pagar una multa y ese dinero se destinaría a la castración que tendría que hacer la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis y para ayudar a todos los refugios del país. Como bien ha dicho con respecto a nuestro caso el intendente Yamandú Orsi, es necesario comprender que hacemos una labor en beneficio de la comuna, por lo que se debería apoyar nuestra actividad. Creemos que quienes hoy están aquí también deberían hacerlo.

                Por otro lado, entendemos que los animales no son cosas. Así lo determina el Código Civil en su artículo 462 y lo corrobora la Ley n.º 18.471 de bienestar animal, norma que entendemos es insuficiente desde el vamos por considerarlos cosas, reglamentar la explotación, la esclavitud, la experimentación, el sacrificio de animales en las distintas religiones y la exportación de plasma, para lo que se necesita desangrar a las yeguas preñadas hasta su muerte, lo que implica una crueldad impresionante. De hecho, Uruguay está considerado el país más cruento de América Latina. Si bien hemos avanzado mucho en otros aspectos como, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, en la legalización del aborto y en la legalización de la marihuana, no podemos comprender cómo todavía estamos en esta situación. En este momento, Holanda es un ejemplo que nuestro país debería seguir porque ante la misma problemática, no optaron por la captura de perros y las perreras, lo que implicaría un retroceso impresionante, dado que Uruguay ha avanzado muchísimo. Si bien es un país «bienestarista» que considera a los animales como cosas –estamos luchando con esto desde el año 2013–, no estamos realmente conformes; nos han dicho que nos iban a llamar, que iban a estudiar el proyecto pero no hemos visto resultados. Es más, un presidente dijo que acá hay prisión para los asesinos de animales. ¿Eso es verdad? ¿Hay prisión para los asesinos de animales? Quien asesinó cruelmente en San José a un perrito rodeándole el cuello con un alambre hasta deshacerlo, ¿tuvo prisión?

                También se habla de menores, pero ¿qué se les está enseñando? Pedimos educación, que se imparta la materia derecho animal en primaria, secundaria y a nivel terciario porque consideramos que la educación es la base para cualquier sociedad y que el respeto a la vida es fundamental, pero ¿de qué sirve regalar «ceibalitas» si no regalamos valores? Creemos que hay que regalar valores, y el valor más importante es el valor a la vida. Sin embargo, hay quienes matan a seres indefensos que no tienen voz ni voto, y por eso tampoco se ha promulgado un proyecto de ley de protección para ellos. Pero nosotros sí votamos, nosotros –gracias a Dios– tenemos voz –gracias por escucharla–, y entonces decimos que el tema está en solucionar el problema desde la misericordia, desde la empatía, desde considerarlos seres sintientes, porque ellos nos dan un amor incondicional y es hora de que se lo retribuyamos.

La psicóloga va a poder expresarlo mejor que yo –puesto que trabaja desde su profesión con animales–, pero las mascotas se utilizan para mejorar la salud de las personas que sufren patologías como, por ejemplo, la depresión, o para acompañar a los ancianos. ¿Cuántos casos ha habido de gente que ha querido suicidarse y su mascota, su perro, se lo ha impedido? ¿Cuántos perros han salvado vidas? También es cierto que han mordido, pero ¿por qué han mordido? ¿De dónde provienen las jaurías? Tenemos un caso y un ejemplo típico. Están diciendo que hay que capturar las jaurías y, sin embargo, el señor Antía –intendente de Maldonado– obligó a la gente a la cual se le iba a asignar una vivienda a abandonar a sus animales. ¿Eso es lógico? ¿Es coherente?

No queremos más carros tirados por caballos, no queremos más explotación, pero no solamente por el animal –que no es una cosa– sino para que sea sustituido por bicicletas, como en otros países. En Holanda los perros callejeros están todos castrados, ya son comunitarios, y les dan agua y comida. ¿Por qué Uruguay no puede hacer eso? ¿Por qué Uruguay tiene que ser visto como el país más cruento de América Latina en este tema? ¿Por qué tenemos que optar por asesinar y por lo negativo cuando podemos optar por el ejemplo que ha dado Holanda al mundo? Si Uruguay tiene la capacidad para ser justo y desarrollado en los términos de Gandhi –«Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales»–, ¿por qué teniendo toda la capacidad y todos los elementos, no es un país desarrollado en los términos de Gandhi, como todos queremos, y sigue el ejemplo de Holanda?

                Este es el planteamiento que estamos haciendo.

SEÑORA FALCO.- Estamos de acuerdo con que en el ámbito legislativo se entienda que Uruguay en el tema animal está muy dividido; hay muchos intereses creados, tanto a nivel de los refugios como de las ONG que reciben partidas del Gobierno por fuera de lo estipulado. Por eso algunas de ellas hoy no están presentes, porque venimos a solicitar la revisión del texto de los artículos 84 y 87, que fueron dejados de lado por el decreto firmado el 31 de julio por el doctor Tabaré Vázquez abriendo la puerta a la instauración de perreras encubiertas y dejando esto a criterio de los organismos tales como Cotryba, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e intendencias de todo el país, como ya está sucediendo en el interior. Rivera, Salto, Florida y Maldonado son algunos ejemplos de ello; allí hay refugios que son pseudomunicipales que se sabe que no les dan refugio a los animales sino que estos son víctimas de eutanasia, pero tampoco lo hacen de acuerdo con las regulaciones internacionales. Uruguay incumple todos los tratados de protección que tienen que ver con los derechos de los animales estipulados por la Organización de las Naciones Unidas; es el único país latinoamericano que incumple todos estos tratados.

                Además, en los refugios pseudomunicipales la eutanasia se realiza        –creo que ya lo saben– no por inyección letal sino que se utilizan escapes de gas de camionetas dentro de predios cerrados donde se coloca a los animales y luego se depositan en algún lugar.

                La asociación civil SOS Caninos y Equinos no está presente, precisamente, porque entiende que estos artículos no tienen importancia luego de haberse firmado el decreto que fue mencionado.

                Por otro lado, como decía la doctora Ruiz, estamos en contra de la Ley n.º 18471 –que consideramos muy bien redactada– porque se sacó a la luz en un momento de mucha convulsión animalista para calmar los ánimos, pero no refleja la realidad ni la idiosincrasia uruguaya en absoluto. En definitiva, esta norma se hizo trayendo varias leyes de otros países del mundo para redactarla de una linda manera, pero no es aplicable en Uruguay porque –como decía la doctora Ruiz– es una ley «bienestarista» y la parte legislativa de nuestro país no entiende la diferencia entre el bienestar y la protección animal. Son cosas totalmente diferentes y como en Uruguay los animales se consideran cosas, artículos o propiedades, el bienestar animal implica que ninguna ley puede ser aplicada. Por ejemplo, si quiero romper un vaso que es mío nadie me puede juzgar por hacerlo a menos que con esa acción cometa un daño físico contra otra persona. Las leyes de protección contemplan a los animales como sujetos de derecho de tenencia jurídica y así lo dice el proyecto de ley que presentamos en la Cámara de Representantes. Esto significa que tienen derechos y mucha gente podrá decir que hay cosas que no sienten ni realizan determinadas acciones, pero tampoco lo hacen algunos miembros de la sociedad. Por ejemplo, un menor tiene tutores legales que son sus padres o sus tenedores legales; un incapacitado de cualquier índole que no pueda aportar a la sociedad lo que se considera un beneficio tiene curatela legal. Por su parte, los animales estarían comprendidos –como sucede en Holanda– dentro de esta figura jurídica que haría respetar por lo menos esa parte.

                También entendemos que Uruguay tiene una base comercial ganadera, por lo que habría que dividir –mediante una figura que en psicología se llama disonancia cognitiva– a los animales que son para el sacrificio y el consumo –lo que deberá estar regulado de otra forma– de los que son considerados domésticos o asociados a un vínculo emocional fuerte hacia el ser humano que, por supuesto, tendrán otras regulaciones.

                Podría mencionar otro ejemplo que sucede en Maldonado con los realojos de los asentamientos, donde se obliga a la gente a desprenderse de sus animales. De todas maneras, se incumple con muchos aspectos porque no me pueden obligar a dejar algo que es mío porque voy a ir a una casa que me proporciona la intendencia o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. No olvidemos que ese animal que se abandona, además de ser de mi propiedad también supone un vínculo emocional que se lesiona. Estamos atravesando una situación de violencia en el mundo entero, en Uruguay esto se refleja claramente y donde primero se nota desde el punto de vista de la psicología es en el trato que, desde muy jóvenes, desde niños, tienen las personas hacia los animales. Realmente hay casos que son alarmantes. No es que estemos frente a un personaje equis que le hace daño a un animal; se trata de hechos sádicos…

(Intervención fuera de micrófono y dialogados).

SEÑORA RUIZ.- De hecho, ahora se ha legalizado el «biocidio», es decir, el asesinato de vidas no humanas que está establecido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. A su vez, el artículo 12 de la misma declaración establece: «Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie», cosa que también se realiza en Uruguay.

                Con respecto a la venta de ganado en pie a Asia, queremos decir que cuando llega es víctima de innumerable sadismo. Incluso, hemos visto videos que recorren el mundo.

                Hemos hecho el posgrado de Criminología con el doctor Langón y aspiramos realizar la cátedra de aquí a dos años, por lo que hablamos con propiedad cuando decimos que los que matan con sadismo una vida inocente, generalmente no paran ahí. El FBI dice que hay que parar el ciclo de violencia que comienza con la crueldad animal.

Como decía la psicóloga, Uruguay fomenta esta práctica. Esto quedó demostrado con la muerte aberrante de Nueva Palmira. El presidente del INAU en ese momento tuvo que reconocer que fue un asesinato innecesario porque se encontraba en Paraguay y el video se viralizó, recorrió el mundo, pero no se hizo nada para parar el ciclo de violencia. Es más, no se promulgó el proyecto que presentamos. Ahora lo volvemos a presentar y seguimos esperando una respuesta.

Queremos decir que al procesar con prisión el «biocidio», se previene el homicidio. Es hora de prevenir y dejar de actuar cuando ya se cometió un hecho.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tengan en cuenta que uno de los dos artículos que se nombró sobre rendición de cuentas y presupuesto fue desglosado, por lo que no está a consideración del Senado, sino que quedó en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes.

                Les agradecemos mucho la presencia y la información que nos han brindado.

(Se retiran de sala las representantes de Tao salud animal,  Welly luz y vida y Animal Help).

(Ingresan a sala las representantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual).

–Buenos días.    

Damos la bienvenida a la delegación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, integrada por las señoras Clyde Lacasa, Raquel Hernández y Marisol Márques.

SEÑORA LACASA.- Buenos días.

                Agradecemos el espacio que nos otorga la comisión.

                En el día de hoy venimos a solicitar que se continúe con el apoyo económico.

                La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual fue fundada en 1992 y está conformada por más de treinta y cinco organizaciones a nivel nacional. Actualmente, trabajamos con mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia de género desde una perspectiva de género y derechos humanos.

                Como decía, conforman la red más de treinta y cinco organizaciones que trabajan en el área de mujeres en situación de violencia, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la integran ONG que trabajan con varones que quieren dejar de ejercer violencia o que deben utilizar la tobillera.

                La red ha sido un factor fundamental, sobre todo en el posicionamiento del tema a nivel de políticas públicas. Desde el año 1992 trabajamos estas temáticas como problemas sociales y de derechos humanos. Esto ha contribuido a generar un lenguaje común a nivel institucional y de organizaciones que trabajamos en la temática.

                También hemos llevado adelante muchas acciones, como la campaña «Nunca más a mi lado», junto con No te Va a Gustar, la Bancada Bicameral y la Red. Año a año hemos tenido capacitaciones para adolescentes, creando agentes multiplicadores con ellos para trabajar en la violencia en el noviazgo.

                También la red participa en espacios interinstitucionales como el plan nacional «Por una vida libre de violencia basada en género, con una mirada generacional». Asimismo, formamos parte del Consejo Nacional Consultivo y de las comisiones departamentales, que se replican en el interior del país.

                Por otro lado, hace muy poco firmamos un acuerdo con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial. O sea que todo el sistema judicial va a trabajar con la red en forma articulada para ver las intervenciones que podemos aportar cuando tenemos estas situaciones.

SEÑORA HERNÁNDEZ.- Esto es como defender una tesis: venimos a tratar de convencerlos de qué es lo que necesitamos. En esto de convencerlos, debemos decir que el trabajo de la red está hecho mayoritariamente por mujeres. De hecho, la representación está en manos de mujeres. Este trabajo de mujeres tiene como un signo de igual a trabajo honorario, no visible, escondido, pero a la vez es un trabajo serio, profundo, permanente.

                Es un trabajo duro; no es un trabajo fácil. Por ejemplo, recién estábamos tomando un café mientras esperábamos para entrar y Clyde Lacasa llamaba por teléfono desesperada porque no la atendían en el comunal, no le aceptaban la denuncia, etcétera, es decir todo relativo al sistema de justicia del país, a quién se busca y a quién se requiere y a quién se manda, porque todo sigue funcionando deficitariamente.

                Entonces, nuestro trabajo, el que ven en nuestros documentos, es totalmente honorario, pero igual necesitamos dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos un local. En el 2012, cuando pedimos por primera vez recursos en el Parlamento, justamente era para contar con un local y poder arreglarlo. La Agencia Nacional de Viviendas nos entregó un local que hacía treinta años había sido una pizzería y estaba cerrado. Imagínense que cuando se abrió la puerta hubo que entrar con Molotov para espantar los bichos que había adentro. Por lo tanto, con ese dinero otorgado año a año fuimos arreglándolo. Pudimos hacer la sanitaria, la electricidad, los baños y un salón, pero nos falta el salón de arriba, que está todo rajado –se ve para afuera– y, con los temporales que ha habido, ha empezado a entrar agua y nos está estropeando el cielorraso. Entonces, es para eso que juntamos el dinero.

                Además, es un local céntrico, cerca de Tres Cruces, donde las organizaciones del interior pueden llegar, al igual que las mujeres, niñas, niños y adolescentes. El dinero es absolutamente necesario, porque no lo podemos mantener nosotras. Este local es de la Agencia Nacional de Viviendas y les encantó cómo quedó cuando vinieron a la inauguración. Pero, resulta que ahora nos llaman y nos dicen: «Está precioso, pero son $ 12.000 por mes». Frente a eso, decimos que estamos peleando a brazo partido porque necesitamos seguir con las reformas y no podemos pagar a la Agencia Nacional de Vivienda $ 12.000 por mes como forma de alquiler o USD 148.000 por el local. Si ustedes están dispuestos, nosotros encantadas. Es por todo eso que estamos solicitando el dinero. Pero, qué más hacemos, porque no solo nos reunimos en ese local. Creo que eso lo puede informar la señora Márquez.

SEÑORA MÁRQUEZ.- Buenos días y muchas gracias por recibirnos. 

Efectivamente, es importante el rol que cumple la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual a través de los seguimientos que realiza y el monitoreo de las políticas públicas del país. Como dijo la señora Lacasa participamos en la elaboración del plan de acción 2016-2019 en el marco del consejo nacional consultivo. También participamos de la redacción del proyecto de ley integral, el que hace 176 días está en discusión en el Parlamento. Día a día estamos peleando para que esa discusión se convierta en lo que nosotros consideramos una ley justa y tenga una perspectiva de género. Como dijo la señora Hernández, este es un trabajo de activismo, honorario y, por momentos, invisible. Por eso, consideramos relevante poder fortalecer a la sociedad civil como pilar fundamental de la democracia, pues creemos que una sociedad civil débil hace una democracia débil.  Por lo tanto, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual tiene un rol muy importante en las políticas públicas con relación a esta temática y entendemos que es necesario fortalecerlas desde todo punto de vista.

Tener más de 38 organizaciones a nivel de todo el país, con las que se trabaja en el territorio mediante comisiones departamentales, nos da una visión de país y de los distintos departamentos. Para nosotros son fundamentales las reuniones plenarias que realizamos con estas organizaciones porque nos dejan ver cómo se están implementando las políticas y qué vacíos hay porque, como bien dijo la señora Hernández, estos existen y se comprueban cada vez que prendemos la televisión y aparece un nuevo feminicidio.  Por todo esto es importantísimo continuar teniendo la ayuda económica y, además, poder reforzarla, a fin de potenciar el trabajo que se realiza desde la sociedad civil.

SEÑORA PAYSSÉ.- Buenos días. Es un gusto tener en este ámbito a la delegación, aunque no es la primera vez que compartimos ámbitos, preocupaciones y realizamos un trabajo conjunto. 

                Está claro que es imposible describir todo lo que hace la red en 15 minutos, pero nos hacemos cargo de todo lo que ha sido el trabajo común de las legisladoras de la bancada bicameral femenina y del esfuerzo de la sociedad civil, así como del compromiso en todo lo que aquí se ha planteado.

                Como estamos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el planteo tiene que ver con esta materia y, por eso, quisiera saber si ustedes realizaron este planteamiento en la comisión de la Cámara de Diputados. Hago la consulta para que quede registrado en la versión taquigráfica cómo fue el proceso de su participación en el tratamiento de esta rendición de cuentas.

SEÑORA LACASA.- No pasamos por la comisión de la Cámara de Representantes. Cuando nosotros vimos que se estaba trabajando en el tema del presupuesto llamamos al despacho de la senadora Payssé y preguntamos en qué momento podíamos presentar la intención de continuidad de estos aportes. Se nos dijo que nos pusiéramos en contacto con la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, que eleváramos una nota y que se nos iba a llamar. Eso fue lo que hicimos.

SEÑOR MICHELINI.- Quería consultar sobre algo que no me quedó claro. ¿Ustedes alquilan un local a un ente público o los ayuda el Estado para el alquiler del local?

SEÑORA HERNÁNDEZ.- Nosotros obtuvimos el comodato del local a través de la Agencia Nacional de Vivienda. Es decir que al tratarse de un comodato dado para el usufructo, eso implica hacer algunos arreglos. Después de que el local quedó precioso, la agencia nos solicita un alquiler para poder mantenerlo. Por supuesto que vamos a seguir haciendo los trámites que sean necesarios para defender ese comodato. Sucede que el comodato venció, porque comenzó en el 2012 pero nosotros tuvimos que gestionar y arreglar peso a peso y eso nos llevó hasta el año pasado. Es decir que nos llevó cuatro años reunir todo el dinero del Parlamento que íbamos recibiendo para dedicarlo a ese lugar. En diciembre del año pasado inauguramos el local y ahí lo vieron hermoso, nosotros también.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchísimas gracias.

                Nos queda claro que podemos colaborar en alguna gestión desde aquí. No sé si podremos incorporar esto en la rendición de cuentas, pero sí es claro que, en tanto legisladores, podemos tener diálogos fructíferos –esperemos– con la Agencia Nacional de Vivienda, el ministerio de vivienda y otros organismos.

(Se retira de sala la delegación de la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y social)

(Ingresa a sala la delegación de la Red pro cuidados)

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a la delegación de la Red pro cuidados, integrada por la doctora Clara Fassier, la magíster Isabel Pérez y el licenciado Emiliano Lembo.

SEÑORA FASSLER.- Ante todo, agradecemos este espacio. Sabemos que están sobrecargados con el tratamiento de la rendición de cuentas, pero nos parecía muy importante que nos concedieran este espacio para poder trasmitir las preocupaciones que tenemos, desde la sociedad civil, respecto al Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

                A efectos de saber qué sentido tiene nuestra presencia hoy, aquí, haremos una presentación de la Red pro cuidados.

                Somos una organización de la sociedad civil, constituida por personas, organizaciones y redes, que viene trabajando desde hace mucho tiempo, primero como Red Género y Familia y, luego, como Red pro cuidados. El tema de los cuidados –que viene siendo abordado desde 1997– pasó de una cuestión básicamente privada de las familias y, fundamentalmente, de las mujeres, a un problema tal como es realmente, que puede ser visibilizado a nivel colectivo y social.

Fue a partir de 2007 que propusimos conformar un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, como respuesta a las transformaciones societarias que estábamos viviendo en el Uruguay y a las necesidades de personas dependientes: niños pequeños, ancianos, discapacitados y las personas que los atendían. Decimos esto porque el cuidado es una relación entre quienes necesitan de cuidados y quienes los brindan. Y si estos espacios no se contemplan desde la perspectiva de los derechos, la tarea final no será de buena calidad. Nadie puede trabajar brindando buenos cuidados si no tiene condiciones básicas mínimas, de trabajo y de respeto a sus propios derechos.

En esa línea hemos venido trabajando y proponiendo y tuvimos la suerte de que nuestra idea fuera aceptada por los representantes de los distintos partidos políticos –queremos subrayar este aspecto–, lo que culminó con la sanción de una ley que regula este sistema. En realidad, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados empezó a implementarse desde hace muy poco tiempo, diríamos dos años.

Para lograr todo esto hemos trabajado a distintos niveles con la población en general, a través de la comunicación, y con los distintos actores de la sociedad –Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Universidad de la República, etcétera– para alcanzar consensos. Este fue un trabajo colectivo que consideramos muy fructífero.

La propuesta para la conformación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados no nació de la mente de un iluminado o iluminada, sino de un trabajo que fue recogiendo las preocupaciones de gente de distintas partes de la sociedad. Pensamos que fue una propuesta muy innovadora que intentaba atender a estas nuevas necesidades y, simultáneamente, no volver a vivir los mismos problemas que se venían detectando en la implementación de políticas sociales. Me explico: los cuidados son un problema multidimensional y no solo del sector salud o educación, o del Mides. Este es un problema en el que los distintos sectores del aparato del Estado tienen, necesariamente, que intervenir y hacerlo de manera consensuada y coordinada. Esta es una novedad desde el punto de vista de las políticas sociales porque, en la división tradicional de tareas, estaba cada maestro con su librito, con su presupuesto y recursos. Esta situación generó que muchas acciones dejaran espacios sin cubrir y se sobrelaparan otras tareas. 

                Entonces, desde el vamos se plantea la intersectorialidad, desde el vamos se plantea la integralidad entre el sector público y el privado, pero sobre todo desde el vamos se plantea un sistema de cuidados que tenga la capacidad de hacer conversar y de integrar en acuerdos a los sectores público y privado, de manera que los recursos que existen en la sociedad no entren en conflicto sino que se coordinen y hagan sinergia.

                Esto, ya de por sí es novedoso y creo que se ha ido avanzando en este sentido ya que desde la ley misma se ha configurado una Junta Nacional de Cuidados donde están representados estos distintos actores. Esta es una novedad para el Uruguay y también para la región. En este momento el sistema de cuidados es como un experimento social que estamos realizando en el Uruguay y que está siendo mirado de manera auspiciosa por los distintos países de la región y por los organismos internacionales de manera, pues, que representa un hermoso desafío la posibilidad de ir avanzando dentro de nuestro propio país, dando señales y guiando también, de alguna forma, las experiencias de otros lugares a América Latina.

                Por otra parte, creo que, a diferencia de muchas políticas sociales, esta política social está basada en derechos. Esto parece solo una palabra, pero no lo es porque un sistema que está basado en derechos implica que los ciudadanos tienen derecho a exigir que se les brinden estos servicios. Esto fue aprobado por ley, de manera que este sistema tiene como elemento constitutivo la necesidad de la universalidad de sus servicios. Por lo tanto, pensar en un sistema de cuidados recortado es como ir contra la ley. El tema de la universalidad en términos de atención, pero también de no segmentación es una cosa bien importante.

                También quisiera señalar, como característica de este sistema, que es la primera política que explícitamente se define como una política donde la perspectiva de género tiene que estar incluida. Tanto en esta sociedad como en muchas otras, somos las mujeres las que cuidamos. Y, dada la transformación de nuestra sociedad y nuestra incorporación al mercado de trabajo, cuidamos mal. No podemos estar simultáneamente en la misa y en la procesión. Hay muchas personas dependientes: niños, viejos, discapacitados que aun más allá de la voluntad de sus familias, no reciben los cuidados necesarios.

De manera que la historia de que los cuidados se tienen que seguir estando en el ámbito familiar y ser realizados por mujeres en la familia, está agotada. Así pues, esta ley tiene como horizonte la necesidad de modificar la distribución del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres como un elemento central que lo constituye.

Se me termina el tiempo de exposición. De todas maneras, quedamos que disposición de los señores senadores.

Nuestra preocupación son los recursos. Sabemos que estamos en un momento de restricción económica. Sabemos que la distribución de recursos en estas circunstancias es difícil, pero también sabemos que una política nueva no puede desarrollarse, consolidarse y hacer parte de lo que son las demandas poblacionales si no tiene un impulso suficientemente apoyado por la voluntad política de quienes tienen que tomar decisiones.

                Entonces, nuestra petición es que no se toque un peso del Sistema Nacional de Cuidados, porque el presupuesto ya es escaso. Lo que se puede hacer ahora, dados los recursos existentes, es muy poco. Las demandas de la población crecen, y no hay forma de poder responder a ellas sin plata. De manera que nuestra petición es clara y sencilla. Los recursos que se están destinando en esta Rendición de Cuentas son insuficientes. Por favor, no los disminuyan.

SEÑORA PRESIDENTA.- Supongo que nuestros invitados están enterados de que ha habido una reasignación de recursos en la Cámara de Representantes. Nuestra intención es mantenerlos en esta instancia.

                Agradecemos, entonces, a la delegación de la Red Pro Cuidados por su presencia en la mañana de hoy.

(Se retira de sala la delegación de la Red Pro Cuidados).

 

(Ingresa a sala una delegación de la Asociación Autismo en Uruguay).

                –Damos la bienvenida a una delegación de la Asociación Autismo en Uruguay, a quienes les agradecemos mucho por concurrir a esta sesión.

                Nos acompañan la señora Raquel Navarro, presidenta; la señora Martha Perdomo, secretaria; el señor Javier Sienra, integrante de la Comisión Fiscal; el señor Andrés Rodríguez, tesorero, y el señor Pablo Rodríguez.

                De manera que, con mucho gusto, les ofrecemos la palabra.

SEÑORA NAVARRO.- Gracias a todos por recibirnos.

                Lamentablemente, no podemos mostrar un material fotográfico que nos apoyaría para ponerlos en situación de lo que queremos comentar.

                La Asociación Autismo en Uruguay ya había sido recibida hace dos años y ahora nos presentamos para explicar qué hemos hecho durante todo este tiempo. Somos una organización bastante reciente, pero venimos trabajando a muy buen ritmo, con logros importantes. De manera que queremos hacerlos conocer, y a su vez, obviamente, pedir el apoyo de los señores senadores para poder continuar con este proyecto.

Traje invitaciones para cada una de las bancadas para la inauguración en el día de hoy de nuestro primer espacio para adolescentes y jóvenes con autismo, el Centro Lorna Wing. Disculpen que no venimos más personas porque estamos muy ocupados, pero están todos invitados a concurrir, por lo menos cinco minutos, a conocer el lugar. Vale la pena hacerlo. Ha sido un esfuerzo muy grande y es un proyecto maravilloso que estamos concretando. Hoy es la inauguración de este primer lugar, pero ya estamos trabajando en otro espacio, en Sayago, que nos fue cedido en comodato y en el que ya se han realizado los primeros grandes trabajos, como instalación eléctrica, conexión de OSE y ese tipo de cosas. Quiere decir que inauguramos esto y nos volcamos de lleno al espacio de Sayago.

Durante el año pasado fuimos buscando los recursos y espacios para poder comenzar a trabajar en los proyectos mencionados y nos avocamos a la parte de formación, que es uno de los grandes debes que tenemos en el tema del autismo, donde todo es un gran debe. Hicimos jornadas formativas en Montevideo, de muchas horas de duración. Vamos a dejar el archivo que tenemos en el pendrive para que puedan ver la cantidad de asistentes que fueron, que es importante porque habla de los requerimientos que hay en este sentido. Hicimos el primer encuentro nacional y jornadas para maestros. La de Colón fue la última actividad del año. Una vez que terminamos las actividades en Montevideo, comenzamos a cumplir con los requerimientos en el interior. Así fue que fuimos a Cerro Largo, donde tuvimos una actividad estupenda que podrán ver en las fotos. Hablamos de jornadas porque no son charlas de dos o tres horas, sino que nos quedamos desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde hablando de autismo con todas las fuerzas vivas. En el caso de Cerro Largo, lo organizamos nosotros en conjunto con los CAIF de Cerro Largo. Posteriormente, fuimos a Fray Bentos, donde hay un núcleo interesante trabajando y posiblemente de ahí salga el primer centro del interior, pero por ahora es simplemente un proyecto. En esta ciudad también estuvimos durante un día entero.

Comenzamos el año con una charla informativa –en este caso fue más bien una charla y no una jornada– para maestros, con una docente de la Universidad Austral de Buenos Aires, que vino en un intento de ayudar a los maestros a iniciarse en esto del autismo; no fue más que eso. Durante el resto del año hemos quedado en stand by totalmente abocados al otro tema. En ese sentido, a fin de año firmamos un convenio de colaboración con una organización y un comodato con una empresa por el predio de Sayago, en el que comenzamos a trabajar. El convenio de colaboración lo firmamos con la asociación Centro de Día y nos permite volcar nuestros esfuerzos en un espacio que ellos recibieron hace bastante tiempo, pero no habían podido avanzar en el proyecto. Entonces, firmamos ese convenio, nos pusimos a trabajar al unísono las dos asociaciones –Centro de Día y Asociación de Autismo del Uruguay– y llegamos a lo que hoy es el primer espacio del Centro Lorna Wing. En simultáneo, firmamos el comodato por el predio de Sayago, que quedó un poco rezagado porque no nos dan las fuerzas ni los recursos.

Por otra parte, ya hemos realizado las primeras jornadas de un proyecto de inclusión al deporte, en un convenio con AUFI y ahora también con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales que cada quince días no ceden el espacio que tiene en La Paz. Quiere decir que trabajamos en un montón de cosas que no da para detallar en este ámbito, pero son una muestra de lo que estamos haciendo.

Por su parte, quiero señalar que ya tenemos el equipo técnico que va a empezar a trabajar en el primer espacio de Lorna Wing, junto con los padres que tenemos más experiencia. Personalmente, soy la directora del centro y la subdirectora es una integrante de la asociación Centro de Día, que es una madre con vastos conocimientos y años en el tema.

                Para concretar, quiero decir que estamos acá porque necesitamos recursos. No pueden imaginar los señores senadores lo que es el mundo del autismo y la presión a la que estamos sometidos en organizaciones como la nuestra. Seguramente se recuerda lo que se hizo el 2 de abril, y cuando logramos que se iluminara el Parlamento, hace dos años. Los requerimientos que tenemos y la presión a la que estamos sometidos, por parte de las familias, es muy fuerte. Hoy estamos inaugurando un espacio que espero realmente que los señores senadores puedan visitar, aunque sea durante 5 minutos; incluso, estamos preparando un antes para que se pueda valorar el ahora del espacio. La presión que implican los chicos con autismo más severo es terrible. El espacio de Ciudad Vieja, por ejemplo, es para autismo medio, pero para el más severo es preciso aplicar otras políticas, que no voy a detallar porque el tiempo no nos da. En realidad, la variedad de autismo es tan amplia que, a grandes rasgos, se puede clasificar en leve, medio y severo. Cada caso de autismo medio es un mundo, y es con lo que estamos empezando, pero el autismo severo se encuentra en la misma situación o peor quizás. De verdad necesitamos desesperadamente una casa que nos permita trabajar con autismo severo. Necesitamos los recursos para poder contratar la cantidad de técnicos que requiere el autismo severo; necesitamos lugares donde ubicar a esos chicos, porque sus familias muchas veces no pueden hacerse cargo, aunque nuestra idea es tratar de generar las políticas necesarias que permitan que permanezcan con ellas el mayor tiempo posible. La idea es que estén con sus familias, pero eso también requiere mucho trabajo, y en caso de que eso no sea posible, que los chicos estén en lugares adecuados para ellos. El tema del autismo severo y sus internaciones en las Colonias Santín Carlos Rossi y Etchepare y en las granjas no es muy conocido y, realmente, representa un problema ya que allí se los trata como a enfermos mentales. Se trata de chicos a los que se está afectando su calidad de vida y sus derechos humanos, ya que no entienden por qué están ahí, por qué salieron de sus casas de un día para otro; incluso, a veces sus familiares los van a ver y a veces no. Además, no hay terapeutas que se ocupen de que toda esa situación les resulte comprensible y les sea más leve. La verdad es que no sé cómo hacer para trasladar aquí lo que significa algo tan abstracto, como es el autismo. Sí puedo decir que se están afectando los derechos humanos y por eso pedimos que se nos ayude.

Nosotros no recibimos ayuda del Estado, más que los $ 100.000 que cobramos el año pasado y para este año tenemos $ 50.000 que aún no hemos cobrado. Trabajamos muchísimo para obtener recursos, pero no nos alcanza, no llegamos a cubrir las necesidades. Ahora, además, comenzamos a pagar sueldos y todos los días estamos atendiendo reclamos que no podemos responder, pero que comprendemos muy bien porque conocemos el problema.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Pablo).- Apuntando más al motivo por el que estamos acá, que es el tema de los recursos, quiero decir que ahora estamos inaugurando un centro y tenemos la expectativa de poder terminar la parte edilicia de Sayago e inaugurar otro centro allí. Esto nos lleva, irremediablemente, a tener que tomar más personal. Hasta ahora hemos ido haciendo lo que los recursos nos han permitido porque no asumíamos obligaciones, pero eso ha cambiado ya que vamos a tener que pagar sueldos. Esto nos enfrenta a una situación que desde el punto de vista cualitativo es mejor, porque vamos a empezar a hacer cosas más palpables, pero también nos compromete con una serie de obligaciones que deberemos asumir para poder seguir avanzando. Ese es, fundamentalmente, el pedido que vinimos a hacer.

SEÑOR HEBER.- Simplemente, quiero señalar a la delegación que el artículo 229 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes incrementa en    $ 220.000 los créditos presupuestales para la Asociación Autismo en Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, además de los $ 50.000 que ya tenían.

SEÑOR HEBER.- Simplemente quería informárselos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sabemos que tal vez no sea una enorme cantidad, pero a los $ 50.000 que recibían se les incrementan $ 220.000 más. Tal vez no es toda la ayuda que necesitan, pero es un incremento bastante importante comparándolo con lo que han recibido otras organizaciones.

SEÑORA PAYSSÉ.- Sería conveniente que nos dejaran la información que tienen en el pendrive, para incorporarlo.

SEÑORA NAVARRO.- Sí, por supuesto, porque hay otro material ahí que sería conveniente que vieran.

SEÑORA PRESIDENTA.- Exactamente.

SEÑORA NAVARRO.- Simplemente, quiero acotar que habíamos pedido un mínimo para poder continuar con el funcionamiento y la parte edilicia, de          $ 70.000 para sueldos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy bien. Les agradecemos la presencia.

(Se retiran de sala los representantes de la Asociación Autismo en Uruguay)

 

 (Ingresan a sala representantes de la Federación Uruguaya de Discapacidad

y  de la Asociación Afroiberoamericana).

                –La comisión da la bienvenida a los representantes de la Federación Uruguaya de Discapacidad, integrada por su presidenta, Marta Giménez Torres; de la Asociación Discapacitados Independientes, Tercera Edad y otros en Comunidad, el señor Miguel Vera; de la Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay, la señora Andrea Falero; y de la federación y representante de Afrip –Asociación Afroiberoamericana–, el señor Julio Sesano.

SEÑOR SESANO.- En nombre de la organización agradecemos que nos hayan recibido. Estamos aquí en representación de la Federación Uruguaya de la Discapacidad, creada para representar y fortalecer las instituciones que se dedican al área de la discapacidad en nuestro país y estamos registrados ante el Ministerio de Educación y Cultura con el n.º 90 de 2014.

SEÑORA GIMÉNEZ.- Antes de comenzar con mi exposición quiero comentarles que hace poco tiempo que estoy en silla de ruedas y he tenido que enfrentarme a la falta de accesibilidad en todos lados. Vivo a la altura de General Flores y Garibaldi y por allí no pasa un solo ómnibus accesible para discapacitados. Además, tampoco tenemos acceso a los taxis especiales para nosotros.

                En el año 2013 creamos la Federación Uruguaya de la Discapacidad y en el 2014 obtuvimos la personería jurídica. Sin embargo, desde el 2002 hemos estado trabajando junto a Miguel Ángel Viera, junto a la Asociación Ditec, que es la que preside la federación.

                Nuestra federación está integrada por asociaciones de primer grado, compuestas por personas físicas. Esta federación, como asociación de segundo grado, está compuesta de asociaciones. En este caso, la Federación Uruguaya de la Discapacidad está integrada por Ditec,  Prader-Willi, que es quien se desempeña en la secretaría –hoy no pudo estar aquí– y por Afrip, que representa a las personas afro con discapacidad, en la persona de Julio Sesano. En nuestro país, por un lado están las personas con discapacidad y, por otro, las de la comunidad afro y tomamos la decisión de unir dos poblaciones tan importantes y vulnerables. Nuestra federación también está integrada por una asociación de Mercedes que atiende la problemática de los niños con autismo, por Adhipu, Asociación de Hipertensión Pulmonar –en este momento está enfrentando una crisis importante porque antes de ayer se cumplió un año del fallecimiento de su presidenta y hace unos meses también falleció su secretaria– y, por último, por Atueru, que se dedica a las enfermedades raras. Cada día se descubren más enfermedades y las personas están tratando de nuclearse en este tipo de organizaciones. A su vez, hay dos asociaciones que están tratando de terminar el trámite de personería jurídica para poder ingresar a la federación, ya que una de las condiciones que hemos puesto es contar con este registro.

                Esta es la primera vez que los visitamos y si bien logramos la personería jurídica en el 2014, hace años que las distintas asociaciones estamos trabajando en toda esta problemática. Es importante destacar que este año hemos tratado de agregar más actividades. Además, estamos trabajando en la Comisión Honoraria de la Discapacidad –cuyos delegados hace un rato estuvieron aquí– pero ingresamos como federación porque eso nos permite actuar solamente a las asociaciones de segundo grado. Hemos tratado de incorporarnos a distintas subcomisiones; por ejemplo, el señor Sesano y yo pertenecemos a la subcomisión de trabajo, en la cual realmente tenemos mucha labor porque, por suerte, se han abierto llamados a concursos y hemos podido ayudar para que sean accesibles y para poder estar como veedores defendiendo a la gente con discapacidad.

                La FURI también integra la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, trabajando por los derechos humanos de la gente con discapacidad. En esta comisión hemos sido nombrados directamente por el presidente, por considerar que estamos comprometidos con los derechos humanos defendiendo a estos grupos vulnerables.

                Así es que hemos estado trabajando mucho con temas relacionados con los derechos humanos. Continuamente estamos recibiendo denuncias –de hecho, no son denuncias, sino peticiones– sobre discriminación. En el Uruguay la mayor cantidad de episodios de discriminación que se dan es por racismo, y en cuanto a la discapacidad, la gente recién empieza a darse cuenta de que hay una federación aparte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que funciona dentro de un marco legal y donde también se pueden recibir denuncias.

A propósito de este trabajo de derechos humanos, nos inscribimos en la OEA para poder marcar presencia en las asambleas anuales y decir cómo estamos trabajando, pero no hemos podido asistir por falta de rubros ya que nunca hemos pedido presupuesto.

                Resumiendo –los señores senadores ya tendrán la carpeta que armamos con la información correspondiente–: venimos a solicitar que por primera vez se nos dé la posibilidad de estar contemplados en el presupuesto que se arma para las instituciones que desarrollamos una tarea social tan importante.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha quedado sumamente claro el planteo que realizaron, se lo agradecemos muchísimo y les decimos que, en la medida de nuestras posibilidades, lo incluiremos o haremos gestiones para poder considerarlo en otras comisiones con la finalidad de obtener resultados.

                Les agradecemos mucho no solo su presencia sino también el trabajo social que están realizando.

(Se retira de sala la delegación de la Federación Uruguaya de Discapacidad).

 

(Ingresa a sala la delegación de la sociedad Damas de Caridad

Hogar Amelia Ruano de Schiaffino).

 

–Muy buenos días. Tenemos el gusto de recibir a una delegación de la sociedad Damas de Caridad Hogar Amelia Ruano de Schiaffino, representada por las señoras Mónica Méndez Algorta y Carolina Barbe Schiaffino, y el señor Gonzalo Noriega. Saben que cuentan con quince minutos para dirigirse a la comisión, así podemos atender a todos por igual.

SEÑORA MÉNDEZ.- Buenos días. Integramos la Comisión Honoraria del Hogar Schiaffino y queremos aclarar que este hogar no tiene fines de lucro. Hay 90 ancianos en un edificio que es patrimonio nacional y data de 1887. Ya vinimos el año pasado, hoy nos presentamos nuevamente para hablar del tema edilicio y quiero decir que hemos traído unas carpetas con fotos para que vean el estado en el que se encuentra el edificio que tiene alrededor de tres mil metros cuadrados y una claraboya de once por once metros que se llueve. En realidad, el techo se llueve en los dormitorios de los ancianos, en el comedor y en la claraboya.

                No se ha podido realizar un cuidado del edificio con respecto a la pintura, herrería, etcétera, desde los años sesenta; nosotros no tenemos capacidad económica para hacerlo y la Comisión de Patrimonio no nos da apoyo. Estamos gastando tres mil litros de gasoil por mes para la calefacción, más trece garrafas y también usamos estufas eléctricas porque el edificio tiene una altura de cinco metros, pero Patrimonio no nos permite bajar los techos. Asimismo, se está cayendo toda la decoración de yeso, se están deteriorando los mármoles, la escalera de entrada y la galería, que tiene un mosaico en el piso que se está desarmando. Patrimonio nos exige el cuidado de todo eso, pero no nos alcanza el presupuesto para hacer los arreglos.

                En definitiva, queremos entrar en la lista de donaciones especiales porque hemos conseguido una empresa que nos va a arreglar 16 baños, pero nos pide a cambio que figuremos en dicha lista. Asimismo, hay tres tisanerías y hay que cambiar las piletas de las cocinas, los azulejos y las puertas porque está todo muy deteriorado, además de que hay humedad en la despensa. No hay un lugar del que se pueda decir que está impecable y no sabemos cómo mantener el edificio.

                ¿Cómo hacemos para reparar ese edificio que es patrimonio y se nos exige mantenerlo en las condiciones originales? No tenemos recursos para hacerlo y el edificio se está viniendo abajo. ¿Qué hacemos con ese edificio que es enorme? Esa es la pregunta que queremos plantear porque también hay un parque de tres hectáreas. Cada vez que se cae un árbol por un temporal, tenemos que hacer la denuncia a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Es muy exigente, pero no tenemos cómo arreglar el edificio.

SEÑOR MICHELINI.- ¿De quién es la propiedad? 

SEÑORA MÉNDEZ.- Es de las Damas de la Caridad, que es una asociación civil sin fines de lucro.

Esta propiedad era la Quinta de Piñeyrúa, que fue adquirida por el señor Piria, quien la compró en el momento adecuado y parceló el terreno. En el año 1900 la señora Amelia Ruano de Schiaffino la compró y la transformó en un sanatorio psiquiátrico para carenciados, que estaba dirigido por las Damas de la Caridad y las Monjitas de la Caridad, que vivían allí. En el año 1960 se fueron las monjitas –quedaron dos– y hoy seguimos funcionando con la ayuda de las Damas de la Caridad, con la gente voluntaria, con familiares y con amigos que apoyan el hogar para que no desaparezca.

                En el año 1973 o 1975 –no recuerdo bien–, el edificio fue declarado patrimonio histórico, lo cual nos salva de tener que pagar la contribución inmobiliaria, pero no nos ayuda en nada en lo que tiene que ver con la parte edilicia, que se cae abajo. Las habitaciones se inundan y los ancianos se caen porque pisan el agua. Tenemos a noventa ancianos –que en su mayoría ingresan por el BPS–, pero muy pocos de ellos son pacientes privados. Además, son de bajos recursos, por lo que no se puede pedir mucho dinero porque las condiciones edilicias no son las adecuadas.

                Por otra parte, la lucha por conseguir donaciones se ha vuelto una lucha permanente porque se nos exige integrar la lista de Donaciones Especiales. Al no integrarla, no nos ayudan. Entonces, golpeamos puertas para nada. ¿Para qué voy a perder tanto tiempo si sé que no nos van a ayudar porque no integramos la lista de Donaciones Especiales? El año pasado la solicitamos, pero quedó en la nada.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Esto está dentro de la Ley de Inversiones. Las empresas que hacen donaciones tienen determinadas exoneraciones tributarias.

                En realidad, quienes nos visitan deberían presentarse en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que autoriza –nosotros no tenemos la potestad para autorizar esto. Hay distintas categorías, como las educativas, las sociales, etcétera. Por las características que nos describen, este proyecto entraría en alguna de ellas, pero más allá de que podamos plantear al Ministerio este caso, sería bueno que la asociación hiciera el petitorio allí mismo. Como dije, lo único que podemos hacer es el intento, pero la presentación formal debe ser allí. Y una vez que lo aprueben –es verdad que las empresas lo piden porque pueden descontar hasta un 75 % de los tributos–, se produce la donación.

Quería hacer la aclaración porque no sé dónde se han presentado. Si ya se han presentado en el Ministerio de Economía y Finanzas, podemos ayudar para que se vuelva a considerar esta asociación en particular. Pero, reitero, que desde aquí no podemos autorizar nada. Quería dejarlo en claro porque me parece muy importante lo que se está pidiendo y porque considero que se puede conseguir lo que se reclama.

SEÑORA MÉNDEZ.- Esa petición se hizo; en el Ministerio de Economía y Finanzas presenté la misma nota y la misma carpeta que en la Cámara de Diputados, pero no tuve respuestas. Es más, fui a preguntar y nadie sabía dónde estaba mi propuesta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo que informaba la senadora es así y así está establecido en el artículo 79 del Texto Ordenado. Incluso pone un plazo para presentar el proyecto.

                Voy a leer el artículo: «Para tener derecho a los beneficios establecidos en el presente Capítulo,» –o sea las donaciones– «la entidad beneficiaria deberá presentar, en forma previa a la recepción de la donación, un proyecto donde se establezca el destino en que se utilizarán los fondos donados, así como el plazo estimado de ejecución. Los proyectos deberán ser presentados al Ministerio de Economía y Finanzas antes del 31 de marzo de cada año».

                Habría que revisar si ustedes presentaron el proyecto en plazo y, si no, deberían volver a hacerlo. Nosotros, desde acá, solo podemos decir que consideramos que este proyecto debería incluirse en la lista, pero es el ministerio el que debe hacerlo. Como muy bien explicaba la senadora, nosotros no estamos habilitados para hacerlo, pero sí podemos ayudar a averiguar si está allí y decir que nosotros entendemos que sería bueno incluir este proyecto en esta lista.

SEÑORA MÉNDEZ.- ¿Cuál es el plazo de entrega?

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes del 31 de marzo.

SEÑORA MÉNDEZ.- Pero, por ejemplo, ¿yo lo puedo entregar ahora?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, claro. Si quiere le dejamos una copia del articulado, para que se vayan con la información.

SEÑORA MÉNDEZ.- Le agradezco, señora presidenta.

Por supuesto, está de más decir que los invito a todos a conocer el hogar, que es muy importante para nosotros. Esa es la propuesta que veníamos a hacer. Incluso tengo empresas que me van a ayudar a pintar y a arreglar todos los baños, la cocina, la despensa –que tiene una humedad espantosa– y las enfermerías, que se llueven todas. Si no logramos eso se viene abajo y no sabemos cómo sostenerlo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Comprendemos y haremos las gestiones que podamos, pero, a su vez, les informamos del trámite.

                Muchísimas gracias por la información brindada.

(Se retiran de sala los representantes del Hogar Schiaffino).

 

(Ingresa a Sala la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas).

 

 (Ocupa la presidencia la señora senadora Aviaga).

–Buenos días. Le damos la bienvenida a la delegación de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas integrada por la señora Figari y el señor Linardi.

SEÑORA FIGARI.- Muchas gracias por recibirnos.

                Mi nombre es Isabel Figari y pertenezco a la secretaría de relaciones de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.               

                Formamos parte de la universidad y tenemos entendido que la universidad ya estuvo en la comisión, por lo que los planteos generales no los vamos a repetir. De todos modos, al ser un sindicato nos preocupa el tema salarial. Tenemos un convenio firmado con la universidad, pero las cifras asignadas no llegan a ser el 8 % de lo que esta solicitó. Queremos recordar que la universidad realizó la solicitud por dos años en base al 6 % del PBI y el 1 % para investigación y desarrollo, lo que se ajusta según la previsión de aumento del PBI en pesos a 2017.

                La solicitud del Hospital de Clínicas era de $ 628:000.000 y contemplaba aproximadamente en un 50 % el funcionamiento y en el otro 50 % las obras de reformas del hospital porque, como saben, el Hospital de Clínicas suspendió la propuesta que le hizo el ejecutivo con relación a que el proyecto fuera de participación público-privada por considerarlo inconveniente para el hospital por diferentes razones. Según lo que se resolvió en cuanto a aumento salarial, demoraríamos 12 años en llegar a lo firmado en el convenio con la universidad, porque si bien esta tiene autonomía, no cuenta con autonomía económica y, por tanto, depende de lo que se resuelva en el Parlamento.

Es importante destacar que en el 2008 los funcionarios de la Universidad tuvimos un aumento importante que generó que los trabajadores públicos y privados estuvieran más o menos equiparados en cuanto al salario real. Pero nuevamente se ha acrecentado la brecha y ya en 2015 y 2016 se nota bastante la diferencia entre públicos y privados, específicamente en el Hospital de Clínicas. Esto trae como consecuencia que sea imposible retener al personal calificado, principalmente los funcionarios asignados a la asistencia directa al paciente, como enfermería –tanto auxiliares como licenciados– y técnicos no médicos; ese sería el problema más grande que estamos teniendo. Como decía, es imposible retener al personal con estos salarios. Por eso en la solicitud que hacía el hospital, había un pedido concreto de dar un aumento especial para todo el personal de atención directa del paciente, especialmente los que trabajan en áreas cerradas como el CTI, block quirúrgico, la emergencia, el centro cardiovascular y otras áreas como nefrología que tiene el Hospital de Clínicas. Este personal es altamente calificado y en otros hospitales se les paga el plus por trabajar en área cerrada, pero no en el Hospital de Clínicas. Sucede entonces que los trabajadores adquieren destrezas y experiencia en el hospital, están un año o dos y luego se van a otros servicios de salud. Esa es la problemática más grande que tenemos, lo que nos deja con poco personal capacitado y con la situación de que continuamente hay que estar orientando, calificando y preparando al personal. Entonces el hospital es un proveedor de mano de obra para los otros servicios de salud porque no podemos retener al personal. Eso también afecta la calidad de la atención en el Hospital de Clínicas. Principalmente eso era lo que solicita el hospital en cuanto a aumentos salariales para sus trabajadores que están en atención directa al paciente.

Con respecto a la planta edilicia, hay que decir que el hospital tiene un proyecto arquitectónico que fue consensuado con todos los órdenes de la universidad y los trabajadores. Se solicitaban USD 11:000.000 para concluir el área crítica en un período de cuatro o cinco años. Ya se ha hecho un plan de contingencia que ha mejorado bastante las salas de atención general, pero faltaría el área crítica, es decir mejorar el block, el block de CTI y la emergencia, y adjuntar un block al centro cardiovascular; todo eso se pensaba hacer con ese dinero. Como saben los señores senadores, hay una propuesta votada en la Cámara de Representantes para dar una partida que es un poco más de la tercera parte de lo que necesitaríamos anualmente para llevar el proyecto adelante. Si se mantuviera el ritmo de la propuesta hecha, el proyecto se culminaría en 20 años. En ese sentido, planteamos que se tiene que invertir mayor dinero a esas obras, para poder llevarlas adelante.

                Queremos destacar la importancia que tiene el Hospital de Clínicas en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, más allá de que no ha sido integrado formalmente. Precisamente, el señor Linardi se referirá a continuación al proyecto que los trabajadores tenemos para su integración al Sistema Nacional Integrado de Salud.

                El Hospital de Clínicas constituye el tercio mayor en asistencia que se da en la salud pública, en ASSE.  Los usuarios del hospital son todos usuarios de ASSE, salvo una pequeña minoría que va como pagante. En ese sentido, casi un 40 % de la asistencia que brinda ASSE la da el hospital. Esto se puede ver en las policlínicas y en cirugía, entre otros ítems.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿El 40 % de las prestaciones que ustedes hacen es de ASSE?

SEÑORA FIGARI.- Todas las prestaciones que hacemos son para usuarios de ASSE y, a través de un convenio, se realizan prestaciones específicas.

                En la gráfica se puede apreciar cómo se destaca el hospital, más allá de que la atención que en él se brinda es muy especializada, tiene 250 policlínicas diferentes, que no encontramos a nivel de salud pública o privada. Diría que los mayores gastos no están en materia de policlínicas pero, en lo que es atención en general, comparado con el Hospital Maciel y el Hospital Pasteur, esto representa un 27 % o un 30 %, mientras que el Hospital de Clínicas, en los diferentes ítems, se supera el 30 % o 35 %. El dinero que recibe de ASSE es mínimo: menos de un 10 % del presupuesto. De ahí, pues, el tema de la inserción.

                Lo relevante del hospital es que no solo brinda esa atención sino que, además, es formador de recursos humanos. Si bien me podrán decir que esto también se hace en otros hospitales, no es lo mismo un hospital escuela que un hospital universitario donde se hace investigación y hay otro tipo de conocimiento y jerarquías.

SEÑOR LINARDI.- Buenos días, voy a hablar en mi carácter de secretario de relaciones.

                La propuesta para la inserción en el SNIS es la siguiente.

                Consideramos que se deben rever los convenios firmados con ASSE en todo lo concerniente a la autonomía del hospital universitario.

                El proyecto del hospital debe jugar un rol determinado en el fortalecimiento del subsector público, tendiendo a la modificación del SNIS hacia un sistema único, nacional y estatal de salud.

                Con respecto al SNIS, procuramos avanzar en una delimitación de la población referenciada, no geográfica. Planteamos una población base de 150.000 usuarios referenciados a nivel nacional por ASSE. A esto deberíamos sumar las adscripciones voluntarias como lo referenciado en segundo y tercer nivel.

                Los usuarios con historias activas –que en el hospital continuarán existiendo– alcanzan los 220.000. Para estos casos que fueron exclusivamente solicitados sería pertinente contar con un número de entre 400 a 450 camas.

                Nos comprometemos a hacer el seguimiento de resensibilización del hospital y los aportes necesarios como trabajadores.

Entendemos que es de orden que se comiencen las obras edilicias en las áreas de asistencia, internación, toxicología y block quirúrgico.

SEÑOR HEBER.- Quiero aprovechar la presencia de nuestros visitantes para decir lo siguiente.

                Más allá de coincidir con todo lo que puede significar la importancia del Hospital de Clínicas y la necesidad de hacer las inversiones necesarias y atento a los escasos recursos que tenemos en el presupuesto, nunca escuché una argumentación –si no me equivoco, fue la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas– sobre por qué no se apoyó la idea del rector en cuanto a hacer un proyecto público privado.

                Planteo esto porque lo estamos aceptando en las carreteras, en las escuelas, en los liceos, en las cárceles. Considero que es una alternativa que podemos tener frente a la escasez de recursos de modo tal de poder tener las condiciones que son necesarias y que nadie discute acerca del Hospital de Clínicas. Quizá tengamos alguna argumentación por la cual esa idea tuvo tanta oposición.

SEÑORA FIGARI.- Hay varias causas, señor senador. Vamos a dejarles un folleto en el que constan las diez razones que consideramos que justifican nuestra posición.

                La resolución en la Universidad fue tomada por distintos motivos. Debemos destacar que la UTHC no vota en el Consejo Directivo Central. Quienes votaron argumentaron distintas razones. Nosotros tenemos varias; principalmente somos grandes defensores de la salud pública y consideramos que el sistema integral se llama así por ser un sistema mixto que integra lo público y lo privado. De hecho, vemos que hay un desmantelamiento del subsector público de la salud. Creemos que esto no fortalecía para nada porque, a nuestro entender, mercantiliza y privatiza la salud.

                Otras razones que tenemos son los altos costos. Nosotros empezamos con este tema cuando Tabaré Vázquez citó a un grupo de compañeros correligionarios y les explicó que quería plantear una participación público-privada, que no existía en el país. Fue así que averiguamos lo que habían significado este tipo de participaciones a nivel mundial.

                Hay un dato que quiero dejar claro: el estudio que hizo la Universidad tomó veintisiete ejemplos de participaciones público-privadas en la salud. Ellos vienen a ser, aproximadamente, un diez por ciento de las que hay a nivel mundial, que son doscientos noventa y seis. El estudio demostró que de esos veintisiete ejemplos que se tomaron, solo dos tenían resultados positivos en cuanto a eficiencia, costos y demás. Uno en los Emiratos Árabes y el otro, en Alemania. Pero esas realidades no son comparables a la de Uruguay.

                Por lo tanto, a nivel internacional –lo dicen el propio FMI y el Banco Mundial– no se ha demostrado la eficiencia de estos emprendimientos en salud pública. Pero, además, la Universidad podría tener una pérdida importante de autonomía y de toma de decisiones y el propio sistema de salud –sabemos que hay propuestas para el Hospital Pasteur para la segunda parte de las obras– también perdería porque la gestión pasaría a manos privadas.

Asimismo, viajamos a Costa Rica y a Brasil; tuvimos contacto con Perú y con Chile; vino un consultor español que nos asesoró y todo eso hizo que nos paráramos en contra de este proyecto, no solo por principios sino por lo que habían sido esas experiencias.

SEÑORA PRESIDENTA- ¿Los señores senadores desean plantear alguna otra inquietud?

                Agradecemos su presencia. Fue un gusto recibirlos.

(Se retiran de sala los representantes de la Unión de Trabajadores el Hospital de Clínicas).

 

(Ocupa la presidencia la señora senadora Tourné).

 

(Ingresa a sala una delegación de la

Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva).

–Damos la bienvenida a una delegación de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva integrada por la señora Sandra Keochgerien, secretaria general, y el señor Ernesto Dorrego, la señora Carmen Canedo y la señora Elsa Lavagna, integrantes de la Comisión Directiva, a quienes con mucho gusto les ofrecemos la palabra.

SEÑORA KEOCHGERIEN.- Buenas tardes para todos.

                Ante todo, esta delegación de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva quiere agradecer a la comisión por recibirnos en este momento, porque sabemos que en la instancia del tratamiento de la Rendición de Cuentas es complicado. Con algunos señores senadores ya hemos hablado, de manera que sabemos que están enterados de lo que venimos a plantear.

                Trataremos de ser lo más sintéticos posible, pero hemos preparado un informe, del que les hemos entregado una copia.

                Vamos a empezar con el primer tema que nos ocupa y nos preocupa.

                La DGI tiene un régimen especial de dedicación exclusiva para sus funcionarios y para todos quienes trabajen allí. Además, como los señores senadores saben, desde el año 2013 el organismo ha sufrido una serie de cambios. La Ley n.º 17.706 marcó un régimen de dedicación exclusiva y fue reglamentada por el Decreto n.º 166/005. Allí se fija una jornada de ocho horas y se establece que los funcionarios no pueden realizar ningún otro tipo de tareas. Insisto en que esta situación es para todos los funcionarios, tanto administrativos como profesionales. Pero, como decíamos, posteriormente hubo algunos cambios para los funcionarios que ingresaban a la DGI.

                Lo que queremos señalar es que, según el Decreto n.º 166/005, la DGI debía realizar, en concordancia con la Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva, un proyecto de carrera administrativa en el que se iban a considerar los salarios existentes y se iban a acomodar, de alguna manera, a esa realidad de dedicación exclusiva. Esto debía hacerse a los 180 días, pero no se concretó, por lo que se creó un grave perjuicio a los funcionarios.

                Toda esta situación se agravó porque los nuevos funcionarios ingresan con salarios menores a los ya existentes. Por ejemplo, en el Decreto N.º 166/005 se establecía que el mínimo de ingresos para todos los funcionarios era el correspondiente al grado 8 y para los profesionales, el de grado 11. Sin embargo, después las reglas de juego fueron cambiadas, y hoy la situación es que algunos funcionarios, a pesar de que realizan las mismas tareas, tienen un salario diferencial simplemente por haber ingresado años después.

                Entonces, tenemos dos problemas aquí: no tenemos carrera administrativa –esto es para todos los funcionarios– y algunos compañeros están cobrando menos a pesar de que realizan las mismas tareas que los demás.

                Es así que en la interna nuestra se genera una problemática importante. En la DGI tenemos negociación colectiva, pero en lo que respecta al tema salarial, solamente podemos discutir economías y vacantes que quedan disponibles y que se transforman. Obviamente esta situación, que hoy por hoy afecta a 300 funcionarios –prácticamente la tercera parte de la plantilla–, no se puede solucionar con estas economías. Y esto, a su vez, afecta la negociación, porque nosotros, en lo poco que podemos discutir, tenemos que contemplar no solo este caso, sino la situación general de los funcionarios de la Dirección General Impositiva.

                Como van a ver en el informe, nosotros incluimos un artículo en el que pedimos que de alguna forma se respete la voluntad del legislador en la Ley n.º 17.706, de 2003, que decía que los funcionarios íbamos a ser exclusivos, pero con un salario acorde. Nosotros entendemos que eso hoy no se está cumpliendo.

                A su vez, si nos comparamos con un organismo en igualdad de condiciones dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, como la Dirección Nacional de Aduanas –no hablo de bancos ni nada por el estilo–, estamos en condiciones de señalar que los funcionarios de DGI ganan menos, siendo que se trata de un organismo que no trabaja ocho horas ni es exclusivo. Obviamente, si nos comparamos con BPS o Banco Central, la diferencia es aún mayor y, reitero, nosotros tenemos un régimen de exclusividad, cosa que no se da en otros lados. Entonces, pedimos que se respete la voluntad del legislador y que se vuelva a la instancia del artículo 166, que marcaba un salario mínimo de ingreso en DGI y que se debía negociar una carrera administrativa. Este es el primer punto que venimos a plantear y les solicitamos que lo lean con más detalle en el informe.

                El segundo punto viene de la mano de la problemática existente en DGI. Según la ley, los encargados en la DGI deben concursar para poder acceder a los cargos. El director general puede hacer 30 designaciones directas sin llamar a concurso, que son los llamados «cargos de confianza» y nosotros creemos que 30 son suficientes. Además de eso, actualmente tenemos 206 encargaturas de las cuales solamente 47 se realizaron por concurso, pese a que la ley establece que debe hacerse de esa forma y de esto hace ya siete años. Entonces, al día de hoy vemos agravada nuestra situación porque los funcionarios no solamente no tienen carrera administrativa sino que, además, las funciones de encargaturas no se están concursando. Pedimos que se haga especial hincapié en este tema, porque eso afecta gravemente la independencia técnica de la DGI. Consideramos que no es posible que los encargados sean designados de esta forma y que, además, los funcionarios comunes tengan que verse sujetos a órdenes de encargados que no concursaron. Queremos ser claros en lo siguiente. Esto no es un tema de los funcionarlos. Entendemos que no tienen otra forma de acceder y estamos convencidos de que quienes lo hacen estarían mucho mejor y más contentos si pudieran concursar porque les daría la firmeza y la tranquilidad de saber que están en sus cargos y que no los pueden remover simplemente porque a alguien le gusta o no; sería un desempeño evaluado, con un respaldo atrás.

                El tercer y último punto también va en concordancia con lo que hemos expuesto.  Como ustedes saben, el Impuesto de Primaria va a ser gestionado y cobrado por la DGI y se estableció que debíamos contar con personal para hacerlo. Sabemos que solamente 18 funcionarios que estaban encargados de ese impuesto pasan a DGI, dos de los cuales pasarían en las mismas condiciones, esto es, como encargados, pero sin concursar. Por lo tanto, una vez más nos preguntamos para qué existe una ley que exige que las encargaturas se concursen, sino que después no solo no están concursando los compañeros de la DGI para esos cargos, sino que además los traen de afuera y los designan sin ningún tipo de problema. Creemos que eso no es justo ni para los funcionarios ni para los encargados que vengan, porque se van a encontrar ante una situación complicada.

                Lo que venimos a pedir es que se cumpla con la ley. Entendemos que los legisladores elaboran las leyes y las estudian y discuten ampliamente, por algo. Como funcionarios sentimos que nuestros derechos están siendo vulnerados, que no se está cumpliendo con muchas de estas premisas y estamos acá para pedir que, de alguna manera, intercedan en esta situación que complica toda la interna de la DGI.

SEÑOR HEBER.- La delegación de funcionarios de la DGI nos trae una situación de incumplimiento de una ley. Me gustaría que se repasaran un poco los números que se mencionaron, porque no los pude retener y es importante que queden en la versión taquigráfica. Se dijo aquí que había 30 funcionarios de confianza del señor director. Asimismo, se habló de que hay encargaturas y que estas, por lo que pude escuchar, eran 206, de las cuales no se concursan 47 porque ya hay designados. Si hay una ley que establece y reglamenta eso, sin dudas, se la está violando y me parece grave que el director de la DGI esté incurriendo en eso.

SEÑORA KEOCHGERIEN.- La Ley n.º 18.719,  de 27 de diciembre de 2010, en sus artículos 291, 297 y 298 establece las disposiciones vigentes sobre el sistema de encargaturas en DGI. La normativa vigente dispone que las funciones de directores de división, adjuntos a directores de división, asesores, secretaría de dirección general, auditor interno, departamento de comunicación y subdirector general, sean provistas por designación directa por el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General Impositiva. Es decir que la ley dispuso que estos cargos sean atribuidos directamente y por eso decimos que son de designación directa y de confianza. Nosotros siempre hemos manifestado estar en contra de este gran número, y podemos entender que haya un número –2, 3 o 5– de funciones que deban ser de confianza, más allá de que siempre hemos manifestado que no estamos a favor de ello. Pero en su momento, fue lo que se aprobó. Ahora decimos que a casi 7 años de vigencia de la ley la realidad que enfrentamos es preocupante, porque el resto de las funciones de encargados –porque en DGI se trata de funciones– que totalizan 206, de acuerdo con la ley, deben ser provistas mediante concurso de oposición y méritos entre los funcionarios de la DGI. Ahora voy a repetir los números de manera más específica. De las 46 funciones de encargados de departamento, 29 están provistas por concurso y 17 mediante designación directa, es decir que el 37 % no cumple con lo dispuesto por la Ley n.º 18.719. De las 160 funciones de encargados de sección, 16 fueron provistas por concurso de oposición y méritos, mientras que 144 fueron asignadas en forma discrecional, por lo cual el 90 % no cumple con lo dispuesto por la ley. Entonces, de un total de 200 funciones de encargados de departamento y sección, el 78 % son actualmente designaciones discrecionales. No existe en la Dirección General Impositiva un procedimiento definido que permita un proceso de acceso a las funciones de encargado de acuerdo con lo que dispone la ley; por tanto, hoy día eso no se estaría cumpliendo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador Heber: tenemos en nuestro poder el informe que nos fue entregado por la asociación de funcionarios donde se incluyen dos artículos que promueven, por tanto, disponemos de toda la información, las cifras y el análisis realizado por ellos.

                Les agradecemos mucho su presencia y la información aportada.

(Se retiran de sala los representantes de la Asociación de Funcionarios Impositivos).

 

(Ingresa a sala la delegación de ADES).

               

–Buenos días. Tenemos el gusto de recibir a una delegación de la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales, integrada por los señores Daniel Baumann –vicepresidente–, Eduardo Tucci –secretario– y Luis Puricelli –inspector general operativo y directivo–.

SEÑOR BAUMANN.- Antes que nada quiero aclarar que nuestra presencia aquí no tiene la finalidad de solicitar presupuesto porque ya sabemos que eso es algo que está cerrado, pero sí queremos comentarles las funciones que nuestra institución cumple habitualmente, cómo se están desarrollando y qué rol está cumpliendo en la sociedad en lo que respecta a la seguridad marítima, al turismo, a la prevención y a la educación del público en general –no solo de los nautas– en espacios acuáticos.

                Nuestra institución –ADES– lleva sesenta y dos años de trayectoria. A lo largo de ese tiempo hemos instalado bases operativas y hoy día contamos con seis, que están ubicadas en Carmelo, Colonia, Juan Lacaze, Santiago Vázquez, Montevideo y Punta del Este. Cada una de esas bases cuenta con un bote de alta velocidad para emergencias cercanas y una lancha todo tiempo que se utiliza en determinadas condiciones adecuadas para ese fin. Todo eso lo hemos conseguido mediante donaciones, principalmente de Inglaterra, Alemania y Sudáfrica. Los barcos no han implicado ningún costo para el país y su operativa tampoco porque lo hacemos en forma honoraria y voluntaria. Nuestros servicios son gratuitos, por lo que tampoco tienen costo para los rescatados. La buena noticia es que seguimos desarrollándonos, ya que Alemania nos donó dos embarcaciones nuevas, de una generación que hoy está operativa en ese país, por lo que es un orgullo para nosotros y para el país que nuevamente seamos destinatarios de donaciones de barcos modernos y con esta tecnología.

                En general, nuestro perfil es muy bajo, no estamos muy presentes en los medios y nuestro trabajo es bastante silencioso pero queremos comentarles que ahora surgió la posibilidad de continuar creciendo con la apertura de una nueva base operativa. Lo cierto es que nos gustaría hacerlo en coordinación con la prefectura, el Ministerio de Turismo y otros medios, para ubicar esta base en el lugar donde pueda tener un mejor rol.

SEÑOR PURICELLI.- Nuestras bases están ubicadas estratégicamente porque como somos voluntarios y honorarios, al estar cerca, tendremos que pasar menos tiempo en el mar y perderemos menos tiempo de trabajo. Nuestras embarcaciones han sido especialmente construidas para salvamento y eso es una ventaja adicional; las lanchas están totalmente equipadas y tienen protección bajo el casco de modo que si quedan varadas en bajo fondo las hélices no se rompen. En la medida en que tengamos barcos, nuestro desafío es seguir ampliando nuestra actividad, incluso en la navegación en los ríos. En este sentido, estamos colaborando con el Sinae en todo lo que respecta a las inundaciones que como habrán podido observar están ocurriendo más seguido que de costumbre. Esa es la tarea que desempeñamos y para nosotros es muy importante que un órgano como el Senado nos conozca.

SEÑOR TUCCI.- Por nuestra parte, nos interesa ofrecer una rendición de cuentas de nuestro trabajo y de los servicios que prestamos. Si bien recibimos una subvención del Estado –en este momento no recuerdo de cuánto es, pero no estamos planteando que se aumente–, también funcionamos gracias a las donaciones y el aporte de privados. Creo que desarrollamos una tarea en forma eficiente y eficaz, que redunda en una mayor seguridad para la navegación y es un aporte ante la problemática de las inundaciones.

                Hemos podido acceder a capacitación del exterior, concretamente de Inglaterra y Alemania, con un resultado para el Estado que no se puede medir en dinero.

SEÑOR HEBER.- Me alegro de que hayan venido porque es muy interesante lo que están diciendo y muchos de nosotros, al no estar vinculados al tema, no sabíamos que cumplían esta misión tan importante como es el rescate.

                Tengo entendido que en el presupuesto vigente tienen asignada una partida y aclararon que no estaban aquí para pedir que se aumentara porque entienden que ese presupuesto está cerrado. Ante esto debo decir que aspiro a que no sea así y que se pueda hablar y reconsiderar.

                Por lo que han dicho ustedes tienen una fuerte relación de coordinación con los Ministerios de Defensa Nacional y de Turismo porque, naturalmente, han rescatado gente que viene por distintos motivos. Quisiera saber si ustedes tienen una coordinación institucional con dichos ministerios para cumplir ese rol tan importante como es el rescate en el mar –agradezco el voluntariado–, porque debe requerir mucha pericia y conocimiento para hacerlo. Insisto en que me interesa saber cómo se relacionan institucionalmente con la Prefectura Nacional Naval, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Turismo.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Mi pedido de palabra era para preguntar lo mismo que acaba de consultar el señor senador Heber.

SEÑOR PURICELLI.- Efectivamente, a través del tiempo hemos logrado un convenio marco con la Armada nacional, la Fuerza Aérea y la Dirección Nacional de Bomberos y tenemos las coordinaciones respectivas. Por ejemplo, en este momento está en curso una evacuación médica a doscientas millas al sur de Punta del Este. Nosotros llegamos pero no podemos volver por un problema de autonomía, pero sí alertamos a la base de Punta del Este porque no solamente está la emergencia médica del tripulante, sino que también hay plataformas aéreas y flotantes que pueden tener una avería. Esa es la manera de coordinar, es decir, a través del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar –MRCC Uruguay– o del Centro Coordinador de Rescate, de Carrasco.

                Últimamente estamos tratando de acercarnos al servicio 911 porque, por desconocimiento, no sabíamos que tiene un sistema que centraliza ese tipo de acciones. Nos enteramos de eso en un simulacro que se hizo en Carrasco al que nos invitaron y tomamos contacto con los directores. 

                Además, brindamos ayuda a la comunidad. A veces, usamos los entrenamientos para colaborar con el Instituto Clemente Estable o para trasladar a alguien de alguna institución que realmente lo necesite y solicite.

                Tenemos tres tipos de navegación: salvamento propiamente dicho mediante la activación de un sistema, entrenamiento y ayuda a la comunidad, que en realidad usamos para practicar. En el caso del Instituto Clemente Estable estuvimos un año llevando a los científicos al frente marítimo para que tomaran muestras y se hiciera todo ese informe de las cianobacterias que seguramente deben haber visto. Los científicos deben hacer esa actividad a determinada hora y momento, pero a veces las agencias oficiales no disponen de embarcaciones para hacerlo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Me permito recordar a los colegas que en el Distribuido n.º 1414/2017 está el balance presentado por ellos, en donde figuran las subvenciones –bastante importantes– que reciben del Estado y de privados.

                Les agradecemos mucho la información.

SEÑOR PURICELLI.- Quiero agregar que nos gustaría acercarnos al Ministerio de Turismo –con el que no tenemos una línea directa– precisamente para coordinar porque, por ejemplo, alrededor del 20 llega a Punta del Este la regata Clipper –ya se largó– y los organizadores nos piden alguna colaboración porque somos muy conocidos. A veces tenemos alguna dificultad con trámites en la Dirección Nacional de Hidrografía y cuando caemos en el sistema nos perdemos.

                Era eso. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias a ustedes por toda la información y por la labor realmente importantísima que desarrollan.

(Se retiran de sala los representantes de la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales).

 

(Ingresan representantes de la Asociación Pro Discapacitado Mental).

 

–Muy buenos días. Tenemos el gusto de recibir a una delegación de la Asociación Pro Discapacitado Mental integrada por su presidenta, la doctora Loyda Ponce, y su directora, la señora Ana Borja. Como sabrán, disponen de quince minutos para hacer su exposición.

SEÑORA PONCE.- Queremos agradecerles por habernos recibido.

                Como su nombre lo dice, nuestra institución asiste a niños con discapacidad intelectual y déficits asociados y realmente está trabajando muy bien. No solo estamos en la parte de docencia sino también en la de inserción laboral, algo que es muy positivo para los chicos, sobre todo para aquellos que tienen alguna capacidad, porque todos tienen alguna. En realidad, se busca la capacidad que pueda tener cada uno y se trabaja para conseguir la inserción laboral de ellos, cosa que nos parece fundamental.

                Si la señora presidenta lo permite, me gustaría ceder el uso de la palabra a la señora Borja porque ella puede informar sobre el manejo de la institución.

SEÑORA BORJA.- Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Es un placer para nosotros estar aquí. Les hemos acercado un material que es la carpeta de presentación de la institución donde contamos brevemente lo que se hace.             

                Cabe agregar que en este 2017 nuestra institución cumple 50 años. Fue fundada por padres cuyos hijos salían de la escuela común de discapacidad mental, pero luego de egresar a los 15 años no había una propuesta de futuro para ellos. Así fue que se comenzó a trabajar en talleres a fin de capacitar a los chiquilines y ver qué se podía hacer con ellos.

                Nosotros tenemos dos líneas de trabajo muy marcadas y hay dos turnos en la escuela. Arrancamos a las 8 de la mañana y estamos hasta las 17 horas; en la mañana atendemos a los jóvenes, a partir de los 15 años –hay un adulto que tiene 46 años–, y en la tarde están los chiquitos, cuyas edades van desde los 2 años hasta los 14 o 15 años. Tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con calidad de vida, ya que tenemos alumnos con parálisis muy severas. Hay dos convenios muy importantes, uno con BPS y otro con el INAU, ya que el 50 % de nuestra población es de contexto crítico. Allí reciben dos comidas diarias y atención especializada porque tenemos un cuerpo de técnicos donde hay fonoaudiólogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, etcétera. La agenda de trabajo de calidad de vida implica que lo que reciben en la institución lo tienen que trabajar con la familia porque nos dimos cuenta de que es algo muy importante. Para ello se hacen intervenciones familiares a fin de enseñarles cómo tienen que atender a ese niño en su casa. No es una tarea fácil porque luego de que nace un chico con problemas el choque es muy grande y lleva años asimilarlo; hay muchos lugares a donde ir, pero hay que resignarse a que la atención será necesaria de por vida y uno se pregunta qué será de ese chico cuando ya no estemos. Todo esto se trabaja con la familia y se trata de lograr una inclusión social.

Queremos que lo que hacemos en la escuela sea conocido por el resto de la población de Paysandú. Para ello buscamos lugares donde podamos incluirnos socialmente. La accesibilidad es algo muy importante para nosotros porque el 30 % o el 40 % de los alumnos están en silla de rueda. Es más: hacemos eventos para que los demás nos vean porque para que nos recuerden debemos salir y mostrar lo que hacemos. Al ser una ONG dependemos de la colaboración de la población. De hecho, contamos con un montón de propuestas que nos permiten recaudar dinero y con eso se maneja el presupuesto de la institución.

                La segunda línea de trabajo tiene que ver con la etapa en que el chico egresa del INAU, que es a los 18 años.  Hemos constatado que no contamos con apoyo para seguir trabajando con esa persona porque la ayuda extraordinaria de BPS es muy magra. Aclaro que estamos muy agradecidos por contar con ella, pero no nos permite trabajar como venimos haciendo con el convenio que tenemos con el INAU. Como decía, la inserción laboral y la capacitación de los chiquilines es muy importante.

                Actualmente contamos con lo que ellos llaman los talleres habilitantes. Allí se les enseña a los chiquilines a trabajar. No contamos con talleres de producción porque no tenemos una cooperativa, pero sí les enseñamos a hacer algo, como, por ejemplo, trabajar en jardinería, hacer bolsas de papel, cocina, etcétera.

                Nosotros distinguimos tres niveles de retardo: el severo, el moderado y el leve. Los chicos con retardo leve aprenden el nombre, se reconocen a sí mismos, reconocen los límites, se desplazan solos y llegan a contar. Estos chicos son los que pueden acceder a un trabajo. Entonces, pensamos que no es necesario que la familia dependa de una pensión. Nos han llegado a decir que bajemos un poco el baremo para que puedan conservar la pensión. A eso decimos que no y tratamos de que el chiquilín se incluya. Nos ha pasado de pelearnos con la familia porque capacitamos al chico y le conseguimos un lugar para que trabaje. Cabe destacar que en los últimos años se han logrado cuatro ingresos muy exitosos: el de una chica en Forestal Oriental, que es la encargada de las almacigueras; el de una chica que trabaja en un free shop, que es la que ordena el depósito; el de un chico que trabaja en la cantina en una cooperativa de Ancap y el de un chico que es nuestro portero y lo estamos preparando para que ingrese a una empresa a atender al público.

                En definitiva, es muy importante para nosotros seguir trabajando en esa línea. ¿Por qué? Porque si no se capacita a aquellos chicos que pueden desempeñar una labor, se le está poniendo un tapón a la escuela porque no podemos quedarnos con todos. Normalmente la expectativa de la familia es que puedan hacer algo. Una persona no va a la escuela toda la vida; va un tiempo y luego hay que tener un proyecto de vida. Imagínense una persona que va diez o quince años a un mismo salón. Por más que tenga un retardo, les puedo asegurar que en algún momento se va a aburrir porque normalmente se buscan nuevas propuestas.

                Entonces, la idea es preparar a los chicos, hacer ese camino con las familias y ver dónde se pueden ubicar. Cuando la persona sale a trabajar afuera, puede seguir en nuestra institución –de hecho, nos siguen visitando, hacemos acampadas y paseos–, pero desde otra óptica. Hay que ver cómo cambia la personalidad de una persona que trabaja. No es la misma persona cuando cobra un sueldo, cuando tiene caja, cuando opina en la casa sobre el presupuesto. Nuestro portero nos decía que ahora puede pagar la luz en su casa. Eso quiere decir que esa persona –que es un hombre de treinta años– tiene una opinión porque aporta en su casa.

                Por otra parte, nos hemos dado cuenta de que los talleres que hacemos en la escuela tienen un límite. Por eso buscamos otras instituciones en las que puedan hacer los cursos. En Cruz Roja Paysandú –que trabaja muy bien– se dan cursos de peluquería, de cocina, etcétera, por lo que incluimos a nuestros alumnos. Ellos van a trabajar y hacen el aprestamiento básico. En realidad, ahora estamos apuntando a los cursos de peluquería y cocina porque allí acuden chicas de contexto crítico, de familias que normalmente viven de changas. Entonces, buscamos que las familias de esas chicas comiencen un emprendimiento familiar en el que la nena aprende a hacer las tortas, cocina en casa y sale a vender en el barrio. En esos casos hay que enseñarles todo el recorrido: la limpieza de la cocina, la higiene personal de los chiquilines, enseñarles que si ganaron $ 100, tienen que guardar $ 25 o $ 30 para volver a comprar el material para volver a cocinar.

Para que los señores senadores sepan en qué contexto trabajamos, nos ha pasado de ir a visitar un barrio y que justo hubiera un lío en la casa de al lado y estuviera la Policía. Frente a esa situación, tuvimos que quedarnos quietos hasta que pasara, para seguir trabajando. Los profesionales que trabajan conmigo son todo terreno. Ellos saben que cuando van a esos barrios deben ir a cambiar una realidad. Yo no puedo quedarme con el chiquilín durante diez años, porque hay otro que está esperando. Tenemos lista de espera para entrar. Entonces, si él es capaz de hacer una torta, salir a ofrecerla, ir al almacén y comprar el kilo de harina, lo tiene que hacer. Y si aprendió a hacer un brushing, tiene que hacerlo y poner un cartelito en la ventana que diga: «Juancito hace brushing y las manos los sábados. $ 100» La familia debe entender que no tiene que estar esperando lo que yo le dé.

                Ese proceso ha sido largo, no ha sido fácil. Hay que trabajar con el personal para que lo entienda. Los papás y la Comisión Directiva –que preside la doctora Ponce– lo entendieron bien y nos están apoyando mucho.

                El personal que tenemos es joven o de mediana edad, entonces, siempre está dispuesto al cambio. Hay 60 personas trabajando con nosotros y 100 alumnos en dos turnos.

                Este año empezamos con la equinoterapia, a través de un convenio con Cenafre, Centro Nacional y Fomento de Rehabilitación Ecuestre en Uruguay. La gente que tiene una parálisis cerebral muy severa no puede expresarse y es necesario trabajar mucho para que pueda conectarse con el mundo externo. En ese sentido, la equinoterapia es una salida muy importante.

                Nosotros contamos con dos caballos que fueron donados a la institución, pero cuando llueve, hay cuarenta grados o hace mucho frío en Paysandú los gurises no pueden salir al patio a hacer equinoterapia. Entonces, hace un año que estamos realizando una campaña para techar el lugar. Hicimos un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya tenemos el techo y estamos terminando el piso. El puntapié inicial para recaudar fondos lo hizo un maratonista, que corrió de Paysandú a Montevideo.

                Por ahora tenemos treinta personas haciendo equinoterapia y hemos logrado, por ejemplo, que una niña que no reacciona, que siempre está como ida, cuando toca al caballo hable, te haga un gesto o un ruido. A veces, ese gesto o ese ruido es lo que muestra que logramos una conexión.

                Lo mismo sucede con el agua. Tenemos un convenio con la plaza de deportes y dos veces a la semana nos tomamos el ómnibus –porque también queremos que aprendan a usar el ómnibus local, que es gratis para ellos– vamos con algunos chicos a hacer piscina. Algunos van con acompañante, otros sin acompañantes, y hemos logrado, por ejemplo, que la que no tocaba el agua se siente en la orilla y luego se moje.

                En Paysandú tenemos plazas accesibles y también los llevamos para que disfruten, porque a veces, cuando están en sillas de ruedas, las familias no los sacan de la casa y el único contacto social que tienen es en la escuela. Entonces, cuando el tiempo está lindo, es muy fácil vernos a nosotros haciendo diez cuadras con los gurises para ir a la plaza o volver.

                También nos ocupamos de la higiene de todos ellos. Tenemos baños accesibles, con las puertas anchas donde pueden ducharse. A veces pasa que les damos la ropa, se la llevan a la casa y al otro día no vuelven y el chico está tres días sin bañarse. Entonces, nosotros le decimos a su mamá que cuando traiga al chico se venga con él, para ver cómo se baña. Resulta que cuando lo vemos bañarse descubrimos que, cuando se echa el champú, le corre por la espalda, pero nunca entendió que debía pasárselo por el pelo. Entonces, le mostramos a la mamá cómo es que tiene que hacerlo, ya que la mamá tampoco sabía cómo debía hacerlo. A la vez, hemos logrado que se hagan algunos bañitos de ladrillo en sus casas. 

                Cuando no tienen las vacunas o el control médico, los llamamos hasta que nos aburrimos y, si no nos contestan, las gurisas van hasta la casa a ver qué sucede.

                Realmente, es un trabajo de hormiga que no se logra en un día. A veces los papás nos retan o están enojados cuando los llamamos. Esa es nuestra tarea diaria, porque tenemos que lograr un cambio en la vida de esos chiquilines. El día que yo no esté no sé qué va a pasar con ese chiquilín y tengo que empezar a trabajar primero con la familia.

                Quiero contarles una anécdota que es muy graciosa; es medio grosera, pero acá somos todos grandes. Tengo un chico, Cachito, que tiene una discapacidad muy severa y va a la institución desde que es chiquitito. La mamá es prostituta y está bien, porque cada uno hace lo que quiere con su vida. Trabajamos con ella por la calidad de vida de Cachito, que tiene que tener su cama en su cuarto y no puede estar presente en ciertos momentos. Pero Cachito a veces llega con la mochila vacía, sin pañal, vasito ni toalla, pero con un preservativo. Entonces, llamo a la madre y le digo: «¿Qué pasó Lorena que hoy vino así Cachito», y ella me contesta: «Perdón, le presté la mochila a una amiga para ir a trabajar». Pero son las cosas de todos los días y a nosotros no nos asustan. No asusta no hacer, nos asusta callarnos la boca. Los papás saben que al cruzar la puerta se plantea un compromiso: nosotros atendemos bien a los chiquilines, pero ellos tienen que responder de la misma manera. Esa es nuestra propuesta de trabajo y en 50 años se ha renovado el personal y las ganas de trabajar. Espero que hayan podido tener una foto de la institución y siéntanse libres de preguntarnos lo que quieran, pues estamos a disposición.

SEÑOR HEBER.- Antes que nada, quisiera darle la bienvenida a la delegación. En el presupuesto hay un incremento de $ 30.000 y se me explicaba que, por error, en el presupuesto quinquenal, de los $ 555.000, les quitamos $ 30.000   –no recuerdo la razón– y ahora se los estamos devolviendo.  Por tanto, está ese dinero que, por error, el Senado quitó en el presupuesto quinquenal y, por ello, pido las disculpas del caso.  Ese reclamo también lo tuve del diputado Nicolás Olivera que me escribió solicitando que ayudara a mantener esa partida. La labor que desarrolla Prodime es de destacar y entiendo que si pudiéramos dar más, lo haríamos. Insisto en que la tarea que desarrollan es muy importante, muy loable y, por eso, les agradecemos por la labor que desarrollan en Paysandú.  Simplemente quería informar que están los $ 30.000 que les quitamos y nuevamente les pido disculpas porque ya pasaron varios años sin que los tuvieran. Esperemos que con buena voluntad –estoy seguro de lograrlo– se pueda conseguir con el senador Otheguy y la senadora Tourné algún pesito más.

SEÑOR OTHEGUY.- Primero quisiera saludar a la delegación y felicitarla por el trabajo y el compromiso asumido.

Estaba viendo en el informe presentado que junto con el techo, sobre el que recién se explicó, estaban planteando encauzar los desagües pluviales. No sé si esto ya lo han planteado ante la Intendencia de Paysandú y me gustaría saber en qué está el tema porque considero que se puede resolver.

SEÑORA BORJAS.- Sí, se habló. Aprovechamos que se está realizando la obra del techado y cuando llegue el momento de hacer pisos y veredas se realizaría.  Formamos un grupo de vecinos que tenemos ese problema en la zona y creamos una comisión; entonces, cuando arreglemos los desagües nuestros, que son la salida más grande de agua en la cuadra, vamos a aprovechar con el resto de los vecinos para conectarnos a la red. La institución casi quedó al nivel de la calle y, por eso, se junta el agua, pero lo estamos tratando de solucionar junto con las obras del techado. Al hacer el techado cambió todo el fondo.

Están invitados a ir a ver los trabajos cuando vayan a Paysandú.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la información brindada. El señor senador Heber ya comentó que tratamos de subsanar lo que se había hecho mal. Por tanto, solo nos resta felicitarlas y agradecerles la tarea que llevan adelante para toda la sociedad y, sobre todo, para los chiquilines que tanto lo precisan.

                Se levanta la sesión.

(Son las 13:34).